EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

E L T I E M P O L E N TO  

D E C H I L E  

Teresa Matus y Anahí Urquiza  

Coordinadoras  

© 2025, Universidad de Chile  

Primera edición: noviembre de 2025, Santiago de Chile  

Estefanía Vilches y Jesús Santorcuato  

Este proyecto fue evaluado por pares.  

Asimismo, el texto contó con la evaluación  

de expertos de Instituciones Públicas y Privadas  

Compiladores  

Dirección Editorial y corrección: Publicaciones Universidad de Chile  

Diseño: Beatriz Pérez  

Maquetación: Pablo Fante  

ISBN impreso:  

ISBN digital:  

Este libro está licenciado bajo Creative Commons 4.0 Internacional:  

Atribución-NoComercial  

Impreso en Chile / Printed in Chile  

PRESENTACIÓN: EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

Teresa Matus Sepúlveda  

Directora académica del Co-laboratorio de Innovación  

con Propósito Público, Universidad de Chile  

teresamatus@uchile.cl  

Anahí Urquiza Gómez  

Directora de Innovación, Universidad de Chile  

anahiurquiza@uchile.cl  

“En la incertidumbre y la oscuridad se puede abrir un tiempo de esperanza”  

Jane Goodall, The Book of Hope: A Survival Guide for Trying Times  

El 9 de agosto de 2024, Jane Goodall, al recibir el Doctorado Honoris Causa  

otorgado por la Universidad de Chile, dictó una conmovedora conferencia  

sobre las razones para la esperanza, llamando a la acción frente al desastre  

que hemos causado en el planeta, al mismo tiempo que promovía un camino  

de desarrollo hacia la vida sostenible:  

La esperanza suele malinterpretarse. Se tiende a pensar que es simplemente una  

ilusión pasiva: espero que algo suceda, pero no voy a hacer nada al respecto.  

Esto es, de hecho, lo opuesto a la verdadera esperanza, que requiere acción y  

compromiso. Por supuesto, gran parte de nuestros ataques a la Madre Naturaleza  

no se deben en realidad a falta de inteligencia, sino a falta de compasión por las  

generaciones futuras y la salud del planeta: pura codicia egoísta por beneﬁcios  

a corto plazo para aumentar la riqueza y el poder de individuos, corporaciones y  

gobiernos. El resto se debe a la irreﬂexión, la falta de educación y la pobreza. En  

otras palabras, parece haber una desconexión entre nuestra mente inteligente  

y nuestro corazón compasivo. La verdadera sabiduría requiere tanto pensar con  

1

la cabeza como comprender con el corazón.  

1

Goodall, J. (2021). The Book of Hope: A Survival Guide for Trying Times. Celadon Books.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

La esperanza entonces, como en Bloch², se transforma en un principio que  

opera justamente ante las agendas incumplidas y se convierte en una fuerza  

capaz de orientar la vida. Como en Arendt, la esperanza no niega el mal, sino  

que es una respuesta a él, surgida de una convicción universal de defensa de  

la propia humanidad. Para ella: “la esperanza puede ser una barrera peligrosa  

si no está conformada por la valentía de la acción”³.  

en acción y trazan un mapa de lo posible, una ruta para discutir y acordar caminos  

comunes. Son ideas concretas, posibles de realizar antes de que termine esta  

década.8  

De allí que sus rectorías hacen un llamado desde esas universidades: “Atrevernos  

a sumar esfuerzos, cuidar lo que hemos construido y proyectar juntos lo que  

aún está por venir, haciendo de estas propuestas un punto de partida para  

construir un Chile más justo, próspero y humano, con una democracia fuerte y  

participativa”⁹.  

Hoy, en Chile, existe un llamado a la acción desde distintos sectores, como lo  

muestra el lema de ENADE 2025, Verba et facta, con su invitación a “una deter-  

minación colectiva para mover los sueños, dotarlos de propósito y transformarlos  

en logros concretos, con la mirada puesta en las futuras generaciones. Crecer  

de manera sostenible y desarrollarse no es opcional: es un deber ético y un  

compromiso intergeneracional”⁴.  

Por todo lo anterior, este libro del Co-laboratorio de Innovación con propósito  

público busca hacer suyo ese principio de esperanza y responder frente al  

tiempo lento y las expectativas socioeconómicas y culturales no cumplidas en  

Chile, con un conjunto de ideas valiosas, como propuestas abiertas, respetuosas  

y propositivas, que aporten desde diversas investigaciones cientíﬁcas a un  

camino de avance y desarrollo sostenible para el país a través de innovaciones  

disruptivas que hagan la diferencia.  

En su propuesta destacan que ICARE es el punto de encuentro donde la diver-  

sidad de voces y miradas de Chile se reconoce, dialoga y se compromete en  

torno a un propósito común:  

Reconectemos con el sueño país y llevémoslo al territorio de lo posible. Más allá  

de las palabras, démonos una misión compartida: que la acción, el compromiso y  

la colaboración vuelvan a ser los motores de Chile. Porque la verdadera grandeza  

está en hacer. Construyamos juntos, desde la empresa, el Estado, la academia  

y la sociedad civil, un país que apuesta por el progreso como práctica, por el  

desarrollo como derecho y por la esperanza como deber.5  

LA TENSIÓN PARADOJAL DE UN TIEMPO LENTO Y LA ACELERACIÓN TECNOLÓGICA  

“The time is out of joint”  

Hamlet  

Por su parte, en la iniciativa conjunta de la Universidad de Chile y la Pontiﬁcia  

Universidad Católica de Chile, denominada “Volver a hablar de Chile”⁶, la  

pregunta central fue ¿qué podemos lograr juntos para tener un mejor país?  

Desde esas conversaciones se identiﬁcaron cinco narrativas y 39 propuestas  

ciudadanas⁷.  

Con esta cita, Derrida abre el carácter de lo espectral en el tiempo e intenta  

elaborar lo que él ha denominado una fantología. Según Moreno, esa ontología  

de lo fantasmal abarca “la necesidad de prestar atención al modo del asedio  

en la actualidad, a esa dimensión fantasmal que en el contexto presente es la  

imagen tele-tecno-mediática”. Al entender ese propósito, el texto nos muestra  

la revolución en el campo de las comunicaciones y la aceleración del tiempo en  

el espacio de lo virtual y cómo nos corresponde aprender a vivir con ello. “Lo  

anterior signiﬁca aﬁrmar que esta lógica espectral excede la lógica binaria que  

opone realidad e idea”¹⁰. Ese ángulo del tiempo fuera de sus ejes “nos anima  

a poner en juego toda la lógica binaria en sus dicotomías: presencia/ausencia,  

efectividad/inefectividad, vida/muerte, lo actual y lo inactual¹¹”. Con esto, Derrida  

Frente a los problemas que enfrentamos, la primera mirada de muchas personas  

no es optimista: desesperanza, miedo, incertidumbre y orfandad aparecen como  

narrativas dominantes. Sin embargo, cuando la conversación se orienta hacia  

las oportunidades emerge la fuerza de los ciudadanos/as de nuestro país. Las  

propuestas recogen esa dualidad: son respuestas que transforman la preocupación  

2

3

4

5

6

Bloch, E. (2024). El principio Esperanza. Editorial Trotta.  

Arendt, H. (1990). Hombres en tiempo de oscuridad. Editorial Gedisa  

ICARE (2025). https://www.icare.cl/actividad/encuentro-enade-2025/  

ICARE (2025).  

Iniciativa conjunta de la Universidad de Chile y la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile,  

coordinada por las rectorías de Rosa Devés y Juan Carlos de la Llera. El encuentro avan-  

za en la trayectoria de diálogos ciudadanos realizados desde el Tenemos que hablar de  

Chile, y que, a ﬁnes del 2024, convocó cerca de 10.000 personas.  

8

9

Devés, R. y de la Llera, J. C. (2025). “Volver a hablar de Chile”. El País.  

Devés, R. y de la Llera, J. C. (2025). “Volver a hablar de Chile”. El País.  

10 Derrida, J. y Moreno, J. F. (2001). “Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del  

duelo y la nueva internacional”. Revista de Estudios Sociales. journals.openedition.org/  

revestudsoc/28924  

11  

Derrida, J. (1995). Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la  

nueva internacional. Trotta.  

7

https://www.tenemosquehablardechile.cl/  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

dar cuenta de sus vínculos con la materialidad inestable de los cuerpos, sean los  

derrumba las oposiciones y abre una lógica capaz de pensar el curso temporal,  

en otros términos.  

17  

que correspondan a la dimensión humana o a la de las cosas.  

Sin duda que:  

En el mismo sentido, en su texto “Dar el tiempo: la moneda falsa”, Derrida coloca  

en la frase de Madame de Mantenon una lógica espectral: “el rey toma todo  

mi tiempo; doy el resto a Saint-Cyr, a quien querría dárselo todo”¹². Cuando  

Madame de Maintenon dice que el rey le toma su tiempo es porque ella quiere  

dárselo: el rey no le toma nada, da tanto como toma. Y cuando dice doy el resto  

a Saint-Cyr, a quien querría dárselo todo, hace partícipe a su comunicante de una  

economía diaria que concierne a los ratos de ocio y a las buenas obras, a los  

trabajos y los días de una gran dama un poco desbordada por sus representa-  

ciones. “Ninguna de las palabras que escribe tiene el alcance de lo impensable  

o de lo imposible hacia las cuales mi lectura las había arrastrado, del lado del  

dar-tomar, del tiempo y del resto”¹³. El tiempo, entonces, es un tiempo abierto  

a la contingencia.  

No es que lo pasado venga a volcar su luz en lo presente, o lo presente sobre lo  

pasado, sino que la imagen es aquello en la cual lo sido se une como un relám-  

pago al ahora para formar una constelación.  

18  

En otras palabras: una imagen es la dialéctica en suspenso. Pues, así como la  

relación del presente respecto del pasado es puramente temporal y continua,  

la de lo sido respecto del ahora en cambio es dialéctica: no es curso, es imagen  

y se produce en discontinuidad. De allí la importancia de una innovación que  

se conciba como una productora de imágenes, donde en ellas se exprese el  

ahora del reconocer. Y el momento para producirlas es justamente en las crisis:  

“el ahora se juega en el acto de la decisión, en el momento de la catástrofe”¹⁹.  

Y en la actualidad, la mayor crisis en que habitamos es la enorme multitud que  

se encuentra, al decir de Ciorán caídos del tiempo:  

Dicha apertura involucra una clausura operacional donde, para ser reconocida,  

se requiere del saber del experto:  

Vivir es experimentar la magia de lo posible; pero cuando en lo posible se percibe  

incluso lo gastado que está por venir, todo se vuelve virtualmente pasado, y ya no  

hay presente ni futuro. Lo que distingo en cada instante es un jadeo, y su exterior,  

no la transición hacia otro instante. Elaboro tiempo muerto, me revuelvo en la  

asﬁxia del devenir. Los otros se precipitan en el tiempo: yo he caído del tiempo.  

A la eternidad que se levanta por encima de él, la sustituye esa otra que se sitúa  

debajo, zona estéril donde solo existe un deseo: reintegrar el tiempo, elevarse  

por encima de él cueste lo que cueste. Pero el tiempo está cerrado, está fuera  

de alcance, y es la imposibilidad de penetrar en él lo que hace que esa eternidad  

sea negativa, una mala eternidad. Piedad para el que estuvo en el tiempo y no  

podrá ya jamás estar en él.20  

Tal cuerpo comido por el tiempo recuerda a un bloque de piedra desbastado  

por las olas, tal fragmento mutilado apenas diﬁere del guijarro o de la piedrecilla  

perdida en una playa del Egeo. Pero el perito no lo duda: esa línea borrosa, esa  

curva que allí se pierde y más allá se recupera, solo puede provenir de una mano  

humana, y de una mano griega que trabajó en tal lugar y en el curso de tal siglo.  

Todo el hombre está ahí, su colaboración inteligente con el universo. Su intención  

14  

se aﬁrma hasta el ﬁnal en la ruina de las cosas.  

Esa noción de ruina en el tiempo, donde Benjamin encuentra el ahora y sus  

expectativas: “ese mandato que obliga a salvar el pasado: son los muertos, los  

vencidos, pero sobre todo los sin nombre y los sin huella quienes deben dar  

contenido al deber de memoria de nuestro presente”¹⁵. Esa mirada que según  

Chartier nos permite “escuchar a los muertos con los ojos”¹⁶. Lo que potencia  

esa fuerza disruptiva del ahora, es enfrentar las crisis de nuestro tiempo. Por  

eso es una invitación a:  

Esa experiencia de estar caído del tiempo es la que provoca la noción del  

tiempo lento de Chile, porque con sus políticas y programas tardíos, hace difícil  

que personas y sectores del país, reingresen al tiempo: el de la productividad,  

del trabajo, de la salud, de la seguridad, de la protección. Al decir de Albert  

Hirschman: “el tiempo es una secuencia desequilibrada de rapidez y lentitud”²¹.  

Revisar el papel de la temporalidad estallada como matriz esencial a la hora de  

dar cuenta de su politicidad; con una recuperación del tiempo que además implica  

17 Déotte, J.-L. (2015). El hombre de vidrio. Estéticas benjaminianas. Prometeo Libros. Pág. 13.  

18 Benjamin, W. (2012). Atlas de Conceptos Sobre el concepto de tiempo. Obra de los pasa-  

jes nº 3, 1.  

12 “Carta de Madame de Maintenon a Madame Briton”. En: J. Derrida (1995). Dar el tiempo.  

19 Benjamin, W. (2012). Atlas de Conceptos Sobre el concepto de tiempo Obras II,1. Pág. 139.  

La moneda falsa. Paidós. Pág. 11.  

20 Cioran, E. M. (1988). La caída en el tiempo. Editorial Laia/Monte Ávila Editores. Págs.  

13 Derrida, J. (1995) Dar el tiempo. La moneda falsa. Paidós. Pág. 12.  

14 Yourcenar, M. (1990). El tiempo, gran escultor. Alfaguara. Pág. 66.  

15 Déotte, J.-L. (2015). El hombre de vidrio. Estéticas benjaminianas. Prometeo Libros. Pág. 12.  

143-144.  

21 Esta noción de secuencia desequilibrada Hirschman la va a desarrollar en diversos tex-  

tos, como Hirschman, A. O. (1957). “Investment policy and ‘dualism’ in underdeveloped  

countries”. American Economic Review, 47(5), 550-570; Hirschman, A. O. (1958). The  

strategy of economic development. Yale University Press. New Haven.; Hirschman, A. O.  

16 Chartier, R. (2008). Escuchar a los muertos con los ojos. Lección inaugural en el Collége  

de France. Katz Editores.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

En Chile, las paradojas del tiempo precipitan una serie de consecuencias de  

inclusión/exclusión y de calidad de respuestas frente a desafíos socioeconó-  

micos que se expresan con muy diversos resultados. De allí que sea relevante  

entender que esas personas conﬁguran una tipología de inclusiones/exclusiones,  

como expone Mascareño abriendo categorías de: sub-inclusión, inclusión en la  

exclusión, inclusión compensatoria, inclusión por riesgo/exclusión por peligro, así  

como discernir que existe una autoinclusión/autoexclusión²². Estas distinciones  

permiten advertir de mejor modo, la relación de inclusión y exclusión tradicional  

en la sociología; pues esa trayectoria contiene expresiones dicotómicas en una  

lógica del “o” que ya no opera en los niveles de complejidad de las situaciones  

sociales del presente.  

Describir esos acoplamientos aporta no solo a una renovada comprensión socio-  

lógica, sino a una evaluación de la efectividad y la relación costo/efectividad  

de las consecuencias de decisiones públicas y privadas. Esa situación resulta  

consecuente con plantear una nueva relación con el pasado y cuestionar aquella  

visión moderna del tiempo donde cada instante simplemente se encadena con  

el siguiente en una sucesión lineal, para luego ser abandonado y olvidado.  

Ahora bien, la posibilidad de establecer una lectura en la que presente y pasado  

cobren un sentido es una oportunidad que está siempre sujeta al peligro de no  

llevarse a cabo. Por esta razón, “la verdadera imagen del pasado revolotea y  

pasa. Al pasado solo puede retenérsele en cuanto imagen, que relampaguea  

para nunca más ser vista en el instante de su recognoscibilidad. [...] Pues una  

imagen irrepetible del pasado amenaza con desaparecer con cada presente  

que no se reconozca aludido en ella”²³. De allí que cada momento histórico  

tenga su propia oportunidad, que puede renovarse y perderse, que resiste a  

ser subsumido por una categorización oﬁcial. En Benjamin, su concepción del  

peligro es la condición de posibilidad del tiempo-ahora, con toda su riqueza  

inesperada e imposible de anticipar o reducir. Por eso, es en estos años de  

peligro, de crisis, que esta concepción nos ofrece una oportunidad de inno-  

vación. Precisamente porque está lanzada como un relámpago frente a una  

sociedad que se regenera y una situación social que se degrada.  

Figura 1. Dimensiones y situaciones de inclusión/exclusión  

Como va a plantear Von Wolfersdorﬀ:  

En un planeta frágil, con seis de los límites planetarios ya transgredidos en 2023,  

mantener la actividad de los mercados tal como está ahora, tendrá como conse-  

cuencia inevitable un aumento de los daños en los sistemas económicos y sociales  

y posteriormente una transición aún mayor en estos mismos. En otras palabras,  

podemos decir que la resistencia frente al cambio es irracional.24  

Por eso se vuelve clave “reﬂexionar ﬁlosóﬁcamente sobre la especie que somos  

los seres humanos y, sociológicamente sobre cómo ello tiene lugar en las condi-  

ciones actuales de globalización, secularización y cosmopolitismo²⁵. En su análisis  

de sistema-mundo, Wallerstein sostenía que:  

En el sistema-mundo en que vivimos nos encontramos con que nuestras expecta-  

tivas a corto plazo son necesariamente inestables. En ella se genera una ansiedad  

y por esto violencia al querer preservar privilegios adquiridos y el rango jerárquico.  

En ese tránsito, requerimos entender qué está sucediendo y decidir en qué direc-  

ción queremos que se mueva el mundo y, claro decidir cómo actuaremos en el  

Fuente: Mascareño y Carvajal (2015)  

23 Andrade, M. M. (2018). Walter Benjamin: aquí y ahora. Universidad de los Andes. https://  

www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctv11qdwsg  

(1967). Review of accelerating development: The necessity and the means, by Lauchlin  

Currie. American Economic Review, 57(3), 611-613.  

24 Von Wolfersdorﬀ, J. (2025). La fascinante complejidad de nuestros sistemas. Taurus. Pág.  

15.  

22 Mascareño, A. y Carvajal, F. (2015). “Los distintos rostros de la inclusión y la exclusión”.  

Revista de la CEPAL. Págs. 131-146.  

25 Chernilo, D. (2025). Humanos en el Antropoceno. Ediciones Metales Pesados. Pág. 11.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

y acumulativa, se abre paso un tiempo paradojal, vertiginoso, intempestivo³⁰. En  

lo anterior se expresa su crítica a Kant, donde se podría decir que: “Kant aporta a  

la ﬁlosofía un cierto problema del tiempo, una concepción completamente nueva  

que será decisiva para todo lo que sucederá luego. Se trata de una conciencia  

moderna del tiempo, por oposición a una conciencia antigua del tiempo”³¹.  

presente de modo que las cosas se muevan en el sentido que preferimos. Para  

eso hay que enfrentar tres tareas: las labores intelectuales, morales y políticas.  

Las tres están interconectadas y nadie puede excusarse de esas difíciles tareas.  

El futuro es abierto lo que signiﬁca riesgo, incertidumbre y conﬂicto.26  

Luego, si existe una apropiación de esa postura, “la pregunta que emerge ya no  

es si acaso necesitamos más o menos Estado: más sería una dosis de veneno  

para el sistema económico porque supone una crónica sobre burocratización,  

mientras mantiene una —igualmente crónica— sub-regulación. A la vez menos  

Estado sería algo letal, con un efecto parecido a fertilizar las malezas de la  

economía”²⁷. Esta relación de distinción entre sobre-burocratización y sub-regu-  

lación es muy esclarecedora para generar un proceso de innovación disruptiva  

en estas materias, así como su llamado a no tener miedo de estar out of tune.  

En este mismo sentido, Peter Pál Pelbart, va a llamar a ese tiempo deleuziano  

“un tiempo no reconciliado”³², desarrollando sus implicaciones políticas, subje  

-

tivas y estéticas, desplegándolas como una urgencia a considerar en nuestro  

presente. Visto así, es dable sostener que “en cierto sentido, todo problema  

es el del empleo del tiempo”33 y que siempre estamos “ante el tiempo de una  

forma anacrónica como en un montaje, como un rompecabezas del tiempo, como  

en una imagen aura del ahora, del otrora y de la modernidad”³⁴. Y si bien hay  

distintos tiempos: el de los dioses, de lo sagrado, del crono, de los cuerpos, del  

tiempo rural y del tiempo urbano, de las máquinas del tiempo, de la economía  

que gana tiempo, del vivir a la hora, del tiempo de la crisis, del tiempo propio³⁵,  

es preciso reconocerlos en sus distinciones, en la profundidad de sus recorridos  

y en sus funciones. Para Attali: “nuestro porvenir, con sus riquezas y sus ruinas,  

es inseparable del uso que hagamos del tiempo, de nuestra habilidad para  

percibirlo y para subsanar esas fracturas”³⁶. Sin embargo, es una tarea difícil ya  

que el propio tiempo en las ciencias es diverso: el tiempo de la ﬁlosofía, de la  

física, de la biología, del derecho, el tiempo histórico, el tiempo sociológico, el  

de la economía, el de lo social, el de la subjetividad³⁷. Al respecto, Mario Hamuy,  

en su Viaje al Big Bang, se pregunta: “¿cómo es posible que, en mucho menos  

de un segundo, una explosión haya dado el puntapié inicial y ﬁjado las leyes  

que regirían todo lo que vendría?”³⁸.  

En consecuencia, lo que hemos denominado el tiempo lento de Chile, no es  

solo la tardanza medida en años de espera (104 para una ley heterosexual de  

divorcio, 38 para cambios en la ley de migración, 23 para una tibia reforma de  

pensiones, 89 años y contacto para las denominadas leyes valóricas —como  

el aborto conseguido parcialmente, luego retirado y posteriormente aprobado  

en tres causales— y la eutanasia, 59 para una ley de matrimonio igualitario, 47  

para un plan Auge en salud), sino lo que Streeck denomina, la crisis pospuesta  

del capitalismo democrático donde el Estado apuesta a comprar tiempo:  

Desde 2008 las democracias occidentales se enfrentan a una crisis ﬁnanciera  

y ﬁscal que corroe los fundamentos de un Estado de bienestar proveniente del  

ﬁn de la segunda guerra y que se desmorona desde los años 70. Esa relación  

entre capitalismo liberal y democracia fue postergada gracias a que los gobiernos  

fueron comprando tiempo, por medio de la inﬂación, luego a través de la deuda  

pública, más tarde expandiendo los mercados de crédito y hoy por la compra de  

parte de los bancos centrales de la deuda pública y pasivos bancarios. El resul-  

tado es que la democracia ha sido esterilizada como democracia contributiva y  

reducida a una combinación de Estado de Derecho y entretenimiento político.28  

De allí es factible deducir que la relación entre innovación y tiempo se da en un  

contexto donde siempre, como plantea Hamuy, estamos atrasados de noticias.  

Esa experiencia es transversal con las Ciencias Sociales, porque llegamos cuando  

las catástrofes se han declarado, en esos momentos de interrogación acerca de  

Lo anterior es riesgoso e imprudente, hay temporalidades descritas como lo  

fulminante del cambio climático, donde ya no hay tiempo para esperar²⁹. Por  

tanto, es posible postular que nuestra sociedad estaría dentro de esa concepción  

fabulosa de tiempo de Deleuze, donde en contra del tiempo lineal, homogénea  

30 Conferencia dictada por Deleuze en Vincennes, sobre la síntesis y el tiempo en Kant.  

http://www.imaginet.fr/deleuze/.  

31 Deleuze, G. (1978). Kant y el tiempo. Editorial Cactus. Págs. 19-20.  

32 Pál Pelbart, P. (1998). O tempo nao-reconciliado. Editora Perspectiva.  

33 Bataille, G. (1947). Método de Meditación. Planeta.  

34 Didi-Huberman, G. (2018) Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imáge-  

nes. Adriana Hidalgo, Editora.  

35 Attali, J. (1985). Historias del Tiempo. Editorial Fondo de Cultura Económica.  

36 Attali, J. (1985). Historias del Tiempo. Editorial Fondo de Cultura Económica.  

26 Wallerstein, I. (2005). Análisis de sistemas-mundo. Ediciones Siglo XXI. Pág. 122.  

27 Von Wolfersdorﬀ, J. (2025). La fascinante complejidad de nuestros sistemas. Taurus. Pág. 17.  

28 Comentario de Jürgen Habermas sobre el texto de Wolfgang Streeck (2016). Comprando  

tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático. Katz Editores.  

37 Gómez Millas, J., Vial Larraín, J. de D., Saavedra, I., Mardones, J., Quintana, F., Krebs, R.,  

Gyarmati, G., Corbo, V. (1981) El tiempo en las Ciencias. Editorial Universitaria.  

29 Gallardo, L., Osses, A. y Urquiza, A. (2024). Cambio climático. Aprender de la compleji-  

dad. Editorial Universitaria.  

38 Hamuy, M. (2022). Viaje al Big Bang. Editorial Debate. Pág. 14.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

cómo buscar el reconocimiento social bajo el signo temporal del desprecio³⁹.  

Por eso el punto de inﬂexión del tiempo lento de Chile es una innovación que  

exponga paradojas. Como ya sostenía Lechner en 1997, lo relevante es observar  

que Chile constituye un caso de modernización sin modernidad⁴⁰. Entonces, la  

innovación no es una pugna entre lo viejo y lo nuevo, sino una forma de observar  

para transformar aquello que hoy puede ser hecho de otro y mejor modo.  

En este mismo sentido, Güell evidencia que:  

Desde los estudios sobre la cultura de la pobreza realizados en la década de  

1960, las estructuras temporales se han convertido en un elemento esencial para  

comprender la pobreza y su reproducción. La mayoría de los estudios en este  

campo han caracterizado la pobreza por un fuerte presentismo, un descuido del  

futuro y una falta de capacidad de acción para conﬁgurar el curso de la vida.43  

En la conferencia “Desafíos país: una agenda de Estado”, el profesor Jorge  

Katz abrió su exposición con la frase de Dickens “It was the best of times, it  

was the worst of times” para plantear, como en la historia de dos ciudades, la  

existencia de cuatro Chiles escasamente acoplados⁴¹: un Chile modernizado,  

que dialoga con el mundo, un Chile de recursos naturales poco conectado con  

ﬁrmas locales, un país viejo de menor productividad que habita dos décadas  

atrás, y un Chile excluido de los beneﬁcios modernos, marginado del acceso de  

servicios públicos de calidad. En cada uno de ellos expuso sus brechas, como  

la concentración de inversiones transnacionales, donde Chile no logra mejorar  

signiﬁcativamente su productividad, donde el modelo industrial de compra al  

extranjero no se modiﬁca sustantivamente, donde la población reclama insti-  

tuciones y bienes públicos de mejor acceso y calidad, pero paradojalmente, la  

producción de bienes de uso compartido (agua, medicina, educación, arte) es  

más bien escasa.  

Su artículo sobre la temporalidad de la pobreza, ofrece un enfoque novedoso  

para comprender la intersección entre tiempo y pobreza mediante el análisis  

empírico del trabajo que realizan los pobres para distinguir, vincular y valorar  

su pasado, presente y futuro, y dar sentido a sus vidas como historias de movi-  

lidad social:  

Basándonos en las narrativas biográﬁcas de hombres y mujeres pobres de la  

zona urbana de Santiago y la zona rural de Maule en Chile, argumentamos que  

las estructuras temporales de los pobres entrelazan un presentismo pragmático  

con la aspiración de movilidad social a través de la estructura sacriﬁcial de un  

yo extendido. Estos hallazgos revelan que los pobres no son sujetos pasivos del  

destino, sino agentes de una historia dinámica y abierta, y que sus biografías  

están estructuradas no solo por el fatalismo de la repetición del pasado, sino  

también por una lucha dramática por el futuro.44  

Repensar entonces el modelo chileno de desarrollo en las próximas décadas,  

involucra una respuesta a este tiempo estallado, con propuestas que agreguen  

valor, desde contradicciones abrumadoras. Abrir espacio para las vidas preca-  

rias⁴⁵, para no hacer de Chile el baile de los que sobran, para oponerse desde  

producciones cientíﬁcas basadas en evidencia a esa “siniestra facilidad de morir,  

con que viven tantos, de tal manera que consigamos hacer del mundo un lugar  

menos escandaloso de lo que es”⁴⁶.  

Precisamente, como sostiene Honneth: “una paradoja es aquella que se expresa  

cuando con la realización de un propósito, se reduce la posibilidad de lograrlo”⁴².  

Por eso es interesante la reﬂexión de Katz al cuestionar la expectativa del cómo  

volver a crecer al 7% y no seguir en un 2% en el curso de una generación donde  

crece una sensación de anomia y diﬁcultades de integración y cohesión social.  

Donde, por ejemplo, no es posible pensar en revertir pronto los veinte años  

de rezago en robotización de procesos en el mundo de las pymes, o escalar la  

producción de litio en el corto plazo. Katz acierta al poner el foco en entender  

que esos cuatro Chiles conviven, pero no dialogan en un mismo aparato de  

procesamiento, podríamos agregar ni se acoplan funcionalmente en un mismo  

tiempo.  

IDEAS VALIOSAS PARA CHILE: PROPUESTAS DE INNOVACIÓN CON PROPÓSITO  

PÚBLICO  

En este escenario de desajuste temporal, la Universidad de Chile se conﬁgura  

como un espacio capaz de articular conocimiento basado en evidencia, incor-  

poraciones tecnológicas y propuestas de transferencia atingentes tanto a la  

esfera pública como privada, abriendo caminos hacia un pensar colaborativo,  

39 Honneth, A. (2011). La Sociedad del desprecio. Editorial Trotta. Madrid. Pág. 127.  

40 Lechner, N. (1997). “¿Son compatibles modernización y modernidad?”. Documento de  

trabajo n° 440. FLACSO.  

43 Güell, P. y Yopo, M. (2021). “Temporal structures of the poor: Social mobility and the strug-  

41 Conferencia del profesor Jorge Katz en el encuentro de Investigación 2025 de la  

Universidad de Chile “Ciencia y conocimiento frente a los desafíos del país”. El pro-  

fesor Katz es integrante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento  

e Innovación para el Desarrollo (CTCI) y Profesor Titular de la Facultad de Economía y  

Negocios de la Universidad de Chile.  

gle for the future in Chile”. The Sociological Review, 1-16. DOI: 10.1177/0038026121990976  

44 Güell, P. y Yopo, M. (2021). “Temporal structures of the poor: Social mobility and the strug-  

gle for the future in Chile”. The Sociological Review. 1-16. DOI: 10.1177/0038026121990976  

45 Butler, J. (2009). Vidas Precarias. El poder del duelo y la violencia. Editorial Paidós.  

42 Honneth, A. (2009). Crítica del agravio moral. Fondo de Cultura Económica. Pág. 401.  

46 Yourcenar, M. (1990). El tiempo, gran escultor. Alfaguara. Pág.171.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

cada línea encarna un esfuerzo por sincronizar los tiempos de la ciencia, de la  

urgencia social y de la transformación institucional.  

cultural y política. Frente a las limitaciones de los enfoques tradicionales, esta  

línea combina análisis transdisciplinarios —economía, sociología, política pública  

y estudios territoriales— para generar herramientas de diagnóstico, evaluación  

y seguimiento que permitan anticipar impactos, adaptar políticas y fortalecer  

capacidades locales e institucionales. Su objetivo es transformar el conocimiento  

en estrategias efectivas que reduzcan inequidades, promoviendo participación  

ciudadana, equidad territorial y justicia social.  

Este libro presenta una serie de 29 policy briefs que condensan conocimiento  

relevante, experiencias y recomendaciones para abordar algunos desafíos  

desde perspectivas innovadoras, trascendiendo los límites de cada disciplina  

o institución. Más que un repositorio de producción cientíﬁca, se busca posi-  

bilitar la articulación de la investigación con la transferencia de conocimiento  

con propósito público.  

Los proyectos de esta línea incluyen el rediseño de la medición de pobreza en  

Chile, estudios etnográﬁcos sobre la economía doméstica y la propuesta de  

un marco técnico para medir la vulnerabilidad ante la pobreza. Estas iniciativas  

muestran cómo el CLIPP integra evidencia cientíﬁca, análisis estructural y polí-  

ticas preventivas, favoreciendo un enfoque de protección social anticipatorio.  

De esta manera, la línea busca consolidar un sistema de políticas más robusto y  

sostenible, capaz de orientar decisiones estratégicas, reducir riesgos y aumentar  

la resiliencia de hogares y comunidades frente a crisis económicas, sociales y  

ambientales.  

Los capítulos se organizan en torno a nueve campos que abordan fenómenos  

complejos y su articulación con políticas públicas, contribuyendo al cumplimiento  

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los desafíos deﬁnidos por la  

Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).  

I. Cambio climático y desarrollo territorial  

La línea se centra en enfrentar los desafíos de la crisis climática desde una  

perspectiva territorial, integrando ciencia, tecnología y justicia ambiental para  

generar respuestas adaptativas y transformadoras. Reconoce al territorio como  

laboratorio socioecológico donde conﬂuyen vulnerabilidades y oportunidades,  

promoviendo modelos de desarrollo que articulen sostenibilidad, inclusión social  

y coherencia institucional. A través de enfoques sistémicos y policéntricos,  

esta línea busca coordinar actores públicos, privados, académicos y comuni-  

tarios, co-produciendo conocimiento que vincule ciencia y saberes locales, y  

fortaleciendo la capacidad de anticipación, aprendizaje y resiliencia frente a la  

incertidumbre climática.  

III. Equidad de género  

Se centra en abordar las desigualdades estructurales que afectan la participación,  

el reconocimiento y las oportunidades de mujeres y diversidades en ámbitos  

productivos, educativos, tecnológicos y políticos. Frente a las limitaciones de  

enfoques tradicionales fragmentados, esta línea adopta una perspectiva integral  

e interseccional que articula análisis de políticas públicas, innovación tecnológica  

y estudios sociales, promoviendo la colaboración entre actores académicos,  

institucionales y comunitarios. Su objetivo es que la equidad de género sea  

un principio estratégico que impulse inclusión, creatividad, productividad y  

cohesión social.  

Los proyectos que la integran, que incluyen la gestión de riesgos de desastres,  

la seguridad hídrica y el desarrollo territorial equitativo, demuestran cómo la  

investigación puede traducirse en metodologías transferibles y políticas públicas  

efectivas. Desde la evidencia cientíﬁca hasta la planiﬁcación territorial, esta  

línea articula innovación, participación ciudadana y gobernanza adaptativa,  

incorporando principios de equidad ambiental y justicia territorial como criterios  

centrales. Así, se posiciona como un espacio estratégico de experimentación  

que transforma el conocimiento en acción pública, promoviendo futuros terri-  

toriales sostenibles y modelos replicables de desarrollo inclusivo y resiliente.  

Como aporte clave, el policy brief “De la certiﬁcación a la transformación” intro-  

duce el uso del Índice Multidimensional de Efectividad (IME) para anticipar  

alertas, identiﬁcar nudos críticos y generar trayectorias de mejora antes de que  

las fallas se consoliden, transformando la evaluación en un proceso de apren-  

dizaje continuo. Esta aproximación permite avanzar más allá de la normativa,  

consolidando modelos de transversalización de género sostenibles, veriﬁcables  

e innovadores en universidades e instituciones, fortaleciendo su capacidad  

de integrar la equidad de manera efectiva en la gestión, la investigación y la  

innovación.  

II. Pobreza y desigualdades  

Aborda la persistencia de la desigualdad en Chile y América Latina desde un  

enfoque integral y multidimensional, reconociendo que la pobreza no solo se  

expresa en términos de ingresos, sino también en la exclusión social, territorial,  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

IV. Trabajo  

desarrollo de estrategias de acompañamiento post-sanción, dirigidas a consolidar  

la reintegración y prevenir la reincidencia. Estas iniciativas evidencian cómo la  

línea “Seguridad y Reinserción Social” articula innovación, derechos humanos  

y análisis estructural para generar políticas penitenciarias más inclusivas, soste-  

nibles y orientadas a la prevención y reintegración efectiva en Chile.  

Esta línea aborda los profundos cambios que la tecnología, la digitalización y la  

reconﬁguración de los mercados laborales han generado en la naturaleza del  

empleo, las relaciones de producción y el bienestar social. Frente a los desa-  

fíos que plantean la automatización, la economía de plataformas y las nuevas  

modalidades de empleo, propone un enfoque transdisciplinario que integra  

economía, sociología y gestión de la innovación para comprender el trabajo  

como un sistema socio-técnico complejo. Su objetivo es generar modelos que  

articulen ﬂexibilidad, bienestar y equidad, promoviendo políticas adaptativas que  

mitiguen la precarización, fortalezcan la participación de los actores y fomenten  

la cooperación entre empresas, sindicatos, universidades y organismos públicos.  

VI. Salud pública  

La línea de innovación “Salud Pública” del CLIPP se centra en fortalecer el sistema  

de salud chileno frente a desafíos como el envejecimiento de la población, las  

enfermedades crónicas, la inequidad territorial y las crisis sanitarias. Su enfoque  

considera la salud como un bien público que está relacionado con factores  

sociales, económicos y ambientales, buscando construir sistemas más justos,  

eﬁcientes y adaptados a las necesidades de distintas comunidades.  

Entre sus aportes destacan los estudios sobre modalidades de trabajo ﬂexibles,  

que evidencian cómo el teletrabajo, la reducción de jornada y la ﬂexibilidad  

horaria pueden mejorar la conciliación y la satisfacción laboral si se implementan  

con negociación colectiva y apoyo institucional, y la propuesta de un umbral  

de suﬁciencia para el salario mínimo, que busca asegurar justicia económica  

y protección social basada en evidencia multidimensional. En conjunto, estas  

iniciativas muestran cómo la línea “Trabajo” contribuye a diseñar políticas labo-  

rales inclusivas, sostenibles y orientadas al bienestar, anticipando riesgos, inte-  

grando datos y experiencias, y fortaleciendo la capacidad del Estado y de las  

instituciones para adaptarse a un mercado laboral dinámico y tecnológicamente  

transformado.  

Actualmente, el sistema de salud enfrenta problemas como la fragmentación  

entre lo público y lo privado, la falta de coordinación entre servicios y el uso  

limitado de información basada en evidencia. La línea propone abordarlos  

mediante la integración de análisis de datos, tecnologías digitales, participación  

comunitaria y gobernanza, incorporando también la perspectiva de género e  

interculturalidad. La innovación no se limita a la tecnología, sino que también  

busca mejorar la organización y gestión de los servicios para hacerlos más  

efectivos y accesibles.  

Se trabaja en fortalecer la atención primaria y preventiva, mejorar el acceso  

a información de salud para distintos grupos, promover un envejecimiento  

saludable y garantizar que la atención sociosanitaria sea inclusiva y equitativa.  

También se desarrollan estrategias que combinan la formación profesional, la  

participación comunitaria y la coordinación interinstitucional para enfrentar los  

desafíos de salud de manera integral.  

V. Seguridad y reinserción social  

Aborda los desafíos que plantea la seguridad ciudadana y la reintegración de  

personas privadas de libertad en Chile, reconociendo que ambos procesos  

son fundamentales para la cohesión social y la conﬁanza comunitaria. Frente  

a sistemas penitenciarios sobrepoblados, con escasos programas de rehabili-  

tación y alta reincidencia, esta línea propone un enfoque integral que combina  

prevención, educación, trabajo y participación comunitaria, articulando análisis  

predictivo, innovación social y metodologías de autoobservación. Su objetivo  

es diseñar políticas efectivas que trasciendan la lógica punitiva, fomentando la  

autonomía, la inclusión y la cooperación interinstitucional en distintos niveles  

de decisión.  

VII. Educación  

Se enfoca en fortalecer la educación como un motor de equidad, innovación y  

cohesión social. Busca conectar la formación académica con las demandas del  

siglo XXI, incluyendo los cambios tecnológicos, laborales y ambientales, para  

reducir brechas y fomentar la participación ciudadana. La educación se concibe  

no solo como transmisión de conocimientos, sino como una herramienta para  

transformar sociedades y generar oportunidades equitativas.  

Entre sus contribuciones destacan la construcción de sistemas de información  

penitenciarios integrados, que permiten mejorar la gestión de Gendarmería  

y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia; la incorporación de  

perspectiva de género en programas educativos para mujeres privadas de  

libertad, promoviendo oportunidades de participación y reinserción social; y el  

El sistema educativo enfrenta desafíos como desigualdad de oportunidades,  

desconexión entre educación, investigación y trabajo, y la incorporación acele-  

rada de tecnologías sin reﬂexión pedagógica. Por eso, la línea propone abordarlos  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

mediante la integración de políticas, innovación pedagógica y tecnologías del  

aprendizaje, promoviendo la colaboración entre escuelas, universidades, comu-  

nidades y organismos públicos. Esto permite diseñar modelos de aprendizaje  

más inclusivos, adaptativos y signiﬁcativos, fortaleciendo la formación continua  

y la evaluación integral de competencias.  

IX. Dispositivos transversales  

La línea de Dispositivos Transversales aborda el desafío de construir herramientas  

mediadas por plataformas capaces de aportar al contexto de alta complejidad  

social y aceleración tecnológica. Estos dispositivos constituyen ensamblajes de  

normas, prácticas, lenguajes y tecnologías que permiten transformar la informa-  

ción en acción coordinada y la evidencia en política efectiva. Estos dispositivos  

actúan como redes que vinculan lo discursivo y lo técnico, lo normativo y lo  

experimental, generando condiciones para una gobernanza policéntrica inteli-  

gente e interoperable. Su desarrollo en Chile responde a la necesidad urgente  

de superar la fragmentación institucional, la dispersión de datos y la falta de  

mecanismos que permitan aprender desde la implementación misma de las  

políticas y sistemas organizacionales.  

Se pone énfasis en los ecosistemas de innovación educativa, entendidos como  

redes que conectan investigación, práctica profesional y participación comuni-  

taria. A través de ellos se fomenta la colaboración entre docentes, estudiantes  

y autoridades, generando espacios para experimentar, co-crear soluciones y  

desarrollar capacidades locales de gestión. Además, la línea impulsa la formación  

docente y la creación de programas especializados, incorporando enfoques  

interdisciplinarios, derechos humanos y perspectiva de género, para responder  

a necesidades emergentes del sistema educativo y del contexto social.  

Estas innovaciones promueven una transformación no solo técnica sino también  

política: democratizan el acceso a la información, integran la voz ciudadana  

en los procesos de evaluación y fortalecen la rendición de cuentas basada en  

resultados veriﬁcables. Así, los dispositivos transversales se consolidan como  

una apuesta estratégica para dotar al Estado, empresas y fundaciones de capa-  

cidades predictivas, colaborativas y adaptativas que mejoren su efectividad.  

VIII. Infancia y juventud  

La línea de investigación “Infancia y Juventud” del CLIPP se centra en fortalecer  

el bienestar, la participación y los derechos de niños, niñas y adolescentes,  

reconociéndolos como actores activos capaces de inﬂuir en las decisiones que  

afectan su vida y su entorno. Su enfoque busca superar la visión asistencial  

tradicional, promoviendo la corresponsabilidad social y la ciudadanía activa, y  

contribuyendo a la construcción de territorios más justos e inclusivos.  

Actualmente, las políticas dirigidas a la infancia y juventud han mostrado fragmen-  

tación y limitada participación, lo que reduce su impacto y perpetúa brechas en  

desarrollo socioemocional y ciudadanía. La línea aborda estos desafíos mediante  

un enfoque integral que combina estudios territoriales, metodologías cualitativas  

y cuantitativas, plataformas de participación digital y co-creación intergenera-  

cional. Esto permite generar conocimiento que vincule a jóvenes e instituciones,  

fortaleciendo su rol como agentes de innovación social y comunitario.  

Asimismo, la línea impulsa la construcción de mecanismos sostenidos y arti-  

culados entre diferentes actores para asegurar la efectiva incorporación de la  

infancia y juventud en la toma de decisiones. Se busca consolidar observatorios,  

sistemas de seguimiento y estrategias de reparación frente a vulneraciones de  

derechos, promoviendo políticas basadas en evidencia, derechos humanos y  

participación activa. En conjunto, estas iniciativas buscan garantizar que niños,  

niñas y adolescentes sean protagonistas de su propio desarrollo y contribuyan  

a la cohesión social, la innovación y la resiliencia de las comunidades.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PRESENTACIóN  

Goodall, J. (2021). The book of hope: A survival guide for trying times. Celadon  

REFERENCIAS  

Books.  

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Yourcenar, M. (1990). El tiempo, gran escultor. Alfaguara.  

ACELERAR EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

PROPUESTAS DE INNOVACIÓN  

CON PROPÓSITO PÚBLICO  

I. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

El cambio climático constituye uno de los ejes más decisivos de transformación  

del siglo XXI, no solo por sus impactos ecológicos, sino que también porque  

redeﬁne los fundamentos mismos del desarrollo y la convivencia humana. En  

Chile, la conﬂuencia de una geografía diversa, una matriz productiva depen-  

diente de los recursos naturales y la vulnerabilidad de los ecosistemas plantea  

desafíos inéditos para la gobernanza territorial. Sequías prolongadas, incendios  

forestales, pérdida de glaciares y procesos de desertiﬁcación son expresiones  

de una crisis sistémica que exige nuevas formas de comprender, planiﬁcar y  

habitar el territorio.  

La línea “Cambio Climático y Desarrollo Territorial” del CLIPP se conﬁgura como  

un espacio estratégico de innovación, orientado a articular ciencia, tecnología y  

justicia ambiental para enfrentar estos desafíos. Su enfoque territorial reconoce  

al territorio como un escenario donde se maniﬁestan los efectos del cambio  

climático, a la vez que como un laboratorio desde el cual es posible diseñar  

respuestas adaptativas y transformadoras. En lugar de centrarse exclusivamente  

en la vulnerabilidad, esta línea promueve la generación de capacidades de  

transformación y resiliencia, impulsando modelos de desarrollo que integren  

sostenibilidad ecológica, inclusión social y coherencia institucional.  

Desde una perspectiva sistémica, se propone avanzar hacia nuevos marcos de  

gobernanza adaptativa y policéntrica, capaces de coordinar actores públicos,  

privados, académicos y comunitarios en distintos niveles de decisión. La co-pro-  

ducción del conocimiento —en tanto práctica de innovación social— constituye  

uno de sus pilares fundamentales, permitiendo que el conocimiento cientíﬁco  

dialogue con saberes locales y prácticas territoriales para producir soluciones  

contextualizadas y sostenibles. La innovación, en este marco, se entiende como  

una función pública orientada a fortalecer la capacidad de anticipación y apren-  

dizaje de los territorios frente a la incertidumbre climática.  

Los proyectos que integran esta línea —desde la gestión de desastres y la  

seguridad hídrica hasta la gobernanza costera y la sustentabilidad institu-  

cional— demuestran el potencial del CLIPP para generar metodologías trans-  

feribles y modelos replicables de articulación entre ciencia y política pública.  

Estas iniciativas muestran cómo la universidad puede operar en tanto nodo de  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

experimentación territorial, articulando redes intersectoriales e interdisciplinares  

que vinculan evidencia cientíﬁca con decisiones estratégicas de desarrollo.  

Universidad de Chile) y Paz Orellana Leiva (Centro de Ciencia del Clima y la  

Resiliencia–CR2), con el apoyo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia  

(CR2)— analiza comparativamente los marcos normativos de la Ley 21.364 de  

Gestión del Riesgo de Desastres y la Ley 21.455 Marco de Cambio Climático. A  

partir de esta revisión, identiﬁca oportunidades para su articulación institucional,  

conceptual y operativa, proponiendo una gobernanza integrada que vincule los  

instrumentos de ambas leyes —planes territoriales, sistemas de información,  

ﬁnanciamiento y participación local—. Su aporte principal radica en ofrecer  

orientaciones concretas para superar la fragmentación institucional y avanzar  

hacia una gobernanza climática coherente, anticipatoria y efectiva, fortaleciendo  

las capacidades del Estado para prevenir riesgos, promover la adaptación y  

construir resiliencia frente a los efectos del cambio climático.  

En el plano teórico, la línea contribuye a consolidar una visión del territorio como  

sistema socioecológico complejo, donde las interacciones entre naturaleza y  

sociedad son fuente tanto de riesgo como de innovación. En el plano meto-  

dológico, desarrolla instrumentos de planiﬁcación y evaluación que permiten  

integrar la variable climática en la toma de decisiones públicas y privadas. Y en  

el plano ético-político, instala la equidad ambiental y la justicia territorial como  

principios rectores del desarrollo sostenible.  

De este modo, la línea “Cambio Climático y Desarrollo Territorial” busca articular  

iniciativas que tengan sinergia en lógicas críticas de habitar, gobernar y proyectar  

los territorios. Al situar la innovación como práctica pública y el conocimiento  

como bien común, como una oportunidad para imaginar y construir futuros  

territoriales sostenibles, capaces de integrar ciencia, participación y justicia  

ambiental en un mismo horizonte de propósito público.  

Por último, el policy brief “Desarrollo territorial con equidad para Chile:  

conceptos y propuestas” reúne el trabajo de un equipo interdisciplinario de  

investigadores de la Universidad de Chile, pertenecientes a las facultades de  

Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Agronómicas, Gobierno y Departamento de  

Trabajo Social. El documento plantea que las desigualdades que atraviesan al  

país son, ante todo, territoriales, y que el espacio constituye un eje estructurador  

de la inclusión y la exclusión social. A partir de esta premisa, propone un marco  

conceptual y metodológico que articula enfoques interdisciplinarios, diseño  

de sistemas de intervención basados en evidencia y modelos de gobernanza  

policéntrica para fortalecer la cohesión social y la resiliencia local. Su aporte  

principal radica en ofrecer orientaciones concretas para integrar la dimensión  

territorial en las políticas públicas, contribuyendo a la formulación de estrategias  

de desarrollo más equitativas, sostenibles y legitimadas democráticamente.  

“El cambio climático: aprender de la complejidad” propone un enfoque de  

gobernanza policéntrica basado en la toma de decisiones robustas y el apren-  

dizaje adaptativo ante la incertidumbre, basado en el libro homónimo publicado  

en colaboración con la Editorial Universitaria, por los integrantes del Centro de  

Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile: la académica  

Laura Gallardo (Departamento de Geofísica, FCFM), el académico Axel Osses  

(Departamento de Ingeniería Matemática, FCFM) y la académica Anahí Urquiza  

(Facultad de Ciencias Sociales). El documento aborda la explicación del sistema  

Tierra y los desafíos de la crisis climática actual, aportando evidencia y propuestas  

que enriquecen la discusión sobre el cambio climático antropogénico desde  

el enfoque de las ciencias de la complejidad. La propuesta reúne perspectivas  

interdisciplinarias que buscan explicar, en un lenguaje claro y accesible, la  

crisis climática y su carácter sistémico, acercando este fenómeno global al  

público en general y difundiendo más de una década de trabajo del CR2. Su  

aporte central consiste en ofrecer un panorama sistemático de la crisis climática,  

mostrando cómo la ciencia de la complejidad aborda fenómenos caracterizados  

por conectividad, interdependencia y emergencia, y proporcionando un marco  

útil para comprender la relación entre cambio global, incertidumbre y toma de  

decisiones. En diálogo con los otros policy briefs de este capítulo, se enfatiza en  

la necesidad de integrar miradas interdisciplinarias y de divulgación cientíﬁca,  

contribuyendo a un panorama más amplio y articulado sobre el cambio climático.  

El policy brief “Gestión de riesgos de desastres en Chile: oportunidades para  

su articulación con la acción climática” —elaborado por Gabriela Azócar de  

la Cruz (Departamento de Trabajo Social, Universidad de Chile), Julián Cortés  

Oggero (Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

1. EL CAMBIO CLIMÁTICO: APRENDER DE LA COMPLEJIDAD  

Laura Gallardo Klenner  

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0001-7605-3721  

lgallard@u.uchile.cl  

Axel Osses Alvarado  

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0001-6833-4064  

axosses@uchile.cl  

Anahí Urquiza Gómez  

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0001-6901-0846  

anahiurquiza@uchile.cl  

Introducción  

Hablar del cambio climático en Chile no es repetir una consigna global, sino  

hacerse cargo de una experiencia concreta que combina sequías prolongadas,  

incendios de nueva intensidad, surgencia costera cambiante, olas de calor que  

estresan a las ciudades y una sensación social de fatiga frente a decisiones  

que parecen no llegar a tiempo. La pregunta que guía este texto es simple y, a  

la vez, exigente: ¿cómo gobernar una realidad que no se deja reducir a piezas  

sueltas ni a ritmos de política de corto plazo? La respuesta que aquí se ensaya  

se nutre de la Ciencia del Sistema Tierra, de los estudios de complejidad y de  

los aprendizajes acumulados por equipos que han trabajado en Chile durante la  

última década. La premisa es que el clima, más que un sector, es una propiedad  

emergente de un conjunto de subsistemas —atmosférico, oceánico, criosférico,  

biosférico y social— que se acoplan de formas no lineales y multiescalares.  

Gobernar, en este marco, es sostener relaciones que eviten cruzar umbrales  

peligrosos, distribuir con justicia los costos y beneﬁcios de la transición y aprender  

con suﬁciente rapidez para corregir el rumbo cuando las señales lo indiquen.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Chile no parte de cero. Desde mediados de los 2000, ha desplegado planes de  

acción climática, ha fortalecido su institucionalidad, ha alineado compromisos  

internacionales y ha introducido reformas legales que orientan la acción pública.  

Sin embargo, la brecha entre la naturaleza del problema y las soluciones que  

se persiguen sigue abierta. La coordinación multinivel es frágil, los incentivos  

administrativos privilegian el cumplimiento de indicadores de corto plazo y  

la cultura de evaluación todavía no incorpora con naturalidad la idea de que  

aprender es también reconocer errores y corregir. La extensión de la sequía en  

el centro y centro-sur, la presión sobre los acuíferos, la exposición diferenciada a  

riesgos en las ciudades y las tensiones en zonas costeras son recordatorios de  

que operar en silos es insuﬁciente. En un mundo que se acelera, la lentitud se  

vuelve cara; en un mundo interdependiente, la fragmentación se vuelve riesgosa.  

cuando aparecen señales críticas. La experiencia reciente muestra que, sin esa  

arquitectura institucional, los esfuerzos se dispersan, los conﬂictos se repiten  

y los costos de transacción consumen energía que debiera estar dedicada a  

resolver problemas.  

La lógica de la complejidad: la Ciencia del Sistema Tierra  

Pensar la Tierra como un sistema acoplado ha sido un proceso intelectual de  

larga duración. A lo largo del siglo XX se consolidó una mirada que integra  

atmósfera, océanos, criósfera y biosfera con la actividad humana como un actor  

geológico de primer orden. La utilidad práctica de esta perspectiva para Chile  

es evidente: permite entender por qué cambios en la circulación del Pacíﬁco  

repercuten en la disponibilidad de agua en el interior; por qué alteraciones en  

la criósfera de alta montaña se traducen en caudales distintos en primavera;  

por qué la urbanización modiﬁca el clima local y, a la vez, se ve afectada por él.  

Lo decisivo no es la etiqueta, sino la herramienta. La Ciencia del Sistema Tierra  

nos recuerda que el clima es un fenómeno de relaciones y que, por lo mismo,  

las políticas deben ocuparse de cuidar esas relaciones más que de perseguir  

metas aisladas. A la pregunta por la predicción perfecta, las ciencias de la  

complejidad responden con otra: ¿qué información y qué acuerdos necesitamos  

para evitar cruzar ciertos umbrales y para distribuir de manera justa los esfuerzos  

de adaptación y mitigación?  

Este texto, por lo tanto, no agrega una etiqueta. Busca ofrecer un relato práctico  

y articulado para orientar decisiones. Lo hace asumiendo que buena parte  

de los desacuerdos no son sobre ﬁnes generales —reducir riesgos, proteger  

ecosistemas, asegurar bienestar—, sino sobre instrumentos y ritmos. De ahí  

la insistencia en un vocabulario común, en métricas compartidas y en una  

manera de decidir que acepte la incertidumbre sin paralizarse. Gobernar la  

complejidad climática no es renunciar a la ambición, es aprender a sostenerla  

en el tiempo.  

Una brecha persistente y una oportunidad que aún existe  

La complejidad no es una mística: es un conjunto de conceptos operativos que  

ayudan a diseñar decisiones. La emergencia describe propiedades del conjunto  

que no están en las partes, como la estabilidad de un régimen hidrológico que  

surge de miles de interacciones locales. La retroalimentación explica por qué  

un sistema puede estabilizarse o desestabilizarse según el signo y la fuerza de  

las conexiones, como cuando la pérdida de cobertura vegetal reduce la inﬁltra-  

ción, lo que disminuye caudales de verano y, a su vez, aumenta la presión por  

extraer aguas subterráneas. La multiescala recuerda que los procesos locales  

y los globales se acoplan, del mismo modo que los cambios en patrones de  

viento sobre el Pacíﬁco dialogan con decisiones de uso de suelo en una cuenca  

concreta. Los umbrales y la irreversibilidad advierten que, más allá de cierto  

punto, las trayectorias cambian de modo abrupto y cuesta regresar, como ocurre  

con acuíferos sobreexplotados o con ecosistemas que colapsan.  

Existe en Chile una brecha reconocible entre la complejidad del fenómeno  

climático y la estructura de políticas que intentan enfrentarlo. Esa brecha tiene,  

al menos, tres dimensiones. La primera es espacial: las cuencas no coinciden  

con las divisiones administrativas; los vientos que intensiﬁcan la surgencia reco-  

rren escalas que no respetan los límites de una región; los patrones urbanos  

se extienden sobre varias comunas y hacen que decisiones de un municipio  

repercutan en otro. La segunda dimensión es temporal: mientras las institu-  

ciones buscan resultados medibles en periodos anuales, los sistemas ecológicos  

responden con rezagos y umbrales que no calzan con el calendario presupues-  

tario. La tercera es social: promedios que mejoran pueden esconder desigual-  

dades que se agudizan, con profundas consecuencias para la legitimidad de  

las decisiones.  

Cerrar esa brecha no equivale a inventar un Estado de cero. Exige, más bien,  

reorientar lo existente. Se requiere una coordinación multinivel que funcione  

de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, con información que circule y con  

mandatos que eviten la superposición de funciones. Se requieren métricas que  

capten extremos, sincronías y distribución, más allá de promedios. Se requieren,  

también, reglas del juego que faciliten los ajustes y que inhiban la parálisis  

Usados con prudencia, estos conceptos no sustituyen la evidencia, más bien  

la ordenan; es decir, permiten priorizar variables en los tableros de decisión,  

diseñar indicadores que sí informen sobre riesgo y dotar de sentido a modelos y  

observaciones. En lugar de perseguir una ilusión de control, la complejidad invita  

a adoptar un criterio de suﬁciencia: basta con identiﬁcar señales robustas, esta-  

blecer portafolios que respondan a esas señales y garantizar que la organización  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

que decide pueda ajustar su conducta sin perder su rumbo. Esa es la diferencia  

entre una política que reacciona tarde y una política que aprende a tiempo.  

El litoral chileno es escenario de variaciones que solo se aprecian cuando se  

mira el océano y la atmósfera como un continuo. Cambios en la posición e  

intensidad del anticiclón subtropical, variaciones en la temperatura superﬁcial  

del mar y en los vientos costeros modiﬁcan el régimen de surgencia que trae  

a la superﬁcie aguas más frías y ricas en nutrientes. Esos cambios, a su vez,  

afectan la oxigenación de ciertas capas de la columna de agua, la distribu-  

ción de especies y los tiempos de reproducción. Pesquerías y comunidades  

costeras experimentan las consecuencias en ciclos que no siguen el calendario  

administrativo. Gestionar esta realidad exige fortalecer la observación —boyas,  

sensores, satélites, estaciones costeras— y acoplarla con modelos que permitan  

identiﬁcar ventanas de riesgo y oportunidad. También exige reglas e institu-  

ciones capaces de ajustar cuotas, proteger áreas y diversiﬁcar medios de vida  

de manera oportuna. La experiencia internacional indica que los arreglos que  

mejor resisten la incertidumbre no son los que prometen precisión en todo  

momento, sino los que establecen por adelantado cómo se decide cuando las  

señales se vuelven críticas.  

Modelar no es adivinar el futuro, es abrir una conversación estructurada sobre  

posibilidades y sobre decisiones. En Chile, la combinación de modelos climá-  

ticos regionales, hidrológicos, de calidad del aire y de circulación oceánica ha  

permitido comprender acoplamientos que, de otra manera, quedarían invisibles.  

Las simulaciones basadas en agentes, por su parte, son valiosas para explorar  

cómo las decisiones de miles de actores descentralizados —agricultores, hogares,  

transportistas— pueden conducir a resultados colectivos no deseados o, al  

revés, a equilibrios más estables si cambian los incentivos. El análisis de redes  

ayuda a identiﬁcar nodos críticos de infraestructura, mercados o ecosistemas  

cuya falla repercute de manera desproporcionada. Y la estadística de extremos  

corrige una tendencia corriente: mirar los promedios cuando lo que deﬁne el  

riesgo son las colas de la distribución.  

El punto no es técnico, es político. Si modelamos para gobernar, nos obligamos  

a explicitar supuestos, a reconocer incertidumbres y a preparar decisiones  

contingentes. Esa disciplina mejora la calidad del debate público y evita que la  

discusión se agote en el contraste entre convicciones. De paso, abre espacio a  

una cultura de datos abiertos que fortalece la conﬁanza: cuando la información  

circula, la ciudadanía puede examinar y proponer, la academia puede refutar y  

mejorar, y las instituciones pueden coordinar mejor lo que hacen.  

Las ciudades chilenas han mejorado su calidad del aire en las últimas décadas  

gracias a regulaciones e inversiones que cambiaron tecnologías de combustión  

y controlaron emisiones de fuentes ﬁjas y móviles. Sin embargo, los episodios  

de material particulado y de ozono no han desaparecido. Olas de calor más  

frecuentes, cambios en hábitos de movilidad y expansiones urbanas que alargan  

los viajes contribuyen a reinstalar riesgos. Este fenómeno revela que la política  

de calidad del aire debe integrarse con la de transporte y con la de uso de suelo.  

No se trata de desmerecer la tecnología; se trata de evitar que la misma ciudad  

que celebra motores más limpios termine obligando a sus habitantes a recorrer  

más kilómetros cada día. El cuidado de la salud pública demanda, además,  

información que indique quiénes están más expuestos y por qué. Mapas que  

cruzan movilidad, calidad del aire y datos epidemiológicos permiten focalizar  

acciones y evaluar si las medidas están reduciendo vulnerabilidades donde más  

importa. La evidencia sugiere que allí donde las políticas urbanas apuestan por  

la proximidad —vivienda, trabajo y servicios cerca—, por el transporte público  

conﬁable y por el espacio público de calidad, las ganancias ambientales con  

impactos sociales son más robustas y perdurables.  

Evidencia desde Chile: sequía, océanos que cambian y ciudades en tensión  

La llamada mega sequía no ha sido un episodio aislado, sino una reconﬁgura-  

ción persistente de la relación entre clima, hidrología y sociedad. En el centro  

y centro-sur, años con precipitaciones por debajo de lo normal se acumularon  

hasta convertir el déﬁcit en un nuevo contexto operativo. Se alteraron ciclos  

de cultivo, se modiﬁcaron los pulsos de recarga y se tensionó el equilibrio  

entre usos anuales y reservas de largo plazo. El impacto no fue homogéneo.  

Territorios con mejores capacidades técnicas, con instituciones más fuertes o  

con alternativas productivas resistieron mejor que otros más dependientes y  

con menos infraestructura. La desigualdad preexistente se expresó en la gestión  

del agua: quienes contaban con información y con medios ampliaron ventajas;  

quienes no, vieron restringidas sus opciones. La respuesta estatal avanzó en  

diagnósticos, pero no siempre alcanzó para anticipar los cambios de régimen. El  

aprendizaje de este periodo sugiere que los planes de cuenca, cuando existen  

y funcionan, ordenan prioridades, transparentan costos y evitan que cada actor  

actúe como si estuviera solo. Allí donde no hay ese espacio de coordinación, la  

gestión se vuelve una suma de iniciativas que compiten entre sí y que, a veces,  

neutralizan sus efectos mutuos.  

Hablar de seguridad hídrica en Chile implica enfrentar uno de los problemas  

más complejos y sensibles del país. En él convergen necesidades básicas de  

la población, actividades productivas estratégicas, ecosistemas que aseguran  

servicios para el conjunto de la sociedad y culturas que se reconocen en ríos,  

humedales y glaciares. Una arquitectura de soluciones adecuada se construye en  

escala de cuenca y combina tres dimensiones. La primera es física: infraestructura  

‘gris’ como embalses, conducciones, tratamiento y distribución; e infraestructura  

‘verde’ como restauración de suelos y cabeceras, conservación de humedales y  

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recarga gestionada de acuíferos. La segunda es institucional: reglas para asignar  

y reasignar agua con información abierta, salvaguardas ambientales y sociales,  

y mecanismos ágiles de resolución de controversias. La tercera es cognitiva:  

datos interoperables y en tiempo real, tableros que muestren estados críticos  

y procesos participativos que permitan conocer y deliberar sobre alternativas.  

facilita la experimentación: distintas unidades intentan soluciones adaptadas a  

su realidad y comparten resultados. Esa diversidad ordenada acelera el apren-  

dizaje del conjunto y reduce riesgos de fallas sistémicas por dependencia de  

un único centro de decisión.  

Gobernar la complejidad implica mirar de otra manera. Requiere datos que  

combinen escalas, que integren biofísica y sociedad, y que permitan detectar  

señales que anuncian cambios de régimen. La interoperabilidad, con están-  

dares abiertos, asegura que los tableros de decisión no se conviertan en una  

colección de pantallas inconexas. Importa, también, medir lo que suele quedar  

fuera: sincronías entre variables —como olas de calor y ozono—, velocidades  

de cambio, y distribución de costos y beneﬁcios entre grupos y territorios. En  

seguridad hídrica, indicadores como niveles piezométricos, continuidad de  

suministro, calidad del agua y asequibilidad tarifaria deben leerse en conjunto.  

En ciudades, ﬂujos de movilidad, temperaturas de superﬁcie y síntomas respi-  

ratorios ofrecen una mirada más nítida del riesgo real que cualquier indicador  

por separado. Esta forma de medir no compite con la investigación académica  

de largo aliento; se nutre de ella y, al mismo tiempo, la orienta hacia preguntas  

con alto valor público.  

Un diseño de este tipo evita trampas conocidas. La más célebre es la paradoja de  

la eﬁciencia: mejoras tecnológicas que prometen ahorrar agua pueden terminar  

expandiendo el uso total si no existen límites o incentivos bien calibrados. Otra  

trampa es la obra sin gobernanza: infraestructura valiosa que pierde eﬁcacia  

porque la operación no se acompaña con acuerdos sobre caudales ecológicos,  

prioridades de uso y protección de la calidad. La seguridad hídrica, se ha dicho,  

no es un destino que se alcanza de una vez, sino un camino que requiere mante-  

nimiento, aprendizaje y cuidado. Esta idea puede sonar modesta, pero es la que  

habilita políticas que resisten cuando las condiciones cambian.  

Decidir en incertidumbre: arreglos policéntricos que funcionan  

El paso de una racionalidad que busca controlar todo a otra que busca decidir  

mejor bajo incertidumbre profunda implica tres transformaciones. La primera  

es aceptar que los portafolios de opciones son más sensatos que las apuestas  

únicas: permiten distribuir riesgos, capturar beneﬁcios de aprendizaje y corregir  

Lecciones organizacionales: desde la multi a la inter y transdisciplina para  

enfrentar riesgos sectoriales  

sin desarmar la política. La segunda es acordar gatillos de activación y de suspen  

-

Una parte relevante del aprendizaje chileno proviene de la organización interna  

de los equipos cientíﬁcos. Pasar de arreglos por disciplinas a equipos anclados  

en problemas complejos no signiﬁca diluir saberes, sino crear condiciones para  

que dialoguen. La etapa más frágil es la intermedia: cuando los conceptos todavía  

no calzan y los métodos no conversan bien. Superarla requiere inversión en  

traducción conceptual, en herramientas de integración —modelos acoplados,  

ontologías compartidas, repositorios de datos— y en una gobernanza del propio  

proceso de investigación. También exige abrir la frontera entre ciencia y sociedad:  

incorporar tempranamente a actores públicos, privados y comunitarios, no para  

validar decisiones ya tomadas, sino para formular preguntas y examinar opciones.  

La transdisciplina, en este sentido, no es una promesa retórica, es una práctica  

que se mide por la calidad de las decisiones que habilita.  

sión para medidas críticas: niveles de embalse, temperaturas umbral, indicadores  

de salud o combinaciones de señales que anticipan eventos extremos. La tercera  

es diseñar contratos e instrumentos que incorporen cláusulas de ajuste, de modo  

que el sistema no quede atrapado en decisiones inerciales por temor a costos  

hundidos o a sanciones políticas. Estas transformaciones no restan ambición;  

la vuelven viable. Requieren, desde luego, un ecosistema de datos conﬁable y  

abierto, y una conversación pública que entienda que rectiﬁcar no es sinónimo  

de retroceder, sino de hacerse cargo de lo aprendido.  

La literatura ha subrayado las virtudes del policentrismo, pero su valor se juega  

en el detalle institucional. En Chile, arreglos que combinan dirección nacional con  

autonomía territorial han mostrado frutos cuando se sostienen en reglas claras  

de coordinación, en ﬁnanciamiento suﬁciente y en capacidades profesionales  

para facilitar procesos complejos. Comités de cuenca con mandatos deﬁnidos,  

plataformas intersectoriales para abordar riesgos compuestos como calor y  

ozono, y consorcios que reúnen academia, gobiernos locales y organizaciones  

comunitarias son algunos ejemplos de arquitecturas que distribuyen poder  

sin perder orientación. La transparencia de datos es la base de esa coopera-  

ción. Cuando todos ven lo mismo, el debate se concentra en alternativas y en  

trade-oﬀs genuinos, no en disputas sobre hechos. El policentrismo, además,  

La perspectiva de complejidad tiene consecuencias concretas para sectores  

especíﬁcos. En salud, permite preparar sistemas que respondan a riesgos  

compuestos, como olas de calor combinadas con mala calidad del aire, y orientar  

campañas de prevención hacia poblaciones más expuestas. En energía, ayuda  

a evaluar portafolios que integren seguridad de suministro, descarbonización y  

protección de ecosistemas, evitando que la solución a un problema cree otro. En  

agricultura, informa decisiones sobre variedades, calendarios y tecnologías que  

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I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

reduzcan vulnerabilidades sin aumentar el consumo total de agua, y orienta la  

diversiﬁcación prudente de actividades. En educación superior, sugiere rediseñar  

la formación para que las y los profesionales aprendan a trabajar con datos  

abiertos, a evaluar riesgos en escenarios inciertos y a dialogar con otros saberes.  

Estas implicancias no sustituyen las políticas sectoriales, las enriquecen con un  

criterio transversal: ver relaciones, anticipar umbrales y distribuir con justicia.  

Humildad para reconocer límites del conocimiento y diseñar decisiones que  

puedan corregirse. Ambición para proteger la vida y los territorios con criterios  

de justicia. Paciencia para sostener arreglos que tardan en madurar, pero que,  

una vez consolidados, resisten mejor los embates. Chile tiene con qué. Lo que  

falta es encadenar esfuerzos con una narrativa compartida, con métricas que  

miren donde importa y con instituciones que aprendan sin avergonzarse de  

hacerlo. Esa es, en deﬁnitiva, la propuesta que este texto ofrece: un camino  

para cerrar la brecha entre problema y abordajes integrales, para transformar  

la urgencia en posibilidad concreta.  

Toda política ambiciosa enfrenta riesgos. La fragmentación institucional puede  

consumir tiempo en coordinación improductiva; la captura de procesos parti-  

cipativos puede bloquear decisiones; los efectos rebote pueden neutralizar  

avances; la sobrecarga de información puede paralizar. Mitigar estos riesgos no  

exige inventar grandes soluciones, sino aplicar principios sencillos con disciplina.  

Los acuerdos de intercambio de datos y los estándares de interoperabilidad  

reducen fricciones y sospechas. La facilitación profesional y las reglas de repre-  

sentación protegen la deliberación. Los portafolios de opciones acompañados  

de límites y monitoreo evitan que la eﬁciencia se convierta en más consumo.  

Los tableros con indicadores de umbral previenen la ansiedad por medir todo.  

Y los ciclos de evaluación pública, con metas revisables y explicaciones claras,  

transforman la corrección en una práctica esperada, no en una confesión de  

fracaso. Así, la política gana velocidad donde importa y evita los atajos que  

terminan siendo más lentos.  

El tránsito hacia una gobernanza capaz de aprender requiere hábitos que pueden  

institucionalizarse. Un primer hábito consiste en escribir, para cada política, una  

teoría de cambio explícita que identiﬁque mecanismos causales, supuestos  

críticos, señales observables y riesgos de desviación. Esta práctica obliga a  

ordenar la evidencia, reduce la discrecionalidad y facilita el escrutinio público.  

Un segundo hábito es la evaluación iterativa publicada en calendarios preacor-  

dados, donde los resultados se comparan con metas y los desvíos se explican  

con franqueza. Un tercer hábito es la custodia de datos: estándares de calidad,  

interoperabilidad y acceso que convierten la información en un bien común al  

servicio de la decisión. Un cuarto hábito es la formación continua de equipos  

en metodologías de análisis de riesgo, en comunicación pública de la incerti-  

dumbre y en herramientas para el diálogo interdisciplinario. El quinto hábito es  

la cooperación con propósito: plataformas que conectan territorios para acelerar  

aprendizaje por comparación, evitando que cada experiencia parta desde cero.  

Cuando estos hábitos se vuelven rutina, la incertidumbre deja de ser un muro  

y se torna un campo de trabajo donde el país puede moverse con eﬁcacia.  

Una agenda realista para los próximos cinco años  

La agenda de corto y mediano plazo que se desprende de este enfoque es  

realista y comprobable. En el primer tramo, es razonable instalar comités de  

cuenca con datos abiertos y metas explícitas, deﬁnir señales de activación para  

sequías, olas de calor y episodios de mala calidad del aire, y lanzar laboratorios  

territoriales que prueben combinaciones de medidas en contextos diversos.  

En un horizonte de dos a tres años, se puede implementar planes de cuenca  

con instrumentos de reasignación sujetos a salvaguardas, integrar de manera  

operativa las políticas de movilidad y de calidad del aire, y fortalecer observa-  

torios costeros y modelos acoplados que apoyen decisiones pesqueras y de  

conservación. En un plazo de cinco años, es posible migrar hacia marcos poli-  

céntricos integrados con presupuestos por portafolio, escalar la restauración  

de paisajes como infraestructura para la seguridad hídrica y consolidar sistemas  

de evaluación iterativa con aprendizaje interterritorial. Cada paso se apoya en  

capacidades ya presentes y multiplica el valor de inversiones existentes.  

Transiciones justas y restauración ecológica  

Toda transición tiene ganadores y perdedores temporales, y la experiencia  

internacional indica que cuando los costos se concentran en los mismos grupos  

que ya cargaban otras desventajas, las políticas pierden legitimidad y velocidad.  

Incorporar la justicia en la gobernanza climática no es un acto de cortesía, es  

una condición de eﬁcacia. Ello implica reconocer de partida que los territorios  

enfrentan riesgos distintos, que las capacidades institucionales son desiguales  

y que el acceso a información y a ﬁnanciamiento no se distribuye por igual.  

Implica, además, otorgar voz efectiva en los procesos de decisión a comunidades  

que, por historia o por posición en la estructura económica, suelen quedar al  

margen, incluyendo pueblos originarios, organizaciones territoriales y trabaja-  

dores y trabajadoras cuya subsistencia depende de sectores en transición. El  

reconocimiento no se agota en la participación. Debe traducirse en reglas que  

protejan usos esenciales, en instrumentos que amortigüen impactos —como  

La complejidad climática no es una coartada para la inacción ni un pretexto para  

el pesimismo. Es un recordatorio de que la realidad social y ecológica guarda  

sorpresas, y de que la mejor manera de honrar esa realidad es gobernarla  

con humildad epistémica, con ambición ética y con paciencia institucional.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

tarifas progresivas, subsidios focalizados y apoyos transitorios— y en mecanismos  

de reparación cuando la intervención pública produce daños no deseados.  

estándares, asegurar calidad, abrir acceso y proteger derechos. En Chile, múlti-  

ples agencias producen mediciones sobre clima, agua, salud y territorio, pero no  

siempre conversan entre sí. La interoperabilidad no se resolverá con un portal  

único que centralice todo; se resolverá con acuerdos técnicos y políticos que  

permitan a cada institución mantener su misión y, al mismo tiempo, compartir lo  

necesario para un abordaje coordinado. Una ciberinfraestructura pública para la  

gobernanza climática debiese incluir catálogos comunes, metadatos rigurosos,  

APIs abiertas, mecanismos de versionamiento y auditorías que den conﬁanza  

sobre la integridad de los registros. Debiese incluir, también, capacidades terri-  

toriales para producir y usar datos, de modo que la asimetría informacional no  

se transforme en un nuevo eje de desigualdad.  

Una transición justa también es un compromiso con el futuro. Si la adaptación y la  

mitigación se hacen a costa de destruir ecosistemas o de hipotecar capacidades  

de próximas generaciones, lo que parece una victoria presente se convierte  

en un problema mayor mañana. Por eso es crucial que los planes incorporen  

límites biofísicos explícitos y que las decisiones se sometan a evaluaciones de  

impacto distributivo. En ámbitos urbanos, esto se expresa en la obligación de  

evitar que la mejora ambiental expulse a quienes justamente debía beneﬁciar,  

mediante desplazamientos indirectos por encarecimiento del suelo o de los  

arriendos. En el mundo rural, se expresa en asegurar que los incentivos de  

eﬁciencia hídrica no terminen concentrando acceso en manos de unos pocos.  

Diseñar con justicia es, en suma, diseñar con memoria y con brújula.  

La gobernanza de datos es inseparable de la ética. Abrir información útil no puede  

implicar exponer a comunidades a riesgos de estigmatización o de explotación.  

Exige, por tanto, políticas de anonimización, de consentimiento y de retorno de  

beneﬁcios cuando los datos locales alimentan decisiones nacionales. Cuando  

esta arquitectura se construye con cuidado, la conversación pública cambia de  

tono: se discuten criterios y alternativas sobre una base compartida de hechos,  

disminuye la propagación de rumores y se acelera el aprendizaje entre territorios.  

En el siglo XX, la provisión de agua y energía, el control de inundaciones y la  

protección de ciudades se apoyaron principalmente en ingeniería gris. Ese acervo  

sigue siendo imprescindible, pero se ha hecho evidente que, por sí solo, no basta.  

Su desempeño depende de condiciones ecológicas que durante mucho tiempo  

se dieron por sentadas: suelos con estructura, cuencas con cobertura vegetal,  

humedales que amortiguan crecidas, costas con praderas y bosques marinos  

que atemperan oleajes y capturan carbono. Llamamos infraestructura verde a  

ese conjunto de procesos y ecosistemas que prestan servicios públicos sin que  

el presupuesto los reconozca como tales. Restaurarla y gestionarla no es un  

lujo, es un componente central de la seguridad hídrica, alimentaria y sanitaria.  

Las mejores ideas pueden naufragar si no encuentran soporte ﬁnanciero y si  

chocan con inercias de la economía política. De ahí que una agenda realista de  

gobernanza climática incluya instrumentos que alineen ﬂujos de recursos con  

objetivos públicos. Los presupuestos por portafolio permiten ﬁnanciar combi-  

naciones de medidas y no unidades sueltas, lo que es coherente con la lógica  

de sistemas. Los pagos por servicios ecosistémicos reconocen el trabajo de  

conservación que, de otro modo, carece de incentivo. Los seguros paramétricos,  

ligados a gatillos observables, ayudan a manejar riesgos sin convertir cada evento  

extremo en una negociación incierta. Los bonos de impacto y los fondos de  

transición pueden canalizar inversión privada hacia objetivos de interés público  

cuando se diseñan con transparencia y reglas de evaluación claras.  

La restauración ecológica exige planiﬁcar a escala de paisaje. No sirve plantar  

árboles indiscriminadamente ni llenar de obras menores un territorio sin atender  

a sus dinámicas. Importa preguntarse dónde se gana más reduciendo erosión,  

dónde se mejora la inﬁltración sin desplazar comunidades y cuáles son las  

especies adecuadas para las condiciones locales. Importa, asimismo, construir  

métricas que permitan evaluar el desempeño y evitar tanto el greenwashing  

como el escepticismo infundado. Cuando se hace bien, la infraestructura verde  

multiplica beneﬁcios: protege el agua, mejora su calidad, modera temperaturas,  

aporta a la biodiversidad y habilita economías locales asociadas al cuidado  

de los ecosistemas. Su mayor diﬁcultad no es técnica, es institucional: ¿quién  

invierte, quién mantiene y quién se beneﬁcia? Resolverlo requiere contratos y  

ﬁnanciamiento que reconozcan su valor público.  

Pero el ﬁnanciamiento no es neutro: deﬁne prioridades, crea ganadores y  

perdedores temporales y abre oportunidades de captura. Por eso se requiere  

gobernanza robusta que haga seguimientos públicos del gasto y que evalúe  

con independencia. La economía política tampoco es un obstáculo insalvable.  

Cuando los beneﬁcios se comunican con honestidad y cuando las compensa-  

ciones están bien diseñadas, la resistencia disminuye y el pragmatismo gana  

terreno. El punto es claro: sin ﬁnanciamiento estable, las políticas complejas se  

vuelven declaraciones. Con ﬁnanciamiento inteligente, se vuelven capacidades  

que perduran.  

Conclusiones: gobernanza de datos y aprendizaje institucional  

Que existan datos no signiﬁca que sirvan para gobernar. Para que la informa-  

ción se convierta en una infraestructura de cooperación es preciso acordar  

Una manera eﬁcaz de acelerar aprendizaje es instalar laboratorios territoriales  

de gobernanza, entendidos como espacios donde actores públicos, privados y  

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I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

comunitarios prueban combinaciones de medidas en contextos reales y evalúan  

sus resultados con rigor. A diferencia de los pilotos pensados como vitrinas,  

estos laboratorios se diseñan para fallar rápido y barato cuando sea necesario,  

para documentar lo aprendido y para transferirlo a otros territorios mediante  

plataformas de intercambio. La clave está en el método: deﬁnir hipótesis, recoger  

datos comparables, publicar avances y ajustar sin dramatismo. En Chile, esta  

aproximación ha demostrado ser útil en materias como gestión del agua a  

escala de cuenca, adaptación basada en ecosistemas, movilidad urbana y salud  

ambiental. Institucionalizarla signiﬁca reservar presupuestos, formar equipos de  

evaluación y exigir que cada programa público relevante explicite su teoría de  

cambio y sus protocolos de corrección.  

esfuerzo. Las políticas complejas necesitan, por tanto, escenarios para pensar  

y narrativas para movilizar.  

La gobernanza climática es, por deﬁnición, transnacional. Ningún país controla  

por sí solo las fuerzas que modulan el clima, y muchos de los aprendizajes útiles  

surgen cuando se comparan territorios con problemas parecidos. Para Chile,  

la cooperación con países de la costa del Pacíﬁco, con énfasis en observación  

oceánica y gestión de pesquerías, es particularmente valiosa. También lo es el  

intercambio con regiones que enfrentan experiencias de escasez hídrica y de  

gestión a escala de cuenca, así como con ciudades que han integrado movilidad,  

uso de suelo y salud en políticas coherentes. La cooperación internacional no es  

solo ﬁnanciamiento; es, sobre todo, un ﬂujo de conocimiento que reduce tiempos  

de aprendizaje y evita errores costosos. Aprovecharla requiere instituciones  

capaces de dialogar en redes, de compartir datos y de adaptar soluciones con  

criterio local. En esa articulación, las universidades y centros de investigación  

cumplen un importante rol de bisagra entre ciencia y decisión pública.  

La evaluación, en este esquema, deja de ser un control ex post y se convierte  

en una práctica que acompaña el ciclo de política. Funciona cuando establece  

calendarios, cuando compromete a las autoridades a explicar resultados y  

cuando protege espacios de deliberación de la lógica binaria del éxito o fracaso.  

La evaluación que transforma es la que induce aprendizaje organizacional y la  

que mejora, en la práctica, la vida de las personas en sus territorios.  

La calidad de las instituciones depende de las personas que las habitan. Gobernar  

la complejidad exige equipos capaces de integrar saberes, de comunicar incerti-  

dumbres, de negociar con honestidad y de trabajar con datos. Requiere perﬁles  

que combinen competencia técnica con habilidades de facilitación y con sentido  

de servicio público. La formación de estas capacidades no puede descansar  

sólo en cursos ocasionales; debe convertirse en un programa sostenido que  

articule universidades, centros de investigación y agencias del Estado. También  

requiere cuidar a quienes hacen la tarea. La rotación excesiva, la sobrecarga y  

la precariedad laboral son enemigas de la calidad y de la memoria institucional.  

Un Estado que aprende es, también, un Estado que cuida a sus equipos y que  

les ofrece condiciones para sostener procesos largos sin perder energía ni  

integridad.  

Los escenarios no son predicciones disfrazadas, son herramientas para ensayar  

decisiones en futuros plausibles. El valor de construirlos radica en que ayudan a  

identiﬁcar vulnerabilidades, a explorar trade-oﬀs y a preparar respuestas que no  

dependan de un único camino. En Chile, pensar escenarios climáticos y socioe-  

conómicos que combinen tendencias globales con particularidades territoriales  

permite, por ejemplo, discutir cómo cambia la seguridad hídrica si coinciden tres  

años de sequía con un shock de precios energéticos y con una ola de calor que  

satura servicios de salud. La narrativa, por su parte, importa porque organiza la  

voluntad colectiva: una historia que solo habla de sacriﬁcios no convoca; una  

que promete soluciones mágicas frustra; una que reconoce diﬁcultades, pero  

muestra rutas y logros alcances intermedios, sostiene el ánimo y da sentido al  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

REFERENCIAS  

2. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN CHILE:  

OPORTUNIDADES PARA SU ARTICULACIÓN CON LA ACCIÓN  

CLIMÁTICA  

Gallardo, L., Osses, A., & Urquiza, A. (2024). Cambio climático: Aprender de la  

complejidad. Editorial Universitaria.  

Gabriela Azócar de la Cruz  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-8282-1122  

gazocarde@uchile.cl  

Julián Cortés Oggero  

Departamento de Geofísica de la Facultad  

de Ciencias Físicas y Matemáticas,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-8226-2893  

julian.cortes@uchile.cl  

Paz Orellana Leiva  

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)  

paz.j.orellana@gmail.com  

Chile es uno de los países más expuestos a los impactos del cambio climático y  

a los desastres socio-naturales. Su territorio abarca múltiples zonas climáticas y  

ecosistemas, concentra áreas metropolitanas densamente pobladas, presenta  

un crecimiento urbano y rural en zonas de riesgo y mantiene desigualdades  

socioeconómicas persistentes, conﬁgurando así un escenario complejo de alta  

vulnerabilidad (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos¹.  

Esta condición ha llevado a que organismos internacionales, como el Panel  

Intergubernamental de Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate  

Change², reconozcan a Chile entre los países altamente vulnerables, con una  

exposición signiﬁcativa tanto a fenómenos de manifestación rápida —como  

1

Organización para la Cooperación  

y

el Desarrollo Económicos (OCDE) (2016).  

Estudio de Desempeño Ambiental: Chile 2016. OCDE Publishing. DOI: https://doi.  

org/10.1787/9789264265581-es  

Garreaud, R., Boisier, J. P., Rondanelli, R., Montecinos, A., Sepúlveda, H. & Veloso-Aguila,  

D. (2017). “The 2010–2015 mega drought in central Chile: Impacts on regional hydrocli-  

mate and vegetation”. Hydrology and Earth System Sciences, 21(12), 6307–6327. DOI:  

https://doi.org/10.5194/hess-21-6307-2017  

2

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2022). Climate Change 2022:  

Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

inundaciones e incendios forestales— como a procesos de desarrollo lento,  

tales como las prolongadas sequías que han afectado especialmente a la zona  

centro-sur del país.  

En este contexto, la promulgación de la Ley 21.364 y la Ley 21.455 constituyen  

avances al reconocer explícitamente la necesidad de vincular gestión de riesgos  

y cambio climático. Además, documentos recientes han buscado promover este  

nexo: el Informe de incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los  

planes sectoriales de adaptación al cambio climático8 y el documento Integración  

de la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres⁹.  

Ambos destacan la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y  

multinivel, vinculando adaptación y gestión de riesgos. Estas iniciativas develan  

oportunidades para superar la fragmentación y avanzar hacia una gobernanza  

climática más integrada y coherente.  

Como respuesta a esta vulnerabilidad, Chile ha adherido a marcos globales como  

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20303 y el  

Acuerdo de París⁴, comprometiéndose con metas de prevención, adaptación y  

resiliencia, así como con la implementación de herramientas descentralizadas  

para su cumplimiento. A nivel interno, la promulgación de la Ley 21.364⁵, que  

establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, creó  

el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y  

el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED),  

marcando un cambio institucional sustantivo al pasar de un modelo reactivo,  

centrado en la respuesta a emergencias, a uno preventivo y descentralizado. En  

paralelo, la Ley Marco de Cambio Climático6 estableció la meta de carbono-neu-  

tralidad al 2050 y deﬁnió instrumentos de mitigación y adaptación sectoriales,  

regionales y locales de largo plazo.  

Sin embargo, persisten desafíos estructurales para consolidar esa integración.  

La brecha central es que, pese a contar con un marco normativo avanzado y  

compromisos internacionales robustos, Chile aún no logra articular de manera  

consistente sus distintos instrumentos normativos, de política pública, planiﬁ-  

cación y acción territorial, lo que puede poner en riesgo la efectividad de las  

medidas y el fortalecimiento de la resiliencia del país frente al cambio climático  

y los desastres.  

No obstante, la acción climática y la gestión del riesgo de desastres en Chile  

enfrentan importantes desafíos en materia de coordinación. Los marcos  

normativos, las políticas y los instrumentos derivados de estas leyes presentan  

discordancias conceptuales, así como superposición de funciones, objetivos  

y acciones en la gestión territorial. Como advierte el Informe a las Naciones  

sobre Gobernanza Climática de los Elementos elaborado por el Centro de  

Ciencia del Clima y la Resiliencia⁷, esta fragmentación de la gobernanza puede  

tener consecuencias concretas, como la duplicación de esfuerzos y recursos,  

la construcción divergente de escenarios climáticos y de riesgo en la planiﬁ-  

cación sectorial y territorial, y la reducción de la efectividad de las medidas de  

adaptación y mitigación.  

Con el ﬁn de comprender las convergencias y divergencias entre los marcos  

normativos vigentes en Chile, se realizó un análisis comparativo de la Ley de  

GRD (21.364) y la Ley MCC (21.455). Este ejercicio consideró cuatro dimen-  

siones centrales —objetivos, principios rectores, institucionalidad e instrumentos  

de gestión— y se complementó con la revisión de los conceptos clave y la  

identiﬁcación de posibles sinergias entre ambas normativas. El propósito de  

este análisis no es solo describir las diferencias y coincidencias, sino también  

reconocer los espacios de articulación que pueden contribuir a fortalecer una  

gobernanza más integrada frente a los desafíos que plantean el cambio climático  

y los desastres en el país.  

1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MARCOS NORMATIVOS DE CAMBIO  

CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge  

University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009325844  

3

Organización de las Naciones Unidas (2015). Marco de Sendai para la Reducción del  

Riesgo de Desastres 2015–2030. Naciones Unidas. https://www.undrr.org/es/publication/  

marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres-2015-2030  

Naciones Unidas (2015). Acuerdo de París. Convención Marco de las Naciones Unidas  

sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/es/paris-agreement  

Gobierno de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2021). Ley 21.364:  

Establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y crea el  

Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Biblioteca del Congreso  

Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1167183  

CongresoNacionaldeChile(2022).Ley21.455:LeyMarcodeCambioClimático.Biblioteca  

del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1170503.  

El análisis comparativo entre la Ley MCC (21.455) y Ley de GRD (21.364) permite  

examinar de manera integrada cómo ambos marcos normativos abordan dimen-  

siones clave de la gobernanza climática y de riesgos. En particular, se profundiza  

en elementos constitutivos de la política, para posteriormente avanzar hacia la  

comparación de conceptos centrales y la identiﬁcación de sinergias potenciales.  

4

5

8

9

SENAPRED (2024). Informe de incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los  

planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Servicio Nacional de Prevención y  

Respuesta ante Desastres.  

FAO, Ministerio del Medio Ambiente y SENAPRED (2025). Integración de la adaptación  

al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. FAO.  

6

7

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) (2021). Informe a las Naciones sobre  

Gobernanza Climática de los Elementos. Universidad de Chile.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Este enfoque hace posible reconocer coincidencias que ofrecen oportunidades  

de coordinación, así como diferencias que, más que obstáculos, constituyen  

desafíos que deben ser abordados para consolidar una política más coherente  

e integrada frente al cambio climático y los desastres.  

Este principio, si se integra a la gestión del riesgo de desastres, puede nutrir y  

fortalecer la interfaz ciencia-política, asegurando por ejemplo que los planes,  

mapas de riesgo y sistemas de alerta temprana de la GRD se diseñen con base  

en proyecciones climáticas robustas y no únicamente en datos históricos.  

En cuanto a la institucionalidad, la Ley 21.364 se organiza en torno al Servicio  

Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y a comités en  

distintos niveles territoriales, mientras que la Ley 21.455 establece una estructura  

más amplia y estratégica, liderada por el Ministerio del Medio Ambiente con  

apoyo de ministerios sectoriales, consejos y comités regionales y locales. Una  

oportunidad importante es que ambos marcos comparten un carácter descentrali-  

zado, lo que podría favorecer la coordinación operativa entre niveles de gobierno;  

sin embargo, persiste el riesgo de duplicidad de funciones y descoordinación  

temporal entre un enfoque inmediato propio de la GRD y uno estratégico de  

largo plazo característico de la acción climática.  

a. Comparación general: objetivos, principios rectores, institucionalidad e  

instrumentos de gestión  

El análisis que sigue se basa en la ﬁgura 1, la cual compara la Ley de GRD (21.364)  

y la Ley MCC (21.455) en torno a cuatro dimensiones centrales: sus objetivos,  

principios rectores, institucionalidad e instrumentos de gestión. Esta compara-  

ción permite reconocer puntos en común que representan oportunidades de  

coordinación, así como diferencias que constituyen desafíos pendientes para  

avanzar hacia una gobernanza climática y de riesgos más integrada y efectiva.  

Un aspecto relevante en la comparación entre ambas leyes radica en el carácter  

de sus objetivos. La Ley 21.364 se orienta hacia un diseño institucional con  

funciones de gestión claramente delimitadas, organizando el sistema de reduc-  

ción del riesgo de desastres mediante la coordinación de entidades públicas  

y privadas en las distintas fases del ciclo del riesgo. En cambio, la Ley 21.455  

plantea un enfoque estratégico y de largo plazo, al establecer la meta de carbo-  

no-neutralidad al 2050 e integrar los compromisos internacionales de Chile en  

mitigación y adaptación. Estas diferencias pueden abrir espacios de comple-  

mentariedad: mientras la GRD aporta una estructura de gestión práctica y de  

aplicación inmediata, la Ley MCC (21.455) entrega una mirada prospectiva que  

orienta las transformaciones estructurales necesarias para enfrentar los desa-  

fíos futuros.  

Finalmente, los instrumentos de gestión de ambas leyes muestran un terreno fértil  

para la coordinación. La GRD se basa en políticas, planes, mapas y sistemas de  

alerta, mientras que la Ley de Cambio Climático incorpora estrategias de largo  

plazo, planes sectoriales y territoriales, así como instrumentos ﬁnancieros y de  

información. Una coincidencia signiﬁcativa es que ambas consideran planes  

sectoriales, regionales y locales, lo que abre la posibilidad de articular una  

planiﬁcación integrada que vincule la reducción del riesgo con la adaptación  

al cambio climático.  

Los principios rectores de ambas leyes también presentan coincidencias y dife-  

rencias que permiten identiﬁcar oportunidades de coordinación. La Ley de GRD  

(21.364) enfatiza principios orientados a asegurar la eﬁcacia en la gestión del  

riesgo, tales como la prevención, la coordinación, la transparencia y la participa-  

ción, junto con el apoyo mutuo y la escalabilidad de capacidades. Por su parte,  

la Ley MCC (21.455) incorpora principios estratégicos y normativos, como el  

cientíﬁco, la costo-efectividad, la progresividad y la urgencia climática, además de  

ejes sustantivos como la equidad, la justicia climática y el enfoque ecosistémico.  

No obstante, estas diferencias, ambas coinciden en resaltar la prevención, la  

transparencia y la participación como bases de una buena gobernanza, lo que  

abre espacios de integración en materia de acceso a la información y fortale-  

cimiento de la participación ciudadana. Un punto especialmente relevante que  

devela esta comparación es el principio cientíﬁco consagrado en la Ley MCC  

(21.455), que obliga a que las medidas de mitigación y adaptación se sustenten  

en la mejor información disponible y en la independencia de la investigación.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Figura I-1. Comparación entre los instrumentos de  

gestión del riesgo de desastres y de cambio climático  

Instrumentos  

Estrategia Climática de Largo  

Planes estratégicos y operativos  

Plazo, Contribución Determinada en todos los niveles territoriales  

a Nivel Nacional (NDC), planes  

(nacional, regional, provincial y  

sectoriales de mitigación y adap- comunal), mapas de amenazas y  

tación, planes de acción regional de riesgo, sistemas de alerta tem-  

Criterio  

Objetivos  

Ley 21.455 (CC)  

Ley 21.364 (GRD)  

Alcanzar y mantener la carbo-  

Crear el Sistema Nacional de  

y comunal, planes estratégicos  

prana, comunicaciones e informa-  

no-neutralidad al 2050 mediante Prevención y Respuesta ante  

de recursos hídricos en cuencas, ción, junto con planes sectoriales  

un desarrollo bajo en emisiones  

de GEI y otros forzantes climáti-  

cos.  

Desastres (SINAPRED), para ga-  

rantizar una gestión adecuada del  

riesgo de desastres mediante la  

articulación de entidades públicas  

y privadas en todos los niveles  

territoriales.  

normas de emisión y certiﬁca-  

dos de reducción, sistemas de  

información y participación como  

la Plataforma de Adaptación Cli-  

mática, junto con instrumentos  

ﬁnancieros como la Estrategia  

Financiera y el Fondo de Protec-  

ción Ambiental.  

y otros instrumentos propuestos  

por SENAPRED.  

Reducir la vulnerabilidad y au-  

mentar la resiliencia frente a los  

efectos adversos del cambio cli-  

mático, cumpliendo los compro-  

misos internacionales de Chile.  

Principios  

Rectores  

Asegurar que las políticas y ac-  

Prevención de riesgos, apoyo  

ciones climáticas sean cientíﬁcas, mutuo entre actores, coordinación  

costo-efectivas, precautorias, pre- en todos los niveles, transparen-  

Fuente: elaboración propia  

ventivas, progresivas y ﬂexibles;  

que integren la conservación de  

cia en la información, participación  

de la sociedad civil, escalabilidad  

ecosistemas, la equidad y justicia de capacidades y oportunidad en  

b. Comparación de enfoques conceptuales  

climática, la no regresión y la  

urgencia climática; y que garan-  

la acción, garantizando así una  

gestión integral, eﬁciente y cola-  

A continuación, tomando como referencia la ﬁgura 2, se comparan los principales  

conceptos presentes en la Ley de GRD (21.364) y en la Ley MCC (21.455), con  

el propósito de identiﬁcar congruencias y divergencias en su deﬁnición y uso.  

Este análisis permite reconocer tanto las bases comunes que pueden facilitar  

la coordinación entre ambas normativas como las diferencias conceptuales que  

constituyen desafíos a abordar para avanzar hacia una gobernanza más integrada.  

ticen territorialidad, participación borativa.  

ciudadana, transparencia, trans-  

versalidad y coherencia entre  

instrumentos de gestión.  

Institucionali- Asigna al Ministerio del Medio  

dad  

Organiza la gestión del riesgo de  

desastres en niveles nacional,  

regional, provincial y comunal  

mediante comités especializa-  

Ambiente la coordinación de  

políticas y planes climáticos; a  

los ministerios sectoriales, la  

Para ordenar la comparación, los conceptos se dividen en dos grupos. Por un  

lado, se encuentran los conceptos base, que describen las condiciones y rela-  

ciones que permiten caracterizar el riesgo —peligro o amenaza, vulnerabilidad,  

riesgo y resiliencia—. Por otro, se ubican los conceptos operativos, vinculados  

a medidas concretas para enfrentarlo, tales como la prevención, la mitigación  

y la adaptación. Esta distinción facilita observar de manera más clara las coin-  

cidencias y diferencias en la forma en que cada normativa entiende y aplica  

dichos conceptos.  

elaboración de planes de mitiga- dos; crea el Servicio Nacional  

ción y adaptación; al Consejo de  

de Prevención y Respuesta ante  

Ministros, la coherencia intersec- Desastres (SENAPRED) como  

torial; al Comité Cientíﬁco Asesor, órgano central; establece instru-  

la entrega de evidencia; y al  

Consejo Nacional, la emisión de  

propuestas. A nivel territorial, las  

SEREMI gestionan en las regio-  

nes, los CORECC coordinan con  

municipios, las municipalidades  

elaboran planes comunales y las  

mesas territoriales fomentan la  

participación local.  

mentos como la Política Nacional  

y los Planes de Gestión; incorpora  

sistemas de alerta, monitoreo e  

información; y contempla la parti-  

cipación de la Defensa Nacional.  

Dentro de los primeros, peligro o amenaza aparece deﬁnido de manera explícita  

en la Ley de GRD (21.364) como fenómenos naturales, biológicos o antrópicos  

que pueden ocasionar daños, mientras que en la Ley MCC (21.455) se utiliza  

de manera implícita, asociado a eventos como sequías o contaminación, lo que  

muestra una congruencia parcial. En cuanto a la vulnerabilidad, ambas normas  

coinciden en describir la susceptibilidad al daño, aunque con énfasis distintos:  

la Ley MCC (21.455) lo vincula a ecosistemas y cambio climático, y la Ley de  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Figura I-2. Comparación entre los marcos conceptuales de  

gestión del riesgo de desastres y de cambio climático  

GRD (21.364) a factores físicos, sociales e institucionales. El concepto de riesgo  

revela una divergencia más marcada: en la Ley MCC (21.455) se entiende como  

las consecuencias adversas para sistemas humanos o ecológicos, mientras que  

en la GRD se asocia más a un proceso de gestión para reducir vulnerabilidades  

y exposición. Finalmente, la resiliencia se presenta con mayor desarrollo en la  

Ley MCC (21.455), al incluir la capacidad de anticipar, adaptarse y transformarse,  

mientras que en la GRD se menciona de forma más acotada, ligada a la prepa-  

ración y la recuperación.  

Concepto  

Peligro /  

Amenaza  

Ley 21.455 (CC)  

Ley 21.364 (GRD)  

No se deﬁne explícitamente  

en el texto, pero se emplea en  

referencia a daños graves o  

irreversibles asociados a fenó-  

Se deﬁne amenaza como un fenó-  

meno de origen natural, biológico  

o antrópico que puede ocasionar  

pérdidas, daños o trastornos a  

menos como sequías, crecidas y las personas, infraestructura,  

En el segundo grupo, la prevención es congruente en ambas leyes, aunque con  

matices: en la Ley MCC (21.455) orientada a prever y evitar los efectos adversos  

del fenómeno, y en la GRD enfocada en atender los factores subyacentes del  

riesgo. La mitigación, en cambio, no es congruente, pues en la Ley MCC (21.455)  

se reﬁere a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras  

que en la GRD apunta a reducir riesgos existentes y evitar nuevos. La adapta-  

ción está deﬁnida de manera robusta en la Ley MCC (21.455) como proceso de  

ajuste frente al clima actual o proyectado, mientras que en la GRD no aparece  

de forma explícita, aunque se puede inferir como parte de las acciones para  

reducir vulnerabilidades.  

contaminación.  

servicios, modos de vida o medio  

ambiente.  

Vulnerabilidad  

Propensión o predisposición a  

Condiciones determinadas por  

ser afectado negativamente por factores o procesos físicos, socia-  

los efectos adversos del cambio les, institucionales, económicos  

climático. Incluye sensibilidad o o ambientales que aumentan la  

susceptibilidad al daño y la falta susceptibilidad de una persona,  

de capacidad de respuesta y  

comunidad, bienes, infraestructu-  

adaptación de los ecosistemas, ras o servicios a los efectos de las  

comunidades, territorios o sec-  

tores.  

amenazas.  

Riesgo  

Consecuencias potencialmente No se deﬁne explícitamente en  

La comparación pone de relieve la necesidad de avanzar hacia un marco concep-  

tual más congruente, ya que las diferencias en la deﬁnición de ciertos términos  

pueden generar problemas en el análisis, la aplicación y la comprensión de  

las políticas públicas. Esto es especialmente relevante para lograr una mayor  

coherencia entre la gestión del riesgo de desastres y la acción climática frente a  

fenómenos extremos y otros impactos asociados al cambio climático. La mayor  

preocupación se concentra en las distintas formas de entender mitigación y  

riesgo, así como en la ausencia de una deﬁnición explícita de adaptación en  

la Ley de GRD (21.364), lo que limita la articulación con el enfoque climático.  

Cabe destacar que estas inconsistencias no son exclusivas del marco norma-  

tivo nacional, sino que responden a la manera en que los conceptos han sido  

desarrollados en el plano internacional, desde donde provienen los referentes  

utilizados por ambas leyes. Por ello, avanzar hacia una mayor claridad y alinea-  

miento conceptual resulta clave para fortalecer la coordinación entre políticas  

y asegurar respuestas más integradas y efectivas.  

adversas para sistemas huma-  

el texto, pero se inﬁere que co-  

nos o ecológicos, reconociendo rresponde a un proceso continuo,  

la diversidad de valores y obje- social, técnico y cientíﬁco que  

tivos asociados con tales siste-  

mas. En el contexto del cambio  

climático, los riesgos pueden  

articula políticas, planes e instru-  

mentos para reducir vulnerabilida-  

des y gestionar la exposición de  

surgir tanto de los impactos po- sistemas y elementos a amenazas.  

tenciales del cambio climático  

como de las respuestas huma-  

nas al mismo.  

Resiliencia  

Prevención  

Capacidad de un sistema o sus No se deﬁne explícitamente, pero  

componentes para anticipar, ab- se menciona en el contexto de fo-  

sorber, adaptarse o recuperarse mentar una cultura de resiliencia.  

de los efectos adversos del  

cambio climático, manteniendo  

su función esencial, conservan-  

do al mismo tiempo la capaci-  

dad de adaptación, aprendizaje  

y transformación.  

Se puede inferir que está relacio-  

nada con acciones de preparación  

y recuperación  

Medidas destinadas a prever y  

evitar los efectos adversos del  

cambio climático, reduciendo  

sus causas y mitigándolas en  

caso de producirse.  

Atender, gestionar y reducir los  

factores subyacentes del riesgo  

de desastres. Se busca elaborar  

modelos de gestión prospectiva  

del riesgo por parte del sector  

público y privado.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

del riesgo e incorporar organizaciones comunitarias en la planiﬁcación. La arti-  

culación de mesas territoriales y COGRID permitiría fortalecer la gobernanza  

local, evitando la fragmentación de la participación de sus agentes y alineando  

acción climática y gestión del riesgo.  

Mitigación  

Adaptación  

Acción, medida o proceso orien- Es la fase del ciclo del riesgo que  

tado a reducir las emisiones de comprende las medidas dirigidas  

gases de efecto invernadero y  

otros forzantes climáticos, res-  

tringir su uso o mejorar el esta-  

do de los sumideros de dichos  

gases, con el ﬁn de limitar los  

efectos adversos del cambio  

climático.  

a reducir los riesgos existentes,  

evitar la generación de nuevos  

riesgos y limitar los impactos ad-  

versos o daños producidos por las  

amenazas.  

En gobernanza multinivel, la Ley MCC (21.455) establece una arquitectura que va  

desde el Consejo de Ministros hasta los Comités Regionales de Cambio Climático  

(CORECC) y las municipalidades, asegurando coherencia con la Estrategia  

Climática de Largo Plazo. La Ley de GRD (21.364), en tanto, crea comités nacio-  

nales, regionales, provinciales y comunales, con responsabilidad en todo el ciclo  

del riesgo y con un fuerte énfasis en la coordinación intersectorial. La sinergia  

aquí se encuentra en la posibilidad de coordinar estas estructuras, de modo que  

los órganos nacionales deﬁnan lineamientos comunes, los espacios regionales  

alineen la planiﬁcación climática y de riesgo, y los gobiernos locales articulen  

la implementación conjunta de ambas normativas.  

Acción, medida o proceso de  

ajuste al clima actual o pro-  

yectado o a sus efectos en  

sistemas humanos o naturales,  

con el ﬁn de moderar o evitar  

los daños, reducir la vulnerabi-  

lidad, aumentar la resiliencia o  

aprovechar las oportunidades  

beneﬁciosas.  

No se deﬁne explícitamente en  

el documento. Sin embargo, se  

puede inferir que está relacionada  

con las acciones para ajustar las  

capacidades y reducir vulnerabili-  

dades frente a amenazas.  

En el ámbito de ciencia y evidencia, la Ley MCC (21.455) prioriza la toma de  

decisiones basadas en la mejor información disponible, con respaldo del Comité  

Cientíﬁco Asesor, el Repositorio Cientíﬁco y el Sistema Nacional de Inventarios  

de GEI. La Ley de GRD (21.364), por su parte, enfatiza la combinación de datos  

cientíﬁcos y conocimiento tradicional para comprender los riesgos y promueve  

la investigación y los sistemas de alerta temprana. Aquí la sinergia reside en la  

integración de información climática global y de largo plazo con la información  

territorial generada para la GRD, lo que permitiría diseñar sistemas de gestión  

más anticipatorios, pertinentes y contextualmente adecuados.  

Fuente: elaboración propia  

La identiﬁcación de potenciales espacios de sinergia entre la Ley MCC (21.455)  

y la Ley de GRD (21.364) es fundamental para avanzar hacia una gobernanza  

más integrada. Si bien ambas normativas responden a lógicas distintas —una  

orientada a la transformación de largo plazo y la otra a la organización institu-  

cional del ciclo del riesgo—, su interacción abre oportunidades de coordinación  

en dimensiones clave como la planiﬁcación territorial, la gobernanza local, la  

gobernanza multinivel, la ciencia y la evidencia, y los instrumentos ﬁnancieros.  

Reconocer estas intersecciones permite no solo evitar duplicidades y mejorar  

la eﬁciencia institucional, sino también potenciar respuestas más coherentes y  

articuladas frente a los desafíos que plantean el cambio climático y los desastres.  

Finalmente, en instrumentos ﬁnancieros, la Ley MCC (21.455) crea la Estrategia  

Financiera y el Fondo de Protección Ambiental para orientar las inversiones  

públicas y privadas hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia. La Ley de GRD  

(21.364) establece el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres para ﬁnan-  

ciar instrumentos en todas las fases del ciclo, con recursos públicos, de leyes  

especiales y de cooperación internacional. La sinergia potencial está en articular  

ambos mecanismos de ﬁnanciamiento, destinando recursos a fortalecer acciones  

preventivas y adaptativas, y asegurar un uso más eﬁciente de los fondos en  

beneﬁcio de la resiliencia territorial.  

En planiﬁcación territorial, ambas normativas establecen obligaciones especí-  

ﬁcas: la Ley MCC (21.455) exige compatibilizar los instrumentos de ordenamiento  

territorial con la gestión de riesgos e integrar información de la Plataforma de  

Adaptación Climática, mientras que la Ley de GRD (21.364) dispone la elaboración  

de Mapas de Amenaza y de Riesgo como insumos para identiﬁcar áreas vulne-  

rables. La sinergia radica en la posibilidad de integración de criterios climáticos  

de largo plazo en los planes territoriales de GRD, lo que evitaría duplicidades  

y mejoraría la coherencia entre ambos instrumentos.  

c. Ámbitos de articulación entre la acción climática y la gestión de riesgos  

En conjunto, la ﬁgura 3 muestra que, aunque los marcos normativos nacen de  

lógicas distintas, existe un amplio espacio para la coordinación, siempre que  

se establezcan mecanismos claros que alineen los instrumentos sectoriales,  

territoriales y ﬁnancieros, bajo una visión compartida de resiliencia frente al  

cambio climático y los desastres.  

En materia de gobernanza local, la Ley MCC (21.455) reconoce el rol de las  

municipalidades y de las mesas territoriales de acción por el clima en la imple-  

mentación de medidas y en la participación comunitaria, mientras que la Ley de  

GRD (21.364) crea los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID)  

en distintos niveles, con competencias para coordinar todas las fases del ciclo  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Figura I-3. Sinergias potenciales entre la Ley Marco de  

Cambio Climático y la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres  

Ciencia y  

evidencia  

Prioriza la toma de  

Destaca el uso de datos Integración del co-  

decisiones basada en cientíﬁcos y conocimien- nocimiento climático  

la mejor información  

cientíﬁca disponi-  

ble. Crea el Comité  

Cientíﬁco Asesor, el  

to tradicional para com-  

prender el riesgo. Pro-  

de largo plazo con la  

información territorial y  

Ámbito  

Ley 21.455 (CC)  

Ley 21.364 (GRD)  

Sinergia potencial  

mueve la investigación y de alerta temprana de  

el desarrollo de sistemas la GRD.  

Planiﬁcación Señala que los instru- Establece que la plani-  

Integración de criterios  

climáticos de largo  

territorial  

mentos de ordena-  

ﬁcación territorial debe  

Repositorio Cientíﬁco de alerta temprana como  

miento y planiﬁcación incorporar Mapas de  

plazo en los planes  

territoriales de GRD,  

alineando información  

de Cambio Climático  

y el Sistema Nacional  

de Inventarios de GEI  

para orientar las políti-  

cas públicas.  

base de la GRD.  

territorial deben ser  

compatibles con la  

Amenaza y Mapas de  

Riesgo para identiﬁcar  

gestión de riesgos de áreas vulnerables y apo- climática y de riesgo  

desastres y considerar yar la gestión del riesgo. evitando duplicidades  

la información de la  

Plataforma de Adapta-  

ción Climática.  

y mejorando la cohe-  

rencia territorial.  

Instrumentos Establece la Estra-  

ﬁnancieros tegia Financiera de  

Crea el Programa de  

Gestión del Riesgo de  

Articulación de la ﬁ-  

nanciación climática y  

de la GRD para forta-  

Cambio Climático para Desastres, que ﬁnancia  

orientar inversiones  

públicas y privadas  

los instrumentos de ges- lecer acciones preven-  

tión en todas las fases  

Gobernanza  

local  

Reconoce a las mu-  

nicipalidades y a las  

Crea los COGRID (Co-  

mités de Gestión del  

Articulación de mesas  

territoriales y CO-  

tivas y adaptativas, y  

optimizar el uso de los  

hacia la resiliencia y la del ciclo del riesgo, con  

mesas territoriales de Riesgo de Desastres)  

GRID como instancias  

carbono-neutralidad.  

Incluye mecanismos  

de ﬁnanciamiento,  

gestión de riesgos  

climáticos en el sector  

ﬁnanciero y el Fondo  

de Protección Am-  

biental para proyectos  

de adaptación y miti-  

gación.  

recursos del presupues- recursos en beneﬁcio  

acción por el clima  

como instancias cla-  

ve para implementar  

medidas locales y  

en distintos niveles, que complementarias de  

to público, leyes espe-  

ciales y cooperación  

nacional e internacional.  

de la resiliencia terri-  

torial.  

coordinan acciones en  

todas las fases del ciclo  

del riesgo. Se prevé la  

participación de organi-  

gobernanza local, ali-  

neando acción climáti-  

ca y gestión del riesgo.  

asegurar la participa-  

ción comunitaria en la zaciones comunitarias en  

planiﬁcación climática. la elaboración de planes  

e instrumentos.  

Gobernanza  

multinivel  

Establece una estruc- Establece una estructura Coordinación de es-  

tura de gobernanza  

que incluye órganos  

escalonada con comités tructuras de gobernan-  

Fuente: elaboración propia  

nacionales, regionales,  

za climática y de GRD  

para establecer linea-  

mientos comunes a ni-  

vel nacional, alinear la  

planiﬁcación regional y  

nacionales, regionales provinciales y comuna-  

y locales: el Consejo  

de Ministros para la  

Sustentabilidad y el  

les, responsables de  

coordinar acciones en  

todas las fases del ciclo  

En conjunto, el análisis muestra que, aunque ambas leyes responden a lógicas  

distintas, existen amplios espacios de convergencia que pueden aprovecharse.  

La coordinación en planiﬁcación territorial, la articulación de estructuras de  

gobernanza local y multinivel, el fortalecimiento de la interfaz ciencia-política y  

la integración de instrumentos ﬁnancieros emergen como áreas prioritarias para  

avanzar hacia una gobernanza más integrada, eﬁciente y anticipatoria. La clave  

está en desarrollar mecanismos que eviten duplicidades, alineen los marcos  

conceptuales y aprovechen las complementariedades, con el ﬁn de fortalecer  

la resiliencia del país frente a desastres y a los impactos de un clima cambiante.  

Cambio Climático, los del riesgo y de fomentar articular la implemen-  

CORECC y las munici- la coordinación intersec- tación de ambas leyes  

palidades, que deben torial.  

coordinarse en cohe-  

rencia con la Estrate-  

gia Climática de Largo  

Plazo.  

de manera integrada.  

2. RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA  

El análisis comparativo de la Ley MCC (21.455) y Ley de GRD (21.364) evidencia  

oportunidades concretas para mejorar la coordinación entre ambas normativas.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

A partir de las coincidencias detectadas y de las diferencias que aún constituyen  

desafíos, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer  

la gobernanza climática y de riesgos en Chile.  

5. Articular instrumentos ﬁnancieros climáticos y de GRD  

Se recomienda avanzar hacia una mayor coordinación entre la Estrategia  

Financiera de Cambio Climático y el Programa de Gestión del Riesgo  

de Desastres. La articulación de ambos instrumentos permitiría orientar  

recursos hacia acciones conjuntas de prevención y adaptación, optimizar  

el uso de fondos y alinear inversiones sostenibles con la reducción del  

riesgo. Con ello, se generaría un marco más eﬁciente para construir resi  

liencia territorial a largo plazo.  

1. Alinear la planiﬁcación territorial con criterios climáticos y de riesgo  

La planiﬁcación territorial debe convertirse en un punto de encuentro  

entre ambas leyes. Para ello, es clave que los instrumentos de ordena-  

miento incorporen simultáneamente los mapas de amenazas y de riesgo  

desarrollados en la GRD y la información climática de largo plazo de la  

Plataforma de Adaptación Climática. Esto permitirá evitar duplicidades y  

asegurar una coherencia territorial que fortalezca la resiliencia frente a  

fenómenos extremos y procesos de cambio ambiental.  

-

6. Avanzar hacia un marco conceptual congruente y alineado con referentes  

internacionales  

El análisis muestra diferencias en la deﬁnición de conceptos clave como  

riesgo, mitigación y adaptación, así como la ausencia de esto en la Ley  

de GRD (21.364). Estas divergencias pueden diﬁcultar la comprensión,  

aplicación y articulación entre normativas, generando inconsistencias en  

la acción pública. Dado que tales conceptos provienen en gran medida  

de marcos internacionales —como el Acuerdo de París y el Marco de  

SENDAI—, es necesario impulsar un esfuerzo de armonización conceptual  

que asegure coherencia en la implementación nacional. Esto no implica  

homogeneizar, sino clariﬁcar y alinear las deﬁniciones para fortalecer la  

coordinación intersectorial, facilitar la evaluación de políticas y garantizar  

una mayor efectividad en la integración entre gestión del riesgo y acción  

climática.  

2. Fortalecer la articulación entre mesas territoriales y COGRID  

Se recomienda establecer mecanismos de coordinación formal entre las  

mesas territoriales de acción climática (Ley de CC) y los COGRID (Ley de  

GRD). Su integración permitiría consolidar instancias complementarias de  

gobernanza local, evitando la fragmentación participativa y asegurando  

que las comunidades sean parte activa tanto de los planes de adaptación  

como de las estrategias de prevención y respuesta ante desastres.  

3. Consolidar una gobernanza multinivel integrada  

Es necesario coordinar de manera más estrecha el trabajo del Consejo  

de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, los CORECC,  

el SENAPRED y los COGRID. La complementariedad de estas estruc-  

turas puede permitir que los órganos nacionales deﬁnan lineamientos  

comunes, que los espacios regionales articulen la planiﬁcación climática y  

de riesgo, y que los gobiernos locales implementen medidas coherentes  

en el territorio.  

CONCLUSIONES  

El análisis realizado muestra la necesidad de avanzar hacia una mejor articula-  

ción entre la acción climática y la gestión del riesgo de desastres en Chile. La  

coexistencia de marcos normativos robustos pero desarticulados puede generar  

duplicidades, inconsistencias conceptuales y diﬁcultades para coordinar polí-  

ticas, planes e instrumentos en los distintos niveles de gobierno. Esta situación  

podría reducir la efectividad de las medidas frente a fenómenos extremos y  

limitar la capacidad del país para responder de manera integrada a los impactos  

del cambio climático.  

4. Fortalecer la interfaz ciencia-política en la GRD  

Un desafío central es integrar el principio cientíﬁco de la Ley MCC (21.455)  

en la GRD. Esto implica que los planes, mapas de riesgo y sistemas  

de alerta temprana se diseñen considerando proyecciones climáticas  

robustas. Avanzar en esta dirección reforzará la anticipación y la perti-  

nencia de las decisiones frente a amenazas crecientes y fenómenos de  

carácter extremo.  

Al mismo tiempo, la comparación entre la Ley Marco de Cambio Climático (21.455)  

y la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres (21.364) sugiere que existen amplias  

oportunidades de sinergia. Una mayor alineación de la planiﬁcación territorial, la  

articulación de instancias de gobernanza local y multinivel, la incorporación de  

la evidencia cientíﬁca en la GRD, la coordinación de los instrumentos ﬁnancieros  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

y la armonización de los marcos conceptuales podrían contribuir a mejorar la  

eﬁciencia institucional y a fortalecer la resiliencia del país.  

REFERENCIAS  

En este sentido, la adopción de las recomendaciones planteadas puede repre-  

sentar un paso relevante hacia una gobernanza climática y de riesgos más  

coherente, anticipatoria y efectiva. En un contexto de creciente exposición a  

amenazas socio-naturales y de compromisos internacionales exigentes, avanzar  

en esta integración permitiría contribuir a evitar duplicidades, mejorar la eﬁciencia  

institucional y fortalecer la resiliencia del país frente a los impactos del cambio  

climático y los desastres.  

Congreso Nacional de Chile (2022). Ley 21.455: Ley Marco de Cambio Climático.  

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/  

navegar?idNorma=1170503.  

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) (2021). Universidad de Chile.  

FAO, Ministerio del Medio Ambiente y SENAPRED (2025). Integración de la  

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Garreaud, R., Boisier, J. P., Rondanelli, R., Montecinos, A., Sepúlveda, H., & Veloso-  

Aguila, D. (2017). “The 2010–2015 mega drought in central Chile: Impacts on  

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Gobierno de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2021). Ley 21.364:  

Establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres  

y crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.  

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/  

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Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2022). Climate Change 2022:  

Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the  

Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.  

Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009325844  

Naciones Unidas (2015). Acuerdo de París. Convención Marco de las Naciones  

Unidas sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/es/paris-agreement  

Organización de las Naciones Unidas (2015). Marco de Sendai para la Reducción  

del Riesgo de Desastres 2015–2030. Naciones Unidas. https://www.undrr.org/es/  

publication/marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres-2015-2030  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2016).  

Estudio de Desempeño Ambiental: Chile 2016. OCDE Publishing. DOI: https://  

doi.org/10.1787/9789264265581-es.  

SENAPRED (2024). Informe de incorporación de la gestión del riesgo de desas-  

tres en los planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Servicio  

Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

3. DESARROLLO TERRITORIAL CON EQUIDAD PARA CHILE:  

CONCEPTOS Y PROPUESTAS  

Antonieta Urquieta Álvarez  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0999-4983  

antonieta.urquieta@uchile.cl  

Johanna Madrigal Calderón  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0648-8217  

johanna.madrigal@uchile.cl  

Valentina Abhufele Milad  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-1824-464X  

valentina.abufele@uchile.cl  

Hugo Cadenas Ramos  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-2499-2430  

hcadenas@uchile.cl  

Jorge Larenas Salas  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-9627-035X  

jlarenas@uchilefau.cl  

Luis Campos Medina  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-5157-4974  

luiscampos@uchilefau.cl  

Mariela Gaete Reyes  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-4948-5200  

m.gaetereyes@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Rebeca Silva Roquefort  

que organiza oportunidades, distribuye recursos y establece mecanismos tanto  

de integración como de exclusión¹². De ahí surgen preguntas fundamentales:  

¿Cómo se expresan las desigualdades a nivel territorial? ¿De qué manera la  

implementación territorial de políticas públicas contribuye a la reproducción de  

injusticias y en qué medida logra revertirlas?, y ¿qué modelos de gobernanza  

son capaces de gestionar las transiciones territoriales en contextos de múltiples  

crisis o policrisis?  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-1733-4168  

bekysilva@uchile.cl  

Marco Billi  

Facultad de Ciencias Agronómicas,  

Universidad de Chile  

Desde esta línea de innovación, proponemos abordar el desafío de procurar  

mayor justicia social en los territorios a través de tres ámbitos principales:  

a) el estudio de las desigualdades y los desafíos de la equidad territorial; b) la  

discusión sobre los modos de implementar políticas públicas en los territorios de  

manera efectiva y pertinente y; c) la discusión sobre los modelos de gobernanza  

de las transiciones territoriales en contextos de policrisis.  

https://orcid.org/0000-0003-3161-6468  

marcobilli@uchile.cl  

Cecilia Osorio Gonnet  

Facultad de Gobierno,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-5515-2373  

Respecto al primer ámbito, el estudio de las desigualdades y los desafíos  

de la equidad territorial, el reconocimiento de las dinámicas paradojales de  

inclusión y exclusión en los territorios, permite la identiﬁcación de mecanismos  

estructurales de desigualdad¹³. Es así como en territorios de extrema comple-  

jidad social, como los campamentos, conviven la precariedad habitacional, el  

déﬁcit de servicios básicos, la informalidad laboral y la discriminación por origen  

o clase¹⁴. Estos factores no operan de manera aislada, sino que se refuerzan  

mutuamente, creando geografías de oportunidades limitadas y trayectorias vitales  

marcadas por la exclusión. Del mismo modo, en barrios críticos, la inseguridad  

y la baja oferta de equipamientos públicos profundizan estas brechas, mientras  

ceciliaosorio@uchile.cl  

Rodrigo Jiliberto Herrera  

Facultad de Gobierno,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-7336-8223  

rodrigo.jiliberto@uchile.cl  

Las desigualdades que atraviesan a la sociedad chilena no son únicamente  

sociales o económicas: son, ante todo, territoriales¹⁰. La segregación urbana, la  

concentración de actividades extractivas, las brechas en el acceso a servicios  

básicos y la exposición diferencialmente distribuida de riesgos socioambientales  

evidencian la necesidad de asumir la consideración territorial como clave para  

avanzar en justicia social.  

12 Urquieta Álvarez, M. A. (2019). “Territorios de exclusión Observando dinámicas de inclu-  

sión/exclusión en sistemas territoriales complejos del Gran Santiago”. TS Cuadernos De  

Trabajo Social, 18.  

13 Mascareño, A. (2014). Diferenciación, inclusión/exclusión y cohesión en la sociedad mo-  

derna. Revista del Centro de Investigación Social de un Techo para Chile, 17, 8-25.  

La tradición de la justicia social ha estado asociada a la igualdad de derechos y a  

la inclusión política¹¹. Sin embargo, en sociedades altamente diferenciadas como  

la chilena, estos enfoques resultan insuﬁcientes si no se considera la dimensión  

territorial en que las desigualdades se producen y se reproducen. El territorio no  

puede concebirse como un escenario pasivo, sino como un entramado dinámico  

Valenzuela, F. y Ruiz-Tagle, J. (2023). “Asentamientos populares en América Latina: tra-  

yectorias de investigación y conceptualizaciones contemporáneas para un objeto de es-  

tudio complejo”. En: A. Núñez, C. Matus, E. Mosso & E. Zenteno (Coords.). Asentamientos  

Populares en América Latina. Formas contemporáneas de luchar, habitar y resistir (Págs.  

25-48). Santiago: RIL Editores; Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC.  

Silva-Roquefort, R., Gaete-Reyes, M. y Campos-Medina, L. (2019). “Inclusividad y arqui-  

tectura: Perspectivas actuales sobre una relación incipiente [Inclusivity and architectu-  

re: Current perspectives about a nascent relationship]”. AUS, 25, 62-67. DOI: https://doi.  

org/10.4206/aus.2019.n25-10  

10 Urquieta Álvarez, M. A. (2019). “Territorios de exclusión Observando dinámicas de inclu-  

sión/exclusión en sistemas territoriales complejos del Gran Santiago”. TS Cuadernos De  

Trabajo Social, 18.  

14 Jirón Martínez, P. y Gómez León, J. (2018). “Interdependencia, cuidado y género desde las  

estrategias de movilidad en la ciudad de Santiago”. Tempo Social: Revista de Sociología  

da USP, 30(2), 55-72. DOI: https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2018.142245  

11  

Cadenas, H. (2016). “Desigualdad social y teoría de sistemas: La importancia de los me-  

dios”. Economía y Política, 3(1), 41–69. DOI: https://doi.org/10.15691/07194714.2016.002  

Cadenas, H. (2012). “La desigualdad de la sociedad. Diferenciación y desigualdad en la  

sociedad moderna”. Persona y Sociedad, 26(2), 51-77. DOI: https://doi.org/10.53689/pys.  

v26i2.16  

Abufele, V. (2019). “La política de la pobreza y el gobierno de los asentamientos informa-  

les en Chile”. EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales, 45(135), 49-69. DOI: https://  

doi.org/10.4067/S0250-71612019000200049  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

que en comunas rurales rezagadas la falta de conectividad y la concentración  

de actividades extractivas restringen las opciones de desarrollo.  

Frente a este panorama, la línea de Desarrollo Territorial con Equidad ofrece  

marcos conceptuales y metodológicos para observar e intervenir estos asuntos  

con perspectiva de complejidad y justicia territorial. En esta perspectiva se arti-  

culan tres propuestas principales. La primera apunta a reconocer la complejidad  

social y los efectos acumulativos de múltiples desigualdades que se presentan  

internacionalmente en los territorios. Esto implica observar elementos econó-  

micos, sociales, culturales y ambientales, para comprender cómo se conﬁguran  

paradojalmente entramados de inclusión/exclusión que no pueden abordarse  

con efectividad desde un único sector o actor.  

El segundo ámbito corresponde a la implementación efectiva y pertinente  

de políticas públicas en los territorios¹⁵. Sobre ello es posible aﬁrmar que en  

dichas políticas persiste un fuerte punto ciego en relación a la consideración  

de los contextos territoriales en que se implementan¹⁶. Esta omisión redunda  

en intervenciones poco pertinentes, con escasos niveles de coordinación y  

bajo potencial de efectividad¹⁷. A ello se suma la falta de consideración de la  

dimensión temporal de las intervenciones, lo que afecta la observación de las  

trayectorias y entramados de intervención que se intersectan en los territorios,  

improbabilizando su acoplamiento¹⁸.  

Los avances disponibles en este punto dicen relación con instrumentos para  

observar dinámicas de inclusión/exclusión, lo que permite identiﬁcar cuatro  

tipologías territoriales en función de una matriz de disponibilidad y riesgo, tal  

como se aprecia en la ﬁgura I-4:  

El tercer ámbito dice relación con las brechas de gobernanza. Los territorios  

enfrentan transiciones de diversos tipos que redundan en crisis recurrentes,  

como la escasez de agua, la presión sobre el suelo o la transición energética, sin  

contar con estructuras de gobernanza que les permitan gestionarlas de manera  

inclusiva y adaptativa. La concentración de poder en actores centrales, la débil  

coordinación entre niveles de gobierno y la baja capacidad de articulación con  

las diversas organizaciones sociales presentes en los territorios diﬁcultan la cons-  

trucción de soluciones sostenibles. Así, las decisiones sobre el uso de recursos  

naturales o la deﬁnición de proyectos de desarrollo suelen responder a intereses  

externos antes que a las prioridades de los propios territorios, reproduciendo  

dinámicas de exclusión y generando resistencias que elevan el potencial de  

conﬂictividad social¹⁹.  

Figura I-4. Matriz de disponibilidad y riesgo  

15 Urquieta, M. A. y López, N. (en prensa). “Enfoque de derechos y complejidad territorial:  

Apuntes críticos sobre una relación pendiente”. En: T. Matus, C. Mariñez, E. Vilches y P.  

Rojas (Coords.). Innovar desde la falla: Sistema de alerta temprana para una gestión  

efectiva. Universidad de Chile.  

16 Víquez Ramírez, M. (2019). El desafío de la coordinación de la intervención social muni-  

cipal en sistemas territoriales de alta complejidad: el caso de la intervención social del  

municipio de Maipú en la Villa San Luis. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/182345  

17 Larenas Salas, J., Fuster Farfán, X. y Gómez León, J. (2018). “Vidas cotidianas interveni-  

das: Cuando el Estado irrumpe en el territorio. El caso de la población La Legua, Santiago  

de Chile”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 22(584).  

DOI: https://doi.org/10.1344/sn2018.22.19331  

18 Matus Sepúlveda, T., Andrade Muñoz, M. y Fuenzalida Aguirre, J. (en prensa). “Quebrando  

el tiempo: Trayectorias y fallas sistémicas”. En: T. Matus, C. Mariñez, E. Vilches y P. Rojas  

(Orgs.). Índice multidimensional de efectividad. Universidad de Chile.  

19 Campos, L., Suazo, V. y Cárdenas, A. (2018). “Aceleración, desplazamiento, relega-  

ción. Aportes para comprender el capitalismo chileno posdesastre”. Bitácora Urbano  

Territorial. 28 (2): 45-52.  

Fuente: Urquieta Álvarez, M. A. (2019). “Territorios de exclusión:  

Observando dinámicas de inclusión/exclusión en sistemas territoriales  

complejos del Gran Santiago”. TS Cuadernos de Trabajo Social, 18, 42-70.  

Campos, L., Suazo, V. y Cárdenas, A. (2021). “Experiencias de relegación urbana post-de-  

sastre. El caso de los damniﬁcados del gran incendio de Valparaíso 2014”. Revista Cuhso,  

31(2), 126–150.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Las distinciones ofrecidas a través de estas categorías permiten orientar inter-  

venciones de diversa escala que acoplen de manera más efectiva el aumento de  

disponibilidad de bienes, servicios y equipamientos de calidad con la capacidad  

efectiva de acceso de quienes habitan en dichos territorios. En este sentido,  

es posible evidenciar que la sola disponibilidad de alternativas no garantiza el  

acceso a las mismas.  

a intervenir. Para ello disponemos de una Matriz de Complejidad (ver ﬁgura  

5) que a través de 5 dimensiones sitúa a los territorios en una gradiente de  

cinco niveles de baja a extrema complejidad. Las dimensiones consideradas  

son: seguridad del entorno; disponibilidad de bienes, servicios y equipamiento;  

organización social; gestión de la diferencia; y oferta programática.  

La segunda propuesta consiste en avanzar hacia la conﬁguración de sistemas de  

intervención de fundamentos interdisciplinarios y transdisciplinarios²⁰. Superar  

las miradas exclusivamente disciplinares y/o sectoriales es indispensable para  

observar complejidad y diseñar intervenciones pertinentes²¹. La interdisciplina  

permite combinar saberes provenientes de las ciencias sociales, económicas,  

ambientales y de la salud, mientras que la transdisciplina abre espacios de  

co-producción de conocimiento e intervenciones con actores territoriales, reco-  

nociendo que las comunidades poseen saberes relevantes para el diseño de  

abordajes sostenibles²². Estos enfoques enriquecen tanto la comprensión de  

los problemas como la construcción de respuestas contextualizadas. Para ello  

resulta igualmente indispensable desarrollar nuevas metodologías de mode-  

lación que, con solidez epistemológica, asuman la responsabilidad de reducir  

la complejidad inherente a los ejercicios interdisciplinares, transformándola en  

conocimiento útil para la toma de decisiones de política pública²³.  

En respuesta a lo anterior, la condición de base para un sistema de esta natura-  

leza, es observar las condiciones de complejidad que caracterizan a los territorios  

20 Billi, M., Allendes, A., Jiliberto, R., Ramos-Jiliberto, R., Salinas, B. & Urquiza, A. (2024).  

“Systemic modeling strategies in public policy: An appraisal from literature”. Environmental  

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Jiliberto, R. (2022). Giro estructural a la política pública en medio ambiente: Políticas  

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21 Bustos, M. y Campos, L. (Eds.) (2025). Reﬂexiones en torno a la regeneración de barrios  

en América Latina. Local Ediciones.  

22 Urquieta, A., Labraña, J. y Salinas, A. (2021). “La improbabilidad de la transformación so-  

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Jiliberto, R., Ramos-Jiliberto, R., Castillo, E., Allendes, A., Orellana, F., Billi, M. & Ramírez, M.  

(2024). “Modelling and scenario analysis of social management for adaptation to climate  

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23 Jiliberto, R.  

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sustentabilidad de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). Centro de Sistemas  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Una vez conocidas la o las dimensiones más críticas en cada territorio, resulta  

fundamental generar un ecosistema que integre acopladamente las ofertas  

de intervención disponibles en el territorio y que permitan abordajes más inte-  

grales y de mejor potencial de efectividad²⁴. Para ello es necesario “gestionar  

la coordinación” en torno a un propósito común o metacódigo25 y para ello  

hemos diseñado un conjunto de dispositivos metodológicos para probabilizar  

dicho acoplamiento sistémico organizacional en torno a objetivos de interven-  

ción pertinentes y situados.  

Figura I-5. Matriz de Complejidad  

Deﬁnición  

Dimensión  

Seguridad del entorno  

Se reﬁere a la exposición del campamento a riesgos  

ambientales, sanitarios, sociales y de desalojo. Evalúa el  

nivel estabilidad y protección en el entorno.  

Componentes clave: Riesgos medioambientales (quebra-  

das, ríos, zonas contaminadas), insalubridad (microbasu-  

rales, aguas servidas expuestas), violencia en el entorno  

(delincuencia, conﬂictos vecinales), riesgo de desalojo.  

Un tipo de intervención como la descrita, requiere observar la dinámica de  

interacción entre las diversas ofertas programáticas con el ﬁn de reconocer el  

nivel de acoplamiento funcional que entre ellas se produce. Ello con el objeto de  

identiﬁcar potenciales niveles de saturación programática que no sólo tienen  

escaso potencial de efectividad, sino que tienden a profundizar las condiciones  

de complejidad del territorio (ver ﬁgura 6).  

Disponibilidad de  

bienes, servicios y  

equipamiento (BSE)  

Hace referencia a la disponibilidad y calidad de los servi-  

cios básicos, infraestructura comunitaria y acceso a bie-  

nes esenciales dentro del asentamiento.  

Componentes clave: Acceso a agua potable, electricidad  

y saneamiento; equipamiento comunitario (plazas, sedes  

sociales, centros de salud); vialidad y conectividad (acce-  

sibilidad, transporte público); provisión de bienes esen-  

ciales (comercio, farmacias, alimentos).  

Figura I-6. Matriz de saturación programática  

Organización social  

Evalúa la capacidad de la comunidad para organizarse,  

gestionar recursos y resolver problemáticas colectivas  

mediante redes internas de cooperación.  

Componentes clave: Liderazgo comunitario (junta de  

vecinos, comités de vivienda), participación comunitaria,  

autogestión, redes de apoyo externo (municipios, ONG,  

entidades estatales).  

Gestión de la diferencia  

Mide la diversidad sociocultural dentro del campamento  

y la capacidad de la comunidad para manejar diferencias  

mediante mecanismos de resolución dialogada y pacíﬁca.  

Componentes clave: Diversidad sociocultural, mecanis-  

mos de resolución de conﬂictos, estrategias de inclusión  

social, cohesión comunitaria.  

Oferta programática  

Se reﬁere a la disponibilidad de programas de apoyo,  

intervención estatal y acceso a políticas públicas que  

beneﬁcien a la comunidad.  

Fuente: Urquieta, A. (En prensa). Intervención en territorios de alta complejidad: Dinámicas  

de saturación por densidad programática y déﬁcit de coordinación sistémica. OSF.  

Componentes clave: Presencia de programas habita-  

cionales, sociales, educativos y de salud; estabilidad y  

pertinencia de la oferta programática; articulación entre  

comunidad y Estado.  

24 Madrigal Calderón, J. (2010). “Del control a la coordinación: la intervención social como  

oferta”. Revista de Trabajo Social, 79, 35-48. https://revistatrabajosocial.uc.cl/index.php/  

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25 Salinas Fuentealba, S., Urquieta Álvarez, A. y Labraña, J. (2021). Coordinación organiza-  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

I. CAMBIO CLIMáTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

En este sentido, se vuelve imprescindible contar con criterios analíticos y disposi-  

tivos metodológicos que permitan distinguir entre intervenciones complementa-  

rias y aquellas que operan en redundancia, generando fricciones, solapamientos  

o incluso contradicciones. Además, la saturación programática no es un fenómeno  

neutro: puede erosionar la legitimidad de la acción pública, debilitar la conﬁanza  

de las comunidades en las instituciones y aumentar la conﬂictividad local, lo que  

evidencia que la coordinación y el acoplamiento no son solo asuntos técnicos,  

sino también políticos y de gobernanza territorial.  

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La tercera propuesta subraya la necesidad de promover modelos de gober-  

nanza policéntricos y adaptativos en contextos de policrisis²⁶. La experiencia  

muestra que las crisis y transiciones no pueden gestionarse desde estructuras  

jerárquicas rígidas, sino que requieren arreglos ﬂexibles, capaces de articular  

actores diversos, distribuir poder de decisión y procesar conﬂictos en un marco  

de legitimidad democrática. Esto supone diseñar mecanismos de gobernanza  

que no solo coordinen a instituciones estatales en distintos niveles, sino que  

también incorporen a comunidades locales, organizaciones sociales y actores  

privados, generando espacios de deliberación donde sea posible conciliar  

intereses y fortalecer la resiliencia territorial.  

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En este marco, nos encontramos en etapa de maduración tecnológica de un  

conjunto de indicadores que permitan monitorear umbrales de irritabilidad  

territorial y saturación programática en zonas donde se emplazan industrias  

extractivas a través del diseño de estaciones de monitoreo de transiciones terri-  

toriales sostenibles. Este dispositivo de observación permitirá entonces capturar  

de mejor forma la complejidad de la interfaz industria/sociedad, discutiendo a  

partir de ello, propuestas e innovaciones en las formas de relacionamiento y  

gobernanza adaptativa en dichas interacciones.  

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Las implicancias para la política pública del quehacer de esta línea son directas.  

Avanzar hacia un desarrollo territorial con equidad requiere construir repertorios  

conceptuales y metodológicos acordes a la complejidad de los fenómenos que  

enfrentamos. Para ello proponemos que agregar la dimensión territorial, como  

una categoría con un elevado rendimiento analítico, resulta fundamental para  

construir políticas públicas más pertinentes, inclusivas y transformadoras²⁷. En un  

contexto de crisis múltiples y transiciones aceleradas, avanzar hacia un desarrollo  

territorial con equidad no es solo una tarea académica: constituye una condición  

necesaria para avanzar en justicia social, legitimidad democrática y sostenibilidad.  

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II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

La desigualdad en América Latina y particularmente en Chile, se ha consolidado  

como un rasgo estructural que condiciona profundamente las oportunidades  

de vida de amplios sectores de la población. A pesar de los avances logrados  

en la reducción de la pobreza monetaria, persisten brechas signiﬁcativas en el  

acceso a educación, salud, vivienda y trabajo digno, así como en la participación  

efectiva en los procesos sociales y políticos. Estas desigualdades no se limitan  

a la distribución de ingresos, sino que se maniﬁestan en la exclusión estructural  

de numerosos grupos del bienestar, del conocimiento y de la capacidad de  

decisión en la esfera pública. La pobreza, por tanto, debe entenderse como un  

fenómeno multidimensional, donde interactúan factores económicos, sociales,  

culturales y territoriales que reproducen patrones de inequidad a lo largo del  

tiempo.  

Los enfoques tradicionales de política social han mostrado limitaciones para  

capturar esta complejidad. La segmentación institucional, la fragmentación de  

los programas y la ausencia de instrumentos de evaluación que consideren  

múltiples dimensiones impiden comprender cabalmente las interdependen-  

cias entre factores estructurales y culturales que perpetúan la desigualdad. La  

aplicación de soluciones homogéneas a problemas heterogéneos genera, en  

muchos casos, efectos de sustitución o exclusión involuntaria, manteniendo o  

incluso ampliando las brechas existentes. Esta situación evidencia la necesidad  

de avanzar hacia modelos de política social que integren evaluación rigurosa,  

anticipación de impactos y adaptación continua, orientados a la efectividad  

multidimensional.  

La línea de innovación “Pobreza y Desigualdades” aborda estas tensiones  

mediante un enfoque transdisciplinario que combina economía, sociología,  

análisis territorial y política pública. Su propósito es articular conocimientos  

sobre los mecanismos de reproducción de la pobreza y la inequidad, explorar  

nuevas formas de medición y generar estrategias de intervención basadas  

en evidencia. Se busca fortalecer capacidades locales e institucionales para  

pensar instrumentos e iniciativas asociadas a la planiﬁcación, implementación  

y evaluación de programas o procesos.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

El aporte de esta línea se maniﬁesta en ideas valiosas que permiten comprender  

ingresos moderados en el país. A través de una investigación longitudinal, el  

estudio muestra que los ingresos no constituyen una cifra estable ni veriﬁcable,  

sino una construcción ﬂuctuante y negociada que combina salarios, apoyos  

familiares y ﬁnanciamiento crediticio. Este enfoque desafía los supuestos tradi-  

cionales de las políticas públicas, que tratan los ingresos como un dato objetivo  

y permanente. Su aporte principal reside en visibilizar la fragilidad estructural  

de los hogares que, sin ser pobres, viven en permanente vulnerabilidad econó-  

mica, proponiendo revisar las métricas y metodologías utilizadas para el diseño  

y evaluación de políticas sociales. En consecuencia, el documento contribuye  

a la construcción de instrumentos más realistas y efectivos para la protección  

social y la medición del bienestar en Chile.  

la pobreza y la desigualdad como fenómenos multidimensionales, interrelacio  

-

nados y dinámicos; las que incorporan herramientas de diagnóstico, evaluación y  

seguimiento que pueden ser transferidas a gobiernos, organismos internacionales  

y organizaciones sociales. En este sentido, la innovación no solo reside en la  

incorporación de tecnología y datos, sino también en el rediseño de procesos  

de gestión, participación y gobernanza.  

De esta manera, la línea “Pobreza y Desigualdades” del CLIPP propone un  

enfoque integral, riguroso y práctico para enfrentar uno de los desafíos más  

persistentes de la sociedad chilena y latinoamericana. Busca generar conoci-  

miento capaz de transformar no solo los indicadores económicos, sino también  

las condiciones de vida, el acceso a oportunidades y la capacidad de los terri-  

torios y las comunidades para participar activamente en la construcción de un  

desarrollo más justo, equitativo y sostenible.  

Finalmente, “Vulnerabilidad a la pobreza en Chile: hacia una medición oﬁcial  

y políticas preventivas” plantea un marco técnico y político para institucionalizar  

la medición de la vulnerabilidad, promoviendo un enfoque de protección social  

anticipatorio. Elaborado por Joaquín Prieto (Facultad de Gobierno, Universidad de  

Chile), este trabajo enfatiza la necesidad de avanzar desde la evidencia acumu-  

lada hacia la implementación efectiva, aprovechando la ventana de oportunidad  

abierta por las lecciones de la pandemia y el actual debate público sobre la  

reforma de la protección social.  

“Chile frente a una nueva mirada de la pobreza: retos de política pública y  

perﬁles de la población pobre y vulnerable” propone orientaciones exploratorias  

para el rediseño de las políticas sociales, a partir de la caracterización de hogares  

pobres y vulnerables, según la nueva medición de pobreza recomendada por  

la Comisión Presidencial de Expertos y Expertas de 2025. El documento fue  

elaborado por Gonzalo Durán (Departamento de Trabajo Social, Universidad  

de Chile; Fundación SOL), Emmanuelle Barozet (Departamento de Sociología,  

Universidad de Chile; COES), ambos comisionados en la CMP, junto con Aníbal  

Figueroa Moulian y Valentina Jeria Arias, estudiantes de la Universidad de  

Chile. Contó además con la colaboración de Fundación SOL, del Ministerio de  

Desarrollo Social, de CEPAL, del INE y de los integrantes de la Comisión, y recibió  

apoyo de los proyectos COES ANID/FONDAP/1523A0005, UCHILE AYV076/24  

e INCASI2 (Horizonte Europa, Marie Sklodowska-Curie n.º 101130456).  

En conjunto, estas investigaciones reﬂejan la capacidad del CLIPP para vincular  

evidencia cientíﬁca, análisis estructural y diseño de políticas innovadoras. Este  

policy brief propone una estrategia nacional orientada a perfeccionar la medi-  

ción estadística y fortalecer las políticas preventivas, planteando la urgencia de  

establecer una medición oﬁcial de la vulnerabilidad a la pobreza en Chile. Ello  

permitiría diseñar políticas más precisas y anticipatorias, transitando desde enfo-  

ques reactivos hacia una perspectiva preventiva que fortalezca la resiliencia de  

los hogares frente a crisis económicas, sociales y sanitarias. En diálogo con los  

otros policy briefs del capítulo, este trabajo amplía la discusión sobre pobreza  

y desigualdad, incorporando una mirada estratégica orientada a consolidar un  

sistema de protección social más robusto y sostenible.  

El aporte central de este policy brief consiste en proyectar dos desafíos para la  

política pública: la actualización de la medición de pobreza, que eleva la tasa  

de 6,5% a 22,3%, y la caracterización de la población pobre y vulnerable según  

los microdatos de la CASEN 2022. Estos análisis, no abordados directamente  

por la Comisión, permiten avanzar en la comprensión de la especiﬁcidad de  

los grupos sociales afectados y anticipar los cambios necesarios en criterios de  

elegibilidad, intensidad y secuencia de apoyos. En diálogo con los otros policy  

briefs de este capítulo, el trabajo aporta una mirada estratégica sobre los retos  

de la nueva medición y sus implicancias para el diseño de políticas públicas  

orientadas a la superación de la pobreza en Chile.  

“Los ingresos de los hogares como un ejercicio especulativo”, elaborado por  

Lorena Pérez-Roa (Departamento de Trabajo Social,Universidad de Chile), ofrece  

una mirada etnográﬁca inédita sobre la economía cotidiana de los hogares de  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

1. CHILE FRENTE A UNA NUEVA MIRADA DE LA POBREZA:  

RETOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y PERFILES DE LA POBLACIÓN  

POBRE Y VULNERABLE  

Gonzalo Durán Sanhueza  

Departamento de Trabajo Social, Universidad de Chile  

Comisión Presidencial de Expertos y Expertas  

para la Actualización de la Medición de la Pobreza  

Fundación SOL  

https://orcid.org/0000-0001-6800-3599  

gonzalo.duran.s@uchile.cl  

Emmanuelle Barozet  

Departamento de Sociología, Universidad de Chile  

Comisión Presidencial de Expertos y Expertas  

para la Actualización de la Medición de la Pobreza  

Centro de Estudios de Cohesión y Conﬂicto Social, COES  

https://orcid.org/0000-0001-9297-3480  

ebarozet@uchile.cl  

Aníbal Figueroa Moulian  

Estudiante del Departamento de Sociología,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0000-7399-629X  

anibal.ﬁgueroa.m@ug.uchile.cl  

Valentina Jeria Arias  

Estudiante del Departamento de Trabajo Social, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0003-3806-7606  

valentina.jeria.a@ug.uchile.cl  

1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este documento es proponer dos proyecciones como desafíos para  

la política pública, con base en el Informe Final de la Comisión Presidencial de  

Expertos y Expertas para la Actualización de la Medición de la Pobreza¹. Con los  

cambios recomendados por la Comisión, la cifra de la pobreza monetaria pasa  

1

CMP (2025). Informe Final de Recomendaciones. Comisión Asesora Presidencial para la  

Actualización de la Medición de la Pobreza.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

de 6,5% a 22,3%. Caracterizaremos tanto la población en situación de pobreza²,  

como la población en situación de vulnerabilidad, según la nueva medición,  

usando los microdatos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica  

Nacional (CASEN) del año 2022³. Estos dos puntos no fueron parte del trabajo  

de la Comisión. Ello permite avanzar en la comprensión de la especiﬁcidad de  

los grupos sociales pobres y vulnerables, con el ﬁn de anticipar cambios en las  

políticas públicas y sociales dirigidas a la superación de la pobreza.  

intensos como los vividos en la última década o combatir de manera sostenible  

las dinámicas estructurales que reproducen la pobreza en el tiempo⁸.  

2. ¿CÓMO SE MIDE LA POBREZA EN CHILE Y CUÁL ES LA PROPUESTA DE LA  

COMISIÓN?  

La pobreza se deﬁne como “una situación experimentada por las personas en  

que se carece de los recursos suﬁcientes para dar satisfacción a necesidades  

básicas”⁹. Por su lado, la vulnerabilidad a la pobreza “se entiende como la proba-  

bilidad que enfrentan hogares que, actualmente no están en situación de pobreza  

de ingresos, de caer en tal situación a futuro por efecto de eventos que afecten  

la generación de ingreso en ausencia de mecanismos de protección social”¹⁰.  

Hace más de diez años, una Comisión experta previa recomendó al Ministerio  

de Desarrollo Social y Familia (MDSF) incluir una medición de pobreza multidi-  

mensional. Además, esta comisión sugirió que se citara una nueva Comisión a  

diez años de la aplicación de esta nueva medida, para actualizarla. En diciembre  

de 2023, la Presidencia de Chile convocó a diez personas que representan  

distintas disciplinas, enfoques, y organizaciones de la sociedad civil. El trabajo  

consistió en reuniones quincenales durante un año y medio, reuniones paralelas  

de subequipos y consultas ciudadanas¹¹. La Comisión estuvo acompañada y  

asesorada por el equipo técnico del MDSF, así como por el Instituto Nacional de  

Estadísticas y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que adapta  

el método al conjunto de los países de América Latina.  

En las últimas décadas, la pobreza se ha reconocido como un problema priori-  

tario por su impacto en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Ello ha  

impulsado la expansión de programas sociales en América Latina y el mundo⁴.  

Sin embargo, ni su comprensión ni sus métodos de medición son homogéneos,  

puesto que cada país determina qué entiende por un nivel mínimo de bienestar  

y quiénes quedan por debajo de ese umbral⁵. Además, existen tendencias  

estructurales que afectan más a categorías especíﬁcas de la población⁶. Esas  

determinaciones orientan las prioridades y los márgenes de acción del Estado,  

incidiendo directamente en el diseño e implementación de las políticas públicas⁷.  

En Chile, desde 1987, la pobreza se mide principalmente a través del ingreso.  

Desde 2014, se agregó oﬁcialmente la medición de la pobreza multidimen-  

sional. Estas mediciones han dado origen a un entramado de políticas públicas,  

tanto universales como focalizadas, orientadas a reducir la pobreza y ampliar la  

protección social. Sin embargo, aunque el país ha alcanzado mayores niveles  

de bienestar desde los años noventa, la desaceleración económica a partir de  

la década pasada y la pandemia de COVID-19 han demostrado los límites de la  

política social. También se ha visto su diﬁcultad en amortiguar o revertir shocks  

Para la pobreza por ingresos¹², las principales recomendaciones son las  

siguientes. En cuanto a la deﬁnición de la canasta, la población en Chile ya no  

8

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Pobreza-Informe_Final_Recomendaciones.pdf  

5

10 CMP (2025). Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición  

de la Pobreza (2025). Informe ﬁnal de recomendaciones. Ministerio de Desarrollo Social  

y Familia. Pág. 118.  

Las actas están disponibles en la página web de la Comisión. https://www.comisionpo-  

breza.cl/  

12 Para la pobreza multidimensional, que no usamos en los cálculos a continuación, pero  

que es parte del trabajo de la Comisión, las principales recomendaciones son cuatro.  

Primero, se recomienda incorporar nuevos indicadores (uno en cada dimensión) para  

una mejor comprensión de la pobreza, manteniendo las cinco dimensiones vigentes:  

Educación, Salud, Trabajo y Seguridad social, Vivienda y Entorno, y Redes y Cohesión  

11  

6

7

Edmiston, D. (2024). “Who counts in poverty research?”. The Sociological Review, 72(2),  

235-257. DOI: https://doi.org/10.1177/00380261231213233  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

sufre de desnutrición, sino de malnutrición, muchas veces por exceso de ingesta  

de calorías de mala calidad. Se recomienda usar una canasta saludable, donde  

se reduce a la mitad la cantidad de alimentos ultraprocesados. Respecto del  

alquiler imputado, hasta el momento, para los hogares que viven en viviendas  

propias o cedidas, se les imputa el valor del arriendo si tuvieran que pagarlo.  

Como ello aumenta de manera ﬁcticia los ingresos de los hogares propietarios,  

se propone suprimir el alquiler imputado en la nueva medición y, en su lugar,  

trabajar con dos líneas de pobreza diferentes, una para hogares propietarios  

de viviendas y otra para hogares arrendatarios. La tercera recomendación  

se relaciona con las bases de datos, pues además de la CASEN, se usa la  

Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF), que permite actualizar los patrones  

de gasto y consumo de los hogares en Chile a efecto de la composición de la  

Canasta Básica de Alimentos. Hasta el momento, se usaba la EPF7, aplicada  

en 2011 y 2012. Se recomienda ahora usar la EPF8, aplicada entre 2016 y 2017.  

Se sugiere no usar la EPF9, aplicada en 2021 y 2022¹³, debido al exceso de  

liquidez producido por las medidas aplicadas durante la pandemia. Con estos  

cambios, y utilizando datos de la CASEN 2022, la cifra de la pobreza monetaria  

pasa del 6,5% al 22,3%. En términos absolutos signiﬁca el paso de 1.291.824  

a 4.423.841 personas en situación de pobreza. Es decir, la estimación de las  

nuevas personas en situación de pobreza supera los tres millones de personas,  

respecto de una total de 19.830.000 de personas en 2022.  

3. DESAFíOS PENDIENTES: ¿QUIéNES SON LAS NUEVAS POBLACIONES EN  

SITUACIÓN DE POBREZA Y DE VULNERABILIDAD SEGÚN LA NUEVA MEDICIÓN?  

Respecto de los temas a proyectar en términos de políticas públicas, propo-  

nemos analizar dos elementos que van más allá del trabajo de la Comisión  

y de las recomendaciones entregadas en el Informe. Caracterizaremos a los  

sectores de la población que cambian al aplicarles estas nuevas mediciones: la  

población en situación de pobreza por ingresos; y la población que, si bien no  

se encuentra en esta situación, está lo suﬁcientemente cerca para caer en ella,  

conocida como la población vulnerable, también por ingresos. La caracterización  

de ambas poblaciones entrega información sobre orientaciones futuras para  

la política pública en función de los públicos especíﬁcos que se encuentran  

en situación de pobreza. Luego, enlazaremos con la descripción de las pobla-  

ciones vulnerables y cuáles son sus características. Con ello, se entregará una  

radiografía actualizada de estos grupos de la población chilena.  

En términos metodológicos, en este documento, se presentan exploraciones  

originales a partir de los microdatos de la Encuesta de Caracterización  

Socioeconómica Nacional¹⁶. Se aplicaron encuestas en 72.056 hogares (70.751  

viviendas) correspondientes a 335 comunas de las 16 regiones del país. La  

información obtenida concierne a 202.231 personas. La encuesta CASEN 2022  

es representativa a nivel nacional, para las zonas geográﬁcas urbana y rural, así  

como a nivel de cada una de las regiones del país¹⁷. Los cálculos de pobreza  

y vulnerabilidad se realizaron en Stata, aplicando los factores de expansión  

disponibles en las bases de microdatos.  

En cambio, la vulnerabilidad, entendida como el riesgo de que hogares no pobres  

caigan bajo la línea de pobreza ante contingencias que afectan sus ingresos en  

ausencia de protección social, debe ser objeto de un tratamiento aparte porque  

requiere datos longitudinales de los cuales no disponemos¹⁴. Por ello, usaremos  

la medición propuesta por la Comisión de 2014, que indica que la línea de la  

vulnerabilidad equivale a 1,5 veces la línea de la pobreza¹⁵.  

Los resultados se muestran de dos maneras. Primero, se presentan gráﬁcos de  

barras que reportan las tasas de pobreza por ingresos según el método oﬁcial,  

siguiendo las recomendaciones de la Comisión (CMP) y la vulnerabilidad (CMP-V).  

Segundo, a través de gráﬁcos de torta, se ilustra la distribución de la población  

en situación de pobreza por ingresos según distintas aperturas. En el caso de la  

medición oﬁcial actual, el universo corresponde al total de personas en situación  

de privación. En el caso de la estimación de la Comisión, se presenta el universo  

de la “nueva pobreza”, es decir, aquellas personas que ingresan a la pobreza  

solo bajo las recomendaciones de la CMP. Ello permite caracterizar con mayor  

precisión el perﬁl de las nuevas personas identiﬁcadas. Para ello, se aplicaron  

Este esfuerzo permite dimensionar mejor la magnitud actual del fenómeno y, al  

mismo tiempo, evidencia la necesidad de caracterizar, bajo los nuevos criterios,  

a la población en situación de pobreza y en situación de vulnerabilidad.  

Social. Con esto, se pasa de 15 a 20 indicadores. En segundo lugar, se propone modiﬁcar  

algunos indicadores, sea en la población de referencia o las categorías de respuesta. En  

tercer lugar, se recomienda cambiar los umbrales en indicadores vigentes. Finalmente,  

se sugiere dar la misma ponderación a cada dimensión. Con estos cambios, la cifra de la  

pobreza multidimensional pasa de un 16,9% a un 24,6% de la población nacional.  

16 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). Resultados de Pobreza por Ingresos  

CASEN2022(Versión20octubre2023). ObservatorioSocial, SubsecretaríadeEvaluación  

Social. https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2022  

17 Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2023). Resumen de resultados: Pobreza por  

ingresos, pobreza multidimensional y distribución de los ingresos (Versión revisada en  

octubre 2023. Ver Nota Técnica N°4). Observatorio Social, Subsecretaría de Evaluación  

Social. https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2022/  

Presentaci%C3%B3n_Resultados_Casen_2022%20_v20oct23.pdf  

13 A la fecha, esta es la última EPF disponible.  

14 Se aplicó una encuesta longitudinal en base de la CASEN en los años 2000, pero se  

requiere una actualización, lo que es una de las propuestas de la Comisión.  

15 Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la  

Pobreza (CMP) (2014). Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos  

para la Actualización de la Medición de la Pobreza. Santiago, Chile.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

Figura II-1. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según sexo (%)  

íntegramente las recomendaciones de la Comisión, que se traducen en el uso  

de dos líneas diferenciadas: una para arrendatarios y otra para propietarios.  

Estas líneas incorporan, además, los criterios de alimentación saludable, el  

uso de precios efectivos para la valorización de las canastas y la actualización  

a los patrones de consumo a la EPF8. De manera análoga, para la población  

vulnerable por ingresos, se considera únicamente a quienes se ubican en esta  

categoría fuera de la pobreza (CMP-VFP), con el ﬁn de evitar la superposición  

con el perﬁl ya indagado de la población pobre. En el caso de la vulnerabilidad  

por ingresos, se adoptó la recomendación de considerar un umbral equivalente  

a 1,5 líneas de pobreza por ingresos.  

A continuación, se presentan los resultados de la tasa de la pobreza actual por  

ingresos, la estimación de pobreza basada en recomendaciones de la CMP,  

seguida por la estimación de vulnerabilidad por ingresos también basada en  

recomendaciones de la CMP para las variables siguientes: sexo, tramos de  

edad, tenencia de la vivienda, nacionalidad, pertenencia a pueblos originarios,  

composición del hogar, ciclo de vida, región, condición de actividad, y decil de  

ingresos. En los análisis, se incluyeron las variables discapacidad y rural/urbano,  

pero no tienen efectos signiﬁcativos, por lo que no se detallan a continuación.  

CMP = Estimación de pobreza basada en recomendaciones CMP. CMP–V = Estimación  

de vulnerabilidad basada en recomendaciones CMP.  

Fuente: Elaboración propia / CASEN 2022.  

Figura II-2. Distribución de personas en situación de pobreza oﬁcial, nuevas personas  

en situación de pobreza y personas vulnerables no pobres, según sexo (%)  

Respecto de las variables sociodemográﬁcas, siguiendo las recomendaciones  

de la CMP¹⁸, la tasa de pobreza por ingresos en los hombres se eleva de 6,1% a  

20,6%, mientras que en las mujeres pasa de 6,9% a 23,9% (Fig. 1). La distribución  

por sexo de las nuevas personas pobres identiﬁcadas por la Comisión repro-  

duce la pauta observada en la medición oﬁcial (Fig. 2). La misma disposición  

se replica para las personas en situación de vulnerabilidad, pero con un leve  

aumento para el grupo de los hombres (47,6%) y una leve disminución para el  

grupo de las mujeres (52,4%) (Fig. 2).  

CMP-NP: nuevas personas en situación de pobreza según las recomendaciones de la  

CMP. CMP-VFP: personas en situación de vulnerabilidad, pero no pobres, identiﬁcadas  

según las recomendaciones de la CMP.  

Fuente: Elaboración propia / CASEN 2022.  

18 CMP (2025). Informe Final de Recomendaciones. Comisión Asesora Presidencial para la  

Actualización de la Medición de la Pobreza.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

Según tramos de edad, la mayor incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad  

se concentra entre los 0 y 17 años. No obstante, la población de 60 años y más  

muestra el aumento más pronunciado (de 3,1 a 18,1, es decir, casi 6 veces, Fig.  

3). Además, este grupo es el que más crece en el ﬂujo de nuevos ingresos a  

la pobreza, al pasar de 8,7% a 17,5% del total (Fig. 4), y destaca por su elevada  

presencia entre la población vulnerable no pobre (19,2%). Estos datos concuerdan  

con la literatura y las recomendaciones de la Comisión, que reconocen una  

mayor prevalencia de la pobreza y la vulnerabilidad en los grupos de niños,  

niñas y adolescentes y de personas mayores.  

En términos de tenencia de la vivienda, como era de esperar, quienes arriendan  

presentan mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad (Fig. 5). Según las reco-  

mendaciones de la CMP, la tasa de pobreza alcanza 31,4% entre arrendatarios,  

frente a 19,2% en propietarios. Sin embargo, al observar la composición por  

tenencia, se identiﬁca proporcionalmente a más personas propietarias, tanto en  

pobreza como en vulnerabilidad no pobre, donde más de 7 de cada 10 personas  

vulnerables son dueños de su vivienda (Fig. 6).  

Figura II-5. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según tenencia de la vivienda (%)  

Figura II-3. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según tramo de edad (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

Figura II-6. Distribución de personas en situación de pobreza oﬁcial, nuevas personas en  

situación de pobreza y personas vulnerables no pobres, según tenencia de la vivienda (%)  

Figura II-4. Distribución de personas en situación de pobreza oﬁcial, nuevas personas  

en situación de pobreza y personas vulnerables no pobres, según tramo de edad (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 2.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 2.  

Con la estimación recomendada por la CMP, la incidencia de pobreza es mayor  

en la población migrante (29,1%) que en la de nacionalidad chilena (21,7%). En  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

vulnerabilidad, las tasas son 53,2% y 41,6%, respectivamente (Fig. 7). Pese a  

esa brecha, la composición del grupo muestra que casi el 91% de las nuevas  

personas identiﬁcadas en situación de pobreza corresponde a población de  

nacionalidad chilena; patrón que se repite entre las personas vulnerables no  

pobres (Fig. 8). Esto da cuenta que la población migrante es más pobre y posee  

una mayor probabilidad de caer en situación de pobreza que las personas de  

nacionalidad chilena, pero constituye una proporción menor de los nuevos  

ingresos a la pobreza.  

Respecto de la etnia, con las recomendaciones, la pobreza entre personas que  

se identiﬁcan con pueblos indígenas alcanza un 28,8%, mientras que la vulnera-  

bilidad supera el 50% (Fig. 9). Las nuevas personas en situación de pobreza se  

distribuyen de forma similar a los patrones de la medición oﬁcial (Fig. 10). Estos  

datos demuestran que el grupo de las personas que pertenecen a pueblos indí-  

genas se encuentra en mayor medida en situación de pobreza y vulnerabilidad  

con respecto a los no pertenecientes. Ahora bien, en términos porcentuales, los  

no pertenecientes a pueblos indígenas superan el 85% en todas las categorías,  

lo que sitúa a las personas pertenecientes como un grupo minoritario en cuanto  

a la nueva población total en situación de pobreza y vulnerabilidad.  

Figura II-7. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según nacionalidad (%)  

Figura II-9. Tasas de pobreza y vulnerabilidad,  

según pertenencia a pueblos indígenas (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

Figura II-8. Distribución de personas en situación de pobreza oﬁcial, nuevas personas  

en situación de pobreza y personas vulnerables no pobres, según nacionalidad (%)  

Figura II-10. Distribución de personas en situación de pobreza  

oﬁcial, nuevas personas en situación de pobreza y personas  

vulnerables no pobres, según pertenencia a pueblos indígenas (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 2.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 2.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

En cuánto al número de personas en el hogar, tanto los datos oﬁciales como los  

estimados con las recomendaciones muestran que, a partir de tres integrantes  

por hogar, la incidencia de pobreza y de vulnerabilidad tiende a crecer con el  

tamaño del hogar. Alcanza sus niveles más altos en los hogares de cinco y más  

personas (Fig. 11). Así, para hogares de cinco y más personas, la pobreza llega  

al 25,5% y la vulnerabilidad al 48,6%.  

Según el tipo de hogar, los niveles más altos de pobreza y vulnerabilidad –tanto  

en la medición oﬁcial como en la estimación con recomendaciones– se registran  

en los hogares monoparentales, con un 33,5% y 54,8%, respectivamente. Esto  

reaﬁrma la diﬁcultad de quienes dependen del ingreso de un único proveedor  

para el hogar.  

La misma tendencia se observa en los hogares extendidos monoparentales,  

en los que la tasa de pobreza llega a un 25% y la vulnerabilidad a un 50,6%. En  

Chile, tener hijos/as se asocia a un mayor nivel de pobreza y vulnerabilidad, pues  

los núcleos biparentales sin hijos registran 11,7% de pobreza y 31,1% de vulnera-  

bilidad, mientras que los biparentales con hijos alcanzan 21,9% y 41,2% (Fig. 13)  

En la composición de los nuevos hogares en situación de pobreza, destaca el  

incremento en los hogares unipersonales y bipersonales, cuyo peso en el ﬂujo  

pasa de 4,5% a 8,2% y de 10,9% a 16%, respectivamente (Fig. 12). La composición  

del tamaño de los hogares para la nueva medición es más heterogénea que  

la medición oﬁcial, ya que la categoría “5 y más” baja de 34,4% en la medición  

oﬁcial a 25.2% con las recomendaciones (-9,2%). Con respecto a la vulnerabi-  

lidad, hay un aumento principalmente en los hogares bipersonales (18,4%) y de  

“5 personas y más” (27,7%).  

En el ﬂujo de nuevas personas en situación de pobreza, el mayor incremento  

se observa en los hogares unipersonales y en los biparentales sin hijos. En la  

población vulnerable no pobre destaca, en cambio, la alta incidencia de los  

hogares extendidos biparentales con hijos (Fig. 14).  

Figura II-11. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según tamaño de hogar (%)  

Figura II-13. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según tipo de hogar (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

CMP = Estimación de pobreza basada en recomendaciones CMP. CMP–V =  

Estimación de vulnerabilidad basada en recomendaciones CMP. Uni = hogar  

unipersonal; NBSH = núcleo biparental sin hijos; NBCH = núcleo biparental  

con hijos; NM = núcleo monoparental; EBSH = hogar extendido biparental  

sin hijos (extendido se reﬁere a que incluye otros familiares); EBCH = ídem  

anterior, pero con hijos. EM = extendido monoparental. SN = sin núcleos.  

Figura II-12. Distribución de personas en situación de pobreza oﬁcial, nuevas personas  

en situación de pobreza y personas vulnerables no pobres, según tamaño de hogar (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 2.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

Figura II-14. Distribución de personas en situación de pobreza oﬁcial, nuevas personas  

en situación de pobreza y personas vulnerables no pobres, según tipo de hogar (%)  

Figura II-15. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según etapa del ciclo de vida (%)  

CMP = Estimación de pobreza basada en recomendaciones CMP. CMP–V = Estimación  

de vulnerabilidad basada en recomendaciones CMP. PJSH = pareja joven sin hijos/  

as. CIF = ciclo de inicio de familia, son hogares biparentales con hijos/as menores a 6  

años. CEYC = Ciclo de expansión y crecimiento, son hogares biparentales con hijos/  

as entre 6 y 12 años. CCYS = Ciclo de consolidación y salida, son hogares biparentales  

con hijos/as mayores de 12 años. PMSH = Pareja mayor sin hijos/as.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 13.  

Por ciclo de vida familiar y considerando solo hogares biparentales, la mayor  

incidencia se observa en el inicio de familia, con presencia de hijos menores de  

6 años, donde la pobreza llega a 29,0% y la vulnerabilidad a 50,3%. En el caso  

de las personas mayores sin hijos, la pobreza alcanza un 15,7% y la vulnerabi-  

lidad bordea el 40%. Es, además, la etapa con el mayor aumento de pobreza al  

aplicar las recomendaciones de la Comisión, pues pasa de 3,4% en la medición  

oﬁcial a 15,7%, lo que equivale a un incremento de 4,6 veces, siendo el más alto  

entre todos los grupos (Fig. 15).  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022.  

Figura II-16. Distribución de personas en situación de pobreza oﬁcial, nuevas personas en  

situación de pobreza y personas vulnerables no pobres, según etapa del ciclo de vida (%)  

En términos de composición del hogar, la mayoría de las nuevas personas iden-  

tiﬁcadas en situación de pobreza corresponden a los ciclos de consolidación  

y salida, con hijos de 12 años o más, que pasa de 26,7% en la medición oﬁcial  

a 32,1% con las recomendaciones (Fig. 16). En cuanto a la vulnerabilidad según  

ciclo de vida, también destaca la fase de consolidación y salida, que alcanzan  

35,1% del total.  

Cabe destacar que, en las parejas mayores sin hijos, donde la eliminación del  

alquiler imputado tiene una incidencia particularmente alta, la importancia rela-  

tiva aumenta de 8,6% en la medición oﬁcial a 13,8% entre las nuevas personas  

pobres y a 18,0% entre las personas vulnerables no pobres (Fig. 16).  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 15.  

A nivel regional (Fig. 17), las estimaciones de pobreza que incorporan las reco-  

mendaciones de la Comisión conﬁrman a La Araucanía [IX] como la zona con  

mayor privación material con una tasa de pobreza de 34,3%, seguida de la  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

región de Ñuble [XVI] (31,4%), la región de O’Higgins [VI] (28,4%) y la región de  

Tarapacá [I] (27,2%). La región Metropolitana [XIII] alcanza una tasa de pobreza  

del 18,3%, lo que la sitúa a una distancia considerable de las regiones con tasas  

de pobreza más altas, mientras que las regiones de Aysén [XI] y Magallanes  

[XII] registran los niveles más bajos con un 16,3% y 16,7%, respectivamente. Sin  

embargo, al comparar con el cálculo oﬁcial, son precisamente estas regiones  

australes las que muestran los mayores incrementos: en Aysén la pobreza  

sube de 4,0% a 16,3% y en Magallanes de 3,4% a 16,7%, proporciones muy  

superiores a las registradas en otras regiones. En vulnerabilidad, tres regiones  

superan el 50%: O’Higgins (VI, 52,7%), La Araucanía (IX, 57,8%) y Ñuble (XVI,  

56,6%). A continuación, solo se incluye la tasa de pobreza y no la distribución  

de personas por región, debido a la diﬁcultad de visualizar tantas categorías  

en un gráﬁco de torta.  

En términos de condición de actividad, con una medición más exigente, aumenta  

la probabilidad de que ingresen a la pobreza personas con empleo, ya que  

pasan de 32,6% a 37,0%, con un alza de 4,4 puntos porcentuales con respecto  

a la medición oﬁcial. Este fenómeno se agudiza aún más para la medición de las  

personas en situación de vulnerabilidad, puesto que el porcentaje de ocupados  

representa un 48,2%, acercándose casi a la mitad de la población vulnerable.  

Figura II-18. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según condición de actividad (%)  

Figura II-17. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según región (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

Figura II-19. Distribución de personas en situación de pobreza  

oﬁcial, nuevas personas en situación de pobreza y personas  

vulnerables no pobres, según condición de actividad (%)  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

Respecto de la condición laboral, la medición oﬁcial registra 3,2% de pobreza  

entre personas ocupadas; con las recomendaciones de la CMP esta tasa sube a  

12,7% y la vulnerabilidad llega a 29,4%. Estos datos demuestran que la situación  

de pobreza y vulnerabilidad no se limita únicamente a personas que se encuen-  

tran desempleadas o inactivas, sino que también se maniﬁestan en trabajadores  

activos. Entre la población desocupada, la tasa de pobreza se acerca al 40%  

con la nueva medición, lo que representa un salto de un 24,7% en relación a la  

medición oﬁcial, y la vulnerabilidad alcanza aproximadamente un 62%, más del  

doble que la de los ocupados. En los inactivos, la tasa de pobreza llega a un  

28,8%, y la vulnerabilidad supera el 52%. Con todo, el cambio más relevante se  

observa en quienes tienen empleo, donde la pobreza casi se cuadriplica (Fig. 18).  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022. Notas en ﬁgura 1.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

El análisis de la distribución de la pobreza por decil de ingreso autónomo  

muestra que, tras aplicar las recomendaciones de la Comisión, la mayor parte  

de las nuevas personas en situación de pobreza proviene del decil II y III (60,8%  

acumulado entre ambos deciles). Además, destaca la irrupción del decil IV,  

que alcanza una incidencia de 9,2% frente al 0,9% de la medición oﬁcial. En la  

vulnerabilidad no pobre, la mayor concentración se ubica en los deciles II, III y  

IV, que reúnen 67,2% del total.  

4. RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA Y CONCLUSIÓN  

Bajo los nuevos criterios, el aumento de la pobreza por ingresos no ocurre por  

igual en relación con las variables de análisis.  

En efecto, en relación con las variables sociodemográﬁcas, los resultados  

permiten ver una agudización de la pobreza entre menores de edad y adultos  

mayores (Figuras 3 y 4). Entre estos rangos etarios, el caso es más dramático,  

ya que son personas que no están en edad activa de trabajar, y dependen  

exclusivamente del o los sostenedores del hogar. Como era de esperar, estas  

diﬁcultades se hacen más latentes para las familias monoparentales (Figuras  

13 y 14), cuyos ingresos totales se producen exclusivamente por un miembro  

del hogar. También se nota, aunque en menor medida, entre las personas de  

nacionalidad chilena, en comparación con los migrantes (Figuras 7 y 8). En  

cambio, no se observa una mayor agudización por sexo (Figuras 1 y 2), a pesar  

de que existen más mujeres en situación de pobreza que hombres, ni respecto  

de la población indígena (Figuras 9 y 10), ni de las familias de más de tres inte-  

grantes (Figuras 11 y 12). En ese sentido, mirando los grupos en los cuales se  

agudiza de manera notoria la pobreza y la vulnerabilidad, se hace necesario  

profundizar en políticas de cuidados y de asistencia social que apoyen tanto a  

las personas mayores como a los niños, niñas y jóvenes. Los altos porcentajes  

de vulnerabilidad demuestran que no se requiere de una acción focalizada en  

las personas en situación de pobreza, sino más bien de una política transversal  

que beneﬁcie a estos grupos y acorde al ciclo de vida.  

Figura II-20. Distribución de personas en situación de pobreza  

oﬁcial, nuevas personas en situación de pobreza y personas  

vulnerables no pobres, según decil de ingreso autónomo (%)  

Decil  

I

Oﬁcial  

778.050  

404.153  

96.928  

11.352*  

1.341*  

% rel.  

60,2%  

31,3%  

7,5%  

CMP-NP  

804.391  

1.158.867  

745.539  

289.106  

104.379  

27.547  

% rel.  

25,7%  

37,0%  

23,8%  

9,2%  

3,3%  

0,9%  

0,1%  

CMP-VFP  

257.040  

748.509  

992.288  

962.443  

587.955  

300.947  

136.240  

34.464  

% rel.  

6,4%  

18,6%  

24,7%  

23,9%  

14,6%  

7,5%  

II  

III  

IV  

0,9%  

0,1%  

V

VI  

0,0%  

0,0%  

0,0%  

0,0%  

0,0%  

100%  

VII  

VIII  

IX  

2.092*  

96*  

3,4%  

0,9%  

0,1%  

Respecto de la dimensión geográﬁca, las regiones australes muestran los  

mayores incrementos en pobreza, mientras la vulnerabilidad supera el 50%  

en La Araucanía, O’Higgins y Ñuble (Fig. 17). Ello refuerza la necesidad de una  

mirada diferenciada por territorios respecto de ambos fenómenos.  

0,0%  

0,0%  

0,0%  

100%  

3.637*  

X

0,0%  

100%  

En el ámbito laboral y de los ingresos, el análisis sitúa al trabajo en el centro del  

debate (Figs. 18 y 19), dado que constituye la principal fuente de ingresos de los  

hogares (CASEN 2022). Respecto de los ingresos medidos por decil de ingreso  

autónomo (Fig. 20), el aumento de la pobreza ocurre en los deciles II y III y en  

parte el IV, mientras gran parte de la vulnerabilidad no pobre se concentra en  

los deciles III, IV y V, es decir, entre los percentiles 30 y 50. De ello se desprende  

la necesidad de articular la política social con una política laboral activa, con  

foco en las mujeres. La Política Nacional de Cuidados y la discusión sobre sala  

cuna universal siguen siendo palancas clave para elevar la participación laboral  

femenina. Resulta igualmente prioritario avanzar en la ﬁjación colectiva de sala-  

rios sin afectar la formalización ni el empleo; ello exige impulsar la negociación  

colectiva de amplia cobertura y dejar atrás su carácter marginal. La experiencia  

de Uruguay muestra que la negociación por rama favorece mejoras distributivas  

Total  

1.291.824  

3.132.017  

4.023.523  

CMP-NP: nuevas personas en situación de pobreza según las recomendaciones de la  

CMP. CMP-VFP: personas en situación de vulnerabilidad, pero no pobres, identiﬁcadas  

según las recomendaciones de la CMP. % rel. = porcentaje relativo; (*): estimaciones en  

números absolutos no es estadísticamente signiﬁcativa.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

y reduce la pobreza¹⁹. Además, la negociación colectiva puede incorporar cláu-  

sulas de corresponsabilidad y cuidados, atendiendo un déﬁcit que los datos  

identiﬁcan como determinante de la mayor incidencia de pobreza.  

REFERENCIAS  

En el ámbito de la vivienda (Figs. 5 y 6), la exclusión del alquiler imputado revela  

un impacto signiﬁcativo al alza en las tasas de pobreza. Ello reﬂeja no solo la  

insuﬁciencia de ingresos autónomos, sino también la necesidad de reforzar la  

política habitacional. El desafío es intervenir en la paradoja entre un déﬁcit de  

alrededor de 600 mil viviendas y una sobreproducción de unidades utilizadas  

como activo de inversión para generar rentas, fenómeno que profundiza las  

brechas de acceso y desigualdad.  

Comisión para la Medición de la Pobreza (2014). Informe Final. Ministerio de  

Desarrollo Social y Familia. https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/  

informe-ﬁnal-comision-para-la-medicion-de-la-pobreza  

Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la  

Pobreza (2025). Informe ﬁnal de recomendaciones. Ministerio de Desarrollo  

Social y Familia. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/comision-aseso-  

ra-presidencial-para-la-actualizacion-de-la-medicion-de-la-pobreza-en-chile  

En conclusión, estos hallazgos permiten esbozar orientaciones exploratorias  

para la política pública. La caracterización de los perﬁles descritos en la sección  

anterior da pie para anticipar preliminarmente hacia dónde se debe ajustar el  

diseño de las intervenciones, los criterios de elegibilidad, la intensidad y la  

secuencia de apoyos²⁰.  

Daher, M., Jaramillo, A. & Rosati, A. (2020). “Avances en la evaluación integral:  

Aportes para programas sociales de intervención en pobreza en organiza-  

ciones no gubernamentales”. Revista de Estudios Sociales, 74, 84-98. DOI:  

https://doi.org/10.7440/res74.2020.07  

Edmiston, D. (2024). “Who counts in poverty research?”. The Sociological Review,  

72(2), 235-257. DOI: https://doi.org/10.1177/00380261231213233  

5. AGRADECIMIENTOS  

Feres J. C. y Villatoro P. (2012). “La viabilidad de erradicar la pobreza: un examen  

conceptual y metodológico”. Serie estudios estadísticos y Prospectivos.  

https://www.sociedadpoliticaspublicas.cl/archivos/BLOQUEM/Pobreza/  

La_Vialidad_de_breza.pdf  

Proyectos COES ANID/FONDAP/1523A0005, UCHILE AYV076/24, INCASI2,  

que han recibido ﬁnanciación del programa de investigación e innovación  

Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención  

Marie Sklodowska-Curie n.º 101130456 (https://incasi.uab.es).  

Gweshengwe, B. & Hassan, N. H. (2020). “Deﬁning the characteristics of poverty  

and their implications for poverty analysis”. Cogent Social Sciences, 6(1), 1-10.  

DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669  

Agradecemos a nuestros colegas de la Comisión por la riqueza de las conversa-  

ciones y el ambiente de consenso, así como a los y las integrantes del Ministerio  

de Desarrollo Social, de CEPAL y del INE que fueron parte de las conversaciones  

y decisiones técnicas.  

ICD-OIT (2015). Las Relaciones Laborales en Uruguay. 10 años de cambio.  

Organización Internacional del Trabajo e Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT.  

https://cuestaduarte.org.uy/sites/default/ﬁles/2022-04/Relaciones_Laborales_10_  

anos_de_cambios_2014.pdf  

Agradecemos a la Fundación SOL por la riqueza en el debate sobre pobreza y  

desigualdad. La programación en Stata para la tipología de hogares y etapa del  

ciclo de vida usando la CASEN fue elaborada por Francisca Barriga Y. y Andrea  

Sato J., ambas investigadoras en Fundación SOL.  

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2023). Resumen de resultados:  

Pobreza por ingresos, pobreza multidimensional y distribución de los  

ingresos. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Santiago, Chile https://  

observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2022/  

Presentaci%C3%B3n_Resultados_Casen_2022%20_v20oct23.pdf  

PNUD (2022). “¿Por qué hablar de pobreza en Chile? 7 claves para comprender  

progresos y desafíos”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

Santiago, Chile.  

19 ICD-OIT (2015). Las Relaciones Laborales en Uruguay. 10 años de cambio. Organización  

Internacional del Trabajo e Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT. https://cuestaduarte.org.uy/  

sites/default/ﬁles/2022-04/Relaciones_Laborales_10_anos_de_cambios_2014.pdf  

20 Feres J.C. y Villatoro P. (2012). La viabilidad de erradicar la pobreza: un examen concep-  

tual y metodológico. Serie estudios estadísticos y Prospectivos. https://www.sociedadpo-  

liticaspublicas.cl/archivos/BLOQUEM/Pobreza/La_Vialidad_de_breza.pdf  

Stezano, F (2020). “Enfoques, deﬁniciones y estimaciones de pobreza y desigualdad  

en América Latina y el Caribe: Un análisis crítico de la literatura”. Documentos  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

de Proyectos (LC/TS.2020/143; LC/MEX/TS.2020/38). Comisión Económica  

2. LOS INGRESOS DE LOS HOGARES COMO UN EJERCICIO  

ESPECULATIVO. UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LA  

OPACIDAD DE LOS INGRESOS EN LA VIDA ECONÓMICA DE  

LOS HOGARES CON INGRESOS MODERADOS  

para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ciudad de México.  

Sojo, A. (2017). Protección Social en América Latina. La desigualdad en el banquillo.  

Libros de la CEPAL, N° 143 (LC/PUB.2017/7-P). Comisión Económica para  

América Latina y el Caribe (CEPAL). DOI: https://doi.org/10.18356/40fc38f-es  

Lorena Pérez-Roa  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-5959-9439  

loperez@uchile.cl  

Conocer los ingresos del hogar, es un supuesto base de todas las mediciones  

de estratiﬁcación social y de los programas de intervención social en un estado  

que focaliza recursos. Es lo que se entiende, como la base para poder deﬁnir  

los mínimos con los que un hogar puede resolver sus necesidades básicas y de  

acceso a los servicios. Saber lo que uno ingresa es la clave para poder distribuir  

de manera adecuada y eventualmente iniciar un plan de ahorro. Por ende, la  

primera e incómoda pregunta que se suele hacerse al iniciar un programa de  

intervención en esta materia es: me podría decir, de la manera más precisa  

posible, ¿cuáles son los ingresos del hogar?  

Durante los años que llevamos abordando etnográﬁcamente estos temas, muy  

pocas han sido las personas que han logrado responder a esta pregunta con  

claridad. En general, la respuesta es esquiva o deﬁnitivamente vaga: “depende  

del mes”, “yo creo que aproximadamente gano”, “¿contando la línea de crédito?”.  

Si bien, que las diﬁcultades para estiman de ingresos no son novedosas, puesto  

que es una pregunta que genera alta deseabilidad social, la falta de certeza  

sobre los ingresos que se perciben da cuenta de dos elementos que, a nuestro  

juicio, deben prestársele mayor atención: 1) las formas difusas y variadas que  

constituye el ingreso del hogar 2) la penetración de las ﬁnanzas en la percepción  

de ingresos y 3) el desacople entre ingresos y patrones de consumo.  

Según la Encuesta Presupuestaria Familiares21 el ingreso disponible mensual  

promedio en Chile es de $1.413.349 y se compone principalmente de ingresos  

disponibles del trabajo (ingresos del trabajo dependiente, independiente y  

21 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2023, 3 de noviembre). Encuesta de  

Presupuestos Familiares – Página de producto/descripción. Instituto Nacional de  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

otros) y minoritariamente de otras fuentes, tales como los ingresos disponi-  

bles de jubilación, transferencias, propiedades y activos ﬁnancieros. Si bien, el  

componente principal de ingresos de los hogares en Chile es el disponible por  

el trabajo, los resultados dan cuenta de que la participación aumenta conforme  

aumenta el quintil de ingresos. Es decir, los hogares más pobres son quienes  

reportan menores ingresos salariales y un mayor grado de diversidad de fuentes  

de ingresos. En efecto, aquellos hogares que no cuentan con ingresos ﬁjos  

presentan mayores diﬁcultades para lograr obtener los ingresos necesarios para  

asegurar su reproducción social. Muchos hogares deben activar “estrategias de  

rebusque”22 para poder resolver la tensión permanente de los requerimientos  

para la subsistencia a corto plazo (urgencias, proyectos económicos a corto/  

mediano plazo, o pagar alguna deuda) y las obligaciones y expectativas econó-  

micas que los hogares proyectan a mediano plazo (vacaciones, casa propia,  

regalos, etc.)²³. En este sentido, la pregunta por los ingresos del hogar, más que  

responder a un indicador estático y estándar es, para muchos hogares chilenos,  

un desafío cotidiano que los hogares deben saber enfrentar.  

ello, indagamos en sus conocimientos y prácticas ﬁnancieras, en los apoyos que  

brindan y reciben de familiares y/o amigos, en las justiﬁcaciones éticas detrás de  

sus decisiones, y en las diferencias asociadas al género en la forma en que se  

administran y distribuyen los ingresos familiares. El trabajo de campo se realizó  

mediante el seguimiento a hogares durante tres años consecutivos, entrevistando  

cada 4-5 meses a la persona con mayor conocimiento sobre el manejo de los  

recursos familiares. Nuestra muestra se compuso de 40 hogares: 20 de Santiago,  

10 de Talca y 10 de Gran Concepción. Las personas entrevistadas poseen una  

amplia información sobre las estrategias de manejo de los recursos económicos  

domésticos. Todos los hogares tienen al menos un miembro inserto en el mercado  

formal del trabajo y con integrantes que dependen económicamente de quienes  

generan ingresos, entre los cuales se encuentran niños, niñas, adolescentes y  

adultos mayores. El promedio de ingreso de los sostenedores del hogar es de  

un millón setecientos mil pesos y el ingreso per cápita de los hogares es de un  

millón de pesos aproximadamente. Esta condición económica los ubicaría en el  

cuarto quintil de ingresos en Chile. En este sentido, son hogares que se caracte-  

rizan por aseguran su bienestar en un equilibrio económico precario, apoyándose  

en prestaciones de políticas públicas no focalizadas y aquellas otorgadas por el  

mercado que - al estar condicionadas a su capacidad de pago- son de menor  

valor y calidad25 y que enfrentan las incertidumbres económicas movilizando  

preferentemente recursos propios²⁶. Eso implica que, desde la política pública  

se considera como hogares que no requieren beneﬁcios estatales.  

Esa diﬁcultad para precisar los ingresos es el punto de partida de este policy  

brief. Lo que busco mostrar a partir de los trabajos etnográﬁcos realizados en  

el último tiempo es que los ingresos no operan como un monto estable, sino  

como un proceso en movimiento hecho de estimaciones, promesas y ajustes  

cotidianos. En otras palabras, el “dinero de la casa”, parafraseando a la antro-  

póloga brasileña Eugenia Motta, no es un concepto ﬁjo ni un tipo de dinero  

especíﬁco, sino un estado transitorio y siempre en proceso de transformación.  

Está constantemente tensionado por necesidades inmediatas, juicios morales y  

expectativas, lo que genera incertidumbres y sospechas sobre si se respetarán  

las reglas y acuerdos implícitos. Así, el dinero de la casa es un proceso dinámico  

de “hacerse el dinero de la casa”, que reﬂeja la ﬂuidez y la incompletitud de las  

relaciones sociales y económicas en el entorno doméstico²⁴.  

En este sentido, este trabajo busca aportar a la discusión sobre las formas en  

que los supuestos que moldean las nociones de ingresos en la política pública  

parecen construirse desde un criterio cada vez más alejados de la realidad  

económica concreta de los hogares. Las condiciones laborales, los modos de  

ingresos y la forma en que los hogares gestionan sus recursos económicos son  

zonas nebulosas para la elite política, que intenta reaccionar a través de ensayo  

y error fórmulas que les permitan delinear con mayor exactitud estas realidades  

económicas. Si nada cambia, seguirán persistiendo los errores de diagnóstico:  

sub y sobre coberturas al medir ingresos que no existen tal como se declaran;  

sobreendeudamiento encubierto y agotamiento de redes familiares; ineﬁcien-  

cias del gasto público por instrumentos que no capturan variabilidad; y estrés  

ﬁnanciero crónico que erosiona bienestar y participación laboral, con particular  

En cuanto a los datos que alimentan esta discusión, reﬁeren a un proyecto  

FONDECYT Nº1220039 (2022-2025) sobre las estrategias de movilización de  

recursos ﬁnancieros y no ﬁnancieros en hogares de ingresos moderados para  

afrontar distintos escenarios de incertidumbre, en tres regiones de Chile. Para  

Estadísticas de Chile. https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/  

encuesta-de-presupuestos-familiares  

25 Farías, A. (2019). Políticas sociales en Chile. Trayectorias de inequidades y desigualda-  

22 Pérez Orosco, A. (2019). Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate  

des en la distribución de bienes y servicios. Ediciones UAH. Santiago, Chile.  

sobre el conﬂicto capital-vida. Traﬁcantes de Sueños.  

26 Perrin-Heredia, A. (2014). “Dépenses contraintes et ‘mauvais’ choix budgétaires. La mise  

en ordre de l’économie domestique populaire”. Informations sociales, 182(2), 30-38. DOI:  

DOI: 10.3917/inso.182.0030  

23 Pérez-Roa, Lorena y Cuadra, Ximena (2024). “Sostener la vida en tiempos de incerti-  

dumbre: estrategias de aprovisionamiento de mujeres populares en Santiago de Chile”.  

Revista de Estudios Sociales, 87, 79-96. DOI: https://doi.org/10.7440/res87.2024.05  

24 Motta, E. (2023). “Dinheiro da casa: categorias, transformações e processos de con-  

versão na economia doméstica”. Horizontes Antropológicos, 29(66). DOI: https://doi.  

org/10.1590/2238-38752023v296602  

Barreyre, J.-Y. (2015). Les familles en situation de précarité: pratiques de gestion et poli-  

tiques sociales. Presses de l’École des Hautes Études en Santé Publique. Paris, Francia.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

peso en hogares con cuidados. Abrir la discusión desde las ciencias sociales y  

en particular a partir de enfoques etnográﬁcos, permite mostrar que las ﬁnanzas  

no solo son un recurso disponible para los hogares, sino que también se trans-  

forman en prácticas de cuidado, obligación y aspiración dentro de los hogares²⁷.  

nuestra última entrevista, Valeria nos cuenta que la situación económica la tiene  

desbordada: “yo no gano mal, para ser profesora tengo un sueldo alto, pero  

este sueldo no resiste, porque es mucha plata la que se nos va en cuidar a mis  

papás. Yo no dispongo de todo lo que gano. Yo debería jubilar pronto, pero en  

esta situación ¿qué posibilidad tengo de dejar de trabajar? Ninguna”, nos dice.  

1. ¿QUé CONSTITUYE EL INGRESO DEL HOGAR?: ALGUNOS PUNTOS SOBRE SU  

Cristina tiene 42 años y vive con su hija de 16 en un departamento arrendado en  

Concepción. Ella es nutricionista y trabaja en un servicio de salud. Cristina dice  

recibir un salario “justo”, con el que podría hasta incluso ahorrar. Sin embargo, en  

la pandemia, la hija de Cristina comenzó a desarrollar una depresión severa, lo  

que cambió radicalmente su día a día y su orden ﬁnanciero. Según nos cuenta,  

el tratamiento de su hija le consume más del 50% de sus ingresos mensuales.  

Por ello, tiene que recurrir a su pareja, familiares y amigos para poder llegar a  

ﬁn de mes. Lo que en un principio Cristina pensó como una ayuda puntual para  

asumir un gasto especíﬁco, con el tiempo se han transformado en ingresos  

permanentes para una situación que, Cristina, ya asume como permanente.  

VARIABILIDAD E INTERMITENCIA.  

“Felipe, ¿nos puede decir cuál es tu monto aproximado de ingreso? Es que  

depende, nos dice. ¿Depende de qué?, le preguntamos: de los bonos de desem-  

peño, es decir, de cuantos clientes logre retener en el banco”.  

Felipe trabaja desde hace más de quince años en un banco, en atención al  

cliente. Según nos cuenta, a pesar de que tiene un trabajo ﬁjo, gran parte de  

su salario es variable, es decir, depende de su rendimiento mensual. Por eso  

le es muy difícil saber lo que recibe mes a mes. Por eso preﬁere, jugar, como  

él dice, “con el aproximado”.  

¿Se deben entender estos casos de cuidado como gastos? ¿Qué los diferencia  

de otros gastos variables, como el aumento de la cuenta de luz en invierno o  

los gastos escolares a principios de año? Parece que la diferencia radica en  

el carácter intergeneracional de los cuidados hacia miembros que pueden no  

residir en el hogar. En algunos casos, estos cuidados inicialmente se presentan  

como gastos únicos, pero luego se transforman en gastos ﬁjos. O bien, estos  

cuidados son comunes, generando incertidumbre si alguien no asume su parte  

correspondiente. Independientemente de la respuesta las presiones econó-  

micas del cuidado vuelven aún más porosa la pregunta, ¿cuál es el dinero los  

hogares disponen? Lo que muestran estos casos es sencillo: cuando el salario  

no alcanza o la necesidad persiste, es la familia la que sostiene y, al mismo  

tiempo, la que se sobrecarga.  

Según las encuestas que observan los presupuestos de los hogares en Chile²⁸,  

los ingresos de los hogares moderados se componen principalmente de ingresos  

salariales, a diferencia de los hogares más pobres cuyos ingresos dependen de  

las transferencias del Estado. Sin embargo, aquellos como Felipe, que trabajan en  

el sector bancario y ﬁnanciero, reciben aproximadamente el 40% de sus ingresos  

de forma variable. Este primer caso nos introduce al problema de los salarios  

con componentes contingentes y abre la discusión sobre cómo los hogares  

estiman —y declaran— su “ingreso” en contextos de incertidumbre mensual.  

Ahora bien, la especulación de los ingresos no solo se explica por la estructura  

salarial, sino también por la frecuencia y relevancia de las ayudas económicas  

que los hogares reciben de otras unidades domésticas o, así como también de  

los montos de ayuda que entregan a otros familiares. Este segundo eje introduce  

el papel de los cuidados y de los apoyos inter hogares en la conformación del  

ingreso disponible.  

Estos materiales no idealizan la familia: la muestran como un soporte indispen-  

sable y, a la vez, como un lugar de presión. La solidaridad funciona, pero no  

es gratuita: redistribuye tiempo y dinero, diﬁere planes y acumula cansancio.  

Responder a las necesidades económicas de un pariente —como ocurre en  

los cuidados prolongados— puede, sobre todo para los más jóvenes, poner  

en “pausa” proyectos de autonomía y empujar a vivir “al día” generando una  

sensación de “dar vueltas en círculos”²⁹.  

Valeria, por ejemplo, es profesora de historia y sus dos padres son personas  

mayores que requieren cuidados permanentes. La madre padece de Alzhéimer  

desde al año dos mil trece. Sin embargo, después de la pandemia su situación  

empeoró y requiere cuidados permanentes. Valeria tiene dos hermanas, con ellas  

mantiene un fondo común, cada una de ellas contribuye con un monto ﬁjo y una  

vez cada tres meses se rotan los costos de los medicamentos y los pañales. En  

Estos tres casos que les he presentado dan cuenta de la variabilidad en la estruc-  

tura de los ingresos de los hogares. La intermitencia opera por vías simultáneas:  

27 Zaloom, C. & James, D. (2023). “Financialization and the household”. Annual Review of  

29 Jovanović, D. (2025). “The household and family as refuge? Relational dimensions of  

household debt management in an industrial town in Serbia”. Focaal. Journal of Global  

and Historical Anthropology, 101, 13–24. DOI: https://doi.org/10.3167/fcl.2025.1010102  

Anthropology, 52, 399-415. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-052721-100947  

28 Instituto Nacional de Estadísticas (2023). Encuesta de Presupuestos Familiares.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

(a) variaciones intra-mes en (horas extra, comisiones, propinas); (b) variación  

inter-mes (bonos de desempeño, metas anuales, contratos temporales); (c)  

entradas no salariales (apoyos familiares, transferencias y otras entradas que  

pasan de esporádicas a regulares); (d) eventos de cuidado que convierten un  

gasto extraordinario en un compromiso ﬁjo y compartido. La combinación de  

estas vías produce bandas de ingreso que los hogares manejan como mínimos  

y máximos, más que como un monto único.  

2. LA PENETRACIÓN DE LAS FINANZAS EN LA PERCEPCIÓN DE INGRESOS  

DISPONIBLES DE LOS HOGARES: EL CRéDITO QUE ENSANCHA EL INGRESO  

Angela (52 años, Concepción) trabaja como analista ﬁnanciera en un centro  

médico. Trabaja hace más de 15 años en el mismo lugar. Comenzó siendo recep-  

cionista y fue ascendiendo hasta llegar a ser “la mano derecha” del gerente.  

Angela es de las entrevistadas que más ha disfrutado el proceso de seguimiento  

y el uso del “diario de vida económico”. Cada entrevista llega contándonos  

cuánto subieron los huevos este mes o lo difícil que ha sido conseguir café  

barato en su ciudad. Angela es una mujer que registra cada gasto y conoce “al  

dedillo” los precios y su variabilidad. A pesar de presentarse como una mujer  

“responsable ﬁnanciaremente”, al inicio de nuestra última entrevista nos dice:  

“Mi hijo me preguntó, mamá ¿cuándo le vas a decir a la entrevistadora que vives  

endeudada? Pero mi marido lo corrigió y le dijo: no, tu madre no está endeu-  

dada, ella paga todos los meses su línea de crédito. Tú mamá no le debe nada  

a nadie” (Angela, entrevista 4. Concepción).  

Para enfrentar la inestabilidad, las familias trazan umbrales: “lo mínimo para  

sostener arriendo y básicos”, “lo que no puedo dejar de pagar”. Sobre ese piso,  

agregan o detraen ítems según el mes. El cálculo incluye expectativas (¿entrará  

el bono?, ¿aportará la hermana?, ¿habrá pedidos?), de modo que el ingreso se  

anticipa y se corrige con información parcial.  

De esta manera, cuando un formulario exige “ingreso mensual del hogar” en  

cifra única, el hogar responde con el valor que mejor reduce el riesgo: declarar  

poco para evitar perder beneﬁcios, o declarar más para acceder a crédito. Esto  

genera sub y sobre coberturas y distorsiona los instrumentos de focalización.  

Deﬁnir la situación económica del hogar solo en base a lo considerado como  

“ingreso ﬁjo” aporta una visión limitada. En la línea de las recomendaciones de  

la comisión de expertos para la medición de la pobreza30 centrarse exclusiva-  

mente en ingresos monetarios subestima otras problemáticas estructurales y  

culturales que afectan la situación socioeconómica. La medición insuﬁciente  

de ingresos no solo complica las mediciones de estratiﬁcación social, sino que  

también limita el conocimiento sobre la heterogeneidad de las familias y sus  

estrategias de supervivencia³¹. En este sentido los estudios longitudinales resaltan  

la importancia de seleccionar y ampliar muestras para captar la complejidad de  

los ingresos y apoyos intergeneracionales, explicando así la dinámica cambiante  

de los hogares y la implementación de políticas³².  

Angela me dice, que ella ocupa regularmente su línea de crédito para sus  

gastos mensuales: “pero nunca me paso del monto que tengo y además lo  

pago sagradamente a ﬁnales de mes así que no tengo ninguna deuda”, nos  

explica. Para ella la línea de crédito es lo que hemos denominado en otros  

trabajos como “extensión salarial”.  

¿Qué haría yo sin mi línea de crédito? Nos dice Fernanda (45 años). Ella tiene  

un emprendimiento de cortinas y según nos cuenta “no hay un mes igual que el  

otro”, pero lo que se mantiene igual o se incrementa son los gastos. “Yo gasto lo  

que tengo disponible: línea de crédito y ahora un poco más la tarjeta de crédito  

que tienen menos intereses y ahí voy bicicleteando todos los meses…”. Para  

ella, la línea de crédito es lo único que le permite sostener gastos ﬁjos en un  

contexto de ingresos variables.  

La primera vez que nos encontramos con Alejandro (32 años, administrador  

público) fue en la casa de su mamá en Santiago. Estaba a pocos días de irse a  

vivir al sur de Chile por razones de trabajo. Ya en nuestra segunda entrevista está  

viviendo ahí. Sin embargo, en la tercera se había vuelto a cambiar de ciudad,  

porque quedó desempleado y se fue a vivir a la casa de su novia. En estos dos  

años los ingresos de Alejandro han variado considerablemente. Ha pasado de  

tener “sueldo de gerente, a sueldo de obrero”. Según nos cuenta la única forma  

de pasar por esta inestabilidad ﬁnanciera es haciendo un “uso estratégico del  

crédito”. Esto implica movilizar distintos tipos de estrategias que le permitan  

estabilizar sus ingresos. Así nos cuenta adapta sus gastos a los beneﬁcios de la  

tarjeta de crédito, o paga sus deudas con las tarjetas de crédito y así disminuye  

el monto de las cuotas que paga mensualmente. “Gracias al sistema ﬁnanciero  

30 Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la actualización de la medición de la  

Pobreza (2025). Informe ﬁnal recomendaciones. Ministerio de Desarrollo Social y Familia,  

Gobierno de Chile.  

31 Cifuentes, C. (2024). “Informalidad laboral en Chile: Determinantes, costos y propuestas  

Informe CLAPES UC)”. CLAPES UC.  

32 Muñoz Saavedra, J. A. (2020). Mujeres, pobreza y transferencias monetarias en Chile:  

Una investigación cualitativa longitudinal desde el enfoque de explicación por mecanis-  

mos. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas  

y Sociología. Universitat Autònoma de Barcelona.  

León Ossandón, V. A. (2018). “El trabajo informal en Chile, ¿opción voluntaria o condición  

obligada?”. Revista de Economía Laboral, 15(2), 57-89.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

he podido tener libertad de movimiento a pesar de no tener ingresos algunos  

meses”, nos dice.  

deuda como un “activo” para maniobrar la brecha entre costo de vida, ingresos  

percibidos y cargas ﬁnancieras; no solo circula dinero, también circulan instru-  

mentos como cheques y tarjetas³⁶. Todo ello sugiere que la ﬁnanciarización  

no es un proceso lineal de dominación, sino un campo de negociación en el  

que los hogares ejercen agencia en condiciones estructuralmente desiguales,  

anticipando ingresos futuros y reorganizando el presente con crédito, con vulne-  

rabilidades que se intensiﬁcan en escenarios de crisis y ﬂuctuación³⁷.  

A pesar de las enormes diferencias en su situación laboral y familiar, los tres casos  

representan distintas formas en que los instrumentos ﬁnancieros, en particular  

el crédito, penetran la percepción de los ingresos. En estos relatos, el crédito  

ingresa en la contabilidad cotidiana como parte de “lo disponible” y ensancha  

la percepción de ingreso mensual. En el caso de Ángela opera como extensión  

salarial: el cupo que se usa y repone borra la frontera entre salario y deuda que  

se paga al ﬁnal de mes, pero es un ejercicio tan natural que borra la imagen de  

lo que se deﬁne y se entiende como una deuda. En el de Fernanda, el crédito  

estabiliza ingresos variables y permite “bicicletear”, convirtiendo gastos ﬁjos  

en cuotas y suavizando el consumo cuando “no hay un mes igual que el otro”.  

En el de Alejandro, el “uso estratégico” del crédito sustituye transitoriamente  

al salario, arbitra cuotas y organiza el tiempo de pago para sostener movilidad  

y continuidad de vida.  

3. EL DESACOPLE ENTRE INGRESOS DISPONIBLES Y PATRONES DE CONSUMO:  

CUANDO EL GASTO MANDA  

“—¿Cuánto es lo que haces al mes, Mónica?  

—La verdad no sé. Conozco el monto mínimo de lo que tengo que hacer para  

pagar el arriendo y los gastos básicos, y en función de ese monto me voy  

moviendo”.  

La literatura sobre ﬁnanciarización doméstica ha documentado estos cruces  

entre instrumentos ﬁnancieros y presupuesto del hogar, mostrando cómo el  

crédito habilita accesos y, a la vez, reordena prioridades y tiempos de pago³³. En  

esta línea, se ha observado el crédito como estrategia de “consumption smoo-  

thing” que permite hacer “malabares”, mantener a los acreedores relativamente  

satisfechos y sostener un nivel de vida básico, con riesgos de acumulación y  

sobrecarga si su uso se prolonga³⁴. Evidencia reciente muestra además que  

hogares de ingresos medios recurren a productos de mayor costo para manio-  

brar el corto plazo y proteger su historial, tratando el ingreso como ﬂujo incierto  

más que base estable³⁵. En el contexto chileno, diversos trabajos describen la  

La primera vez que nos encontramos con Mónica, todavía le quedaban algunos  

ahorros de la ayuda que dio el gobierno para contener la crisis de la pandemia,  

así que estaba tranquila. Sin embargo, con el tiempo los ingresos de su taller de  

costuras comenzaron a ser insuﬁcientes para responder a sus gastos básicos  

de arriendo, comida y transporte. A pesar de que ha logrado bajar sus gastos al  

mínimo posible, tener que hacer el dinero para pagar el arriendo es una preocu-  

pación permanente. Mónica no tiene tarjetas de crédito y dice que preﬁere no  

pedir ayuda económica a su familia, así que, como sabe cuál es el monto básico  

que tiene que juntar, se las rebusca para encontrar otros trabajos esporádicos  

que le permitan alcanzar ese monto.  

33 Pollard, J. (2013). “The ﬁnancialization of capital: Crisis and change”. En: S. Knopp, F.  

Solari, & E. Ruzza (Eds.). The ﬁnancial crisis and the geographical restructuring of Europe  

(Págs. 23-40). Routledge.  

methodological review [Preprint]. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.08.02.2431140  

Gago, V. y Roig, A. (2019). “Las ﬁnanzas y las cosas”. En: Miño y Dávila. El imperio de las  

ﬁnanzas. Deuda y desigualdad (Págs. 11-30).  

Roberts, M. (2016). The long depression: Marxism and the global crisis of capitalism.  

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36 Han, C. (2011). Life in debt: Times of care and violence in neoliberal Chile. University  

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Marambio-Tapia, A. (2018). “El peso de la ﬁnanciarización de la vida diaria del nuevo pro-  

letariado de servicios en Chile”. Revista Central de Sociología, 8(8), 82-101.  

34 Seefeldt, K. S. (2015). “Constant consumption smoothing, limited investments, and few  

repayments: The role of debt in the ﬁnancial lives of economically vulnerable families”.  

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Pérez-Roa, L. (2020). “Consumo, endeudamiento y economía doméstica: una historia en  

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Lewin-Epstein, N., Stier, H. & Braun, D. (2016). Financialization and the modern welfare  

state. Oxford University Press.  

37 Zaloom, C. & James, D. (2023). “Financialization and the household”. Annual Review of  

Anthropology, 52, 399-415. DOI: “https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-052721-100947  

35 Croak, B., Grover, L. E., Wessely, S., Kharicha, K., Lamb, D., & Stevelink, S. A. M. (2024).  

RelativeincomeanditsrelationshipwithmentalhealthinUKemployees:Aconceptualand  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

La situación de Mónica es relativamente similar a la de aquellos hogares entre-  

vistados que perciben ingresos más bajos o que enfrentan gastos emergentes  

o pérdidas de empleo. Muchos hogares deciden realizar “pequeños negocios  

informales” o “emprendimientos” como una manera de maniobrar mejor la  

economía doméstica. Aurora, por ejemplo, tiene un pequeño emprendimiento  

de repostería; Álvaro y su pareja hacen clases de baile; Amparo vende joyas;  

Cristina vende acuarelas; Paulina vende tejidos a pedido y Teresa hace bolsos  

de telas recicladas. Para ellos, sus ingresos salariales no son suﬁcientes, y viven  

permanentemente en la presión de buscar nuevas fuentes de ingresos.  

de gasto que el propio hogar considera necesarios mantener. En la práctica,  

los hogares ajustan cómo y cuánto ingresan a sus necesidades y hábitos de  

consumo, priorizando la continuidad de su nivel de gasto según sus prefe-  

rencias, obligaciones y aquello que deﬁnen como esencial. Este comporta-  

miento se vuelve especialmente claro en contextos de inestabilidad laboral y  

bajos salarios: como plantean Lloyd y Horsley⁴⁰, aún bajo esas condiciones los  

hogares continúan participando activamente en la cultura del consumo porque  

el consumo provee identidad, estatus y sentido de pertenencia. Así, el crédito  

desempeña una función estructural e ideológica al permitir sostener ese estándar  

de consumo, proyectando la ilusión de bienestar y pertenencia en medio de la  

precarización del trabajo y, al mismo tiempo, anclando los ingresos futuros a la  

preservación de esos niveles de gasto.  

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del 2023³⁸, la estructura de gastos  

promedio de los hogares en Chile, es porcentualmente mayor a los ingresos  

disponibles. Siendo los ítems alimentación, transporte y vivienda los principales  

destinos del gasto. En este sentido, que el gasto supere a los ingresos parece  

ser la realidad del promedio de la población.  

A partir de estos relatos y datos, el desacople se observa como una opera-  

ción concreta: primero se ﬁja un piso de gastos que no puede ceder (arriendo,  

alimentación, transporte, educación de los hijos) y luego se ajustan los ingresos  

para alcanzarlo, aun cuando ello implique multiplicar trabajos esporádicos, abrir  

“pequeños negocios” o sostener el consumo mediante apoyos familiares y  

crédito. En los hogares con menos ingresos, esto se traduce en buscar nuevas  

fuentes de entrada y rotar actividades para cubrir el mes; en los hogares que  

deciden mantener estándares de consumo, se activan redes familiares que  

ﬁnancian partidas consideradas esenciales (como la educación), desplazando  

el ajuste desde el consumo hacia la composición del ingreso. Así, los patrones  

de gasto preestablecidos ordenan el presupuesto y empujan estrategias que  

convierten el ingreso en una variable a producir: se intensiﬁca la búsqueda de  

trabajos adicionales, se reprograman pagos y, cuando hay acceso, se recurre  

al crédito para suavizar o sostener niveles de vida. La noción de “inversión  

parental”41 y la participación en la cultura del consumo42 ayudan a explicar por  

qué, aún ante inestabilidad, los hogares priorizan mantener ciertos consumos  

Sin embargo, esta dinámica de presión del gasto en las economías domésticas  

está a su vez presente en aquellos hogares con ingresos superiores que han  

preferido “mantener sus niveles de consumo”, independientemente de las  

ﬂuctuaciones en sus ingresos. Por ejemplo, antes de la pandemia la empresa  

del marido de Carmen quebró y se quedó sin ingresos. Sus tres hijas iban en  

colegios particulares y no podían seguir pagándolo. Como no estaban dispuestos  

a que sus hijas pagarán las consecuencias de esta situación, las hermanas de  

Carmen se ofrecieron a pagarle el colegio a sus hijas. Según nos cuenta, durante  

ese tiempo se fueron a vivir al entretecho de un local comercial de una de sus  

hermanas. A pesar de que durante ese tiempo vivieron dependiendo de las  

ayudas de sus familias, decidieron mantener la vida de sus hijas: “no estábamos  

dispuesta a sacarlas del colegio y meterlas a un colegio público: uno sabe que  

en eso se juega el futuro de sus hijos”, nos dice Carmen.  

como apuestas sobre retornos futuros y como anclajes de identidad y perte  

-

En su último trabajo, Bandelj39 analiza cómo el dinero que los padres destinan a  

los niños reﬂeja las transformaciones sociales y culturales de las familias esta-  

dounidenses, convirtiendo las ﬁnanzas en un campo de especulación ﬁnanciera:  

“hemos transformado los gastos de crianza” a “inversiones parentales”. Este  

giro convierte los ingresos del hogar en capital a arriesgar donde las familias  

comienzan a operar bajo lógicas especulativas, ya que las decisiones económicas  

se justiﬁcan por la promesa de retornos futuros en capital humano.  

nencia. De este modo, el desacople no es una anomalía puntual sino una forma  

recurrente de organización económica doméstica en la que el gasto guía y el  

ingreso corre detrás.  

40 Lloyd, A. & Horsley, M. (2022). “Consumer culture, precarious incomes and mass indebt-  

edness: Borrowing from uncertain futures, consuming in precarious times”. Thesis Eleven,  

168(1), 55-71. DOI: https://doi.org/10.1177/07255136211053421  

La estructura de los ingresos de los hogares no está dada únicamente por el  

ingreso disponible: se conﬁgura, en gran medida, a partir de patrones y niveles  

41 Bandelj, N. (2024). The social life of money for children. Wiley Online Library. https://on-  

linelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.13176  

38 Instituto Nacional de Estadísticas (2023). Encuesta de Presupuestos Familiares.  

42 Lloyd, A. & Horsley, M. (2022). “Consumer culture, precarious incomes and mass indebt-  

edness: Borrowing from uncertain futures, consuming in precarious times”. Thesis Eleven,  

168(1), 55-71. DOI: https://doi.org/10.1177/07255136211053421  

39 Bandelj, N. (2024). The social life of money for children. Wiley Online Library. https://on-  

linelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.13176  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

Desafíos pendientes ante ingresos inciertos  

costos de cuidado, apoyos intergeneracionales, uso de instrumentos ﬁnan-  

cieros— exige combinar evidencia cualitativa y cuantitativa y revisar supuestos  

de elegibilidad y seguimiento, de modo que la intervención pública reconozca  

cómo se produce el “ingreso” en contextos de incertidumbre. La urgencia es  

clara: políticas y métricas sensibles a esta complejidad permitirían reducir errores  

de cobertura, prevenir sobreendeudamiento evitable y orientar apoyos más  

pertinentes y oportunos. Sobre esta base se justiﬁcan las recomendaciones que  

presentamos a continuación, orientadas a mejorar la medición, ajustar criterios  

de acceso y acompañar con dispositivos que reconozcan, en lugar de penalizar,  

las estrategias con que los hogares llegan a ﬁn de mes.  

En conjunto, los relatos y la evidencia convergen en una escena nítida: la  

economía doméstica se sostiene sobre ingresos inciertos, cuidados que reor-  

denan prioridades y crédito que actúa como “extensión salarial” y puente de  

liquidez. Bajo estas condiciones, el “ingreso disponible” deja de ser un monto  

ﬁjo para convertirse en un cálculo dinámico, especulativo y negociado mes a  

mes: se produce y ajusta combinando trabajos añadidos, pequeños emprendi-  

mientos, apoyos intergeneracionales y artefactos ﬁnancieros; se preserva un piso  

de gastos que no puede ceder (arriendo, alimentación, transporte, educación) y  

se mantiene un estándar de consumo que funciona como anclaje identitario y  

como apuesta por retornos futuros, aun a costa de mayor exposición al riesgo.  

Así, prácticas hoy normalizadas —emprendimientos informales para cerrar el  

mes, “bicicleteo” de pagos, ayudas familiares recurrentes— alivian el corto plazo  

pero también desplazan silenciosamente el umbral de lo que se entiende como  

“ingreso suﬁciente”, generando una disputa cotidiana por alcanzar una meta  

que se desajusta una y otra vez.  

¿Cómo observamos los ingresos en la vida real?: propuestas  

Estas propuestas no agregan trámites: buscan que la política calce con la forma  

en que el dinero realmente se mueve en la casa.  

Primero, medir el ingreso como ﬂujo. En vez de exigir una cifra única,  

conviene preguntar por bandas —el mínimo que sostiene lo inelástico,  

el monto típico y el máximo ocasional— y por las fuentes que componen  

ese ﬂujo (salario ﬁjo o variable, apoyos familiares, entradas informales  

y crédito que se usa para gasto corriente). Con esa fotografía en movi-  

miento se distinguen meses buenos y malos sin castigar la irregularidad.  

Este funcionamiento cotidiano dialoga con la dinámica de endeudamiento  

observada: los hogares ya no conciben el ingreso como ﬂujo estable, sino como  

ejercicio de anticipación y apuesta. Como señalan Berisha y Meszaros⁴³, se gasta  

hoy con la expectativa de ingresos futuros, y esas expectativas —a menudo  

demasiado optimistas— impulsan la demanda de crédito; el resultado puede  

ser una restricción de la movilidad ascendente y la consolidación de desigual-  

dades, con ciclos de deuda que, incluso a nivel agregado, terminan debilitando  

la economía cuando la expansión del crédito se apoya en mejoras esperadas que  

no siempre se materializan. En ese marco, los hogares ejercen una “autonomía  

enredada”⁴⁴: buscan independencia ﬁnanciera, pero solo pueden sostenerla  

mediante dependencias cruzadas con bancos, Estado y redes familiares, que  

habilitan y a la vez condicionan las maniobras de corto y mediano plazo.  

Segundo, reconocer que el cuidado reconﬁgura el ingreso disponible.  

Cuando una familia sostiene tratamientos crónicos o turnos de cuidado,  

el presupuesto cambia de base. La política puede acompañar con trans-  

ferencias estabilizadoras para cuidados de largo aliento, copagos techo  

y compras públicas de insumos críticos. La idea es simple: que el cuidado  

no salte a la tarjeta ni deteriore la red familiar.  

Tercero, descomprimir el corto plazo caro. Si la línea de crédito y la  

tarjeta se usan para emparejar el mes, tiene sentido ofrecer alternativas  

más baratas y transparentes: líneas blandas orientadas a ﬂujo, reglas  

claras para reﬁnanciar sin castigo y topes efectivos a comisiones que hoy  

encarecen la bicicleta ﬁnanciera. No se trata de promover deuda, sino  

de reemplazar costos opacos que terminan ahogando el mes. Cambios  

como el ajuste del pago mínimo van en la dirección correcta; falta que la  

transparencia del costo total sea la regla y no la excepción.  

Estas constataciones tienen implicancias directas para la medición y para la  

política pública. La deﬁnición tradicional del “ingreso del hogar” como cifra única  

subestima la volatilidad, invisibiliza la presión económica del cuidado y deja  

fuera el papel estructural del crédito en la contabilidad cotidiana. De allí que los  

instrumentos de focalización y las estadísticas de pobreza tiendan a producir  

sub y sobrecoberturas, y a perder de vista la heterogeneidad de arreglos que  

efectivamente sostienen la vida diaria. Incorporar estas capas —ﬂujos variables,  

Cuarto, focalizar mirando la variación y no solo el promedio. En lugar  

de umbrales rígidos que expulsan a quien un mes “se pasó”, es preferible  

integrar señales de volatilidad: cambios de empleo, saltos en boletas  

43 Berisha, E. & Meszaros, J. (2018). “Household debt, expected economic conditions, and  

income inequality”. International Journal of Finance & Economics, 23(3), 283-295. DOI:  

https://doi.org/10.1002/ijfe.1616  

44 Zaloom, C. & James, D. (2023). “Financialization and the household”. Annual Review of  

Anthropology, 52, 399-415. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-052721-100947  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

básicas, cargas de cuidado y las bandas declaradas. Así, el acceso a  

beneﬁcios acompaña la curva en vez de interrumpirla.  

REFERENCIAS  

Quinto, monitorear con pocos indicadores que importen. No buscamos  

un tablero barroco, sino seguir la película: porcentaje de hogares que  

reporta banda en vez de cifra ﬁja; proporción del gasto de cuidado que  

pasa por crédito; un índice sencillo de ensanchamiento ﬁnanciero del  

ingreso (uso de línea o tarjeta para gasto corriente); y la rotación trimestral  

de apoyos familiares. Con eso basta para ajustar el rumbo sin perder de  

vista la vida cotidiana.  

Bandelj, N. (2024). The social life of money for children. Wiley Online Library.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.13176  

Berisha, E. & Meszaros, J. (2018). “Household debt, expected economic condi-  

tions, and income inequality”. International Journal of Finance & Economics,  

23(3), 283-295. DOI: https://doi.org/10.1002/ijfe.1616  

Cifuentes, C. (2024). Informalidad laboral en Chile: Determinantes, costos y  

La secuencia es intuitiva: primero miramos el ﬂujo tal como ocurre; luego estabi-  

lizamos los costos que no se pueden postergar; después reemplazamos el corto  

plazo caro por opciones más justas; y, en paralelo, alivianamos la tramitación  

de quienes fabrican ingreso con varios oﬁcios. Ese orden respeta la manera  

en que los hogares ya están resolviendo. Las economías domésticas no son  

máquinas de sumas y restas; son tramas vivas. En ellas, los hogares practican  

una autonomía enredada⁴⁵: buscan independencia, pero solo la consiguen  

apoyándose en bancos, Estado y familia. Reconocer ese enredo exige diseñar  

mejor. Si dejamos de mirar los ingresos como un número quieto y empezamos  

a ver su movimiento, la política pública puede dejar de perseguir sombras y  

empezar a acompasar la vida real.  

propuesta. CLAPES UC.  

Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la actualización de la medición  

de la Pobreza (2025). Informe ﬁnal recomendaciones. Ministerio de Desarrollo  

Social y Familia, Gobierno de Chile.  

Farías, A. (2019). Políticas sociales en Chile. Trayecyorias de inequidades y  

desigualdades en la distribución de bienes y servicios. Ediciones UAH,  

Santiago, Chile.  

Han, C. (2011). Life in debt: Times of care and violence in neoliberal Chile.  

University of California Press.  

https://example.com/Informalidad_laboral_en_Chile_Clapes_UC_3b870aa7d1.pdf  

https://www.example.com/comision_pobreza_informe_ﬁnal_recomendaciones.pdf  

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2023, 3 de noviembre). Encuesta  

de Presupuestos Familiares–Página de producto/descripción. Instituto  

Nacional de Estadísticas de Chile. https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/  

ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares.  

Jovanović, D. (2025). “The household and family as refuge? Relational dimensions  

of household debt management in an industrial town in Serbia”. FOCAAL—  

Journal of Global and Historical Anthropology, 101, 13-24. DOI: https://doi.  

org/10.3167/fcl.2025.1010102  

León Ossandón, V. A. (2018). “El trabajo informal en Chile, ¿opción voluntaria o  

condición obligada?”. Revista de Economía Laboral, 15(2), 57-89.  

Lewin-Epstein, N. & M. Semyonov. 2016. “Household debt in midlife and old age:  

A multinational study”. International Journal of Comparative Sociology, 57(3),  

151-172. DOI:10.1177/0020715216653798  

45 Zaloom, C. & James, D. (2023). “Financialization and the household”. Annual Review of  

Anthropology, 52, 399-415. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-052721-100947  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

Lloyd, A. & Horsley, M. (2022). “Consumer culture, precarious incomes and mass  

indebtedness: Borrowing from uncertain futures, consuming in precarious times”.  

Thesis Eleven, 168(1), 55-71. DOI: https://doi.org/10.1177/07255136211053421  

3. VULNERABILIDAD A LA POBREZA EN CHILE: HACIA UNA  

MEDICIÓN OFICIAL Y POLÍTICAS PREVENTIVAS  

Marambio-Tapia, A. (2018). “El peso de la ﬁnanciarización de la vida diaria del  

nuevo proletariado de servicios en Chile”. Revista Central de Sociología,  

8(8), 82-101.  

Joaquín Prieto Suárez  

Montgomerie, J. (2020). Indebtedness and Financialization in Everyday Life.  

Facultad de Gobierno,  

Universidad de Chile  

The Routledge International Handbook of Financialization.  

https://orcid.org/0000-0003-4145-9988  

Motta, E. (2023). “Dinheiro da casa: categorias, transformações e processos de  

conversão na economia doméstica”. Horizontes Antropológicos, 29(66), DOI:  

https://doi.org/10.1590/2238-38752023v296602  

joaquin.prieto@gobierno.uchile.cl  

prietosj@lse.ac.uk  

Muñoz Saavedra, J. A. (2020). Mujeres, pobreza y transferencias monetarias  

en Chile: Una investigación cualitativa longitudinal desde el enfoque de  

explicación por mecanismos. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de  

Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.. Universitat Autònoma  

de Barcelona.  

1. DEFINIENDO LA VULNERABILIDAD Y EL VACíO EN LA MEDICIÓN OFICIAL  

La vulnerabilidad a la pobreza se entiende como la probabilidad de que hogares  

actualmente no pobres caigan en situación de pobreza en el futuro debido a  

shocks o caídas en sus ingresos. Estos eventos pueden ser de distinta natura-  

leza: pérdida del empleo, enfermedades o accidentes de miembros del hogar,  

cambios en la composición familiar (como la separación o el fallecimiento de  

un sostenedor económico), fenómenos climáticos adversos (sequías, inunda-  

ciones) o crisis económicas generales. La magnitud del impacto depende de la  

existencia de mecanismos de protección. Cuando un hogar carece de ahorros,  

cobertura de seguridad social (por ejemplo, seguros de desempleo o de salud),  

acceso al crédito o redes de apoyo familiar, su vulnerabilidad aumenta de manera  

signiﬁcativa⁴⁶. En tales casos, incluso un shock relativamente acotado puede  

ser suﬁciente para empujar a un hogar de ingresos medios-bajos por debajo  

de la línea de pobreza.  

Pérez Orosco, A. (2019). Subversión feminista de la economía: Aportes para un  

debate sobre el conﬂicto capital-vida. Traﬁcantes de Sueños.  

Pérez-Roa, L. (2021). “Congeniar, resistir y ajustar: negociaciones en parejas  

para maniobrar las deudas y llegar a ﬁn de mes”. Encartes Antropologico, 4.  

DOI: https://doi.org/10.29340/en.v4n7.170  

Pérez-Roa, L. (2019). “Emprendedores por necesidad: el emprendimiento como  

estrategia de pago de deudas en un contexto precariedad laboral”. Aposta.  

Revista de Ciencias Sociales, 83, 61-75. http://apostadigital.com/revistav3/  

hemeroteca/loperez.pdf  

Pérez-Roa, L. y Gómez Contreras, M. (2019). “Deuda, temporalidad y moralidad: Proceso  

de subjetivación de parejas jóvenes profesionales”. Psicoperspectivas, 18(3),  

6-15. DOI: https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue3-fulltext-1646  

En Chile, la pobreza monetaria oﬁcial ha disminuido de manera sostenida en  

las últimas décadas. Sin embargo, una proporción signiﬁcativa de hogares se  

mantiene apenas por encima de la línea de pobreza, en un rango de ingresos  

precarios. Esta alta concentración de población en torno al umbral implica que  

incluso variaciones mínimas en los ingresos pueden generar cambios relevantes  

en la tasa de pobreza. Según estimaciones basadas en la CASEN 2022, una  

reducción de apenas $10.000 pesos mensuales por adulto equivalente en los  

hogares cercanos al umbral podrían incrementar la tasa de pobreza en más  

Pérez-Roa, L. (2020). “Consumo, endeudamiento y economía doméstica: una  

historia en tres tiempos para entender el estallido social”. En: Hilos tensados,  

Para leer el octubre chileno (Págs. 37-82). Colección IDEA y Universidad de  

Santiago de Chile. Santiago, Chile.  

Zaloom, C. & James, D. (2023). “Financialization and the household”. Annual  

Review of Anthropology, 52, 399-415. DOI: https://doi.org/10.1146/  

annurev-anthro-052721-100947  

46 Prieto, J. (2022). “A Multidimensional Approach to Measuring Economic Insecurity: The  

case of Chile”. Social Indicators Research, 163(2), 823-855. DOI: https://doi.org/10.1007/  

s11205-022-02918-5  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

de un punto porcentual⁴⁷. En consecuencia, la pobreza en Chile presenta una  

elevada sensibilidad a shocks económicos, dado que una franja considerable  

de familias se ubica en la categoría de no ser pobres, pero si vulnerables a la  

pobreza.  

años si un número signiﬁcativo de hogares cercanos a la línea de pobreza  

carece de protección adecuada.  

La preocupación por la vulnerabilidad surge del reconocimiento de que la medi-  

ción estática de la pobreza —es decir, el porcentaje de personas pobres en un año  

determinado— no reﬂeja plenamente la dinámica de la movilidad de ingresos ni  

la inseguridad económica. Muchos hogares que no son pobres viven con incer-  

tidumbre constante respecto de su futuro cercano. En este contexto, estudios  

pioneros en América Latina deﬁnieron a la clase media “segura” como aquellos  

hogares con baja probabilidad de caer en pobreza, estableciendo umbrales de  

ingreso que permiten distinguir entre población vulnerable y hogares efectiva-  

mente consolidados en la clase media. López-Calva y Ortiz-Juárez⁵⁰, por ejemplo,  

propusieron un umbral absoluto de vulnerabilidad cercano a 2,5 veces la línea de  

pobreza, lo que corresponde aproximadamente a una probabilidad del 10% de  

caer en pobreza. A partir de ese nivel, los hogares pueden considerarse parte de  

una clase media no vulnerable. Este enfoque —adoptado también por el Banco  

Mundial— mostró que gran parte de la población latinoamericana que superó  

la pobreza en la década de 2000 continuaba siendo vulnerable a retrocesos⁵¹.  

De hecho, dos tercios de los hogares con ingresos diarios entre 4 y 10 dólares  

(estrato vulnerable) experimentaron al menos un episodio de pobreza en un  

período de diez años, al igual que un 14% de aquellos ubicados en la clase media  

consolidada⁵². Estos strugglers o “nuevos vulnerables” representan un amplio  

grupo que, si bien logró salir de la pobreza, aún enfrenta riesgos signiﬁcativos  

de volver a caer en ella⁵³.  

A pesar de lo anterior, Chile carece de una medida oﬁcial de vulnerabilidad a la  

pobreza. La Comisión para la Medición de la Pobreza (CMP), convocada en 2025  

para actualizar la medición de la pobreza, identiﬁcó este vacío y recomendó  

incorporar un indicador especíﬁco en las mediciones oﬁciales. Sus estimaciones  

preliminares, elaboradas a partir del Registro Social de Hogares, sugieren que  

entre un 15% y un 30% de la población situada por encima de la línea de pobreza  

se encuentra en riesgo de caer en ella⁴⁸. No obstante, esta recomendación aún  

no ha sido implementada. La ausencia de una métrica oﬁcial implica que las  

políticas públicas carecen de información precisa sobre este segmento: mientras  

la encuesta CASEN permite cuantiﬁcar la pobreza, no identiﬁca a quienes, pese  

a no ser pobres, enfrentan una elevada inseguridad económica. Incorporar la  

vulnerabilidad en las estadísticas oﬁciales es fundamental, tanto para visibilizar  

a estos grupos como para orientar políticas preventivas que reduzcan el riesgo  

de retrocesos en los avances logrados en la reducción de la pobreza frente a  

futuras crisis.  

2. IMPORTANCIA DE MEDIR LA VULNERABILIDAD A LA POBREZA  

Existe amplio consenso, respaldado por evidencia académica y de organismos  

internacionales, con respecto a que medir la vulnerabilidad a la pobreza es funda-  

mental para diseñar políticas sociales efectivas. En la última década, instituciones  

como el Banco Mundial han promovido un enfoque prospectivo, orientado no  

solo a identiﬁcar a los pobres actuales, sino también a los hogares que, aun sin  

ser pobres, enfrentan un alto riesgo de caer en esa situación ante eventuales  

shocks. Contar con esta información ex ante permite diseñar estrategias más  

eﬁcaces de reducción de la pobreza y fortalecer las políticas de gestión de  

riesgos, por ejemplo, mediante seguros de desempleo o el fomento del ahorro  

precautorio. Como subraya Dercon⁴⁹, las políticas de manejo de riesgo adquieren  

sentido pleno cuando se identiﬁca previamente quiénes son vulnerables. Ignorar  

esta dimensión puede llevar a avances frágiles: una crisis económica, sanitaria  

o climática puede revertir en pocos meses los progresos alcanzados durante  

En Chile, la evidencia sobre dinámicas de pobreza conﬁrma la magnitud del  

problema. Un análisis de la Encuesta Panel CASEN 2006-2009 mostró que,  

cerca de un 33% experimentó al menos un episodio de pobreza durante ese  

cuatrienio⁵⁴. El estudio identiﬁcó un núcleo reducido de pobreza crónica (5,6%  

de la población), pero también una alta movilidad de entrada y salida: numerosos  

50 López-Calva, L.F. & Ortiz-Juárez, E. (2014). “A vulnerability approach to the deﬁni-  

tion of the middle class”. Journal of Economic Inequality, 12(1), 23-47. DOI: 10.1007/  

s10888-012-9240-5  

51 Ferreira, F., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L.F., Lugo, M.A. & Vakis, R. (2013).  

Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class. World Bank.  

Washington, DC.  

52 Stampini, M., Robles, M., Sáenz, M., Ibarrarán, P. & Medellín, N. (2016). “Poverty, vulnerabil-  

ity and the middle class in Latin America”. Latin American Economic Review, 25(1), 4. DOI:  

10.1007/s40503-016-0034-1  

53 Birdsall, N., Lustig, N. & Meyer, C. (2014). “The Strugglers: The New Poor in Latin America?”.  

47 CMP (2025). Informe Final de Recomendaciones. Comisión Asesora Presidencial para la  

World Development, 60, 132-146. DOI: 10.1016/j.worlddev.2014.02.009  

Actualización de la Medición de la Pobreza. Pág. 118.  

54 Maldonado, L., & Prieto, J. (2015). “Determinants of Poverty Dynamics in Chile and  

the Role of Temporal Persistence: Analysis the Panel Casen 2006-2009 using the  

Event History Method”. Economía y Política Review, 2(2), 5-39. DOI: http://dx.doi.  

org/10.15691/07194714.2015.005  

48 CMP (2025). Informe Final de Recomendaciones. Comisión Asesora Presidencial para la  

Actualización de la Medición de la Pobreza. Pág. 121.  

49 Dercon, S. (Ed.). (2005). Insurance Against Poverty. Oxford University Press.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

hogares lograban superar la línea de pobreza en un año, solo para volver a caer  

al siguiente. Investigaciones previas conﬁrman este patrón de vulnerabilidad:  

entre 1996 y 2001, el 30,6% de la población fue pobre en al menos una medi-  

ción, y entre 2001 y 2006, el 23,4%⁵⁵. Estos hallazgos evidencian que superar  

marginalmente la línea de pobreza no asegura estabilidad ni bienestar: ante un  

shock como la pérdida del empleo o un gasto imprevisto en salud, los hogares  

pueden caer rápidamente nuevamente en pobreza. Como concluyeron estos  

estudios, un porcentaje relevante de hogares en Chile permanece expuesto a  

episodios recurrentes de pobreza, siendo la inestabilidad laboral —especialmente  

vinculada a la informalidad— el factor desencadenante más determinante de  

estas ﬂuctuaciones. En suma, las estadísticas transversales tienden a ocultar  

esta alta rotación en torno a la línea de pobreza, en la que numerosas familias  

transitan de manera recurrente dentro y fuera de ella.  

ingresos frente a pandemias o el diseño de mecanismos de respuesta rápida  

para poblaciones en riesgo, antes de que caigan en pobreza.  

La inacción o una respuesta tardía frente a la vulnerabilidad tiene consecuen-  

cias signiﬁcativas. Desde la perspectiva del bienestar, vivir en condiciones de  

vulnerabilidad se asocia a elevados niveles de inseguridad y estrés para los  

hogares. Evidencia reciente en Chile muestra que la satisfacción con la vida de  

los hogares vulnerables de clase media es casi tan baja como la de los hogares  

pobres, debido a la persistente incertidumbre económica que enfrentan⁵⁷. Desde  

el punto de vista económico, ignorar la vulnerabilidad genera respuestas más  

costosas a largo plazo: resulta más eﬁciente prevenir caídas en pobreza que  

implementar medidas de rescate una vez que los hogares ya han empobrecido.  

Un enfoque exclusivo en los pobres actuales conlleva el riesgo de reaccionar  

de forma reactiva, como sucedió en 2020, cuando fue necesario ampliar de  

manera urgente las transferencias públicas, con un uso menos eﬁciente de los  

recursos. En el plano político y social, mantener a un amplio segmento de la  

población en situación de riesgo permanente erosiona la conﬁanza en el progreso  

y puede alimentar el malestar. La última década en Chile —caracterizada por bajo  

crecimiento económico, el estallido social de 2019, la pandemia y la posterior  

inﬂación— visibilizó la “incertidumbre económica” de grupos que permanecían  

ocultos tras las estadísticas de pobreza en descenso. En este sentido, abordar  

la vulnerabilidad no solo es una necesidad técnica, sino también un requisito  

para fortalecer la cohesión social.  

La alta concentración de hogares en torno a la línea de pobreza hace que las  

variaciones macroeconómicas tengan un impacto especialmente pronunciado.  

Durante la crisis del COVID-19, Chile evitó un incremento aún mayor de la pobreza  

gracias a transferencias de emergencia de gran escala; sin embargo, la situación  

reveló la vulnerabilidad latente de amplios sectores de la llamada clase media,  

que sin estos apoyos temporales habrían experimentado un retroceso social  

mucho más severo. A nivel regional, los datos muestran un patrón similar. Antes  

de la pandemia, en 2019, la proporción de latinoamericanos vulnerables era  

prácticamente equivalente a la de la clase media (ambos en torno al 37-38%  

de la población). Tras el impacto de 2020, la clase media se redujo a 37,3%  

mientras que el grupo vulnerable aumentó a 38,5%, según estimaciones del  

Banco Mundial⁵⁶. En otras palabras, millones de personas que habían supe-  

rado la pobreza seguían siendo económicamente inestables y retornaron a  

ella frente al shock. Estos hogares vulnerables suelen quedar excluidos de los  

sistemas de protección social: no cumplen los requisitos de las transferencias  

focalizadas en los más pobres y, al mismo tiempo, carecen de seguros sociales  

sólidos debido a la informalidad o a la inestabilidad de sus ingresos. Reducir la  

pobreza sin atender la vulnerabilidad conduce a logros frágiles: una desacelera-  

ción económica, una pandemia o un desastre natural pueden revertir en meses  

avances que tomaron años. Incorporar la vulnerabilidad en la medición aporta  

un valor adicional al ofrecer insumos para políticas preventivas e innovadoras,  

como la expansión de los seguros de desempleo, la creación de seguros de  

3. CONCEPTOS Y EVIDENCIA RECIENTE  

La literatura económica sobre pobreza y bienestar ha incorporado progresi-  

vamente el concepto de vulnerabilidad a la pobreza desde mediados de los  

años noventa⁵⁸). Sin embargo, aún no existe consenso sobre su deﬁnición y  

medición, en gran parte debido a la diﬁcultad de anticipar distribuciones futuras  

de ingresos⁵⁹. Se han propuesto diversos enfoques para cuantiﬁcar el riesgo  

de caer en pobreza, reﬂejando el carácter multidimensional del concepto, en  

el que inciden factores no solo económicos, sino también sociales, geográﬁcos  

e institucionales.  

En términos generales, la literatura reciente distingue dos grandes enfoques  

para medir la vulnerabilidad a la pobreza:  

57 Prieto, J. & Torres, G. (2025). How does vulnerability to poverty aﬀect subjective well-be-  

55 Denis, A., Prieto, J. y Zubizarreta, J. (2007). “Dinámica de la pobreza en Chile: eviden-  

cia en los años 1996, 2001 y 2006”. Persona y Sociedad, 21(3), 9-30. DOI: https://doi.  

org/10.53689/pys.v21i3.149  

ing? A secure middle-class perspective for Chile. Mimeo.  

58 Morduch, J. (1994). “Poverty and vulnerability”. American Economic Review, 84(2), 221-225.  

56 Banco Mundial (2021). A duras penas. El leve ascenso y súbita caída de la clase media  

59 Ravallion, M. (1996). “Issues in measuring and modeling poverty”. Economic Journal,  

en América Latina y el Caribe. Banco Mundial. Washington, D.C.  

106(438), 1328-1343.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

•

Enfoques de riesgo esperado (vulnerabilidad como pobreza esperada).  

el ingreso correspondiente a ese riesgo. Este enfoque es conceptualmente similar  

al de López-Calva y Ortiz-Juárez⁶⁴, pero se deriva directamente de la distribución  

empírica de riesgos. El segundo método deﬁne vulnerabilidad “desde abajo”:  

determina hasta qué nivel de ingreso los hogares no pobres enfrentan un riesgo  

elevado de caer en pobreza, estableciendo así una cota superior para el grupo  

vulnerable. Ambos enfoques pueden aplicarse con datos de panel o con paneles  

sintéticos (cuando no se dispone de información longitudinal real), y permiten  

evitar criterios arbitrarios previamente utilizados por algunos países —como deﬁnir  

vulnerables en rangos ﬁjos (1,25 a 2 veces la línea de pobreza) o aumentos ad hoc  

de 30% a la línea de pobreza, como ocurrió en India y Vietnam—. Dang y Lanjouw65  

ilustraron su propuesta con datos de Estados Unidos, Vietnam y con un panel  

sintético para India, mostrando que es posible estimar de manera consistente la  

proporción de pobres, vulnerables y “seguros” en distintos contextos. Encontraron,  

por ejemplo, que en Vietnam e India durante los 2000 la fracción vulnerable se  

mantuvo relativamente estable, incluso cuando la pobreza disminuía y la clase  

media crecía, lo que refuerza la necesidad de medir explícitamente a este grupo.  

Utilizan modelos econométricos —basados en datos de corte transversal o  

panel— para estimar la probabilidad de que un hogar caiga en pobreza en  

el futuro dada su situación actual. Ejemplos clásicos incluyen el método de  

Chaudhuri60 y sus desarrollos posteriores⁶¹, que deﬁnen la vulnerabilidad  

como la probabilidad proyectada de consumir por debajo de la línea de  

pobreza. Estas metodologías requieren modelar la varianza del ingreso o  

consumo y ﬁjar un umbral que determine qué nivel de probabilidad consti-  

tuye un riesgo “alto”. Aunque son herramientas útiles para la investigación,  

su complejidad ha limitado su adopción como indicadores simples para la  

formulación de políticas públicas.  

•

Enfoques basados en umbrales de ingreso vinculados al riesgo. Plantean  

la construcción de una “línea de vulnerabilidad”, análoga a la línea de  

pobreza, pero situada en un nivel más alto, que permita identiﬁcar a la  

población vulnerable. Este enfoque ha sido el más utilizado por organismos  

internacionales y gobiernos en la última década, debido a su simplicidad  

y facilidad de comunicación. López-Calva y Ortiz-Juárez⁶², por ejemplo,  

propusieron para América Latina un umbral absoluto cercano a 2,5 veces  

la línea de pobreza (10 USD PPP diarios), nivel asociado a una probabilidad  

del 10% de caer en pobreza. Bajo este criterio, los hogares por encima del  

umbral se consideran parte de una clase media “segura”, mientras que  

quienes se ubican entre la línea de pobreza y este umbral conforman la  

clase vulnerable. Este enfoque, replicado en informes del Banco Mundial  

para países de ingresos medios, consolidó una idea clave: un hogar no  

puede considerarse plenamente de clase media mientras siga siendo  

vulnerable a la pobreza.  

Una contribución complementaria proviene de Schotte66 et al, quienes desarro-  

llan una estratiﬁcación más amplia que distingue entre pobreza crónica, pobreza  

transitoria, vulnerabilidad y clase media, aplicada al caso de Sudáfrica. Mediante  

modelos multinivel que controlan por heterogeneidad no observada, condiciones  

iniciales y atrición del panel, muestran que solo uno de cada cuatro sudafricanos  

puede ser considerado clase media estable o élite, mientras que tres de cada  

cuatro enfrentan inestabilidad como pobres crónicos, pobres transitorios o vulne-  

rables. Su análisis destaca que el acceso a un empleo estable constituye el factor  

central para alcanzar estabilidad económica, mientras que la falta de empleo y  

la prevalencia de trabajos precarios explican los altos niveles de vulnerabilidad  

que limitan la consolidación de una clase media. Estos hallazgos no solo son rele-  

vantes para Sudáfrica, sino también para otros países en desarrollo con mercados  

laborales altamente informales, donde la ausencia de empleos formales y seguros  

mantiene a amplios sectores en la frontera de la pobreza pese a no ser pobres  

en la actualidad.  

Un aporte clave provino de Dang y Lanjouw⁶³, quienes propusieron formalmente  

dos métodos para estimar líneas de vulnerabilidad ancladas explícitamente al riesgo  

de caer en pobreza. El primer método identiﬁca el nivel mínimo de ingreso a partir  

del cual los hogares dejan de ser considerados vulnerables, estableciendo una  

probabilidad máxima aceptable de caer en pobreza (por ejemplo, 10%) y calculando  

En el caso de Chile, además de los estudios ya mencionados, la literatura acadé-  

mica reciente ha comenzado a abordar explícitamente la vulnerabilidad. Prieto67  

60 Chaudhuri, S. (2003) Assessing vulnerablity to poverty: concepts, empirical methods and  

illustrative examples. School of International and Public Aﬀairs, Columbia University, New  

York. Unpublished manuscript.  

61 Christiaensen, L., & Subbarao, K. (2005). “Towards an understanding of household vul-  

nera-bility in rural Kenya”. Journal of African Economies, 14(4), 520–558. https://doi.  

org/10.1093/jae/eji008  

62 López Calva, L. F., Cruces, G. A., Lach, S., & Ortiz Juárez, E. (2014). “Clases medias y  

vulnerabilidad a la pobreza: Reﬂexiones desde América Latina“. El Trimestre Económico,  

81(322), 281–307.  

63 Dang, H-A. & Lanjouw, P. (2017). “Welfare dynamics measurement: two deﬁnitions of a  

vulnerability line and their empirical application”. Review of Income and Wealth, 63(4),  

633-660. DOI: 10.1111/roiw.12237  

64 López-Calva, L.F. & Ortiz-Juárez, E. (2014). “A vulnerability approach to the deﬁnition of the  

middle class”. Journal of Economic Inequality, 12(1), 23-47. DOI: 10.1007/s10888-012-9240-5  

65 Dang, H-A. & Lanjouw, P. (2017). “Welfare dynamics measurement: two deﬁnitions of a  

vulnerability line and their empirical application”. Review of Income and Wealth, 63(4),  

633-660. DOI: 10.1111/roiw.12237  

66 Schotte, S., Zizzamia, R. & Leibbrandt, M. (2018). “A poverty dynamics approach to so-  

cial stratiﬁcation: The South African case”. World Development, 110, 88-103. DOI: 10.1016/j.  

worlddev.2018.05.024  

67 Prieto, J. (2024). “Degrees of vulnerability to poverty: a low-income dynamics approach  

for Chile”. Journal of Economic Inequality, 22, 1069-1107.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

ofrece una contribución central al proponer un marco empírico que identiﬁca  

grados de vulnerabilidad a partir de dos líneas de referencia que clasiﬁcan a la  

población no pobre en grupos de alto, mediano y bajo riesgo de caer en pobreza  

(este último corresponde a la clase media “segura”). Su enfoque combina elementos  

de López-Calva y Ortiz-Juárez68 (umbral de riesgo) con modelos de dinámica  

de ingresos69 estimando tanto la probabilidad de entrada en pobreza como la  

distribución futura de ingresos de los hogares. Aplicando esta metodología a un  

panel chileno, Prieto estima una línea de vulnerabilidad “alta” en 9,9 dólares PPP  

por persona al día y una línea de vulnerabilidad “baja” en 20 dólares PPP diarios  

(valores de 2011), equivalentes aproximadamente a 1,8 y 3,6 veces la línea de  

pobreza nacional. Estas estimaciones diﬁeren signiﬁcativamente de las previas  

para América Latina —cercanas a 2,5 veces la línea de pobreza— y sugieren que  

la población vulnerable en Chile podría ser mayor de lo estimado por métodos  

tradicionales. Prieto advierte que catalogar erróneamente a hogares vulnerables  

como clase media consolidada conlleva un riesgo sustantivo: estos hogares  

podrían quedar excluidos de políticas de apoyo, lo que refuerza la necesidad de  

una medición rigurosa.  

en la primera ronda, problemas de ﬁnanciamiento y desfases en la recolección).  

La CMP70 subrayó que solo un panel de hogares permite captar con precisión los  

movimientos de entrada y salida de la pobreza, los umbrales de ingreso asociados  

al riesgo y los factores que determinan transiciones en el bienestar. Implementar  

un panel robusto, sin embargo, requiere recursos sostenidos, un diseño muestral  

representativo —con desagregaciones urbano-rurales y regionales— y mecanismos  

eﬁcaces para reducir el abandono de la muestra. La experiencia internacional  

muestra que es posible mitigar estas diﬁcultades mediante paneles rotativos,  

incentivos a la participación o la integración con registros administrativos, pero  

ello exige voluntad política y un compromiso institucional de largo plazo.  

En el plano metodológico, uno de los principales retos es deﬁnir el umbral de  

vulnerabilidad de manera consensuada y técnicamente sólida. Conceptualmente,  

este debe identiﬁcar a los hogares no pobres con distintos niveles de probabilidad  

de caer en pobreza. Ello puede lograrse a través de modelos de probabilidad  

de caer en pobreza que pueden asociarse a líneas de vulnerabilidad, como los  

propuestos por Prieto⁷¹. En Chile, estimaciones preliminares a partir del Panel  

CASEN 2006–2009 sugirieron una línea de vulnerabilidad cercana a 2,3 veces  

la línea de pobreza, aunque se reconoce que estos valores pueden variar según  

las condiciones económicas y laborales del país⁷². Por ello, se recomienda que la  

línea de vulnerabilidad sea dinámica y sujeta a actualización periódica, reﬂejando  

cambios estructurales en la economía y en las políticas sociales.  

En síntesis, la literatura reciente —incluyendo las contribuciones de Dang y Lanjouw,  

López-Calva y Ortiz-Juárez, Schotte et al., y Prieto— converge en la importancia  

de identiﬁcar explícitamente a los vulnerables como grupo objetivo de política.  

Asimismo, enfatiza la heterogeneidad dentro de este grupo: no todos los vulnera-  

bles enfrentan el mismo nivel de riesgo, lo que implica que priorizar intervenciones  

requiere distinguir subgrupos, como lo hace la propuesta de líneas múltiples de  

Prieto. La evidencia comparada de América Latina, África y Asia refuerza que la  

vulnerabilidad es un fenómeno extendido en países de ingreso medio, y que su  

medición rigurosa constituye un paso previo indispensable para el diseño de  

políticas sociales preventivas y efectivas.  

Otro desafío es integrar la dimensión multidimensional de la vulnerabilidad en  

la medición⁷³. Hasta ahora, el énfasis ha estado en el riesgo de caer en pobreza  

monetaria, pero la experiencia reciente —como la pandemia— muestra que  

los hogares también son vulnerables frente a deterioros en salud, educación  

o vivienda. Un sistema integral debería incorporar estas dimensiones, aunque  

ello requiere paneles más complejos y metodologías innovadoras. En el corto  

plazo, la vulnerabilidad monetaria puede servir como punto de partida operativo,  

pero avanzar hacia métricas complementarias —como vulnerabilidad sanitaria o  

educativa— constituye un desafío estratégico de mediano plazo.  

4. DESAFíOS PENDIENTES PARA CHILE  

La identiﬁcación y medición rigurosa de la vulnerabilidad a la pobreza plantea  

múltiples desafíos en Chile. En el plano informativo, persiste un vacío signiﬁcativo  

debido a la ausencia de encuestas de panel continuas que permitan seguir a  

los mismos hogares a lo largo del tiempo. La única experiencia relevante fue la  

Encuesta Panel CASEN 2006-2009, de carácter experimental, que mostró tanto el  

valor de este enfoque como las diﬁcultades para sostenerlo (altas tasas de atricción  

Asimismo, resulta esencial capturar la heterogeneidad territorial. Las condiciones  

de riesgo varían entre zonas urbanas y rurales, e incluso entre regiones, debido  

70 CMP (2025). Informe Final de Recomendaciones. Comisión Asesora Presidencial para la  

Actualización de la Medición de la Pobreza.  

71 Prieto, J. (2024). “Degrees of vulnerability to poverty: a low-income dynamics approach  

for Chile”. Journal of Economic Inequality, 22, 1069-1107. DOI: https://doi.org/10.1007/  

s10888-023-09611-8  

68 López-Calva, L.F. & Ortiz-Juárez, E. (2014). “A vulnerability approach to the deﬁni-  

tion of the middle class”. Journal of Economic Inequality, 12(1), 23–47. DOI: 10.1007/  

s10888-012-9240-5  

72 Telias, A. (2018). Understanding vulnerability: three papers on Chile. Tesis doctoral,  

University of Manchester.  

69 Cappellari, L. & Jenkins, S. P. (2004). Modelling low income transitions. Journal of Applied  

73 Gallardo, M. (2019). “A Multidimensional Vulnerability to Poverty Index: A Mean-Risk  

Econometrics, 19(5), 593-610.  

Behavioral Approach”. Social Indicators Research, 145(1), 1-26.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

a factores como exposición a choques climáticos, dependencia de actividades  

económicas especíﬁcas o precariedad en los mercados laborales locales. Por  

ejemplo, los hogares rurales enfrentan mayor exposición a sequías o heladas,  

tasas más altas de informalidad laboral y menores niveles de protección social. En  

áreas urbanas, la vulnerabilidad se concentra en sectores con empleos precarios  

o condiciones habitacionales inestables, como campamentos en zonas de riesgo  

ambiental. Incorporar esta dimensión requerirá ampliar el tamaño muestral de  

las encuestas o complementar los datos con registros administrativos locales,  

lo que a su vez demanda una mayor coordinación entre el nivel central y los  

gobiernos regionales y municipales.  

en pobreza. De acuerdo con la recomendación de la CMP⁷⁴, el Ministerio de  

Desarrollo Social y Familia (MDSF) y el INE podrían publicar periódicamente,  

junto con la tasa de pobreza, la tasa de vulnerabilidad. En una etapa inicial, y  

dada la ausencia de un panel nacional, este indicador podría construirse a partir  

de la información disponible, utilizando umbrales de ingreso aproximados. Por  

ejemplo, datos del Registro Social de Hogares permiten identiﬁcar segmentos  

de población con mayor riesgo: estimaciones preliminares sugieren que dentro  

de 1,5 veces la línea de pobreza se concentra el 40% más vulnerable de la  

población (incluyendo a los pobres), y dentro de 2 veces la línea, cerca del  

60% más vulnerable. Con base en estos parámetros, podría deﬁnirse una línea  

de vulnerabilidad provisional situada entre 1,5 y 2 veces la línea de pobreza,  

lo que implica que entre un 15% y un 30% de la población no pobre estaría en  

situación vulnerable.  

Finalmente, se deben enfrentar retos políticos e institucionales. Deﬁnir oﬁcial-  

mente un indicador de vulnerabilidad implica decisiones sensibles: qué proba-  

bilidad de caer en pobreza será considerada “alta”, cómo se comunicarán los  

resultados y qué recursos se asignarán a hogares que hoy no son pobres pero  

que enfrentan riesgos signiﬁcativos. Reconocer a este grupo podría implicar  

ampliar coberturas de programas sociales hacia sectores tradicionalmente cata-  

logados como “clase media baja”, con costos ﬁscales asociados. La CMP 2025  

recomendó adoptar una línea de vulnerabilidad análoga a la de pobreza —un  

umbral de ingreso expresado en valores simples de comunicar— e informar la  

proporción de población bajo dicho umbral, asegurando complementariedad  

con la tasa de pobreza. No obstante, persisten debates metodológicos y se  

anticipa que será necesario un período de prueba y ajuste antes de su institu-  

cionalización deﬁnitiva. En cualquier caso, avanzar en esta agenda requiere tres  

condiciones básicas: (a) voluntad política para reconocer y atender a los hogares  

vulnerables, (b) consensos técnicos entre expertos respecto de la metodología  

y (c) fortalecimiento sostenido de las capacidades estadísticas nacionales.  

Este indicador provisorio permitiría visibilizar de inmediato la magnitud de los  

hogares en riesgo y transmitir un mensaje claro —por ejemplo, “además del X%  

en pobreza, Y% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad  

económica”—. Es fundamental comunicar adecuadamente que la línea de vulne-  

rabilidad no redeﬁne la pobreza, sino que incorpora una categoría adicional  

para efectos de diagnóstico y prevención. A mediano plazo, este umbral inicial  

deberá ser reﬁnado mediante métodos más precisos, idealmente combinando  

datos longitudinales y modelos predictivos adaptados a la realidad chilena. No  

obstante, instalar desde ahora la noción de vulnerabilidad en el vocabulario  

oﬁcial es un paso necesario para orientar las políticas hacia la prevención de  

retrocesos sociales.  

b. Desarrollar instrumentos de medición más robustos: implementar una  

Encuesta Panel de Hogares  

5. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA ABORDAR LA VULNERABILIDAD A LA POBREZA  

Para estimar con rigor las probabilidades de caer en pobreza y comprender  

los factores que las determinan, resulta indispensable mejorar la base de infor-  

mación disponible. Se propone implementar una Encuesta Panel de Hogares  

a nivel nacional, con periodicidad anual o bianual, representatividad nacional,  

urbano-rural y, en lo posible, desagregación por macrozonas. Este instrumento  

permitiría: (i) medir la dinámica de entradas y salidas de la pobreza año a año,  

(ii) identiﬁcar umbrales de vulnerabilidad con base empírica sólida, (iii) detectar  

situaciones de pobreza crónica y sus determinantes, y (iv) recoger información  

sobre shocks experimentados por los hogares (desempleo, enfermedades,  

desastres naturales, gastos catastróﬁcos) y las estrategias utilizadas para enfren-  

tarlos. Con esta evidencia, sería posible recalibrar periódicamente las líneas de  

EN CHILE  

Se propone una estrategia nacional que combine mejoras en la medición esta-  

dística con el fortalecimiento de políticas preventivas, en línea con la evidencia  

revisada. Los pilares de esta propuesta son:  

a. Institucionalizar una “línea de vulnerabilidad” en las estadísticas oﬁciales  

Como primer paso, se recomienda establecer oﬁcialmente un indicador que  

cuantiﬁque la proporción de la población no pobre, pero en riesgo de caer  

74 CMP (2025). Informe Final de Recomendaciones. Comisión Asesora Presidencial para la  

Actualización de la Medición de la Pobreza.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

vulnerabilidad y adaptar las políticas a cambios en las condiciones estructurales  

del país.  

•

Protección ﬁnanciera en salud. Ningún hogar debería caer en pobreza  

por enfrentar una enfermedad o accidente⁷⁵. Se propone fortalecer el  

sistema público (FONASA) y ampliar la cobertura de programas para  

altos costos. Entre las medidas posibles se incluyen: establecer topes  

al gasto de bolsillo según nivel de ingreso, ampliar las patologías con  

cobertura total en el sistema AUGE/GES y crear un fondo especial para  

ﬁnanciar medicamentos y tratamientos de alto costo destinados a hogares  

vulnerables. Es crucial garantizar que mecanismos como el Fondo de  

Protección Financiera lleguen oportunamente a familias de clase media  

vulnerable frente a eventos catastróﬁcos.  

Para garantizar el éxito del panel se recomienda: (a) diseñar un esquema rotativo  

que siga a cada cohorte de hogares durante 4-6 años, incorporando nuevas  

cohortes de manera progresiva; (b) utilizar modalidades mixtas de levantamiento  

(presencial y telefónico) para reducir costos sin sacriﬁcar calidad; (c) vincular la  

encuesta con registros administrativos (cotizaciones previsionales, historiales  

de salud, beneﬁcios sociales) para enriquecer el análisis y disminuir la carga  

de respuesta; y (d) aplicar incentivos y estrategias de retención que reduzcan  

la atrición, considerando experiencias nacionales e internacionales.  

•

Seguros y apoyos ante desastres naturales. Dada la alta exposición de  

Chile a riesgos climáticos y naturales, se recomienda implementar instru-  

mentos como seguros paramétricos o fondos de emergencia dirigidos a  

pequeños agricultores, pescadores artesanales y comunidades locales  

cuya subsistencia puede verse amenazada. Por ejemplo, un seguro agrí-  

cola subsidiado por el Estado que compense ingresos cuando se regis-  

tren sequías o heladas severas. Asimismo, fondos especiales permitirían  

apoyar de forma inmediata a familias que pierden vivienda o medios  

de vida productivos por inundaciones, incendios o terremotos. Estos  

instrumentos deben complementarse con redes comunitarias de apoyo  

formalizadas, como programas municipales o de organizaciones locales  

que ofrezcan alojamiento y asistencia temporal para quienes quedan  

desprotegidos tras un desastre.  

La inversión en este instrumento se justiﬁca por su elevado rendimiento informa-  

tivo: permitirá identiﬁcar con precisión qué hogares están en riesgo inminente  

de caer en pobreza y cuáles son los factores asociados, además de evaluar la  

efectividad de las políticas preventivas. Para asegurar continuidad y legitimidad,  

se recomienda que el diseño y análisis de la encuesta cuente con el respaldo  

de una institucionalidad estable y la participación de universidades y centros  

de investigación, evitando que su desarrollo quede sujeto a los ciclos políticos.  

c. Fortalecer los mecanismos de protección social frente a riesgos críticos  

La evidencia muestra que ciertos eventos actúan como principales detonantes  

de caídas en pobreza entre los hogares vulnerables: pérdida del empleo —  

particularmente en contextos de informalidad o precariedad laboral—, gastos  

catastróﬁcos de salud y cambios familiares abruptos, como la muerte o disca-  

pacidad de un sostén económico. Resulta imprescindible reforzar los sistemas  

de protección social para reducir el impacto de estos riesgos antes de que los  

hogares caigan en pobreza. Se proponen las siguientes medidas:  

•

Protección frente a cambios familiares. Eventos como la muerte, invalidez  

o ausencia de un sostén económico pueden desestabilizar a hogares  

previamente autosuﬁcientes. En este ámbito, se recomienda robustecer  

los seguros de invalidez y sobrevivencia, ampliar beneﬁcios temporales  

—como pensiones de viudez o bonos de apoyo— y facilitar programas  

psicosociales y de capacitación laboral para quienes asumen la jefatura  

del hogar tras una pérdida. Estas medidas fortalecen la resiliencia econó-  

mica y reducen el riesgo de empobrecimiento.  

•

Reforma del seguro de desempleo. El actual sistema, basado en cuentas  

individuales, se agota rápidamente para trabajadores de menores ingresos  

o con trayectorias laborales inestables, dejando a muchos cesantes sin  

protección. Se recomienda avanzar hacia un esquema más solidario y  

generoso, aumentando la contribución al Fondo Solidario, ﬂexibilizando  

los requisitos de acceso e incorporando a trabajadores con cotizaciones  

esporádicas o contratos de corta duración. Asimismo, se sugiere prolongar  

la duración o el monto de los beneﬁcios para los cesantes de ingresos  

bajos. Un seguro de desempleo reforzado, complementado con políticas  

activas de reinserción laboral, permitiría que la pérdida del empleo no  

conduzca rápidamente a la pobreza.  

d. Adoptar un enfoque preventivo transversal en las políticas públicas  

Más allá de fortalecer programas especíﬁcos, se propone un cambio de para-  

digma en la política social: avanzar desde un enfoque principalmente reactivo  

—centrado en asistir a quienes ya son pobres— hacia un enfoque proactivo y  

75 Prieto, J. & Hoﬀmeister, L. (2025). “Towards better measurement of ﬁnancial risk protec-  

tion in health expenditure: the case of Chile”. Value in Health Regional Issues, 47, 1-8. DOI:  

https://doi.org/10.1016/j.vhri.2025.101086  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

preventivo, en el que el Estado acompañe a los hogares antes, durante y después  

de los shocks. Este cambio requiere integrar la perspectiva de resiliencia econó-  

mica en el conjunto de las políticas públicas, lo que implica:  

aquellos en riesgo de caer en pobreza por la pérdida de vivienda o medios  

de vida tras un desastre.  

En conjunto, estas medidas buscan anticipar los riesgos antes de que se materia-  

licen, fortaleciendo la resiliencia de los hogares y comunidades. De este modo,  

el Estado asumiría un rol preventivo y estratégico: identiﬁcar vulnerabilidades,  

reforzar la capacidad de respuesta de las familias y desplegar apoyos oportunos  

que impidan retrocesos en la reducción de la pobreza.  

•

Identiﬁcación temprana de hogares en riesgo: Utilizando el Registro  

Social de Hogares, datos administrativos y, a futuro, la información del  

panel de hogares, se podría desarrollar un sistema de alerta temprana. Este  

permitiría activar apoyos transitorios —empleo de emergencia, transferen-  

cias monetarias de corta duración o adelantos de bonos— en cuanto un  

hogar vulnerable enfrente la pérdida de ingresos o una enfermedad grave,  

reduciendo así el riesgo de que caiga en pobreza. Asimismo, el monitoreo  

de indicadores comunitarios, como aumentos locales del desempleo o  

caídas de ingresos en sectores especíﬁcos, facilitaría respuestas foca-  

lizadas en territorios o grupos especialmente afectados por una crisis.  

6. RECOMENDACIONES PARA POLíTICA PÚBLICA  

En síntesis, con el objetivo de traducir la evidencia en acciones concretas, se  

proponen las siguientes medidas prioritarias para avanzar en la reducción de  

la vulnerabilidad a la pobreza en Chile:  

•

•

Fomento del ahorro y acumulación de activos. La resiliencia ﬁnanciera  

de los hogares vulnerables puede reforzarse a través de incentivos al  

ahorro y la diversiﬁcación de fuentes de ingreso. Entre las medidas posi-  

bles destacan las cuentas de ahorro con aportes de contrapartida estatal,  

programas de educación ﬁnanciera y mecanismos que faciliten el acceso  

a activos productivos mediante microcréditos o subsidios condicionados.  

Estas iniciativas permitirían reducir la dependencia de un único empleo  

precario y ampliar las capacidades de respuesta de las familias frente a  

shocks económicos.  

•

Adoptar una métrica oﬁcial de vulnerabilidad a la pobreza. Se reco-  

mienda establecer a la brevedad una línea de vulnerabilidad, entendida  

como el umbral de ingreso mínimo que garantiza seguridad económica,  

y publicar de manera periódica la proporción de población vulnerable,  

en complemento a la tasa oﬁcial de pobreza. En una primera etapa,  

esta medida puede construirse a partir de multiplicadores de la línea  

de pobreza ajustados con información nacional disponible, mientras se  

desarrollan estimaciones más precisas basadas en nuevos datos longi-  

tudinales y modelos predictivos.  

Integración de la resiliencia en programas sociales. La reducción de la  

vulnerabilidad debe incorporarse de manera transversal en las políticas  

sectoriales. En capacitación laboral, ello implica priorizar a trabajadores en  

sectores de alta informalidad; en política habitacional, atender a familias  

que viven en campamentos o en zonas de riesgo ambiental, combinando  

soluciones de vivienda con reubicación segura; y en apoyo a microem-  

presas, fortalecer emprendimientos familiares mediante acceso a crédito  

con garantía estatal y asesoría para diversiﬁcar mercados. El objetivo es  

que cada intervención contribuya a preparar a los hogares frente a riesgos  

futuros, más allá de aliviar necesidades inmediatas.  

•

•

Implementar una Encuesta Panel de Hogares permanente. Destinar  

recursos y crear la institucionalidad necesaria —por ejemplo, un consorcio  

entre MDSF, INE y universidades— para poner en marcha un panel nacional  

que mida la movilidad de ingresos. Este instrumento permitirá identiﬁcar  

con precisión a los hogares vulnerables, estimar probabilidades de caída  

en pobreza y evaluar la efectividad de las políticas preventivas a lo largo  

del tiempo. Se recomienda un diseño con periodicidad anual y cohortes  

rotativas, que garantice representatividad y sostenibilidad en el largo plazo.  

Ampliar la protección social para la clase media vulnerable. Se reco-  

mienda reformar el seguro de cesantía para incluir a trabajadores con  

cotizaciones intermitentes o saldos bajos y crear mecanismos de transfe-  

rencia rápida ante pérdidas de empleo en hogares vulnerables. También es  

prioritario reducir el gasto de bolsillo en salud mediante mayor cobertura  

pública de enfermedades de alto costo, evitando que se conviertan en  

causa de empobrecimiento. Finalmente, se propone establecer seguros  

y fondos contra desastres naturales dirigidos a pequeños productores  

y familias de bajos recursos, a ﬁn de mitigar sus impactos económicos.  

•

Mecanismos automáticos de respuesta ante crisis sistémicas. La  

pandemia evidenció la necesidad de contar con amortiguadores sociales  

de activación inmediata. Una opción es crear un seguro de ingresos  

temporal que se active automáticamente cuando el desempleo o la caída  

del PIB superen determinados umbrales, ﬁnanciado mediante fondos  

soberanos o reglas ﬁscales preestablecidas. Asimismo, la planiﬁcación  

de protección civil debería incluir a los hogares vulnerables, extendiendo  

la ayuda no solo a quienes son pobres en el presente, sino también a  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

•

Integrar la prevención en todas las políticas sociales. Incorporar la  

una hoja de ruta concreta en esa dirección. Estudios recientes, como Prieto⁷⁶,  

demuestran que es posible identiﬁcar con rigor estadístico distintos grados de  

vulnerabilidad y que los enfoques tradicionales han tendido a subestimar la  

magnitud de este grupo. Sus hallazgos —incluida la estimación de dos líneas  

de vulnerabilidad para clasiﬁcar a los hogares en alto, mediano y bajo riesgo  

de empobrecimiento— amplían y perfeccionan la visión inicial planteada por las  

comisiones de pobreza, evidenciando que la llamada “clase media” en países  

como Chile incluye a un número signiﬁcativo de hogares vulnerables. El mensaje  

es claro: medir el progreso únicamente en términos de reducción de la pobreza,  

sin considerar a los vulnerables, deja a millones de personas en una situación  

frágil y sin apoyo, expuestas a caer ante el próximo shock.  

reducción de la vulnerabilidad como objetivo transversal en programas  

de educación, vivienda, empleo y apoyo a microemprendimientos. Ello  

implica priorizar la capacitación de trabajadores en sectores informales,  

focalizar subsidios habitacionales en entornos de riesgo, incentivar el  

ahorro familiar mediante contrapartidas estatales, y establecer sistemas  

de alerta temprana que activen apoyos transitorios cuando los hogares  

enfrenten shocks económicos, sanitarios o climáticos.  

•

Asegurar sostenibilidad política y ﬁscal. Institucionalizar la estrategia  

mediante marcos legales y presupuestarios que garanticen ﬁnanciamiento  

estable para la medición de la vulnerabilidad y la implementación de polí-  

ticas preventivas. El uso del Registro Social de Hogares puede facilitar la  

focalización por tramos de vulnerabilidad. Además, se recomienda evaluar  

sistemáticamente los costos y beneﬁcios: la prevención de caídas en  

pobreza suele ser más eﬁciente y menos costosa que las intervenciones  

reactivas, además de generar beneﬁcios sociales y políticos adicionales.  

La implementación de las recomendaciones propuestas —medición oﬁcial de  

la vulnerabilidad, fortalecimiento de la información dinámica mediante un panel  

de hogares, ampliación de los seguros sociales y adopción de un enfoque  

preventivo en las políticas— puede sentar las bases de una nueva generación  

de políticas públicas más resilientes e inclusivas. En última instancia, reducir la  

vulnerabilidad hoy es la forma más efectiva de reducir la pobreza mañana. Un  

país que identiﬁca a tiempo a su población vulnerable y actúa para protegerla  

estará mejor preparado para erradicar la pobreza de manera sostenible, incluso  

en contextos de alta incertidumbre. Como señala el Banco Mundial en su análisis  

post pandemia⁷⁷, América Latina se encuentra en una encrucijada: perpetuar  

el retroceso social posterior a la crisis sanitaria o avanzar con reformas que  

aseguren una recuperación inclusiva y resiliente. En este marco, Chile tiene la  

oportunidad de liderar la transición hacia una protección social del siglo XXI,  

capaz no solo de responder a las crisis, sino también de prevenir sus efectos  

antes de que estas se materialicen.  

En deﬁnitiva, se recomienda avanzar de la evidencia a la implementación, apro-  

vechando la actual ventana de oportunidad —marcada por las lecciones de la  

pandemia y por un debate público abierto sobre la reforma de la protección  

social— para incorporar estas innovaciones en la política social chilena.  

7. CONCLUSIONES  

La vulnerabilidad a la pobreza constituye un desafío crítico en Chile, pues ampli-  

ﬁca los efectos de cualquier shock social, económico o sanitario. En un contexto  

donde una parte signiﬁcativa de los hogares dispone de ingresos apenas supe-  

riores a la línea de pobreza, los avances alcanzados en reducción de la pobreza  

pueden revertirse con rapidez si no se gestionan los riesgos subyacentes. La  

evidencia demuestra que superar la pobreza no equivale necesariamente a  

alcanzar seguridad económica: sin mecanismos de protección adecuados, miles  

de familias permanecen en situación frágil, donde cada contingencia puede  

desencadenar un retroceso. Incorporar la medición de la vulnerabilidad en las  

estadísticas oﬁciales permitirá dimensionar con mayor precisión este fenómeno  

y orientar políticas hacia ese amplio grupo de hogares que no son pobres, pero  

tampoco seguros económicamente.  

Tomar en serio la vulnerabilidad exige modernizar los instrumentos de la política  

social, transitando de un enfoque reactivo —centrado en aliviar la pobreza ya  

manifestada— hacia un enfoque preventivo y anticipatorio, en el que el Estado  

acompañe a los hogares antes, durante y después de los shocks. Las propuestas  

aquí presentadas, respaldadas por evidencia nacional e internacional, ofrecen  

76 Prieto, J. (2024). “Degrees of vulnerability to poverty: a low-income dynamics approach  

for Chile”. Journal of Economic Inequality, 22, 1069-1107. DOI: https://doi.org/10.1007/  

s10888-023-09611-8  

77 Banco Mundial (2021). A duras penas. El leve ascenso y súbita caída de la clase media  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

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III. EQUIDAD DE GÉNERO  

En las últimas décadas, la equidad de género ha adquirido un lugar creciente  

en la agenda pública, no solo como una meta de justicia social, sino también  

como un factor que incide en la calidad de las instituciones y en la capacidad  

innovadora de las sociedades. No obstante, a pesar de los compromisos inter-  

nacionales y los avances normativos alcanzados, persisten brechas profundas  

que afectan la participación, el reconocimiento y la distribución de oportunidades  

entre mujeres, hombres y diversidades. Estas desigualdades se maniﬁestan  

en múltiples dimensiones: la persistencia de la división sexual del trabajo, la  

presencia de violencias estructurales y simbólicas, la limitada representación en  

espacios de decisión política, y la brecha digital y tecnológica que condiciona  

el acceso al conocimiento y a las oportunidades productivas. En este sentido, la  

equidad de género no es un objetivo aislado, sino un componente transversal  

que inﬂuye directamente en la efectividad de las políticas públicas, la innovación  

tecnológica y el desarrollo social y económico de los territorios.  

Los enfoques tradicionales de igualdad han mostrado limitaciones importantes,  

pues suelen operar de manera sectorial, fragmentada y desvinculada de los  

contextos locales. La ausencia de una perspectiva interseccional —que reconozca  

cómo se entrecruzan género, clase, etnia, edad, discapacidad y territorio— ha  

reducido el impacto de las políticas y perpetuado la invisibilización de mujeres  

y disidencias en ámbitos de decisión estratégica y producción de conocimiento.  

La limitada articulación entre instituciones y la escasa integración de las políticas  

de género en la planiﬁcación de innovación y tecnología generan vacíos que  

diﬁcultan la construcción de entornos inclusivos y sostenibles. Esta situación  

evidencia la necesidad de abordar la equidad de género desde una mirada inte-  

gral que considere tanto las estructuras formales como los factores simbólicos  

y culturales que reproducen desigualdades.  

La línea de innovación “Equidad de Género” del CLIPP responde a estos desafíos  

articulando iniciativas y prácticas que promuevan la inclusión y la participación  

equitativa en todos los ámbitos productivos, educativos, tecnológicos y polí-  

ticos. La línea integra el análisis de políticas públicas y la innovación tecnológica  

con perspectiva de género, estudios sobre organización social del cuidado y  

ciudadanía digital, y un diálogo constante entre ciencias sociales, ingeniería y  

estudios feministas. De este modo, busca producir sinergia entre actores, que,  

mediante producción cientíﬁca, abran iniciativas conjuntas.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

Esta línea busca fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en los  

procesos de innovación y en la gestión de proyectos académicos, productivos  

y sociales, mediante la creación de instrumentos y estrategias que promuevan  

su integración efectiva en las dimensiones tecnológica y social. Se sostiene que  

la equidad de género constituye un principio para potenciar la productividad,  

la creatividad y la cohesión social.  

1. MOVIMIENTO FEMINISTA, GÉNERO E  

INTERSECCIONALIDAD EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA  

Hillary Hiner  

Coordinadora, Magíster en Estudios de Género y Cultura,  

Departamento de Trabajo Social  

“Movimiento feminista, género e interseccionalidad en la universidad pública”,  

elaborado por Hillary Hiner, Ana López Dietz, Débora de Fina y Javiera Cubillos,  

analiza los impactos del movimiento feminista en las universidades chilenas tras  

el Mayo Feminista de 2018, destacando sus efectos en la institucionalidad, la  

cultura académica y la producción de conocimiento. El documento evidencia  

cómo las transformaciones logradas —como la promulgación de la Ley 21.369,  

la creación de oﬁcinas de género y la incorporación del criterio de equidad en  

la acreditación universitaria— han coexistido con resistencias estructurales,  

burocratización y precarización de las institucionalidades creadas. Desde un  

enfoque feminista interseccional, las autoras subrayan la necesidad de superar  

la lógica tecnocrática y formalista que reduce el género a cifras o protocolos,  

proponiendo una transformación cultural profunda que involucre todos los esta-  

mentos universitarios. Su aporte principal radica en posicionar a las universidades  

públicas como espacios estratégicos para la justicia social y epistémica, donde la  

transversalización de género se articula con la defensa de la educación pública,  

la producción de conocimiento feminista y la creación de políticas inclusivas y  

sostenibles con enfoque interseccional.  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-3016-042X  

hillaryhiner@uchile.cl  

Ana López Dietz  

Facultad de Derecho y Humanidades,  

Universidad Central de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-9098-6293  

alopezd@ucentral.cl  

Débora de Fina  

Departamento de Mediaciones y Subjetividades,  

Universidad de Playa Ancha  

https://orcid.org/0000-0003-3059-8819  

debora.deﬁna@upla.cl  

“De la certiﬁcación a la transformación: efectividad e innovación en la insti-  

tucionalización de género” ha sido elaborado por Carolina Franch M. y Pamela  

Saavedra C., directora y coordinadora de Género de la Facultad de Ciencias  

Sociales de la Universidad de Chile. El documento aborda los desafíos persis-  

tentes en la transversalización de género, señalando que, pese a los avances  

normativos y la proliferación de políticas, las transformaciones sustantivas en  

culturas y estructuras organizacionales han sido parciales y tardías. Su aporte  

principal es la propuesta del Índice Multidimensional de Efectividad (IME), un  

enfoque innovador que anticipa alertas tempranas, visibiliza nudos críticos y  

abre trayectorias de mejora antes de que las fallas se consoliden, desplazando  

la evaluación tradicional como instrumento de control hacia un mecanismo de  

aprendizaje continuo. En diálogo con otros policy briefs del capítulo, este trabajo  

enfatiza la necesidad de avanzar más allá de lo normativo, promoviendo modelos  

de transversalización de género veriﬁcables, sostenibles e innovadores en el  

ámbito universitario e institucional.  

Javiera Cubillos Almendra  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0001-8080-4049  

javieracubillos@uchile.cl  

1. LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CHILENAS POST-MAYO FEMINISTA DE 2018:  

DESAFíOS, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA GéNERO E INTERSECCIONALIDAD  

En los últimos diez años, el movimiento feminista ha tenido un gran impacto en  

las universidades chilenas, particularmente en las universidades públicas. Dicho  

impacto ha permeado múltiples áreas y de diversas maneras, desde la disminu-  

ción de las brechas de género en el acceso, la permanencia y la inserción en la  

educación superior, pasando por la profundización de una perspectiva feminista  

en la investigación y la producción de conocimientos, hasta generar cambios en  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

los currículos, la institucionalidad y las políticas públicas. Una arista importante  

de este impacto ha sido visibilizar el acoso sexual y la violencia de género que  

se vive en la educación superior y, frente a ello, el impulso de protocolos y  

políticas internas para erradicar, sancionar, reparar y garantizar la no-repetición  

de estas violencias dentro de las universidades públicas.  

Sexista en la Ley Integral para la Prevención de la Violencia (Ley 21.675/2024)³.  

Asimismo, se destaca la incorporación del criterio 7 —sobre la “Gestión de la  

convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión”— en los procesos de  

aseguramiento de la calidad y la acreditación a cargo de la Comisión Nacional  

de Acreditación (CNA).  

Al mismo tiempo que ha aumentado exponencialmente la visibilidad de estas  

temáticas y sus abordajes dentro y fuera de las universidades, también ha  

crecido, en la opinión pública y universitaria, la preocupación respecto de que  

estas medidas no sean del todo efectivas y/o que la justicia feminista que busca  

el movimiento no sea realizable dentro del contexto de la actual instituciona-  

lidad y la burocracia universitaria. Considerando estas brechas, nos interesa  

explorar algunas recomendaciones para mejorar las prácticas dentro de las  

universidades públicas que aborden este fenómeno desde una perspectiva  

feminista interseccional.  

Respecto de este proceso, existen diversas investigaciones que retratan los prin-  

cipales hitos del movimiento ocurrido en las universidades en 2018 y analizan la  

relación entre acoso sexual, estudiantes, movimiento feminista y universidades  

en Chile⁴. Otras investigaciones abordan el Tsunami Feminista desde la inter-  

sección entre el movimiento feminista internacional y militante, la organización  

y diversidad del feminismo en Chile y la relación con el movimiento estudiantil⁵.  

También existen publicaciones que perﬁlan aproximaciones críticas del Tsunami  

Feminista desde abordajes feministas interseccionales⁶, que analizan cómo las  

ocupaciones feministas pueden ser espacios complejos e incluso conﬂictivos  

para el estudiantado feminista trans y no binario⁷. Finalmente, encontramos  

trabajos que abordan las movilizaciones feministas de 2018 desde una pers-  

pectiva comparativa o a partir de estudios de caso⁸.  

Desde 2006 en adelante se produjeron notables movilizaciones estudiantiles  

en el país, lideradas por estudiantes secundarios y universitarios, entre las que  

destaca la lucha por una educación universitaria gratuita y de calidad en 2011,  

que desaﬁó el modelo educativo establecido durante la dictadura¹. Una de las  

características de estas movilizaciones fue el desarrollo paralelo, y eventualmente  

convergente, de las demandas planteadas por mujeres jóvenes y feministas,  

particularmente en las universidades, sobre diversos temas, como el derecho al  

aborto, la necesidad de una educación sexual integral y no sexista, y la protec-  

ción contra la violencia de género y el acoso sexual, entre otros. Los casos de  

acoso sexual en la educación superior se han vuelto notoriamente visibles desde  

2015, a partir de las denuncias públicas de estudiantes y académicas/os contra  

los acosadores. Esta situación se intensiﬁcó durante el 2018, evidenciándose  

en protestas y ocupaciones masivas en todo el país, lo que abrió un debate  

público e institucional sobre la necesidad de contar con políticas integrales  

para abordar el problema del acoso y la violencia². La visibilización de este  

problema derivó en el desarrollo de protocolos y reglamentos, en la instalación  

de oﬁcinas a favor de la equidad de género y, especialmente, en la promulga-  

ción de la Ley 21.369 en 2021, que regula el acoso sexual y la discriminación  

de género en la educación superior, y la posterior inclusión de la Educación No  

Por otro lado, y mientras las universidades avanzan en mecanismos que buscan  

avanzar en materia de igualdad, somos testigos de proyectos de extrema derecha  

que cuestionan la educación pública y las formas de conocimiento que se desa-  

rrollan en estos espacios, constituyéndose nuevas formas políticas “antifeminista”  

3

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www.scielo.org.mx/pdf/rms/v78n4/0188-2503-rms-78-04-00605.pdf  

8

López Dietz, A. y Galdames Paredes, A. M. (Eds). Educación no sexista: debates, desafíos y  

proyecciones en la educación superior (Págs. 263-286). Tirant lo Blanch, Santiago, Chile.  

2

Hiner, H. y López, A. (2021b). “Movimientos feministas y LGBTQ+: de la transición pactada  

a la revuelta social, 1990-2010”. En: A. Gálvez (Ed.). Históricas: movimientos feministas y  

de mujeres en Chile, 1850-2020 (Págs. 91-127). LOM. Santiago, Chile.  

Muñoz, A. y Trebisacce, C. (Eds.) (2024). Feminismos en el umbral de la academia.  

Ediciones UC. Santiago, Chile  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

y “antigénero”⁹. Los avances en torno a la igualdad de género también han sido  

atacados por grupos conservadores, etiquetándolos como productos de una  

“ideología de género” y oponiéndose enfáticamente a la implementación de  

una educación sexual integral. Tanto en Chile como a nivel latinoamericano y  

global, los movimientos feministas, antirracistas y de disidencia sexogénerica  

han desarrollado los esfuerzos más contundentes para resistir al avance de  

proyectos ultraconservadores amenazantes a nivel social y político¹⁰. En este  

contexto, de expansión, pero también amenaza, situamos nuestro estudio del  

movimiento feminista, género e interseccionalidad en relación con las univer-  

sidades públicas y nuestras recomendaciones para diseñar e implementar  

políticas públicas a futuro.  

género antes naturalizado: el acoso sexual y la violencia de género al interior de  

instituciones educativas, particularmente en instituciones de educación superior.  

Ante esta “nueva” problemática, si bien no existían abordajes gubernamentales  

especíﬁcos, sí podemos identiﬁcamos leyes y políticas públicas que sirven de  

antecedente, tales como: (1) Ley N° 20.005, que penaliza el acoso sexual laboral,  

estableciendo el castigo hacia esa conducta y fomenta un entorno laboral basado  

en el respeto y convivencia digna en esos espacios; y (2) la creación, el año 2013,  

del Observatorio enfocado en el acoso sexual callejero, seguido por la promulga-  

ción, en 2019, de la Ley N° 21.153, que castiga el acoso sexual en lugares públicos.  

A partir de algunas denuncias públicas de acoso sexual en la Universidad de  

Chile y la Universidad de Santiago de Chile, que fueron seguidas por intensas  

movilizaciones internas por parte de estudiantes feministas, la Universidad de  

Chile decidió ejecutar un estudio12 para estudiar el fenómeno. Este indicó que  

un 26% de las personas encuestadas declaró que conocía alguna situación  

relacionada con el acoso y la violencia sexual al interior de su institución y que  

casi un 15% lo había vivido de manera personal, donde las mujeres doblaban la  

cantidad de varones afectados por estas situaciones. La mayoría de los casos  

eran estudiantes quienes habían vivenciado situaciones de acoso de parte de  

profesores y estudiantes varones. Otro dato revelador fue que estos casos  

no eran denunciados, ya sea por no contar con canales claros, por la falta de  

respuesta institucional, el temor o la desconﬁanza, entre otras causas.  

2. PRODUCCIÓN CIENTíFICA SOBRE BRECHAS DE GéNERO Y VIOLENCIA DE  

GéNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE  

2.1. Violencia de género y acoso sexual en la educación superior en Chile  

Las preocupaciones por la violencia de género en Chile datan de los años  

ochenta, cuando los primeros grupos feministas y de mujeres empezaron a  

levantar el tema¹¹. Luego, durante los años noventa, se crearon las primeras  

leyes y políticas públicas concordes con el Convenio Belém do Pará de 1994,  

ratiﬁcado por Chile, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra  

las mujeres. Ya en el siglo XXI, principalmente en los últimos 10 años, es cuando  

se comienza a denunciar cada vez con mayor fuerza un tipo de violencia de  

Posteriormente, un estudio del Ministerio de Educación evidenció que —de las  

universidades estatales— solo la Universidad de Santiago (USACH) contaba con un  

protocolo sobre acoso sexual y discriminación; mientras que la Universidad de Chile  

contaba con una política de prevención y con el Programa de Equidad de Género.  

En el resto de las instituciones la existencia de estas iniciativas era casi nula¹³.  

9

Troncoso, L. y Stutzin, V. (2019). “La agenda heteropatriarcal en Chile: Cruces entre política,  

moral y religión en la lucha contra la ‘ideología de género’”. Revista Nomadías, 28, 9-41.  

Esta situación llegó a su punto de ebullición en el año 2018, cuando se paralizaron  

26 universidades públicas y privadas como forma de presión ante el acoso sexual  

y la violencia de género que aún no contaban con medidas especíﬁcas para su  

prevención y abordaje¹⁴. Como resultado de esto, se crearon protocolos contra  

Vaggione, J. M. (2022). “El entramado neoconservador en América Latina. La instrumen-  

talización de la ideología de género en las democracias contemporáneas. Las Torres de  

Lucca”. Revista internacional de ﬁlosofía política, 11(1), 51-64.  

Sanders, R. & Jenkins, L. (2023). “Patriarchal Populism: The Conservative Political  

Action Coalition (CPAC) and Transnational Politics of Authoritarian Anti-Feminism”. The  

International Spectator, 58(3),1-19.  

Viveros, M. (2023). “Generar el futuro, activando el presente: dilemas y desafíos actuales  

del feminismo latinoamericano”. Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio  

Sociohistórico de las Sexualidades, 9, 107-120.  

Lombardo, E. (2023). “Ultraderecha y oposición en contra de la igualdad de género en  

Europa”. En: Las nuevas extremas derechas en el mundo (Págs. 99-112). Tirant lo Blanch.  

12 Oﬁcina de igualdad de oportunidades de género (2016). Política para prevenir el acoso  

sexual en la Universidad de Chile.  

13 Ministerio de Educación (2017). “Protocolos contra el acoso sexual en educación  

superior: Sugerencias para su elaboración”. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/  

handle/20.500.12365/2244  

14 De Fina, D. y Figueroa, F. (2019), “Nuevos ‘campos de acción política’ feminista: Una  

mirada a las recientes movilizaciones en Chile”. Revista Punto Género, 11, 51-72. https://  

revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/article/view/53880  

Follegati Montenegro, L. (2019). “El feminismo en entredicho. Preguntas contingentes a  

partir de las derechas y el fascismo actual”. Nomadías, (27), 169–182.  

10 Troncoso, L. y Stutzin, V. (2019). “La agenda heteropatriarcal en Chile: Cruces entre política,  

moral y religión en la lucha contra la ‘ideología de género’”. Revista Nomadías, 28, 9-41.  

11  

Hiner, H. (2019). Violencia de género, pobladoras y feminismo popular. Casa Yela, Talca  

(1964-2010). Tiempo Robado. Santiago, Chile.  

Hiner, H. y López, A. (2021a). «¡Nunca más solas! Acoso sexual, tsunami feminista, y nue-  

vas coaliciones dentro y fuera de las universidades chilenas». Polis, 20(59), 122-146.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

el acoso sexual, a la vez que se generaron oﬁcinas de género y otras políticas  

para responder a los petitorios levantados en las movilizaciones¹⁵. Además, en  

el año 2021, se promulgó la Ley 21.369¹⁶, que regula el acoso sexual, la violencia  

y la discriminación de género en las instituciones de educación superior.  

de cómo se vive la violencia de género y el acoso sexual. En este sentido, el  

abordaje por las universidades no siempre comprende que ésta, como otras  

violencias, está situada y cruzada por desigualdades de poder imbricadas, y que  

no solo competen al género. Este aspecto es relevante, sobre todo, considerando  

que las universidades están atravesadas por fuertes problemáticas sociales,  

como la precariedad laboral, la sobrecarga de trabajo, la competencia y rela-  

ciones desiguales entre estamentos, jerarquías y disciplinas, entre otros temas.  

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Acreditación, organismo que veriﬁca  

y promueve la calidad de las instituciones que integran el sistema de enseñanza  

superior, incorporó criterios de equidad de género para acceder a la acreditación.  

Esto responde a la necesidad, entre otras cosas, de fomentar aspectos como la  

convivencia universitaria, promover el respeto y la inclusión, como parte de los  

ﬁnes y la misión de cada institución. En especíﬁco, la Ley N° 21.369 indica que  

se debe prevenir, pero también generar mecanismos para investigar, generar  

sanciones y tender a la erradicación del acoso sexual, las situaciones de violencia  

relacionadas con género o la discriminación por la misma causa, a la vez que se  

debe contar con acciones enfocadas en la protección y reparación a las víctimas.  

En ese sentido, se legisla para que obligatoriamente estas políticas se lleven  

adelante con el ﬁn de que las instituciones puedan acreditarse, lo que implica  

contar con una certiﬁcación para la obtención de recursos y ﬁnanciamiento,  

ayudas estudiantiles, reconocimiento de calidad, entre otros aspectos.  

Paralelamente, cabe destacar otras iniciativas y normativas implementadas en  

las universidades, como el Modelo Caleidoscopio¹⁸, elaborado por instituciones  

del Consejo de Rectores (CRUCh), cuyo objetivo es generar abordajes integrales  

e interseccionales. También se identiﬁcan políticas especíﬁcas de cada casa  

de estudios, como las que promueven la corresponsabilidad en los cuidados,  

el uso de nombre social de personas trans y no binarias, entre otras. En el año  

2023, la Superintendencia de Educación Superior elaboró un Oﬁcio circular19  

para aclarar aspectos de la Ley N° 21.369, en relación a su oportuna y correcta  

implementación, dando cuenta de algunas debilidades. Entre ellas, se señala  

la necesaria participación de todo el cuerpo universitario; la paridad de género  

en los órganos que construyan estas políticas; garantizar el principio de impar-  

cialidad en las unidades responsables de implementar las políticas, los planes,  

los protocolos y los reglamentos que ﬁja la ley, enfatizando además el principio  

de independencia incluso cuando la potestad disciplinaria esté radicada en el  

rector/a; fortalecer los modelos de prevención de manera de construir espacios  

libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género; celeridad en los  

tiempos de investigación y tramitación de la denuncia, a la vez que se propone  

una deﬁnición de enfoque e igualdad de género como orientaciones de la Ley  

y avanzar hacia considerar la violencia y discriminación de género en un amplio  

sentido. Finalmente, se advierte que la Superintendencia podría incluir nuevos  

criterios, con el objetivo de avanzar al cumplimiento e implementación de la  

Ley N° 21.369, dando cuenta también de que existen varios ámbitos en los que  

es necesario aclarar y fortalecer estas políticas.  

Sin duda, la creación de esta nueva institucionalidad y las distintas iniciativas  

que existen para disminuir las brechas de género —como los cupos especiales  

para incorporación de mujeres en áreas STEM, mentorías, políticas de correspon-  

sabilidad, baños no sexistas, entre muchas otras— dan cuenta de los cambios  

recientes. Sin embargo, algunas autoras señalan el peligro de simpliﬁcar el  

debate y acotarlo solo a un tema de números, normativas o leyes, como también  

de reducir las políticas de género a aquellas que se relacionan con las mujeres,  

como si género fuera sinónimo de mujeres. Esto conlleva el peligro “de convertir  

el género en un mero dispositivo de gestión (…), en un mero criterio para la  

administración de los cuerpos en contextos de trabajo”¹⁷.  

Por otro lado, el abordaje sobre la violencia y el acoso sexual en universidades  

no siempre considera ni incorpora una perspectiva interseccional, que permita  

visibilizar la articulación de distintas dimensiones sociales —relacionadas, por  

ejemplo, con el sexo-género, la edad, la clase social, la etnia/raza, el territorio,  

entre otras— y que en muchos casos implican complejidades especíﬁcas respecto  

Para cerrar, más recientemente, el año 2024, se promulgó la Ley N° 21.643 —popu-  

larizada como Ley Karin—, que modiﬁcó nuevamente el Código del Trabajo para  

abordar temas relacionados con la prevención, los mecanismos para investigar y  

las sanciones posibles frente al acoso laboral, sexual o situaciones de violencia  

en el mundo laboral. En el caso especíﬁco del acoso, fue deﬁnido como aquellas  

15 Hiner, H. y López, A. (2021a). “¡Nunca más solas! Acoso sexual, tsunami feminista, y nue-  

vas coaliciones dentro y fuera de las universidades chilenas”. Polis, 20(59), 122-146.  

16 Ley 21.369 de 2021. Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de géne-  

ro en el ámbito de la Educación Superior. D.O. 30.08.21. https://www.bcn.cl/leychile/  

navegar?idNorma=1165023  

17 Mandiola, M. (2024). “Feminismos neoliberales y la agenda de género en Chile”. En:  

Muñoz, A. y Trebisacce, C. Feminismos en el umbral de la academia. Ediciones UC.  

Santiago, Chile. Pág. 146.  

18 Consejo de Rectoras y Rectores de Universidades chilenas (CRUCH) (2022). Modelo  

Caleidoscopio. Una propuesta de abordaje de la violencia de género en contexto  

universitario.ꢀhttps://www.consejoderectores.cl/wp-content/uploads/2022/05/Libro-  

Caleidoscopio-26abril.pdf  

19 Superintendencia de Educación Superior (2023). Oﬁcio Circular N° 001.23.10.2023. ht-  

tps://www.sesuperior.cl/wp-content/uploads/2024/03/OF_CIRC_001-ley-21369-1.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

acciones de carácter sexual no consentidas por quien las reciba, que generan  

además perjuicio o amenaza en el espacio laboral. La Ley indica que deben existir  

relaciones laborales que promuevan la dignidad, que incorporen la perspectiva  

de género y que estén basadas en un trato libre de violencia (L.21.653/2024).  

año 2018, cuando 41% de matriculados/as y 43% de titulados/as en programas  

de doctorado eran mujeres, pero sin duda el casi nulo avance en cinco años  

siempre será preocupante²⁵. Las brechas también se maniﬁestan en el área de  

la tecnología, la ciencia, la matemática y la ingeniería, en las que las mujeres  

son menos de un tercio de la matrícula en pre y postgrado²⁶.  

2.2. Brechas de género en la institucionalidad y la investigación al interior  

de las universidades  

En cuanto al trabajo académico, las mujeres académicas representan un 45,5%  

del total de personas que cumplen esa función²⁷, un aumento de 1,5 puntos,  

al contemplar que en el año 2020 un 44% de los/as académicos/as fueron  

mujeres²⁸. Sin embargo, el mismo estudio del Ministerio de Ciencia de 2023  

muestra que, aunque hay una tendencia leve hacia el alza en términos de  

mujeres en academia, la diferencia salarial entre 25 a 29 años es de un 15% en  

favor de los varones, lo que aumenta progresivamente a mayor edad, llegando  

a representar en las personas entre 55 a 70 años, una brecha de 29%, casi un  

tercio²⁹. A esto se suman las condiciones de trabajo, ya que solo el 33% de las  

mujeres académicas cuenta con contrato indeﬁnido, mientras que muchas de  

ellas realizan labores relacionadas con la gestión académica, vinculación con el  

medio y trabajos administrativos. Todo lo cual es reﬂejo de una división sexual  

del trabajo que tiende a reproducir los patrones de género. Esto se reﬂeja en la  

jerarquización académica, donde menos de un tercio de las mujeres alcanza el  

grado de Titulares y Asociadas, las categorías más altas de la escala, quedando  

más bien estancadas en las categorías de instructoras y asistentes, lo que  

también va asociado a salarios, reconocimiento y carga laboral.  

Los espacios académicos están permeados por la inequidad y desigualdad  

de género²⁰; es por ello que los podemos entender como espacios que están  

generizados²¹. Esa desigualdad se expresa de múltiples formas: brechas de  

ingreso, permanencia y acceso a la academia; desigualdad salarial, en la parti-  

cipación en investigación y desarrollo; acoso y violencia, entre otros aspectos²²,  

a los que se añade la diﬁcultad para transversalizar las políticas de género o las  

resistencias que existen para incorporar los cambios. Por otra parte, un estudio  

del Consorcio de Universidades del Estado de Chile señala la existencia de  

diversas formas de segregación, estereotipos sexistas, brechas salariales y la  

menor presencia femenina en la toma de decisiones, entre otros problemas²³.  

Si bien existen cambios importantes en la composición de la matrícula univer-  

sitaria, en los últimos 30 años, los que se expresan en un incremento de los  

ingresos femeninos en la matrícula de pregrado, a medida que se avanza hacia  

estudios de posgrado, su participación va disminuyendo, hasta alcanzar un 44%  

de los estudios doctorales²⁴. Esta es una leve mejora, en comparación con el  

En el ámbito de la dedicación a la investigación, estudios señalan que las mujeres  

son un tercio del total de investigadores, pero son poco más del 51% del personal  

de apoyo y 44% del personal técnico en ese ámbito. Según el estudio de Juan  

20 Buquet, A., Cooper, J., Mingo, A. y Moreno, H. (2013). Intrusas en la universidad.  

Universidad Nacional Autónoma de México-Programa Universitario de Estudios de  

Género-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.  

21 Duarte, C. y Rodríguez, V. (2019). “Políticas de igualdad de género en la educación su-  

perior chilena”. Rumbos TS. Un espacio crítico para la reﬂexión en Ciencias Sociales, 19,  

41-72. https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/328  

social de igualdad a la realidad que enfrentamos las mujeres”. En: Cubillos Almendra,  

Javiera (Ed.). Complicidades y tramas feministas. Conversaciones críticas sobre feminis-  

mos e interseccionalidades (págs. 94-124). Ediciones UCM.  

Duarte, C. y Rodríguez, V. (2022). “Tramas para tejer una educación no sexista. Apuntes  

sobre las luchas feministas en las universidades chilenas”. Revista Perspectivas, 40, 11-39.  

DOI: https://doi.org/10.29344/07171714.40.3318  

25 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) (2020). “Análisis de participación  

femenina en convocatorias a ﬁnanciamiento de la institución, 2010-2019”. Santiago,  

Chile. Págs. 16-12  

22 Colther, C. (2022). “Desigualdad de género en el sistema universitario chileno”. Multidisci-  

26 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCIENCIA) (2023).  

Tercera radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Oﬁcina  

de estudios y estadísticas. División de políticas públicas.  

27 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCIENCIA) (2023).  

Tercera radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Oﬁcina  

de estudios y estadísticas. División de políticas públicas. Pág. 9.  

28 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) (2020). “Análisis de participación  

femenina en convocatorias a ﬁnanciamiento de la institución, 2010-2019”. Santiago,  

Chile. Pág. 17.  

29 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCIENCIA) (2023).  

Tercera radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Oﬁcina  

de estudios y estadísticas. División de políticas públicas. Pág. 13.  

plinary business review, 15(1), 50-62. DOI https://dx.doi.org/10.35692/07183992.15.1.6  

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCIENCIA). (2023).  

Tercera radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Oﬁcina  

de estudios y estadísticas. División de políticas públicas.  

23 Consorcio de Universidades del Estado de Chile (2022). Tendencias de brechas en las  

18 Universidades del CUECH. https://genero.uestatales.cl/wp-content/uploads/2022/08/  

INFORME-EJECUTIVO.-BRECHASETHOS_CUECH.pdf  

24 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCIENCIA) (2023).  

Tercera radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Oﬁcina  

de estudios y estadísticas. División de políticas públicas.  

Montes-López, E. y Román-Alonso, H. (2024). “Las universidades chilenas: de la imagen  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

Pablo Queupil y Ana Luisa Muñoz-García³⁰, entre 2007 y 2016, de todos los  

proyectos ﬁnanciados por la actual Agencia de Investigación y Desarrollo (ANID)  

—ex Comisión Nacional de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica (CONICYT)—,  

solo 27% eran de mujeres. En 2020, para cada postulación de una mujer dentro  

del sistema de ANID, hubo 1,5 hombres y, entre 2010 y 2019, solo un 40% de las  

postulaciones adjudicadas fueron de mujeres³¹. Un informe de la Subsecretaría  

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, publicado en febrero de  

2022, demostró que “a igual trayectoria de productividad cientíﬁca y antigüedad  

en la carrera de investigación (entre otros factores observables) los proyectos  

FONDECYT presentados por mujeres reciben un menor puntaje”, en comparación  

con hombres investigadores³². A la vez, “a igual tarea, productividad cientíﬁca,  

edad, años de experiencia en la actividad de investigación y adjudicaciones  

previas al FONDEF y/o FONDECYT (entre otros factores), las mujeres investi-  

gadoras reciben un salario 11% inferior al de sus colegas hombres”³³.  

los varones son más citados y cuentan con más publicaciones que las mujeres.  

Entre los motivos que explican esta diferencia aparecen la dedicación a los  

cuidados de otras personas —niñeces, personas enfermas, etc.—, la compati-  

bilización entre la maternidad y el desarrollo académico, las diferencias en la  

remuneración, mayor peso de las tareas de gestión y administrativas en el caso  

de las mujeres, entre otras causas. Otra de las áreas en las que se observan  

brechas de género se reﬁere a la presencia femenina en puestos de liderazgo,  

especíﬁcamente en direcciones de carrera, decanaturas o rectorías. El estudio  

citado de las Universidades Estatales indica que, en cargos de dirección, las  

mujeres alcanzan un tercio o menos del personal³⁶.  

3. ANÁLISIS FEMINISTA INTERSECCIONAL Y DESAFíOS PENDIENTES  

Como se ha expuesto anteriormente, es innegable que los últimos años han  

sido clave para el avance de temáticas relativas a las desigualdades de género  

en los contextos universitarios, tanto en Chile como en Latinoamérica. A partir  

de las movilizaciones estudiantiles en torno a la falta de respuestas institucio-  

nales frente a las denuncias de casos de acoso y violencias de género al inte-  

rior de los establecimientos de educación superior, se ha logrado generar un  

amplio debate a nivel social y político, que ha provocado a su vez la adopción  

de medidas institucionales y políticas concretas, tales como la elaboración y  

adopción de protocolos internos, la creación de unidades y oﬁcinas de género  

y diversidades/disidencias sexuales, hasta la incorporación de medidas de  

paridad por los órganos que regulan y/o fomentan el funcionamiento de las  

universidades, como la CNA y ANID/FONDECYT, y ﬁnalmente, la aprobación  

de las leyes referentes al acoso y violencia sexual en estas instituciones y la  

ley de educación no-sexista.  

Esto apunta hacia lo que la cientíﬁca Alice Pell34 ha llamado el leaky pipeline  

(comúnmente traducido como una “fuga en la tubería” o “tubería que gotea”).  

Según Pell, mientras las mujeres van avanzando en sus carreras, desde el colegio  

hasta ser profesoras titulares, hay cada vez menos mujeres. Muchas se terminan  

retirando por la falta de políticas de género en las universidades y la investiga-  

ción, la diﬁcultad de conciliar trabajo y cuidados, y/o el sexismo rampante en la  

academia, lo que les hace difícil a las mujeres creer en sus propias competencias  

(“síndrome de impostora”) y surgir en sus disciplinas, hasta alcanzar las cúpulas  

de más poder y prestigio.  

Además, la “productividad” investigativa (léase: publicación de artículos acadé-  

micos en revistas indexadas WoS, Q1 o Q2) es mayor en los varones, lo que  

también impacta en el desarrollo de la carrera académica e investigativa. Así  

lo señala un estudio de Araneda-Guirriman, Pedraja-Rejas & Sepúlveda-Páez³⁵,  

que aborda la productividad, donde también se reﬂeja una disparidad, ya que  

La relevancia de la incorporación y formalización de estas medidas va de la  

mano con las resonancias sociales y culturales que alcanzan los debates y los  

hechos relativos a las violencias de género en el país, ampliando el alcance y  

el marco en el que estos son discutidos y elevándolos a la categoría de proble-  

mática social, que habla no solo de casos aislados, sino que revelan un carácter  

estructural y sistemático sobre el que se erige y sostiene el funcionamiento de  

las diversas universidades. Develar cómo estos espacios reproducen violencias  

de género hacia mujeres y disidencias sexogenéricas —tanto en sus prácticas  

como en las formas de conocimiento— ha sido fundamental para destacar  

temáticas históricamente abordadas por movimientos y teorías feministas, que  

30 Queupil, J.P. & Muñoz-García, A.L. (2019). “The role of women scholars in the Chilean co-  

llaborative educational research: a social network analysis”. Higher Education, 78, 115-131.  

31 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) (2020). “Análisis de participación  

femenina en convocatorias a ﬁnanciamiento de la institución, 2010-2019”. Santiago,  

Chile. Pág. 20.  

32 Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2022). “Evaluación de  

brechas de género en la trayectoria de investigación”. Santiago, Chile. Pág. 3.  

33 Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2022). “Evaluación de  

brechas de género en la trayectoria de investigación”. Santiago, Chile. Pág. 4.  

34 Pell, A. (1996), “Fixing the Leaky Pipeline: Women Scientists in Academia”. Journal of  

Animal Science, 74 (11), 2843-2848.  

35 Araneda-Guirriman, C., Pedraja, L. y Sepúlveda-Páez, G. (2023). “Brechas de género en la  

productividad cientíﬁca: Una aproximación desde Chile”. Pensamiento educativo, 60(1).  

DOI: https://dx.doi.org/10.7764/pel.60.1.2023.7  

36 Consorcio de Universidades del Estado de Chile (2022). Tendencias de brechas en  

las 18 Universidades del CUECH. Pág. 8. https://genero.uestatales.cl/wp-content/  

uploads/2022/08/INFORME-EJECUTIVO.-BRECHASETHOS_CUECH.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

ganan un renovado impulso en la última década a partir de la movilización de  

estudiantes universitarias.  

fondos públicos que permitan sostener planes de acción y políticas integrales⁴¹.  

También aparece como desafío la excesiva burocratización y lentitud de los  

procesos de implementación de los protocolos de acoso sexual y violencias de  

género⁴², que lleva a problematizar cuánto y cómo se han logrado hacer efectivos  

los avances en términos de prevención y reparación de las denunciantes. Esto,  

además, puede entorpecer los procesos de información y denunciar, sobre todo  

en el caso de plataformas virtuales de Oﬁcinas de Género de las universidades  

que no estén bien constituidas o no sean lo suﬁcientemente claras y expeditas  

para las/os usuarias/os⁴³.  

No obstante estos avances formales, estudios recientes revelan diversas diﬁ-  

cultades enfrentadas en la implementación práctica de tales medidas³⁷. En el  

caso de Chile, se reﬁere con mucha frecuencia a la obra de la británica Sara  

Ahmed³⁸, por ejemplo, que plantea que los procesos de denuncia (complaint)  

dentro de las universidades se hacen de una manera que es prácticamente  

imposible obtener algún tipo de justicia y donde las académicas feministas,  

además, han tenido que pagar costos altos al participar en estos procesos. En  

esta línea, varios estudios sobre la instalación de políticas de género y violencia  

dentro de las universidades han adoptado miradas críticas en cuanto la ineﬁ-  

ciencia, la injusticia y los nudos de tensión epistémica y política en torno a este  

tema, enfatizando, además, que procesos verdaderamente transformadores  

del espacio universitario no se producirán solo o parcialmente por estas vías,  

abogando, en vez de esto, por la construcción de pedagogías feministas críticas  

y sistemas jurídicos que tomen en cuenta la justicia feminista transformativa, en  

vez de solo punitiva³⁹. No obstante, y más allá de estas críticas más profundas,  

también han habido múltiples críticas planteadas en torno a la precariedad bajo  

la cual muchas veces se instalan tales institucionalidades de género (secreta-  

rías, oﬁcinas, unidades, direcciones, etc.), en términos de recursos humanos y  

económicos que aseguren el desarrollo de procesos sostenibles⁴⁰, lo que devela  

tanto una falta de compromiso institucional, como la poca inversión estatal de  

En términos de la producción de conocimientos y la investigación, los procesos  

de institucionalización de las demandas de género en las universidades han  

enfrentado resistencias internas, tanto institucionales como culturales, al desaﬁar  

prácticas androcéntricas y sexistas que conformaron históricamente estos espa-  

cios educacionales y la forma en que se enseña y se produce conocimiento⁴⁴.  

En este sentido, la propuesta de transversalización de la perspectiva de género  

se enfrenta a una cultura organizacional que, en muchos casos, diﬁculta y limita  

las posibilidades de transformaciones reales, al reducirse al cumplimiento de  

indicadores, despolitizando y tecnocratizando las demandas puestas por el  

movimiento feminista estudiantil⁴⁵. Se impone, así, el desafío de enfrentar tales  

resistencias institucionales y la necesidad de transversalizar y articular las polí-  

ticas y perspectivas de género en las universidades.  

Este tema es particularmente acuciante al considerar que no existe, hasta  

ahora, ningún programa de doctorado en estudios de género, ni tampoco un  

grupo de estudios dedicado a este tema dentro del sistema de investigación en  

Chile (esto es, ANID). De esta manera, los estudios de género y feministas —un  

área con mayor participación de mujeres y disidencias sexogénericas— son  

37 Cerva Cerna, D. y Loza Gómez, Z. (2020). “Obstáculos institucionales en el diseño e  

implementación de los protocolos para la atención a la violencia contra las mujeres en  

universidades públicas”. Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios, 32(79), 147-  

170. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1047  

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https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.244.78115  

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institucional de género en Educación Superior? Resistencias y perspectivas desde una  

revisión sistemática de la literatura cientíﬁca”. Revista Fuentes, 27(1), 15-30. DOI: https://  

doi.org/10.12795/revistafuentes.2025.26525  

41 Andrade Lara, C., Cabello Robertson, J. y Ormazábal Abusleme, M. C. (2022). “Políticas so-  

bre acoso sexual y violencia de género en la educación superior”. Anuario De Derechos  

Humanos, 18(2), 163-178. DOI: https://doi.org/10.5354/0718-2279.2022.69249  

42 Guizardi, M., Nazal-Moreno, E. A., Araya-Morales, I. M. y López-Contreras, E. (2023). “De  

avances y retrocesos. Políticas y normativas de igualdad de género en ciencia y educa-  

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Ciencias Sociales, 30, 61-96. DOI: https://doi.org/10.51188/rrts.num30.767  

38 Ahmed, S. (2021). Complaint! Durham. Duke University Press.  

43 Ferrada, R., y Simbürger, E. (2024). “La cara visible de las unidades de género en las  

universidades chilenas: un estudio sobre el uso de las páginas web de las unidades de  

género en la región de Valparaíso”. Calidad en la educación, 60, 123-149. DOI: https://  

dx.doi.org/10.31619/caledu.n60.1442  

39 Troncoso, L., Follegati, L. y Stutzin, V. (2019). “Más allá de una educación no sexista: apor-  

tes de pedagogías feministas interseccionales”. Pensamiento Educativo, 56 (1), 1-15. DOI:  

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Vera, S., Vera, A., Vidaurrazaga, T., Vera-Gajardo, A., Montero, C. y Troncoso, L. (2025).  

“Dissonances in the Institutionalization of Gender in Chilean Universities: Theoretical  

Reﬂections for the Ongoing Debate 1”. Societies, MDPI, 15(5), 1-19.  

44 Muñoz, A. y Trebisacce, C. (Eds.) (2024). Feminismos en el umbral de la academia.  

Ediciones UC. Santiago, Chile.  

40 Bonder, G. (2022). La institucionalización del enfoque de igualdad de género en universi-  

dades de América Latina. Experiencias, reﬂexiones y contribuciones para el futuro de la  

Educación Superior. Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América  

Latina, FLACSO-Argentina. Buenos Aires, Argentina.  

45 Mandiola, M., Ríos, N. y Eridani, A. (2022). “El género administrado: lecturas feministas y  

críticas a la reorganización de la academia y las universidades en Chile”. En: S. Collado et  

al. Mucho género que cortar: Estudios para contribuir al debate sobre género y diversi-  

dad sexual en Chile (Págs. 73-99). GEDIS, Universidad Alberto Hurtado.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

sistemáticamente marginalizados dentro de Chile, lo cual irradia consecuencias  

múltiples dentro del sistema educativo y la sociedad civil, más generalmente.  

Por su parte, si bien las políticas de paridad y de acción aﬁrmativa —en cuanto el  

número de mujeres investigadoras, en programas de postgrado, de inserción en  

academia y en investigación— son un buen punto de partida a corto y mediano  

plazo, ya que partimos desde un déﬁcit pronunciado, para lograr un impacto  

sobre la producción de conocimientos es necesario no solo aumentar el número  

de mujeres, sino también la valorización de conocimientos producidos desde  

el área de los estudios de género y feministas.  

4. RECOMENDACIONES  

Basado en la evidencia reportada en este policy brief y conceptualizadas desde  

una perspectiva feminista interseccional, nuestras recomendaciones son las  

siguientes:  

•

•

Abordar complejamente el debate sobre la inclusión de una perspectiva  

de género en la educación superior, evitando reducir los avances solo  

a números, normativas o leyes que carecen de contexto local/regional  

y dejan fuera matices importantes a la hora de pensar en aplicación e  

implementación.  

Esto es particularmente clave en el caso de las universidades públicas, ya que  

tienen el deber de incidir e intervenir en políticas públicas y problemas sociales  

del país. En este sentido, en un contexto del surgimiento de políticas de ultra-  

derecha y de actitudes antifeministas, LGBTQIAfóbicas y racistas, es del todo  

importante que se valore, se resguarde y se avance en temáticas de género  

dentro de las universidades públicas, no solo en términos de reducir violencias  

y brechas, sino también en cuanto la promoción de currículo, la profundización  

de programas de estudio de pre y postgrado y extensión, y la producción de  

conocimientos feministas desde perspectivas interseccionales.  

No reducir las políticas de género al interior de las universidades solo  

a aquellas que se relacionan con las mujeres y disidencias sexo-gené  

-

ricas, lo que nos abre al desafío de abordajes interseccionales sobre las  

desigualdades al interior de las instituciones de educación superior y  

particularmente el de la violencia y el acoso sexual. Por cierto, el trabajo  

de velar por la superación de estas brechas y violencias debe ser de toda  

la comunidad universitaria y no solo de algunos pocos actores.  

•

Garantizar el real compromiso de las distintas unidades administrativas y  

de gestión que conforman la universidad con el objetivo de concretar la  

transversalidad de la perspectiva y acciones de género de manera efec-  

tiva, más allá del voluntarismo individual o de las unidades académicas.  

A la luz de los retos actuales instalados por los feminismos, retomamos el desafío  

de profundizar una perspectiva interseccional en el abordaje de la violencia y el  

acoso sexual en universidades. Si bien hay políticas y reglamentos que integran  

la terminología, aún cabe buscar estrategias que permitan implementar estas  

intenciones y no solo se queden en la retórica institucional. La violencia y el acoso  

sexual no solo son una expresión de las relaciones desiguales entre géneros,  

sino que sus particularidades son el producto de desigualdades imbricadas —que  

incluyen, entre otros, la edad, la clase social y la etnia/raza—, las que se articulan,  

refuerzan y tensionan en contextos socioterritoriales y educativos especíﬁcos.  

Además, a nivel nacional, es fundamental considerar las diferencias raciales y  

étnicas existentes en el país y su peso diferenciado según las particularidades  

de cada universidad pública: su composición estudiantil, enfoques académicos  

e investigativos y complejidad institucional. Por cierto, no es lo mismo hablar de  

brechas de género y violencia en la Universidad de Chile en Santiago, versus  

la Universidad de La Frontera en Temuco, la Universidad de Tarapacá en Arica  

o la Universidad de Aysén en Coyhaique (o en Rapa Nui, que no cuenta con  

ninguna institución de educación superior). Cada una tiene su especiﬁcidad y  

realidad, lo cual, hasta ahora, ha sido escasamente investigado y menos desde  

perspectivas interseccionales.  

•

•

En este sentido, trabajar en acciones de sensibilización direccionadas  

a construir cambios en la cultura universitaria que involucre todos los  

estamentos: estudiantes, académicos/as/es y funcionarias/os/es.  

Crear y garantizar espacios “seguros” e inclusivos para mujeres y disiden-  

cias sexuales, tanto en sala de clases como en términos de estructura (por  

ejemplo, la implementación de baños para personas trans y no-binarias,  

entre otras).  

•

•

Trabajar en políticas de apoyo a madres y padres estudiantes, acadé-  

micas y funcionarias, para garantizar la participación de las instituciones  

de educación superior en la corresponsabilidad de los cuidados, que  

siguen recayendo mayormente como responsabilidad femenina, con  

efectos directos en la viabilidad de los estudios y el trabajo académico.  

Considerar en las políticas de género la perspectiva interseccional, de  

manera a incentivar mayor diversidad en la composición del cuerpo  

académico y estudiantado en las universidades públicas, especialmente.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

•

•

Trabajar en acciones de prevención y no-discriminación considerando la  

REFERENCIAS  

perspectiva interseccional, teniendo presente que esta diversidad tiene  

el potencial de enriquecer la producción de conocimiento y ampliar las  

epistemologías y metodologías transformando positivamente los espacios  

de las instituciones de la educación superior.  

Ahmed, S. (2021). Complaint! Durham. Duke University Press.  

Informar y sensibilizar oportunamente a la comunidad universitaria en  

estas temáticas para que puedan ser integradas y comprendidas como  

una necesidad en el marco de una sociedad democrática. Es fundamental  

socializar la evidencia acumulada sobre las brechas, las desigualdades  

y la violencia de género en los establecimientos de educación superior  

y los mecanismos generados para mitigarlas. De este modo, además, se  

podrían facilitar procedimientos de denuncia e investigación ante casos  

de acoso sexual y/o violencia de género.  

ANID (2020). Análisis de participación femenina en convocatorias a ﬁnancia-  

miento de la institución, 2010-2019. Santiago, Chile.  

Andrade Lara, C., Cabello Robertson, J. y Ormazábal Abusleme, M. C. (2022).  

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•

Promocionar, a través de concursos especíﬁcos de contratación e investi-  

gación, la valorización de los estudios de género y feministas, integrando  

esta área de forma prioritaria a las universidades públicas como parte de  

una campaña que busque resaltar los valores democráticos y plurales  

dentro de las universidades. En esta misma línea, es de suma importancia  

la creación de un programa de doctorado en Estudios de Género dentro  

de la Universidad de Chile, que ya cuenta con dos magísteres en esta  

temática, como también la creación de un grupo de estudios de ANID,  

para promover estudios e investigación a nivel nacional, tanto de manera  

individual como también asociativa. Se consideran como buen antece-  

dente los concursos temáticos en género de los proyectos Anillo del  

año 2022, como punto de partida de cómo se podrían construir nuevos  

centros y núcleos de investigación a nivel país.  

Ascencio Cortés, M. S., Anabalón Anabalón, Y. y Vega-Román, E. (2025). “¿Cambio  

institucional de género en Educación Superior? Resistencias y perspectivas  

desde una revisión sistemática de la literatura cientíﬁca”. Revista Fuentes,  

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Universidad Nacional Autónoma de México-Programa Universitario de Estudios  

de Género-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.  

•

Financiar de manera prioritaria dentro de las universidades públicas las  

institucionalidades de género (secretarías, oﬁcinas, unidades, direcciones,  

etc.), como también los programas de estudio de pre y postgrado y centros  

de investigación dedicados a los estudios de género y feministas. Para  

poder avanzar de corto, mediano y largo plazo se requieren recursos  

humanos y económicos, adecuadamente planiﬁcados y ﬁscalizados. Al  

quedarse solo en el “papel” las recomendaciones, jamás se podrán ver  

cambios reales dentro de las universidades públicas.  

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III. EQUIDAD DE GéNERO  

2. DE LA CERTIFICACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN:  

EFECTIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN  

DE GÉNERO  

Carolina Franch Maggiolo  

Directora de Género, Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-4289-6530  

cb.franch@gmail.com  

direccion.genero@facso.cl  

Pamela Saavedra Castro  

Coordinadora de Género, Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile  

pamesaavedra@uchile.cl  

1. CONTEXTO Y PUNTO DE PARTIDA  

La institucionalización del enfoque de género a nivel global ha avanzado signiﬁ  

-

cativamente en las últimas décadas, especialmente a través de reformas norma-  

tivas, la creación de organismos especializados y compromisos multilaterales  

como la Plataforma de Acción de Beijing (1995) o los Objetivos de Desarrollo  

Sostenible (ODS), en particular el ODS 5 sobre igualdad de género. En Chile,  

desde la creación del Servicio Nacional de la Mujer en 1991, hoy Ministerio de  

la Mujer y la Equidad de Género (creado en 2015), hasta la incorporación del  

enfoque de género en políticas públicas, planes estratégicos institucionales y  

normas legales, el país ha buscado responder a las desigualdades estructurales  

que afectan a mujeres y disidencias sexo-genéricas. Sin embargo, estos avances  

no siempre han derivado en transformaciones sostenibles, persistiendo brechas  

entre el reconocimiento normativo y los cambios efectivos.  

La institucionalización del enfoque de género implica integrar principios de  

igualdad de manera sistemática y transversal en estructuras, normas y culturas  

institucionales, transformando tanto marcos normativos como modos de opera-  

ción para garantizar derechos, eliminar desigualdades y redistribuir poder.  

Teóricamente, el género se entiende como categoría analítica de las relaciones  

de poder: un sistema de normas y prácticas que construyen jerarquías entre  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

los sexos y distribuyen de forma desigual recursos, prestigio y reconocimiento  

social⁴⁶. Como plantea Joane Nagel47 atraviesa todas las dimensiones de la vida  

social, lo que evidencia su centralidad para identiﬁcar y enfrentar desigualdades  

estructurales.  

Género, con el ﬁn de impulsar políticas en el plano nacional e internacional y  

erigirse como referente en la transversalización y erradicación de violencia. Dos  

meses después, las movilizaciones del “mayo feminista”50 marcaron un punto de  

inﬂexión en la agenda universitaria, haciendo ineludible incorporar el enfoque  

de género en todas las dimensiones: normativa, protocolos, planes de estudio,  

investigación, gobierno y cultura organizacional.  

En este marco, el presente policy brief se sitúa en el “tiempo lento de Chile”:  

pese a avances normativos y proliferación de políticas, las transformaciones  

sustantivas han sido parciales y tardías. La transversalización de género no puede  

reducirse a normas, protocolos o métricas, pues constituye un dispositivo epis-  

témico y político orientado a transformar culturas y estructuras organizacionales.  

Este desfase reﬂeja un patrón recurrente: la adopción formal de compromisos  

internacionales sin que se traduzcan en cambios sostenibles.  

Desde entonces, múltiples universidades crearon direcciones u oﬁcinas de  

género para liderar este proceso. Un hito clave fue la promulgación de la Ley  

N.º 21.369 (2021), que obliga a todas las instituciones de educación superior a  

implementar políticas integrales contra el acoso, la violencia y la discriminación  

de género⁵¹. La inclusión del criterio “Gestión de la Convivencia, Equidad de  

Género, Diversidad e Inclusión” en la acreditación de la CNA52 agregó incentivos  

estructurales para avanzar hacia modelos más inclusivos.  

1.1 La educación superior como terreno crítico  

En este contexto, las universidades históricamente han desempeñado un papel  

activo en la legitimación de dinámicas y epistemologías asentadas en la exclu-  

sión de saberes principalmente de las mujeres y las diversidades, sumado a la  

normalización de estructuras jerárquicas que perpetúan la desigualdad entre  

géneros⁴⁸. Ante esta realidad, ha cobrado fuerza la necesidad de avanzar en  

la institucionalización del enfoque de género particularmente en la educación  

superior y, con ello, desactivar en estos territorios las normas, estructuras, prác-  

ticas, currículos y culturas universitarias sostenidas en inequidades⁴⁹.  

1.2 Un avance normativo sin transformación sustantiva  

Por todo lo anterior, la institucionalización del género no puede reducirse a  

protocolos o unidades administrativas, sino que exige transformar las lógicas de  

funcionamiento universitarias y las prácticas de quienes impulsan la igualdad.  

Como advierten Sonia Álvarez53 y Maxine Molyneux⁵⁴, existe una distancia entre  

el reconocimiento formal (leyes, unidades de género) y la efectividad sustantiva  

(cambios en poder y recursos). Álvarez alerta sobre un “feminismo institucio-  

nalizado, pero inefectivo”, mientras Molyneux distingue entre políticas que  

responden a intereses prácticos (acceso, servicios) y aquellas que transforman  

lo estratégico (estructuras de poder, roles de género).  

Los primeros pasos fueron tímidos: la Oﬁcina de Igualdad de Género de la  

Universidad de Chile (2013) y las iniciativas de la Universidad Austral (2015) con  

comités paritarios y comisiones para abordar acoso y discriminación, marcaron  

precedentes. En marzo de 2018, el CRUCH creó la Comisión de Igualdad de  

Sylvia Walby55 plantea que una institucionalización efectiva combina cambios  

estructurales (normas, reglas, incentivos), transformaciones culturales (valores,  

46 Scott, J. W. (1986). “Gender: A useful category of historical analysis”. The American  

Historical Review, 91(5), 1053-1075. DOI: https://doi.org/10.2307/1864376  

Connell, R. W. (2015). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Polity Press.  

De Lauretis, T. (1987). Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction.  

Indiana University Press. Bloomington.  

50 Zerán, F. (Ed.) (2018). Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado. LOM Ediciones.  

51 BCN (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile) (2021, 15 de septiembre). Ley N.º 21.369.  

Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la edu-  

cación superior. Diario Oﬁcial. https://www.bcn.cl/portal/  

52 CNA (Comisión Nacional de Acreditación) (2021). “Resolución Exenta DJ N°252-4 (o  

N°253-4)”. Establece Criterios y Estándares de Acreditación Institucional del Subsistema  

Universitario/Técnico Profesional, incorporando el criterio: “Gestión de la Convivencia,  

Equidad de Género, Diversidad e Inclusión”. Santiago, Chile.  

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Editorial Anagrama. Barcelona, España.  

47 Nagel, J. (2003). Race, Ethnicity, and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden  

Frontiers. Oxford University Press.  

48 Franch, C., Troncoso, L., Hernández, P., Castro, C. y Undurraga, J. (2022). Guía de edu-  

cación antisexista. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Dirección de  

Género. DOI: //doi.org/10.34720/wc4x-5z39  

53 Álvarez, S. (2001). Feminisms and Institutionalism: Institutionalizing Women’s Rights and  

Gender Equality in Latin America. NACLA Report.  

54 Molyneux, M. (1985). “Mobilization without Emancipation? Women’s Interests, the State,  

49 Walby, S. (2005). “Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice”.  

Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 12(3), 321-343. DOI:  

https://doi.org/10.1093/sp/jxi018  

and Revolution in Nicaragua”. Feminist Studies, 11(2), 227-254.  

55 Walby, S. (2005). “Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice”.  

Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 12(3), 321-343. DOI:  

https://doi.org/10.1093/sp/jxi018  

ONU Mujeres (2015). Transformar la educación para la igualdad: El enfoque de género  

en la educación superior. https://www.unwomen.org/es  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

estereotipos, prácticas) e inclusión interseccional⁵⁶. En esta última dimensión,  

se enfatiza que, sin atender a la intersección de género con raza, clase u otras  

categorías, el feminismo institucional corre el riesgo de reproducir exclusiones  

en lugar de superarlas.  

2. DESAFíOS GLOBALES DEL ENFOQUE DE GéNERO: HACIA MODELOS  

SOSTENIBLES Y EFECTIVOS  

A pesar de avances normativos, creación de protocolos y unidades de igualdad,  

muchas universidades todavía operan bajo lógicas que reproducen desigual-  

dades de género, exclusiones y formas de violencia simbólica, sexual, episte-  

mológica y laboral.  

Bajo estos marcos, una institucionalización debe pasar de lo formal a lo sustan-  

tivo, lo que supone revisar críticamente sus estructuras de poder, democratizar  

el acceso y la producción de conocimiento, transformar los contenidos curri  

-

El enfoque de género en y para las universidades debe entenderse no solo  

como una dimensión temática o transversal, sino como una herramienta crítica  

para analizar y transformar las estructuras de poder que organizan la vida institu-  

cional. Como plantea Joane Nagel⁵⁸, el Estado y sus instituciones, en este caso  

particular, las universidades, no son neutras en términos de género; operan como  

sistemas de “gobernanza de género” que regulan roles, saberes y cuerpos.  

culares, redistribuir los recursos de manera equitativa y erradicar las violencias  

de género en todas sus formas. Este proceso, sin embargo, enfrenta desafíos  

importantes: resistencias internas, falta de voluntad política, cooptación del  

discurso feminista, fragmentación de las iniciativas y persistencia de culturas  

organizacionales patriarcales⁵⁷.  

Este texto presenta la experiencia de la Universidad de Chile en instituciona-  

lización del enfoque de género, con foco en las transformaciones recientes.  

Más allá de relatar un proceso, propone un análisis crítico de los desafíos,  

destacando la necesidad de modelos sostenibles que consoliden políticas  

universitarias de igualdad. En este marco, se examina el Sello Genera Igualdad  

como estrategia fundacional de transversalización, concebido no como ﬁn en  

sí mismo, sino como punto de partida para una reforma estructural e integral en  

la educación superior. Lejos de ser un proceso cerrado, esta experiencia abre  

la posibilidad de diseñar un Índice Multidimensional de Efectividad en Género  

(IME-Género), capaz de articular sostenibilidad, eﬁciencia e innovación como  

principios orientadores del cambio.  

Por ello, uno de los principales desafíos es el tratamiento de la desigualdad de  

género como un problema ﬁnito o técnico-administrativo, susceptible de resol-  

verse mediante la adopción de “buenas prácticas” o políticas puntuales. Esta  

lógica produce marcos institucionales limitados, con metas cuantiﬁcables a corto  

plazo que, una vez alcanzadas, pueden generar una sensación de “problema  

resuelto” y frenar el impulso transformador. Tal abordaje desconoce que las  

desigualdades de género son fenómenos complejos, estructurales, relacionales  

y dinámicos, enraizados en sistemas económicos, sociales y culturales más  

amplios. Como plantea Nancy Fraser⁵⁹, la justicia de género no puede reducirse  

únicamente al “reconocimiento simbólico”, sino que exige una redistribución  

real del poder y de los recursos.  

En segundo lugar, muchos modelos institucionales que se han implementado  

en los sistemas de educación superior carecen de mecanismos para sostener  

procesos de cambio más allá del impulso inicial. Esto se traduce en estructuras  

formales que pierden capacidad de acción con el tiempo —una suerte de “insti  

-

tucionalización débil”—, especialmente cuando no están respaldadas por presu-  

puesto, liderazgo político, rendición de cuentas y mecanismos de evaluación⁶⁰.  

Ante este panorama, resulta urgente avanzar hacia modelos institucionales  

sostenibles y efectivos que no solo reconozcan formalmente las desigualdades  

de género, sino que cuenten con las capacidades y recursos para abordarlas  

56 Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. University of  

58 Nagel, J. (2003). Race, Ethnicity, and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden  

Chicago Legal Forum.  

Frontiers. Oxford University Press.  

Hill Collins, P. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the  

Politics of Empowerment. Routledge.  

57 Verge, T., Ferrer-Fons, M. y González, M. (2017). “Resistance to mainstreaming gender into  

the higher education curriculum”. European Journal of Women’s Studies, 25(1), 86-101.  

DOI: https://doi.org/10.1177/1350506816688237  

59 Fraser, N. (2008). “Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition,  

and participation”. En: Geographic thought (Págs. 72-89). Routledge.  

60 Bhowmik, D. (2023). “Gender Inequality in Higher Education and Research”. Business  

Ethics and Leadership, 7(3), 108-119. DOI: https://doi.org/10.61093/bel.7(3).108-119.2023  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

Figura III-1. Dimensiones y objetivo Sello Genera Igualdad  

de forma continua, interseccional y transformadora. Esto implica, entre otros  

elementos:  

•

Entender las desigualdades de género como fenómenos estructurales y  

no ﬁnitos, que deben ser enfrentados con políticas permanentes, ﬂexibles  

y revisables.  

•

•

Evitar la inercia institucional mediante mecanismos de monitoreo, evalua-  

ción participativa, rendición de cuentas y formación continua.  

Establecer ciclos de innovación y mejora, que permitan a las instituciones  

adaptarse a contextos cambiantes y a las múltiples formas en que se  

reproduce la desigualdad tanto de género, clase, etnia, discapacidad,  

orientación sexual, etc.  

•

Garantizar que las estructuras institucionales estén acompañadas de  

voluntad política, ﬁnanciamiento suﬁciente y articulación intersectorial.  

En otras palabras, es fundamental entender la institucionalización del enfoque  

de género como un proceso dinámico, no como un destino. La construcción  

de modelos sostenibles y efectivos de la transversalización de género, particu-  

larmente en las Universidades, no es solo una cuestión técnica, sino también  

profundamente política: implica disputar sentidos y transformar las lógicas  

tradicionales de estas instituciones, en favor de una justicia de género real y  

duradera o como propone Fraser, soportar desde el género un “enfoque críti-  

co-democrático”, que pretende “por una parte, una concepción inﬂuida por la  

teoría crítica de relación entre conocimiento social y reﬂexión normativa; por  

otra, un interés político-democrático por una confrontación pública imparcial”⁶¹.  

Fuente: DIGEN (2023)⁶².  

Entre 2019 y 2021 se llevó a cabo la primera etapa, en la que participaron cinco  

vicerrectorías, además de la Facultad de Ciencias Sociales y de Ciencias Físicas  

y Matemáticas, y cuyo principal resultado fue la obtención en 2022 de la certi-  

ﬁcación otorgada por el PNUD. En este periodo, como resultado de la Fase 1,  

se construyen los estándares de género, dispuestos en tres fases o niveles de  

avance sucesivos, se disponen metas que responden a resultados concretos,  

parciales y medibles. Con ello, la Universidad de Chile se convirtió en la primera  

casa de estudio superior del país en recibir este reconocimiento⁶³.  

3. SELLO GENERA IGUALDAD COMO EXPERIENCIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN  

DEL GéNERO EN LA UNIVERSIDAD  

El Sello Genera Igualdad surge como una iniciativa orientada a instalar estándares  

veriﬁcables de igualdad de género en el quehacer universitario, constituyéndose  

en un mecanismo de institucionalización progresiva que combina diagnóstico,  

implementación y evaluación en ciclos sucesivos. Su objetivo central ha sido  

identiﬁcar aquellas prácticas y procedimientos que requieren ser transformados  

para estimular procesos de cambio sostenible, ﬁjando metas que deben cumplirse  

en un período determinado e involucrando a múltiples unidades en su ejecución.  

El Sello se estructura en ocho dimensiones que fueron construidas considerando  

el quehacer sustantivo de la universidad:  

62 Dirección de Igualdad de Género (DIGEN) (2023). Modelo de certiﬁcación universitaria en  

estándares de igualdad de género: Sello Genera Igualdad (1.ª ed., 522 p.). Universidad  

de Chile.  

63 Dirección de Igualdad de Género (DIGEN) (2023). Modelo de certiﬁcación universitaria en  

estándares de igualdad de género: Sello Genera Igualdad (1.ª ed., 522 p.). Universidad  

de Chile.  

61 Fraser, N. (2008). “Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition,  

and participation”. En: Geographic thought (Pág. 88). Routledge.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

Entre 2022 y 2024, el proceso transitó hacia una segunda fase orientada a  

la consolidación y seguimiento de los avances alcanzados. En esta etapa, el  

PNUD dejó de ser la entidad encargada de certiﬁcar, y la Universidad de Chile  

decidió avanzar hacia un modelo con proyección nacional de valor público. Este  

nuevo diseño contempló la creación de un Comité conformado por UNESCO, la  

Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación y el CUECH,  

siendo la Universidad de Chile la institución piloto de un modelo que se espera  

extender de manera progresiva a las dieciocho universidades estatales del país⁶⁴.  

La experiencia de la Facultad de Ciencias Sociales ilustra tanto los avances  

como las tensiones de esta segunda fase. En nuestro caso, el Sello permitió  

avanzar en la transversalización del enfoque de género mediante el cumplimiento  

de un conjunto de estándares asociados a la Política de Igualdad (2022). Sin  

embargo, la aplicación práctica de estos estándares derivó con frecuencia en  

un checklist de actividades que, si bien cumple con la tarea de implementar la  

política, no siempre logra articularse como una estrategia integral orientada a  

producir transformaciones estructurales. Esta tensión muestra una de las prin-  

cipales limitaciones del modelo: cuando los estándares se conciben solo como  

veriﬁcación, se diluye el sentido político del proceso y se reduce a acciones  

puntuales sin impacto en la cultura universitaria⁶⁸.  

La implementación de esta segunda fase se apoyó en factores clave como el  

respaldo político, la integración en la estrategia institucional y la coordinación  

entre facultades, lo que dio al proceso legitimidad y viabilidad, de acuerdo con  

los/as actores involucrados/as⁶⁵. Dicho avance se expresó no solo en la creación  

de nuevas prácticas y estructuras organizativas, sino también en la incorporación  

de la perspectiva de género en los núcleos estratégicos que componen la vida  

universitaria: formación, investigación, gestión académica y bienestar laboral.  

Las consultoras a cargo de la sistematización subrayan que, si bien el Sello  

demostró la factibilidad de transversalizar el enfoque de género, la transforma-  

ción cultural no puede reducirse a acciones aisladas ni acelerarse en plazos  

cortos, pues supone cuestionar estructuras de poder y resistencias arraigadas:  

“El enfoque de género debe ser entendido como una tarea permanente de  

revisión crítica, más que como un objetivo ﬁnito que se alcanza de una vez y  

para siempre”⁶⁹.  

3.1 Reaprendizajes institucionales e innovación  

En este marco, el Sello ha sido percibido como un ordenador institucional que  

articula, prioriza y da coherencia a procesos e iniciativas que previamente se  

encontraban dispersos o carecían de un marco común robusto⁶⁶. De esta forma,  

el aprendizaje institucional se nutre de cada ciclo y de los saberes instalados,  

generando una lógica de continuidad y acumulación que evita comenzar desde  

cero en cada etapa.  

En síntesis, el Sello representa una oportunidad para avanzar hacia una univer-  

sidad más democrática e igualitaria, pero su sostenibilidad exige compromiso  

estratégico de largo plazo, políticas sólidas y condiciones que trascienden las  

voluntades individuales. Entre las proyecciones de mejora, las consultoras reco  

-

miendan simpliﬁcar el modelo reduciendo metas, estandarizando indicadores y  

priorizando lo sustantivo, además de institucionalizar procesos de autoevaluación,  

generar instrumentos de seguimiento ágiles y rediseñar las herramientas meto-  

dológicas con una guía práctica para construir metas e indicadores comunes⁷⁰.  

No obstante, el proceso enfrentó diﬁcultades. Entre las principales limitaciones  

estuvieron la desigual capacidad operativa de las facultades, las falencias meto-  

dológicas en la aplicación de los estándares y la rotación de equipos directivos,  

lo que interrumpió la continuidad y afectó la apropiación institucional del Sello.  

Esta situación, agravada por la falta de planiﬁcación temprana, derivó en algunos  

casos en una sensación de improvisación en la gestión⁶⁷.  

Estos aprendizajes permiten proyectar un horizonte de mayor alcance, donde  

los avances se miden no solo en términos normativos o procedimentales, sino  

también en las transformaciones más sutiles y signiﬁcativas de las prácticas  

diarias, las dinámicas de poder y las formas de interacción al interior de la  

64 Martínez Oyarce, L. y Quiroz Zárate, S. (2025). Informe de sistematización segunda fase  

Sello Genera Igualdad en la Universidad de Chile 2022–2024. Dirección de Igualdad de  

Género, Universidad de Chile.  

65 Martínez Oyarce, L. y Quiroz Zárate, S. (2025). Informe de sistematización segunda fase  

Sello Genera Igualdad en la Universidad de Chile 2022–2024. Dirección de Igualdad de  

Género, Universidad de Chile.  

68 Bermúdez, F. (2012). “Transversalidad de género en el ámbito universitario. El caso de la  

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)”. Géneros. Revista de investiga-  

ción y Divulgación sobre los Estudios de Género, 19(11), 37-55.  

66 Martínez Oyarce, L. y Quiroz Zárate, S. (2025). Informe de sistematización segunda fase  

Sello Genera Igualdad en la Universidad de Chile 2022–2024. Dirección de Igualdad de  

Género, Universidad de Chile.  

69 Martínez Oyarce, L. y Quiroz Zárate, S. (2025). Informe de sistematización segunda fase  

Sello Genera Igualdad en la Universidad de Chile 2022–2024. Dirección de Igualdad de  

Género, Universidad de Chile. Pág. 62.  

67 Martínez Oyarce, L. y Quiroz Zárate, S. (2025). Informe de sistematización segunda fase  

Sello Genera Igualdad en la Universidad de Chile 2022–2024. Dirección de Igualdad de  

Género, Universidad de Chile.  

70 Martínez Oyarce, L. y Quiroz Zárate, S. (2025). Informe de sistematización segunda fase  

Sello Genera Igualdad en la Universidad de Chile 2022–2024. Dirección de Igualdad de  

Género, Universidad de Chile.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

universidad⁷¹. Es precisamente en esta línea donde emerge la necesidad de  

imaginar un Índice Multidimensional de Efectividad en Género (IME-Género),  

capaz de superar la lógica de veriﬁcación formal para dar paso a un modelo de  

evaluación que integre sostenibilidad, eﬁciencia e innovación como principios  

orientadores de un cambio estructural en la educación superior.  

de implementar las políticas pueden reconocer con evidencia qué funciona,  

qué no y por qué. Este carácter participativo evita que el índice se reduzca a  

un mero checklist y lo convierte en un dispositivo de innovación organizacional,  

capaz de alinear distintos niveles de la institución en torno a una misma lógica  

de efectividad.  

4. EL IME Y SU PROYECCIÓN HACIA UN IME-GéNERO  

4.1. Del IME al IME-Género: Un salto estratégico  

El Índice Multidimensional de Efectividad (IME) se presenta como una innovación  

disruptiva frente a los modelos tradicionales de evaluación de programas, que  

suelen centrarse en la veriﬁcación ex post del cumplimiento de metas. Su lógica  

invierte este enfoque: no busca comprobar el cumplimiento de los objetivos,  

al ﬁnal del camino. Sino anticipar alertas tempranas, visibilizar nudos críticos y  

abrir trayectorias de mejora antes de que las fallas se consoliden. De este modo,  

desplaza la evaluación como una herramienta de control hacia un mecanismo  

de aprendizaje y gestión institucional.  

El aprendizaje acumulado en la aplicación del IME abre la posibilidad de proyectar  

un IME-Género, concebido como una herramienta especíﬁca para la institucio-  

nalización del enfoque de género en la educación superior. Mientras modelos  

como el Sello Genera Igualdad han permitido instalar estándares veriﬁcables,  

sus límites también han sido evidentes, al reducir su operacionalización a metas,  

sin traducirse necesariamente o de manera sostenible en transformaciones  

sustantivas.  

El IME-Género se plantea como un instrumento capaz de superar esa lógica,  

midiendo no solo el cumplimiento formal, sino la efectividad real de las transfor-  

maciones institucionales en materia de género. Al incorporar indicadores vincu-  

lados a corresponsabilidad social en el cuidado, interseccionalidad, redistribución  

de tiempos, representación en espacios de poder, entre otros, el IME-Género  

permite observar si las medidas implementadas generan cambios sostenibles  

o si permanecen en el plano declarativo, y así, entregar evidencia sobre si las  

políticas, protocolos y acciones universitarias logran reducir brechas, transformar  

prácticas institucionales y consolidar nuevas formas de convivencia.  

En términos técnicos, el IME es un índice porque condensa información diversa  

en un rango que va de 0 a 1, permitiendo comparaciones consistentes y obser-  

vaciones de tendencia. No obstante, su potencia radica en que no mide una  

variable aislada, sino la efectividad de un programa, entendida como su capa-  

cidad real de cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Esa efectividad se  

observa en clave multidimensional, ya que no es posible capturarla desde un  

único indicador, sino a partir de un entramado de dimensiones que, al articularse,  

entregan una visión integral de cómo opera un sistema.  

El diseño del IME se estructura en ocho dimensiones, cada una subdividida en  

subdimensiones e indicadores especíﬁcos que permiten observar con mayor  

precisión los fenómenos que se buscan evaluar. Estas dimensiones no se leen  

de manera aislada, sino que se integran en una lógica jerárquica que va desde  

el nivel de indicador hasta la lectura global del programa, entregando tanto  

panoramas generales como información especíﬁca para orientar la toma de  

decisiones. La incorporación de una rúbrica de tres niveles —Alerta, Mínimo  

funcional y Efectividad— refuerza esta propuesta, pues no se limita a medir el  

cumplimiento de mínimos, sino que establece escenarios posibles de desempeño  

y deﬁne con claridad dónde se ubican las oportunidades de mejora.  

Además, su estructura en series de tiempo ofrece un valor político: al producir  

evidencia periódica y comparable, el IME-Género se convierte en un mecanismo  

de resistencia frente a retrocesos, diﬁcultando el desmantelamiento silencioso  

de políticas y fortaleciendo la capacidad de las comunidades universitarias  

para defender sus avances frente a eventuales arremetidas conservadoras. A  

la vez, fortalece el valor público de la universidad al alinearse con compromisos  

internacionales como la Agenda 2030 o la Plataforma de Acción de Beijing,  

consolidando la transversalización de género no solo como obligación norma-  

tiva, sino como parte de la misión pública de la educación superior. De este  

modo, contribuye a consolidar procesos de institucionalización de género que  

no dependan exclusivamente de la voluntad política coyuntural, sino que se  

sostengan como prácticas arraigadas en la vida universitaria.  

Uno de los principales aportes del IME es que involucra directamente a los  

equipos que gestionan los programas. Más que imponer una mirada externa, habi-  

lita un proceso de autoobservación institucional, donde las personas encargadas  

71 Rigat-Pﬂaum, M. (2008). “Gender mainstreaming: un enfoque para la igualdad de géne-  

ro”. Nueva Sociedad, 218, 40-56.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

4.2. Limitaciones y estrategias de mitigación  

Un aporte adicional del IME-Género radica en su capacidad para alimentar la  

producción de conocimiento situado. Los datos generados por el índice no solo  

cumplen una función de gestión institucional, sino que también constituyen  

insumos valiosos para la investigación académica y la reﬂexión crítica en torno  

a las desigualdades de género. De esta manera, el IME-Género contribuye a  

consolidar la transversalización como un campo académico y socialmente rele-  

vante, en que la innovación metodológica se articula con la misión pública de  

las universidades y con la necesidad de producir evidencia que oriente tanto  

las políticas institucionales como la agenda pública nacional.  

Toda innovación conlleva riesgos, y el IME no es la excepción. Reconocer sus  

limitaciones es fundamental para asegurar que su implementación contribuya  

efectivamente a la mejora institucional y no se transforme en un nuevo dispo-  

sitivo de formalización vacía.  

Entre las principales limitaciones se identiﬁcan cuatro: a) posibles sesgos  

derivados de la autoevaluación y la heterogeneidad de capacidad operativa  

entre unidades; b) riesgo de reiﬁcación del checklist si la herramienta se utiliza  

únicamente para certiﬁcación; c) necesidad de disponer de series temporales  

robustas que permitan detectar tendencias con validez; y d) carga administrativa  

adicional para los equipos si los procesos de captura y reporte no se automa-  

tizan adecuadamente.  

La institucionalización del enfoque de género, tantas veces reducida a proto-  

colos o estructuras administrativas, encuentra en el IME-Género una vía para  

traducirse en transformaciones sustantivas de las culturas y estructuras univer-  

sitarias. Con ello, se abre una ventana de oportunidad para que la igualdad deje  

de ser un horizonte retórico y se convierta en una práctica efectiva, sostenida  

y socialmente relevante.  

Frente a ello, el modelo propone medidas de mitigación que buscan preservar  

la lógica de mejora continua. Estas incluyen capacitaciones y acompañamiento  

técnico local, auditorías metodológicas o validaciones externas periódicas, y  

un diseño de plataforma automatizado que reduzca la carga de los equipos.  

Además, la calibración participativa de pesos y umbrales asegura pertinencia  

contextual, mientras que un plan de comunicación que enfatice el carácter de  

herramienta de mejora —y no de control sancionador— contribuye a consolidar  

la apropiación institucional del sistema.  

5. RECOMENDACIONES  

El diagnóstico y la evidencia muestran que la transversalización de género  

en las universidades chilenas no puede seguir dependiendo únicamente de  

la voluntad política o de la fragmentación de esfuerzos. Se requiere avanzar  

hacia un modelo integral y sostenible que combine innovación metodológica,  

compromiso institucional y políticas públicas claras. Las siguientes recomenda-  

ciones buscan orientar este proceso.  

4.3. Hacia un horizonte de sostenibilidad e innovación  

Un aspecto distintivo del IME es su modelo de expansión mediante un esquema  

de licenciamiento con propósito público, inspirado en enfoques que conciben la  

innovación como un bien social⁷². Con ello, se reconoce su valor público y así,  

no se restrinja a lógicas comerciales, sino que contribuya de manera directa a  

la función social de las universidades y a los compromisos internacionales en  

materia de igualdad y no discriminación.  

a. Consolidar el enfoque de género como mandato estructural en las  

universidades  

•

Integrar indicadores de género en los planes de desarrollo institu-  

cional, con presupuestos asignados y mecanismos de rendición de  

cuentas.  

•

Establecer ciclos de evaluación continua (por ejemplo, cada dos años)  

para monitorear avances y detectar retrocesos.  

El IME inaugura una manera distinta de concebir la efectividad institucional: no  

como un dato estático que se mide al ﬁnal de un proceso, sino como un ciclo  

dinámico de aprendizaje, corrección y mejora continua. Su proyección como  

IME-Género representa una oportunidad estratégica para las universidades, que  

requieren avanzar más allá de lo normativo hacia modelos de transversalización  

que sean veriﬁcables, sostenibles e innovadores.  

b. Adoptar el IME-Género como herramienta de medición y mejora continua  

•

Implementar el índice en universidades estatales como experiencia  

piloto y escalar progresivamente a todo el sistema de educación  

superior.  

72 Mazzucato, M. (2019). El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía  

•

Usar los resultados del IME-Género no como sanción, sino como  

insumo estratégico para la planiﬁcación institucional.  

global. Editorial Taurus.  

Nissen, R. N. & Asay, C. D. (2022). “Creative Commons and the Public Interest”. Journal of  

Open Access Policy, 5(1), 45-64.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

c. Garantizar sostenibilidad y blindaje frente a retrocesos políticos  

6. CONCLUSIÓN: HACIA UN HORIZONTE SOSTENIBLE DE IGUALDAD SUSTANTIVA  

•

Generar marcos regulatorios que hagan obligatoria la evaluación perió-  

dica de la efectividad en género, más allá de cambios de autoridades.  

6.1 Recapitulación del problema  

•

Articular el IME-Género con los criterios de acreditación de la CNA,  

asegurando que la igualdad de género sea evaluada como compo-  

nente esencial de la calidad universitaria.  

Durante las últimas décadas, el enfoque de género ha sido progresivamente  

incorporado en marcos normativos nacionales e internacionales, impulsando  

reformas, leyes y compromisos que buscan avanzar hacia la igualdad y la no  

discriminación. Las universidades han incorporado este enfoque, y en particular  

la Universidad de Chile ha sido pionera en localizar una transversalización de  

género por medio de la implementación del Sello Genera Igualdad, constitu-  

yendo una experiencia piloto y replicable para las distintas unidades al interior  

de nuestra casa de estudio.  

d. Fortalecer capacidades institucionales y reducir desigualdades internas  

•

Asegurar programas de formación continua en género para autori-  

dades, académicos/as y funcionarios/as.  

•

Establecer mecanismos diferenciados de apoyo a facultades o  

unidades con menor capacidad operativa, evitando que la desigualdad  

interna reproduzca brechas en la implementación.  

Los procesos enfrentados dejan lecciones invaluables y uno de los puntos más  

complejos es el marco de tratamiento técnico-administrativo de la desigualdad  

de género, donde las soluciones se abordan como asuntos puntuales o buro-  

cráticos, en lugar de comprenderse como fenómenos estructurales, complejos  

y dinámicos. De esta manera, la creación de protocolos, unidades de género  

o capacitaciones se convierte en un ﬁn en sí mismo, sin cuestionar ni alterar  

las jerarquías institucionales. Como advierte Buquet⁷³, las lógicas burocráticas  

saturan el espacio universitario y no necesariamente se traducen en cambios  

con impacto directo en la vida de quienes habitan estos territorios.  

e. Incorporar la perspectiva interseccional y de cuidados como ejes  

estratégicos  

•

Incluir la corresponsabilidad social del cuidado en los indicadores  

del IME-Género, reconociendo cómo impacta en las trayectorias  

académicas.  

•

Diseñar políticas que atiendan simultáneamente a género, clase, etnia,  

discapacidad, orientación sexual y territorio, en línea con los marcos  

internacionales de justicia interseccional.  

Así, cuando las acciones institucionales carecen de continuidad, presupuesto,  

liderazgo o mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas, se  

generan falsas expectativas, produciendo una brecha o desfase entre lo formal  

y lo sustantivo. Esto explica por qué, muchas veces, los procesos de transforma-  

ción de género en las universidades producen la sensación de “mucho ruido y  

pocas nueces”: se realizan múltiples acciones, pero pocas logran consolidarse  

como cambios estructurales profundos y sostenibles.  

f. Promover un modelo de innovación con propósito público  

•

Establecer un esquema de licenciamiento mixto para el IME-Género:  

gratuito para instituciones públicas y con modalidades diferenciadas  

para privadas bajo compromisos de impacto social.  

•

Difundir los resultados del IME-Género de manera pública y accesible,  

reforzando la transparencia y la producción de conocimiento situado.  

6.2 El aporte del IME-Género como innovación institucional  

g. Escalar el modelo a la agenda país y regional  

A partir del aprendizaje acumulado con la implementación del Índice  

Multidimensional de Efectividad (IME), surge la propuesta del IME-Género como  

una herramienta estratégica para avanzar en la institucionalización del enfoque  

de género en la educación superior. Esta nueva versión del índice no se limita  

a veriﬁcar si las universidades han adoptado protocolos o normativas con pers-  

pectiva de género. Su objetivo es más ambicioso: busca medir si esas acciones  

•

Incorporar el IME-Género como herramienta de innovación aplicable  

más allá de las universidades, habilitando su adaptación en otros  

organismos del Estado y en instituciones de la sociedad civil.  

73 Buquet, A. (2011). “Transversalización de la perspectiva de género en la educación supe-  

rior. Problemas conceptuales y prácticos”. Perﬁles Educativos, 33, 211-225.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

están generando avances sostenibles en las estructuras institucionales, en lugar  

de quedarse en el plano declarativo o meramente simbólico.  

Ahora bien, este compromiso público puede sostenerse desde un IME-Género  

como dispositivo replicable en la educación superior, una innovación que incen-  

tive la transversalización del género con un plan y programa a nivel país. Si  

la Universidad de Chile ha sido protagonista en la creación de procesos de  

innovación y tecnología, el IME-Género propone una tecnología de evalua-  

ción que combina rigurosidad técnica, participación institucional y compromiso  

transformador.  

El IME-Género introduce una mirada crítica al incorporar indicadores que permiten  

observar dimensiones clave del enfoque de género. Con ello, posibilita evaluar  

no solo el cumplimiento formal de ciertos estándares, sino también el impacto  

real de las políticas en la vida cotidiana de las comunidades universitarias.  

Uno de sus principales aportes es su capacidad para generar evidencia perió-  

dica y comparable en el tiempo, convirtiéndose en un mecanismo de resistencia  

institucional frente a retrocesos o cambios coyunturales. En contextos donde los  

avances en igualdad de género son frágiles o vulnerables a cambios políticos,  

contar con datos sólidos permite fortalecer la defensa de lo logrado y sostener  

una agenda transformadora.  

Su carácter innovador radica en al menos tres dimensiones clave. Primero, en  

el plano metodológico, se trata de una herramienta multidimensional, dinámica  

y anticipatoria, capaz de generar evidencia periódica sobre la efectividad real  

de las políticas de género. Esta evidencia no solo informa, sino que orienta  

la gestión y la toma de decisiones, fortaleciendo una cultura organizacional  

basada en el aprendizaje y la mejora continua. En segundo lugar, el IME-Género  

es una tecnología alineada con un propósito público claro: contribuir al cierre  

de brechas de género y avanzar hacia instituciones más justas, inclusivas y  

democráticas. Al incorporar dimensiones como la corresponsabilidad en los  

cuidados, la representación en espacios de poder y la interseccionalidad, no  

solo mide, sino que visibiliza desigualdades estructurales que muchas veces  

permanecen ocultas bajo el cumplimiento formal. Finalmente, es un mecanismo  

de sostenibilidad institucional que permite resguardar los avances en igualdad  

de género mediante evidencia robusta, periódica y comparable, fortaleciendo  

la capacidad de las comunidades universitarias para defender y profundizar  

sus logros.  

6.3 Urgencia y oportunidad para Chile  

El país enfrenta hoy una ventana de oportunidad. Acelerar la respuesta insti-  

tucional en materia de género exige convicción política, colaboración interu-  

niversitaria y herramientas innovadoras que aseguren resultados sostenibles.  

El IME-Género ofrece una vía concreta para transitar desde la retórica a la  

efectividad y desde la fragmentación a la sostenibilidad.  

La transversalización del enfoque de género en las universidades chilenas  

demanda una transformación profunda que vaya más allá de protocolos o  

normativas, apuntando a modiﬁcar las estructuras institucionales, las formas de  

producción del conocimiento y los vínculos con la sociedad⁷⁴. En este contexto,  

el compromiso público universitario surge como un componente estratégico para  

avanzar hacia una universidad más inclusiva, justa y conectada con su entorno.  

El IME-Género no es solo una herramienta técnica o una plataforma de gestión:  

es una tecnología social al servicio del bien común, que pone el conocimiento  

y los datos en orientación de la transformación institucional. Encarna así una  

innovación con propósito público, que permite imaginar su aplicación en institu-  

ciones del Estado y de la sociedad civil. Capaz de orientar políticas públicas de  

manera sistemática, evitar retrocesos y acelerar transformaciones en distintos  

ámbitos de la vida social, el IME-Género se plantea como respuesta concreta  

a desafíos colectivos urgentes.  

Muchas veces, los tiempos de las universidades tienden a ser lentos e incluso  

autorreferenciales, y esa lentitud se acentúa cuando las instituciones se desco-  

nectan de lo social y operan como “torres de marﬁl” o “castillos de cristal”.  

Las universidades no son espacios neutros ni aislados, sino actores políticos  

insertos en contextos sociales dinámicos. Su vinculación con las comunidades,  

movimientos sociales y demandas ciudadanas responde tanto a un imperativo  

ético como a un requerimiento de las políticas públicas⁷⁵, y ofrece nuevas opor-  

tunidades para incidir en procesos de transformación estructural, especialmente  

desde una perspectiva de género.  

Los modelos tradicionales de universidad, centrados casi exclusivamente en  

investigación y docencia y que buscan posicionamiento en rankings inter-  

nacionales, se tensionan. En ese marco, las actividades relacionadas con el  

compromiso social suelen ser comprendidas como secundarias o marginales,  

sin efectos claros en la carrera académica ni incentivos para su desarrollo. La  

transversalización del enfoque de género obliga a disputar este modelo, inte-  

grando el compromiso público como una función sustantiva y transversal a la  

docencia, la investigación y la gestión.  

74 Squires, J. (2005). “Is mainstreaming transformative? theorizing mainstreaming in the  

context of diversity and deliberation”. Social Politics: International Studies in Gender,  

State & Society.  

75 OECD (2020). Education at a Glance 2020: OECD Indicators. OECD Publishing.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

En deﬁnitiva, avanzar en la transversalización de género requiere reconﬁgurar los  

marcos de reconocimiento y evaluación académica, valorizando el compromiso  

público como una dimensión sustantiva del quehacer universitario, y no como  

una actividad periférica. Este cambio cultural e institucional es clave para conso-  

lidar universidades comprometidas con la equidad, la justicia y el bien común.  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

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IV. TRABAJO  

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Hill Collins, P. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and  

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Las transformaciones tecnológicas y la digitalización han reconﬁgurado de  

manera profunda la naturaleza del trabajo, redeﬁniendo las relaciones entre  

producción, organización laboral y bienestar social. Nuevas formas de empleo, la  

automatización y la expansión de la economía de plataformas plantean desafíos  

sin precedentes para la regulación laboral, la seguridad social y la cohesión social.  

Al mismo tiempo, estas transformaciones abren oportunidades para repensar la  

productividad y el bienestar en clave humana, incorporando modelos de trabajo  

más ﬂexibles, inclusivos y sostenibles. En este contexto, el trabajo se convierte  

en un núcleo articulador de la ciudadanía, la creatividad y la participación social,  

donde convergen dimensiones económicas, sociales y culturales.  

Martínez Oyarce, L. y Quiroz Zárate, S. (2025). Informe de sistematización  

segunda fase Sello Genera Igualdad en la Universidad de Chile 2022–2024.  

Dirección de Igualdad de Género, Universidad de Chile.  

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Nagel, J. (2003). Race, Ethnicity, and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden  

Sin embargo, la desconexión entre políticas laborales, sistemas educativos y  

avances tecnológicos genera brechas signiﬁcativas de empleabilidad, informa-  

lidad y precarización, afectando especialmente a jóvenes, mujeres y trabaja-  

dores en sectores informales. Las instituciones laborales tradicionales enfrentan  

diﬁcultades para adaptarse al ritmo de los cambios productivos y para garan-  

tizar condiciones de trabajo decente y seguras en un entorno cada vez más  

digitalizado y globalizado. Las políticas de empleo, muchas veces, se limitan a  

medidas reactivas o focalizadas, sin integrar estrategias de formación continua,  

regulación dinámica y acompañamiento a los trabajadores en la transición tecno-  

lógica. Esta situación evidencia la necesidad de colaboración interinstitucional  

que considere la interacción entre actores, la regulación laboral, los sistemas  

educativos y los dispositivos de protección social, con el ﬁn de promover un  

desarrollo laboral inclusivo y sostenible.  

Frontiers. Oxford University Press.  

Nissen, R. N., & Asay, C. D. (2022). “Creative Commons and the Public Interest”.  

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La línea de innovación “Trabajo” del CLIPP aborda estos desafíos mediante  

un enfoque transdisciplinario que integra economía, sociología y gestión de  

la innovación. Su propósito es, desde el análisis a los impactos de la transfor-  

mación tecnológica en las trayectorias laborales, la organización del empleo y  

las políticas de capacitación, construyendo modelos que articulen ﬂexibilidad,  

bienestar y equidad. Se estudian nuevas conﬁguraciones de empleo —desde  

el teletrabajo y las modalidades híbridas hasta la economía de plataformas—  

evaluando sus efectos sobre la calidad de vida, la distribución del tiempo y las  

dinámicas de género y cuidado. Esta línea promueve la articulación de inicia-  

tivas que aborden riesgos de precarización, fomenten la participación de los  

actores y fortalezcan la cooperación entre empresas, sindicatos, universidades  

y organismos públicos.  

Squires, J. (2005). “Is mainstreaming transformative? theorizing mainstreaming  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Así, se enfatiza en la necesidad de comprender el trabajo como un sistema  

socio-técnico complejo, donde las prácticas organizacionales, las políticas de  

formación y las capacidades de los trabajadores interactúan con las innova-  

ciones tecnológicas y los cambios en los mercados laborales. Abordar estas  

interacciones requiere metodologías que integren análisis de datos, estudios  

comparados y experimentación social, permitiendo anticipar riesgos y diseñar  

políticas adaptativas.  

1. MODALIDADES DE TRABAJO FLEXIBLES: SÍNTESIS DE  

EVIDENCIA PARA INFORMAR EL DEBATE Y LAS POLÍTICAS  

PÚBLICAS EN CHILE  

Pablo Pérez Ahumada  

Departamento de Sociología  

Director Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM),  

Universidad de Chile  

“Modalidades de trabajo ﬂexibles: Síntesis de evidencia para informar el debate  

y las políticas públicas en chile”, elaborado por Pablo Pérez Ahumada, Julieta  

Palma, Fabiana Ivankovic, Francisca Leiva Hidalgo, Daniela Olivares Collío y Teresa  

Barrera, investigadores e investigadoras del Núcleo Milenio en Política Laboral y  

Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM), de la Universidad de Chile y ﬁnanciado por  

la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Este documento reúne  

evidencia interdisciplinaria sobre los efectos de las modalidades de trabajo ﬂexi-  

bles (MTF), como la ﬂexibilidad horaria, el teletrabajo y la reducción de jornada.  

Su aporte central consiste en mostrar que, cuando son adoptadas de forma  

voluntaria, negociada colectivamente y con apoyo organizacional y sindical, las  

MTF contribuyen a mejorar la conciliación entre trabajo, vida personal y familiar,  

además de incrementar la satisfacción laboral y reducir el estrés. Sin embargo, la  

investigación advierte que, en ausencia de sindicatos fuertes y en contextos donde  

estas medidas se imponen unilateralmente, pueden deteriorar las condiciones de  

empleo, profundizar la inseguridad y reproducir desigualdades de género en la  

organización doméstica y en el cuidado. En diálogo con los otros policy briefs de  

este capítulo, este trabajo enfatiza la necesidad de diseñar políticas que regulen  

las MTF para potenciar sus beneﬁcios y mitigar sus riesgos, contribuyendo así a  

un debate más equilibrado y robusto sobre el futuro del trabajo en Chile.  

https://orcid.org/0000-0002-0410-0725  

pabloperez@uchile.cl  

Julieta Palma Palma  

Departamento de Sociología  

Directora Alterna Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM),  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-2443-3858  

jpalma@uchile.cl  

Fabiana Ivankovic Silva  

Núcleo Milenio en Política laboral y  

Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM)  

fabiana.ivankovic@ug.uchile.cl  

Francisca Leiva Hidalgo  

Núcleo Milenio en Política laboral y  

Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM)  

francisca.leiva.h@gmail.com  

“Hacia un umbral de suﬁciencia como criterio rector del salario mínimo en  

Chile” este policy brief aborda la determinación de un salario mínimo basado  

en criterios de suﬁciencia económica, aportando evidencia y propuestas que  

enriquecen la discusión sobre políticas laborales y de equidad social. El docu-  

mento ha sido elaborado por Gonzalo Durán S., Constanza Ávila N., Martina  

Olivares A., Santiago Rosselot L. y Marco Kremerman S., pertenecientes al  

Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y Fundación SOL.  

El aporte central de este consiste en proponer un umbral de suﬁciencia como  

criterio rector del salario mínimo, ofreciendo recomendaciones orientadas a la  

implementación de políticas públicas que fortalezcan la justicia económica y la  

protección social de los trabajadores. En relación con los otros aportes reunidos  

en este capítulo, este trabajo enfatiza la integración de evidencia económica  

y social para fundamentar decisiones de política salarial, contribuyendo así a  

un panorama más amplio y articulado sobre la construcción de un sistema de  

salarios mínimos más justo y sostenible en Chile.  

Daniela Olivares Collío  

Núcleo Milenio en Política laboral y  

Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM)  

danielaolivarescollio@gmail.com  

Teresa Barrera Brassesco  

Núcleo Milenio en Política laboral y  

Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM)  

tbarrera.br@gmail.com  

1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, la sociedad chilena —al igual que muchas otras en el  

mundo— ha experimentado transformaciones aceleradas en la organización  

del trabajo, en gran medida impulsadas por los cambios asociados a la pandemia  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

del COVID-19. En este contexto, la necesidad de compatibilizar de manera más  

efectiva las esferas laboral, personal y familiar ha favorecido la expansión de  

las denominadas Modalidades de Trabajo Flexibles (MTF). Estas se deﬁnen  

como arreglos laborales que otorgan a trabajadores y trabajadoras un mayor  

grado de autonomía respecto de la jornada, el lugar o la forma en que realizan  

sus actividades laborales, incluyendo el teletrabajo, los esquemas híbridos, las  

jornadas adaptables y la reducción de horas¹. Su propósito principal es facilitar  

la conciliación entre el trabajo y la vida personal, aunque la literatura muestra  

que sus efectos varían según las condiciones del mercado laboral, las formas  

familiares y las normas de género vigentes². Es importante distinguir entre  

aquellas modalidades adoptadas libremente por trabajadores y trabajadoras  

y las que son impulsadas desde arriba por las empresas. En este último caso,  

las estrategias de ﬂexibilidad tienden a deteriorar las condiciones de empleo,  

contraviniendo así las orientaciones pro-trabajador/a que inspiran las MTF³.  

Estas iniciativas han sido concebidas con el propósito explícito de mejorar  

la conciliación entre trabajo y vida personal, y han sido recibidas con entu-  

siasmo tanto por la ciudadanía como por distintos actores sociales y políticos.  

Sin embargo, y pese a la abundante literatura sobre MTF, ella se concentra  

principalmente en Estados Unidos y Europa, lo que limita la posibilidad de  

anticipar sus efectos reales en el contexto chileno⁴. Ello se explica en tanto el  

marco socioeconómico y las dinámicas laborales nacionales diﬁeren de aquellos  

países que concentran la evidencia disponible.  

Adicionalmente, no existe consenso en la literatura internacional sobre si los  

beneﬁcios potenciales de las MTF —mayor autonomía, satisfacción laboral,  

conciliación y bienestar— superarán a los riesgos potenciales, como el refuerzo  

de desigualdades de género en el trabajo doméstico y de cuidado⁵, el debili-  

tamiento de la acción colectiva en el lugar de trabajo6 o la segmentación del  

acceso según tipo de empleo y sector económico⁷.  

Desde 2022, Chile ha impulsado un conjunto de reformas legales que marcan  

un cambio sustantivo en la regulación laboral. Entre estas destacan la regulación  

del trabajo a distancia (Leyes 21.342 de 2021 y 21.220 de 2022), medidas de  

conciliación familia-trabajo para personas con responsabilidades de cuidado (Ley  

21.645) y la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales  

(Ley 21.561), la que se implementará progresivamente hasta 2028, beneﬁciando  

a aproximadamente seis millones de personas.  

En este escenario, la urgencia no radica únicamente en implementar nuevas  

modalidades de organización del trabajo, sino también en generar y sistematizar  

evidencia empírica rigurosa que permita evaluar sus impactos en el contexto  

chileno. La ausencia de estudios nacionales limita la posibilidad de anticipar  

si estas reformas contribuirán efectivamente a mejorar la conciliación laboral,  

4

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5

6

3

7

Berniell, I., Berniell, L., De la Mata, D., Edo, M. & Marchionni, M. (2021). “Gender gaps in  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

personal y familiar, o si, por el contrario, podrían reforzar desigualdades de  

género, debilitar formas de organización colectiva o acentuar segmentaciones en  

el mercado laboral. Este policy brief busca presentar una síntesis de la evidencia  

internacional disponible sobre los efectos de las MTF, con el propósito de iluminar  

el debate público y ofrecer referentes comparativos. Más adelante, nuestro  

Núcleo Milenio en Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM) avan-  

zará en la producción de evidencia empírica propia, examinando los impactos  

de las políticas de MTF implementadas en Chile en tres ámbitos: las relaciones  

laborales, la vida familiar y doméstica, y la participación política y comunitaria de  

los trabajadores y trabajadoras del país. De este modo, la evidencia internacional  

servirá como punto de partida para la generación de conocimiento local, capaz  

de orientar el diseño e implementación de políticas en el país.  

el aislamiento de los y las trabajadoras, debilitando los vínculos colectivos y  

reduciendo las posibilidades de organización sindical y acción colectiva⁹.  

En línea con esto, la evidencia internacional sugiere que, si bien las MTF pueden  

contribuir a reducir el estrés y la ansiedad asociados al empleo¹⁰, también pueden  

generar sentimientos de inseguridad y aislamiento laboral¹¹. Asimismo, si bien  

quienes trabajan en MTF (particularmente quienes trabajan a distancia y disponen  

de horarios ﬂexibles) tienden a reportar mayores niveles de satisfacción, dicho  

efecto positivo ocurre especialmente cuando la modalidad no es impuesta por  

la gerencia¹². Finalmente, cuando las MTF son implementadas como resultado  

de la demanda de los trabajadores, ellas funcionan como una señal simbólica  

de preocupación de la empresa hacia su personal. Ello refuerza la conﬁanza  

en la organización, eleva el compromiso de los trabajadores y se traduce en  

menores niveles de rotación y ausentismo¹³. Dichos efectos positivos no suelen  

encontrarse, sin embargo, cuando las MTF son impuestas de manera unilateral  

por las empresas.  

2. ¿QUé MUESTRA LA EVIDENCIA DISPONIBLE EN TORNO A ESTAS MEDIDAS?  

La literatura internacional ha analizado con detalle las MTF bajo distintas  

denominaciones y marcos conceptuales. Existe consenso en que su poten-  

cial para favorecer la conciliación es signiﬁcativo; sin embargo, los hallazgos  

sobre sus impactos concretos son heterogéneos y, en muchos casos, contra-  

dictorios. A continuación, se presenta una síntesis de la evidencia disponible  

sobre tres tipos de MTF —reducción de jornada laboral, teletrabajo y medidas  

de conciliación— y sus impactos en tres ámbitos centrales de la vida de las  

personas: relaciones laborales; vida familiar y doméstica; y participación polí-  

tica y comunitaria.  

Teniendo en cuenta esta evidencia, las investigaciones internacionales sobre MTF  

indican que la implementación de políticas de ﬂexibilidad horaria, teletrabajo y  

reducción de la jornada laboral suelen tener efectos positivos en las relaciones  

laborales, siempre y cuando se resguarde la capacidad de los/as trabajadores/  

as para incidir en cómo dichas políticas son implementadas.  

Relaciones laborales  

9

Kalleberg, A. L., Reskin, B. F. & Hudson, K. (2000). “Bad jobs in America: Standard and  

nonstandard employment relations and job quality in the United States”. American  

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text of work degradation”. Human Resource Management Journal, 26(4), 490-504. DOI:  

https://doi.org/10.1111/1748-8583.12118  

En el ámbito laboral, los efectos de las MTF distan de ser homogéneos y  

dependen en gran medida de la forma en que se implementan. Cuando traba-  

jadores y trabajadoras pueden optar libremente por acogerse a ellas, los estu-  

dios muestran mejoras claras en su bienestar laboral⁸. En cambio, cuando estas  

modalidades son introducidas como instrumentos de ﬂexibilización desde la  

dirección de la empresa, suelen traducirse en un deterioro de las condiciones de  

empleo. Ello no solo afecta el bienestar individual, sino que también incrementa  

10 Çivilidağ, A. & Durmaz, Ş. (2024). “Examining the relationship between ﬂexible working  

arrangements and employee performance: A mini review”. Frontiers in Psychology, 15.  

DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1398309  

11  

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Examining the roles of trust in management and job autonomy”. Economic and Industrial  

Democracy, 43(3), 1340-1368. DOI: https://doi.org/10.1177/0143831X21995259  

12 Siha, S. M. & Monroe, R. W. (2006). “Telecommuting’s past and future: A literature re-  

view and research agenda”. Business Process Management Journal, 12(4), 455-482. DOI:  

https://doi.org/10.1108/14637150610678078  

8

Siha, S. M. & Monroe, R. W. (2006). “Telecommuting’s past and future: A literature re-  

view and research agenda”. Business Process Management Journal, 12(4), 455-482. DOI:  

https://doi.org/10.1108/14637150610678078  

Yunus, S. & Mostafa, A. M. S. (2022). “Flexible working practices and job-related anxiety:  

Examining the roles of trust in management and job autonomy”. Economic and Industrial  

Democracy, 43(3), 1340-1368. DOI: https://doi.org/10.1177/0143831X21995259  

13 Yunus, S. & Mostafa, A. M. S. (2022). “Flexible working practices and job-related anxiety:  

Examining the roles of trust in management and job autonomy”. Economic and Industrial  

Democracy, 43(3), 1340-1368. DOI: https://doi.org/10.1177/0143831X21995259  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Flexibilidad horaria  

Reducción de la jornada  

La evidencia sobre ﬂexibilidad en los horarios de trabajo está asociada a mejoras  

en el rendimiento, el bienestar y el compromiso laboral. Un meta-análisis reciente  

encontró una correlación positiva moderada entre la ﬂexibilidad horaria y el  

desempeño del/a trabajador/a (entendido como cumplimiento de tareas, calidad  

del trabajo, tiempo de respuesta, entre otros), incluyendo satisfacción laboral,  

reducción del estrés y mejor armonía trabajo-familia¹⁴. Además, disponer de  

autonomía en la gestión del tiempo disminuye la ansiedad laboral y fortalece  

la conﬁanza en la organización, lo que contribuye a la retención de personal y  

a una menor rotación¹⁵. Estos efectos son más notables cuando los empleados  

perciben que la medida responde a un interés genuino de la empresa por su  

bienestar, reforzando la lealtad y la identiﬁcación con el lugar de trabajo.  

La evidencia sugiere que la reducción de jornada puede mejorar el bienestar  

al disminuir el desgaste y el estrés, pero también está fuertemente asociada  

a empleos de menor calidad. En el caso estadounidense, Kalleberg, Reskin y  

Hudson19 muestran que los empleos de medio tiempo o en arreglos no estándar  

presentan mayor inseguridad, menores salarios y escaso acceso a beneﬁcios  

laborales, lo que impacta negativamente en la satisfacción y la estabilidad. Al  

mismo tiempo, la reducción de jornada puede limitar la sindicalización y la parti-  

cipación colectiva, al fragmentar a la fuerza laboral y debilitar la negociación²⁰.  

A pesar de ello, cuando se implementa como medida voluntaria y protegida,  

puede favorecer la retención de trabajadores que de otro modo abandonarían  

el empleo, especialmente en contextos de alta carga de cuidados²¹.  

Teletrabajo  

El teletrabajo ha mostrado efectos ambivalentes. Por un lado, revisiones siste-  

máticas destacan que esta modalidad otorga mayor control sobre las tareas,  

reduce tiempos de traslado y puede mejorar el equilibrio entre vida laboral y  

personal, incrementando la satisfacción y el compromiso¹⁶. Asimismo, el teletra-  

bajo suele vincularse a mayor autonomía y a una reducción del estrés derivado  

de la rigidez organizacional¹⁷. Sin embargo, también se reportan riesgos de  

aislamiento social, debilitamiento de la participación sindical y menores oportu-  

nidades de desarrollo profesional, lo que puede afectar la sociabilidad laboral y  

generar desigualdades en la trayectoria de carrera¹⁸. Por ello, los efectos positivos  

del teletrabajo dependen de que existan canales efectivos de comunicación,  

conﬁanza y apoyo institucional.  

14 Çivilidağ, A. & Durmaz, Ş. (2024). “Examining the relationship between ﬂexible working  

arrangements and employee performance: A mini review”. Frontiers in Psychology, 15.  

DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1398309  

15 Yunus, S. & Mostafa, A. M. S. (2022). “Flexible working practices and job-related anxiety:  

Examining the roles of trust in management and job autonomy”. Economic and Industrial  

Democracy, 43(3), 1340-1368. DOI: https://doi.org/10.1177/0143831X21995259  

16 Siha, S. M. & Monroe, R. W. (2006). “Telecommuting’s past and future: A literature review  

and research agenda”. Business Process Management Journal, 12(4), 455–482. https://  

doi.org/10.1108/14637150610678078  

19 Kalleberg, A. L., Reskin, B. F. & Hudson, K. (2000). “Bad jobs in America: Standard and  

nonstandard employment relations and job quality in the United States”. American  

Sociological Review, 65(2), 256–278. https://doi.org/10.2307/2657440  

17 Çivilidağ, A. & Durmaz, Ş. (2024). “Examining the relationship between ﬂexible working  

arrangements and employee performance: A mini review”. Frontiers in Psychology, 15,  

Article 1398309. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1398309  

20 Kalleberg, A. L., Reskin, B. F. & Hudson, K. (2000). “Bad jobs in America: Standard and  

nonstandard employment relations and job quality in the United States”. American  

Sociological Review, 65(2), 256–278. https://doi.org/10.2307/2657440  

18 Yunus, S. & Mostafa, A. M. S. (2022). “Flexible working practices and job-related anxiety:  

Examining the roles of trust in management and job autonomy”. Economic and Industrial  

Democracy, 43(3), 1340–1368. https://doi.org/10.1177/0143831X21995259  

21 Çivilidağ, A. & Durmaz, Ş. (2024). “Examining the relationship between ﬂexible working  

arrangements and employee performance: A mini review”. Frontiers in Psychology, 15,  

Article 1398309. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1398309  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Figura IV-1. Síntesis de efectos de las MTF en las relaciones laborales  

Relaciones familiares y organización doméstica  

Tipo de  

política  

Bienestar del/a  

Satisfacción laboral  

Compromiso Participa-  

La evidencia internacional sobre MTF muestra que sus impactos en la vida fami-  

liar se concentran en tres ámbitos principales. El primero, es el involucramiento  

parental, referido a la cantidad y calidad de las interacciones y al tiempo que  

madres y padres destinan al cuidado de hijos/as. El segundo, corresponde a  

la distribución de tareas domésticas y de cuidado, entendida como el reparto,  

según género y generación, de las actividades que se realizan de forma no  

remunerada dentro del hogar para la reproducción cotidiana de la vida, inclu-  

yendo tanto el mantenimiento del hogar como la atención directa a personas  

dependientes. El tercero, es el equilibrio/conﬂicto entre la vida laboral y familiar,  

deﬁnido como la percepción de compatibilidad entre las exigencias del empleo y  

las responsabilidades y actividades fuera del trabajo, así como sus efectos sobre  

el bienestar y la satisfacción vital. La investigación muestra que los resultados  

en estos tres ámbitos son heterogéneos y están condicionados por factores  

como el tipo de política implementada, los arreglos laborales de los hogares,  

las diferencias de género y los marcos culturales e institucionales en que estas  

medidas se aplican. Estos resultados se sintetizan en la ﬁgura 2.  

trabajador/a  

y retención  

ción sindical  

/ sociabili-  

dad  

Flexibili-  

dad ho-  

raria  

(+) Disminución el  

estrés laboral (Ci-  

vilidag & Durmaz,  

2024)  

(+) Aumento de la sa-  

(+) Puede  

tisfacción laboral (Civi- aumentar el  

lidag & Durmaz, 2024;  

Siha & Monroe, 2006)  

compromiso  

organizacio-  

nal, reducien-  

do la rotación  

y absentismo  

(Civilidag  

(+) Disminución de  

la ansiedad labo-  

ral, mediado por  

la conﬁanza en la  

dirección (Yunus &  

Mostafa, 2022)  

& Durmaz,  

2024)  

Teletra-  

bajo  

(+) Alivia estrés y  

(+) Aumento de la satis-  

(-) Debilita-  

miento de la  

participación  

sindical  

(Yunus &  

Mostafa,  

2022)  

ansiedad mediante facción laboral (Yunus  

el control sobre lu- & Mostafa, 2022)  

gar y tiempo (Siha  

(+) Mayor satisfacción  

& Monroe, 2006)  

laboral, cuando no es  

obligatorio, especial-  

Flexibilidad horaria  

(+) Disminución de  

mente para padres  

la ansiedad labo-  

(Siha & Monroe, 2006)  

La investigación sobre ﬂexibilidad horaria muestra efectos diferenciados según  

género y contexto laboral. En términos de involucramiento parental, mientras  

que para las madres el acceso a horarios ﬂexibles suele traducirse en una  

mayor participación en actividades de cuidado activo, en los padres se observa  

con frecuencia el efecto contrario, pues tienden a ampliar sus horas de trabajo  

remunerado y a reducir el tiempo destinado al cuidado²². En el plano de la  

distribución de tareas domésticas y de cuidado, algunos estudios sugieren  

que la ﬂexibilidad horaria puede favorecer un reparto más equitativo entre  

hombres y mujeres en empleos menos caliﬁcados y con menor remuneración²³.  

Sin embargo, esta tendencia no se veriﬁca de manera generalizada: persisten  

ral, mediado por  

(-) Puede  

(-) Posible reducción  

de las perspectivas de  

carrera (Yunus & Mos-  

tafa, 2022)  

la conﬁanza en la  

dirección (Yunus &  

Mostafa, 2022)  

promover el  

aislamiento  

y bajar la  

socializa-  

ción (Siha  

& Monroe,  

2006; Yunus  

& Mostafa,  

2022)  

(-) En mujeres ma-  

yor presión (Siha &  

Monroe, 2006)  

(-) Mayor cantidad  

de horas de trabajo.  

(Yunus & Mostafa,  

2022)  

Reduc-  

ción de  

jornada  

(+) Disminución del (-) Asociado a “malos  

estrés y la ansie- empleos”, bajos sala-  

(+) Mayor  

(-) Puede ex-  

conﬁanza en cluir a traba-  

dad (Yunus & Mos- rios y falta de seguri-  

la organiza-  

jadores de la  

representa-  

ción sindical  

(Kalleberg et  

al., 2000)  

tafa, 2022)  

dad social (Kalleberg et ción (Yunus  

al., 2000)  

22 Augustine, J. M., Kim, J. & Lee, M. (2023). “‘Parents’ Access to Flexible Work Arrangements  

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& Mostafa,  

2022)  

(+) Aumenta la  

satisfacción con la (-) Aumento de insegu-  

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ridad laboral (Kalleberg  

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23 Chung, H. & Booker, C. (2023). “Flexible Working and the Division of Housework and  

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(+) Mejora el bien-  

estar, si se mantie-  

ne el salario (Vogli-  

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Nota: Efectos positivos se identiﬁcan con (+) y efectos negativos con (-).  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

expectativas sociales que cargan sobre las mujeres la mayor parte del trabajo  

no remunerado²⁴, e incluso se ha documentado un reforzamiento de los roles  

de género tradicionales en ciertos contextos²⁵. En relación con el equilibrio vida  

laboral–familiar, la ﬂexibilidad horaria se asocia a una reducción del conﬂicto  

trabajo–familia, especialmente cuando se implementa junto con políticas de  

apoyo al cuidado infantil²⁶, y a una mejora en la satisfacción vital gracias al alivio  

de cargas psicosociales y económicas²⁷. No obstante, este efecto positivo puede  

verse limitado por la persistencia del estigma hacia las mujeres que utilizan estas  

modalidades debido a sus responsabilidades familiares²⁸.  

padres como de madres²⁹. Sin embargo, su uso es diferenciado por género:  

mientras que las mujeres tienden a destinar mayor tiempo al cuidado cuando  

teletrabajan, los hombres lo utilizan para reorganizar o ampliar su trabajo remu-  

nerado³⁰. En cuanto a la distribución de tareas domésticas y de cuidado, los  

hallazgos son más críticos: el teletrabajo no garantiza un reparto equitativo  

y, en numerosos casos, mantiene o incluso refuerza divisiones tradicionales,  

incrementando la carga de trabajo no remunerado de las mujeres³¹. Finalmente,  

en relación con el equilibrio vida laboral-familiar, el teletrabajo puede contribuir  

a reducir el conﬂicto entre trabajo y vida personal en personas sin pareja ni  

hijos/as, pero no necesariamente en quienes conviven con responsabilidades  

familiares³². De hecho, en algunos contextos se observa un efecto inverso: un  

incremento del conﬂicto desde la esfera familiar a lo laboral, especialmente en  

mujeres, asociado a interrupciones durante la jornada laboral y la sobrecarga  

de responsabilidades en la vida familiar³³. Asimismo, cuando predomina una  

Teletrabajo  

La evidencia sobre teletrabajo revela impactos ambivalentes en la vida familiar.  

En lo referido al involucramiento parental, diversos estudios muestran que esta  

modalidad puede incrementar la participación en el cuidado infantil, tanto de  

29 Augustine, J. M., Kim, J. & Lee, M. (2023). “‘Parents’ Access to Flexible Work Arrangements  

and Time in Active Caregiving Activities”. Journal of Family Issues, 45(4), 992-1018. DOI:  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

cultura organizacional del trabajador ideal, el efecto se intensiﬁca, ya que se  

asocia a mayores niveles de percepción del conﬂicto trabajo-familia tanto en  

hombres como en mujeres³⁴.  

persistentes diferencias de género en la distribución del trabajo de cuidado  

infantil, siendo las madres las principales responsables. En conjunto, la evidencia  

francesa sugiere que disponer de más tiempo libre puede reducir tensiones y  

mejorar la conciliación trabajo-familia, aunque la magnitud y naturaleza de estos  

efectos dependen del género, del tipo de actividad realizada y de la existencia  

de políticas de cuidado infantil que permitan una verdadera satisfacción vital y  

una disminución del conﬂicto entre trabajo y familia³⁹.  

Reducción de jornada laboral  

La reducción de la jornada laboral genera efectos diferenciados en la vida fami-  

liar, como lo evidencia la reforma francesa que disminuyó su jornada de 39 a 35  

horas semanales. El estudio de Pailhé, Solaz y Souletie35 analiza cómo hombres  

y mujeres redistribuyen su tiempo entre el trabajo doméstico y el cuidado tras  

esta medida. En términos de involucramiento parental, los resultados mues-  

tran un incremento en la participación de los padres en cuidados “ﬂexibles”,  

como actividades recreativas con los hijos. En contraste, la participación de  

las madres no varía signiﬁcativamente durante la semana y tiende a aumentar  

considerablemente los ﬁnes de semana, junto con el trabajo doméstico³⁶. Con  

respecto a la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, la reducción de  

la jornada favorece un aumento en las tareas no rutinarias o actividades “ﬂexi-  

bles” realizadas por los hombres —como reparaciones, compras o labores de  

jardinería—, así como mayor dedicación al cuidado recreativo de los hijos. En  

el caso de las mujeres, no se observa un incremento en el trabajo doméstico,  

dado que ya destinan gran parte de su tiempo a estas tareas; sí se evidencia,  

sin embargo, un mayor tiempo dedicado al cuidado infantil y una disminución  

del multitasking durante la semana laboral, lo que aumenta la brecha de tiempo  

dedicado al trabajo doméstico durante los ﬁnes de semana³⁷. Estos hallazgos  

coinciden con la investigación de Fagnani y Letablier³⁸, quienes evidencian  

Kurowska, A. (2020). “Gendered Eﬀects of Home-Based Work on Parents’ Capability to  

Balance Work with Non-work: Two Countries with Diﬀerent Models of Division of Labour  

Compared”. Soc Indic Res, 151, 405-425. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-018-2034-9  

Yucel, D. & Chung, H. (2021). “Working from home, work–family conﬂict, and the role  

of gender and gender role attitudes”. Community, Work & Family, 26(2), 190-221. DOI:  

https://doi.org/10.1080/13668803.2021.1993138  

34 Chung, H. & van der Lippe, T. (2020). “Flexible working, work–life balance, and gender  

equality: Introduction”. Social Indicators Research, 151(2), 365-381.  

35 Pailhé, A., Solaz, A. & Souletie, A. (2019). “How do women and men use extra time?  

Housework and childcare after the French 35-hour workweek regulation”. European  

Sociological Review, 35(6), 807-824. DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcz039  

36 Pailhé, A., Solaz, A. & Souletie, A. (2019). “How do women and men use extra time?  

Housework and childcare after the French 35-hour workweek regulation”. European  

Sociological Review, 35(6), 807-824. DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcz039  

37 Pailhé, A., Solaz, A. & Souletie, A. (2019). “How do women and men use extra time?  

Housework and childcare after the French 35-hour workweek regulation”. European  

Sociological Review, 35(6), 807-824. DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcz039  

org/10.1177/0950017004045550  

39 Pailhé, A., Solaz, A. & Souletie, A. (2019). “How do women and men use extra time?  

Housework and childcare after the French 35-hour workweek regulation”. European  

Sociological Review, 35(6), 807-824. DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcz039  

Fagnani, J. & Letablier, M.T. (2004). “Work and Family Life Balance: The Impact of the  

35-Hour laws in France”. Work, Employment and Society, 18(3), 551-572. DOI: https://doi.  

org/10.1177/0950017004045550  

38 Fagnani, J. & Letablier, M.T. (2004). “Work and Family Life Balance: The Impact of the  

35-Hour laws in France”. Work, Employment and Society, 18(3), 551-572. DOI: https://doi.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Figura IV-2. Síntesis de efectos de las MTF en la vida familiar y organización doméstica  

Participación política y comunitaria  

Tipo de política Involucramiento Distribución de género  

Equilibrio/conﬂicto vida  

laboral–familiar  

A diferencia de lo que ocurre respecto de la vida laboral y familiar, la literatura  

sobre los efectos de las MTF en la participación política y comunitaria de los  

individuos es escasa. De forma similar a lo observado en los otros dos ámbitos,  

la evidencia se concentra en Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que  

predomina el análisis de ciertas formas de participación en detrimento de otras.  

Si bien la mayoría de los estudios en esta área muestran efectos positivos de  

la ﬂexibilidad horaria, el teletrabajo o la reducción de la jornada laboral en la  

participación en organizaciones sociales o comunitarias, es importante destacar  

la poca atención otorgada al impacto de estos arreglos en otras dimensiones de  

la participación política. En particular, siguiendo la tipología propuesta por van  

Deth⁴⁰, se observa que existen muy pocos estudios referidos a la participación  

convencional (que incluye acciones como votar, militar en un partido político o  

contactar a una autoridad) y ninguno que aborde las dimensiones contenciosas  

(como participar en manifestaciones o ﬁrmar peticiones) y expresiva (por ejemplo,  

realizar acciones de boicot o modiﬁcar el consumo por motivos políticos). La  

ﬁgura 3 resume los principales hallazgos de esta literatura, dando cuenta de  

sus limitaciones.  

parental  

en tareas domésticas y  

de cuidado  

Flexibilidad  

horaria  

(+) Incremento del (+) Mayor igualdad en  

cuidado activo en empleos menos cualiﬁ-  

(+) Reducción del conﬂicto,  

especialmente en mujeres  

de países con mejores  

políticas de cuidado infan-  

til (Pollman-Schult, 2017;  

Chung, 2024).(-) Estigma  

hacia madres (Chung,  

2020).  

madres (Augus-  

cados (Chung & Booker,  

tine et al., 2023). 2023).(-) Reforzamiento  

(-) Reducción del de roles tradicionales  

cuidado activo en (Lott & Chung, 2016).  

padres (Wanger &  

Zapf, 2022).  

Teletrabajo  

(+) Incremento de (-) Mantenimiento o  

(+) Reducción del conﬂicto  

en personas solteras, pero  

no en personas con pareja  

y/o hijos (ten Brummelhuis  

& van der Lippe, 2010).  

la participación  

en cuidado in-  

intensiﬁcación de des-  

igualdades de género  

fantil en padres y (Wang & Cheng, 2024).  

madres (Augus-  

(-) Incremento en la carga  

tine et al., 2023). de trabajo doméstico y  

(-) Diferencias de de cuidado en mujeres  

uso del teletraba- y esposas, aun cuando  

jo por género (de disminuye el tiempo de-  

Laat et al., 2023). dicado a traslados (Wang  

& Cheng, 2024; Pabilonia  

(+) Menor percepción de  

conﬂicto en hombres que  

son padres (Kurowska,  

2020; Pabilonia & Vernon,  

2021).(-) Incremento del  

conﬂicto en mujeres con  

hijos (Golden et al., 2006;  

Kurowska, 2020; Chung,  

2024).  

& Vernon, 2021).  

Flexibilidad horaria  

Dos estudios han abordado la relación entre ﬂexibilidad horaria y participación.  

Por un lado, la investigación de Proteau y Wolﬀ41 sobre los determinantes de la  

participación asociativa en Francia, observa que la capacidad de modiﬁcar o  

elegir el horario laboral favorece la membresía en asociaciones, en comparación  

a tener horarios ﬁjos o por turnos. Ello se debe a que la ﬂexibilidad laboral permite  

disponer de momentos del día menos sujetos a la competencia con actividades  

alternativas, sobre todo aquellas de tipo familiar. Por otro lado, Staeheli y Clarke42  

exploran cómo las condiciones laborales, la familia y la identidad inﬂuyen en la  

participación política en Estados Unidos. Comprenden la participación en un  

sentido amplio, incluyendo diversas expresiones institucionales y asociativas.  

Sus hallazgos muestran que la ﬂexibilidad horaria facilita que ciertos grupos  

sociales, ya predispuestos a mayores niveles de participación política, puedan  

sostener su activismo político y su involucramiento en organizaciones locales.  

Reducción de  

jornada  

(+) Incremento de (+) Incremento en tareas  

(+) Potencial mejora de  

conciliación trabajo-familia  

para hombres y mujeres  

(Fagnani & Letablier, 2004;  

Pailhé et al., 2019).  

ﬂexibles en hombres  

(Pailhé et al., 2019).  

actividades re-  

creacionales los  

ﬁnes de semana  

entre padres  

(Pailhé et al.,  

2019).  

(+) Mayor tiempo a acti-  

vidades de ocio en mu-  

jeres y hombres (Pailhé  

et al.,2019).(-) Tareas  

(-) Mayores expectativas  

de equilibrio familia-traba-  

jo en mujeres (Fagnani &  

Letablier, 2004).  

domésticas en mujeres  

permanecen inalteradas  

(Pailhé et al., 2019).  

(-) Las madres dedican  

más tiempo al trabajo  

doméstico y de cuidado  

que los hombres, espe-  

cialmente los ﬁnes de  

semana (Pailhé et al.,  

2019; Fagnani & Letablier,  

2004).  

40 van Deth, J. W. (2014). “A conceptual map of political participation”. Acta Polit, 49(3), 349-  

367. DOI: https://doi.org/10.1057/ap.2014.6  

41 Prouteau L. & Wolﬀ F.C. (2002). “La participation associative au regard des temps sociaux”.  

Economie et Statistique, 352/353, 57-80. DOI: https://doi.org/10.3406/estat.2002.7393  

Nota: Efectos positivos se identiﬁcan con (+) y efectos negativos con (-).  

42 Staeheli, L. A. & Clarke, S. E. (2003). “The New Politics of Citizenship: Structuring  

Participation By Household, Work, and Identity”. Urban Geography, 24(2), 103-126. DOI:  

https://doi.org/10.2747/0272-3638.24.2.103  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

No obstante, entre aquellos sectores caracterizados por una mayor desafección  

política, las condiciones laborales no tienen mayor efecto, pese a que las moda-  

lidades de empleo atípicas o por turnos son percibidas como una restricción  

a la hora de participar. En ese sentido, resulta fundamental distinguir entre la  

ﬂexibilidad horaria deﬁnida por el propio trabajador y aquella impuesta por el  

empleador⁴³. De hecho, otros estudios han dado cuenta de que los horarios  

atípicos o irregulares no voluntarios tienen un impacto negativo en la vida polí-  

tica y comunitaria⁴⁴.  

Reducción de la jornada  

Aunque la literatura ha abordado la relación entre las horas de trabajo y la  

participación política, se ha prestado menor atención a los efectos especíﬁcos  

derivados de una reducción de la jornada laboral. Además, los resultados no  

son concluyentes y abordan únicamente la dimensión comunitaria de la parti-  

cipación. Por ejemplo, Saﬀer y Lamiraud48 analizan el caso francés con la legis-  

lación de 1998 que redujo la jornada de 39 a 35 horas semanales. Los autores  

no encuentran evidencia de que el tiempo libre adicional fuese destinado a la  

interacción social, deﬁnida como la participación en organizaciones y la visita  

a amigos o familiares. En contraste, en el estudio de Proteau y Wolﬀ⁴⁹, también  

situado en la reforma francesa, los participantes declaran dedicar más tiempo a  

participar en asociaciones tras la reducción de la jornada laboral. Sin embargo,  

la encuesta analizada no dispone de datos sobre el alcance efectivo de dicha  

reducción o sobre la participación previa de los encuestados, lo que impide  

determinar una relación de causalidad. Finalmente, Buhl y Acosta⁵⁰, analizan  

hasta qué punto la reducción de la jornada laboral implica una redistribución del  

uso del tiempo en Alemania, a partir de una metodología mixta. Sus resultados  

muestran que esta medida favorece una ligera reasignación del tiempo hacia  

actividades voluntarias, así como una mayor participación en organizaciones y  

clubes, especialmente entre quienes no tienen hijos.  

Teletrabajo  

La escasa evidencia sobre teletrabajo y participación política tiende a mostrar una  

asociación positiva⁴⁵. Por ejemplo, Kamerade y Burchell46 analizan los datos de  

la encuesta europea de condiciones laborales (EWCS, por sus siglas en inglés)  

y concluyen que las personas con trabajo remoto tienen mayor probabilidad  

de participar en actividades políticas, sindicales, caritativas y de voluntariado,  

si bien no establecen una relación causal entre estas variables. El estudio de  

Staeheli y Clarke⁴⁷, citado previamente, llega a conclusiones similares. Agrega,  

además, que el teletrabajo facilita la participación en los grupos con mayor  

propensión a involucrarse en asuntos públicos o comunitarios, una diferencia  

respecto a grupos más desafectados que presentan condiciones laborales más  

precarias y en las que este arreglo laboral es menos común. En cualquier caso,  

destaca que ninguna de estas investigaciones ahonda en los posibles efectos  

diferenciados del teletrabajo entre distintos tipos de participación.  

43 Arlinghaus, A., Bohle, P., Iskra-Golec, I., Jansen, N., Jay, S. & Rotenberg, L. (2019). “Working  

Time Society consensus statements: Evidence-based eﬀects of shift work and non-stan-  

dard working hours on workers, family and community”. Industrial Health, 57(2), 184-200.  

DOI: https://doi.org/10.2486/indhealth.SW-4  

44 Li, J., Giebler, H., Wetter, R., Kenyon Lair, H. & Ellingwood, J. (2023). “Unequal electoral  

participation: The negative eﬀects of long work hours and unsociable work schedules in  

Europe”. European Journal of Politics and Gender, 6(1), 92–113. DOI: https://doi.org/10.133  

2/251510821X16602019188175  

45 Cornwell, B. & Warburton, E. (2014). “Work Schedules and Community Ties”. Work and  

Occupations, 41(2), 139-174. DOI: https://doi.org/10.1177/0730888413498399  

48 Saﬀer, H. & Lamiraud, K. (2008). The eﬀects of hours worked on social interaction (NBER  

Working Paper No. 13743). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/  

system/ﬁles/working_papers/w13743/w13743.pdf  

46 Kamerade, D. & Burchell, B. (2004). “Teleworking and Participatory Capital: Is Teleworking  

an Isolating or a Community-Friendly Form of Work?”. European Sociological Review,  

20(4), 345-361. DOI: https://doi.org/10.1111/rsp3.12117  

47 Staeheli, L. A. & Clarke, S. E. (2003). “The New Politics of Citizenship: Structuring  

Participation By Household, Work, and Identity”. Urban Geography, 24(2), 103-126. DOI:  

https://doi.org/10.2747/0272-3638.24.2.103  

49 Prouteau L. & Wolﬀ F.C. (2002). “La participation associative au regard des temps sociaux”.  

Economie et Statistique, 352/353, 57-80. DOI: https://doi.org/10.3406/estat.2002.7393  

50 Buhl, J. & Acosta, J. (2016). “Work less, do less?”. Sustainability Science, 11, 261-276. DOI:  

https://doi.org/10.1007/s11625-015-0322-8  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Figura IV-3. Síntesis de efectos de las MTF en la vida política y comunitaria  

Dada la carencia de evidencia nacional, se vuelve imprescindible un sistema  

robusto de monitoreo y evaluación que combine encuestas representativas,  

estudios cualitativos y evaluaciones de impacto. Este sistema debe medir no solo  

indicadores de productividad, sino también dimensiones laborales (satisfacción,  

seguridad, salarios), familiares (distribución del trabajo doméstico, tiempo de  

cuidado, bienestar) y colectivas (participación en organizaciones, sindicalización,  

así como otras formas de participación política). Un seguimiento longitudinal  

permitiría ajustar regulaciones y prácticas en función de evidencia concreta  

y evitar que las MTF profundicen segmentaciones en el acceso según clase,  

género o sector económico51 .  

Tipo de  

política  

Participación  

convencional  

Participación comunitaria Múltiples formas de  

participación*  

Flexibilidad (-) Menor pro-  

(+) Mayor participación en (+) Mayor participación  

organizaciones (Proteau & convencional y/o aso-  

horaria  

babilidad de  

votar, cuando  

es impuesta  

por el emplea-  

dor (Li et al.,  

2023).  

Wolﬀ, 2002).  

ciativa, en grupos más  

politizados (Staeheli &  

Clarke, 2003).  

(-) Menor participación en  

organizaciones, cuando  

es impuesta por el em-  

pleador (Cornwell & War-  

burton, 2014).  

Teletrabajo  

(+) Mayor participación en (+) Mayor participación  

actividades de voluntaria- en diversas formas  

do (Kamerade & Burchell, convencionales y/o  

4. RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA  

Las políticas orientadas a fortalecer las MTF —ﬂexibilidad horaria, teletrabajo y  

reducción de jornada— presentan un potencial claro para mejorar la conciliación  

entre trabajo, vida personal y familiar, aumentar la satisfacción laboral y reducir  

el estrés cuando su adopción es voluntaria, negociada colectivamente y cuenta  

con apoyo organizacional y sindical⁵². No obstante, la evidencia también muestra  

riesgos recurrentes: la imposición de MTF desde la gerencia, en ausencia de  

sindicatos fuertes, puede deteriorar las condiciones de empleo, aumentar la  

inseguridad y el aislamiento de trabajadores y trabajadoras, y debilitar la orga-  

nización colectiva⁵³. De manera concomitante, las MTF pueden reproducir o  

incluso reforzar desigualdades de género en la organización doméstica y en  

2004).  

asociativas (Staeheli &  

Clarke, 2003; Kamera-  

de & Burchell, 2004).  

Reducción  

de jornada  

(/) Sin efectos en la partici-  

pación en organizaciones  

(Saﬀer & Lamiraud, 2008).  

(+) Mayor participación en  

organizaciones (Proteau &  

Wolﬀ, 2002; Buhl & Acos-  

ta, 2016).  

(+) Mayor participación en  

actividades de voluntaria-  

do (Buhl & Acosta, 2016).  

*Incluye aquellos estudios que reﬁeren a los efectos de las MTF en diversas  

formas de participación política, sin distinguir entre acciones especíﬁcas.  

51 Petrongolo, B. & Ronchi, M. (2020). “Gender gaps and the structure of local labor mar-  

Nota: Efectos positivos se identiﬁcan con (+) y efectos negativos con (-).  

kets”. Labour Economics, 64. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101819  

52 Siha, S. M. & Monroe, R. W. (2006). “Telecommuting’s past and future: A literature re-  

view and research agenda”. Business Process Management Journal, 12(4), 455-482. DOI:  

https://doi.org/10.1108/14637150610678078  

3. DESAFíOS PENDIENTES  

Yunus, S. & Mostafa, A. M. S. (2022). “Flexible working practices and job-related anxiety:  

Examining the roles of trust in management and job autonomy”. Economic and Industrial  

Democracy, 43(3), 1340-1368. DOI:https://doi.org/10.1177/0143831X21995259  

Bloom, V., Richter, A., Hallsten, L. & Svedberg, P. (2015). “The associations between  

job insecurity, depressive symptoms and burnout: The role of performance-based  

self-esteem”. Economic and Industrial Democracy, 39(1), 48-63. DOI: https://doi.  

org/10.1177/0143831X15609118  

El principal desafío en Chile es la falta de evidencia sobre los potenciales  

impactos de las MTF. A diferencia de los países donde se ha investigado este  

tema, el caso chileno presenta particularidades —como una mayor informalidad  

laboral, sindicatos débiles y un fuerte familismo con marcadas desigualdades en  

la distribución del trabajo doméstico y de cuidados— que hacen indispensable  

generar evidencia sólida y contextualizada en esta materia. Junto con ello, no  

existen estudios que integren de forma sistemática las dimensiones laboral,  

familiar y comunitaria, lo que impide comprender de manera integral los riesgos  

y beneﬁcios de la implementación de este tipo de políticas.  

53 Kalleberg, A. L., Reskin, B. F. & Hudson, K. (2000). “Bad jobs in America: Standard and  

nonstandard employment relations and job quality in the United States”. American  

Sociological Review, 65(2), 256-278. DOI: https://doi.org/10.2307/2657440  

McBride, J. & Martínez Lucio, M. (2016). Disaggregating and reaggregating work: Workers,  

management and the struggle over creating coherency and purpose in a context of work  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

la distribución de las tareas de cuidado, beneﬁciando con mayor intensidad a  

hombres con mejores remuneraciones y niveles educativos⁵⁴.  

A través de estas medidas se puede contrarrestar el potencial efecto negativo  

de las MTF sobre la socialización en el lugar de los y las trabajadoras⁵⁶. En este  

sentido, las políticas deben reconocer derechos de organización y negociación  

también en entornos digitales, fortalecer la capacidad de los sindicatos para  

representar a trabajadores en modalidades remotas, y promover espacios  

híbridos de encuentro laboral que faciliten la sociabilidad colectiva. Asimismo,  

el Estado y las empresas deben garantizar que la ﬂexibilidad no se convierta  

en un obstáculo para el sindicalismo, sino en una oportunidad para renovar sus  

formas de acción y representación.  

A partir de la evidencia disponible, se recomienda que el diseño e implemen-  

tación de las MTF en Chile aseguren el cumplimiento de los siguientes puntos.  

En primer lugar, las MTF deben consagrarse legalmente como un derecho que  

pueda solicitarse por iniciativa de trabajadoras y trabajadores, con mecanismos  

claros que impidan su imposición unilateral como estrategia de precarización  

laboral. Para que este derecho sea efectivo, resulta indispensable reconocer  

a los sindicatos como actores centrales en su negociación e implementación:  

son ellos quienes pueden garantizar que las MTF respondan a las necesidades  

reales de los trabajadores y no a los intereses exclusivos de la empresa. La  

inclusión de cláusulas sobre MTF en convenios colectivos es, por tanto, una  

condición fundamental para que las MTF se traduzcan en mejoras genuinas  

en calidad de empleo y bienestar laboral. Estas salvaguardas deberían incluir  

criterios de transparencia en los acuerdos, registros de horario y condiciones,  

y herramientas de ﬁscalización que detecten prácticas de fragmentación de  

jornadas o de supresión de derechos laborales⁵⁵.  

En segundo lugar, la política pública sobre MTF debe incorporar de manera  

explícita una perspectiva de género e interseccional en todas sus fases, desde  

el diseño hasta la evaluación. La evidencia muestra que las MTF, por sí solas, no  

garantizan una redistribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados y,  

en algunos casos, pueden incluso reforzar los roles de género tradicionales en el  

hogar. Por ello, resulta imprescindible articularlas con medidas complementarias  

que transformen los incentivos y las normas sociales en la esfera doméstica:  

permisos parentales no transferibles para madres y padres; campañas de sensi-  

bilización orientadas a promover la corresponsabilidad social y de género en los  

cuidados; y una oferta suﬁciente de servicios de cuidado no solo infantil, sino  

también de personas dependientes en general, considerando los crecientes  

desafíos asociados al envejecimiento poblacional. Asimismo, se vuelve clave  

fomentar el uso de MTF vinculadas a la conciliación en sectores económicos  

altamente masculinizados, con el doble propósito de promover la corresponsa-  

bilidad de género en los cuidados y evitar la estigmatización de las trabajadoras  

mujeres por acogerse a estas medidas. A su vez, la negociación colectiva puede  

desempeñar un rol estratégico al incorporar cláusulas que aseguren la igualdad  

de género en el acceso y uso de estas modalidades.  

degradation. Human Resource Management Journal, 26(4), 490–504. DOI: https://doi.  

org/10.1111/1748-8583.12118  

Arman, R., Gillberg, N. & Norbäck, M. (2021). “Alone at work: Isolation, competition and  

co-dependency in ﬂexibilised retail”. Economic and Industrial Democracy, 42(4), 1254–  

1281. DOI: https://doi.org/10.1177/0143831X19861669  

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Uncertainty, and Trade Union Responses: The Case of Academics, Teachers and School  

Secretaries in Ireland”. Journal of Industrial Relations, 63(1), 49-72. DOI: https://doi.  

org/10.1177/0022185620960198.  

A modo de síntesis operativa, las siguientes propuestas concretas buscan maxi-  

mizar beneﬁcios y mitigar riesgos de las MTF en Chile:  

•

Establecer obligatoriedad de mecanismos de voluntariedad y consenti-  

miento para la adopción de MTF, con registros y cláusulas contractuales  

que especiﬁquen condiciones, reversibilidad y protección de derechos  

laborales, bajo resguardo sindical.  

54 Wang, S. & Cheng, C. (2024). “Opportunity or exploitation? A longitudinal dyadic analysis  

of ﬂexible working arrangements and gender household labor inequality”. Social Forces,  

102(4), 1446-1466. DOI: https://doi.org/10.1093/sf/soad125  

Petrongolo, B. & Ronchi, M. (2020). “Gender gaps and the structure of local labor mar-  

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Berniell, I., Berniell, L., De la Mata, D., Edo, M. & Marchionni, M. (2021). “Gender gaps in  

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https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106225  

55 Kalleberg, A. L., Reskin, B. F. & Hudson, K. (2000). “Bad jobs in America: Standard and  

nonstandard employment relations and job quality in the United States”. American  

Sociological Review, 65(2), 256–278. DOI: https://doi.org/10.2307/2657440  

56 Pernicka, S. (2006). “Organizing the self-employed: Theoretical considerations and  

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IV. TRABAJO  

•

•

•

•

•

•

Implementar ﬁscalización activa y sanciones frente a prácticas de ﬂexibi-  

lización impuesta que fragmenten jornadas, reduzcan salarios o eliminen  

beneﬁcios.  

REFERENCIAS  

Fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos y promover espa-  

cios tripartitos de diálogo (gobierno, sindicatos, empleadores) para deﬁnir  

criterios de implementación de las MTF  

Arlinghaus, A., Bohle, P., Iskra-Golec, I., Jansen, N., Jay, S. & Rotenberg, L. (2019).  

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Diseñar e implementar licencias parentales igualitarias y no transferibles,  

acompañadas de campañas de cambio cultural y formación para promover  

la corresponsabilidad doméstica.  

Arman, R., Gillberg, N. & Norbäck, M. (2021). “Alone at work: Isolation, competition  

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Promover y ﬁnanciar servicios de cuidado (guarderías, atención a adultos  

mayores) que complementen las MTF y permitan una redistribución real  

del trabajo de cuidado.  

Augustine, J. M., Kim, J. & Lee, M. (2023). “Parents’ Access to Flexible Work  

Arrangements and Time in Active Caregiving Activities”. Journal of Family  

Issues, 45(4), 992-1018. DOI: https://doi.org/10.1177/0192513X231169653  

Reconocer y proteger el derecho a la organización sindical en entornos  

virtuales; promover obligaciones de las empresas para facilitar espacios  

presenciales o híbridos de sociabilidad laboral y negociación colectiva.  

Berniell, I., Berniell, L., De la Mata, D., Edo, M. & Marchionni, M. (2021). “Gender  

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Economics, 150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106225  

Incorporar la perspectiva de género e interseccional en toda medición y  

en el diseño de políticas, priorizando intervenciones dirigidas a sectores  

vulnerables (trabajadoras de bajos ingresos, trabajadoras informales y  

jefas de hogar).  

Bertrand, M., Goldin, C. & Katz, L. F. (2010). “Dynamics of the gender gap for young  

professionals in the ﬁnancial and corporate sectors”. American Economic  

Journal: Applied Economics, 2(3), 228-255. DOI: https://doi.org/10.1257/  

app.2.3.228  

•

Desarrollar un sistema nacional de seguimiento y evaluación que combine  

encuestas representativas y estudios cualitativos, e incorpore indica-  

dores laborales, familiares y de participación social. Esto supone, además,  

fomentar la investigación interdisciplinaria y comparada que conecte la  

experiencia chilena con lecciones internacionales, sin perder de vista las  

particularidades locales.  

Bloom, V., Richter, A., Hallsten, L. & Svedberg, P. (2015). “The associations between  

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Buhl, J. & Acosta, J. (2016). “Work less, do less?”. Sustainability Science, 11,  

261-276. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-015-0322-8  

Estas recomendaciones buscan orientar políticas públicas que permitan aprove-  

char las oportunidades de las MTF sin reproducir desigualdades preexistentes  

ni erosionar la vida colectiva en el trabajo. El éxito dependerá de la conjugación  

de regulación protectora, políticas de cuidado robustas, ﬁscalización efectiva,  

sindicatos fortalecidos y un sistema de evaluación que devuelva aprendizajes  

para reformular y perfeccionar las medidas en el tiempo.  

Chung, H. (2020). “Gender, Flexibility Stigma and the Perceived Negative  

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IV. TRABAJO  

2. HACIA UN UMBRAL DE SUFICIENCIA COMO CRITERIO  

RECTOR DEL SALARIO MÍNIMO EN CHILE  

Gonzalo Durán Sanhueza  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

Economista Fundación SOL  

https://orcid.org/0000-0001-6800-3599  

gonzalo.duran.s@uchile.cl  

Constanza Ávila Norambuena  

Estudiante de la carrera de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0005-2837-8667  

constanza.avila.n@ug.uchile.cl  

Martina Olivares Alarcón  

Estudiante de la carrera de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0007-4973-862X  

martina.olivares.a@ug.uchile.cl  

Santiago Rosselot Labella  

Fundación SOL  

https://orcid.org/0009-0006-9021-3545  

santiago.rosselot@fundacionsol.cl  

Marco Kremerman Strajilevich  

Fundación SOL  

https://orcid.org/0009-0000-7595-1597  

marco.kremerman@fundacionsol.cl  

INTRODUCCIÓN  

Este documento persigue un doble objetivo. En primer lugar, contribuir a la discu-  

sión de política pública en torno al criterio de suﬁciencia para la determinación  

del salario mínimo. En segundo lugar, formular recomendaciones de política  

orientadas a avanzar hacia el establecimiento de un salario mínimo basado en  

criterios de suﬁciencia económica.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Tanto la Constitución de la OIT (1919) como la Declaración Universal de los  

Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,  

Sociales y Culturales (1966) entienden el salario mínimo como un piso remune-  

racional que las empresas están obligadas a pagar, de modo que no se vulnere  

la integridad de las personas.  

suﬁciencia salarial (OIT, 2018). Desde esta perspectiva, el salario mínimo debe  

garantizar a las y los trabajadores, y a sus familias, un nivel de vida digno; es, por  

tanto, una herramienta de justicia social además de un instrumento económico.  

1. ¿CÓMO SE DETERMINA EL SALARIO MíNIMO EN CHILE? ¿CUÁL HA SIDO SU  

TRAYECTORIA?  

En el campo de la economía, la discusión sobre los criterios de ﬁjación del  

salario mínimo ha estado dominada históricamente por la tradición neoclásica.  

Desde esa perspectiva, el salario mínimo se concibe como el precio mínimo de  

la fuerza de trabajo, cuyo nivel debe resguardar la estabilidad empresarial y los  

equilibrios macroeconómicos⁵⁷. En este enfoque, cualquier alza que exceda la  

productividad se considera ineﬁciente y generadora de distorsiones⁵⁸, por lo  

que la suﬁciencia del salario mínimo deviene irrelevante.  

Nuestro país introdujo la noción de salario mínimo en la década de 1930 a través  

del concepto de “sueldo vital”.  

En 1937 se incorporó en la legislación, primero para empleados y, posterior-  

mente, para obreros. En el caso de los empleados —categoría que distinguía a  

quienes realizaban oﬁcios donde predominaba el esfuerzo intelectual por sobre  

el físico—, la ley establecía que: “ningún empleado particular podrá recibir una  

remuneración inferior al sueldo vital. Se entenderá por sueldo vital, para los  

efectos de esta ley, el necesario para satisfacer las necesidades indispensables  

para la vida del empleado, alimentación, vestuario, y habitación; y también las  

que requiera su integral subsistencia”⁶¹.  

Para la escuela austríaca de economía, el salario mínimo es visto como la impo-  

sición de una rigidez sobre el mercado y una intervención sobre la libertad de  

las personas, cuestionando incluso su existencia. Aunque esta posición pueda  

parecer extrema, en el contexto regional tiene espacio en el debate público.  

Manuel Adorni, vocero del gobierno argentino de Javier Milei, declaró que  

“conceptualmente tener un salario mínimo es un error, (…) si hay personas  

que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te  

permite contratarlo”⁵⁹.  

Puede aﬁrmarse —a la luz de los antecedentes históricos— que, esta normativa  

se inspiró en la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII, en donde  

se plantea la idea de un salario justo como aquel que permite al trabajador y a  

su familia satisfacer sus necesidades básicas y vivir con dignidad.  

En contraposición, las corrientes económicas heterodoxas —pese a su diver-  

sidad— comparten un amplio consenso: el salario no se determina en el mercado  

como un precio competitivo, sino que es el resultado de la correlación de fuerzas  

entre la clase trabajadora y la capitalista⁶⁰. Desde esta perspectiva, el capitalista  

no paga “según productividad”, sino que tiende a ofrecer el menor salario posible  

para maximizar sus ganancias. Las mejoras salariales dependen, por tanto, de  

la organización sindical, la negociación colectiva y las políticas laborales.  

En las industrias donde los trabajadores contaban con suﬁciente poder organiza-  

tivo, el salario mínimo —entendido como sueldo vital— se ﬁjó mediante espacios  

de diálogo social tripartito. Como documenta Narbona: “si bien el acuerdo debía  

ser adoptado por las tres partes, el Reglamento plantea que el presidente de la  

Comisión procuraría que el salario mínimo se ﬁjara por común acuerdo directo  

entre las representaciones obrera y patronal”⁶². Narbona identiﬁca tarifados de  

salarios mínimos en sectores como gráﬁcos, hoteleros y electricistas.  

La tradición de economía social —con la Organización Internacional del Trabajo  

(OIT) como referente— busca compatibilizar la creación de empleo con la  

En 1974, la dictadura decretó un plan de reajustes a las remuneraciones públicas  

y privadas (DL 670). A partir de entonces, se suprime la distinción empleado y  

obrero y se sustituye la denominación de sueldo vital por la de ingreso mínimo  

mensual (artículo 8°, DL 670).  

57 Neumark, D. & Wascher, W. (2008). Minimum Wages. MIT Press. https://mitpress.mit.  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Tras el ﬁn de la dictadura, entre 1990 y 1993 se ﬁrmaron cuatro “acuerdos  

marco” entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las cámaras  

empresariales⁶³. En dichos acuerdos se establecieron aumentos del ingreso  

mínimo mensual a nivel nacional. Estos incrementos superaron los registros  

históricos para esa fecha y se arguyó que con ello se buscaba la recuperación  

del poder de compra que se había perdido, especialmente durante la década  

de los ochenta. Aun así, recién en 1997 el salario mínimo recuperó el poder  

adquisitivo que había alcanzado en 1971 (Fig. 1).  

de productividad laboral. No existe evidencia de que se incorpore un criterio de  

suﬁciencia basado en necesidades básicas en la determinación contemporánea  

del salario mínimo en Chile. A la luz de las corrientes citadas en la introducción,  

Chile se aproxima sobre todo al enfoque neoclásico; no debiera extrañar, dada  

la inﬂuencia de la Escuela de Chicago.  

Desde 1990, el salario mínimo ha aumentado en términos reales (sobre IPC) en  

35 de 36 años. En el período, acumula un alza real de 228% y un crecimiento  

promedio anual de 3,5% (Fig. 2).  

Figura IV-4. Trayectoria del Salario Mínimo Real entre 1960 y 2000 (1970 = 100)  

Figura IV-5. Cambio porcentual real interanual en el salario mínimo  

Fuente: Elaboración propia en base a datos oﬁciales. Los  

salarios mínimos de cada año fueron consultados al mes de  

agosto y luego expresados en pesos de agosto de 2025.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bravo, D., y J., Vial  

(1997). La ﬁjación del salario mínimo en Chile: elementos para una  

discusión. CDE CIEPLAN, N°45. La serie se complementa con datos  

de Contreras (2000). Apuntes de Clase. FEN, U. de Chile.  

¿Es alto o bajo el salario mínimo?  

En los años noventa, las contrapartes empresariales se retiraron de la negocia-  

ción con el Gobierno sobre el salario mínimo. Desde entonces, los gobiernos de  

turno consultan a la CUT y luego proponen un monto al Congreso, que decide  

aprobarlo o rechazarlo. En la literatura especializada, este método se conoce  

como “ﬁjación parlamentaria”64 y, comparado con otros —por ejemplo, la ﬁjación  

vía negociación colectiva—, tiende a dar resultados más acotados (menores  

niveles de salario mínimo).  

En la literatura especializada sobre salarios mínimos destaca la contribución de  

Catherine Saget, experta de la OIT, quien en 2008 publicó un estudio inﬂuyente  

que propone un mecanismo de referencia para evaluar si un salario mínimo es  

alto o bajo considerando el tamaño de la economía. El indicador, denominado  

Índice de Kaitz Ajustado (IKA), se deﬁne como el cociente entre el salario mínimo  

y el PIB per cápita mensual. A partir de un análisis de datos, para 132 países,  

Saget (2008) propone dos umbrales: si el IKA es menor a 30%, se trata de un  

“minisalario mínimo” (salario bajo que genera problemas sociales y de eﬁciencia  

en el uso de recursos); si es mayor a 60%, es un “maxisalario mínimo” (salario  

alto que tiende a provocar informalidad y desempleo). Saget sostiene que, en  

contextos de alta desigualdad, el IKA resulta más adecuado que el Índice de Kaitz  

tradicional (salario mínimo/mediana salarial). Dado el alto nivel de desigualdad  

de Chile, consideramos adecuado este indicador.  

En la práctica, el sistema chileno ha operado con una fórmula tácita: el reajuste  

del salario mínimo sigue el criterio de la inﬂación esperada más un componente  

63 Cortázar, R. (1993). Política Laboral en el Chile democrático: Avances y desafíos en los  

noventa. Ediciones Dolmen. Santiago, Chile.  

64 Boeri, T. (2009). “Setting the Minimum Wage”. IZA Discussion Papers 4335. Institute of  

Labor Economics.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

En Chile, desde 1990 a la fecha, el IKA se ha mantenido dentro del rango de  

normalidad (entre 30% y 60%), aunque —como se aprecia en la ﬁgura 3— más  

próximo al umbral inferior asociado al minisalario mínimo.  

El efecto faro se aprecia con claridad en la estructura salarial chilena. A partir de  

la función de distribución acumulada de los ingresos de la ocupación principal  

(CASEN 2022, última disponible), el salario mínimo vigente se ubica en una  

zona de alta concentración de ingresos. Esto indica una “zona de contagio” en  

torno al mínimo, donde se agrupan los salarios de una gran parte de las y los  

trabajadores (Fig. 4).  

Figura IV-6. Índice de Kaitz Ajustado (IKA)  

Figura IV-7. Efecto Faro del Salario Mínimo. Función de Densidad Acumulada  

Fuente: Elaboración propia en base a metodología de Saget⁶⁵.  

Conviene señalar que esta forma de clasiﬁcar un salario mínimo como alto o  

bajo no incorpora un umbral explícito de suﬁciencia, sino que lo sitúa respecto  

del tamaño de la economía. Con todo, el enfoque es valioso: desplaza compara-  

ciones internacionales mecánicas y, en cambio, ajusta por las heterogeneidades  

estructurales entre países.  

Fuente: Elaboración propia / CASEN 2022. Línea punteada representa el salario mínimo  

líquido (en logaritmos) en octubre de 2022.  

Salario mínimo y desempleo  

Implicancias: El Efecto Faro  

En los últimos años, y especialmente tras la pandemia de COVID-19, Chile ha  

experimentado una fase caracterizada por menores tasas de ocupación⁶⁷, lo que  

ha reavivado la preocupación respecto de la pertinencia de políticas salariales  

orientadas a incrementar las remuneraciones⁶⁸. En ese contexto es que hemos  

realizado una revisión a la literatura internacional sobre el vínculo del salario  

mínimo con el nivel de empleo.  

El llamado efecto faro es una idea que se le debe al estudio de Souza y Baltar⁶⁶,  

quienes propusieron la tesis de que el salario mínimo no solo ﬁja el salario básico,  

también da señales—y es referencia—al resto de los salarios de la economía,  

incluido el sector informal. Bajo esta premisa, si un salario mínimo es bajo,  

entonces la distribución general de los salarios en la economía lo será; ello,  

debido al efecto faro. Esto es particularmente válido allí donde la negociación  

colectiva inﬂuye poco en la ﬁjación de salarios, debido a su baja cobertura del  

empleo asalariado.  

La evidencia empírica sobre el impacto de aumentos en el salario mínimo sobre  

el nivel de empleo muestra resultados mixtos. Broecke69 realizan un metaa-  

67 Fundación SOL (2025). Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE) MJJ 2025. https://  

fundacionsol.cl/blog/estudios-2/tag/imce-1051  

68 Banco Central de Chile (2025). Informe de Política Monetaria septiembre 2025. Minutas  

Citadas en el IPoM de septiembre 2025 – recuadro I.3. https://www.bcentral.cl/areas/  

politica-monetaria/informe-de-politica-monetaria  

65 Saget, C. (2008). “Fijación del Salario Mínimo en los países en desarrollo: deﬁciencias y  

soluciones”. Revista internacional del trabajo, 127(1), 27-45.  

66 Souza, P. y P. Baltar (1980). “Salário mínimo e taxa de salários no Brasil – réplica”. Pesquisa  

69 Broecke, S., Forti, A. & Vandeweyer, M. (2017). “The eﬀect of minimum wages on employ-  

e Planejamento Economico, 10(3), 1045-1058.  

ment in emerging economies: a survey and meta-analysis”. Oxford Development Studies.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

nálisis para 14 países en desarrollo (incluido Chile) y encuentran un impacto  

pequeño del salario mínimo sobre el nivel de empleo, de mayor magnitud en  

el caso de trabajadores vulnerables. También reportan evidencia de aumentos  

en el empleo informal. Estos hallazgos se observan en los estudios para Chile.  

Belman & Wolfson70 también realizan un metaanálisis para países en desarrollo  

y obtienen resultados similares.  

Revisemos que sucede en trabajadores vulnerables, grupo donde, según la  

literatura, se debiese observar el impacto en mayor magnitud. Para efectos de  

este ejercicio, revisaremos la situación particular del empleo según género.  

Lo primero que se puede observar es que la estabilidad a nivel general de la  

tasa de desempleo se debe a tendencias contrarias en el desempleo según  

género. Mientras que en hombres va a la baja, de un 8,6% en 2023 al 7,9% en  

2025, en mujeres la tasa va al alza, del 9% al 9,7%. Esto podría indicar que el  

mayor salario mínimo estaría actuando como una barrera de entrada al mercado  

laboral para las trabajadoras más vulnerables. Sin embargo, para poder plantear  

dicha hipótesis con mayor propiedad, habría que considerar otras características  

en el análisis, como, por ejemplo, la distribución del empleo según caliﬁcación.  

El trabajo de Neumark & Munguía71 realiza un metaanálisis de 61 estudios publi-  

cados después del 2000 sobre el tema para países en desarrollo, incluyendo  

Chile. Concluyen que la heterogeneidad de resultados responde a características  

particulares de cada estudio, entregando pistas sobre dónde se debería observar  

en mayor magnitud el efecto del aumento del salario mínimo. Concretamente,  

plantean que se debería identiﬁcar un mayor impacto (negativo) en el nivel de  

empleo de trabajadores vulnerables del sector formal en países que puedan  

hacer cumplir rigurosamente la legislación de salario mínimo. Chile forma parte  

de este grupo de países.  

Una mirada de la formalidad según género, por su parte, sigue siendo consistente  

con la realidad nacional, y contraria a la literatura. La informalidad se muestra a  

la baja, tanto en hombres como mujeres, que bajan de 25,8% a 24,9% y 28,3%  

a 27,5%, respectivamente. En ambos casos, el empleo formal representa más  

del 98% del empleo neto creado.  

Siguiendo las pistas entregadas por la literatura internacional, revisaremos la  

evolución de distintos indicadores de empleo entre 2023 y 2025, en base a  

cifras oﬁciales del INE⁷², para ver si se observan indicios del impacto de los  

últimos aumentos del salario mínimo. El detalle se puede encontrar en la ﬁgura 5.  

Figura IV-8. Ocupados/as (nivel), tasa de desempleo (%), formalidad (%) e informalidad  

(%), población total y distribución por género, 2023-2025  

En la población general, vemos que la tasa de desempleo se ha mantenido  

estable desde 2023, pero en niveles considerablemente más altos que los  

previos a la pandemia, pasando de 8,8% a 8,7%. En los últimos 2 años se crearon  

301,6 mil empleos. Según la literatura, uno esperaría que este aumento se  

compusiera de un aumento de la informalidad.  

MJJ 2025  

MJJ 2024  

MJJ 2023  

Var. 23-25  

Población Total  

Ocupados/as  

Tasa de desempleo  

Formalidad (%)  

Informalidad (%)  

Hombres  

9.330.309  

8,7%  

9.257.480  

8,7%  

9.028.647  

8,8%  

301.662  

-0,1 pp  

0,9 pp  

-0,9 pp  

74,0%  

73,6%  

73,1%  

Al mirar los datos, se observa el efecto contrario. La informalidad cae de manera  

sostenida, pasando del 26,9% en 2023 al 26,4% en 2024, para luego caer a  

26,0%. En el período se crearon 298 mil empleos formales (98,8% del total del  

empleo creado), mientras que el empleo informal creció marginalmente en  

3,6 mil personas. A primera vista, la evolución de las cifras de empleo no sería  

consistente con la literatura internacional ni nacional.  

26,0%  

26,4%  

26,9%  

Ocupados  

5.310.695  

7,9%  

5.263.304  

8,3%  

5.130.513  

8,6%  

180.182  

-0,7 pp  

0,9 pp  

-0,9 pp  

Tasa de desempleo  

Formalidad (%)  

Informalidad (%)  

Mujeres  

75,1%  

75,0%  

74,2%  

25,8%  

24,9%  

25,0%  

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13600818.2017.1279134  

Ocupadas  

4.019.614  

9,7%  

3.994.176  

9,1%  

3.898.135  

9,0%  

121.479  

0,7 pp  

0,8 pp  

-0,8 pp  

70 Belman, D. & Wolfson, P. (2016). “What does the minimum wage do in developing coun-  

tries? A review of studies and methodologies”. Conditions of Work and Employment  

Series No. 62. Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/publications/  

what-does-minimum-wage-do-developing-countries-review-studies-and  

71 Neumark, D. & Munguía Corella, L. F. (2021). “Do minimum wages reduce employment  

in developing countries? A survey and exploration of conﬂicting evidence”. World  

Development, 137(C). DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105165  

Tasa de desempleo  

Formalidad (%)  

Informalidad (%)  

72,5%  

27,5%  

71,8%  

71,7%  

28,2%  

28,3%  

Fuente: elaboración propia / ENE MJJ 2023, 2024, 2025. pp = puntos porcentuales.  

72 Para el trimestre móvil mayo, junio, julio.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Estas cifras invitan a abordar de manera compleja los problemas de desempleo,  

en el marco de una discusión que busca identiﬁcar como único responsable a las  

mejoras en las condiciones laborales. Andrea Repetto declara que hay problemas  

que se arrastran hace 10 años, muy anteriores a las últimas mejoras en el salario  

mínimo, menciona el efecto de la automatización y sugiere la implementación de  

subsidios para acompañar aumentos en el salario mínimo73 Villanueva74 plantea  

incorporar en el análisis el impacto de la nueva ley de cumplimiento tributario  

en la destrucción de empleo por cuenta propia.  

entonces obispo Alejandro Goic introdujo el concepto de “sueldo ético”. El  

contexto fue una prolongada y disruptiva paralización de trabajadores contra-  

tistas del cobre que buscaban mejoras salariales y contractuales, en particular  

reducir las brechas con los directamente contratados. Goic planteó que el salario  

mínimo debía responder a un criterio ético y lo cifró en $250.000 de la época.  

Casi una década después, el 1 de abril de 2016, señaló en una entrevista que  

el sueldo ético debía situarse en $400.000⁷⁵, entendiendo que debía cubrir los  

costos fundamentales de la vida —vivienda, transporte, salud y educación—.  

La minuta del Informe de Política Monetaria de septiembre de 2025 del Banco  

Central, que sí identiﬁca un impacto del aumento del salario mínimo en el empleo,  

plantea además una serie de elementos relevantes a la hora de complejizar el  

debate. Empresarios encuestados declaran que, posterior a la pandemia, reali-  

zaron ajustes en sus procesos productivos de manera de disminuir su dotación  

a su nivel mínimo. Además, señalan la diﬁcultad de encontrar perﬁles caliﬁcados,  

lo que habla del sistema de educación en Chile y su falta de diálogo con el  

mercado laboral. Finalmente, destacan el rol creciente de la automatización en  

sus estructuras.  

En abril de 2025 y en el marco de las negociaciones por el reajuste anual del  

salario mínimo en Chile, la CUT introdujo a la discusión contemporánea el término  

“salario vital”. En ese momento, la estimación que hicieron fue de $725.000  

líquidos. El secretario general de la CUT sostuvo: “distintos estudios que han  

estado en el marco del trabajo del Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida  

han dicho que el salario vital está entre los $900.000 y $1.000.000 bruto y, por  

lo tanto, nosotros hemos puesto como salario vital los $725 mil líquidos para una  

familia de cuatro personas”⁷⁶. Al ser consultado sobre el signiﬁcado de lo vital,  

el secretario general señaló: “el salario vital busca garantizar una remuneración  

suﬁciente para cubrir todas las necesidades esenciales de los trabajadores y  

trabajadoras, incluyendo alimentación, salud, educación, vivienda y recreación”⁷⁷.  

En deﬁnitiva, la revisión de la literatura muestra que, si bien existen casos donde  

aumentos en el salario mínimo genera desempleo, la evidencia de que eso  

esté sucediendo hoy no es concluyente. Además, es una causalidad difícil de  

identiﬁcar dada la gran cantidad de factores que entran en juego. La sugerencia,  

en esa línea, es priorizar la suﬁciencia del salario mínimo, complementándola  

con otras políticas públicas que busquen minimizar su potencial impacto sobre  

el nivel de empleo y corregir otros problemas que arrastre el mercado laboral.  

En este contexto, y a la luz de los debates recientes sobre salario mínimo vital,  

proponemos evaluar la suﬁciencia del salario mínimo vigente y formular reco-  

mendaciones para articular la política laboral con ese estándar de suﬁciencia.  

Para ello, realizaremos simulaciones a partir de los estándares normativos  

propuestos por la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización  

de la Medición de la Pobreza (en adelante CMP). Lo anterior se complementará  

con lo que denominamos Método de Presupuesto Vital Simpliﬁcado (MPVS),  

consistente en una simulación acotada que ilustra qué nivel de gastos básicos  

puede cubrir el salario mínimo vigente.  

2. DESAFíOS PENDIENTES: UN UMBRAL DE SUFICIENCIA COMO CRITERIO  

RECTOR DEL SALARIO MíNIMO EN CHILE  

En Chile, el salario mínimo no se determina en base a criterios de suﬁciencia  

económica y no existe una política pública que aborde este desafío.  

Este análisis se enlazará con la discusión más amplia sobre el modelo de rela-  

ciones laborales y sobre los mecanismos de determinación colectiva de los  

salarios, considerados como telón de fondo de un proyecto de desarrollo que  

Durante las dos últimas décadas, la noción de suﬁciencia salarial ha ido y venido  

del debate público chileno sin resolverse. En 2007, al calor de las movilizaciones  

de la Confederación de Trabajadores del Cobre por mejores condiciones, el  

75 El Mostrador (2016). “Obispo Goic propone nuevo salario ético de $400.000”. https://  

www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/01/obispo-goic-propone-nuevo-salario-etico-  

de-400-000  

76 EMOL (2025). “$725 mil de ‘salario vital’: El concepto que la CUT busca insta-  

lar (y sus diferencias con el sueldo mínimo)”. https://www.emol.com/noticias/  

Economia/2025/04/02/1162380/salario-vital-cut-gobierno.html  

73 La Tercera (2025). “Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contin-  

gencia y refuerza que no hay una emergencia laboral”. https://www.latercera.com/pulso/  

noticia/repetto-llama-a-analizar-las-cifras-de-empleo-mas-alla-de-la-contingencia-y-re-  

fuerza-que-no-hay-una-emergencia-laboral/  

74 Villanueva (2025). “Desempleo y costos laborales: más allá del simplismo”. CIPER. ht-  

tps://www.ciperchile.cl/2025/07/16/desempleo-y-costos-laborales-mas-alla-del-simplis-  

mo-una-mirada-critica-al-debate-actual/  

77 EMOL (2025). “$725 mil de “salario vital”: El concepto que la CUT busca instalar (y sus  

diferencias con el sueldo mínimo)”.  

https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/04/02/1162380/salario-vital-cut-gobier-  

no.html  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

no excluya a las y los trabajadores ni ponga en riesgo la estabilidad de sus  

fuentes de empleo.  

signiﬁcativamente mayores que quienes no están en esa condición⁸⁰. En 2022,  

12,7% de las personas ocupadas se clasiﬁca en pobreza por ingresos según los  

estándares de la CMP; entre quienes perciben el mínimo, la incidencia de la  

pobreza por ingresos asciende a 27,2%, mientras que entre quienes ganan más  

que el mínimo es de 7%. En la misma línea, al aplicar el umbral de vulnerabilidad81  

propuesto por la CMP (2025), quienes perciben el mínimo resultan notablemente  

más vulnerables (53%) que quienes ganan por sobre ese piso (20,8%).  

Queda un desafío pendiente: presentar una estimación de salario mínimo que  

satisfaga un umbral de suﬁciencia normativo determinado. A nivel de la discu-  

sión académica, hemos identiﬁcado un antecedente previo a este respecto.  

Omar Aguilar78 presenta una estimación empírica a partir de la IX Encuesta de  

Presupuestos Familiares (EPF). Nuestra estimación dialoga parcialmente con  

la estrategia metodológica de Aguilar, pero incorpora un criterio de suﬁciencia  

que remite al estándar social de lo mínimamente aceptable: la línea de pobreza.  

Figura IV-9. Tasas de pobreza y vulnerabilidad, según si recibe el salario mínimo (%)  

Evaluación de la suﬁciencia en base al estándar CMP (2025)  

En julio de 2025, la CMP entregó al presidente Gabriel Boric su Informe de  

Recomendaciones, destinado a orientar la actualización de la medición oﬁcial  

de la pobreza en Chile. Este trabajo constituye un insumo fundamental para la  

estimación de los umbrales de suﬁciencia que deberían orientar la determinación  

del salario mínimo. Las recomendaciones emanadas de la comisión —que sesionó  

durante 15 meses— representan, por tanto, un estándar técnico y consensuado  

sobre el cual es posible avanzar en esta materia.  

Para abordar esta evaluación, utilizaremos Encuesta de Caracterización  

Socioeconómica Nacional (en adelante CASEN). Se trata de la principal encuesta  

de hogares y multipropósito del Estado; es fundamental para el diseño de  

políticas públicas y constituye la fuente oﬁcial para determinar la tasa de  

pobreza y la desigualdad de ingresos personales. Se levanta cada dos años  

y tiene representatividad nacional. La encuesta cuenta con una muestra de  

70.751 viviendas.  

Oﬁcial: metodología oﬁcial para la medición de la pobreza. CMP: metodología de  

la Comisión Asesora Presidencial para la medición de la pobreza (2025). CMP-V:  

metodología de la Comisión Asesora Presidencial para la medición de la pobreza para  

el cálculo de la vulnerabilidad.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022.  

Con la CASEN estimamos el grupo de asalariados/as del sector privado que  

perciben el salario mínimo o menos y lo relacionamos con los umbrales de  

pobreza propuestos por la CMP⁷⁹. De acuerdo a la estimación que hemos hecho  

usando los microdatos de la CASEN, en Chile casi 1 millón de trabajadores y  

trabajadoras asalariadas perciben el salario mínimo o menos.  

El efecto faro del salario mínimo, descrito previamente, afecta tanto a quienes  

están en pobreza por ingresos como a quienes no lo están. En particular, la  

zona de contagio —el área alrededor de la línea vertical punteada y de la curva  

de la función de distribución acumulada— lo evidencia en ambos casos (Fig. 7).  

Un hallazgo esperable se puede ver en la ﬁgura 6. Aquí se observa que, la  

población que percibe el salario mínimo enfrenta niveles de pobreza por ingresos  

78 Aguilar, O. (2024). “Salario Vital: una contribución a su estimación empírica para Chile”.  

Trabaio en Dabate, 1(2), 1-12.  

79 CMP, Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de  

la Pobreza (2025). Informe ﬁnal de recomendaciones. Ministerio de Desarrollo Social  

y Familia. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Comision_Pobreza-  

Informe_Final_Recomendaciones.pdf  

80 Para el cálculo de pobreza se han utilizado las recomendaciones de la CMP (2025).  

81 Este umbral se deﬁne como 1,5 veces la línea de pobreza.  

IV. TRABAJO  

Figura IV-10. Efecto Faro del Salario Mínimo. Función de Densidad Acumulada según  

situación de pobreza (estimación CMP)  

Figura IV-11. Distribución de personas en que perciben en salario mínimo, número  

de personas en el hogar, número de personas ocupadas en el hogar y tasa de  

dependencia en el hogar, según decil de ingreso autónomo (%)  

Decil  

% SM1  

Numper  

Ocupados/as  

TD1  

% SM2  

TD2  

I

8,3  

15,1  

15,4  

14,5  

13,2  

12,3  

9,2  

6,7  

3,6  

4,2  

4,1  

0,6  

1,2  

1,4  

1,6  

1,8  

1,9  

1,9  

1,9  

1,8  

1,7  

6,0  

3,5  

2,9  

2,4  

2,1  

II  

66,5  

3,0  

III  

IV  

V

3,9  

3,8  

3,6  

3,4  

3,2  

3

VI  

VII  

VIII  

IX  

X

1,9  

1,8  

1,7  

33,5  

100  

1,7  

Fuente: Elaboración propia / CASEN 2022. Línea punteada representa  

3,8  

1,5  

1,7  

el salario mínimo líquido (en logaritmos) en octubre de 2022.  

2,6  

3,6  

1,5  

2,3  

Total  

100  

1,6  

2,3  

Según el decil de ingreso autónomo, casi 2 de cada 3 personas que perciben  

el salario mínimo se concentran en los primeros cinco deciles; es decir, en la  

mitad de menores ingresos del país. Además, el perﬁl demográﬁco y laboral por  

decil muestra que los primeros deciles reúnen hogares más numerosos y con  

menos personas ocupadas que los deciles de mayores ingresos. Como resultado,  

la tasa de dependencia —personas del hogar por cada ocupado/a— alcanza  

alrededor de 3 entre los deciles I–V: un trabajador sostiene a tres integrantes  

del hogar. A nivel nacional, esta tasa es 2,3 (CASEN 2022).  

% SM₁: Distribución porcentual de quienes perciben el salario mínimo según decil de  

ingreso autónomo. Numper: Número de personas en el hogar. Ocupados/as: Número  

promedio de personas ocupadas por hogar. TD₁: Tasa de dependencia (Numper/  

Ocupados). % SM₂: Distribución de quienes perciben el salario mínimo considerando  

los deciles 1 a 5 t 6 a 10. TD₂: Tasa de dependencia considerando la mitad inferior y  

mitad superior.  

Fuente: elaboración propia / CASEN 2022.  

Estos datos permiten ﬁjar parámetros para la estimación de un salario mínimo  

con criterios de suﬁciencia. Con una tasa de dependencia 3, el salario mínimo  

debería cubrir la línea de pobreza familiar de tres personas (considerando econo-  

mías de escala). Bajo ese escenario (Fig. 9), el salario mínimo vigente ($529.000  

brutos) solo cubre 50% del umbral.  

También podemos evaluar el denominado sueldo ético actualizado por el obispo  

Goic en 2016 (actualizado, a su vez, a precios de agosto de 2015), que alcanza  

un 57%, mientras que el sueldo vital de $750.000 actualmente en discusión  

llega a un 71%. En otras palabras, con una tasa de dependencia de 3 ninguno  

de los montos aquí evaluados supera la prueba de suﬁciencia.  

Si se reduce la tasa de dependencia a 2 (p. ej., madre e hijo/a), ni el salario  

mínimo vigente, ni el sueldo ético actualizado, ni el sueldo vital de $750.000  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

satisfacen el umbral. Solo en hogares unipersonales se cumple la suﬁciencia,  

lo que implica que, en ciclos de vida orientados a proyectos familiares, las  

personas no podrían desarrollar libremente la vida que desean —en el sentido  

planteado por Amartya Sen.  

ese monto en el Chile de hoy? Para responder, consideramos, en primer lugar,  

el precio de mercado de arriendos en las ciudades más pobladas de Chile:  

Santiago, Concepción y Valparaíso. Los datos provienen de Portal Inmobiliario⁸².  

La consulta se realizó el 26 de agosto y se incluyeron todos los resultados para  

departamentos de 50m2, dos dormitorios y un baño.  

Como muestra la ﬁgura 10, el precio del arriendo ﬂuctúa entre $395.293 y  

$497.218; por tanto, con un salario mínimo líquido de $423.000, este no alcanza  

a ﬁnanciarlo o bien se agota casi por completo. A ello deben sumarse el costo  

de transporte para ir y volver del trabajo y la alimentación. En síntesis, la prueba  

de suﬁciencia basada en el MPVS evidencia que el salario mínimo líquido está  

muy lejos de cumplir un estándar básico de suﬁciencia.  

Figura IV-12. Suﬁciencia del salario mínimo según criterio de pobreza (perﬁl  

arrendatario) y tamaño de hogar (%), y según criterio de vulnerabilidad (perﬁl  

arrendatario) y tamaño de hogar. A precios de agosto de 2025  

Pobreza CMP  

Vulnerabilidad CMP  

Numper  

SMV  

108%  

66%  

50%  

Goic II  

SV  

SMV  

72%  

44%  

33%  

Goic II  

83%  

SV  

1

124%  

76%  

57%  

153%  

94%  

71%  

102%  

63%  

47%  

2

3

51%  

38%  

Numper: Número de personas en el hogar. SMV: cálculo en relación al salario mínimo  

vigente. Goic II: cálculo en relación al sueldo ético 2.0 del Obispo Goic (de abril de  

2016 actualizado a precios de agosto de 2025). mínimo vigente (líquido). SV: cálculo  

en relación al sueldo vital de $750.000 propuesto en el debate público. La suﬁciencia  

se ha contrastado con las líneas de pobreza actualizadas por la Comisión Asesora  

Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza (CMP). También  

considera el escenario con líneas de vulnerabilidad (1,5 veces las líneas de pobreza).  

Fuente: elaboración propia.  

En cuanto al umbral de vulnerabilidad, las estimaciones indican que solo el  

sueldo vital, en el esquema unipersonal, supera la prueba (Fig. 9, última columna,  

primera celda). Estos resultados evidencian una desconexión entre el monto del  

salario mínimo —y los proyectos hoy en debate— y el umbral propuesto por la  

CMP para determinar la situación de pobreza.  

Evaluación de la suﬁciencia en base al MPVS  

En el MPVS nos proponemos probar el poder de compra del salario mínimo sin  

mediar el uso de líneas de pobreza.  

82 https://www.portalinmobiliario.com/ Optamos por esta fuente debido a criterios de dis-  

ponibilidad de información. Reconocemos que constituye una limitación, dado que es  

probable que quienes perciben el salario mínimo accedan a viviendas en condiciones de  

informalidad. No obstante, desde un punto de vista normativo, lo deseable sería que ello  

no ocurriera.  

Para esta prueba de suﬁciencia tomamos el salario mínimo bruto vigente de  

$529.000. Descontadas las cotizaciones (salud, previsión y seguro de desem-  

pleo), el monto líquido asciende a $423.000. La pregunta es: ¿para qué alcanza  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

Figura IV-13. Precios de arriendos en tres ciudades de Chile,  

3. RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA Y CONCLUSIÓN  

departamento con 2 dormitorios, 1 baño, 50 metros  

En este policy brief hemos problematizado la ausencia de criterio de suﬁciencia  

económica en la determinación del salario mínimo en Chile.  

Localización  

Monto  

Ofertas  

totales  

Ciudad  

promedio  

Una primera recomendación de política pública es reconocer este hecho y abrir  

un debate de fondo sobre el valor actual de la fuerza de trabajo. Si el salario  

mínimo no alcanza para lo “mínimo”, entonces no lo es.  

de Referencia  

Toesca, Santa Isabel, Santa Rosa, San  

Diego, San Martín, Blanco Encalada,  

Catedral, Santa Lucía, Moneda, Matta,  

Ñuble, Manuel Rodríguez, Barrio Uni-  

versitario, Club Hípico, Amunategui,  

Una segunda recomendación es construir un tablero de indicadores para evaluar  

el monto del salario mínimo. Este tablero debe incluir el IKA de Saget83 y un  

indicador de suﬁciencia económica, tanto a partir de las líneas de pobreza de la  

CMP como del Método de Presupuesto Vital Simpliﬁcado (MPVS). Asimismo, ha  

de considerar la medición del “efecto faro”. El tablero debe reportarse a escala  

nacional y desagregarse por regiones.  

Victoria, San Francisco, San Pablo,  

Parque O’Higgins, Bulnes, Santa Lu-  

Santiago centro  

$395.293  

139  

cía, Vergara, Tocornal, Diez de Julio,  

Cumming, Nataniel Cox, Lastarria,  

Parque de los Reyes, Argomedo, Sie-  

rra Bella, Zenteno, Huérfanos, Fray  

Camilo Henríquez, Lord Cochrane.  

Se recomienda usar las líneas de pobreza de la CMP (2025) como umbral de  

suﬁciencia del salario mínimo. Según CASEN, la tasa de dependencia es 3; por  

tanto, el salario mínimo líquido debiera sostener a tres adultos equivalentes.  

Como referencia, también se puede incluir el escenario con dos personas. El  

perﬁl de referencia para las líneas de pobreza debiera ser el de arrendatario,  

por su mayor realismo respecto de personas con salario mínimo.  

Centro, Angol, Juan Martínez de Rosa,  

Lomas de San Sebastián, Torreones,  

Orompello, Vicuña Mackenna, Arturo  

Pérez Canto, Plaza Condell, Barrio  

Oriente, Alto de Collao, Chacabuco,  

Bulnes, Desiderio Sanhueza, Bandera,  

Galvarino, San Martín, Barros Arana.  

Concepción  

Valparaíso  

$497.218  

$434.388  

32  

41  

Tal como muestra este policy brief, el salario mínimo en Chile no satisface los  

criterios de suﬁciencia económica. Se recomienda trazar un plan integral para  

abordar este desafío. De acuerdo con el enfoque de Saget, Chile dispone de  

margen para avanzar en esta dirección. No obstante, considerando que la tasa de  

ocupación se mantiene en niveles pre pandémicos, es necesario complementar  

con medidas adicionales (véanse las recomendaciones siguientes).  

Barrio Inglés, Lomas de la Luz, Carde-  

nal Samore, Cerro Polanco, Curauma,  

Los Aromos, Colina Verde, Cerro Los  

Placeres, Av. Argentina, Parque los  

Ingleses, Torre Almendral, Av. Brasil,  

Ibsen, Juan Pablo II, Colina Verde, Av.  

Obispo Valdés Subercaseux  

Se propone reorientar el debate sobre competitividad: abandonar la lógica de  

salarios en competencia (race to the bottom) y transitar hacia un esquema en  

el que los salarios “salgan” de la competencia. Para ello, se requiere elevar de  

manera sostenida la inversión en I+D+i (hoy cercana al 0,4% del PIB, frente a un  

promedio OCDE en torno al 2,5%).  

Fuente: compilación propia desde Portal Inmobiliario. Los promedios  

corresponden a la totalidad de ofertas con esas condiciones en las  

tres ciudades durante el día 26 de agosto de 2025.  

En línea con lo anterior, se recomienda avanzar hacia un sistema más centralizado  

de negociación colectiva como mecanismo de determinación de pisos mínimos  

sectoriales. Como advierte Boeri⁸⁴, el sistema actualmente vigente en Chile es de  

los menos efectivos para la formación salarial. La evidencia internacional indica  

83 Saget, C. (2008). “Fijación del Salario Mínimo en los países en desarrollo: deﬁciencias y  

soluciones”. Revista internacional del trabajo, 127(1), 27-45.  

84 Boeri, T. (2009). “Setting the Minimum Wage”, IZA Discussion Papers 4335, Institute of  

Labor Economics.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IV. TRABAJO  

que esquemas centralizados: (i) resguardan mejor frente al dumping salarial; (ii)  

facilitan transferencias tecnológicas y de innovación desde empresas grandes  

hacia pymes; (iii) atenúan el “efecto faro” del salario mínimo; y (iv) mejoran la  

distribución del ingreso. Según reportes de la OCDE, estos sistemas son más  

resilientes al empleo que los fuertemente descentralizados. Un referente útil es  

el de los Consejos de Salarios en Uruguay, donde se ﬁjan salarios mínimos por  

categoría dentro de cada sector, con resultados positivos en distribución del  

ingreso, reducción de la pobreza y disminución de la informalidad⁸⁵. Además,  

hay evidencia de que darles mayor poder a los sindicatos en negociaciones  

colectivas mejora la eﬁciencia de las empresas, manteniendo sus márgenes  

de beneﬁcio a la vez que aumentan las remuneraciones de trabajadores no  

gerenciales⁸⁶.  

REFERENCIAS  

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Chile”. Trabaio en Dabate, 1(2), 1-12.  

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A review of studies and methodologies (Conditions of Work and Employment Series  

No. 62). Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/publications/  

what-does-minimum-wage-do-developing-countries-review-studies-and  

En el corto plazo, se recomienda implementar un plan de apoyo público consis-  

tente en subsidios al pago de cotizaciones, focalizado en empresas de menor  

tamaño que no mantengan vínculos patrimoniales con grandes grupos econó-  

micos. El subsidio será contingente y de vigencia acotada, y exigirá la presencia  

de un sindicato en las ﬁrmas con más de 10 trabajadores. Para su ﬁnanciamiento,  

se propone una reforma tributaria que avance hacia la desintegración del sistema  

de impuestos a la renta.  

Boeri, T. (2009). Setting the Minimum Wage, IZA Discussion Papers 4335 Institute  

of Labor Economics.  

Broecke, S., Forti, A. & Vandeweyer, M. (2017). The eﬀect of minimum wages on  

employment in emerging economies: a survey and meta-analysis. Oxford  

Development Studies. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13600818.2017.1279134  

Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (2025). Informe Anual de  

Productividad 2024. https://cnep.cl/informes-anuales-de-productividad/  

informe-anual-de-evaluacion-y-productividad-2024/  

CMP - Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la  

Medición de la Pobreza (2025). Informe ﬁnal de recomendaciones. Ministerio  

de Desarrollo Social y Familia. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/  

storage/docs/Comision_Pobreza-Informe_Final_Recomendaciones.pdf  

Cortázar, R. (1993). Política Laboral en el Chile democrático: Avances y desafíos  

en los noventa. Ediciones Dolmen. Santiago, Chile.  

D.L 670 (1974). Decreto Ley 670. Reajusta, a contar del 1° de octubre de 1974,  

los sueldos del sector público y privado. Ley Chile.  

Durán, G (2025). “Negociación colectiva, recursos de poder y resultados distri-  

butivos. El caso de los Consejos de Salarios en Uruguay”. Cuadernos de  

Relaciones Laborales, 43(1), 129-148.  

85 ICD-OIT (2014). Las relaciones laborales en Uruguay. 10 años de cambios. Instituto  

EMOL (2025). “$725 mil de “salario vital”: El concepto que la CUT busca instalar  

(y sus diferencias con el sueldo mínimo)”. EMOL. https://www.emol.com/noti-  

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Cuesta Duarte del PIT-CNT y Organización Internacional del Trabajo.  

Durán, G. (2025). “Negociación colectiva, recursos de poder y resultados distributivos.  

El caso de los Consejos de Salarios en Uruguay”. Cuadernos de Relaciones Laborales,  

43(1), 129-148.  

Fundación SOL (2025). Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE). MJJ  

86 Comisión Nacional de Evaluación  

de Productividad 2024. https://cnep.cl/informes-anuales-de-productividad/  

informe-anual-de-evaluacion-y-productividad-2024/  

y

Productividad (2025). Informe Anual  

2025. https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/tag/imce-1051  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

El Mostrador (2016). “Obispo Goic propone nuevo salario ético de $400.000”.  

El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/01/  

obispo-goic-propone-nuevo-salario-etico-de-400-000  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL  

ICD-OIT (2014). Las relaciones laborales en Uruguay. 10 años de cambios.  

Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y Organización Internacional del Trabajo.  

La Tercera (2025). “Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de  

la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral”. La Tercera  

https://www.latercera.com/pulso/noticia/repetto-llama-a-analizar-las-cifras-  

de-empleo-mas-alla-de-la-contingencia-y-refuerza-que-no-hay-una-emer-  

gencia-laboral/  

La seguridad ciudadana y la reinserción social condicionan la conﬁanza y la  

cohesión en ámbitos comunitarios especíﬁcos. En Chile, las políticas y debates  

tienden a dividirse entre medidas punitivas y estrategias asistenciales, dejando  

poco espacio a aproximaciones integradas que consideren prevención, rehabili-  

tación y participación comunitaria. Estos procesos se comprenden mejor desde  

estudios situados que observen interacciones concretas entre instituciones y  

actores locales.  

Narbona, K (2015). “Antecedentes del Modelo de Relaciones Laborales chileno.  

Observatorio Social del Proyecto Plataformas Territoriales por los derechos  

Económicos y Sociales: Previsión, Trabajo, Educación y Salud”. https://www.  

researchgate.net/publication/299404533_Antecedentes_del_Modelo_de_  

Relaciones_Laborales_Chileno  

Neumark, D. & Wascher, W. (2008). Minimum Wages. MIT Press. https://mitpress.  

mit.edu/9780262515085/minimum-wages/  

Los sistemas penitenciarios y de justicia presentan hoy serias limitaciones para  

cumplir su doble función de sancionar y reintegrar. La sobrepoblación, la violencia  

intracarcelaria, la escasez de programas de rehabilitación y la falta de coordi-  

nación entre instituciones generan altos niveles de reincidencia y reducen la  

eﬁcacia de las políticas de reinserción. Al mismo tiempo, los individuos que  

retornan a la sociedad enfrentan diﬁcultades acumuladas que diﬁcultan su  

inserción laboral, educativa y social. Esta situación evidencia la necesidad de  

diseñar modelos de seguridad y reinserción que trascienden la lógica punitiva,  

integrando evidencia empírica, análisis predictivo y estrategias de innovación  

social que articulen prevención, educación, trabajo y participación comunitaria.  

Neumark, D. & Munguía Corella, L. F. (2021). “Do minimum wages reduce  

employment in developing countries? A survey and exploration of conﬂic-  

ting evidence”. World Development, 137(C). DOI: https://doi.org/10.1016/j.  

worlddev.2020.105165  

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2018). Guía sobre políticas en materia  

de salario mínimo: capítulos completos. OIT. https://www.ilo.org/es/resource/  

guia-sobre-politicas-en-materia-de-salario-minimo-capitulos-completos  

El País (2024). “El Gobierno de Milei asegura que el salario mínimo es un error:  

‘Si hay personas dispuestas a trabajar por menos, no las podés contratar’”. El  

País. https://elpais.com/argentina/2024-12-27/el-gobierno-de-milei-asegura-  

que-el-salario-minimo-es-un-error-si-hay-personas-dispuestas-a-trabajar-por-  

menos-no-las-podes-contratar.html  

La línea de innovación “Seguridad y Reinserción Social” del CLIPP propone un  

enfoque orientado a la anticipación, la efectividad multidimensional y la coor-  

dinación interinstitucional. Su objetivo es articular conocimiento y herramientas  

que fortalezcan políticas de prevención del delito, rehabilitación y reintegración  

social, combinando análisis predictivo, innovación social y metodologías de  

autoobservación. El trabajo se centra en el diseño de sistemas de información  

integrados, la construcción de redes de apoyo comunitario y la articulación de  

intervenciones educativas, laborales y psicológicas, con el ﬁn de favorecer la  

autonomía y la participación ciudadana de las personas privadas de libertad.  

Esta línea reconoce que la seguridad y la reinserción son procesos sociales  

complejos, cuya efectividad depende de la cooperación entre distintos actores  

y niveles de decisión, así como de políticas públicas basadas en evidencia y  

orientadas a la prevención estructural.  

Petri, F. (2021). Microeconomics for the Critical Mind: Mainstream and heterodox  

analyses. Vol. 1. Springer Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-62070-7  

Saget C. (2008). “Fijación del Salario Mínimo en los países en desarrollo: deﬁ-  

ciencias y soluciones”. Revista internacional del trabajo, 127(1), 27-45.  

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Pesquisa e Planejamento Economico, 10(3), 1045-1058.  

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les-mas-alla-del-simplismo-una-mirada-critica-al-debate-actual/  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

“Crisis carcelaria en Chile: la urgente necesidad de innovar” elaborado por  

Guillermo Sanhueza (Loyola University Chicago), Jorge Delva (Boston University)  

y Richard Weber (Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile). Este trabajo  

expone la severa crisis del sistema penitenciario chileno, caracterizada por  

sobrepoblación, hacinamiento, altos niveles de violencia, escasos programas de  

reinserción, problemas críticos de salud mental y elevada reincidencia delictual.  

En este contexto, la reintegración social de las personas privadas de libertad  

se torna extremadamente improbable, ya que enfrentan múltiples barreras y  

desventajas acumuladas que se ampliﬁcan durante la experiencia de encarce-  

lamiento. El aporte central de este policy brief, basado en el proyecto FONDEF  

ID21I10255, consiste en subrayar la necesidad de innovar mediante el desarrollo  

de un sistema de datos penitenciarios pertinente, integrado y de fácil uso, que  

fortalezca la gestión de Gendarmería de Chile y permita articular políticas de  

reinserción más efectivas. En diálogo con los otros policy briefs de esta sección,  

este trabajo enfatiza la urgencia de transitar hacia políticas penitenciarias basadas  

en evidencia, que pongan en el centro tanto la mejora de la gestión institucional  

como la reducción de la reincidencia delictual, contribuyendo así a un enfoque  

más integral de la seguridad pública en Chile.  

comienza a formalizar medidas de acompañamiento en el ámbito juvenil. Con  

base en experiencias piloto como Pasos para adolescentes (2013) y el piloto  

Volver a Empezar (Región Metropolitana), el documento propone seis prioridades  

de política —entre ellas sistematizar experiencias, formar especialistas, articular  

universidades y servicios públicos, incorporar diversidad territorial y de género,  

y evaluar impactos— como pasos necesarios para convertir el acompañamiento  

post-sanción en una política pública sostenida y efectiva.  

“Mujeres privadas de libertad en Chile: educación con perspectiva de género  

como pilar de la participación y reinserción social”, elaborado por Marcela  

Gaete Vergara y Marisol Ramírez Muga (Facultad de Filosofía y Humanidades,  

Universidad de Chile) y Viviana Soto Aranda (Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile), integrantes del Grupo de Estudio Pedagogía en Encierro  

Punitivo y Protección (GEPEPP). Este documento subraya la importancia de la  

educación como derecho humano y motor de oportunidades vitales para mujeres  

encarceladas, quienes enfrentan trayectorias marcadas por la exclusión social  

incluso antes de su privación de libertad. Su aporte central consiste en proponer  

la incorporación de una perspectiva de género en el diseño e implementación de  

programas educativos, como condición necesaria para garantizar la participación  

plena de las mujeres en la vida social y política y fortalecer sus posibilidades de  

reinserción. En diálogo con los otros policy briefs de esta sección, este trabajo  

enfatiza la necesidad de articular políticas penitenciarias basadas en derechos  

humanos e innovación educativa, contribuyendo a un enfoque más inclusivo y  

equitativo de la seguridad pública en Chile.  

El policy brief “Desafíos de la reinserción social: acompañamiento post sanción  

penal”, elaborado por María Isabel Salinas Chaud y Decio Mettifogo Guerrero  

(Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de  

Chile), diagnostica una brecha estructural en la etapa posterior al cumplimiento  

de sanciones —un periodo clave para consolidar el desistimiento y la reinser-  

ción— y recuerda que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084)  

introdujo la noción de “plena integración social”, mientras que la Ley 21.527  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

1. CRISIS CARCELARIA EN CHILE: LA URGENTE NECESIDAD  

DE INNOVAR  

Guillermo Sanhueza Olivares  

School of Social Work,  

Loyola University Chicago  

https://orcid.org/0000-0003-1971-7362  

gsanhueza@luc.edu  

Jorge Delva  

School of Social Work,  

Boston University  

jdelva@bu.edu  

Richard Weber  

Centro de Sistemas Públicos,  

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6351-1065  

richard.weber@uchile.cl  

INTRODUCCIÓN  

El sistema carcelario chileno atraviesa por una severa crisis que se maniﬁesta  

en diversas problemáticas, incluyendo sobrepoblación y hacinamiento, altos  

niveles de violencia, falta de programas de reinserción, importantes problemas  

de salud mental y ausentismo laboral en el personal penitenciario, y una alta  

reincidencia delictual. En este precario contexto, la reintegración efectiva de  

las personas encarceladas se vuelve muy problemática e improbable ya que, al  

salir de la cárcel, las personas enfrentan diversas barreras que se combinan con  

una serie de hándicaps o desventajas acumuladas que fueron, probablemente,  

ampliﬁcadas por la experiencia de encarcelamiento.  

Al mismo tiempo, un prerequisito olvidado para procesos de reinserción efectivos  

lo constituye el desarrollo de políticas penitenciarias basadas en evidencia y  

el contar con datos de buena calidad en los distintos niveles de la cadena de  

justicia criminal (IADB, 2023), incluyendo información que permita coordinar  

esfuerzos entre el sistema penitenciario y los gobiernos regionales/municipales  

para fortalecer estrategias de reinserción a nivel local. El presente capítulo aborda  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

como problemática la falta de un sistema de datos pertinente, integrado, y de  

fácil visualización y uso por parte de Gendarmería de Chile como un insumo  

crítico para el mejoramiento de la gestión penitenciaria y las posibilidades de  

reinserción de las personas privadas de libertad. En base al proyecto FONDEF  

ID21I10255 —donde se desarrolló y validó un prototipo TRL-4 para Gendarmería—  

presentamos algunos de los resultados del estudio en cuanto a una serie de  

indicadores (condiciones de vida de las personas privadas de libertad, situación  

de salud mental de los internos/as del país, salud mental del personal, entre  

otras) para luego, en base a la evidencia, sugerir algunos lineamientos para la  

política pública.  

se relaciona con los datos con los que la institución trabaja. En efecto, la falta  

de datos integrados, oportunos, de buena calidad y fáciles de interpretar ha  

sido por largo tiempo un factor que diﬁculta tanto la gestión penitenciaria en  

general, como el manejo de la reinserción en particular⁴.  

Esto contrasta con buenas prácticas llevadas a cabo en países desarrollados.  

Así, por ejemplo, datos sobre la calidad de vida en prisión son recolectados de  

manera recurrente por la Inspectoría de Prisiones del Reino Unido, utilizando  

cuestionarios estandarizados como el MQPL (como el empleado en el FONDEF  

ID21I10225) y metodologías integrales de evaluación de las distintas cárceles⁵.  

En Suecia, el servicio penitenciario emplea datos propios en combinación  

con otros provenientes de otras agencias gubernamentales para monitorear  

y evaluar el impacto de los programas penitenciarios en la disminución de la  

reincidencia delictual; de esta forma se realizan valiosas sinergias multiagencia  

y se ahorran importantes costos⁶. En Países Bajos, la recolección y análisis de  

datos se concentra en detectar las necesidades de intervención y tratamiento  

de la población carcelaria, de modo de ofrecer programas personalizados de  

apoyo a la reinserción de estos⁷.  

PROBLEMA/OPORTUNIDAD  

Un sistema carcelario en crisis y la necesidad de mejores datos  

En la actual situación de crisis de seguridad que afecta al país, las cárceles  

chilenas han enfrentado un crecimiento explosivo de su población, pasando de  

albergar a cerca de 44.000 personas privadas de libertad en 2022 a más de  

63.000 en lo que va de 2025¹. No obstante, las cárceles chilenas —aún antes de  

esta última “crisis”— ya venían presentando diversas problemáticas relacionadas  

a una infraestructura deteriorada, altos niveles de violencia entre internos, escaso  

acceso a programas de reinserción, maltrato institucional hacia los reclusos,  

un personal con graves problemas de salud mental y poca preparación y, en  

general, gobiernos poco dispuestos a invertir en el mejoramiento del sistema².  

Si bien actualmente Gendarmería cuenta con una unidad llamada “Estadística  

Penitenciaria”, encargada de generar algunos indicadores de monitoreo insti-  

tucional relacionados con la población penal, gran parte de estas variables se  

reﬁeren a características sociodemográﬁcas, tipo de delito cometido, o marcas  

personales que faciliten la identiﬁcación y eviten la suplantación de identidad  

(como tatuajes). En otras palabras, la institución penitenciaria carece de indica-  

dores sobre variables relevantes en la vida penitenciaria y en los procesos de  

reinserción, las cuales sí se recopilan en países desarrollados⁸.  

Aunque algunos han señalado que el sistema carcelario chileno aún parece  

estar en una mejor posición relativa que sus contrapartes en la región³, este  

es precario al ser examinado frente a países desarrollados donde se gestiona  

mejor la reinserción. Esta precariedad carcelaria suele observarse —especial-  

mente a través de la inﬂuencia de los medios de comunicación masivos— en  

términos del hacinamiento, existen otros problemas más invisibles: uno de ellos  

4

5

6

Sanhueza, G. (2023). “Datos y gestión penitenciaria en Chile: ¿herramientas para la rein-  

serción?”. Estudios de Políticas Públicas, 9(2), 85-96.  

1

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and Reoﬀending”. Justice Quarterly, 37(2), 358-381. DOI: 10.1080/07418825.2019.1601016  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

Un trabajo reciente de Sanhueza9 resume los diversos problemas de datos que  

tiene el sistema carcelario chileno y que obstaculizan una gestión más eﬁcaz  

de la información (y de la reinserción). Entre ellos, destacan:  

programas de reinserción), o con la inﬂuencia de las redes criminales o grupos  

de pares en su interior¹⁰. Asimismo, el sistema penitenciario chileno requiere  

herramientas propias de auto-observación y análisis permanentes, de modo de  

analizar datos de manera más ágil y poder responder así al cambiante entorno  

que enfrenta.  

•

•

•

•

Ausencia de códigos y etiquetas únicas para identiﬁcar individuos y/o  

sus características, incluyendo variables importantes en criminología  

moderna (territorios de origen, actitudes antisociales, sistemas de creen-  

cias, consumo de sustancias, etc.).  

Sin esta inversión pendiente, la institución penitenciaria seguirá muy probable-  

mente replicando varios de los problemas descritos anteriormente. Asimismo,  

parece necesario expandir los indicadores de reinserción a variables que vayan  

más allá de la consideración de meras características de los individuos11 y puedan  

incluir características de los propios recintos carcelarios y de los territorios donde  

retornarán una vez que dejen la prisión, incluyendo los servicios disponibles.  

Bases de datos deﬁcientes, con errores de tipeo debido a la digitación  

manual de información, vinculado a una gran heterogeneidad en los  

mecanismos de completar la información, variando por región, cárcel y  

funcionario/a encargado/a en cada unidad penal.  

Inexistencia de llaves que vinculen las bases de datos entre sí, incluyendo  

diﬁcultades para relacionar la conducta individual con la oferta de rein-  

serción. Fragmentación o inexistencia de variables relacionadas al Plan  

de Intervención Individual (PII) en los sistemas de registro.  

La escasa efectividad penitenciaria como un costoso problema de seguridad  

pública  

La reducción de la reincidencia ha sido identiﬁcada como uno de los objetivos  

primordiales al cual los sistemas carcelarios deberían aspirar¹², siendo un indi-  

cador crucial para evaluar la eﬁcacia del encarcelamiento y, con ello, la seguridad  

pública. En Chile, existen solo dos estudios públicos sobre reincidencia delictiva,  

llevados a cabo por Fundación Paz Ciudadana13 y por Gendarmería¹⁴, los que  

han estimado la reincidencia entre 42%-50% para quienes egresan de la cárcel.  

Lentitud en el procesamiento de datos, ya que requiere de personal  

especializado, no siempre disponible. Dependencia excesiva de personal  

de una Unidad específica, quienes, en caso de vacaciones o licen-  

cias médicas, no están disponibles, impidiendo el procesamiento de  

información.  

En Chile, se estima que cerca del 65% de los criminales son reincidentes y más  

del 50% de los sentenciados vuelven a recintos penales por el mismo tipo de  

delito que cometieron inicialmente¹⁵. De este modo, y en base a evidencia empí-  

rica de países desarrollados¹⁶, el mejorar la calidad de vida intrapenitenciaria,  

•

•

Carencia de software especializado en manejo y procesamiento de datos  

por parte de Gendarmería y sus equipos técnicos, almacenando la mayor  

parte de la información en planillas Excel.  

Información no presentada ni optimizada para una toma de decisiones  

ágil. Falta de apoyo visual para presentar información relevante y la inca-  

pacidad de comunicar a audiencias externas los problemas y necesidades  

del servicio penitenciario en reinserción, diﬁcultando la solicitud de apoyo  

ﬁnanciero.  

10 Wichard, C., Schaefer, D. R. & Kreager, D. A. (2019). “Charting the Hidden City:  

Collecting Prison Social Network Data”. Social Networks, 69, 170-179. DOI: 10.1016/j.  

socnet.2019.09.005  

11  

Sanhueza, G. (2023). “Datos y gestión penitenciaria en Chile: ¿herramientas para la rein-  

serción?”. Estudios de Políticas Públicas, 9(2), 85-96.  

•

Escasez de recursos humanos debidamente entrenados y capacitados  

en lógica de datos en las unidades penales, amenazando la validez y  

conﬁabilidad de los informes.  

12 Lowenkamp, C.; Holsinger, A. & Cohen, T. (2015). “PCRA revisited: Testing the validity of  

the federal Post Conviction Risk Assessment (PCRA)”. Psychological services, 12. DOI:  

10.1037/ser0000024.  

13 Fundación Paz Ciudadana (2013). Evaluación del sistema concesionado versus el siste-  

ma tradicional en la reducción de la reincidencia delictual. Santiago, Chile.  

En la misma línea, también existen diﬁcultades para vincular la conducta de los  

individuos con las variables de los recintos penitenciarios o con los fenómenos  

que ocurren en ellos (cantidad de funcionarios por turno, nivel de hacinamiento,  

14 Gendarmería de Chile (2013). “La Reincidencia: Un desafío para la Gestión del Sistema  

Penitenciario Chileno y las Políticas Públicas”. Estudio de Reincidencia de individuos  

egresados el año 2010. Santiago.  

15 Morales, A.M. (2012). “La política criminal contemporánea: Inﬂuencia en Chile del discurso  

de la ley y el orden”. Política criminal, 7(13), 94-146.  

9

Sanhueza, G. (2023). “Datos y gestión penitenciaria en Chile: ¿herramientas para la rein-  

serción?”. Estudios de Políticas Públicas, 9(2), 85-96.  

16 Auty, K. M. & Liebling, A. (2020). “Exploring the Relationship between Prison Social Climate  

and Reoﬀending”. Justice Quarterly, 37(2), 358-381. DOI: 10.1080/07418825.2019.1601016  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

la gestión carcelaria y las herramientas de reinserción a través de mejores  

datos debería redundar en una disminución de la reincidencia y en el freno a  

la criminalidad organizada al interior de los recintos¹⁷.  

camente menores niveles de bienestar y en algunos casos mayores niveles de  

miedo, mientras que víctimas de crímenes violentos presentan mayor estrés.  

En otra arista, según una encuesta nacional realizada en Alemania, publicada  

por Hanslmaier22 en 2013, la victimización y el miedo al crimen generan menor  

satisfacción con la vida.  

Uno de los efectos más inmediatos de la problemática delictiva tiene relación  

con las consecuencias sobre el bienestar de las víctimas. A ﬁnes de octubre de  

2024, la Fundación Paz Ciudadana presentó los resultados de su reporte, en el  

cual los ciudadanos que se clasiﬁcaron en un nivel de temor alto, corresponde  

a un 28% a nivel nacional, donde las mujeres se declararon como las más afec-  

tadas (33,6%). La Fundación declaró también que un 67% de los encuestados  

había reforzado la seguridad de su casa, un 75% dejó de salir a ciertas horas, y  

un 76% abandonó la intención de salir a ciertos lugares por miedo a ser víctima  

de la delincuencia, según el Índice Paz Ciudadana de 2024.  

Evidentemente, el crimen también genera enormes costos económicos al Estado  

y a la sociedad. Ya en 2015 Jaitman y sus colegas estimaban los costos del  

delito para América Latina y Chile no solo en términos de altos porcentajes del  

PIB, sino también costos en el bienestar, costos indirectos y otros no solamente  

económicos. Saens, también para 2015 señalaba que el costo total de la delin-  

cuencia aumentó desde un 1,71% del PIB en 1994 a un 2,58% del PIB en 2014.  

Por su parte, un estudio de Zaror y Vinagre23 en 2016 plantea que para el año  

anterior la delincuencia tuvo un costo para Chile de un 2,03 % del PIB, de los  

cuales más de un 70% proviene de gastos del sector público. Por último, un  

estudio del BID publicado en 2015 estima que el costo del crimen en el país es  

del 2,4% del PIB. Utilizando estas aproximaciones, se estima que ya en 2019  

el delito en Chile tuvo un costo de más de 7 mil millones de dólares para la  

sociedad, de los cuales, gran parte es desembolsada directamente por el Estado.  

Distintas voces autorizadas han planteado la necesidad del Estado de hacerse  

cargo de la situación actual de la delincuencia en Chile, y de innovar en posi-  

bles soluciones. Por ejemplo, el académico Mauro Basaure señalaba en 2022  

que “cuando las políticas públicas no están teniendo los resultados esperados,  

y se enfrentan escenarios de crisis de seguridad y de potencial peligro anti-  

democrático, la innovación se vuelve obligatoria (…) la situación del país torna  

urgente la innovación en los modos de atacarla”¹⁸. Ha sido demostrado mediante  

numerosos estudios que, para el combate a la delincuencia, no son suﬁcientes  

enfoques tradicionales desde la academia o desde las políticas públicas, ya  

que éstos no han resultado efectivos por sí solos, sino que más bien deben  

acompañarse durante todo el proceso de nuevas tecnologías, y de un aumento  

en la inteligencia computacional y técnicas analíticas más soﬁsticadas¹⁹.  

Territorios y contextos locales invisibilizados en la reinserción  

Otro aspecto que no está siendo adecuadamente considerado al hablar de rein-  

serción y reincidencia es el rol que juega el territorio local en estas dinámicas.  

En efecto, de acuerdo a nuestro trabajo adelantado, existen diversas barreras  

y nudos críticos que operan a nivel local para favorecer la reinserción de las  

personas que han estado encarceladas²⁴. En el proyecto FONDEF, Gendarmería  

facilitó más de 44.000 direcciones (anonimizadas) de personas privadas de  

libertad de todo Chile, las cuales se limpiaron, normalizaron y georeferenciaron  

para conocer a qué barrios retornan las personas al salir de prisión.  

Más allá de su volumen e incidencia, la proliferación de reincidencia delic-  

tual, victimización e inseguridad no solo tiene efectos en las víctimas, sino que  

sobre la sociedad en su conjunto al generar un clima emocional negativo²⁰. En  

esta línea, un estudio a nivel nacional en los Países Bajos llevado a cabo por  

Denkers y Winkel21 identiﬁcó que las víctimas de delitos reportaban sistemáti-  

En este sentido, la dimensión territorial y la vinculación del sistema penitenciario  

con las realidades locales constituye un foco importante de la reinserción, pues  

en la actualidad prácticamente no existen cruces de datos entre Gendarmería y  

17 Dias, C. C. N. (2011). Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consoli-  

dação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. Doctoral  

Dissertation, Universidade de São Paulo.  

18 Basaure,M.(2022).“Ladelincuenciapuedeponerenriesgoalademocracia”.CIPER.https://  

22 Hanslmaier, M. (2013). “Crime, fear and subjective well-being: How victimization and street  

www.ciperchile.cl/2022/10/25/la-delincuencia-puede-poner-en-riesgo-a-la-democracia/.  

crime aﬀect fear and life satisfaction”. European Journal of Criminology, 10(5), 515-533.  

19 Sachoulidou, A. (2023). “Going beyond the “common suspects”: to be presumed inno-  

cent in the era of algorithms, big data and artiﬁcial intelligence”. Artiﬁcial Intelligence and  

Law, 1-54.  

23 Zaror, Y. Vinagre, A. (2016). El costo de la delincuencia en Chile: 2013-2015. Libertad y  

Desarrollo.  

24 Sanhueza, G., Ponce, F. & Godoy, I. (2022). “Getting out prison in Chile: uneven territorial  

concentrations and municipal absence”. Critical Proposals in Social Work, 2(4), 78-100.  

DOI: 10.5354/2735-6620.2022.64890  

20 Muratori, M. & Zubieta, E. (2016). “La inseguridad subjetiva como mediadora del bienestar  

social y clima emocional”. Revista psicodebate: psicología, cultura y sociedad, 16(2), 95-120.  

21 Denkers, A. J. & Winkel, F. W. (1998). “Crime victims’ well-being and fear in a prospective  

Godoy, I. y Sanhueza, G. (2022). “Dejar la cárcel y vivir en la pobreza en el Gran Santiago”.  

Persona y Sociedad, 36(1), 29-56.  

and longitudinal study”. International review of victimology, 5(2), 141-162.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

los gobiernos regionales ni municipales, de modo que, a pesar de que teórica-  

mente sería posible saber quiénes saldrían de prisión, cuándo lo harían, y a qué  

territorios retornarán, debido a la falta de un sistema de datos integrados, estos  

cruces de datos nunca se realizan de manera oportuna y certera, perdiéndose  

desde Trabajo Social académicos y personal caliﬁcado provenientes de otras  

disciplinas, tales como Ingeniería, Derecho, Salud Mental, Ciencia Política,  

Geografía, Sociología, y Ciencia de Datos.  

El proyecto FONDEF se comenzó a preparar durante la segunda mitad de 2020,  

fue postulado en marzo 2021, y fue adjudicado poco más tarde (noviembre  

2021). Una vez que comenzamos la implementación del proyecto, establecimos  

cuatro etapas, de modo de dividir los productos a realizar y el trabajo entre los  

miembros del equipo. La ﬁgura 1 muestra cada una de ellas, las cuales tomaron  

en promedio 6 meses.  

valiosas oportunidades de gestionar mejor el egreso de la cárcel y la reinser  

-

ción a nivel local.  

Iniciativas actuales: construir cárceles  

En el contexto de crisis de seguridad que atraviesa el país, la cárcel tiende a  

ser vista como “la solución” para combatir eﬁcazmente el crimen, a través de  

lo que se ha denominado “populismo punitivo”²⁵, el cual demanda del Estado  

y las políticas públicas “más cárcel” como respuesta —supuestamente disua-  

siva— para terminar con la delincuencia. Sin embargo, la cárcel y su funciona-  

miento en Chile genera diversos problemas que afectan no solo la dignidad de  

las personas privadas de libertad —violentando muchas veces sus derechos  

fundamentales— sino que, asimismo, impacta de vuelta a la sociedad a través  

de altos índices de reincidencia delictiva.  

Figura V-1. Etapas de Implementación  

Así, para enfrentar la crisis carcelaria se tiende a pensar en nuevas cárceles casi  

como la única solución al problema. Sin embargo, construir una nueva cárcel  

es caro, lento (toma cerca de una década desde que se da la aprobación admi-  

nistrativa hasta que la cárcel comienza a recibir internos) y genera una serie  

de externalidades negativas y resistencias en las comunidades. Por otra parte,  

una mejor gestión es menos costosa, factible de implementarse más rápido, y  

generadora de resultados visibles en un plazo más acotado.  

El prototipo se generó utilizando los servicios de Amazon Web Services (AWS),  

una de las principales plataformas que permite la computación en la nube y brinda  

acceso a la nube a pedido mediante un sistema de pago por uso²⁶. Actualmente  

está disponible en la nube y, por ende, puede ser accesible desde cualquier  

parte del país, teniendo conexión a internet y las claves de acceso necesarias.  

Producción de conocimiento: Metodología  

Dado el contexto de crisis carcelaria arriba descrito —el cual venía incubándose  

ya desde hace años, pero se ha agravado recientemente— y su enorme impacto  

en las personas privadas de libertad, en las propias comunidades de donde las  

personas retornan, y también en la seguridad pública del país, es que se hacía  

urgente visibilizar la crisis y generar impactos en la política pública, de modo  

de intentar revertirla.  

La recolección de datos primarios se llevó a cabo en 20 cárceles chilenas,  

distribuidas a lo largo de las 16 regiones del país. El estudio fue aprobado por el  

Comité de Ética de la Universidad de Chile y no se entregaron incentivos mone-  

tarios por la participación. Un total de 1.159 encuestados ﬁnalmente aceptaron  

participar en nuestro estudio —equivalentes a un 81,5% de tasa de respuesta—  

siendo todos ellos personas condenadas (hombres y mujeres) seleccionadas  

mediante un muestreo aleatorio simple, con un nivel de conﬁanza del 95%. A  

Ahora bien, el proyecto se pensó desde un inicio de manera colaborativa e inter-  

disciplinaria, anticipando que serían necesarias distintas miradas para abordar  

un problema complejo como era la falta de buenos datos como prerrequisito  

para una mejor gestión penitenciaria y de la reinserción. Así, fueron convocados  

25 Morales, A.M. (2012). “La política criminal contemporánea: Inﬂuencia en Chile del discurso  

26 Murty, J. (2008). Programming Amazon Web Services - S3, EC2, SQS, FPS, and SimpleDB  

de la ley y el orden”. Política criminal, 7(13), 94-146.  

(1st edition). O’Reilly.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

cada individuo preseleccionado se le consultó sobre su participación voluntaria  

en el estudio, la cual se expresaba en un consentimiento informado. Una vez  

formalizado el consentimiento, cada participante completaba los cuestionarios  

del proyecto en una sesión de aproximadamente 30 minutos.  

para el trabajo; la relación con los compañeros; el nivel de seguridad personal  

percibido tanto dentro como fuera de la prisión; la percepción de orden; el  

grado de organización del centro penitenciario donde trabaja; el apoyo a las  

tareas de reinserción; el grado de conocimiento de la normativa; y el grado  

de inﬂuencia o presión mediáticas para tomar determinadas decisiones en su  

trabajo con la población penal.  

INSTRUMENTOS Y DATOS SECUNDARIOS UTILIZADOS  

Salud mental  

Calidad de vida de las personas privadas de libertad  

Dado que los problemas graves de salud mental suelen ser más prevalentes  

dentro de las cárceles que en la población general³¹, quisimos incluir una encuesta  

complementaria que pudiera sondear problemáticas graves de salud mental,  

tanto entre las personas encarceladas como entre los funcionarios penitencia-  

rios. De este modo, elegimos el Cuestionario de Salud General³², un instrumento  

validado internacionalmente, destinado a identiﬁcar problemas críticos que  

afectan la salud mental; aunque no ofrece un diagnóstico, su uso ha permitido  

identiﬁcar e intervenir rápidamente en problemas graves de salud mental.  

En el caso de las personas privadas de libertad, el proyecto empleó el cuestio-  

nario Measuring Quality of Prison Life (MQPL), cuyo trabajo original proviene  

de Alison Liebling y sus colegas²⁷, aunque empleamos una adaptación de su  

esquema para el contexto chileno²⁸. Los temas consultados fueron infraestructura,  

acceso a programas de reinserción, relaciones entre los reclusos y el personal,  

las interacciones con otros reclusos, y el régimen carcelario.  

Calidad de vida de funcionarios penitenciarios  

Territorios donde retornan las personas encarceladas una vez en libertad  

Dada la importancia de indagar en las condiciones de trabajo de los funcionarios  

y los escasos estudios previos en la materia en el país, optamos por aplicar una  

adaptación del Cuestionario de Calidad de Vida del Personal (Staﬀ Quality of  

Life [SQL])29 a una muestra de 1.158 funcionarios penitenciarios de los mismos 20  

recintos. Este instrumento ha sido ampliamente utilizado en el Reino Unido y otros  

países desarrollados para monitorear las condiciones laborales del personal³⁰.  

Así, el cuestionario recogió datos respecto de la relación del funcionario con la  

dirección del centro penitenciario; la conﬁanza y valoración de la jefatura hacia  

el funcionario; el grado de apego institucional; la carga de trabajo; la motivación  

La dimensión territorial y su vinculación con las cárceles constituyó un foco  

importante de nuestro análisis ya que, según algunos trabajos preliminares,  

existen diversas barreras que operan a nivel local para favorecer la reintegración  

de las personas que han estado encarceladas³³. El servicio penitenciario nos  

proporcionó más de 44.000 direcciones (anonimizadas) de personas encar-  

celadas en todo Chile, las que fueron posteriormente limpiadas, normalizadas  

y georreferenciadas para establecer a qué regiones, comunas y barrios las  

personas podrían retornar al salir de prisión.  

27 Liebling, A. (2004). Prisons and their moral performance: A study of values, quality, and  

prison life. Oxford University Press.  

Liebling, A., Hulley, S., & Crewe, B. (2011). “Conceptualising and measuring the quality of  

prison life”. The SAGE handbook of criminological research methods, 358-372.  

28 Sanhueza, G. y Pérez, F. (2019). “Explorando el ‘desempeño moral’ en cárceles chile-  

nas y su potencial para la reinserción social”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  

Sociales, 236, 83-110.  

31 Abello, C., Pacheco, M. y Sanhueza, G. (2023). “Funcionarios penitenciarios en  

Latinoamérica: calidad de vida, condiciones laborales y principales problemáticas”.  

Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 25(1), 20-29.  

Sanhueza, G., Ortúzar, C. y Valenzuela, E. (2015). El desempeño moral de las cárceles  

chilenas: un estudio piloto en Colina II. Propuestas para Chile 2015. Universidad Católica  

de Chile, Centro de Políticas Públicas.  

Bravo, O. A. (2021). “Salud mental y resocialización: tensiones y desafíos: tensiones y  

desafíos”. Teoría e Cultura, 16(2).  

32 Goldberg, D. P. & Hillier, V. F. (1979). “A scaled version of the General Health Questionnaire”.  

29 Liebling, A., Hulley, S. & Crewe, B. (2011). “Conceptualising and measuring the quality of  

Psychological Medicine, 9(1), 139-145.  

prison life”. The SAGE handbook of criminological research methods, 358-372.  

33 Sanhueza, G., Ponce, F. & Godoy, I. (2022). “Getting out prison in Chile: uneven territorial  

concentrations and municipal absence”. Critical Proposals in Social Work 2(4), 78-100.  

DOI: 10.5354/2735-6620.2022.64890  

30 Crewe, B., Warr, J., Bennett, P. & Smith, A. (2014). “The emotional geography of prison life”.  

Theoretical criminology, 18(1), 56-74.  

Liebling, A., Hulley, S. & Crewe, B. (2011). “Conceptualising and measuring the quality of  

prison life”. The SAGE handbook of criminological research methods, 358-372.  

Godoy, I. y Sanhueza, G. (2022). “Dejar la cárcel y vivir en la pobreza en el Gran Santiago”.  

Persona y Sociedad, 36(1), 29-56.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

Producción de conocimiento: Resultados y evidencias  

Calidad de vida de las personas privadas de libertad  

Una vez terminado el prototipo y su interfaz visual, los distintos datos fueron  

desplegados en un dashboard que estaba alimentado de diversas fuentes,  

incluyendo calidad de vida de los internos, calidad de vida de funcionarios,  

dotaciones de personal, características sociodemográﬁcas de los internos,  

características de funcionarios, variables territoriales, entre otros. Esta interfaz  

visual se muestra en la ﬁgura 2, donde se puede apreciar la primera capa del  

prototipo y se despliegan las distintas dimensiones consideradas: i) calidad de  

vida de los internos, ii) calidad de vida de funcionarios, iii) elementos de reinser-  

ción, iv) aspectos territoriales de reinserción, v) estado de situación carcelaria, vi)  

trayectorias de las personas encarceladas y vii) aspectos legales y normativos  

de la gestión penitenciaria. En esta primera vista se despliegan estas distintas  

dimensiones en un menú (costado izquierdo), algunos indicadores numéricos  

(entre 1 y 5) que señalan el promedio a nivel nacional de dichas variables (mejores  

puntajes representan una mejor situación), y datos estadísticos a nivel de todo  

el país.  

Cada una de las subdimensiones del MQPL se puede visualizar en el prototipo,  

de modo de analizar la composición del indicador y/o generar comparaciones  

entre establecimientos. La variable “Acceso a Programas” detalla el acceso de  

las personas privadas de libertad a los siete tipos de programas que se ofrecen  

con mayor frecuencia en las cárceles chilenas: oportunidades de trabajo remu-  

nerado, capacitación laboral, oportunidades de encuentro con el trabajador  

social, oportunidades de encuentro con el psicólogo, acceso a atención médica  

y paramédica, oportunidades de asistir a la escuela penitenciaria y acceso a un  

taller sobre drogas o alcohol.  

A nivel nacional, los encuestados señalaron que entre las situaciones más  

problemáticas estaba la temperatura inadecuada en las celdas o módulos como  

el principal problema de habitabilidad (promedio de 2,67 medido en escala de  

1-5). Otro aspecto con problemas fue el (escaso) acceso a programas de reinser-  

ción, especialmente lo difícil que era acceder a trabajo remunerado (promedio  

2,32), acompañado de diﬁcultades para acceder a atención psicológica en las  

cárceles (promedio 2.40).  

Cuando se les consultó respecto a las interacciones con otros internos (Alfa =  

0.74), los resultados más negativos que se reportaron fueron “en esta cárcel  

se abusa de los internos más débiles” (3.25, en escala 1-5 donde 1: nunca y 5:  

siempre) y “en esta cárcel temo por mi integridad física” (2.62). En cuanto a la  

relación interno-funcionario (Alfa = 0.92), los ítems más bajos fueron “siento  

que los funcionarios confían en mí” (2.77) y “los gendarmes [funcionarios] se  

preocupan por mí” (2.84).  

Figura V-2. Vista inicial de usuario, prototipo de gestión integrada para la reinserción  

Considerando la percepción de los encuestados en cuanto al régimen carce  

-

lario (Alfa = 0.80) los resultados más bajos fueron el desconocimiento de los  

internos para hacer reclamos formales (2.88), y tiempos de respuesta a solici-  

tudes formales de los internos (2.90). En cuanto al funcionamiento de la cárcel  

(Alpha = 0.83), los principales problemas detectados a nivel nacional fueron el  

aburrimiento (“mi vida en esta cárcel es aburrida” = 3.72), el ítem “el ambiente  

de esta cárcel es tenso” (3.45), y la percepción de corrupción (“en esta cárcel  

las cosas se mueven con plata” que alcanzó un puntaje de 3.40). Asimismo, el  

reporte sobre consumo de drogas resultó alto (“hay mucho consumo de drogas  

en esta cárcel” 3.18).  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

Calidad de vida de los funcionarios penitenciarios  

psicopatología (llegando incluso en ciertos centros penitenciarios hasta el 25%).  

Además, considerando que la psicopatología es un trastorno grave —cuyas  

causas y consecuencias también pueden verse exacerbadas por el encierro—  

estos porcentajes podrían aumentar rápidamente y/o manifestarse de forma  

violenta o incluso brutal dentro del contexto carcelario³⁵.  

En base a la propuesta de Liebling y sus colegas³⁴, incluimos diversas variables  

relativas a las condiciones de trabajo y funcionamiento de la cárcel desde la  

mirada de quienes allí trabajan. Consideramos la relación con la jefatura del  

penal; la conﬁanza y valoración de la jefatura hacia el funcionario; el grado de  

apego institucional; la carga de trabajo; la motivación por el mismo; la relación  

con los compañeros; la percepción de seguridad tanto dentro como fuera del  

espacio laboral (la cárcel); la percepción de orden y grado de organización del  

recinto donde trabaja; el grado de respaldo para tareas de reinserción; el grado  

de conocimiento de la normativa penitenciaria; y la percepción de ser presio-  

nado por los medios o por el ambiente para tomar decisiones de su trabajo. La  

interfaz se muestra en la ﬁgura 3:  

Salud mental del personal penitenciario  

Más aún, el porcentaje promedio de personal con presencia de alguna psico-  

patología (considerando los 20 centros penitenciarios de la muestra) alcanzó  

un 20%, aunque con importantes variaciones de centro a centro. Por ejemplo,  

la ex Penitenciaría de Santiago presentaba un 40% de su personal con alguna  

psicopatología. Los resultados destacaron que los problemas comunes de los  

funcionarios eran las preocupaciones que impactaban negativamente el sueño,  

sentirse constantemente agobiado o tener mucha tensión y diﬁcultades para  

disfrutar de las actividades diarias y concentrarse bien en lo que uno estaba  

haciendo³⁶.  

Figura V-3. Interfaz inicial de la plataforma para la dimensión  

“Calidad de Vida de funcionarios”  

Comparaciones entre sistema público y privado37  

Nuestro estudio también facilitó la realización de comparaciones entre el sistema  

de cárceles públicas y concesionadas, al haber levantado datos en siete recintos  

operados por privados. Así, por ejemplo, en cuanto a la habitabilidad, los internos  

de cárceles privadas señalaron una mejor percepción de la calidad de los baños  

(t = -6.98; p<0.000), dormir en un lugar limpio (t = -2.72; p<0.01), mejor ventilación  

de sus celdas (t = -2.43; p<0.01) y más luz natural en la celda (t = -2.86; p<0.000),  

en comparación con los internos de cárceles públicas.  

Respecto al acceso a programas, las personas privadas de libertad en recintos  

operados por privados (concesionados) reportaron tener un mejor acceso a  

acceder a trabajo remunerado (t = -2.37; p<0.01); recibir capacitación laboral  

(t = -5.13; p<0.000); poder hablar con el/la asistente social (t = -9.18; p<0.000);  

conversar con psicólogo/a (t = -9.81; p<0.000); y acceder a programa de trata-  

miento de drogas (t = -7.39; p<0.000).  

Salud mental de las personas encarceladas  

Los resultados obtenidos en la dimensión de salud mental de los internos nos  

mostraron un panorama preocupante, por cuanto los datos nacionales de la  

muestra indicaron que más del 13% de la población penitenciaria presenta alguna  

35 Sanhueza, G., Candia, J. & Zúñiga, L. (2025). “Mental Health of incarcerated people  

in Chile: a screening approach”. International Journal of Environmental Research and  

Public Health, 22, 268-281.  

36 Sanhueza, G., Zúñiga, L. & Candia, J. (2025b). “Salud mental y ausentismo laboral en  

funcionarios penitenciarios chilenos”. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 27(2),  

53-62.  

34 Liebling, A., Hulley, S. & Crewe, B. (2011). “Conceptualising and measuring the  

quality of prison life”. The SAGE handbook of criminological research methods,  

358-372.  

37 Sanhueza, G. y Zúñiga, L. (2025). “Comparando la calidad de vida en prisiones públicas y  

privadas en Chile: implicancias para la reinserción”. Revista Criminalidad, 67(2).  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

En cuanto a las interacciones y convivencia con otros internos, nuestros datos  

muestran que los internos de recintos concesionados se llevarían mejor con  

otros internos (t = -3.61, p<0.000); serían tratados con más respeto por otros  

reclusos (t = -2.55, p<0.01); y tendrían más amigos que los ayudarían (t=-2.31,  

p<0.05), en comparación con quienes estaban en cárceles públicas. En la misma  

línea, los internos de cárceles públicas indicaron que los reclusos débiles eran  

más abusados por otros internos (t = 2.05, p<0.05).  

rupturas en el tejido social³⁹. La ﬁgura 4, a continuación, muestra dos de los  

mapas de calor generados en el marco del prototipo, que muestran las concen-  

traciones de personas que dejan la cárcel en el Área Metropolitana.  

Figura V-4. Concentraciones de personas que  

dejan la prisión en 2022. Chile Central y Santiago  

Sur  

En cuanto al régimen de la cárcel, las personas recluidas en centros privados  

reportaron que las reglas eran más claras (t = -3.39; p<0.000); la administración  

respondía más rápido los escritos de los internos (t = -3.20; p<0.01); los guardias  

actuaban más rápido cuando había emergencias (t =-2.34, p<0.05); y que recibían  

un trato más justo y que se respetaban más sus derechos (t= -3.51, p<0.000)  

que los internos de cárceles públicas.  

Con relación al funcionamiento de la cárcel, los respondientes señalaron que  

los recintos concesionados funcionarían mejor (t = -2.34, p<0.01); que los guar-  

dias son más justos en su trato (t= -3.76, p<0.000) y que se tratan mejor a las  

visitas (t=-4.11, p<0.000) que en las cárceles públicas. A la inversa, los reclusos  

de cárceles públicas expresaban que la vida en recintos estatales sería más  

aburrida (t = 2.53, p<0.01); con mayor consumo de drogas (t = 5.06, p<0.000); con  

castigos más arbitrarios (t = 1.86, p>0.05); con ambientes más tensos (t = 1.88,  

p<0.05); y con más sobornos (t = 4.13, p<0.000) que en las cárceles privadas.  

Territorios donde regresan las personas una vez en libertad  

Gracias a los datos administrativos proporcionados por el servicio penitenciario  

—y previo trabajo de limpieza y normalización de las direcciones— se pudieron  

geolocalizar e identiﬁcar (de manera enmascarada, por razones éticas) los  

distintos territorios en todo el país donde los individuos saldrán de prisión y  

retornarán, con el ﬁn de establecer áreas prioritarias de intervención —por  

ejemplo, en términos de concentración de exreclusos— y, asimismo, para deter-  

minar brechas entre los servicios sociales actualmente en operación en dichos  

territorios y las múltiples necesidades de quienes retornarán a ellos tras salir  

de la cárcel.  

Estimaciones del año 2014 solo para la Región Metropolitana establecían un  

volumen anual de poco más de 3.700 personas³⁸, sumado al hecho que dicho  

retorno se concentraba en las comunas más pobres de la región, acrecentando  

38 Godoy, I., y Sanhueza, G. (2022). “Dejar la cárcel y vivir en la pobreza en el Gran Santiago”.  

39 Davis, C., Bahr, S. & Ward, C. (2012). “The process of oﬀender reintegration: Perceptions  

Persona y Sociedad, 36(1), 29-56.  

of what helps prisoners reenter society”. Criminology & Criminal Justice, 13, 446-469.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

los equipos que hacen intervención psicosocial al interior de las cárceles; un  

énfasis burocrático en cumplir listas de chequeo por sobre consideraciones de  

calidad; y diversas rigideces en los contratos de concesión.  

Características sociodemográﬁcas y trayectorias de las personas encarceladas  

En el sistema público, en cambio, la escasez de recursos de infraestructura, ﬁnan-  

cieros y de recursos humanos serían la tónica al realizar intervención psicosocial  

en cárceles públicas. En estas, los profesionales entrevistados mencionaron la  

falta de recursos materiales —tecnología, salas para hacer talleres, computa-  

dores, entre otros— como una importante falencia del sistema público, sumada  

a la escasez de recursos humanos de profesionales (trabajadores sociales y  

psicólogos) en el sistema y su escasa formación previa para trabajar en temáticas  

criminológicas y penitenciarias. Otro aspecto señalado fue la burocracia que  

existe dentro de los sistemas carcelarios, la cual se suma a la falta de recono-  

cimiento que existiría desde la parte uniformada (guardias y gran parte de los  

oﬁciales) hacia las tareas de reinserción que ejercen los profesionales, lo que  

redunda en una cultura organizacional distante y desconﬁada hacia las tareas  

de reinserción dentro de Gendarmería. Finalmente, otra categoría que emergió  

de los testimonios era la percepción de baja efectividad de los programas de  

reinserción, especialmente en el sentido de que la intervención psicosocial  

con las personas privadas de libertad presentaría diversas inconsistencias en  

la forma de implementar el modelo RNR y ejecutar las intervenciones.  

De las 1.159 personas privadas de libertad encuestadas, el 94% eran hombres y  

el 6% mujeres. La edad promedio fue de 37,7 años, y el 34,7% de ellos declaró  

haber pasado por programas estatales relacionados con la infancia (servicios de  

protección y/o justicia juvenil) [Sename]. El 94,4% eran de nacionalidad chilena  

y más de la mitad de los encuestados había estado en prisión anteriormente  

(56,2%). En cuanto a la escolaridad formal, el 55,9% había completado la educa-  

ción primaria (equivalente a jardín infantil hasta octavo grado), el 19,6% había  

completado la educación media (equivalente a noveno grado hasta duodécimo  

grado) y solo el 3,2% había completado la educación superior. Casi dos tercios  

de la muestra (65,8%) reportó haber estado encarcelado en esa misma cárcel  

por más de dos años.  

Entrevistas a informantes clave  

Nuestro estudio incluyó más de 110 entrevistas a diversos informantes clave  

de todo el país, incluyendo directores regionales de Gendarmería, oﬁciales  

penitenciarios, jefes técnicos (encargados de liderar los esfuerzos reinser-  

ción a nivel regional y local), profesionales e incluso personal de las empresas  

concesionarias (en las cárceles operadas por privados). Los resultados de estas  

entrevistas sugieren que existen barreras de distinto nivel que diﬁcultan una  

reinserción más efectiva.  

Desafíos pendientes  

Actualmente, nuestra plataforma integra diversos datos previamente dispersos  

en planillas Excel combinados con varios datos primarios inéditos para el sistema  

carcelario chileno, facilitando la toma de decisiones más informadas. Los datos  

incluyen indicadores sobre la situación de los internos, el personal penitenciario  

y diversos indicadores relevantes para cada cárcel. En este sentido, el proyecto  

FONDEF representa un avance signiﬁcativo en la gestión penitenciaria y la  

reinserción en Chile ya que ofrece datos precisos y herramientas analíticas  

más avanzadas, sentando las bases para una política pública más informada  

y efectiva, que podría transformar la realidad carcelaria y social del país. La  

plataforma también incluye datos respecto a las localidades donde las personas  

encarceladas regresarán una vez que cumplan su condena, facilitando el diseño e  

implementación de programas de apoyo a la reinserción en los territorios locales.  

Los entrevistados de ambos sistemas (cárceles públicas y concesionadas) seña  

-

laban que existe preocupación por la creciente inﬂuencia del crimen organizado  

y los carteles de drogas al interior de las cárceles, lo cual ha venido a acrecentar  

los problemas que ya existían en el sistema carcelario chileno. Agregan que  

estos cambios en el entorno no han sido rápidamente respondidos desde las  

políticas de reinserción y señalaban diﬁcultades a nivel territorial para gestionar  

la reinserción social, enfatizando en las causas sociales de la criminalidad y los  

obstáculos que existen a nivel local —pandillas, pobreza, exclusión y violencia—  

para facilitar dichos procesos afuera.  

Asimismo, especíﬁcamente desde el sistema de cárceles concesionadas, varios  

entrevistados coincidían en que existen importantes nudos críticos que diﬁcultan  

la efectividad de las iniciativas de reinserción, incluyendo una baja cobertura de  

los programas de reinserción; la falta de una capacitación especializada para  

los profesionales; un alto desgaste (burnout) en los equipos que realizan inter-  

vención; falta de coordinación entre Gendarmería y la empresa concesionada  

(aunque con ciertas variaciones por recinto); bajos salarios y alta rotación en  

Aunque el proyecto ha sido bien evaluado y recibido por la propia institución  

penitenciaria, uno de los cambios urgentes en materia de reinserción dice rela-  

ción con dotar a Gendarmería de un sistema más robusto de generación, análisis  

y visualización de datos relevantes para su gestión, que esté implementado en  

todo el país, y que cuente con capacidades analíticas más avanzadas que el  

prototipo inicialmente desarrollado.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

En este sentido, aunque está la solución al alcance, falta el compromiso para  

dar el siguiente paso y —en este caso— el compromiso a instalar la plataforma  

en todo Chile. Esta etapa promete una mejora signiﬁcativa en la administración  

penitenciaria y en las oportunidades de reinserción de los internos, utilizando  

una plataforma web integrada para visualizar indicadores sobre la situación  

de los internos, el personal penitenciario y las condiciones de cada prisión. En  

este sentido, se requiere un compromiso institucional y ministerial para darle  

escalabilidad y sostenibilidad a esta iniciativa en el sistema penitenciario a  

nivel nacional.  

del personal, la dimensión motivacional hacia el trabajo bien hecho, la  

mística y cohesión internas entre los funcionarios, y la percepción de  

orden y organización de los recintos donde se trabaja.  

Salud mental de las personas encarceladas  

•

Considerando que la psicopatología es un trastorno grave —cuyas causas  

y consecuencias también pueden verse exacerbadas por el encierro—  

los resultados de nuestro estudio muestran preocupantes problemas de  

salud mental en los internos. En este sentido, como mínimo, se necesita  

un assessment o medición al ingreso de cada interno, de modo de moni-  

torear posteriormente aquellos casos de mayor riesgo.  

RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA  

En base a la información recopilada en el proyecto, sugerimos algunas líneas  

de acción:  

Salud mental del personal penitenciario  

•

Los resultados en salud mental del personal mostraron cifras iguales o  

peores que las de los propios internos. En este sentido, nos parece urgente  

crear un departamento de salud mental del personal que se encargue  

del diagnóstico, monitoreo e implementación de medidas basadas en  

evidencia para cuidar la salud mental de los funcionarios, especialmente  

de aquellos que ejercen funciones de trato directo con la población penal.  

Calidad de vida de las personas privadas de libertad  

•

Un aspecto clave para lograr una reinserción más eﬁcaz consiste en  

mejorar la cobertura a programas de reinserción, especialmente en lo  

relativo al acceso a trabajo remunerado, junto con la atención psicológica.  

•

Reforzar las medidas que contribuyan a disminuir la violencia entre internos  

al interior de las cárceles, especialmente hacia aquellos más internos  

débiles, reforzando la formación de los funcionarios penitenciarios para  

contribuir a un ambiente carcelario menos tenso.  

Mejorar la habitabilidad física de los recintos y los ambientes carcelarios  

•

En base a los hallazgos, un aspecto urgente de trabajar es la realización  

de inversiones básicas en términos de habitabilidad, especialmente en  

cárceles públicas, en lo que respecta a baños, dormitorios, y condiciones  

de ventilación.  

•

•

En cuanto al régimen carcelario, parece necesario generar iniciativas que  

ayuden a combatir el ocio improductivo y el aburrimiento, de modo de  

cuidar la legitimidad y estabilidad del régimen interno.  

Abordar la corrupción al interior de los recintos penitenciarios —no solo  

de manera reactiva, sino proactiva— aparece como otra sugerencia deri-  

vada de nuestros hallazgos.  

•

•

Reforzar las iniciativas de reducción de la violencia carcelaria en todo  

el sistema, con especial atención hacia los internos más débiles puesto  

que, en ambientes violentos y sin orden, la reinserción no es posible.  

Nuestros datos cuantitativos y cualitativos recolectados también refuerzan  

el rol clave que tienen los funcionarios (especialmente los de trato directo)  

en las posibilidades (o no) de una reinserción efectiva. En este sentido,  

sugerimos reforzar la formación continua del personal penitenciario en  

áreas  

Calidad de vida de los funcionarios penitenciarios  

•

En cuanto a las propuestas hacia la calidad de vida de los funcionarios,  

proponemos que es necesario reforzar la misión institucional y el apego  

de los funcionarios hacia los valores de legitimidad, probidad en la función  

pública, sentido de justicia y el grado de apego institucional.  

•

Asimismo, deberían reforzarse además la conﬁanza y valoración de la  

jefatura hacia los funcionarios de trato más directo, las cargas de trabajo  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

Generar intervenciones efectivas con la población penal  

local —pandillas, pobreza, exclusión y violencia— para facilitar procesos  

de reinserción en el exterior.  

•

Nuestros resultados sugieren que existe una baja efectividad de los  

programas de reinserción, especialmente por diversas inconsistencias  

en la forma de implementar el modelo RNR y ejecutar las intervenciones  

en el día a día.  

Consolidar una vinculación permanente de la academia con Gendarmería  

•

•

•

Dotar a Gendarmería de Chile, a través de una alianza de mediano plazo  

con la academia, de un sistema analítico integrado que recoja distintas  

fuentes de información disponible y contribuya a una mejor toma de deci-  

siones en materia penitenciaria. Se trata de generar un sistema de datos  

sólido, robusto, fácil de usar y escalable en el tiempo para los propios  

operadores penitenciarios y potencialmente también para otros actores  

involucrados en tareas de reinserción (municipios, gobiernos regionales).  

•

Para el sistema de cárceles concesionadas sugerimos que se aborden  

nudos críticos que obstaculizan la reinserción, incluyendo una baja  

cobertura de los programas de reinserción; la falta de una capacitación  

especializada para los profesionales; un alto desgaste en los equipos  

que realizan intervención; falta de coordinación entre Gendarmería y  

la empresa concesionada; bajos salarios y alta rotación en los equipos  

psicosociales; énfasis burocrático en cumplir listas de chequeo (por sobre  

calidad); y rigideces en los contratos de concesión.  

Un aspecto que consideramos clave para una exitosa instalación e imple-  

mentación de un nuevo sistema de datos para la institución penitenciaria  

es la vinculación permanente y orgánica de Gendarmería —a través, por  

ejemplo, de la Escuela Institucional— con instancias académicas. De esta  

forma, y a través de un trabajo colaborativo de largo aliento, será posible  

generar conocimiento e identiﬁcar soluciones para enfrentar problemas  

que afectan la gestión penitenciaria y de la reinserción.  

•

•

En el sistema público, se requiere abordar la falta de recursos materiales  

básicos —salas para hacer talleres, computadores, pizarras— son impor-  

tantes falencias del sistema público, sumada a la escasez de recursos  

humanos de profesionales (trabajadores sociales y psicólogos) en el  

sistema y su escasa formación previa para trabajar en temáticas crimi-  

nológicas y penitenciarias.  

A nivel normativo: cabe recordar que la regulación chilena respecto a  

toda la actividad penitenciaria se encuentra obsoleta en comparación  

a la realidad de otros países debido a que, fundamentalmente, nuestro  

país carece de una ley de ejecución de penas. La regulación a través de  

Reglamentos (Decreto #518, en el caso chileno) proviene de un modelo  

del siglo XIX donde las instituciones penitenciarias solo debían impedir  

las fugas e imponer la disciplina. El derecho comparado desde mediados  

del siglo XX ha seguido un nuevo paradigma, posición de garante del  

Estado, que no solo lo obliga impedir fugas, sino también a proteger y  

reinsertar a los internos⁴⁰.  

Otro aspecto señalado en las entrevistas con personal del sector público fue  

la burocracia que existe dentro de los sistemas carcelarios, la cual se suma a  

la falta de reconocimiento que existiría desde la parte uniformada (guardias  

y gran parte de los oﬁciales) hacia las tareas de reinserción que ejercen  

los profesionales, lo cual redunda en una cultura organizacional distante y  

desconﬁada hacia las tareas de reinserción dentro de Gendarmería.  

Reforzar el trabajo de reinserción a nivel territorial  

•

Coordinar mejor el trabajo de reinserción social a nivel territorial/local  

con gobiernos regionales y municipios, de modo de acompañar mejor  

a las personas una vez que dejen la cárcel. Para ello, un primer paso  

puede ser iniciar un trabajo piloto y focalizado en algunos territorios que  

más concentración de ex reclusos reciben, compartiendo datos entre  

Gendarmería y el gobierno regional y municipal y realizando un trabajo  

coordinado desde antes del egreso.  

CONCLUSIONES  

Hoy en día las cárceles chilenas no solo carecen de las condiciones básicas  

de dignidad del encierro, vulnerando severamente la dignidad de quienes allí  

se encuentran, sino que también lesionan y amenazan severamente las condi-  

ciones de trabajo de quienes allí se desempeñan como guardias, oﬁciales o  

personal técnico. En base a nuestros hallazgos y a los altos costos de mantener  

•

Un segundo nivel de trabajo territorial lo constituye el abordaje de las  

causas sociales del delito, puesto que el solo castigo —por sí mismo—  

resulta ineﬁcaz para erradicarlo. Se necesita abordar obstáculos a nivel  

40 Castro Morales, Á., Contreras, L. y Sanhueza, G. (2023). “Permisos de salida y libertad  

condicional como mecanismos de puesta en libertad anticipada en Chile: ¿necesidad de  

una revisión?”. Ius et Praxis, 29(3), 192-212.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

un sistema penitenciario con baja efectividad en materia de reinserción, resulta  

urgente abordar la crisis carcelaria como un asunto de dignidad humana y segu-  

ridad pública, llevando adelante profundas reformas. Los diversos problemas  

que afectan hoy a la población penitenciaria, combinados con elementos del  

entorno externo —como la alta segregación urbana y los contextos de exclusión  

social a los que retornan los individuos excarcelados— generan altas tasas de  

reincidencia que refuerzan el populismo punitivo y la falta de evidencia como  

falsos caminos para combatir la delincuencia.  

Los antecedentes expuestos permiten conﬁrmar la importancia y persistencia  

de los problemas (y oportunidades) asociados a la gestión de datos dentro  

de la institución penitenciaria chilena. Esta evidencia justiﬁca la realización de  

proyectos que permitan mejorar la integración, análisis y visualización de datos  

para las tareas de gestión carcelaria y reinserción que realiza Gendarmería, con  

el objetivo de disminuir la reincidencia y, con ello, mejorar la calidad de vida  

de toda la sociedad. De acuerdo con la experiencia internacional, este sistema  

aún requiere de pasos adicionales —actualización permanente de los datos,  

mejoras en las capacidades analíticas del prototipo, y un adecuado proceso de  

implementación y adopción por parte de Gendarmería— de modo de escalar y  

expandir el uso de tecnología y datos a las distintas áreas de la gestión peni-  

tenciaria en todo el país.  

La crisis carcelaria que enfrenta Chile y varios otros países de América Latina  

toman lugar en el contexto de una región marcada por profundas desigualdades  

sociales, herencias autoritarias que aún impactan las instituciones, una creciente  

violencia y aumento de la criminalidad, y un populismo penal que asume que los  

problemas de delincuencia se resuelven solo con más castigo. Como resultado,  

la población carcelaria ha aumentado y las condiciones de vida se han precari-  

zado aún más, lesionando fuertemente los derechos humanos de las personas  

privadas de libertad, así como también amenazando la seguridad pública al no  

generarse condiciones para una reinserción efectiva.  

Esta crisis requiere de innovación y nuevas herramientas para enfrentarla, inclu-  

yendo una mayor visibilización de la cárcel en las políticas públicas, y cambios  

urgentes en la forma de gestionar el sistema penitenciario y la reinserción. En  

un esfuerzo por enfrentar la crisis carcelaria en Chile, Trabajo Social, una profe-  

sión históricamente comprometida con los más vulnerados, lideró en 2022 un  

proyecto I+D interdisciplinario y colaborativo con Gendarmería, de modo de  

generar un prototipo integrado de visualización de datos para mejorar la gestión  

de la reinserción social.  

A través de esta iniciativa piloto, tanto el servicio penitenciario como otros toma-  

dores de decisiones (autoridades ministeriales, dirección nacional, o directores  

regionales, por ejemplo) ahora tienen acceso a información útil para gestionar  

mejor diferentes fuentes integradas de información, así como para mostrar  

a otros actores relevantes información crítica sobre las complejidades de la  

vida en prisión y las necesidades de reinserción. Con mejores datos, las crisis  

penitenciarias pueden anticiparse y gestionarse mejor, reduciendo los costos  

humanos (muertes y/o lesiones dentro de las prisiones), los costos ﬁnancieros  

(debido al deterioro de las instalaciones por motines, incendios o fugas), los  

costos atribuibles a las licencias médicas y el ausentismo laboral carcelario⁴¹.  

41 Sanhueza, G., Zúñiga, L. y Candia, J. (2025b). “Salud mental y ausentismo laboral en  

funcionarios penitenciarios chilenos”. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, 27(2),  

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V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

2. MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN CHILE. EDUCACIÓN  

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO PILAR DE LA  

PARTICIPACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL  

Marcela Gaete Vergara  

Departamento de Estudios Pedagógicos,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-1051-1168  

magaete@uchile.cl  

Viviana Soto Aranda  

Departamento de Educación,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-7818-5653  

viviana.soto.a@uchile.cl  

Marisol Ramírez Muga  

Departamento de Estudios Pedagógicos,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-4467-6294  

solmuga@uchile.cl  

Grupo de Estudio Pedagogía en  

Encierro Punitivo y Protección (GEPEPP)  

Universidad de Chile  

1. CONTEXTO Y PROBLEMA  

Este documento tiene como propósito contribuir a la discusión e implementa-  

ción de programas educativos con mujeres privadas de libertad en el país y  

entregar recomendaciones que consideren que para la participación plena de  

las mujeres en la vida social y política se requiere, necesariamente, una pers-  

pectiva de género. El derecho a la educación está establecido en la Convención  

Americana de Derechos Humanos de la ONU, que indica el compromiso de los  

Estados de llevar a cabo los mayores esfuerzos para asegurar el ejercicio efec-  

tivo del derecho a la educación. Convención en que Chile es organismo parte.  

La educación como derecho humano y movilizador de oportunidades vitales  

adquiere un signiﬁcado existencial para las mujeres encarceladas, cuyas vidas  

han estado marcadas por la exclusión social, padeciendo sus múltiples efectos  

desde antes de su encarcelamiento.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

La necesidad de esta perspectiva se agudiza por un alarmante aumento en  

la población penal femenina en Chile, que a agosto de 2025 alcanzó a 5.297  

mujeres en el sistema cerrado, lo que representa un 8.24% del total de la pobla-  

ción encarcelada⁴². Este crecimiento de casi 1.000 mujeres en tan solo dos años  

ha posicionado a Chile con la tasa de encarcelamiento femenino más alta de la  

OCDE, 21.9 mujeres por cada 100.000 habitantes⁴³. La principal causa de este  

incremento es la Ley 20.000 de 2005, que sanciona el tráﬁco de drogas. Esto  

ha llevado a un mayor encarcelamiento femenino, ya que “existe un fuerte nexo  

entre la necesidad de la mantención de los hijos e hijas y la participación en  

delitos vinculados al tráﬁco de drogas”⁴⁴.  

vulneración de derechos. En materia educativa la población femenina privada  

de libertad posee bajo nivel de escolaridad. De acuerdo con las estadísticas  

de Gendarmería de Chile (en adelante GENCHI) a agosto de 2025, el 29,2%  

contaba con la Educación Básica incompleta, un 16.7% no habían concluido su  

Educación Media, un 6,7% declara no tener escolaridad y un 37,4% contaba con  

la Enseñanza Media completa⁴⁷. Estas cifras evidencian un profundo desafío,  

no solo en la necesidad de proveer escolaridad, sino en asegurar posibilidades  

de continuidad de estudios a quienes completaron la enseñanza media y la  

implementación de programas especializados que consideren sus complejas  

trayectorias de vida.  

El sistema penitenciario chileno no está preparado para el encarcelamiento feme-  

nino. De los 82 penales existentes en el país, solo 5 son Centros Penitenciarios  

Femeninos exclusivos (ubicados en Antofagasta, Talca, Temuco, Santiago y  

San Miguel) y hay 32 secciones para mujeres dentro de establecimientos para  

hombres (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Esta situación a menudo  

obliga a las internas a cumplir sus condenas lejos de sus familias, lo que genera  

una discriminación de entrada. La situación se repite en las adolescentes infrac-  

toras de ley (14 a 18 años) que, según datos de 2023 del Servicio Nacional de  

Reinserción Social Juvenil, representan el 9.1% del total de atenciones. Ellas  

también deben cumplir su internación provisoria o condena en secciones  

segregadas dentro de centros para varones. Esta discriminación se agudiza al  

considerar que, a diferencia de los hombres, las mujeres reciben menos visitas  

durante su condena, lo que profundiza los efectos del encarcelamiento⁴⁵. Lo  

anterior, “supone un gran coste psicológico en las mujeres. El miedo a la pérdida  

de los vínculos y afectos provoca un estado de angustia que se acentúa en  

algunas épocas del año. (...) Las mujeres encarceladas cometen más suicidios  

y autolesiones que los hombres”⁴⁶.  

Por su parte, las estadísticas muestran que la maternidad es una realidad signi-  

ﬁcativa en la población femenina. Muchas son madres, algunas lo han sido  

a muy temprana edad o bien se encuentran embarazadas al iniciar su reclu-  

sión⁴⁸. En 2023, el 83.1% de las mujeres privadas de libertad eran madres y un  

74.1% tenía hijos menores de edad, porcentaje que aumentó a 85.4%, en 2024,  

según estadísticas nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

Actualmente, existen 31 unidades materno-infantiles que permiten a las mujeres  

vivir con sus hijos/as menores de dos años. Unidades, que en 2025 albergan  

a 37 mujeres embarazadas, 84 mujeres con hijos lactantes y 3 mujeres emba-  

razadas con lactantes⁴⁹.  

Chile ha avanzado en proveer las condiciones adecuadas para el cuidado y la  

atención de los(as) lactantes al interior de los centros penitenciarios, siguiendo  

la normativa internacional que regula la posibilidad de maternar tras las rejas,  

dispuesto en las Reglas de Bangkok, que dictaminan en su artículo N° 49 que  

“toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la  

cárcel se basará en el interés superior del niño. Los niños que se encuentran  

Las adolescentes infractoras de ley y las mujeres adultas en situación de  

encierro comparten condiciones de pobreza, trayectorias de violencia y  

47 Gendarmería de Chile (2025). Estadísticas de la población penal. www.gendarmeria.gob.cl  

48 Contreras, P. (2018). “Maternidad encarcelada: Análisis feminista de las consecuen-  

cias personales, familiares y sociales en mujeres privadas de libertad”. Revistas Temas  

Sociológicos, 22, 209-232. DOI: https://doi.org/10.29344/07196458.22.1683  

42 Gendarmería de Chile (2025). Estadísticas de la población penal. www.gendarmeria.gob.cl  

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43 Cuneo, S. y Fernández, M. J. (2024). “Encarcelamiento femenino en Chile. Los efectos  

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3. DOI: https://doi.org/10.17081/just.29.46.7248  

44 Cuneo, S. y Fernández, M. J. (2024). “Encarcelamiento femenino en Chile. Los efectos  

ocultos de la guerra contra las drogas en madres cuidadoras”. Justicia, 29(46), 1-15. DOI:  

https://doi.org/10.17081/just.29.46.7248  

Cuneo, S. y Fernández, M. J. (2024). “Encarcelamiento femenino en Chile. Los efectos  

ocultos de la guerra contra las drogas en madres cuidadoras”. Justicia, 29(46), 1-15. ht-  

tps://doi.org/10.17081/just.29.46.7248  

Red Nacional de Cabildos Penitenciarios (2022). Discusiones y Propuestas para un  

Nuevo Chile: Informe ﬁnal de sistematización de resultados nacionales. Chile.  

45 Sanhueza, G., Brander, F. y Reiser, L. (2019). “Encarcelamiento femenino en Chile. Calidad  

de vida penitenciaria y necesidades de intervención”. Revista de Ciencias Sociales,  

32(45), 119-145. DOI: https://doi.org/10.26489/rvs.v32i45.5  

46 Merino, A. A. (2018). “Mujeres y privación de libertad en Chile. Dimensiones de lo puni-  

tivo y discriminaciones”. Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima  

Concepción, 35(2), 79-95. DOI: https://doi.org/10.21703/issn0717-0599/2018.n35-05  

49 Gendarmería de Chile (2025). Estadísticas de la población penal. www.gendarmeria.gob.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

con sus madres nunca serán tratados como reclusos”⁵⁰. Lo anterior, presenta  

desafíos en el ámbito educativo, tanto en la atención de niños y niñas como en  

el desarrollo educativo de las madres, que en su mayoría cargan con trayectorias  

familiares y educacionales desfavorables.  

En materia de escolaridad, la Ley General de Educación54 legisla la necesidad  

de implementar adecuaciones curriculares y satisfacer las necesidades educa-  

tivas de grupos poblacionales especíﬁcos, como aquellos que se encuentran  

en recintos penitenciarios (art. 23). Más tarde, en 2017, la Ley N.º 21.040 crea el  

Sistema de Educación Pública. Esta nueva estructura, organizada en Servicios  

Locales de Educación, asumió la administración de las escuelas municipales,  

incluyendo aquellas que atienden a personas privadas de libertad y programas  

de reinserción social. Dicha ley, en el artículo 18, letra c, señala que estos deberán  

tener una “especial consideración por el desarrollo de la oferta educacional  

para las personas que se encuentren bajo cualquier régimen de privación de  

libertad o programa de reinserción social”.  

El sistema penitenciario chileno reconoce la educación como un factor crucial  

para la reinserción social, destacando su impacto positivo en la reducción de  

la reincidencia delictiva⁵¹. Desde principios del siglo XX, normativas como el  

Decreto de Ley N.º 321 (1925) y el Decreto Ley N.º 409 (1932) contemplaban la  

educación como un requisito para obtener beneﬁcios en el marco del proceso  

de reinserción social, sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la atención  

se ha centrado casi exclusivamente en garantizar los 12 años de escolaridad  

obligatoria. Esta aproximación resulta insuﬁciente para una población con histo-  

rias de vida tan complejas, especialmente si se considera que un tercio de las  

mujeres ingresa al sistema penitenciario con la enseñanza media ya ﬁnalizada.  

De este modo, la Ley N.º 21.040 representa un hito en la política pública educa-  

cional, pues es la primera vez que se legisla de manera explícita la necesidad  

de una especial consideración para el desarrollo de una oferta educativa  

en contextos carcelarios. Así, los Servicios Locales de Educación asumen la  

responsabilidad de ofrecer una atención educativa de calidad en estos centros,  

debiendo coordinarse con GENCHI y el nuevo Servicio de Reinserción Social  

Juvenil. Este avance normativo busca que las políticas y programas educativos  

no solo garanticen el derecho a la educación, sino que también incluyan un plan  

de intervención individual para cada persona privada de libertad⁵⁵. Previo a la  

legislación de 2017, la colaboración en materia de educación en recintos penales  

se gestionaba mediante convenios de colaboración entre los Ministerios de  

Justicia y Derechos Humanos, Educación y GENCHI. Entre estos, destacan el  

Decreto Ley N.º 298, suscrito en 1978, y el Convenio Interministerial N.º 1447 de  

2013, que estableció relaciones de trabajo colaborativo en el ámbito educativo.  

Al respecto, los Centros de Educación y Trabajo (CET) cuentan con un número  

limitado de plazas para la población penitenciaria femenina que cumple condena,  

y estas no se utilizan en su totalidad. Según datos del Ministerio de Justicia y  

Derechos Humanos, en 2023 la tasa de ocupación era inferior a la capacidad  

en 10 regiones del país, con un promedio total de solo el 62,1%. En cuanto a la  

participación en programas, en 2022, un poco menos del 40% de las mujeres  

condenadas accedieron a la oferta educativa, mientras que la participación en  

actividades laborales alcanzó el 66,5%. Para las mujeres imputadas, las cifras  

son aún más bajas, solo un 10,8% accede a educación y un 8,7% a trabajo⁵².  

Con respecto al acceso a otros programas educativos, un estudio de Sanhueza,  

Brander y Reiser (2019) indica que el 29,3% de las internas participa en capaci-  

tación laboral, 35,5% asiste a la escuela, 23,6% a actividades artístico-culturales  

y un 27,4% a talleres psicosociales. Estas cifras conﬁrman lo señalado por el  

Comité para la Prevención de la Tortura⁵³, que indica que las mujeres privadas  

de libertad en Chile presentan menores niveles de educación y mayores índices  

de desempleo que sus pares masculinos.  

La Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas56 de  

la División de Educación General, del Ministerio de Educación, a través de  

su propuesta de mejoramiento de la calidad y la pertinencia de los procesos  

pedagógicos en cárceles, “Educación para la Libertad” (2016), sostiene que la  

educación en el contexto carcelario es un derecho. Esta postura se fundamenta  

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está respaldada por  

la Constitución Política de Chile, que establece la obligatoriedad de 12 años de  

escolaridad. Este derecho es reforzado, además, por dos instrumentos clave,  

50 Naciones Unidas, Asamblea General (2010). Reglas de las Naciones Unidas para el tra-  

tamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delin-  

cuentes (Reglas de Bangkok). https://www.refworld.org.es/docid/4dcbb0e92.html  

54 Ley N° 2037. Establece la Ley General de Educación. 12 de septiembre de 2009. https://  

51 Gendarmería de Chile (2025). Estadísticas de la población penal. www.gendarmeria.gob.cl  

www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043  

Villagra, C. (2008). Hacia una política postpenitenciaria en Chile. RIL Editores.  

55 Welsh, G. & Campos, M. (2018). La educación en contexto de encierro y su aporte a la re-  

inserción social. Revista de Estudios Sociales, 35. DOI: https://doi.org/10.21703/issn0717-  

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52 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023). Ley 21527. https://www.leychile.cl/  

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53 Comité para la Prevención de la Tortura (2023). La invisibilidad de las mujeres en el siste-  

ma penitenciario. https://mnpt.cl/wp-content/uploads/2023/07/Resumen-Mujeres-en-el-  

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56 Ministerio de Educación. Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y  

Adultas (EPJA) de la División de Educación General. https://epja.mineduc.cl/wp-content/  

uploads/sites/43/2025/06/Educacion-para-la-libertad-2016-2018.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

por una parte, el Manual de Buenas Prácticas Penitenciarias (2016), que destaca  

que la educación no debe considerarse una actividad opcional para las personas  

encarceladas y, por otra, el Convenio de Colaboración57 entre el Ministerio de  

Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es  

asegurar el derecho a la educación de las personas privadas de libertad y faci-  

litar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.  

2. NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GéNERO PARA  

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD  

Diversos estudios como los de Merino⁶⁰, Sanhueza, Brander y Reiser⁶¹, Cuneo  

y Fernández⁶², señalan que, a pesar de los esfuerzos realizados por Chile para  

adoptar las Reglas de Bangkok63 relacionadas con la atención a la maternidad, salud,  

prevención de la violencia, respeto a las identidades de género, a la implementación  

de normativas para evitar la prisión preventiva en madres gestantes o con hijos  

lactantes, el sistema carcelario aún mantiene un enfoque marcadamente andro-  

céntrico y patriarcal que no se adapta a las realidades especíﬁcas de las mujeres.  

Por otro lado, la política pública y el sistema de reinserción social de GENCHI  

coloca el proceso educativo como un incentivo positivo en el proceso de libertad  

progresiva58 . Esta dualidad de la educación vista como requisito y como derecho  

plantea una problemática: el requisito de participar en programas educativos  

para acceder a beneﬁcios carcelarios podría superponerse al derecho funda-  

mental, minimizando las reales posibilidades de consolidar la educación como  

derecho humano en el sistema penitenciario. Esta situación puede conducir a  

que no se desarrollen todos los programas educativos que requiere la población  

penal, con bajo nivel de consistencia y diversidad, en la medida que responda  

a procesos administrativos de incentivo, más que a la necesidad de asegurar  

verdaderamente el derecho a educarse.  

En este contexto, investigaciones de Anitua y Picco⁶⁴, Welsch y Campos⁶⁵, Gaete⁶⁶,  

Alonso67 indican que la educación impartida a las mujeres en la cárcel reproduce  

sesgos y estereotipos de género, por lo que no es del todo pertinente, salvo excep-  

ciones, a las proyecciones de vida ni a los entornos familiares y sociales de las  

mujeres privadas de libertad. Una educación con perspectiva de género debe  

orientarse a que las mujeres encarceladas puedan sentirse capaces y reconocidas  

en sus potencialidades, “no solo referidas a la maternidad y su vínculo con los hijos  

o a su rol establecido como cuidadoras y mantenedoras de los hogares”⁶⁸.  

Al respecto, Gaete59 señala a partir de una investigación FONDECYT, que la  

oferta formativa en las cárceles no obedece a una planiﬁcación integral entre la  

educación formal, laboral y no formal, encontrándose disgregada, fragmentada  

y ﬂuctuante. Por ello, no logra los efectos esperados para consolidar una forma-  

ción pertinente y que responda a las necesidades de las personas privadas de  

libertad. En el caso de la población femenina, la oferta formativa es particular-  

mente escasa y no atiende a sus necesidades particulares. De esta manera, se  

perpetúa un círculo vicioso en el que se ofrecen pocas oportunidades formativas  

que permitan a las personas educarse con dignidad.  

60 Merino, A. A. (2018). “Mujeres y privación de libertad en Chile. Dimensiones de lo puni-  

tivo y discriminaciones”. Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima  

Concepción, 35(2), 79-95. DOI: https://doi.org/10.21703/issn0717-0599/2018.n35-05  

61 Sanhueza, G., Brander, F. y Reiser, L. (2019). “Encarcelamiento femenino en Chile. Calidad  

de vida penitenciaria y necesidades de intervención”. Revista de Ciencias Sociales,  

32(45), 119-145. DOI: https://doi.org/10.26489/rvs.v32i45.5  

62 Cuneo, S. y Fernández, M. J. (2024). “Encarcelamiento femenino en Chile. Los efectos  

ocultos de la guerra contra las drogas en madres cuidadoras”. Justicia, 29(46), 1-15. DOI:  

https://doi.org/10.17081/just.29.46.7248  

63 ONU. (2010). Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas  

no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Naciones  

Unidas.  

64 Anitua, G, Picco, V. (2012): “Género, drogas y sistema penal. Estrategias de defensa en  

casos de mujeres ‘mulas’”. En: Violencia de Género: Estrategias de litigio para la de-  

fensa de los derechos de las mujeres. Defensoría General de Argentina. Buenos Aires,  

Argentina. https://tinyurl.com/2k5l8oyn  

65 Welsh, G. y Campos, M. (2018). “La educación en contexto de encierro y su aporte a  

la reinserción social”. Revista de Estudios Sociales, (35). DOI: https://doi.org/10.21703/  

issn0717-0599/2018.n35-03  

66 Gaete, M. (2020). “Efecto zapping. La educación no formal en prisiones en Chile”. Revista  

Educação e Cultura Contemporânea, 17(48), 44–64. https://mestradoedoutoradoestacio.  

periodicoscientiﬁcos.com.br/index.php/reeduc/article/view/7100  

57 Decreto Exento N° 1447. Aprueba el Convenio de Colaboración Interministerial en-  

tre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia con el objetivo de garanti-  

zar el derecho a la educación de las personas privadas de libertad en el sistema pe-  

nitenciario. Ministerio de Educación. 19 noviembre 2013. https://epja.mineduc.cl/  

convenio-de-colaboracion-interministerial/  

58 Welsh, G. y Campos, M. (2018). “La educación en contexto de encierro y su aporte a la re-  

inserción social”. Revista de Estudios Sociales, 35. DOI: https://doi.org/10.21703/issn0717-  

0599/2018.n35-03  

67 Alonso, A. (2021). “Las Reglas de Bangkok (RDB) y su importancia para enfrentar la dis-  

criminación de las mujeres privadas de libertad”. En: M. C. Villegas (Coord.), Criminología  

feminista. LOM Ediciones.  

59 Gaete, M. (2020). “Efecto zapping. La educación no formal en prisiones en Chile”. Revista  

Educação e Cultura Contemporânea, 17(48), 44–64. https://mestradoedoutoradoestacio.  

periodicoscientiﬁcos.com.br/index.php/reeduc/article/view/7100  

68 Alonso, A. (2021). “Las Reglas de Bangkok (RDB) y su importancia para enfrentar la dis-  

criminación de las mujeres privadas de libertad”. En: M. C. Villegas (Coord.). Criminología  

feminista. LOM Ediciones. Pág. 21.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

educativas y de formación estén determinadas por cualquier tipo de sesgo basado  

en prejuicios de género.70  

Para la población femenina, la participación plena en la vida social es una dimen-  

sión fundamental que trasciende la simple ﬁnalización de la escolaridad o la  

posibilidad de formarse en oﬁcios. Implica sentirse capaces, mantener lazos,  

tomar decisiones con autonomía, que les permita sostener un proyecto de  

vida con propósito y metas claras, conscientes de sus derechos, deberes y de  

la realidad social que las rodea. De allí, que la formación debe orientarse a su  

empoderamiento como personas capaces, con voz propia, conscientes de las  

desigualdades sociales y las posibilidades para enfrentarlas. Una educación con  

perspectiva de género debe considerar una oferta formativa pertinente, que  

incluya programas culturales y artísticos que fomenten la curiosidad, la expre-  

sión y la creatividad, además, requiere un abordaje transversal en el currículum  

escolar, los cursos de capacitación y las actividades de educación no formal, a  

través de estrategias de autoconocimiento y fortalecimiento de sus capacidades,  

autoconﬁanza, protagonismo y la generación de redes.  

En deﬁnitiva, una educación con perspectiva de género, requiere una respuesta  

coordinada del sistema en su conjunto, comenzando en las escuelas, programas  

prelaborales y talleres artístico-culturales en los centros para adolescentes infrac-  

toras de ley y de adultas privadas de libertad. La experiencia de encarcelación  

de las mujeres, en la medida que no considere sus necesidades de formación no  

evitará la reincidencia, constituyéndose una relación nefasta, pues al reincidir se  

endurecen las penas y se consolida el circuito de encierro⁷¹. Por ende, si no se  

actúa con prolijidad y se asume la complejidad del encarcelamiento femenino,  

se seguirá perpetuando la violencia estructural⁷².  

3. DESAFíOS PENDIENTES  

De manera especíﬁca, y en concordancia con las normativas internacionales,  

resulta necesario ofrecer programas educativos que respondan a las necesi-  

dades de formación de las mujeres que son madres, considerando su derecho  

a educarse y educar a sus hijos/as. Sin embargo, existe una precaria oferta  

programática que merma sus posibilidades de brindar una crianza que fortalezca  

el vínculo con sus hijos/as y participar y acompañar sus trayectorias educativas.  

Estos programas deben considerar una perspectiva de género que permita a las  

mujeres tomar conciencia de la reproducción de patrones patriarcales durante  

la crianza, entregando herramientas que colaboren a no perpetuar la sociedad  

androcéntrica, marcada por las desigualdades sociales y “la feminización de  

la pobreza, que pone en evidencia la necesidad de reconocer que hombres  

y mujeres sufren la pobreza de manera diferente y que el género es un factor  

que incide y aumenta las posibilidades de padecerla”⁶⁹.  

En 2015, GENCHI publicó la Guía: ¿Cómo incorporar el enfoque de género en  

los programas e iniciativas de Gendarmería?, estudio realizado por Alejandra  

Faúndez y Marisa Weinstein. La publicación surgió de la necesidad de “generar  

una reﬂexión al interior de GENCHI, motivando la acción de su personal técnico  

y sumando nuevas herramientas que faciliten la incorporación del enfoque de  

género en la institución y en su oferta programática”⁷³.  

La Guía propone una serie de acciones claves, entre ellas: a) Realización de  

talleres de sensibilización, capacitación y formación en género a funcionarios/as;  

b) Cambios en los usos del lenguaje en sus distintas formas hacia la progresiva  

visibilidad y reconocimiento de la diversidad sexual; c) Generación de diag-  

nósticos pertinentes y complejos y que, además, sean procesados, analizados  

y difundidos utilizando una perspectiva de género; d) Elaboración análisis de  

género al diseño y los resultados de los programas para identiﬁcar si están  

beneﬁciando de manera equitativa a hombres y mujeres; e) Identiﬁcación e  

incorporación de medidas especíﬁcas en los planes de reinserción (laborales,  

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus reco-  

mendaciones 2023 señala que la oferta educativa para las mujeres privadas  

de libertad debe incorporar:  

i) cursos de educación y formación profesional, ii) actividades recreativas y cultu-  

rales, iii) oportunidades de trabajo, iv) apoyo psicosocial, v) tratamiento frente al  

abuso de sustancias, vi) programas parentales, y vii) actividades físicas y depor-  

tivas (...). En particular, adoptar medidas para evitar que las ofertas laborales,  

70 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2023). Mujeres privadas de libertad en  

las Américas. Organización de los Estados Americanos. Págs. 171-172. https://www.oas.  

org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-Mujeres-privadas-libertad.pdf  

71 Bengoa, A. y Tijoux, M. E. (2022). “Violencia y sufrimiento social: Elementos para una des-  

naturalización de la violencia desde testimonios cautivos en las cárceles del Chile postd-  

ictatorial”. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad -  

RELACES, 38, 11-20. Pág. 34. http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/issue/view/38  

72 Soto, V. (2023). “Contexto carcelario y de protección institucionalizada de la infancia:  

Miradas desde el paradigma de la complejidad de Edgar Morin”. Revista Enfoques  

Educacionales, 20(2), 235-254.  

69 Anitua, G. y Picco, V. (2012): “Género, drogas y sistema penal. Estrategias de defensa  

en casos de mujeres ‘mulas’”. En: Violencia de Género: Estrategias de litigio para la de-  

fensa de los derechos de las mujeres. Defensoría General de Argentina. Buenos Aires,  

Argentina. Pág. 242.https://tinyurl.com/2k5l8oyn  

73 GENCHI (2015). ¿Cómo incorporar el enfoque de género en los programas e iniciativas  

de Gendarmería? Pág. 4.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

educativos, de salud, etc.) que potencien la autonomía física y económica de las  

mujeres privadas de libertad, así como las diferencias culturales; f) Consolidación  

de las orientaciones técnicas con perspectiva de género e implementación  

gradual, considerando la capacidad institucional  

Estos avances en materia de políticas y convenios a nivel nacional sirven de  

marco para abordar los desafíos aún pendientes en materia educativa de las  

mujeres privadas de libertad, entre los que destacan:  

a. Elaboración de programas formativos (escolares, productivos y no formales)  

que no reproduzcan los estereotipos de género, sino que promuevan la  

autonomía, el autoconocimiento y la conciencia sobre las desigualdades  

sociales. Es fundamental, una educación que forme a las mujeres como  

agentes de cambio y no solo como cuidadoras.  

Las recomendaciones mencionadas dieron lugar a una serie de compromisos  

anuales y medidas de igualdad de género en GENCHI. Estas acciones se  

enmarcan en la planiﬁcación estratégica, gestión, capacitación, comunicaciones,  

provisión de bienes, análisis estadístico y elaboración de políticas y programas  

públicos elaborados por el Servicio con perspectiva de género (DIPRES, 2024).  

b. Articulación de toda la oferta educativa (formal y no formal) de los centros  

penitenciarios femeninos en torno a la especiﬁcidad de la formación de las  

mujeres. Ello implica una planiﬁcación integral que vincule la educación  

escolar con la capacitación laboral y la educación no formal en vista de  

la planiﬁcación y seguimiento de un itinerario educativo coherente y de  

largo plazo para las mujeres privadas de libertad.  

Sin embargo, la dimensión educativa ha sido escasamente abordada, ya que  

no depende directamente de GENCHI, sino de otros organismos. La educación  

escolar es de responsabilidad del Ministerio de Educación y los Municipios o  

actuales Servicios Locales de Educación; la capacitación laboral del Ministerio  

del Trabajo y Previsión Social; y la educación no formal (artística, cultural, preu-  

niversitarios, etc.) es impartida por organizaciones de la sociedad civil: ONG,  

colectivos, universidades y fundaciones.  

c. Ampliación de la oferta educativa más allá de la escolaridad obligatoria  

dado que un tercio de las mujeres privadas de libertad han terminado su  

escolaridad. Es un desafío urgente ofrecer programas de continuidad de  

estudios (carreras técnicas y profesionales) y capacitación especializada  

que sea más extensa que los actuales cursos en oﬁcios, que por lo general  

son solo de 160 horas totales. De manera, de entregar posibilidades más  

robustas y menos precarizadas de formación  

En un avance importante, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio  

de Educación junto a otras carteras ﬁrmaron el año 2022 un memorándum de  

entendimiento con ONU Mujeres. Este acuerdo busca transversalizar el enfoque  

de género e interseccionalidad en las políticas públicas, a través asistencias  

técnicas, presupuestos sensibles al género, promoción cultural libre de sesgos  

de género y desarrollo de programas para favorecer la participación laboral de  

las mujeres.  

d. Reconocimiento de la educación como derecho humano inalienable,  

orientada a la justicia social y no solo concebida como beneficio  

intrapenitenciario.  

Actualmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra gestio-  

nando la ﬁrma de un memorándum de entendimiento especíﬁco que incorpora:  

a) Asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género en  

GENCHI; b) Desarrollo de programas para mujeres infractoras de ley con un  

enfoque de interseccionalidad y derechos humanos; c) Asistencia técnica de  

sensibilización en el sector privado para la reinserción social de las mujeres  

infractoras de ley; d) Cooperación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional  

de Derechos Humanos y del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y  

Empresas; y, e) Promoción de presupuestos con perspectiva de género en las  

políticas de la cartera⁷⁴.  

e. Incorporación de la maternidad y crianza en la oferta formativa, debido a  

la importancia que tienen sus hijos/as para la vida de las mujeres encarce-  

ladas, de modo que puedan tomar conciencia y superar la reproducción  

de patrones patriarcales en la crianza.  

f. Incorporación al plan vigente de mejoramiento de las condiciones carce-  

larias de las mujeres privadas de libertad, un eje referido a la promoción  

del bienestar integral, con oferta de programas educativos culturales,  

artísticos, sexualidad integral, entre otros que permitan a las mujeres  

desarrollar su creatividad, autoestima y autoconocimiento.  

Finalmente, un desafío relevante para el sistema penitenciario chileno es el  

fortalecimiento de su vinculación con instituciones especializadas en educación  

para asegurar una oferta educativa integral, que incluya el ámbito recreativo y  

cultural, dándole la importancia que se merece en los planes de desarrollo de  

la población femenina privada de libertad.  

74 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2025). Avances Plan de Mejoramiento  

de Condiciones Carcelarias de Mujeres Privadas de Libertad. https://www.minjusticia.  

gob.cl/media/2024/06/Presentaci%C3%B3n-de-Avances-2024-del-Plan-de-trabajo-  

condiciones-carcelarias-de-mujeres-privadas-de-libertad.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

4. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES  

intrapenitenciarios a un derecho humano inalienable, orientado a la justicia social  

y la promoción personal. Es crucial que los programas educativos se constituyan  

como una verdadera alternativa de desarrollo personal y profesional.  

Para abordar la complejidad del encarcelamiento femenino y los desafíos  

educativos, se proponen las siguientes acciones estratégicas, enfocadas en la  

implementación del enfoque de género y derechos humanos en la educación  

que reciben las mujeres privadas de libertad, lo que requiere la colaboración  

interinstitucional y con la sociedad civil.  

4.5. Participación en la educación de sus hijos/as como derecho. Integrar la  

maternidad y la crianza como ejes transversales en la oferta formativa, conside-  

rando que la educación es un derecho y un vector indispensable de otros dere-  

chos humanos. Se deben diseñar programas especíﬁcos para madres privadas  

de libertad que respeten su derecho a educarse y a participar activamente en la  

educación de sus hijos/as, tal como lo señalan las Reglas de Bangkok. De modo  

de tener una participación activa en la educación de sus hijos/as, considerando  

que pueden permanecer con ellos/as en su primera infancia, período funda-  

mental en las relaciones vinculares y el desarrollo del aprendizaje, así como,  

que dicha educación les permita tomar conciencia y superar la reproducción  

de patrones patriarcales en la crianza.  

4.1. Conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con perspectiva  

de género. Crear una mesa de trabajo permanente y vinculante que reúna a  

representantes de ministerios clave como el Ministerio de Justicia y Derechos  

Humanos, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y  

el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esta mesa también debe incor-  

porar a las universidades y a organizaciones de la sociedad civil con experiencia  

en educación y género. El objetivo principal es promover y coordinar políticas  

y acciones en materia educativa, tanto en la educación escolar, productiva y  

no formal, asegurando una perspectiva de género transversal y un enfoque  

de derechos en todos los programas educativos. Dicho objetivo se enmarca,  

además, en las líneas de acción coherentes con el memorándum de entendi-  

miento ﬁrmado por dichas carteras con ONU Mujeres, en la transversalización  

del enfoque de género.  

4.6. Incorporación del enfoque de género en la educación con adolescentes  

en privación de libertad. Es fundamental que la educación con perspectiva  

de género se inicie en los centros de internación provisoria y régimen cerrado  

(CIP-CRC) que atienden a población femenina de 14 a 18 años infractoras de  

ley. Dichos programas tienen que potenciar el reconocimiento de sus propias  

capacidades otorgando las herramientas necesarias y pertinentes para su desa-  

rrollo personal y social.  

4.2. Articulación formativa sostenida entre la oferta educativa. Diseñar e imple-  

mentar una estrategia de articulación de las actividades educativas, que permita  

avanzar paulatinamente en la superación de la fragmentación y dispersión de la  

oferta. Dicha estrategia debe fomentar las sinergias entre la educación formal  

(escolar), la capacitación laboral y la educación no formal (talleres artísticos,  

socioeducativos y culturales), con el ﬁn de diseñar itinerarios formativos que  

respondan a un enfoque de género a corto, mediano y largo plazo. Para que  

tal articulación sea posible es imprescindible levantar información actualizada  

de toda la oferta educativa que se imparte al interior de los penales, así como  

de las organizaciones e instituciones que los imparten y los sellos formativos  

de dichas propuestas educativas.  

4.7. Programas Integrales en la Educación: Desarrollar iniciativas educativas que  

aborden el bienestar mental, emocional, empoderamiento y vínculos familiares,  

desde un enfoque de derechos humanos. Esto requiere de una oferta diversa,  

tanto al interior de las escuelas como en la implementación de programas de  

educación no formal (culturales, artísticos, deportivo, de sexualidad integral y  

otros), que promuevan la creatividad, la autoestima y su empoderamiento. Estos  

espacios, como el Programa “Arte-Educador” de GENCHI, son fundamentales  

para que las mujeres se sientan capaces, recuperen su sentido de pertenencia  

y desarrollen validez social, elementos protectores de la reincidencia delictual.  

4.3. Ampliación de la oferta educativa al nivel superior. Considerando que un  

tercio de las mujeres privadas de libertad ha ﬁnalizado su enseñanza media, es  

urgente explorar posibilidades de ampliación de la oferta educativa más allá de la  

escolaridad obligatoria. Se debe ofrecer programas de continuidad de estudios  

superiores (carreras técnicas y profesionales) y capacitación laboral especializada  

más extensa que las actuales y que no presenten sesgos de género.  

CONCLUSIÓN  

Las desigualdades estructurales de clase y de género son transversales a las  

mujeres que están privadas de libertad. Su situación es compleja, marcada por un  

alarmante aumento en el número de mujeres encarceladas por delitos referidos  

al tráﬁco de drogas y un sistema penitenciario androcéntrico que aún reproduce  

la violencia estructural y no responde a las necesidades especíﬁcas de las <  

4.4. Reconocimiento de la educación como derecho humano y no como bene-  

ﬁcio. Transformar el enfoque con el que se concibe la educación dentro de la  

cárcel, pasando de ser un indicador de buena conducta y obtención de beneﬁcios  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

En este contexto, la implementación de las recomendaciones plantea una nece-  

sidad urgente para revertir esta realidad. La creación de una mesa de trabajo  

interinstitucional, la implementación de programas educativos consistentes e  

integrales, desde una edad temprana y la priorización de una perspectiva de  

género en la formación representan la clave para una transformación profunda.  

Adoptar estas medidas ofrece la oportunidad de ir más allá de la simple escola-  

ridad o la preparación para la crianza o el trabajo. Una educación basada en su  

empoderamiento, que reconoce sus múltiples potencialidades, que fortalezca  

sus vínculos familiares y redes es la única vía para romper el ciclo de reincidencia  

y otorgarles las herramientas necesarias para construir un proyecto de vida  

autónomo y digno, que no solo será beneﬁcioso para ellas sino para sus familias.  

REFERENCIAS  

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la discriminación de las mujeres privadas de libertad”. En: M. C. Villegas  

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de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres. Defensoría General  

de Argentina. Buenos Aires. Argentina. https://tinyurl.com/2k5l8oyn  

Se debe tener presente que el encarcelamiento femenino tiene profundas  

consecuencias sociales que trascienden a las mujeres privadas de libertad,  

pues en nuestra sociedad las mujeres, a diferencia de los varones, suelen ser  

las principales cuidadoras de su entorno familiar. De allí, que su privación de  

libertad incide enormemente en la estructura social porque impacta de manera  

directa en el futuro de la infancia, lo que perpetúa el ciclo de pobreza, exclusión,  

delincuencia y encarcelamiento.  

Bengoa, A. y Tijoux, M. E. (2022). “Violencia y sufrimiento social: Elementos  

para una desnaturalización de la violencia desde testimonios cautivos en  

las cárceles del Chile postdictatorial”. Revista Latinoamericana de Estudios  

sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad - RELACES, 38, 11-20. http://www.  

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2023). Mujeres privadas de  

libertad en las Américas. Organización de los Estados Americanos. https://  

www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-Mujeres-privadas-libertad.pdf  

En deﬁnitiva, las propuestas no solo se deben alinear con los compromisos inter-  

nacionales y nacionales, sino que se convierten en un compromiso ético-político  

con la justicia social. Es momento de reconocer que invertir en una educación  

pertinente y con perspectiva de género para las adolescentes y adultas privadas  

de libertad no es un gasto, sino una inversión fundamental en la construcción de  

una sociedad más equitativa, que entregue posibilidades para que las mujeres  

crean en sí mismas, acompañen a sus hijos e hijas en una crianza que no repro-  

duzca los cánones patriarcales y cuente con herramientas robustas para romper  

con el círculo de la violencia estructural y la reincidencia delictual.  

Comité para la Prevención de la Tortura (2023). La invisibilidad de las mujeres  

en el sistema penitenciario. https://mnpt.cl/wp-content/uploads/2023/07/  

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agosto de 1932. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=170285  

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Ministerio de Justicia para realizar una labor Educativa conjunta orientada a  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

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issn0717-0599/2018.n35-05  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

3. DESAFÍOS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL:  

ACOMPAÑAMIENTO POST SANCIÓN PENAL  

María Isabel Salinas Chaud  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

misrpp@hotmail.com  

Decio Mettifogo Guerrero  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

deciomettifogo@gmail.com  

Elías Escaﬀ Silva  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

eescaﬀ@gmail.com  

La reinserción social de quienes han infringido la ley penal, ya sea que se trate de  

adultos o de adolescentes constituye un propósito declarado de las instituciones  

que se hacen cargo, en el caso de Chile, de la ejecución de las sanciones penales.  

Los signiﬁcados asociados a la reinserción social son diversos, considerando  

quién lo utilice, el contexto en el que ello se realiza y las diferentes teorías que  

están a la base de la comprensión de la conducta delictiva⁷⁵. Es particularmente  

interesante el giro que le da la ley de responsabilidad penal adolescente cuando  

indica en el artículo 20 de la ley 20.084, que las “sanciones y consecuencias  

que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de  

los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la  

sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a  

la plena integración social”⁷⁶. La incorporación del concepto integración social  

es inédito en el sector Justicia, para la fecha en la que se dictó dicha norma.  

Es claro que cualquiera sea la denominación que se utilice para dar cuenta del  

cambio que puedan tener personas que cumplen su sanción penal, es poco  

probable que ocurra durante la ejecución de la sanción directamente. Tal como  

75 Ahumada, H. y Grandón, P. (2015). “Signiﬁcados de la reinserción social en funcionarios  

de un centro de cumplimiento penitenciario”. Psicoperspectivas, 14(2), 84-95. DOI: ht-  

tps://dx.doi.org/10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL14-ISSUE2-FULLTEXT-536  

76 Ministerio de Justicia (2005). Ley 20084. https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=244803  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

se señala en el informe ﬁnal del proyecto Pasos, iniciativa pionera en procesos  

de acompañamiento post sanción penal para adolescentes infractores de la ley  

penal una cuestión poco desarrollada hasta el año 2013, es el trabajo que se  

realiza “una vez que los adolescentes ﬁnalizan su sanción penal; ello constituye  

un vacío relevante atendiendo a que ese período es particularmente crítico para  

consolidar las intervenciones realizadas durante la ejecución de la sanción penal  

y para apoyar el proceso de reinserción”⁷⁷. Por ello, el énfasis que se dará a  

este trabajo en relación a los procesos de reinserción o de integración social,  

es lo que puede ocurrir en procesos de acompañamiento post-sanción penal.  

de manera amplia y participativa, invitando a decisores de la política pública a  

involucrarse en ello y de manera más amplia a diversos actores, académicos y  

de la sociedad vivir a involucrarse en el seguimiento, evaluación y proyección del  

trabajo que pueda realizarse en el acompañamiento post-sanción penal.  

Contexto e importancia del problema  

La comprensión de las razones por la que las personas dejan de delinquir,  

constituye un objeto de estudio relativamente reciente, dado que la crimino-  

logía prácticamente desde su nacimiento se centró en el análisis de por qué se  

delinquía y qué llevaba a que ese comportamiento se mantuviera soslayando  

la pregunta respecto de por qué las personas dejaban de delinquir.  

Algunos años más tarde se realiza un proyecto piloto ﬁnanciado por la Intendencia  

de la Región Metropolitana, que plantea como uno de sus objetivos el “instalar un  

modelo de gestión municipal integral y estandarizado para abordar el proceso  

de transición a la comunidad de personas actualmente sujetas al control de  

Gendarmería, siendo fundamental para aquello capacitar en reinserción social  

y dotar a los equipos municipales de las competencias técnicas necesarias para  

su apropiada ejecución”⁷⁸. Constituye una experiencia inédita de acompaña-  

miento post sanción penal, esta vez con adultos, realizada en diez municipios  

de la Región Metropolitana y que recoge varias otras experiencias como la del  

Programa Volver a Conﬁar, diseñado por el Centro de Estudios de Seguridad  

Ciudadana de la Universidad de Chile.  

Es en las últimas décadas, particularmente a partir de los estudios de Laub y  

Sampson, entre otros que la interrogante comienza seriamente a considerarse  

en estudios criminológicos y comienzan a emerger respuestas sorprendentes,  

como el que la gran mayoría de quienes, han delinquido en la adolescencia,  

posteriormente no lo siguen haciendo, en el transcurso de su vida, incidiendo  

en ello distintos factores, los que son en ocasiones muy distintos de aquellos  

que llevaron a que estas personas se iniciaran en carreras delictivas.⁸¹.  

Surge de esta manera una muy prolíﬁca literatura sobre el entendimiento  

del cambio y de las razones por la que las personas llegan a delinquir, en un  

camino tortuoso, no lineal, con grandes diﬁcultades y desafíos para quienes lo  

emprenden. En los textos señalados puede encontrarse una gran cantidad de  

información para quienes deseen profundizar en la temática del desistimiento  

delictivo. Este desarrollo se ha ido profundizando en los últimos años y ha  

permitido la formulación de diversas preguntas y temáticas que la criminología  

tradicional no había abordado.  

Tanto las modiﬁcaciones a la ley de libertad condicional, que robustecen la  

medida, incorporando un delegado de libertad condicional79 como la ley 21.527  

que incorpora en forma explícita por primera vez en el ámbito de la justicia  

juvenil la noción de acompañamiento post-sanción penal80 permiten desarrollar  

un proceso muy amplio de reﬂexión sobre los alcances, contenidos, ﬁnalidades  

y oportunidades que representan ambas iniciativas públicas para el desarrollo  

de políticas públicas que contribuyan efectivamente a un fortalecimiento de las  

oportunidades de integración social para personas (adolescentes o adultos) que  

han cumplido una sanción penal.  

Entre los factores identiﬁcados para que se produzca un cambio y se favo-  

rezcan procesos de integración social o reinserción social, como se preﬁera  

nominar al cambio que se espera que se alcance, ﬁgura el de la percepción  

Estos procesos no están exentos de diﬁcultades en su diseño e implementación,  

por lo que abordar esta temática en esta oportunidad, busca abrir una conversación  

81 Laub, J. & Sampson, R. (2001). “Understanding desistance from crime”. Crime and Justice,  

28, 1-69.  

77 Arévalo, C., Gómez, F., Mettifogo, D., Montedónico, S. y Silva, L. (2013). Informe ﬁnal  

Diseño de un Modelo Integral y Multidimensional de Acompañamiento Post-Sanción  

para Adolescentes Infractores de Ley a Nivel Local en la Comuna de Peñalolén. Fondo  

Nacional de Seguridad Pública.  

Laws, R. & Wards, T. (2010). Desistance from Sex Oﬀending. Alternatives to throwing  

away the keys. The Guilford Press. New York, Estados Unidos.  

LeBel, T., Burnett, R., Maruna, S. &Bushway, S. (2008). “The“ChickenandEgg”ofSubjective  

and Social Factors in Desistance from Crime”. European Journal of Criminology, 5, 131-  

160. DOI: 10.1177/1477370807087640  

78 Intendencia de Santiago (2018). Manual de Procedimientos. Modelo de Gestión de Casos  

para la Reinserción. Programa de Reinserción Volver a Empezar.  

79 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019). Ley 21124. https://www.leychile.cl/  

navegar?idNorma=1127989  

Maruna, S. (1999). “Desistance and Development: The Psychosocial Process of Going  

Straight”. British Society of Criminology Proceedings, 2, 1-25.  

80 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023). Ley 21527. https://www.leychile.cl/  

navegar?idNorma=1187684  

McNeill, F. (2006). “A desistance paradigm for oﬀender management”. Criminology and  

criminal Justice, 6(1), 39-62. DOI: 10.1177/1748895806060666  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

de cambio de profesionales del sistema de intervención con quienes cumplen  

penas privativas de libertad. En una investigación realizada hace algunos años,  

en la que se entrevistó a profesionales de un centro privativo de libertad del  

Servicio Nacional de Menores, en relación con sus percepciones de cambio de  

los adolescentes con quienes trabajaban, el resultado es bastante desalentador  

al revisar algunas de las conclusiones del estudio.  

de autoeﬁcacia pueden hacer que los individuos tomen ventaja de los eventos  

positivos que ocurren en sus vidas⁸⁶. A nivel estructural, el desistimiento como  

construcción interaccional implica que quien desiste debe aceptar incorporarse  

a la sociedad convencional, pero también implica a su vez que la sociedad  

convencional debe aceptarlo a él y conﬁar en su potencial de cambio⁸⁷. En ese  

sentido, el desistimiento es un proceso que no pertenece exclusivamente a  

quien emprende el camino del desistimiento, sino que también a la sociedad  

en la que se desenvuelve.  

Si bien los profesionales identiﬁcan varios de los factores involucrados en los  

procesos de cambio, lo que se corresponde con lo que la literatura especiali-  

zada señala, no se logra establecer con claridad cómo se relacionan entre sí  

estos factores y, lo que resulta más decidor es que si bien todos los profesio-  

nales entrevistados maniﬁestan creer en el cambio, sus estimaciones acerca  

de la probabilidad de que éste se produzca en aquellos con quienes trabajan  

es mínima⁸². Resulta evidente que sus expectativas pueden incidir en la visión  

que cada joven tiene sobre sus capacidades y posibilidades reales de cambio,  

tal como los enfoques del desistimiento plantean.  

Estos aspectos debieran haber estado en la percepción de quienes intervienen  

con adolescentes infractores de la ley penal, en contextos de privación de  

libertad especialmente, pero como se señaló anteriormente ello no ocurría. Un  

trabajo posterior al mencionado, que recogió la percepción de profesionales  

en sanciones no privativas de libertad dio cuenta de un panorama muy distinto  

y en el que se visualizaban mejores posibilidades de cambio.  

Una de las primeras experiencias de acompañamiento post-sanción con adoles-  

centes es la que desarrolló un equipo interdisciplinario que ejecutó el proyecto  

Pasos⁸⁸. En el marco del concurso del año 2012 y el de los dos años posteriores,  

del Fondo Nacional de Seguridad Pública, un equipo de investigadores de la  

Universidad de Chile, provenientes de distintas disciplinas como son la Psicología  

y la Antropología, se constituyó para presentar un proyecto, en la línea de  

estudios, que tuvo como objetivo diseñar y aplicar un programa piloto, a nivel  

integral y multidimensional de acompañamiento post-sanción para adolescentes  

infractores de ley a nivel local en la comuna de Peñalolén.  

Quienes están a cargo de la ejecución de sanciones penales pueden promover  

el desarrollo de habilidades en las personas, facilitando el acceso a oportuni-  

dades, entregando apoyo; en deﬁnitiva, a las personas a cambiar sus estilos de  

vida y de esa manera actuando como verdaderos agentes de cambio, lo que  

ciertamente no ocurre si no se cree que el cambio es posible.  

El desistimiento puede caracterizarse como un proceso multifactorial y dinámico83  

que ocurre en la interacción compleja entre el desarrollo vital de los individuos,  

cambios subjetivos, eventos externos asociados a ciertas transiciones de la vida,  

y la estructura social que brinda, en mayor o menor medida, las oportunidades  

para llevar a cabo un proceso de cambio⁸⁴.  

Como producto del proceso de trabajo el equipo identiﬁcó un conjunto de  

factores críticos de implementación en el ámbito de estrategias de trabajo con  

adolescente, con sus familias y con la comunidad; se destacaron asimismo  

las necesidades que los adolescentes requieren para el tema de la interven-  

ción, estableciéndose y se estableció el perﬁl de adolescentes para los cuales  

este programa podría ser más pertinente; en consonancia con lo que plantean  

teóricos del desistimiento se listaron algunos de los roles de instancias tanto  

públicas como privadas en el acompañamientos de los adolescentes en el  

De esta manera, los eventos que ocurren en la vida de los individuos, como  

hechos, no tendrían un valor predictivo en el éxito del desistimiento, sino que  

lo realmente importante es el signiﬁcado que los sujetos atribuyen a estos  

eventos⁸⁵. De modo similar, cambios subjetivos como la motivación o el desarrollo  

82 Mettifogo Guerrero, D., Reyes Rosales, M. y Vildósola Soto, V. (2018). “Percepciones de  

cambio de profesionales de una cárcel juvenil en Chile”. Universitas Psychologica, 17(2),  

1-15. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-2.pcpc  

86 LeBel, T., Burnett, R., Maruna, S. & Bushway, S. (2008). “The ‘Chicken and Egg’ of Subjective  

and Social Factors in Desistance from Crime”. European Journal of Criminology, 5, 131-  

160. DOI: 10.1177/1477370807087640  

87 Wexler, D. (2001). “Robes and rehabilitation: how judges can help oﬀenders make good”.  

Court review: the journal of the american judges association, 38(1), 18-23. http://digital-  

commons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=ajacourtreview  

88 Arévalo, C., Gómez, F., Mettifogo, D., Montedónico, S. y Silva, L. (2013). Informe ﬁnal  

Diseño de un Modelo Integral y Multidimensional de Acompañamiento Post-Sanción  

para Adolescentes Infractores de Ley a Nivel Local en la Comuna de Peñalolén. Fondo  

Nacional de Seguridad Pública  

83 Laub, J. & Sampson, R. (2001). “Understanding desistance from crime”. Crime and Justice,  

28, 1-69.  

LeBel, T., Burnett, R., Maruna, S. & Bushway, S. (2008). “The ‘Chicken and Egg’ of Subjective  

and Social Factors in Desistance from Crime”. European Journal of Criminology, 5, 131-  

160. DOI: 10.1177/1477370807087640  

84 McNeill, F. (2006). “A desistance paradigm for oﬀender management”. Criminology and  

criminal Justice, 6(1), 39-62. DOI: 10.1177/1748895806060666  

85 McNeill, F. (2006). “A desistance paradigm for oﬀender management”. Criminology and  

criminal Justice, 6(1), 39-62. DOI: 10.1177/1748895806060666  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

acompañamiento post-sanción penal. Finalmente se construyeron un conjunto  

de indicadores que permitieran realizar tanto evaluaciones de proceso, como  

de resultados de estos programas. Constituye este trabajo un hito en la formu-  

lación de propuestas para favorecer la integración social.  

que se estructuran a partir de dos componentes; la identidad y la autoeﬁcacia.  

La identidad implica una ruptura con el pasado, sostenida a partir de una auto-  

deﬁnición como personas que se han desvinculado de la actividad delictiva  

como estilo de vida, es decir, se busca consolidar un cambio signiﬁcativo, en  

que las personas adquieren un sentido de agencia expresado en la voluntad de  

cambio explicitada y evaluando los costos y perjuicios de la actividad delictiva.  

En estas narrativas de cambio emergen también la ﬁjación de objetivos de vida,  

estableciendo proyectos familiares y laborales desligados del delito⁹⁴.  

Una publicación posterior de una investigación realizada en el marco del proyecto  

pasos da cuenta de los factores de transición hacia el desistimiento del delito  

y como dichos factores se vinculan con narrativas de cambio en el discurso de  

jóvenes infractores de ley penal que participaron del proyecto⁸⁹.  

Por otra parte, en las narrativas de cambio también se hace presente la noción  

de autoeﬁcacia que aparece cuando se es capaz de superar la percepción  

de que se encuentra a la deriva de las circunstancias y comienza a verse a sí  

mismo como un sujeto que puede vencer los obstáculos para abandonar la  

actividad delictiva⁹⁵.  

Por factores transicionales se entiende a aquellos que se observan durante el  

período de condena y contribuyen al desarrollo de un proceso de desistimiento  

del delito. Se estructuran en cuatro áreas: área laboral, la familia y las relaciones  

de pareja, el estilo de vida y la forma de afrontar el paso por el sistema penal⁹⁰.  

Estos mismos autores establecen una categorización de los factores transicio-  

nales, en tres tipos: Vínculos Sociales, Apoyo Social y Aprendizaje⁹¹. Los vínculos  

sociales son aquellos que establecen las personas en proceso de cambio con  

roles convencionales como pueden ser la relación de pareja, la ocupación y  

las redes de amistades, entre otros. Estos podrían inﬂuir en el abandono de  

la actividad delictiva y reforzar la construcción de una nueva identidad⁹². Por  

apoyo social se entiende al entregado por parte de personas o instituciones.  

Estos pueden proveer tanto recursos materiales, como emocionales con los  

que resulta posible superar los obstáculos, que disminuyen el sentido de auto-  

eﬁcacia⁹³. El aprendizaje se reﬁere a la experiencia privativa de libertad que  

pudieran haber tenido los sujetos y que debe ser considerada, para propender  

a su resigniﬁcación.  

En relación con experiencias de acompañamiento post-sanción penal con  

adultos, cabe mencionar al programa Volver a empezar, iniciativa ﬁnanciada  

por la Intendencia de la Región Metropolitana y coordinada por la Seremi de  

Justicia de la Región Metropolitana, durante los años 2017 y 2018. La ejecución  

del programa estuvo a cargo de la Fundación Tierra de Esperanza y participaron  

en esta iniciativa varios académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, de la  

Universidad de Chile. En esta experiencia es posible destacar varios elementos  

interesantes que favorecen la integración social.  

Se menciona, por ejemplo, que la reinserción social se concibe como la recu-  

peración progresiva de vínculos con personas, grupos e instituciones, por parte  

de sujetos que retornan a espacios cotidianos de interacción social después  

de vivir un período de privación de libertad o de haber cumplido una condena,  

y cumple con los objetivos de favorecer la integración del infractor de ley y de  

mejorar la seguridad pública, estableciendo una línea de continuidad con otras  

iniciativas como fue el Programa Volver a Conﬁar, desarrollado por el Centro  

de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Se indica  

asimismo que uno de los momentos más críticos y de mayor vulnerabilidad de  

este proceso, es cuando el penado debe enfrentar el retorno a la libertad, lo que  

plantea como desafío el desarrollar un conjunto estructurado y sistemático de  

acciones orientadas a facilitar la transición a la comunidad. Vuelve a aparecer  

acá el desafío de participación de diversos actores del mundo público, privado,  

Las narrativas de cambio constituyen una estrategia muy útil que permite conocer  

y describir cómo los sujetos vivencian y ven a sí mismos y sus circunstancias, es  

sus procesos de cambio. Asimismo, constituyen una metodología que da cuenta,  

en el caso de las narrativas asociadas al desistimiento de la actividad delictiva,  

89 Mettifogo Guerrero, D., Reyes Rosales, M. y Vildósola Soto, V. (2018). “Percepciones de  

cambio de profesionales de una cárcel juvenil en Chile”. Universitas Psychologica, 17(2),  

1-15. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-2.pcpc  

90 Cid, J. y Martí, J. (2011). “El proceso de desistimiento de las personas encarceladas.  

Obstáculos  

y

apoyos” (Documentos de trabajo). http://83.247.129.61/docs/Justicia/  

Documents/A RXIUS/SC_3_175_11_cast.pdf  

91 Cid, J. & Martí, J. (2012). “Turning points and returning points: Understanding the role of  

family ties in the process of desistance”. European Journal of Criminology, 9(6), 603-620.  

94 Mettifogo, D., Arévalo, C., Gómez, F., Montedónico, S. y Silva, L. (2015). “Factores tran-  

sicionales y narrativas de cambio en jóvenes infractores de ley: Análisis de las narra-  

tivas de jóvenes condenados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”.  

Psicoperspectivas, 14(1), 77-88. http://www.psicoperspectivas.cl  

92 Cid, J. y Martí, J. (2011). El proceso de desistimiento de las personas encarceladas.  

Obstáculos  

y

apoyos (Documentos de trabajo). http://83.247.129.61/docs/Justicia/  

Documents/A RXIUS/SC_3_175_11_cast.pdf  

93 Cid, J. y Martí, J. (2011). El proceso de desistimiento de las personas encarceladas.  

95 Cid, J. y Martí, J. (2011). El proceso de desistimiento de las personas encarceladas.  

Obstáculos  

y

apoyos (Documentos de trabajo). http://83.247.129.61/docs/Justicia/  

Obstáculos  

y

apoyos (Documentos de trabajo). http://83.247.129.61/docs/Justicia/  

Documents/A RXIUS/SC_3_175_11_cast.pdf  

Documents/A RXIUS/SC_3_175_11_cast.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

no gubernamental, académico y de la sociedad civil. De manera innovativa, se  

plantea la relevancia de realizar gestiones territoriales para la reinserción social,  

involucrando la coordinación intersectorial, y la activación y potenciación de  

redes público/privadas. Esta experiencia se concretó en diez municipios de la  

Región Metropolitana de las instancias recién mencionadas⁹⁶.  

buscan el cambio y adecuaciones de las instituciones que pueden favorecer  

ese proceso. Ello involucra, sin duda, una dimensión más cultural del cambio.  

En este mismo orden de ideas, para efectos de la profundización de una política  

de integración social, es interesante la discusión planteada sobre agencia y  

estructura. Para Sautu, es de gran relevancia poder discutir, micro-social, estos  

dos conceptos claves. La agencia da cuenta de la capacidad de actores sociales  

para interpretar su mundo, decidir cursos de acción, y desarrollar comporta-  

mientos e interacción social. Por su parte, la estructura se muestra como el  

conjunto de condiciones en las cuales se desarrolla la acción social y la inte-  

racción, incorporadas signiﬁcativamente por los sujetos en sus interpretaciones  

y comportamientos⁹⁸.  

Se desarrolla producto de este trabajo un modelo de gestión municipal integral y  

estandarizado para abordar el proceso de transición a la comunidad de personas  

sujetas al control de Gendarmería, que involucró la capacitación en temáticas  

de reinserción social, entregando a los equipos municipales un conjunto de  

competencias técnicas necesarias para su apropiada ejecución. Asimismo, se  

trabajó directamente con personas que residían en los diez municipios selec-  

cionados y con sus grupos de referencia. Se plantea que iniciativas de este  

tipo pueden permitir la promoción de un diálogo sobre la implementación de  

programas de reinserción social a nivel local, en los que el acompañamiento  

post-sanción penal es un eje fundamental.  

Las investigaciones de Margaret Archer profundizan al respecto entregando una  

solución a la relación entre estructura y agencia, buscando superar concepciones  

previas. Básicamente la propuesta consiste en entender que la relación debe  

establecerse en base a una inﬂuencia mutua, pero separando claramente los  

planos correspondientes a la agencia y a la estructura. Se procura visibilizar  

propiedades emergentes tanto de la agencia como de la estructura, las cuales  

se ubican en estratos distintos, siendo, por ende, diferentes e irreductibles. “La  

irreductibilidad signiﬁca que los diferentes estratos son por deﬁnición separables,  

precisamente porque hay propiedades y poderes que solo pertenecen a cada  

uno de ellos y cuya emergencia mutua es precisamente la justiﬁcación de su  

diferenciación como estratos”⁹⁹.  

Análisis de política: atisbos de un cambio hacia intervenciones locales, situadas  

y con participación de los diversos involucrados  

Resulta interesante al analizar la formulación de normativa en torno a la reinser-  

ción social, lo establecido en el artículo 20 de la ley 20.084, de Responsabilidad  

Penal Adolescente que establece que la sanción que se aplique forme parte  

de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración  

social. Es primera vez que en el sector Justicia se utiliza este término, siendo  

el más habitual el de reinserción social. Son conocidas las limitaciones de  

términos como rehabilitación, reinserción social, pues dan como supuesto el  

que la persona ya contaba previamente con una inserción social y se trataría  

de volver a aquello. La trayectoria de muchas de las personas condenadas,  

tanto en el caso de adultos como de adolescentes infractores de la ley penal,  

pareciera no ser aquella. De allí el valor de un concepto como el de integración  

social. Constituye sin duda un avance, en la época en la que aparece⁹⁷. En la  

actualidad el término integración social aparece con limitaciones, por cuanto  

pone el peso en la integración social, en el sujeto que debe alcanzarla y no da  

cuenta por completo de las adecuaciones del entorno. Quizás, si la discusión  

que llevó a la promulgación de la ley 20.084, se hubiese dado en este período  

el concepto acuñado en el artículo 20 pudiese haber sido el de inclusión social,  

que da cuenta de una manera más recíproca de acciones de los sujetos que  

De esta manera, la propuesta de Archer establece que la agencia y la estructura  

constituyen estratos distintos de los cuales emergen propiedades y poderes  

que no pueden diluirse entre sí, razón por la cual se supera cualquier tipo de  

conﬂacionismo. Se plantea que ni la estructura ni la agencia son inmutables,  

si no que se generan propiedades emergentes de manera recíproca que van  

afectando a ambas partes. Sin embargo, los efectos de la estructura sobre la  

agencia no afectan de manera directa a las personas, si no que esto ocurre  

a través de una mediación. De allí la centralidad que adquieren el diseño de  

programas especíﬁcos de acompañamiento post-sanción penal, como instru-  

mentos de política pública que comienzan a emerger en el escenario nacional.  

Desde un enfoque de desistimiento, el trabajo con condenados o ex-condenados  

debe estar estructurado sobre el conocimiento respecto de los elementos que  

contribuyen a la disminución de la actividad delictiva, indagando respecto de  

98 Sautu, R. (2014). “Agencia y estructura en la reproducción y cambio de las clases socia-  

les”. Revista THEOMAI / THEOMAI Journal. Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo  

/ Critical Studies about Society and Development, 29.  

96 Intendencia de Santiago (2018). Manual de Procedimientos. Modelo de Gestión de Casos  

para la Reinserción. Programa de Reinserción Volver a Empezar.  

99 Archer, M. (2009). Teoría social realista. El enfoque morfogenético. Universidad Alberto  

97 Ministerio de Justicia (2005). Ley 20084. https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=244803  

Hurtado. Santiago, Chile.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

las vinculaciones entre agencia, estructura, reﬂexividad e identidad que otorgan  

insumos para la comprensión de cómo y por qué ex-condenado logran modiﬁcar  

sus conductas. Más aún, el conocimiento sobre los procesos en los cuales se  

aloja el desistimiento es un predecesor clave para el desarrollo de modelos  

prácticos¹⁰⁰. Esto debido a que las intervenciones deben, precisamente, promover  

la capacidad de agencia y reﬂexividad, en base a relaciones comprensivas y  

respetuosas que centren la atención en las oportunidades del medio y del  

mismo sujeto —relevando sus motivaciones y capacidades—-, de manera de  

aprovechar las fortalezas, resolver las necesidades y enfrentar los riesgos¹⁰¹.  

del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El diseño es un tanto débil,  

considerando la rica experiencia con la que se cuenta de la experiencia compa-  

rada y la ya realizada en nuestro país, como la del Proyecto Pasos, que se replicó  

posteriormente en la región de Coquimbo.  

Una cuestión adicional a lo ya señalado es la necesidad de incorporar un enfoque  

de género en el diseño de las iniciativas. En este sentido el trabajo sobre el  

Desistimiento delictual en mujeres chilenas que han estado privadas de libertad,  

constituye en sí un marco de referencia a profundizar en la operatividad de  

propuestas tanto con adolescentes infractoras de la ley penal, como de mujeres  

adultas¹⁰⁴.  

En este contexto, es posible relevar por una parte las importantes transforma-  

ciones que ha tenido Gendarmería de Chile, en la implementación de las modiﬁ-  

caciones de la ley de libertad condicional, que permite contar con profesionales  

que acompañan el proceso de cambio en quienes han dejado la prisión¹⁰². Se  

cuenta con un diseño mucho más robusto, para la ejecución de la libertad condi-  

cional que va mucho más allá de concepciones previas de control, basadas en  

la ﬁrma del sujeto, sin ningún tipo de intervención. El contar con profesionales  

formados, con un equipo de supervisores que acompañan a los profesionales  

representa un esfuerzo signiﬁcativo por parte de la institución de Gendarmería  

de Chile que permite instalar un conjunto de condiciones para que las relaciones  

entre agencia y estructura, señaladas previamente puedan jugar efectivamente.  

PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA POLíTICA  

PÚBLICA  

Los antecedentes señalados previamente tanto desde el punto de vista de los  

enfoques de desistimiento como de experiencias concretas en el caso de Chile,  

permiten identiﬁcar un conjunto de desafíos de la política pública, en materia de  

acompañamiento post-sanción penal, que se presentan a continuación:  

1. Sistematizar la información proveniente de la implementación de expe-  

riencias de acompañamiento post-sanción penal que forman ya parte  

del sistema de ejecución de penas tanto en el caso de adolescentes  

infractores de la ley penal como de adultos que están bajo la custodia de  

Gendarmería de Chile. Este proceso resulta fundamental a los efectos de  

generar diálogo y poder potenciar la profundización de estas iniciativas.  

En el caso del sistema de responsabilidad penal juvenil, la ley 21.527, que crea  

el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, incorpora avances en  

materia de acompañamiento post-sanción penal. Uno de los mayores avances es  

el establecimiento de un modelo de intervención especializado, que incorpora  

acciones desde la dictación de la sanción o medida por el tribunal hasta el acom  

-

2. Formación especializada de quienes intervienen previniendo de esa  

manera una tendencia a la burocratización en la implementación de estas  

iniciativas. Se cuenta con un corpus de conocimiento muy robusto sobre  

la temática, junto con experiencias prácticas que deben permitir avanzar  

en intervenciones complejas y altamente especializadas.  

pañamiento voluntario posterior al egreso, lo que establece normativamente  

procesos que anteriormente habían tenido el carácter de iniciativas pilotos¹⁰³.  

Este acompañamiento se menciona como parte de la fase post egreso, es  

decir, una vez ejecutada la sanción penal. Por ello, tiene un carácter voluntario  

pues no es exigible como parte de la ejecución de la sanción penal. Es parte  

del proceso general de la intervención, la que se ejecuta directamente por un  

equipo de trabajo con dependencia en las respectivas Direcciones Regionales  

3. Establecer alianzas estratégicas entre universidades y servicios públicos  

encargados de la integración social de personas que han recibido una  

condena, de manera de disponibilizar el uso de la información, favore-  

ciendo un mayor involucramiento de profesionales jóvenes en la temática.  

100 McNeill, F. (2006). “A desistance paradigm for oﬀender management”. Criminology and  

4. Diseminar ampliamente el conjunto de experiencias realizadas, de  

criminal Justice, 6(1), 39-62. DOI: 10.1177/1748895806060666  

modo que se contribuya a generar un diálogo lo más amplio posible que  

101 McNeill, F. (2006). “A desistance paradigm for oﬀender management”. Criminology and  

criminal Justice, 6(1), 39-62. DOI: 10.1177/1748895806060666  

102 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019). Ley 21124. https://www.leychile.cl/  

navegar?idNorma=1127989  

103 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023). Ley 21527. https://www.leychile.cl/  

navegar?idNorma=1187684  

104 Pérez-Luco, R., Chitgian-Urzúa, V. y Mettifogo-Guerrero, D. (2019). “Desistimiento de-  

lictual en mujeres chilenas que han estado privadas de libertad”. Revista Criminalidad,  

61(2), 59-78.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIóN SOCIAL  

establezca como eje de discusión pública, la integración social. Ello es  

muy necesario en momentos en que los discursos punitivistas se expresan  

casi sin límites y sin ninguna evidencia que los sustente.  

REFERENCIAS  

5. Recoger las diversidades de diversa índole en la implementación de  

los programas en curso considerando que la expresión de la crimina-  

lidad no es homogénea a lo largo del país, por lo que se esperaría que  

los procesos de integración social también sean disímiles y adquieran  

cualidades particulares en función de los territorios, del género, de las  

estrategias de intervención, de las competencias regionales, entre otros  

aspectos a considerar.  

Ahumada, H. y Grandón, P. (2015). “Signiﬁcados de la reinserción social en funcio-  

narios de un centro de cumplimiento penitenciario”. Psicoperspectivas, 14(2),  

84-95. DOI: https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol14-issue2-fulltext-536  

Archer, M. (2009). Teoría social realista. El enfoque morfogenético. Ed. Universidad  

Alberto Hurtado. Santiago, Chile.  

Arévalo, C.; Gómez, F., Mettifogo, D., Montedónico, S. y Silva, L. (2013). Informe  

ﬁnal Diseño de un Modelo Integral y Multidimensional de Acompañamiento  

Post-Sanción para Adolescentes Infractores de Ley a Nivel Local en la  

Comuna de Peñalolén. Fondo Nacional de Seguridad Pública.  

6. Evaluar el impacto de los programas de acompañamiento post-sanción  

penal resulta un imperativo necesario desde el punto de vista técnico y  

ético. No resulta suﬁciente las evaluaciones de proceso que se llevan a  

cabo o de resultados de las intervenciones de seguimiento post-penal.  

Estas evaluaciones junto con los impactos pueden permitir un rediseño  

futuro de iniciativas que emergen recientemente y que requieren de una  

consolidación en su eﬁcacia y eﬁciencia.  

Cid, J. y Martí, J. (2011). El proceso de desistimiento de las personas encarce-  

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La salud pública constituye un pilar del desarrollo social y económico, enfren-  

tando actualmente desafíos crecientes asociados al envejecimiento poblacional,  

el aumento de enfermedades crónicas, la inequidad territorial y la exposición a  

crisis sanitarias globales. Estos retos se entrelazan con transformaciones tecno-  

lógicas y sociales que requieren modelos innovadores de gestión, prevención  

y cuidado, capaces de atender las necesidades de poblaciones diversas en  

contextos complejos y dinámicos. La salud, concebida como un bien público  

integral, no puede abordarse de manera aislada, sino como un componente  

estrechamente vinculado a los determinantes sociales, económicos y ambien-  

tales que conﬁguran las condiciones de vida y la cohesión territorial.  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023). Ley 21527. https://www.  

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El sistema sanitario chileno evidencia brechas estructurales que limitan su  

eﬁciencia y equidad. La segmentación entre los sectores público y privado,  

la fragmentación de los servicios y el escaso uso de información basada en  

evidencia restringen la capacidad del sistema para implementar políticas efec-  

tivas. Esto se traduce en deﬁciencias de cobertura preventiva, baja adherencia a  

tratamientos y diﬁcultades de acceso a servicios esenciales, especialmente entre  

grupos vulnerables como personas mayores, migrantes y comunidades rurales. A  

ello se suma la falta de coordinación entre actores, la escasa integración tecno-  

lógica y la limitada innovación en procesos administrativos y clínicos, factores  

que reducen la efectividad de las políticas sanitarias y diﬁcultan la traducción  

de los esfuerzos institucionales en bienestar tangible para la población.  

La línea de innovación “Salud Pública” del CLIPP aborda estos desafíos mediante  

un enfoque integral que articula economía de la salud, gestión de datos, inno-  

vación tecnológica y diseño de políticas públicas. Su objetivo es fortalecer la  

capacidad del sistema sanitario para responder de manera equitativa, eﬁciente  

y resiliente ante las transformaciones demográﬁcas, epidemiológicas y sociales.  

La línea centra su trabajo en la gobernanza sanitaria, el acceso equitativo a los  

servicios, la salud mental comunitaria y la promoción de un envejecimiento salu-  

dable, integrando metodologías participativas, tecnologías digitales y análisis  

predictivo. Asimismo, incorpora perspectivas de género, interculturalidad y  

territorialidad, reconociendo que la efectividad de la acción sanitaria depende  

de su adaptación a los contextos sociales, culturales y económicos en que se  

implementa.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Los aportes de estas iniciativas se proyectan en distintos niveles. Concep-  

tualmente, promueven la comprensión de la salud como un derecho social y un  

componente central del desarrollo humano, integrando la atención sociosanitaria  

con la educación, el bienestar social y la participación comunitaria. Esto implica  

el desarrollo de instrumentos de autoobservación que optimizan recursos,  

facilitan la toma de decisiones y permiten evaluar la efectividad organizacional.  

Asimismo, se impulsa una lógica que articula modelos de atención primaria  

adaptativa, programas de prevención integral y sistemas de información que  

apoyan decisiones en tiempo real. Desde esta perspectiva, la innovación en  

salud pública no se limita al avance tecnológico, sino que busca transformar  

procesos, reducir inequidades y fortalecer la gobernanza para construir sistemas  

más humanos, eﬁcientes y sostenibles.  

interdisciplinario encabezado por Alejandra Fuentes-García, Paulina Osorio-  

Parraguez, Catalina Arteaga-Aguirre, Juan Ilabaca Mendoza, Ignacia Navarrete  

Luco, María Gracia Salamanca García y Constanza Biscarra Mc-Naughton,  

propone un marco integral para fortalecer la preparación y respuesta de la  

Atención Primaria de Salud (APS) frente a crisis que impactan con especial fuerza  

a las personas mayores. El documento articula perspectivas provenientes de la  

salud pública, la antropología, la sociología y la gestión de redes asistenciales,  

lo que otorga una mirada amplia y situada de las necesidades de este grupo  

social en contextos críticos. Su aporte central es ofrecer lineamientos que,  

desde la experiencia chilena, subrayan el rol de la APS no solo como puerta  

de entrada al sistema sanitario, sino también como primera línea de protección  

social y comunitaria en escenarios de vulnerabilidad. En diálogo con los desafíos  

del envejecimiento poblacional y las crecientes exigencias de resiliencia insti-  

tucional, este policy brief pone de relieve la urgencia de consolidar respuestas  

oportunas, inclusivas y culturalmente pertinentes para garantizar el derecho a  

la salud de las personas mayores en tiempos de crisis.  

“Acelerar el ritmo lento en salud: los ‘empujones’ que necesita la política  

pública”, elaborado por Fabián Duarte (Departamento de Economía, Universidad  

de Chile) y Álvaro Jiménez-Molina (Facultad de Psicología y Humanidades,  

Universidad San Sebastián), propone un enfoque innovador para cerrar la brecha  

de la “última milla” en salud, a través del rediseño de la arquitectura de deci-  

sión de los programas existentes mediante herramientas de la psicología y la  

economía del comportamiento. En lugar de crear nuevas iniciativas, plantea la  

incorporación de intervenciones simples, de bajo costo y altamente escalables  

—los denominados nudges o pequeños empujones— que facilitan decisiones  

saludables sin restringir la autonomía individual. El aporte central de este policy  

brief consiste en ofrecer siete recomendaciones concretas que pueden acelerar  

la implementación de la política sanitaria, mejorar la prevención y optimizar el  

uso de recursos públicos. En diálogo con los otros policy briefs de esta sección,  

enfatiza la necesidad de situar el comportamiento en el centro de la política de  

salud, generando impactos inmediatos en asistencia, adherencia y cobertura  

preventiva, al mismo tiempo que beneﬁcios sostenibles para un sistema más  

eﬁciente y cercano a las necesidades reales de la población.  

“Innovando la entrega de información de salud a mujeres migrantes en  

Chile”, elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por Caterine Galaz  

V., Mauricio Cerda, Silvana Castillo, Paul Délano, Catalina Gutiérrez, Fabián Issi  

y Sofía Bravo, aborda un desafío crítico para el sistema sanitario: garantizar  

el acceso a información de salud clara, pertinente y culturalmente adecuada  

para mujeres migrantes. A partir del proyecto I+D “Recursos digitales de infor-  

mación en salud para mejorar el alcance del Programa Apoya Mujer Migrante”  

(VID-Desafíos Públicos 2024), el documento propone un dispositivo digital inte-  

ligente y amigable que difunda información ﬁdedigna, en línea con los objetivos  

de salud 2030 y el Plan de Humanización en Salud del MINSAL. El aporte central  

reside en situar la perspectiva de género e interculturalidad como componentes  

esenciales para transformar la relación entre las instituciones de salud y las  

mujeres migrantes, favoreciendo un trato digno y una mayor equidad en el  

acceso a la información sanitaria. Así, este policy brief no solo propone una  

herramienta tecnológica innovadora, sino también un cambio de enfoque hacia  

políticas públicas que reconozcan la diversidad de experiencias y necesidades  

en el campo de la salud.  

“Procedimiento de atención sociosanitario del Hospital Eloísa Díaz I. de La  

Florida” fue elaborado por Gonzalo Leiva Rojas y Maritza Ortega Palavecinos,  

directivos del Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. La Florida; Estefanía Vilches,  

gestora de transferencia del Índice Multidimensional de Efectividad (IME) de la  

Universidad de Chile; y Susana Quezada Labreaux, consultora internacional y  

asesora de incidencia, presentan una experiencia de gestión integrada. Este  

procedimiento articula la atención médica de urgencias mediante un enfoque  

sociosanitario, incorporando la labor de profesionales de trabajo social y utili-  

zando el IME como herramienta de autoobservación.  

Finalmente, “Perspectiva transdisciplinaria y el rol de la odontogeriatría en  

el propósito público”, elaborado por un equipo de la Facultad de Odontología  

y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile —integrado por  

Marcela Farías Vergara, Nataly Cajas Cajas, Varinia Reyes Bórquez, Macarena  

Miranda Viorklumds y Jesús Santorcuato Muñoz—, aborda el desafío de adaptar  

los sistemas de salud a las necesidades de una población que envejece acelera-  

damente. Desde una mirada que combina la odontología, las ciencias sociales y  

la innovación pública, el documento propone incorporar la odontogeriatría como  

“Atención primaria preparada para las crisis sociosanitarias: cómo responder  

a las necesidades de las personas mayores” elaborado por un equipo  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

eje estructural del envejecimiento saludable, articulando formación profesional,  

modelos de atención equitativos y participación comunitaria. A través de medidas  

concretas como el tamizaje bucal en el Examen de Medicina Preventiva del  

Adulto Mayor, los pilotos de atención domiciliaria y la creación de un Diplomado  

en Odontogeriatría Comunitaria. Este policy brief invita a repensar la salud oral  

como parte integral del derecho al cuidado y a orientar la innovación hacia  

ﬁnes colectivos, donde el bienestar y la dignidad de las personas mayores se  

transformen en propósito público.  

1. ACELERAR EL RITMO LENTO EN SALUD: LOS  

“EMPUJONES” QUE NECESITA LA POLÍTICA PÚBLICA  

Fabián Duarte Vásquez  

Departamento de Economía,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-0321-7427  

fabduarte@fen.uchile.cl  

Álvaro Jiménez-Molina  

Facultad de Psicología y Humanidades  

Observatorio de Salud USS,  

Universidad San Sebastián  

https://orcid.org/0000-0002-5621-9322  

alvaro.jimenez@uss.cl  

PRESENTACIÓN  

Aunque el sistema de salud chileno ha logrado avances estructurales rele-  

vantes —como el AUGE/GES, protección ﬁnanciera para ciertas patologías,  

programas preventivos y una Atención Primaria extendida en el territorio—,  

persiste una brecha crítica y costosa: la “última milla”. Aun con prestaciones  

gratuitas o garantizadas, continúan existiendo inercias o fricciones cotidianas  

que limitan la asistencia a citas, el uso de exámenes y la adherencia terapéutica.  

Este desfase no se explica solo por recursos: responde a políticas diseñadas  

bajo el supuesto —equivocado— de que, con información y acceso, las personas  

decidirán de forma racional y oportuna sobre su salud.  

Las decisiones en salud están profundamente inﬂuidas por sesgos cognitivos  

que abren una brecha entre la intención y la acción. Este policy brief propone  

un giro pragmático para cerrar la brecha de la “última milla” en salud: rediseñar  

la arquitectura de decisión de los programas existentes con herramientas de  

la psicología y economía del comportamiento. No se trata de crear nuevos  

programas, sino de implementar intervenciones simples, de bajo costo y alta-  

mente escalables —los llamados “nudges” o pequeños empujones— que faci-  

liten elecciones beneﬁciosas para la salud sin restringir la autonomía individual.  

Además de discutir los supuestos y las aplicaciones potenciales de este enfoque,  

y de presentar evidencia chilena en prevención del cáncer de mama y del suicidio,  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

proponemos siete recomendaciones que pueden operar como una hoja de  

ruta para incorporar esta evidencia en la política sanitaria, acelerar resultados  

y optimizar el uso de recursos públicos.  

que podrían aliviar las listas de espera²; la cobertura del Papanicolaou permanece  

bajo el 70% y la de mamografía apenas supera el 50%, cifras insuﬁcientes para  

impactar en la detección precoz del cáncer³; y la adherencia a tratamientos para  

enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes tipo 2 sigue siendo deﬁ-  

ciente⁴. En conjunto, estos indicadores reﬂejan un sistema atrapado en reformas  

lentas, mientras persisten fricciones que afectan directamente el acceso y los  

resultados en salud.  

Poner el comportamiento en el centro de la política de salud puede generar  

impactos inmediatos —como mayor asistencia, adherencia y mejor cobertura  

preventiva— y beneﬁcios sostenibles en un sistema que opera al ritmo de la  

vida real.  

La ineﬁcacia de la “última milla” tiene un origen complejo y multifactorial, vincu-  

lado a barreras estructurales, económicas y geográﬁcas que diﬁcultan el acceso  

efectivo. Para muchas personas, conseguir una cita implica madrugar para hacer  

ﬁla en un consultorio, recorrer largas distancias desde zonas rurales o asumir  

costos de transporte y horas de trabajo no remuneradas. A ello se suman las listas  

de espera de meses o incluso años, que terminan desincentivando la búsqueda  

de atención y empujan a quienes pueden costearlo hacia el sistema privado.  

1. LA BRECHA DE LA “ÚLTIMA MILLA” EN SALUD  

En las últimas décadas, el sistema de salud chileno ha alcanzado transforma-  

ciones estructurales notables y hoy dispone de una arquitectura de políticas  

públicas robusta y reconocida. Hitos como el plan de Acceso Universal con  

Garantías Explícitas (AUGE/GES), que desde 2005 marcó un precedente en  

derechos garantizados en salud; la Ley Ricarte Soto, que asegura protección  

ﬁnanciera para diagnósticos y tratamientos de alto costo; la extensión del post-  

natal parental, con claros beneﬁcios en salud materno-infantil; y el Programa  

Nacional de Inmunizaciones (PNI), referente regional, han impulsado avances  

signiﬁcativos que se reﬂejan en indicadores comparables a los de países desa-  

rrollados, como una esperanza de vida cercana a los 80 años (OCDE, 2023). Sin  

embargo, esta arquitectura convive con una realidad persistente y frustrante: las  

brechas críticas que los grandes cambios estructurales no han logrado cerrar.  

Aun con programas y cobertura disponibles, una parte relevante de la población  

no accede de manera efectiva a los servicios, lo que se traduce en problemas  

crónicos como las listas de espera y en un gasto de bolsillo que alcanza casi  

un tercio del gasto total en salud, muy por encima del promedio de la OCDE¹.  

Esta desconexión entre la oferta garantizada por el Estado y el acceso efectivo  

de las personas conﬁgura la llamada “brecha de la última milla”: contamos con  

las carreteras construidas, pero fallamos en el tramo decisivo que permite a las  

personas llegar a su destino en salud.  

Uno de los factores que explica la ineﬁcacia de muchas políticas de salud es  

que suelen partir de un supuesto equivocado: asumir que las personas actúan  

racionalmente y que, al disponer de información y acceso, tomarán siempre  

la decisión óptima para su bienestar. Bajo esta lógica, un folleto informativo  

debería ser suﬁciente para cambiar hábitos alimenticios, un recordatorio gené-  

rico debería garantizar la asistencia a una cita, o un paciente crónico debería  

manejarse proactivamente en la burocracia para obtener sus medicamentos. La  

evidencia demuestra lo contrario: aun con citas agendadas, transporte asegurado  

y prestaciones gratuitas, muchas personas olvidan citas, postergan indeﬁnida-  

mente exámenes, sienten aprensión para consultar a un profesional de salud,  

se abruman ante la complejidad burocrática o simplemente se dejan llevar por  

la inercia⁵. Esto no solo evidencia la distancia entre el diseño de las políticas y el  

comportamiento real, sino que también acarrea consecuencias como deterioro  

en la salud de las personas, junto con mayores costos y un uso ineﬁciente de los  

recursos de los sistemas de salud⁶. En salud pública, esto se puede traducir en  

campañas de vacunación poco efectivas, con baja cobertura en grupos críticos,  

La respuesta tradicional a las brechas en salud ha estado marcada por grandes  

reformas legislativas, debates presupuestarios prolongados y la creación de  

nuevos programas que tardan años en implementarse (como los intentos de  

reformar el sistema de Isapres, la tramitación de la Ley de Fármacos o la discusión  

sobre la uniﬁcación de los fondos de salud), procesos necesarios pero desali-  

neados con la urgencia de la “última milla”. Mientras tanto, la población enfrenta  

las consecuencias de esta inercia: la inasistencia a consultas con especialistas se  

mantiene entre 15% y 20%, lo que implica miles de horas médicas desperdiciadas  

2

3

CMM (2022). “Soluciones tecnológicas basadas en aprendizaje de máquinas para dismi-  

nuir el ausentismo en citas médicas”.  

Ministerio de Salud de Chile (2022). Cobertura de Exámenes de Medicina Preventiva.  

Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).  

4

5

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6

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A mediados de 2024, las listas de espera para consultas de especialidad no incluidas en  

el GES superaban los 2,2 millones de personas (MINSAL, 2024).  

Gollwitzer, P. M. & Sheeran, P. (2006). “Implementation intentions and goal achieve-  

ment: A meta-analysis of eﬀects and processes”. En: M. P. Zanna (Ed.). Advances in  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

o iniciativas de promoción de hábitos saludables que no logran generar cambios  

sostenidos en la población⁷.  

toman tras un análisis racional de costos y beneﬁcios, sino mediante procesos  

automáticos, intuitivos y fuertemente condicionados por el contexto¹⁰. En salud,  

esta vulnerabilidad se potencia con creencias equivocadas, sobrecarga cogni-  

tiva o emociones negativas que llevan a postergar o evitar consultas médicas,  

incluso cuando las citas están agendadas y los costos resueltos¹¹.  

El comportamiento constituye un determinante central de la salud física y mental,  

ya que inﬂuye en decisiones cotidianas como la alimentación, la actividad física,  

la adherencia a tratamientos, la búsqueda de ayuda psicológica o la participación  

en programas preventivos y de vacunación⁸. Gran parte de la carga global de  

enfermedad se asocia a conductas modiﬁcables (REF), por lo que las ciencias  

del comportamiento resultan fundamentales para comprender y transformar  

los factores que median entre la intención y la acción, ofreciendo herramientas  

eﬁcaces para mejorar la salud poblacional. La evidencia de las ciencias del  

comportamiento demuestra que el supuesto del actor racional es insuﬁciente:  

nuestras decisiones están atravesadas por sesgos cognitivos, inercias, olvidos y  

fricciones aparentemente menores que terminan siendo decisivas⁹. Mientras la  

política de salud siga asumiendo que basta con entregar información o asegurar  

acceso, continuará derribando algunas barreras estructurales, pero fallando en  

el punto crítico de la “última milla”, donde las personas deben transformar la  

intención en acción.  

Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas que reduzcan la  

inasistencia, aseguren continuidad en los cuidados, aprovechen oportunidades  

diagnósticas y minimicen los costos económicos asociados. Uno de los enfoques  

más relevantes para enfrentar estos desafíos se conoce como “economía del  

comportamiento”, un campo interdisciplinario que integra modelos económicos  

y hallazgos de la psicología para explicar cómo factores sociales, cognitivos y  

emocionales inﬂuyen en las decisiones¹². A diferencia de los modelos normativos  

que asumen decisiones plenamente racionales, la economía del comportamiento  

reconoce que las personas deciden bajo sesgos cognitivos, emocionales y  

limitaciones de atención. Su valor radica en mostrar por qué, con frecuencia, las  

personas no actúan de la manera “lógica” que tradicionalmente se ha supuesto.  

2. ARQUITECTURAS DE DECISIÓN: DISEñAR PROGRAMAS PARA USUARIOS  

REALES  

Cerrar la “brecha de la última milla” en salud implica abandonar el diseño de  

políticas para un actor racional idealizado y enfocarse en las personas reales,  

cuyas decisiones están moldeadas por sesgos, inercias y limitaciones prácticas.  

Las bajas tasas de adherencia y participación en programas de salud no son fruto  

de desinterés o desinformación, sino de políticas que han ignorado lo demostrado  

por las ciencias del comportamiento: que las decisiones cotidianas rara vez se  

experimental social psychology, Vol. 38 (Págs. 69-119). Elsevier Academic Press. DOI:  

https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1  

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Thaler, R. (2018). Portarse mal. El comportamiento irracional en la vida económica. Paidós.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

y Sunstein13 hablan de “paternalismo libertario”, es decir, guiar a las personas  

hacia decisiones que mejoren su bienestar sin restringir su libertad de elección.  

El ejemplo clásico es el de una cafetería: no se eliminan los postres, pero las  

frutas y ensaladas se ubican en lugares visibles, mientras las opciones menos  

saludables quedan menos accesibles.  

Figura VI-1. Principales sesgos y mecanismos que afectan las decisiones en salud  

Mecanismo / Sesgo  

Descripción  

Ejemplo  

Optimización imperfecta Diﬁcultad para proce- Pacientes que no consideran  

sar toda la información todas las indicaciones médicas  

relevante  

por sobrecarga informativa  

Las herramientas que hacen operativa esta arquitectura son los nudges o  

“pequeños empujones”: intervenciones simples, de bajo costo y alta efecti-  

vidad que logran alinear el comportamiento de las personas con sus propios  

intereses de largo plazo. A diferencia de las grandes reformas o de los incen-  

tivos económicos onerosos, los nudges se enfocan en el cómo de la política:  

Limitaciones de auto-  

control  

Lo planiﬁcado no coin- Personas que programan ejerci-  

cide con lo realizado  

cio regular pero no lo cumplen  

Preferencias depen-  

dientes del contexto  

(framing)  

La forma en que se  

presenta la informa-  

ción inﬂuye en la de-  

cisión  

Responder distinto si se comu-  

nica “90% de éxito” vs. “10% de  

fracaso” en un tratamiento  

cómo se comunica un mensaje, cómo se diseña un formulario, cómo se orga  

-

niza un recordatorio o cómo se facilita un acceso digital. Su potencia radica en  

transformar pequeños detalles en cambios signiﬁcativos de comportamiento,  

permitiendo que la prevención y la adherencia dejen de depender de la fuerza  

de voluntad individual y se apoyen en un entorno que empuja suavemente hacia  

elecciones más saludables y sostenibles. Los nudges suelen ofrecer mayor  

impacto que herramientas tradicionales para aumentar el aprovechamiento de  

programas existentes, especialmente cuando el objetivo es facilitar decisiones  

cotidianas afectadas por sesgos o fricciones, y cuando los incentivos monetarios  

son costosos¹⁴.  

Tendencia al status quo Inclinación a mantener Continuar con un médico o  

lo conocido, incluso  

si existen alternativas  

mejores  

tratamiento poco efectivo por  

costumbre  

Sesgo del presente  

Aversión a la pérdida  

Se privilegian recom-  

pensas inmediatas  

sobre beneﬁcios fu-  

turos  

Diﬁcultad para seguir trata-  

mientos crónicos sin síntomas  

visibles  

Las pérdidas pesan  

Mensajes como “podría per-  

más que las ganancias der la oportunidad de detectar  

equivalentes  

cáncer a tiempo” generan más  

acción  

Los gobiernos están incorporando cada vez más la ciencia del comportamiento  

para inﬂuir en decisiones sin coerción ni grandes incentivos económicos,  

mediante el rediseño de la arquitectura de decisión¹⁵. En Reino Unido, el Institute  

for Government, centro independiente dedicado a fortalecer la gestión pública,  

ha sido clave en documentar y difundir estas innovaciones, posicionándose como  

referente internacional. Entre sus contribuciones destaca la creación en 2010 de  

la Behavioural Insights Team (BIT), conocida como la “nudge unit”, pionera en  

aplicar principios conductuales a la política pública. Sus intervenciones simples y  

de bajo costo —como rediseñar cartas tributarias, enviar recordatorios médicos  

por SMS o simpliﬁcar formularios— han demostrado ser altamente costo-efec-  

tivas, logrando aumentar la participación ciudadana y reducir gastos públicos.  

Este éxito la ha consolidado como un modelo replicado en múltiples países¹⁶.  

Exceso de optimismo  

Efecto avestruz  

Subestimar el riesgo  

personal de eventos  

negativos  

Creer que “a mí no me va a  

pasar” y postergar exámenes  

preventivos  

Tendencia a evitar in-  

No retirar resultados de un exa-  

formación que puede men médico por temor a malas  

ser desagradable  

noticias  

Sesgo de autoridad  

Mayor credibilidad  

a ﬁguras percibidas  

como autoridad  

Mayor adherencia si la recomen-  

dación proviene de un médico  

reconocido que de otros profe-  

sionales de la salud  

El concepto central para aplicar estos conocimientos es la “arquitectura de  

decisión”, entendida como el entorno en el que las personas toman decisiones,  

bajo una premisa fundamental: ningún contexto es neutral. Cada detalle (la  

manera en que se presentan las opciones, qué información se resalta, los pasos  

requeridos o incluso cuál alternativa aparece como predeterminada) inﬂuye en  

gran medida la elección ﬁnal. Desde esta perspectiva, el desafío de la política  

sanitaria no es solo ampliar la cobertura o entregar información, sino rediseñar  

la arquitectura de decisión para que la alternativa más beneﬁciosa para la salud  

sea también la más simple, intuitiva y atractiva de elegir. En este marco, Thaler  

13 Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth,  

and Happiness. Yale University Press.  

14 Benartzi, S., Beshears, J., Milkman, K. L., Sunstein, C. R., Thaler, R. H., Shankar, M., Tucker-  

Ray, W., Congdon, W. J. & Galing, S. (2017). “Should governments invest more in nudg-  

ing?”. Psychological Science, 28(8), 1041-1055.  

15 Benartzi, S., Beshears, J., Milkman, K. L., Sunstein, C. R., Thaler, R. H., Shankar, M., Tucker-  

Ray, W., Congdon, W. J, & Galing, S. (2017). “Should governments invest more in nudg-  

ing?”. Psychological Science, 28(8), 1041-1055.  

16 Rutter, J. (2020, 11 de marzo). “Nudge Unit”. Institute for Government. https://www.institu-  

teforgovernment.org.uk/article/explainer/nudge-unit  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

3. APLICACIONES POTENCIALES: OPORTUNIDADES DE ALTO IMPACTO Y BAJO  

una crisis o instrucciones claras para agendar una cita— aumentan la probabilidad  

de que las personas asistan a su primera sesión y mantengan la continuidad del  

cuidado²². Asimismo, medidas como micro-contactos, presenciales o apoyados en  

tecnologías digitales, pueden actuar como palancas para vencer la inercia inicial,  

promoviendo la búsqueda de ayuda, fortaleciendo la percepción de apoyo social  

y disminuyendo síntomas depresivos e ideación suicida²³.  

COSTO  

En el área de la salud, la economía del comportamiento se ha utilizado como  

enfoque para simpliﬁcar procesos como la reserva de horas médicas o la vacu-  

nación, eliminando fricciones burocráticas que suelen desincentivar la acción¹⁷.  

Estrategias como los recordatorios personalizados, los predeterminados bené-  

ﬁcos (es decir, establecer por defecto la opción más beneﬁciosa para la salud o  

el bienestar, de modo que las personas quedan automáticamente inscritas en  

ella, pero conservan la libertad de rechazarla si lo desean) y la simpliﬁcación  

de trámites han demostrado contrarrestar barreras como la procrastinación, la  

aversión a la pérdida o el sesgo del presente¹⁸. Ejemplos concretos, como el  

agendamiento automático de citas en lugar de la inscripción voluntaria, mues-  

tran que estas medidas pueden salvar vidas al reducir fricciones en la toma de  

decisiones¹⁹. Además, la evidencia conﬁrma que estas innovaciones son adap-  

tables a distintos contextos, siempre que se integren factores locales como la  

conﬁanza, las redes sociales y los marcos normativos²⁰. A nivel macro, países  

que han institucionalizado la lógica del nudge, como Reino Unido y Estados  

Unidos, han mejorado eﬁciencia y resultados clínicos a bajo costo²¹.  

Los nudges han demostrado ser una herramienta efectiva en campañas de vacuna-  

ción. Aunque las vacunas han sido fundamentales para erradicar o controlar enfer-  

medades graves, movilizar a las personas para que efectivamente se vacunen sigue  

siendo un desafío²⁴. Frente a esto, las estrategias de comunicación más exitosas  

combinan dos enfoques complementarios: por un lado, aumentar la intención de  

vacunarse entre quienes tienen dudas, y por otro, transformar esa intención en acción  

concreta, reduciendo fricciones como el olvido, la procrastinación o las diﬁcultades  

logísticas que muchas veces frenan la decisión²⁵. Un estudio reciente mostró que  

simples recordatorios por mensaje de texto, diseñados para resaltar la protección  

familiar, lograron aumentar signiﬁcativamente las tasas de vacunación contra el  

COVID-19²⁶. El efecto fue aún mayor cuando se usó un lenguaje de “propiedad  

psicológica” (como “reclame su dosis”). En cambio, añadir un vídeo informativo no  

aportó beneﬁcios extra, lo que demuestra que pequeños nudges conductuales que  

instalan la idea de que la dosis ya está disponible y “pertenece” a la persona son  

más eﬁcaces para acelerar la vacunación que entregar solo información.  

Por ejemplo, en salud mental, la economía del comportamiento ha demostrado  

ser una herramienta útil para mejorar el acceso y la adherencia a los tratamientos,  

reduciendo diagnósticos tardíos y evitando mortalidad prevenible por suicidio.  

Estrategias simples —como recordatorios personalizados, un contacto breve tras  

La arquitectura de decisión también ha mostrado efectividad en la promoción de  

estilos de vida saludables. En el ámbito de la obesidad, el etiquetado calórico ha  

sido una de las políticas más utilizadas, pero su impacto ha sido limitado, ya que  

17 Wu, Q., Zhang, R., Tao, L., Cai, W., Cao, X., Mao, Z. & Zhang, J. (2024). “Nudge theories  

and strategies inﬂuencing adult health behaviors and outcomes in COPD management: A  

systematic review”. Frontiers in Public Health, 12.  

18 Matjasko, J. L., Cawley, J. H., Baker-Goering, M. M. & Yokum, D. V. (2016). “Applying behav-  

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American Journal of Preventive Medicine, 50(5,1), S13-S19.  

22 Khazanov, L., Volpp, K. G., & Loewenstein, G. (2022). “The Future of Nudging in Health  

Care”. The New England Journal of Medicine, 387(23), 2187-2193. DOI: 10.1056/  

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23 Trusty, W. T., Scott, W. D., Penix, E. A. & Carroll, A. (2021). “A behavioral economic model of  

Trusty, W. T., Scott, W. D., Penix, E. A. & Carroll, A. (2021). “A behavioral economic model  

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Care”. The New England Journal of Medicine, 387(23), 2187-2193. DOI: 10.1056/  

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19 Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). “Do defaults save lives?”. Science, 302(5649),  

24 Brewer, N. T., Chapman, G. B., Rothman, A. J., Leask, J. & Kempe, A. (2017). “Increasing  

vaccination: Putting psychological science into action”. Psychological Science in the  

Public Interest, 18(3), 149-207.  

25 Jarrett, C., Wilson, R., O’Leary, M., Eckersberger, E., Larson, H. J., & the SAGE Working  

Group on Vaccine Hesitancy. (2015). Strategies for addressing vaccine hesitancy: A syste-  

matic review. Vaccine, 33(34), 4180–4190. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.04.040  

1338–1339.  

20 Zamani, Z., Ghalichi-Zave, Z., Ahmadi Mazhin, S., Eshaghzadeh, M., Hami, M. & Zahirian  

Moghadam, T. (2022). “Systematic review of health policy and behavioral economics: A  

neglected point in health promotion”. Journal of Education and Health Promotion, 11, 285.  

21 Matjasko, J. L., Cawley, J. H., Baker-Goering, M. M. & Yokum, D. V. (2016). “Applying behav-  

ioral economics to public health policy: Illustrative examples and promising directions”.  

American Journal of Preventive Medicine, 50(5, 1), S13-S19.  

26 Dai, H., Saccardo, S., Han, M. A., Roh, L., Raja, N., Vangala, S. et al. (2021). “Behavioural  

nudges increase COVID-19 vaccinations”. Nature, 597(7876), 404-409.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

exige altos niveles de alfabetización y asume que las personas toman decisiones  

racionales solo con disponer de información. En la práctica, los sesgos cognitivos  

y la preferencia por gratiﬁcaciones inmediatas llevan con frecuencia a elecciones  

poco saludables. Frente a ello, la evidencia en economía del comportamiento  

indica que rediseñar el entorno de decisión es más eﬁcaz que entregar infor-  

mación aislada, al facilitar que la opción saludable sea también la más simple  

e intuitiva de tomar. Un ejemplo ilustrativo es un estudio que muestra cómo un  

sistema de etiquetado nutricional con código de colores aumentó las ventas de  

alimentos saludables y redujo las de productos no saludables en una cafetería²⁷.  

El efecto se potenció cuando se incorporó una estrategia de arquitectura de  

elección que incrementó la visibilidad y conveniencia de las opciones más sanas.  

La evidencia muestra que intervenciones simples, como el etiquetado calórico  

combinado con el rediseño del entorno de elección, pueden generar cambios  

signiﬁcativos en los hábitos alimentarios y ofrecer una estrategia escalable para  

fortalecer las políticas de salud pública. Estas arquitecturas de decisión, cuando  

se complementan con retroalimentación constante, favorecen modiﬁcaciones  

más duraderas en la conducta²⁸.  

4. DOS CASOS DE EVIDENCIA EN CHILE  

Este cambio de paradigma no constituye solo una importación teórica, sino una  

propuesta viable y pertinente para el sistema de salud chileno, cuya eﬁcacia ya  

empieza a validarse en experiencias locales. La evidencia muestra que adaptar las  

intervenciones de la ciencia del comportamiento a las particularidades culturales  

y operacionales del país no solo fortalece su legitimidad, sino que asegura que  

las soluciones sean efectivas en la práctica, ofreciendo un camino pragmático  

para cerrar la brecha de la “última milla” en salud.  

Comunicación simple, impacto real: envío de cartas de incentivo para  

mamografías  

Un ejemplo de este enfoque en el contexto nacional es la intervención para  

promover la detección temprana del cáncer de mama en el sistema de salud  

privado.31 El estudio enfrentó un problema crítico de la “última milla”: la baja  

utilización de un programa que ofrecía mamografías gratuitas a mujeres bene-  

ﬁciarias. Para abordarlo, se diseñó un Ensayo Controlado Aleatorizado (ECA) a  

gran escala en colaboración con la Superintendencia de Salud. La innovación  

consistió en enviar cartas a mujeres que llevaban más de 24 meses sin realizarse  

el examen, no para recordarles una cita ya agendada, sino para motivarlas a  

solicitar una hora. Cada versión de estas cartas incorporaba diferentes nudges  

basados en la ciencia del comportamiento, con el ﬁn de aumentar su efectividad.  

Pese a sus avances, este enfoque enfrenta desafíos para consolidarse. Se  

necesita más evidencia replicable que permita generalizar resultados y avanzar  

hacia intervenciones capaces de integrar contenidos personalizados y rutas  

ajustadas a cada persona²⁹. También deben abordarse los dilemas éticos sobre  

la frontera entre persuasión legítima y manipulación, especialmente en pobla-  

ciones vulnerables³⁰. A ello se suma la débil integración institucional, ya que en  

muchos países estas prácticas aún se consideran complementarias y no parte  

central de la política sanitaria. Por último, la escasa evidencia sobre sostenibi-  

lidad y costo-efectividad a largo plazo exige fortalecer la evaluación continua.  

•

Una carta incluía un mensaje breve y directo, sin adornos, que simple  

mente invitaba a la mujer a realizarse el examen.  

-

•

Otra versión combinaba encuadre positivo y autoridad, al mostrar la foto  

de un médico junto con la frase: “El cáncer de mama es curable si se  

detecta a tiempo”. Este enfoque buscaba transmitir conﬁanza y reducir  

el miedo o la aversión a la información.  

•

•

Para reducir fricciones en la decisión, un tercer mensaje incorporó un  

mapa con el centro de salud más cercano a la beneﬁciaria, facilitando el  

acceso inmediato.  

27 Thorndike, A. N., Sonnenberg, L., Riis, J., Barraclough, S. & Levy, D. E. (2012). “A 2-phase  

labeling and choice architecture intervention to improve healthy food and beverage  

choices”. American Journal of Public Health, 102(3), 527-533.  

28 Yardley, L., Spring, B. J., Riper, H., Morrison, L. G., Crane, D. H., Curtis, K., Merchant, G.  

C., Naughton, F. & Blandford, A. (2016). “Understanding and promoting eﬀective en-  

gagement with digital behavior change interventions”. American Journal of Preventive  

Medicine, 51(5), 833-842.  

29 Zamani, Z., Ghalichi-Zave, Z., Ahmadi Mazhin, S., Eshaghzadeh, M., Hami, M. & Zahirian  

Moghadam, T. (2022). “Systematic review of health policy and behavioral economics: A  

neglected point in health promotion”. Journal of Education and Health Promotion, 11, 285.  

Finalmente, otro mensaje usó un incentivo contra la procrastinación, intro-  

duciendo una lotería que sorteaba un premio entre quienes agendaron  

su mamografía antes de una fecha límite, generando así un sentido de  

urgencia.  

30 Khazanov, L., Volpp, K. G. & Loewenstein, G. (2022). “The Future of Nudging in Health  

Care”. The New England Journal of Medicine, 387(23), 2187-2193. DOI: 10.1056/  

NEJMhle2209180  

31 Duarte, F. (2022). “Encouraging Mammograms Using Behavioral Economics: A Rando-  

mized Controlled Trial in Chile”. Value in Health, 25(5), 767-775.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Los resultados fueron de gran magnitud. La intervención logró un aumento del  

167% en el uso de mamografías gratuitas, elevando la tasa de realización del  

examen de 1,13% en el grupo de control (sin carta) a un promedio de 3,03% en  

los grupos que recibieron la comunicación. Aunque todas las versiones resul-  

taron efectivas, los mensajes más simples mostraron un efecto ligeramente  

superior, lo que refuerza la importancia de mantener la claridad y la sencillez  

en la comunicación sanitaria.  

ofrecía módulos de monitoreo del ánimo, contenido psicoeducativo e información  

de servicios de salud mental, complementados con recordatorios enviados por  

mensajería. El objetivo fue aumentar la motivación para pedir ayuda y facilitar  

el vínculo efectivo de los jóvenes con servicios de salud.  

La evaluación de factibilidad de la intervención mostró altos niveles de satis-  

facción entre los participantes y, aunque no fue diseñada para medir efecti-  

vidad (al tratarse de un ECA piloto), arrojó resultados prometedores: a los tres  

meses se observó un aumento signiﬁcativo en la intención de buscar ayuda,  

junto con una reducción del riesgo suicida y un incremento –aún limitado– en  

las conductas de búsqueda de ayuda en servicios de salud, coherente con la  

brecha intención–acción descrita en jóvenes. A nivel cualitativo, los jóvenes  

valoraron especialmente la cercanía y continuidad de los mensajes, mientras  

que la app fue percibida como útil, aunque limitada en personalización y dina-  

mismo. Estos hallazgos subrayan que el componente humano importa: incluso  

en entornos digitales, una interacción remota breve con profesionales puede  

aumentar la conﬁanza. Este estudio piloto conﬁrma que intervenciones digitales  

de baja intensidad pueden facilitar el paso desde la detección del riesgo hasta la  

búsqueda de ayuda, abriendo el camino a estudios de mayor escala y alcance.  

Este hallazgo marca un precedente por tres razones: primero, demuestra que  

es posible activar un beneﬁcio de salud subutilizado mediante una intervención  

proactiva, simple y de bajo costo. Segundo, válida en el contexto chileno la  

efectividad de los nudges, en particular aquellos basados en la autoridad y en  

incentivos para combatir la procrastinación. Y tercero, ofrece un modelo repli-  

cable y escalable no solo para la detección precoz del cáncer de mama, sino  

también para cualquier programa preventivo (público o privado) que enfrente  

bajas tasas de participación.  

Un puente digital para jóvenes en riesgo de suicidio  

La prevención del suicidio en jóvenes enfrenta una brecha crítica: pese a la alta  

prevalencia de ideación suicida, entre el 55% y el 80% de quienes presentan  

riesgo no acceden a atención en salud mental³². Este déﬁcit no se explica solo  

por barreras estructurales como el tiempo, los costos o la disponibilidad de  

servicios, sino también por obstáculos motivacionales y actitudinales, como el  

miedo a la estigmatización, la percepción de autosuﬁciencia, la baja iniciativa y  

la escasa percepción de necesidad incluso frente a síntomas graves. Esta “última  

milla” en salud mental deja en claro que la detección del riesgo y la oferta de  

servicios no son suﬁcientes para activar el contacto con la atención profesional.  

5. CINCO RECOMENDACIONES PARA ACELERAR LA POLíTICA PÚBLICA EN SALUD  

a. Integrar la economía del comportamiento en el ciclo de las políticas de salud  

Las decisiones sanitarias suelen depender de la iniciativa de los usuarios, lo que  

refuerza la procrastinación y la inercia. La formulación de políticas y programas  

de salud debe dejar atrás el supuesto del “actor racional” y basarse en una  

comprensión realista de cómo las personas realmente deciden y actúan. Para  

ello, es necesario institucionalizar instancias formales de análisis conductual a lo  

largo del ciclo de la política pública. Hoy, la falta de capacidades técnicas limita  

la adopción sostenida de estas herramientas en el sector público.  

Para reducir la brecha entre la detección del riesgo suicida y el acceso a trata-  

miento en jóvenes sin contacto con servicios de salud en los últimos 12 meses,  

se implementó una intervención combinada (“blended”) de baja intensidad, que  

integró un componente humano y otro digital³³. La estrategia incluyó un breve  

contacto vía telefónica o WhatsApp con una psicóloga, junto con una app que  

Acción recomendada: Es necesario aumentar la inversión en políticas informadas  

por la ciencia del comportamiento para complementar y fortalecer las estrate-  

gias tradicionales de salud. La experiencia del Behavioural Insights Team (BIT)  

en Reino Unido ofrece un modelo replicable en Chile, basado en tres pilares:  

equipos multidisciplinarios dentro del Estado, evaluación rigurosa mediante  

ensayos controlados aleatorizados y escalamiento de intervenciones probadas.  

Siguiendo esta lógica, Chile podría crear una unidad de ciencias del compor-  

tamiento en salud orientada a la “última milla”, con el mandato de rediseñar  

procesos, comunicaciones y programas ya existentes para optimizar el uso de los  

recursos públicos. Su tarea sería identiﬁcar barreras conductuales en programas  

32 Mortier, P., Yang, X., Altwaijri, Y. A., Holdcraft, J. A., Lee, S., Sampson, N. A., Albor, Y.,  

Alhadi, A. N. et al. (2025). “The associations of childhood adversities and mental disorders  

with suicidal thoughts and behaviors: Results from the World Mental Health International  

College Student Initiative”. Psychiatry Research, 350, 116555.  

Bruﬀaerts, R., Mortier, P., Auerbach, R. P., Alonso, J. et al. (2019). “Lifetime and 12-month  

treatment for mental disorders and suicidal thoughts and behaviors among ﬁrst year col-  

lege students”. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 28(2), e1764.  

33 Jiménez-Molina, A., Martínez, V., Crockett, M., Mac-Ginty, S. (preprint). A Pilot Randomized  

Controlled Trial of a Blended App-Supported Intervention to Promote Mental Health  

Help-Seeking in University Students at Risk of Suicide.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

existentes y co-diseñar arquitecturas de decisión, en un rol equivalente al de las  

unidades de evaluación presupuestaria, pero centrado en la viabilidad conductual  

de las políticas. Además, se recomienda capacitar a equipos técnicos en ciencias  

del comportamiento y fomentar comunidades de práctica que documenten y  

difundan experiencias exitosas en el contexto chileno.  

Finalmente, institucionalizar pre-contactos proactivos tras los tamizajes, con  

derivación guiada, complementados por micro-contactos breves y recordatorios  

accionables que faciliten la conexión efectiva con los servicios de salud.  

d. Institucionalizar la validación empírica y la adaptación cultural de los  

programas  

b. Priorizar rediseños de bajo costo sobre la creación de nuevos programas  

Muchas intervenciones conductuales aún se diseñan a partir de la intuición más  

que de evidencia sólida y contextualizada. Lejos de ser una “bala de plata”, su  

efectividad depende del entorno y de la población objetivo. Persisten además  

tres debilidades críticas: la mayoría de los programas mide solo cobertura, sin  

indicadores de conversión ni continuidad; muchas iniciativas quedan como  

pilotos aislados sin criterios claros de escalamiento ni sostenibilidad; y no existe  

una cultura extendida de experimentación rigurosa en el sector público, pese  

a los estudios pioneros ya realizados en Chile. Es fundamental instaurar una  

cultura de evaluación que mida la efectividad relativa (impacto en relación con  

el costo) de las distintas arquitecturas de decisión, con el ﬁn de optimizar la  

asignación de recursos y generar evidencia sobre qué nudges funcionan mejor  

y en qué contextos.  

Con frecuencia, la respuesta de la política pública frente a fallas en la “última  

milla” es crear nuevos programas o marcos regulatorios. Sin embargo, antes  

de destinar recursos a iniciativas adicionales, es clave explorar el potencial  

de optimizar lo que ya existe. La evidencia del estudio sobre incentivos para  

mamografías en Chile34 muestra que intervenciones de costo marginal, como  

rediseñar una carta o ajustar un recordatorio, pueden generar retornos signiﬁ-  

cativos en los indicadores de salud.  

Acción recomendada: Mandatar una auditoría conductual de los principales  

programas preventivos y de manejo de enfermedades crónicas. El objetivo  

es detectar procesos y comunicaciones –formularios de inscripción, cartas de  

recordatorio, sitios web, guiones de atención telefónica– que puedan rediseñarse  

aplicando principios como simplicidad, opciones por defecto y mayor promi-  

nencia de la información clave. Optimizar estos “puntos de contacto” debe ser  

la primera medida antes de comprometer inversiones de mayor envergadura.  

Acción recomendada: Implementar tableros de monitoreo en tiempo real con  

métricas conductuales (conﬁrmaciones, asistencia, continuidad), desagregadas  

por sexo, edad y territorio, garantizando la protección de datos personales.  

Paralelamente, fomentar y ﬁnanciar Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA)  

para evaluar rigurosamente el impacto de las intervenciones antes de escalar  

a nivel nacional. Para ello, se propone crear un eje temático especial del Fondo  

Nacional de Investigación en Salud (FONIS, administrado por ANID), destinado  

a promover alianzas entre academia y sector público para co-diseñar y testear  

nudges en contextos reales. Este proceso debe acompañarse de políticas de  

ciencia abierta y de co-diseño con usuarios, asegurando la adaptación cultural  

de las soluciones. Las organizaciones que aplican nudges deben compartir  

datos y coordinar esfuerzos para potenciar el aprendizaje colectivo, recono-  

ciendo que documentar fracasos es tan valioso como registrar los éxitos. De  

este modo, no solo se garantiza la implementación de intervenciones efectivas  

y sostenibles, sino que también se genera un cuerpo de evidencia local que  

oriente futuras políticas y evite un uso indiscriminado o problemático de los  

hallazgos conductuales.  

c. Fortalecer la integración de recordatorios inteligentes y personalizados en  

los programas de salud  

Los recordatorios genéricos, aunque útiles en un primer momento, tienden a  

perder efectividad con el tiempo y rara vez coinciden con los momentos más  

críticos en los que las personas están más dispuestas o necesitan actuar. Esta  

limitación reduce su impacto en la adherencia y continuidad de los cuidados.  

De ahí la importancia estratégica de las tecnologías digitales y la inteligencia  

artiﬁcial, que ofrece la infraestructura necesaria para escalar recordatorios  

inteligentes, personalizados y oportunos.  

Acción recomendada: Diseñar intervenciones digitales con metas simples y  

medibles, evaluando resultados en conductas observables (como asistencia  

efectiva a citas o continuidad en tratamientos). Incorporar recordatorios secuen-  

ciales y personalizados que se activen antes de ventanas críticas (por ejemplo,  

temporada invernal), con mensajes adaptados y sometidos a testeo continuo.  

e. Garantizar equidad, ética y transparencia en las arquitecturas de decisión  

El uso de nudges y arquitecturas de decisión abre un debate necesario sobre el  

límite entre la persuasión legítima y la manipulación, especialmente cuando las  

34 Duarte, F. (2022). “Encouraging Mammograms Using Behavioral Economics:  

A

Randomized Controlled Trial in Chile”. Value in Health, 25(5), 767-775.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

intervenciones se dirigen a poblaciones en situación de vulnerabilidad³⁵. Si no  

se diseñan con criterios de equidad y transparencia, estas herramientas pueden  

reproducir o incluso ampliar desigualdades. La legitimidad y sostenibilidad del  

enfoque dependen, por tanto, de asegurar estándares éticos claros y de adaptar  

los mensajes y canales a la diversidad cultural, lingüística y territorial del país.  

6. CONCLUSIÓN: UN LLAMADO PRAGMÁTICO A ESCALAR LO QUE FUNCIONA  

Chile cuenta con una arquitectura sanitaria robusta -atención primaria extendida,  

garantías de calidad y cobertura ﬁnanciera-, pero sigue tropezando en la “última  

milla”: el tramo decisivo en que la oferta y la información deberían transformarse  

en acciones concretas como asistir a una cita, realizar un examen o mantener  

un tratamiento. Allí persisten fricciones invisibles que no responden solo a la  

falta de recursos, sino a políticas basadas en el supuesto de un actor racional en  

contextos donde predominan sesgos y limitaciones reales. Superar esta brecha  

no exige reformas estructurales de gran escala, sino ajustes inteligentes en los  

puntos de contacto con los usuarios.  

Acción recomendada: Establecer principios explícitos de acción, así como  

someter las intervenciones más sensibles a una revisión ética proporcional a su  

nivel de riesgo. Además, se deben diseñar mensajes culturalmente sensibles,  

incorporando distintos canales de comunicación (como radios comunitarias),  

y coordinar con la Atención Primaria de Salud (APS). De este modo, la política  

pública no solo optimiza decisiones, sino que lo hace bajo criterios de equidad  

social.  

Para capitalizar estos aprendizajes, es necesario reorientar el diseño de la política  

sanitaria hacia el comportamiento real de las personas, con sus límites de tiempo,  

atención y motivación. Esto requiere institucionalizar capacidades (equipos  

especializados en ciencias del comportamiento, estándares de evaluación, etc.)  

que permitan acelerar o escalar lo que ya funciona. Cerrar la “última milla” no  

es un desafío técnico inalcanzable. Apostar por intervenciones conductuales  

pragmáticas y costo-efectivas podría reducir complicaciones evitables y permitir  

que el sistema de salud funcione al ritmo de la vida real.  

Principios éticos para arquitecturas de decisión en salud  

Principio  

Deﬁnición  

Transparencia  

Toda intervención debe ser clara en su propósito y comuni-  

cada de manera comprensible para la población  

Proporcionalidad  

El nivel de intervención debe ser coherente con la magnitud  

del riesgo y respetar la autonomía individual  

Reducción de  

fricciones  

Las personas deben poder rechazar o desactivar la inter-  

vención sin barreras adicionales  

Equidad  

Priorizar diseños que reduzcan brechas y no reproduzcan  

desigualdades existentes, considerando género, edad, nivel  

socioeconómico y territorio  

Interculturalidad  

Multicanalidad  

Adaptar mensajes y formatos a la diversidad cultural y lin-  

güística del país, incluyendo pueblos originarios y migrantes  

Combinar canales digitales y tradicionales para llegar a  

quienes tienen menor acceso a internet  

Revisión ética  

proporcional  

Someter a evaluación independiente aquellas intervencio-  

nes con mayor potencial de riesgo o controversia  

Monitoreo continuo Evaluar no solo la efectividad, sino también posibles efectos  

adversos no intencionados, ajustando la intervención en  

consecuencia  

35 Sunstein, C. R. (2015). The ethics of inﬂuence: Government in the age of behavioral scien-  

ce. Cambridge University Press.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Thaler, R. (2018). Portarse mal. El comportamiento irracional en la vida económica.  

2. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIO DEL  

HOSPITAL ELOISA DIAZ I. DE LA FLORIDA  

Paidós.  

Thorndike, A. N., Sonnenberg, L., Riis, J., Barraclough, S. & Levy, D. E. (2012). “A  

2-phase labeling and choice architecture intervention to improve healthy food  

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Gonzalo Leiva Rojas  

Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. La Florida  

https://orcid.org/0000-0002-0654-2615  

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gonzalo.leiva@hospitallaﬂorida.cl  

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1404590.  

Maritza Ortega Palavecinos  

Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. La Florida  

https://orcid.org/0009-0006-5401-6552  

maritza.ortega@hospitallaﬂorida.cl  

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Estefanía Vilches  

Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Chile  

Zamani, Z., Ghalichi-Zave, Z., Ahmadi Mazhin, S., Eshaghzadeh, M., Hami, M.  

& Zahirian Moghadam, T. (2022). “Systematic review of health policy and  

behavioral economics: A neglected point in health promotion”. Journal of  

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estefania.vilches@uchile.cl  

Susana Quezada Labreaux  

International Consultant  

squezada@vqcg.global  

1. INTRODUCCIÓN  

El egreso hospitalario diferido ocurre cuando un paciente con alta médica no  

puede dejar el hospital por razones no clínicas, como la falta de redes de apoyo³⁶,  

recursos comunitarios o cupos en residencias. Este fenómeno representa una  

crisis urgente en Chile. Al 30 de junio de 2025, más de 800 adultos mayores se  

encontraban en esta situación, lo que equivale al 70,8 % del total de pacientes  

con alta sin egreso en la red asistencial pública³⁷.  

Este problema evidencia una fragmentación estructural entre la atención clínica  

y la respuesta social. Al ignorar los Determinantes Sociales de la Salud (DSS)³⁸,  

36 RevistaClínicaEspañola(s.f.).“Retrasodelaltahospitalariapormotivosnomédicos”.https://  

www.revclinesp.es/es-retraso-del-alta-hospitalaria-por-articulo-S0014256512000367  

37 Emol (2024, 3 de agosto). “Más de 800 adultos mayores con alta médica no pueden  

egresar de hospitales por falta de redes de apoyo”. El Mercurio.  

38 Organización Panamericana de la Salud (s.f.). “Determinantes sociales de la salud”. ht-  

tps://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

el sistema genera consecuencias graves: sobrecarga de camas hospitalarias,  

deterioro del bienestar de las personas y profundización de las inequidades.  

Para los usuarios sociosanitarios, que enfrentan una doble dependencia clínica  

y social, la única forma de garantizar una atención integral es brindar cuidado  

sanitario y social de manera simultánea y coordinada.  

Las implicancias fueron múltiples. Por un lado, el sistema de salud se vio forzado  

a absorber costos asociados a hospitalizaciones prolongadas, con un impacto  

directo en la eﬁciencia y disponibilidad de camas para pacientes con condiciones  

agudas. Por otro, los propios adultos mayores experimentaron un deterioro en  

su salud física y emocional al permanecer hospitalizados en un entorno inade-  

cuado para su recuperación, perdiendo oportunidades de reinserción social y  

comunitaria⁴⁰.  

En respuesta a este desafío, el Hospital Eloísa Díaz Insunza diseñó e imple-  

mentó el Modelo de Atención Sociosanitaria, una innovación institucional que  

establece un circuito formal activado desde la urgencia. Este modelo permite  

la detección precoz y la gestión oportuna de redes para asegurar un egreso  

seguro. Además, se ve fortalecido por el Índice Multidimensional de Efectividad  

(IME), herramienta que permite el monitoreo continuo, genera alertas tempranas  

y mejora la capacidad institucional de evaluación basada en datos.  

A pesar de que este diagnóstico fue levantado hace casi una década, Chile  

aún no ha logrado instalar una política nacional sociosanitaria consolidada, lo  

que evidencia la persistencia de la brecha. El desafío radica en transformar  

la evidencia en soluciones estructurales, capaces de garantizar una atención  

integral y digna a las personas en condición sociosanitaria.  

2. EL DESAFíO SOCIOSANITARIO  

3. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  

El problema sociosanitario en Chile no es nuevo. Ya en 2016, la División de  

Gestión de la Red Asistencial (DIGERA) del Ministerio de Salud realizó un estudio  

que reveló una situación crítica: un número importante de camas en hospitales  

públicos estaba siendo ocupado por pacientes adultos mayores que, pese a  

contar con alta médica, no podían egresar debido a la ausencia de redes fami-  

liares, recursos comunitarios o dispositivos residenciales adecuados.  

La implementación del Modelo de Atención Sociosanitaria en el Hospital Eloísa  

Díaz Insunza de La Florida permitió establecer un procedimiento estandarizado  

que articula la gestión clínica y social desde el ingreso de los usuarios al Servicio  

de Urgencia Adulto (SUA).  

El objetivo central de este procedimiento es garantizar una atención integral,  

temprana y coordinada, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo la  

planiﬁcación conjunta entre los equipos sanitarios y sociales. De este modo, se  

promueve una atención oportuna, centrada en las necesidades de los usuarios,  

y orientada a la resolución de sus requerimientos biopsicosociales.  

Este grupo de personas, denominado “pacientes sociales”, ponía en evidencia  

una contradicción estructural: los hospitales, diseñados para resolver condiciones  

agudas de salud, terminan funcionando como lugares de acogida prolongada  

frente a la falta de respuestas sociales.  

Asimismo, el modelo releva la importancia de las gestiones de reinserción social,  

revinculación familiar y derivación o ingreso a instituciones gubernamentales o  

privadas, según las características y necesidades de cada caso.  

El estudio de DIGERA (2017)39 constituyó un hito porque logró visibilizar un  

fenómeno que hasta entonces era leído únicamente como un problema de  

gestión hospitalaria, cuando en realidad respondía a una expresión directa de  

los determinantes sociales de la salud y a la ausencia de un modelo articulador  

entre lo sanitario y lo social. Lo que se mostraba no era solo saturación de camas,  

sino la evidencia de una fragmentación estructural del sistema y de la falta de  

coordinación intersectorial para responder a las necesidades de las personas.  

Etapas del procedimiento  

a. Admisión administrativa: El o la usuaria ingresa por demanda espontánea,  

en ambulancia, acompañado/a de familiares, solo/a o por orden judicial, y  

es registrado/a en la ﬁcha clínica electrónica. En los ingresos judiciales, se  

activa de inmediato una alerta al Servicio Social de Urgencia y se solicita  

resolución al Centro de Medidas Cautelares.  

Desde una perspectiva cientíﬁca, el estudio aportó evidencia empírica inédita  

al demostrar que una proporción signiﬁcativa de días-cama estaba ocupada por  

pacientes cuya principal necesidad ya no era clínica, sino eminentemente social.  

b. Triage clínico y social: Posterior al registro de admisión, el o la usuaria  

es categorizado/a clínicamente por enfermería mediante el algoritmo  

39 DIGERA MINSAL (2017). 1° Estudio nacional de categorización sociosanitaria y propues-  

40 DIGERA MINSAL (2017). 1° Estudio nacional de categorización sociosanitaria y propues-  

tas técnicas para su abordaje.  

tas técnicas para su abordaje.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Emergency Severity Index (ESI) (C1–C5). En los casos con riesgo social  

situación habitacional, dinámica familiar, opinión profesional y puntaje  

del SCORE SOCIAL.  

detectado, se deriva a Triage Social, donde un/a trabajador/a social realiza  

una entrevista inicial con el paciente, familiares, tutores u otros informantes  

clave. Para usuarios sin identiﬁcación, se recurre a redes sociales de  

apoyo o a Carabineros.  

La Ficha Social se incorpora a la ﬁcha clínica electrónica, constituyéndose  

en un insumo mínimo obligatorio para que los equipos de hospitalización  

profundicen el diagnóstico sociosanitario y diseñen planes de intervención  

integrados, ajustados a las necesidades de cada caso. De este modo, se  

asegura la continuidad de la intervención y se favorece la planiﬁcación  

coordinada entre el ámbito clínico y social, orientada al egreso seguro y  

a la vinculación con redes comunitarias y familiares.  

c. Evaluación clínica integral: Los equipos médicos y de enfermería realizan  

la evaluación diagnóstica, exámenes y deﬁnen la conducta clínica (alta,  

hospitalización, traslados internos o externos).  

d. Instrumentos de categorización sociosanitaria:  

•

•

Cuestionario de Valoración de la Dependencia y Riesgo Social  

(CUDYR): aplicado por enfermería a pacientes hospitalizados, evalúa  

dependencia y riesgo en cuidados clínicos.  

Resultados y aprendizajes  

La implementación del Procedimiento de Atención Sociosanitaria ha generado  

resultados concretos que evidencian su efectividad y potencial de replicabilidad  

en otros contextos de la red asistencial. A partir de su puesta en marcha, se  

han observado avances tanto en la gestión operativa del Servicio de Urgencia  

Adulto (SUA) como en la calidad de la respuesta institucional frente a las nece-  

sidades sociosanitarias de la población. Estos resultados, medidos en dimen-  

siones cuantitativas y cualitativas, reﬂejan un cambio signiﬁcativo en la forma  

en que se aborda la articulación entre los componentes clínicos y sociales de  

la atención en salud.  

SCORE SOCIAL: aplicado por trabajo social, evalúa factores de  

riesgo como hospitalización prolongada, abandono, NN (pacientes  

sin identiﬁcación), violencia intrafamiliar, descompensación en salud  

mental, consumo problemático, adolescentes en sistema judicial,  

accidentes de tránsito o laborales, personas extranjeras sin RUT,  

entre otros. El SCORE SOCIAL clasiﬁca el riesgo en tres niveles:  

I. G1: Alta dependencia social (11–15 puntos).  

II. G2: Mediana dependencia social (6–10 puntos).  

III. G3: Baja o nula dependencia social (1–5 puntos).  

En términos cuantitativos, el modelo ha permitido mejorar la identiﬁcación y  

clasiﬁcación de usuarios sociosanitarios, reducir hospitalizaciones prolongadas  

innecesarias y optimizar la gestión de camas en el SUA. En términos cualita-  

tivos, ha favorecido la coordinación temprana entre equipos clínicos y sociales,  

ampliado la mirada de atención más allá del enfoque biomédico y fortalecido  

la respuesta intersectorial.  

Deﬁnición de usuario sociosanitario: Se entiende por usuario sociosani-  

tario a aquella persona cuya atención requiere simultáneamente cuidados  

clínicos y apoyo social, debido a la coexistencia de factores de depen-  

dencia sanitaria y vulnerabilidad social. La categorización se establece  

a partir de la combinación de los resultados del CUDYR (dependencia y  

riesgo clínico) y del SCORE SOCIAL (riesgo social y psicosocial).  

Del modelo se desprendieron innovaciones relevantes, tales como:  

•

•

•

•

Estandarización del SCORE SOCIAL para su aplicación en adultos, pedia-  

tría y gineco-obstetricia.  

De esta integración se obtiene la categoría ﬁnal de usuario sociosanitario,  

lo que permite garantizar que la planiﬁcación de la atención se desarrolle  

de forma conjunta, coordinada e interdisciplinaria entre los equipos clínicos  

y sociales. Así se orienta la continuidad de cuidados, la gestión de redes  

y la toma de decisiones para el egreso hospitalario.  

Creación de un equipo de detección precoz en el contexto de salud  

mental adolescente, en el servicio de urgencia pediátrica.  

Creación de una línea de intervención socio jurídico, especialmente en  

ingresos judiciales y medidas cautelares.  

Ficha Social y continuidad de la atención: En los casos clasiﬁcados como  

G1 o G2, el equipo de trabajo social elabora una Ficha Social, documento  

técnico que sistematiza antecedentes clave para la gestión de la atención.  

Esta ﬁcha incluye información sobre tipo de ingreso, datos personales,  

Fortalecer la coordinación intersectorial, estableciendo redes sostenibles  

con dispositivos comunitarios, municipales, educacionales y de protección  

social, que garanticen la continuidad de cuidados y la vinculación efectiva  

de los usuarios con su entorno.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

El Procedimiento de Atención Sociosanitaria ha consolidado un circuito estanda-  

rizado y replicable, capaz de integrar evidencia clínica y social desde el primer  

contacto con el usuario. Este modelo no solo optimiza la gestión hospitalaria,  

sino que también genera aprendizajes transferibles a distintos ámbitos de la  

red asistencial, contribuyendo a fortalecer una atención integral, coordinada y  

centrada en las necesidades biopsicosociales de las personas.  

4. INCORPORACIÓN DEL íNDICE MULTIDIMENSIONAL DE EFECTIVIDAD (IME)  

El Índice Multidimensional de Efectividad (IME) fue incorporado en el Hospital  

Eloísa Díaz Insunza en alianza con la Universidad de Chile, como una segunda  

etapa orientada a fortalecer el Modelo Sociosanitario previamente instalado. Su  

origen se encuentra en el proyecto FONDEF ID17I10033, diseñado inicialmente  

como un sistema de alerta temprana para programas de infancia, que luego fue  

adaptado al contexto hospitalario.  

Fundamentación técnica  

El IME es una herramienta de investigación aplicada e innovación pública que  

responde a un desafío estructural: la diﬁcultad de medir y mejorar la efectividad  

de programas sociales y sanitarios con base en información oportuna y siste-  

matizada. Su arquitectura permite:  

La integración del IME no constituye la base del modelo, sino que actúa como  

un mecanismo de fortalecimiento, ampliando sus capacidades en tres ejes  

principales:  

•

•

•

Integrar datos clínicos, sociales y de gestión bajo un Sistema de Alerta  

Temprana (SAT).  

1. Monitoreo continuo de la efectividad, mediante indicadores sensibles  

que reﬂejan las condiciones reales de implementación.  

Monitorear el desempeño institucional en ocho dimensiones de análisis,  

cada una con subdimensiones e indicadores especíﬁcos.  

2. Gestión interdisciplinaria, al vincular dimensiones clínicas, sociales y  

organizacionales en un mismo sistema de análisis.  

Producir evidencia para la toma de decisiones basada en datos, iden-  

tiﬁcando avances, retrocesos y áreas críticas que requieren rediseño.  

3. Escalabilidad y replicabilidad, favoreciendo su proyección hacia otros  

hospitales y servicios de salud.  

El sistema utiliza un método de promedios jerárquicos, que entrega análisis en  

distintos niveles (indicador, subdimensión, dimensión y programa), lo que facilita  

una visualización estratégica para la gestión hospitalaria.  

La transferencia del IME se encuentra actualmente en proceso de desarrollo, bajo  

un enfoque de co-creación institucional que busca fortalecer las capacidades  

locales y garantizar su futura sostenibilidad. Esta etapa ha considerado acciones  

de acompañamiento técnico, tales como talleres de validación de indicadores,  

espacios de retroalimentación con equipos hospitalarios y planiﬁcación de  

capacitaciones orientadas a la apropiación progresiva del modelo.  

El proceso proyecta consolidar una implementación participativa y contextuali-  

zada, asegurando que la herramienta se adapte a las particularidades del entorno  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

hospitalario y no permanezca como una innovación externa. De este modo, se  

promueve la construcción de capacidades locales para el uso y gestión del IME  

en la práctica cotidiana.  

respuestas parciales y descoordinadas. Esta fragmentación se traduce en dupli-  

cación de esfuerzos, uso ineﬁciente de recursos y pérdida de continuidad en  

la atención, lo que afecta especialmente a las personas en situación de depen-  

dencia social y sanitaria.  

A partir de los avances actuales, se prevén impactos estratégicos en la gestión  

sociosanitaria del hospital, entre ellos:  

Déﬁcits en la coordinación intersectorial  

•

•

•

•

•

Disponibilidad de un sistema sensible al contexto local, capaz de generar  

alertas tempranas.  

A pesar de los avances en la articulación local, persisten barreras para coordinar  

de manera ﬂuida con municipalidades, SENAMA, SENDA, SENAME, Poder Judicial  

y servicios comunitarios. La falta de sistemas interoperables de información y de  

protocolos compartidos limita la capacidad de garantizar una respuesta integral,  

especialmente en el tránsito de los pacientes desde el hospital hacia el territorio.  

Fortalecimiento de las capacidades directivas mediante información  

validada para la toma de decisiones estratégicas.  

Promoción de una cultura de evaluación continua y gestión del  

conocimiento.  

Brechas en salud mental infanto-adolescente  

Proyección de escalamiento hacia otros establecimientos, con adapta-  

ciones pertinentes a distintas realidades territoriales.  

Los equipos han logrado instalar procedimientos de detección temprana en  

población adolescente, pero los recursos disponibles siguen siendo insuﬁcientes  

frente a la creciente demanda por crisis de salud mental, intentos suicidas y  

consumo problemático. La escasez de dispositivos intermedios y la limitada  

capacidad de hospitalización breve generan presión sobre los hospitales gene-  

rales y sobre las familias, lo que incrementa la vulnerabilidad de esta población.  

Generación de evidencia útil para la formulación y rediseño de políticas  

públicas.  

El IME aporta un valor estratégico al Modelo Sociosanitario, al transformarse en  

un instrumento de gestión que integra evidencia, monitoreo y mejora continua.  

Su fortaleza radica en su capacidad para traducir la experiencia operativa en  

conocimiento útil para la planiﬁcación y la toma de decisiones, contribuyendo  

a consolidar una gobernanza sociosanitaria informada, sostenible y adaptable  

a los desafíos emergentes del sistema de salud.  

Desafíos en el ámbito socio jurídico  

Los ingresos hospitalarios asociados a medidas judiciales (por ejemplo, interna-  

ción de adolescentes bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, medidas  

de protección dictadas por tribunales de familia) carecen de un protocolo estan-  

darizado de articulación con tribunales, ﬁscalías y organismos colaboradores.  

Esta brecha retrasa la toma de decisiones, genera incertidumbre institucional  

y expone a los equipos hospitalarios a riesgos legales.  

5. DESAFíOS PENDIENTES  

La implementación del Modelo de Atención Sociosanitaria en el Hospital Eloísa  

Díaz Insunza ha permitido demostrar la factibilidad de articular la gestión clínica y  

social desde el ingreso a servicios de urgencias; generando alertas diagnósticas  

uniﬁcadas, mejorando la continuidad de cuidados, e intervención y reduciendo  

hospitalizaciones prolongadas innecesarias. No obstante, para consolidar este  

avance y garantizar su sostenibilidad, persisten desafíos de carácter estructural  

que reﬂejan brechas de política pública a nivel nacional.  

Personas mayores en condición sociosanitaria  

Este grupo constituye el núcleo más crítico del fenómeno sociosanitario. Los  

adultos mayores permanecen hospitalizados por semanas o meses tras su alta  

médica debido a la ausencia de redes familiares o cupos en dispositivos de  

larga estadía. Esta situación impacta en su calidad de vida, acelera procesos de  

dependencia funcional y contribuye a la sobrecarga del sistema hospitalario.  

Se estima que más del 70% de los pacientes sociales corresponden a personas  

mayores, lo que refuerza la urgencia de una respuesta intersectorial sostenible.  

Fragmentación del sistema sanitario y social  

El principal desafío sigue siendo la falta de integración normativa, ﬁnanciera y  

organizacional entre los servicios de salud y los dispositivos sociales. La ausencia  

de un marco institucional especíﬁco para la atención sociosanitaria mantiene  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

6. RECOMENDACIONES  

f) Escalar el modelo con monitoreo basado en evidencia  

Promover la expansión del modelo hacia otros hospitales y servicios de salud,  

utilizando herramientas de innovación como el Índice Multidimensional de  

Efectividad (IME). Esto permitiría estandarizar procedimientos, evaluar resultados  

de manera comparativa y asegurar la sostenibilidad del modelo mediante una  

gestión basada en datos.  

a) Institucionalizar el modelo sociosanitario a nivel nacional  

Avanzar hacia la deﬁnición de un marco normativo y ﬁnanciero estable que  

reconozca la atención sociosanitaria como parte integrante del sistema de salud,  

con lineamientos técnicos ministeriales, ﬁnanciamiento basal y mecanismos de  

evaluación obligatorios.  

Los desafíos aquí identiﬁcados conﬁrman que la condición sociosanitaria no  

puede ser abordada solo desde la clínica. Su adecuada respuesta exige una  

mirada sistémica y multidimensional, que reconozca la complejidad del fenómeno  

y articule de manera simultánea los ámbitos clínicos, sociales, comunitarios,  

jurídicos y de gestión. En la práctica, la experiencia del Hospital Dra. Eloísa Díaz  

Insunza constituye una prueba piloto exitosa, y nos recuerda que a problemas  

complejos debemos dar respuestas complejas, capaces de integrar instrumentos  

de evaluación multidimensional, coordinación intersectorial y un marco de  

gobernanza estable que permita asegurar continuidad, equidad y efectividad  

en las intervenciones. Creemos ﬁrmemente que el modelo sociosanitario debe  

escalarse, y traducirse en una política pública estructural.  

b) Consolidar la coordinación intersectorial  

Establecer convenios formales de colaboración con municipalidades y orga-  

nismos sectoriales (SENAMA, SENDA, SENAME, Ministerio de Desarrollo Social  

y Familia, Poder Judicial), acompañados de sistemas interoperables de infor-  

mación que permitan el seguimiento de los casos en tiempo real y garanticen  

continuidad de cuidados tras el egreso hospitalario.  

c) Priorizar la salud mental infanto-adolescente  

7. CONCLUSIÓN  

Diseñar un circuito sociosanitario especíﬁco para adolescentes, con equipos  

de detección precoz, protocolos de derivación rápida y aumento de la oferta  

en dispositivos intermedios (hospitalización breve, residencias terapéuticas,  

centros de día). Esto permitirá reducir la carga sobre los hospitales generales y  

garantizar abordajes integrales con participación de las familias y la comunidad.  

El fenómeno sociosanitario constituye uno de los desafíos más urgentes y  

persistentes del sistema de salud y protección social en Chile. La permanencia  

prolongada de personas hospitalizadas tras recibir alta médica, especialmente  

adultos mayores y pacientes en situación de vulnerabilidad social, evidencia  

la fragmentación histórica entre la atención clínica y la respuesta social. Este  

problema no solo compromete la eﬁciencia hospitalaria, al ocupar camas desti-  

nadas a condiciones agudas, sino que también vulnera derechos fundamentales,  

deteriora la calidad de vida de los pacientes y genera sobrecarga en las familias  

y comunidades.  

d) Fortalecer la articulación socio jurídica  

Crear equipos mixtos de enlace entre hospitales y tribunales, capaces de  

gestionar de manera ágil los ingresos con orden judicial. Estos equipos debe-  

rían contar con protocolos nacionales, asesoría legal especializada y canales  

de comunicación directa con el sistema de justicia, reduciendo así tiempos de  

resolución y riesgos de vacíos legales.  

En este contexto, la implementación del Modelo de Atención Sociosanitaria en el  

Hospital Eloísa Díaz Insunza constituye un avance signiﬁcativo hacia soluciones  

estructurales. El modelo consolida un circuito integrado de atención clínica y  

social, basado en protocolos claros, instrumentos de categorización validados  

(CUDYR y SCORE SOCIAL) y un sistema de registro común en la ﬁcha clínica  

electrónica. Estos elementos aseguran la detección precoz de riesgos, la deri-  

vación oportuna y la planiﬁcación conjunta de la atención, mejorando tanto la  

eﬁciencia en la gestión hospitalaria como la calidad del cuidado ofrecido a las  

personas.  

e) Desarrollar respuestas comunitarias para personas mayores  

Expandir la red de cuidados de larga duración, incluyendo cupos residenciales,  

hospitalización domiciliaria, servicios de apoyo comunitario y programas de  

revinculación familiar. La prioridad debe estar en prevenir que las personas  

mayores con alta médica permanezcan hospitalizadas, garantizando su derecho  

a una vida digna en entornos adecuados.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

La experiencia ha demostrado que un enfoque sociosanitario no solo es posible,  

sino necesario para abordar las inequidades en salud. La estandarización del  

procedimiento ha generado impactos cualitativos, como una mayor coordinación  

entre equipos clínicos, sociales y jurídicos, integración intersectorial y conti-  

nuidad de cuidados; así como impactos cuantitativos, incluyendo la reducción  

de hospitalizaciones prolongadas, mejor uso de camas críticas y disponibilidad  

temprana de insumos diagnósticos desde el ingreso a urgencias. Estos resultados  

refuerzan la idea de que el usuario sociosanitario debe ser reconocido como  

una categoría especíﬁca de atención en el sistema público, con estándares  

propios de evaluación, intervención y seguimiento.  

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A esta primera fase se suma el desarrollo del Índice Multidimensional de  

Efectividad (IME), concebido como herramienta de autoobservación institucional.  

Aunque su transferencia plena aún se encuentra en proceso, el IME permite  

avanzar hacia una gestión basada en evidencia, facilitando el monitoreo en  

tiempo real, la generación de alertas tempranas y la orientación de decisiones  

estratégicas. Su valor radica en potenciar la efectividad del modelo, asegurar  

su sostenibilidad y generar aprendizajes transferibles para el sistema de salud  

en su conjunto.  

Fundación Economía y Salud (2021). Hacia un modelo de atención sociosanitaria.  

Organización Panamericana de la Salud (s.f.). “Determinantes sociales de la  

salud”. https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud  

Organización Mundial de la Salud (2014). “Constitución de la Organización Mundial  

de la Salud (1948)”. https://www.who.int/es/about/governance/constitution  

La experiencia del Hospital Eloísa Díaz Insunza conﬁrma que el abordaje sociosa  

-

nitario es una estrategia viable, ética y necesaria para responder a las crecientes  

demandas sociales y sanitarias. Entre sus principales ventajas destacan:  

•

•

•

•

•

Mejorar la eﬁciencia hospitalaria, liberando camas para atención de condi-  

ciones agudas.  

Asegurar la continuidad de cuidados, conectando al paciente con redes  

comunitarias, municipales y de protección social.  

Reducir inequidades en salud, al intervenir sobre determinantes sociales  

que condicionan la adherencia a tratamientos y la calidad de vida.  

Fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, gracias al uso del  

IME y de instrumentos de evaluación integrados.  

Posicionar al hospital como referente en innovación pública en salud,  

con capacidad de transferir aprendizajes a la red asistencial nacional.  

Por lo tanto, adoptar y escalar este modelo no solo mejora la gestión hospita-  

laria, sino que constituye un paso decisivo hacia la construcción de un sistema  

sociosanitario integrado, capaz de responder de manera efectiva, intersecto-  

rial y equitativa a las necesidades reales de la población. Su implementación  

representa un modelo replicable de innovación institucional, con potencial para  

transformar la atención sociosanitaria a nivel nacional.  

VI. SALUD PúBLICA  

3. ATENCIÓN PRIMARIA PREPARADA PARA LAS  

CRISIS SOCIOSANITARIAS: COMO RESPONDER A LAS  

NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES  

Alejandra Fuentes García  

Escuela de Salud Pública  

Facultad de Medicina,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-3094-1330  

alefuentes@uchile.cl  

Paulina Osorio Parraguez  

Departamento Antropología, Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6438-3712  

posorio@uchile.cl  

Catalina Arteaga Aguirre  

Departamento Sociología  

Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0365-5526  

carteaga@uchile.cl  

Juan Ilabaca Mendoza  

Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0006-0202-3312  

juan.ilabaca@uchile.cl  

Ignacia Navarrete Luco  

Estudiante Doctorado en Antropología y  

Comunicación,  

Universitat Rovira i Virgili  

https://orcid.org/0000-0002-4128-2900  

ignavlu@gmail.com  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

María Gracia Salamanca García  

Escuela de Medicina,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0004-6248-8555  

vida de la población. Nuestro país se ubica entre los más envejecidos de América  

Latina y en una etapa avanzada de transición demográﬁca⁴¹. La proporción de  

personas de 60 y más años aumentó de 6% a 8% entre 1950 y el 2000; y se  

registra en 19,8% en el último censo poblacional (INE, 2024). En tanto que la  

esperanza de vida en el mismo período aumentó de 52 a 70 años y al 2024  

ha superado los 81 años (INE, 2024). Se estima que para 2050 la esperanza  

de vida al nacer sea en promedio de 85,4 años, y que el grupo poblacional de  

personas de 60 y más años constituya el 32% del total de la población del país  

(INE, 2018). Por ende, no solo somos un país marcado por el envejecimiento,  

sino también por la longevidad.  

maria.salamanca@ug.uchile.cl  

Constanza Biscarra Mc-Naughton  

Estudiante Doctorado en Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0000-7141-7020  

constanza.biscarra@gmail.com  

Las personas mayores pueden experimentar una vulnerabilidad diferenciada  

frente a crisis sociosanitarias y desastres socionaturales. Esta vulnerabilidad no  

constituye una condición intrínseca asociada a la edad como criterio de agrupa-  

ción o diferenciación, sino que se conﬁgura a partir de factores y condiciones de  

vida que determinan el nivel de riesgo ante situaciones de desastre⁴². Asimismo,  

dicha vulnerabilidad puede intensiﬁcarse en contextos donde la respuesta de  

los sistemas de salud y de protección social resulta insuﬁciente.  

INTRODUCCIÓN  

Este policy brief se estructura en distintas secciones que buscan aportar un  

marco integral para la preparación y respuesta de la Atención Primaria de Salud  

(APS) frente a las necesidades de las personas mayores en crisis sociosanitarias.  

En primer lugar, se contextualiza el envejecimiento poblacional en Chile y la  

heterogeneidad de las condiciones de vida de este grupo. Posteriormente, se  

revisan las políticas públicas vigentes y las brechas que persisten en materia  

de preparación para emergencias. Luego, se analiza el rol estratégico de la  

APS y su resiliencia en contextos territoriales especíﬁcos, identiﬁcando tanto  

sus capacidades instaladas como las limitaciones observadas. A continuación,  

se presentan los principales desafíos pendientes en materia de gobernanza,  

participación y derechos, seguidos por un conjunto de recomendaciones de  

acción orientadas a fortalecer la pertinencia, oportunidad y sostenibilidad de la  

respuesta de la APS a las necesidades de las personas mayores. Finalmente, se  

exponen las conclusiones que subrayan la urgencia del problema y los beneﬁcios  

de implementar las medidas propuestas.  

En este escenario, reconocer la heterogeneidad de las personas de 60 años  

y más en diversos ámbitos de la vida es fundamental para una preparación y  

respuesta adaptada a este grupo. Por ejemplo, atender a las composiciones  

familiares y habitacionales de las personas mayores, donde han aumentado  

los hogares unipersonales con jefes/as de hogar mayores⁴³. Considerar los  

perﬁles de morbilidad, comorbilidad, grados de dependencia (leve, moderada  

y severa) y los requerimientos de cuidados, los cuales aumentan sobre los 80  

años⁴⁴. En esta línea, las personas mayores son importantes proveedores/as  

de cuidados, reportándose un incremento de mujeres mayores cuidadoras de  

41 Huenchuan, S. (ed.) (2018). Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el  

Desarrollo Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos. Libros de la CEPAL,  

N° 154 (LC/PUB.2018/24-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

Santiago, Chile.  

42 HelpAge (2020). Llevando la peor parte. El impacto de la pandemia del COVID-19 en las  

personas mayores en países de ingresos medios y bajos: Aprendizajes del 2020. https://  

www.helpage.org/download/60c24de7af9fd/  

Envejecimiento poblacional en Chile y características del diverso grupo de  

personas mayores  

Las personas mayores son un grupo altamente vulnerable ante los desafíos del  

cambio climático y los desastres socionaturales que gatillan crisis sociosanita-  

rias. Esta situación se agudiza en nuestro país producto del entrecruce entre un  

acelerado envejecimiento poblacional y las características de un país propenso  

a fenómenos socionaturales.  

ONEMI (2020). Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Plan  

Estratégico Nacional. 2020-2030. https://emergenciaydesastres.mineduc.cl/wp-content/  

uploads/2021/04/politica-nacionalgestio%cc%81n-reduccio%cc%81n-del-riesgo-de-de-  

sastres-2020-2030.pdf  

43 MIDESO (2017). Adultos Mayores. Síntesis de Resultados CASEN 2017. http://observa-  

torio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2017/Resultados_Adulto_  

Mayores_casen_2017.pdf  

44 Forttes, P. (2025). Vejez en Chile. Situación y desafíos de políticas públicas en envejecimiento.  

https://cegep.uv.cl/publicaciones/boletin-agenda-publica/78-boletin-agenda-publi-  

ca-n-10-vejez-en-chile  

Chile ha experimentado un acelerado envejecimiento poblacional a partir de  

mediados del siglo XX, debido a, entre otros factores, a mejoras en el acceso  

a servicios básicos y políticas públicas que han permitido extender los años de  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

otras personas mayores, por lo general, cuidado extendido a familiares y cuyo  

carácter aún permanece invisibilizado y precarizado⁴⁵. Y ﬁnalmente, se deben  

tener presentes las condiciones socioeconómicas de vida, la soledad y aisla-  

miento social que experimentan las personas mayores⁴⁶.  

y epidemiológico actual refuerza la necesidad de políticas sustentables que  

permitan enfrentar, por un lado, la creciente carga de enfermedad y, por otro,  

las demandas sociosanitarias emergentes de este grupo poblacional. En esta  

línea, la gobernanza de un sistema adaptado a las personas mayores debe  

mantenerse en el nivel central, recogiendo las experiencias acumuladas en  

dispositivos como los Establecimientos de Larga Estadía dirigidos por SENAMA,  

los Centros Diurnos y el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, orientado  

desde hace más de una década a prolongar la capacidad funcional y cognitiva  

de las personas mayores.  

Contexto de Políticas Públicas para personas mayores en Chile  

Desde la década del 2000, con la creación del Servicio Nacional del Adulto  

Mayor (SENAMA), el país ha avanzado en la formulación de políticas públicas  

en materia de envejecimiento, fortaleciendo programas vinculados a salud,  

cuidados, seguridad y participación social⁴⁷.  

Estas iniciativas, con enfoques diferenciados, han contribuido a mejorar la calidad  

de vida de la población mayor. A ellas se suma la reciente incorporación en la  

Ley de Presupuestos del Sistema Nacional de Cuidados⁴⁹, dirigida a personas en  

situación de dependencia y a sus cuidadores/as, que reconoce explícitamente  

la labor de cuidado y establece mecanismos de ﬁnanciamiento y ejecución  

mediante la “Red Local de Apoyos y Cuidados”⁵⁰.  

La atención preferente para personas mayores ha sido promovida desde hace  

décadas por el Ministerio de Salud de Chile, orientando a los prestadores de  

la red a priorizar este grupo en los sistemas de agendamiento. Este derecho  

quedó formalizado en la Ley N.° 21.168⁴⁸, que establece que toda persona mayor  

de 60 años, así como aquellas en situación de discapacidad, debe recibir aten-  

ción preferente y oportuna. Durante la pandemia de COVID-19, esta prioridad  

se tradujo en la asistencia domiciliaria para la atención de morbilidad, así como  

en la entrega de medicamentos y alimentos a personas mayores de 65 años.  

Desde la perspectiva de la participación y la toma de decisiones compartidas, es  

necesario fortalecer la voz de las personas mayores organizadas en el diseño de  

políticas. Medidas como la creación de consejos participativos, mesas intersec-  

toriales permanentes y la integración de las organizaciones de la sociedad civil  

resultan claves para garantizar intervenciones más legítimas y pertinentes⁵¹. En  

esta misma línea, las redes comunitarias intergeneracionales pueden contribuir  

a la cohesión social y la inclusión, en sintonía con las recomendaciones de la  

OMS sobre ciudades amigables con las personas mayores⁵².  

El mantenimiento de la autonomía y la capacidad funcional constituye uno de  

los principales desafíos del Estado como responsable del diseño, implementa-  

ción y evaluación de políticas públicas en la materia. El contexto demográﬁco  

45 MDSyF (2024). Informe de Cuidados. https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/  

Avanzar hacia un marco normativo robusto también requiere sancionar la discri-  

minación por edad en los ámbitos de la salud, trabajo, vivienda y servicios  

públicos. La existencia de protocolos de atención sin discriminación y campañas  

que enfrenten los prejuicios edadistas son complementos necesarios para este  

46 CEPAL (2020). “Vulnerabilidades sociodemográﬁcas de las personas mayores frente a  

la pandemia por COVID-19”. Boletín Envejecimiento y Desarrollo, 18. https://www.cepal.  

org/es/enfoques/vulnerabilidades-sociodemograﬁcas-personasmayores-frente-al-co-  

vid-19?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210204_boletin_  

envejecimiento_18  

OMS (2025). Informe de la Comisión de la OMS sobre conexión social. De la Soledad a  

la Conexión Social. El camino hacia sociedades más saludables. https://www.who.int/es/  

publications/m/item/from-loneliness-to-social-connection-summary  

MIDESO (2017). Adultos Mayores. Síntesis de Resultados CASEN 2017. http://observa-  

torio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2017/Resultados_Adulto_  

Mayores_casen_2017.pdf  

49 DIPRES (2024). “Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados”. https://www.  

dipres.gob.cl/604/articles-335394_doc_pdf.pdf  

MDSyF (2024). “Presupuesto 2025: Proyecto propone un crecimiento de casi  

40%  

en  

cuidados”.  

Https://apoyosycuidados.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/  

presupuesto-2025-proyecto-propone-un-crecimiento-de-casi-40-en-cuidados  

47 SENAMA y MIDESO (2013). Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile (2012-  

2025).ꢀhttps://vifadultomayor.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/12/senamalibro-  

politicas.pdf  

50 BCN (2025). Ley Chile. Resolución 5 (13-jun-2025) establece la forma de ejecución de los  

recursos, incluidos los componentes del programa y beneﬁciarios de la asignación 24-  

03-351 “red local de apoyos y cuidados” ministerio de Desarrollo Social y Familia. https://  

www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1214153  

51 Elizondo Orellana, N. y Avellaneda Rodriguez, D. (2025). “Inclusión de personas mayores  

en las políticas públicas. Los desafíos de la transformación demográﬁca en Colombia  

y Chile”. Gobierno y administración pública, 8(8), 83-92. DOI: https://doi.org/10.29393/  

GP8-7PMDN20007  

García, V., López Huenante, N., Silva, A., Bustamante, M., León, S., Silva, L., Baeza, M.,  

Chandía, C. y Gamonal, J. (2024). “Políticas Públicas sobre Envejecimiento en Chile:  

Revisión Narrativa 1990-2022”. Revista Estudios de Políticas Públicas, 10(1), 23-40. https://  

doi.org/10.5354/0719-6296.2024.72500  

48 BCN (2019). “Modiﬁca la ley n° 20.584, a ﬁn de crear el derecho a la atención preferente”.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1134300  

52 SENAMA (2021). Guía de orientaciones técnicas Programa Comunas Amigables.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

objetivo⁵³. Finalmente, el fortalecimiento de la seguridad social, tanto en salud  

como en pensiones, constituye un eje imprescindible para garantizar condiciones  

de vida dignas y equitativas en la vejez.  

Dado este escenario se requiere incorporar la perspectiva del envejecimiento  

y el territorio en la respuesta a los sistemas institucionales, para proteger a  

las personas mayores y promover sus Derechos Humanos. Entre los sistemas  

institucionales, el sector salud —y en particular la APS— reviste especial rele-  

vancia, tanto por su rol clave en la preparación y respuesta ante emergen-  

cias de distinto origen⁵⁷, como por ser el principal vínculo entre el sistema de  

salud y la comunidad. Además, la mayoría de las personas mayores en Chile  

son usuarias habituales de la APS, representando aproximadamente el 21,0%  

del total de usuarios inscritos en el sistema público de salud⁵⁸. La APS, como  

puerta de entrada al sistema de salud, opera en nuestro país bajo un modelo  

de atención integral, territorializado y centrado en las personas, lo que la posi-  

ciona estratégicamente para responder de manera oportuna y pertinente a las  

necesidades de esta población en contextos de crisis⁵⁹. La APS ha demostrado  

una gran capacidad de resiliencia frente a las crisis sociosanitarias, realizando  

adaptaciones para mantener el funcionamiento⁶⁰.  

Actualmente (2025), se encuentra en debate en el Congreso un proyecto de  

ley sobre envejecimiento digno, activo y saludable. Sin embargo, persiste una  

deuda institucional en materia de preparación y gestión frente a crisis sociosa-  

nitarias, especialmente relevante en un país altamente envejecido y expuesto  

a catástrofes naturales, como Chile.  

APS y crisis sociosanitarias en contextos territoriales particulares  

Chile se localiza en un territorio geográﬁco con características climáticas, hidro-  

lógicas y geotectónicas que lo hacen susceptible de ser afectado por distintos  

tipos de eventos de carácter natural y/o antrópicos que pueden producir crisis  

sociosanitarias. Más aún, el país cumple siete de los nueve criterios de vulnera-  

bilidad climática establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas  

sobre Cambio Climático (áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas,  

deterioro forestal, susceptibilidad a desastres naturales, áreas urbanas conta-  

minadas, ecosistemas montañosos y zonas propensas a la sequía y desertiﬁca-  

ción)⁵⁴. Esta alta susceptibilidad de nuestro país a situaciones de emergencias  

y desastres acentuados por el cambio climático tensiona al sistema de salud  

para responder oportunamente ante la emergencia (MINSAL, 2024).  

Aunque la APS ha sido relevada por la Organización Mundial de la Salud como  

piedra angular del sistema de salud y el punto de enlace principal con la comu-  

nidad⁶¹, donde debe centrarse el esfuerzo de preparación y respuesta ante emer-  

gencias de diverso origen que generan crisis sociosanitarias⁶², las adaptaciones  

que se han realizado han sido principalmente reactivas, sin orientaciones claras  

57 Giovanella, L., Vega, R., Tejerina-Silva, H., Acosta-Ramirez, N., Parada-Lezcano, M., Ríos,  

G., Iturrieta, D., Almeida, P. F. D. y Feo, O. (2021). “¿Es la atención primaria de salud integral  

parte de la respuesta a la pandemia de Covid-19 en Latinoamérica?” Trabalho, Educação  

e Saúde, 19. DOI: https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00310  

58 FONASA (2024). “Población inscrita en APS”. https://public.tableau.com/views/Reporte  

InscritosCentrosAPS/ReporteAPS?:showVizHome=no  

59 MINSAL (2013). “Orientaciones para la implementación del modelo de atención integral  

de salud familiar y comunitaria. Dirigido a equipos de salud”. https://www.araucaniasur.  

cl/wp-content/uploads/2019/05/Orientaciones-para-la-implementacion-del-modelo-de-  

atencion-integral-de-salud-Familiar-y-comunitaria..pdf  

Sumado a lo anterior, el sistema de salud chileno se distribuye de manera no  

homogénea en el territorio y con una centralización de los servicios⁵⁵, lo cual,  

junto con las características territoriales, genera inequidades en el acceso opor-  

tuno a la atención en salud. Un ejemplo crítico de ello, son las diﬁcultades de  

las personas mayores rurales y sus comunidades en el acceso a la atención  

en salud y otros servicios56 debido a la baja disponibilidad de transporte, aisla-  

miento y/o la conectividad.  

60 Rojas, M. P., Peñaloza, B., Soto, M., Téllez, A. y Fábrega, R. (2022). “Atención primaria en  

tiempos de COVID-19: desafíos y oportunidades”. Temas de la Agenda Pública, 17(154), 1-19.  

Pradhan, N.A., Samnani, A.A.B.A., Abbas, K. & Rizvi, N. (2023). “Resilience of prima-  

ry healthcare system across low- and middle-income countries during COVID-19 pan-  

demic: a scoping review”. Health Res Policy Sys 21, 98. DOI: https://doi.org/10.1186/  

s12961-023-01031-4  

53 MINSAL (2021). Plan Nacional de Salud Integral para Personas Mayores  

2020–2030. ꢀhttps://diprece. minsal.cl/wp-content/uploads/2021/09/  

Plan-Nacional-de-Salud-Integral-para-Personas-Mayores_v2.pdf  

54 Galilea, S. (2019). Cambio climático y desastres naturales. Acciones Claves para enfren-  

61 OMS (2021). “Generación de resiliencia en los sistemas de salud en pro de la cober-  

tura sanitaria universal y la seguridad sanitaria durante y después de la pandemia de  

COVID-19: documento de posición de la OMS [Building health systems resilience for uni-  

versal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond:  

WHO position paper]”. Organización Mundial de la Salud. Ginebra.  

tar las Catástrofes en Chile. Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile.  

55 Vecchio, G. (2022). “Cuidar el territorio que envejece: Envejecimiento demográﬁco y  

marginalidad territorial en Chile”. Eidos, 14(19), 3-12. DOI: https://doi.org/10.29019/eidos.  

v14i19.1028  

56 Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica de Chile (2023). Envejecer  

en la ruralidad: explorando una realidad invisibilizada. https://observatorioenvejecimien-  

to.uc.cl/wp-content/uploads/2024/03/Reporte-Envejecer-en-la-ruralidad-explorando-  

una-realidad-invisibilizada.pdf  

62 Giovanella, L., Vega, R., Tejerina-Silva, H., Acosta-Ramirez, N., Parada-Lezcano, M., Ríos,  

G., Iturrieta, D., Almeida, P. F. D. y Feo, O. (2021). “¿Es la atención primaria de salud integral  

parte de la respuesta a la pandemia de Covid-19 en Latinoamérica?”. Trabalho, Educação  

e Saúde, 19. DOI: https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00310  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

que permitan fortalecer las capacidades instaladas en la red y aprovechar al  

máximo su despliegue territorial.  

tanto en la toma de decisiones como en la ejecución de acciones directamente  

vinculadas con las comunidades rurales⁶⁶.  

Para dar una respuesta oportuna y eﬁciente a las necesidades de la población  

en contextos de crisis, es deseable que los equipos de APS cuenten con orienta-  

ciones que entreguen lineamientos generales para la acción y recomendaciones  

derivadas de evidencia y conocimiento situado. Si bien estas existen, en general  

suelen ser normativas, homogéneas y centralizadas, no incorporando necesa-  

riamente las características de ciertos grupos —como las personas mayores—,  

ni los contextos territoriales en que estos habitan.  

APS y resiliencia: Equipos de salud y necesidad de preparación  

La resiliencia de los sistemas de salud ha sido posicionada por diversos orga-  

nismos internacionales como un elemento fundamental en los actuales escenarios  

de crisis ambientales (cambio climático, crisis hídrica), crisis sanitarias (nuevos  

agentes infecciosos, virus, epidemias, pandemias) y conﬂictos geopolíticos  

(guerras, conﬂictos armados, refugiados) y, como un elemento central junto a  

la equidad y la eﬁciencia, para dar garantía de calidad a la atención brindada  

a las personas, incluso en momentos de crisis⁶³. La resiliencia ha sido deﬁnida  

como la capacidad de prepararse, gestionar (absorber, adaptar y transformar)  

y aprender de las crisis, enfatizando que una crisis (shock) se caracteriza por  

ser un cambio repentino y extremo que afecta la oferta y/o demanda de los  

sistemas de salud⁶⁴.  

Características de instrumentos para la respuesta de APS en contextos de crisis  

Las recomendaciones para orientar la acción de los equipos de APS en el trabajo  

con personas mayores deben formularse e implementarse con pertinencia  

sociocultural y territorial, involucrando a diversos actores locales y valorando  

su conocimiento y experiencia⁶⁷. Ello implica avanzar hacia instrumentos cons-  

truidos bajo una lógica de “abajo para arriba” (bottom up), en contraste con las  

tradicionales directrices de carácter homogéneo y centralizado, que suelen  

responder a una lógica de arriba hacia abajo (top down)⁶⁸.  

Los equipos de APS juegan un rol fundamental tanto en la preparación como en  

la respuesta a las necesidades de la población en momentos de crisis sociosa-  

nitaria. En la literatura esto ha sido evidenciado tanto para contextos urbanos  

como rurales. En zonas urbanas, las revisiones destacan la posición única de los  

equipos de APS para identiﬁcar, educar y apoyar a poblaciones vulnerables en  

la mejora de su preparación frente a crisis, mediante la educación, evaluación  

de riesgos y apoyo continuo durante las distintas fases⁶⁵. En áreas rurales se  

destaca su rol en los distintos momentos de la crisis y la ﬂexibilidad de su práctica,  

Para fortalecer la capacidad de preparación ante crisis sociosanitarias, es funda-  

mental que dichos instrumentos se nutran de lecciones aprendidas en expe-  

riencias previas y se diseñen con criterios de ﬂexibilidad y adaptabilidad. Esto  

signiﬁca que, además de establecer protocolos básicos, deben permitir ajustes  

en función de factores territoriales como aislamiento geográﬁco, vulnerabilidad  

climática, disponibilidad de redes comunitarias o capacidad de respuesta de los  

servicios locales. De este modo, se favorece que la APS no solo reaccione frente  

a la emergencia, sino que también pueda anticipar escenarios y prevenir conse-  

cuencias negativas para la salud de las personas mayores y sus comunidades.  

63 OECD. (2023). Health at a Glance 2023: OECD Indicators. OECD Publishing.  

OMS (2021). “Generación de resiliencia en los sistemas de salud en pro de la cober-  

tura sanitaria universal y la seguridad sanitaria durante y después de la pandemia de  

COVID-19: documento de posición de la OMS [Building health systems resilience for uni-  

versal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond:  

WHO position paper]”. Organización Mundial de la Salud. Ginebra.  

The Lancet Global Health Commission (2018). “Kruk ME, et al. High-quality health systems  

in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution”. Lancet Glob Health, 11,  

1196-1252. DOI: 10.1016/S2214-109X(18)30386-3.  

Asimismo, la incorporación de lineamientos construidos con pertinencia socio-  

territorial permite a la APS ampliar sus capacidades de respuesta local, generar  

prácticas más sensibles y contextualizadas y reforzar la legitimidad de su acción.  

Este enfoque contribuye a mejorar la conﬁanza de la población en los equipos  

66 Willson, K. A., FitzGerald, G. J. & Lim, D. (2021). “Disaster Management in Rural and  

Remote Primary Health Care: A Scoping Review”. Prehospital and disaster medicine,  

36(3), 362–369. DOI: https://doi.org/10.1017/S1049023X21000200  

67 Giovanella, L., Vega, R., Tejerina-Silva, H., Acosta-Ramírez, N., Parada-Lezcano, M., Ríos,  

G., Iturrieta, D., Almeida, P. F. D. y Feo, O. (2021). “¿Es la atención primaria de salud in-  

tegral parte de la respuesta a la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica?”. Trabalho,  

Educação e Saúde, 19, e00310142. DOI: https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00310  

64 Thomas, S., Sagan, A., Larkin, J., Cylus, J., Figueras, J. & Karanikolos, M. (2020).  

“Strengthening health systems resilience: Key concepts and strategies”. European  

Observatory on Health Systems and Policies.  

65 Ongesa, T. N., Ugwu, O. P.-C., Ugwu, C. N., Alum, E. U., Eze, V. H. U., Basajja, M., Ugwu,  

J. N., Ogenyi, F. C., Okon, M. B. & Ejemot-Nwadiaro, R. I. (2025). “Optimizing emergen-  

cy response systems in urban health crises: A project management approach to pub-  

lic health preparedness and response”. Medicine, 104(3). DOI: https://doi.org/10.1097/  

MD.0000000000041279  

68 Sabatier, P. (1986). “Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research:  

A Critical Analysis and Suggested Synthesis”. Journal of Public Policy, 6(1), 21-48.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

de salud y a consolidar el rol de la APS como articuladora de cuidados en  

situaciones de alta presión. Al mismo tiempo, facilita la integración de recursos  

comunitarios —como organizaciones territoriales, la/os líderes locales y redes  

intergeneracionales— en la respuesta, lo que incrementa la eﬁcacia y sosteni-  

bilidad de las acciones implementadas.  

literatura acerca de estrategias y acciones para fortalecer la resiliencia de aten-  

ción primaria en contextos de crisis.  

Contar con recomendaciones especíﬁcas para la APS en contextos de crisis  

sociosanitarias resulta fundamental, ya que de lo contrario los equipos de APS  

tienden a operar con guías generales que carecen de especiﬁcidad territorial y  

etaria, invisibilizando las particularidades de las personas mayores. La evidencia  

y experiencia acumulada en los territorios muestran que los equipos de APS  

requieren orientaciones concretas para actuar con pertinencia y oportunidad⁷¹.  

La adopción de instrumentos de este tipo representa un aporte estratégico en  

dos dimensiones complementarias. Por una parte, ofrece un acompañamiento  

digno e inclusivo a las personas mayores que hoy enfrentan crisis sociosanita-  

rias, considerando su heterogeneidad y los distintos grados de dependencia,  

aislamiento o condiciones de vida. Por otra parte, se proyecta como un insumo  

clave para responder a los desafíos futuros, dado que la proporción de personas  

mayores en el país continuará aumentando. Contar con lineamientos claros,  

situados y ﬂexibles permitirá enfrentar emergencias con mayor pertinencia  

y equidad, contribuyendo a una APS resiliente y mejor preparada para crisis  

sociosanitarias en el futuro. En este marco, el presente policy brief introduce  

una innovación sustantiva que complementa el enfoque de los principales  

instrumentos existentes en el país para la respuesta a desastres y emergencias  

en salud, que se han centrado más bien en dimensiones técnico-operativas,  

normativas y organizacionales⁶⁹. Este policy brief sitúa la respuesta en la APS,  

con foco en las personas mayores y en estrategias comunitarias y de cuidado,  

ofreciendo una traducción práctica y participativa hacia la acción territorial,  

desde la perspectiva de los cuidados, los derechos y la equidad.  

Este marco se sustenta en enfoques de protección a los Derechos Humanos72  

y trato humanizado, articulación comunitaria e intersectorial, adaptación a la  

diversidad de necesidades de las personas mayores, así como en la protección  

de la salud mental y en una aproximación explícita a la muerte en contextos de  

alta mortalidad.  

1) Activación en el territorio de vínculos comunitarios y del intersector  

Distintas experiencias a nivel mundial muestran la relevancia de los recursos  

comunitarios para enfrentar las crisis sociosanitarias⁷³, así como del trabajo  

intersectorial. La participación de la población en labores de información y  

comunicación, así como apoyo voluntario a la acción de los/as agentes de  

salud locales, constituyen recursos importantes para afrontar estas situaciones.  

•

Incentivar el conocimiento y vinculación de la APS con la comunidad y  

organizaciones sociales territoriales de y para personas mayores. Ello  

implica reconocer y valorar las capacidades existentes en las redes comu-  

nitarias, particularmente aquellas conformadas por personas mayores,  

que, por ejemplo, durante la pandemia jugaron un rol clave en la coordi-  

nación y provisión de atención y cuidados hacia este grupo. Se sugiere  

mantener un catastro actualizado con información de las organizaciones  

comunitarias y sociales activas en el territorio de cada establecimiento  

de APS, líderes locales y personas mayores voluntarias.  

Recomendaciones para fortalecer la respuesta de APS a personas mayores  

en crisis sociosanitarias  

Las recomendaciones presentadas en este documento fueron elaboradas con  

base en un conocimiento situado, es decir, a partir de la sistematización y análisis  

de datos empíricos acerca de las experiencias vividas por las propias personas  

mayores durante la pandemia por COVID-19 en contextos urbanos y rurales  

en Chile⁷⁰. Este conocimiento se complementa, además, con una revisión de  

69 DEGREYD y MINSAL (2024). “Recursos sobre Gestión del Riesgo y Desastres para equi-  

pos de Salud”. https://degreyd.minsal.cl/recursos-para-especialistas-en-emergencias-  

y-desastres/  

71 Endalamaw, A., Khatri, R. B., Erku, D., Zewdie, A., Wolka, E., Nigatu, F. & Assefa, Y. (2024).  

“Barriers and strategies for primary health care workforce development: Synthesis of evi-  

dence”. BMC Primary Care, 25(1), 99. DOI: https://doi.org/10.1186/s12875-024-02336-1  

72 OEA (2015). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos  

de las Personas Mayores. https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_  

interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf  

73 PNUD, CEPAL, ONU Mujeres y OIT (2022). Los Cuidados Comunitarios en América Latina  

y el Caribe: Una aproximación a los cuidados en los territorios. https://lac.unwomen.org/  

sites/default/ﬁles/2022-11/Cuidados_Comunitarios_09112022.pdf  

MINSAL (2025). “Resolución Exenta N° 487. Crea División de Emergencias Sanitarias”.  

https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2024/10/RES.-EXENTA-N%C2%B0-487-  

CREA-LA-DIVISION-DE-EMERGENCIAS-SANITARIAS.pdf  

70 Fuentes-García, A., Osorio-Parraguez, P., Arteaga Aguirre, C., Ilabaca Mendoza, J.,  

Navarrete Luco, I., Salamanca García, M. y Biscarra Mc-Naughton, C. (2025). Guía de  

recomendaciones para fortalecer la respuesta de la Atención Primaria de Salud a las  

necesidades de las personas mayores en crisis sociosanitarias. Universidad de Chile,  

Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. DOI: https://doi.org/10.34720/va19-g438  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

•

Fortalecer el vínculo con organizaciones locales y dirigentes de la comu-  

•

•

Identiﬁcar y adaptarse a los riesgos especíﬁcos de cada territorio, consi-  

derando factores tales como geografía, condiciones climáticas, escasez  

hídrica, zonas de sacriﬁcio ambiental, instalaciones industriales, áreas  

afectadas por el narcotráﬁco, entre otros.  

nidad organizada. Se sugiere generar instancias para potenciar e identi-  

ﬁcar acciones comunes de colaboración para una participación efectiva  

de personas mayores. Algunas de estas organizaciones pueden ser:  

Clubes de Adultos Mayores, Congregaciones religiosas, Juntas de Vecinos,  

Comunidades y/o Asociaciones de Pueblos Originarios, Organizaciones de  

mujeres, de jóvenes, Clubes deportivos, Comités de Allegados y Vivienda,  

Sindicatos de Ferias libres, entre otros.  

Diseñar y difundir protocolos y planes de emergencia precisos y acce-  

sibles, asegurando que tanto los/as funcionarios/as como las personas  

mayores conozcan a quién acudir, qué hacer y dónde dirigirse durante una  

crisis. Se recomienda desarrollar un dispositivo similar a la señalética de  

zonas de tsunami, adaptado al ámbito de APS, que facilite la orientación  

y respuesta en situaciones de emergencia.  

•

•

Promover un trabajo coordinado y permanente con el Servicio Nacional  

del Adulto Mayor (SENAMA) y sus oﬁcinas en el territorio para un segui-  

miento y apoyo oportuno y pertinente a las personas mayores.  

•

Potenciar la coordinación previa con la red asistencial (niveles secun-  

darios y terciarios), estableciendo canales de comunicación directos y  

eﬁcientes con los hospitales de base de la zona. Se sugiere implementar  

herramientas prácticas, como grupos de WhatsApp de coordinación,  

para facilitar las derivaciones y optimizar la articulación de las acciones  

sanitarias.  

Identiﬁcar espacios comunitarios susceptibles de ser habilitados para la  

atención sociosanitaria en caso de crisis, en colaboración con organiza-  

ciones territoriales, y de ese modo, utilizar sedes parroquiales, Juntas de  

Vecinos, espacios de establecimientos educacionales (como escuelas,  

jardines, liceos, gimnasios y establecimientos de educación superior),  

Clubes de Adulto Mayor, Clubes Sociales y Deportivos, entre otros.  

•

•

Identiﬁcar espacios dentro de la red de establecimientos de APS, como  

Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Postas Rurales, entre  

otros, durante el periodo de crisis, para su reconversión y uso para  

responder a las necesidades de personas mayores.  

•

•

Incorporar a líderes locales y personas mayores activas de la comunidad  

en labores de apoyo voluntario. Esto implica establecer canales forma-  

lizados para encauzar los eventuales aportes que se pueden realizar,  

desde los líderes locales, así como instituciones que puedan articular  

apoyos, como las universidades.  

Identiﬁcar y promover facilitadores que contribuyan a reducir las barreras  

en la implementación de estrategias de telemedicina para la población  

mayor. Se sugiere fomentar el apoyo intergeneracional y comunitario para  

mejorar la efectividad durante situaciones de crisis, así como participar  

activamente en la coordinación de acciones para entregar herramientas  

digitales adaptadas y accesibles para personas mayores.  

Desarrollar y fortalecer alianzas estratégicas a través de convenios de cola-  

boración con el intersector municipal, Dirección de Desarrollo Comunitario  

(DIDECO) y Carabineros para evitar la sobreintervención, la repetición de  

acciones y potenciar la coordinación efectiva de la respuesta territorial  

hacia personas mayores en escenarios de alta presión como las crisis  

sociosanitarias.  

•

•

“Re-captación” de usuarios/as a través de medios virtuales como radio,  

WhatsApp, redes sociales, teléfono; de modo de no perder el contacto  

con los/as usuarios/as y la continuidad en la atención y el cuidado.  

2) Desarrollo de estrategias de adaptación de la APS frente a las necesidades  

de las personas mayores durante crisis sociosanitarias  

Revisar y adecuar los protocolos de visitas domiciliarias para optimizar la  

atención sociosanitaria. Es crucial que la red asistencial se desplace hacia  

el lugar que la persona mayor identiﬁca como seguro, entendiendo que  

este puede no coincidir con su domicilio habitual. Asimismo, evaluar si  

el domicilio ha sido afectado por el evento que provocó la crisis, garan-  

tizando así una respuesta más pertinente y efectiva.  

Tanto para la preparación como para la respuesta ante crisis sociosanitarias en  

APS, se requiere de equipos de emergencia que consideren las características  

y riesgos especíﬁcos de cada localidad, así como protocolos claros y efectivos.  

En talleres desarrollados con personal de APS (en la Región Metropolitana y de  

Los Lagos), se destacó la importancia de identiﬁcar amenazas locales y ajustar  

las estrategias a las particularidades del entorno.  

•

Mantener un equipo de respuesta a emergencias con comunicación cons-  

tante y reuniones periódicas con los Consejos de Desarrollo Local, que  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

aseguren una planiﬁcación colectiva y bien coordinada para el cuidado  

integral de las personas mayores.  

En situaciones de crisis, sus experiencias y redes de apoyo pueden ser  

integradas formalmente en los planes de emergencia locales.  

•

Detectar y visibilizar prácticas institucionales que vulneren los Derechos  

Humanos de las personas mayores: Es prioritario establecer mecanismos  

de monitoreo dentro de los servicios de salud que permitan identiﬁcar y  

corregir situaciones de maltrato institucional hacia las personas mayores,  

tales como infantilización en el lenguaje, exclusión de las decisiones  

médicas o invisibilización de sus necesidades. Esto puede materializarse  

a través de protocolos de trato digno e instancias participativas de evalua-  

ción con organizaciones de personas mayores. La detección temprana  

de estas prácticas permitirá diseñar medidas reparatorias y avanzar hacia  

una APS inclusiva y respetuosa.  

3) Promoción de trato humanizado, protección y Derechos Humanos de  

personas mayores  

Las visiones basadas en el edadismo y el viejismo afectan la dignidad y los  

derechos de las personas mayores, exponiéndolas a situaciones de discrimina-  

ción y maltrato, e invisibilizando además el rol fundamental que cumplen en la  

sociedad⁷⁴. Este tipo de discursos y prácticas se pueden exacerbar en situaciones  

de crisis sociosanitarias⁷⁵, por lo que la promoción del trato humanizado y la  

protección de los Derechos Humanos de las personas mayores debe constituir  

un eje prioritario en la APS. Incorporar este enfoque fortalece la equidad, mejora  

la pertinencia cultural de la atención y asegura que las políticas no reproduzcan  

prácticas excluyentes, sino que potencien la autonomía y participación activa  

de este grupo en todos los niveles del sistema sanitario.  

4) Cuidados de la salud mental para equipos de APS y personas mayores  

Las crisis sociosanitarias, como la pandemia de COVID-19, han demostrado  

que tanto las personas mayores como los trabajadores/as de salud, se ven  

profundamente afectados/as en su bienestar psicoemocional⁷⁷. En el caso de los  

equipos de APS, la sobrecarga laboral, la exposición constante a situaciones de  

sufrimiento y la falta de espacios de contención aumentan el riesgo de desgaste  

y problemas de salud mental⁷⁸. Para las personas mayores, el aislamiento, los  

discursos discriminatorios y la incertidumbre han provocado soledad, tristeza y  

síntomas depresivos que suelen ser invisibilizados o confundidos con el proceso  

normal de envejecimiento⁷⁹. Incorporar el cuidado de la salud mental como  

un componente estructural en las políticas públicas de salud es esencial para  

fortalecer la resiliencia de las comunidades y garantizar un sistema sanitario  

más humano y sostenible.  

•

Capacitar a los equipos de APS y agentes comunitarios en la Protección de  

los Derechos Humanos de las Personas Mayores: Se propone implementar  

programas de formación para el personal de salud y agentes comunitarios,  

que incluyan la identiﬁcación de prácticas edadistas, aplicación de marcos  

normativos como la Convención Interamericana de Derechos Humanos  

de las Personas Mayores76 y estrategias de comunicación respetuosa.  

Estas capacitaciones pueden desarrollarse mediante talleres presenciales  

o virtuales, facilitando su alcance nacional.  

•

Promover la autonomía y destacar los aportes de las personas mayores  

en sus familias y comunidades, en especial en crisis sociosanitarias: Las  

personas mayores son actores clave en la resiliencia comunitaria. En la  

práctica, esto implica generar acciones que reconozcan y visibilicen sus  

contribuciones a la sociedad, apoyar programas intergeneracionales y  

garantizar su participación en los Consejos de Desarrollo Local de Salud.  

77 Rada, I., Ortiz, M. S. y Cabieses, B. (2023). “Calidad de vida relacionada con la salud  

en chilenos de comunas vulnerables”. Gaceta Sanitaria, 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.  

gaceta.2023.102328  

78 Czepiel, D., McCormack, C., Da Silva, A. T. C., Seblova, D., Moro, M. F., Restrepo-Henao,  

A., Martínez, A. M., Afolabi, O., Alnasser, L., Alvarado, R., Asaoka, H., Ayinde, O., Balalian,  

A., Ballester, D., Barathie, J. A. l., Basagoitia, A., Basic, D., Burrone, M. S., Carta, M. G.  

& Van Der Ven, E. (2024). “Inequality on the frontline: A multi-country study on gender  

diﬀerences in mental health among healthcare workers during the COVID-19 pandemic”.  

Cambridge Prisms: Global Mental Health, 11. DOI: https://doi.org/10.1017/gmh.2024.18  

79 Fuentes-García, A., Osorio-Parraguez, P., Arteaga Aguirre, C., Ilabaca Mendoza, J.,  

Navarrete Luco, I., Salamanca García, M. y Biscarra Mc-Naughton, C. (2025). Guía de  

recomendaciones para fortalecer la respuesta de la Atención Primaria de Salud a las  

necesidades de las personas mayores en crisis sociosanitarias. Universidad de Chile,  

Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. DOI: https://doi.org/10.34720/va19-g438  

74 Butler, R. (1969). “Age-Ism: Another Form of Bigotry”. The Gerontologist, 9(4), 243-246.  

DOI: https://doi.org/10.1093/geront/9.4_Part_1.243  

Salvarezza, L. (1998). La vejez. Una mirada gerontológica actual. Paidós.  

75 Fuentes-García, A., Osorio-Parraguez, P., Arteaga Aguirre, C., Ilabaca Mendoza, J.,  

Navarrete Luco, I., Salamanca García, M. y Biscarra Mc-Naughton, C. (2025). Guía de  

recomendaciones para fortalecer la respuesta de la Atención Primaria de Salud a las  

necesidades de las personas mayores en crisis sociosanitarias. Universidad de Chile,  

Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. DOI: https://doi.org/10.34720/va19-g438  

76 OEA (2015). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos  

de las Personas Mayores. https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_  

interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

•

Instar, desde el nivel central de salud durante la crisis, a generar espacios  

de despedidas y los protocolos restrictivos pueden intensiﬁcar el sufrimiento,  

produciendo duelos complejos y experiencias traumáticas tanto en familiares  

como en trabajadores/as de la salud⁸⁰. En este contexto, abordar la muerte  

desde la política pública de salud no puede limitarse al ámbito clínico, sino que  

debe integrar dimensiones emocionales, comunitarias y culturales. Reconocer  

el ﬁn de vida como un proceso que requiere acompañamiento respetuoso y  

espacios de contención permite mitigar el malestar, fortalecer la resiliencia social  

y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas mayores.  

de contención y expresión emocional para los equipos de APS, esta-  

bleciendo momentos de pausa durante la jornada: Esta medida busca  

institucionalizar espacios formales de autocuidado, como pausas activas,  

talleres de manejo del estrés o sesiones breves de contención emocional.  

Con ello se previene el desgaste laboral y se protege la salud mental de  

quienes sostienen el sistema en momentos críticos.  

•

•

Ajustar las expectativas y metas en función del contexto en los distintos  

niveles de trabajo: En situaciones de alta demanda, mantener metas  

rígidas genera frustración y estrés en los equipos. Flexibilizar los objetivos  

y adaptar las funciones a la capacidad real del momento permite dismi-  

nuir la presión, favoreciendo la sostenibilidad de la respuesta sanitaria.  

•

Generar espacios comunitarios y participativos para el afrontamiento de  

procesos de ﬁn de vida, fallecimiento y voluntades anticipadas: Se propone  

crear instancias locales —talleres, encuentros comunitarios o círculos de  

conversación— que permitan dialogar sobre la muerte de manera abierta,  

respetando creencias y prácticas culturales. Los vínculos ya existentes  

(juntas de vecinos, organizaciones de personas mayores, comunidades  

religiosas) facilitan la conﬁanza y la participación activa en estos procesos.  

Promover actividades comunitarias locales intergeneracionales con  

personas mayores dirigidas al cuidado de la salud mental, aprovechando  

los diversos contextos territoriales y sus características particulares: Estas  

iniciativas —como huertos comunitarios, talleres artísticos o encuen-  

tros vecinales— fomentan la cohesión social y el bienestar emocional.  

Además, reconocen a las personas mayores como actores activos en la  

vida comunitaria, fortaleciendo sus redes de apoyo.  

•

Promover la adquisición continua de competencias para trabajar procesos  

de duelo y afrontamiento de muerte, a nivel interno (equipos de salud) y  

externo (usuarios/as y comunidades aledañas a dispositivos de APS): Se  

sugiere implementar capacitaciones sistemáticas en acompañamiento  

de duelos y cuidados al ﬁnal de la vida, dirigidas tanto a equipos de APS  

como a agentes comunitarios, para fortalecer la respuesta en contextos  

de crisis y en su etapa posterior.  

•

•

Consultar fuentes de información actualizadas acerca de la salud mental  

de las personas mayores, en particular en contextos de crisis sociosa-  

nitarias: Esta acción implica que los equipos de APS accedan y utilicen  

guías, informes y recursos especializados para evitar que la depresión,  

la ansiedad u otros problemas de salud mental sean normalizados como  

parte del envejecimiento. El uso de evidencia actualizada permite diseñar  

intervenciones más pertinentes y efectivas.  

•

•

Reconocer y visibilizar la vivencia de duelos en equipos de APS y usuarios/  

as en las etapas postcrisis sociosanitarias: es fundamental legitimar el  

impacto emocional que genera la pérdida masiva de vidas. Se recomienda  

instalar mecanismos de apoyo psicológico y espacios de expresión para  

los equipos de APS, además de acciones comunitarias de memoria y  

acompañamiento, que permitan procesar colectivamente las pérdidas.  

Adquirir competencias de primeros auxilios psicológicos (PAP), por  

ejemplo, a través de guías y/o cursos online, tanto para equipos de  

APS como para agentes comunitarios: la capacitación en PAP permite  

responder de manera temprana y adecuada a personas que experi-  

mentan crisis emocionales, tanto usuarios/as como trabajadores/as. Se  

recomienda que estas formaciones sean de fácil acceso y adaptadas al  

trabajo territorial de APS.  

Identiﬁcar oportunidades asociadas a la instalación de programas de alivio  

del dolor y cuidados paliativos⁸¹. Esta medida busca integrar el enfoque  

de cuidados paliativos en la APS, generando instancias de diálogo con  

comunidades sobre el derecho a un ﬁnal de vida digno, la importancia  

de las voluntades anticipadas y la disponibilidad de tratamientos para  

5) Abordaje de la muerte en crisis sociosanitarias con una alta mortalidad  

poblacional  

80 Tang, S. & Xiang, Z. (2021). “Who suﬀered most after deaths due to COVID-19? Prevalence  

and correlates of prolonged grief disorder in COVID-19 related bereaved adults”.  

Globalization and Health, 17(1), 19. DOI: https://doi.org/10.1186/s12992-021-00669  

81 MINSAL (2022). “Orientación Técnica Cuidados Paliativos Universales”. https://www.  

minsal.cl/wp-content/uploads/2023/10/Orientacio%CC%81n-te%CC%81cnica-CPU-  

DIVAP-2023.pdf  

En situaciones de crisis sociosanitarias donde se genera una alta mortalidad  

poblacional, la manera en que las comunidades y los equipos de APS enfrentan la  

muerte se transforma profundamente. La rapidez de los decesos, la imposibilidad  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

el alivio del dolor. De esta forma, se fortalece una atención humanizada  

que no solo atiende lo biomédico, sino también lo emocional y lo social.  

REFERENCIAS  

CONCLUSIONES  

BCN (2025). Ley Chile - Resolución 5 (13-jun-2025) establece la forma de ejecu-  

ción de los recursos, incluidos los componentes del programa y beneﬁciarios  

de la asignación 24-03-351 “red local de apoyos y cuidados”. Ministerio de  

Desarrollo Social y Familia. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1214153  

El escenario demográﬁco y territorial de Chile plantea un desafío ineludible:  

responder de manera adecuada a las necesidades de una población cada vez  

más envejecida y expuesta a crisis sociosanitarias y desastres socionaturales. Las  

experiencias recientes, como la pandemia de COVID-19, mostraron de manera  

evidente que las personas mayores enfrentan un alto riesgo de vulnerabilidad  

cuando los sistemas de salud y de protección social no logran adaptarse a sus  

necesidades especíﬁcas. La ausencia de lineamientos claros y de protocolos  

diferenciados para este grupo no solo profundiza las inequidades, sino que  

también limita la capacidad de la APS de cumplir su rol estratégico como primer  

punto de respuesta y articulación territorial.  

BCN (2019). Modiﬁca la ley n° 20.584, a ﬁn de crear el derecho a la atención  

preferente. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1134300  

Butler, R. (1969). “Age-Ism: Another Form of Bigotry”. The Gerontologist, 9(4),  

243-246. DOI: https://doi.org/10.1093/geront/9.4_Part_1.243  

CEPAL (2020). “Vulnerabilidades sociodemográﬁcas de las personas mayores  

frente a la pandemia por COVID-19”. Boletín Envejecimiento y Desarrollo, 18.  

https://www.cepal.org/es/enfoques/vulnerabilidades-sociodemograﬁcas-per-  

sonasmayores-frente-al-covid19?utm_source=CiviCRM&utm_medium=emai-  

l&utm_campaign=20210204_boletin_envejecimiento_18  

Adoptar las recomendaciones presentadas en este documento ofrece ventajas  

signiﬁcativas. En primer lugar, permite fortalecer la resiliencia de la APS al dotar  

a sus equipos de herramientas concretas, sensibles a la diversidad territorial  

y sociocultural, lo que se traduce en respuestas más oportunas y eﬁcaces.  

En segundo lugar, visibiliza a las personas mayores no solo como sujetos de  

cuidado, sino como actores clave en la resiliencia comunitaria, promoviendo  

un enfoque inclusivo y de derechos. En tercer lugar, contribuye a reducir los  

impactos negativos de las crisis en términos de salud, bienestar y cohesión  

social, al integrar dimensiones frecuentemente relegadas como la salud mental,  

el acompañamiento en procesos de duelo y la promoción de un trato digno.  

Czepiel, D., McCormack, C., Da Silva, A. T. C., Seblova, D., Moro, M. F., Restrepo-  

Henao, A., Martínez, A. M., Afolabi, O., Alnasser, L., Alvarado, R., Asaoka, H.,  

Ayinde, O., Balalian, A., Ballester, D., Barathie, J. A. l., Basagoitia, A., Basic,  

D., Burrone, M. S., Carta, M. G. & Van Der Ven, E. (2024). “Inequality on the  

frontline: A multi-country study on gender diﬀerences in mental health among  

healthcare workers during the COVID-19 pandemic”. Cambridge Prisms: Global  

Mental Health, 11, 34. DOI: https://doi.org/10.1017/gmh.2024.18  

DEGREYD y MINSAL (2024). “Recursos sobre Gestión del Riesgo y Desastres  

para equipos de Salud”. https://degreyd.minsal.cl/recursos-para-especialistas  

-en-emergencias-y-desastres/  

En síntesis, avanzar hacia una APS preparada y adaptada a las necesidades de  

las personas mayores no es únicamente una cuestión sanitaria, sino también un  

imperativo ético y social. La implementación de estas recomendaciones fortale  

-

cerá la capacidad del sistema para enfrentar emergencias presentes y futuras,  

ofreciendo un marco de acción que conjuga evidencia, experiencia situada y  

un compromiso claro con la equidad y la dignidad en la vejez.  

DIPRES (2024). Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados.  

https://www.dipres.gob.cl/604/articles-335394_doc_pdf.pdf  

Elizondo Orellana, N. y Avellaneda Rodríguez, D. (2025). “Inclusión de personas  

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gráﬁca en Colombia y Chile”. Gobierno y administración pública, 8(8), 83-92.  

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Endalamaw, A., Khatri, R. B., Erku, D., Zewdie, A., Wolka, E., Nigatu, F. & Assefa,  

Y. (2024). “Barriers and strategies for primary health care workforce deve-  

lopment: Synthesis of evidence”. BMC Primary Care, 25(1), 99. DOI: https://  

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ReporteInscritosCentrosAPS/ReporteAPS?:showVizHome=no  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

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VI. SALUD PúBLICA  

4. INNOVANDO LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE SALUD A  

MUJERES MIGRANTES EN CHILE  

Caterine Galaz V.  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0001-6301-7609  

cgalazvalderrama@uchile.cl  

Mauricio Cerda Villablanca  

Instituto de Ciencias Biomédicas,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-3447-1815  

mauricio.cerda@uchile.cl  

Silvana Castillo Parra  

Facultad de Medicina,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-9195-1391  

scastillop@uchile.cl  

Paul Délano Reyes  

Director académico  

Hospital Clínico de la Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-2588-4757  

pdelano@hcuch.cl  

Catalina Gutiérrez Ramírez  

Doctoranda Data Sciences,  

Universidad Adolfo Ibañez  

catalinagutierrez@ug.uchile.cl  

Fabián Issi Oviedo  

Estudiante Ingeniería civil en Computación,  

Universidad de Chile  

fabian.issi@ug.uchile.cl  

Sofía Bravo Miranda  

Estudiante Diseño Gráﬁco,  

Universidad de Chile  

soﬁa.bravo.miranda@ug.uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Instituciones participantes  

Programa Apoya Mujer Migrante, Servicio Nacional de Migraciones  

https://serviciomigraciones.cl/migracion-y-genero/  

y las debilidades en la promoción de una calidad de la atención basada en una  

perspectiva intercultural especialmente hacia mujeres extranjeras⁸⁴.  

Esto resulta prioritario cuando consideramos que, según el Servicio Nacional  

de Migraciones (2025) residen en el país, 939.012 mujeres extranjeras, lo que  

corresponde al 48,9% de la población migrante, sin considerar la población no  

Hospital Clínico de la Universidad de Chile  

https://www.redclinica.cl/  

regular. Por tanto, hacer accesible la información sobre los diversos disposi  

-

Núcleo Diversidad y género, abordajes feministas interseccionales  

(Universidad de Chile) https://www.trabajosocialuchile.cl/nucleos-id/  

diversidad-y-genero-abordajes-feministas-interseccionales/  

tivos de salud y beneﬁcios a los que tienen derecho, resulta importante ante  

las desigualdades estructurales que vive este colectivo social, favoreciendo el  

bienestar general de la población. Es importante considerar que entenderemos  

la “accesibilidad a la salud” como las vías en que los servicios están disponibles  

y abiertos a las comunidades de sus territorios, considerando tanto la demanda  

como la oferta, según las características de sus múltiples beneﬁciarios/as⁸⁵.  

Red de Interseccionalidad, género y prácticas de resistencias  

https://rediger.uchile.cl/  

Precisamente para incidir en mejorar los niveles de accesibilidad, en el proyecto  

I+D, de carácter interdisciplinario, titulado “Recursos digitales de información en  

salud para mejorar el alcance del Programa Apoya Mujer Migrante”⁸⁶, desarro-  

llamos una estrategia para favorecer los objetivos de salud 2030 considerando la  

llegada a este sector poblacional en especíﬁco referido a las mujeres migrantes.  

Esto implicó la mejora del alcance en la entrega de información generando un  

dispositivo digital, amigable e inteligente, que permitiera difundir información  

ﬁdedigna de salud. A la vez, bajo la consideración de la actual elaboración del  

Plan de Humanización en Salud del MINSAL⁸⁷, que tiene como objetivo “contri-  

buir al fortalecimiento del buen trato y cuidado humanizado, con un enfoque  

centrado en la persona” se consideró disponer de información con perspectiva  

de género e intercultural para los integrantes de los equipos de salud que se  

relacionan con personas migrantes en distintos servicios de salud, promoviendo  

sus comprensiones sobre aspectos que superan el enfoque técnico y biomédico  

de la atención.  

1. INTRODUCCIÓN  

Dentro de las estrategias nacionales de salud para avanzar hacia los objetivos  

sanitarios 2030, se considera el desarrollo de sistemas de información de salud  

sostenibles, que atiendan las necesidades especíﬁcas de la población, mejo-  

rando la calidad de la atención una perspectiva de derechos, el trato digno y la  

perspectiva intercultural y de género en los diversos dispositivos de salud. Es  

importante considerar que en el diagnóstico de dicha estrategia se reconoce la  

desigualdad en el acceso y la oportunidad de atención de calidad de diversos  

grupos sociales ante las diferencias sociales y económicas que predominan en  

nuestro país, como actualmente son las mujeres migrantes⁸².  

Tanto del Ministerio de Salud como del Servicio Nacional de Migraciones se ha  

puesto como propósito atender algunas necesidades de información hacia la  

población migrante⁸³, pero aún se requiere focalización en aquellas necesidades  

del colectivo femenino extranjero, en particular a los requerimientos de salud  

de éste. Existen algunos avances a nivel de política pública para favorecer el  

acceso, la entrega de información y una mejor atención de la población migrante,  

pero siguen persistiendo debilidades como la falta de información adaptada a  

diferencias culturales, deﬁciencias en los canales de información y comunicación,  

84 Bernales, M., Cabieses, B., McIntyre A. M. & Chepo M. (2017) “Challenges in the health  

care of international migrants in Chile”. Rev Peru Med Exp Salud Publica 34(2), 167-75.  

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2510  

85 Comes, Y., Solitario, R., Garbus, P., Mauro, M., Czerniecki, S., Vázquez, A., Sotelo, R., y  

Stolkiner, A. (2007). “El concepto de accesibilidad: la perspectiva relacional entre po-  

blación y servicios”. Anuario de Investigaciones, XIV, 201-209. https://www.scielo.org.ar/  

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862007000100019&lng=es&nrm=iso  

82 Las mujeres migrantes residentes tienen brechas salariales con sus pares nacionales y  

con hombres migrantes según datos de la CASEN 2024 y PRODEMU 2024, y según el  

INE (2024) presentan mayores niveles de empleo informal y desempleo, además de una  

sobrecarga doméstica al no disponer de redes de apoyo de connacionales.  

86 Proyecto ﬁnanciado por VID-Desafíos Públicos 2024.  

83 Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) se considera como “mi-  

grante” a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea  

dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o perma-  

nente, y por diversas razones. https://www.iom.int/es/fundamentos-de-la-migracion  

87 Solari, B. (2024). Plan Nacional de Humanización en Salud. Superintendencia de  

Salud. Ministerio de Salud. Santiago, Chile. https://www.superdesalud.gob.cl/app/  

uploads/2024/10/1-presentacion-bruno-solari-m-xiii-encuentro-nacional-de-cali-  

dad-en-salud.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

2. ANTECEDENTES  

La literatura especializada en la temática en nuestro país muestra diversas  

barreras para la entrega de información en salud a personas migrantes⁹¹. Entre  

las más destacadas está la falta de documentos con información clara y deta-  

llada sobre el sistema de salud y sus características, la falta de traducción para  

personas que no manejan el español como lengua vehicular, las diferencias  

en los usos idiomáticos del español y las inadecuadas interpretaciones que  

se derivan y la escasa pertinencia sociocultural en algunos servicios. También  

emergen como problema la falta de una perspectiva de género integral en  

la atención directa, los casos aún vigentes de discriminación y maltrato por  

procedencia, las diferencias entre los sistemas de salud de origen y destino de  

las personas migrantes, las responsabilidades de cuidado por roles de género,  

entre otros aspectos⁹².  

Según el Servicio Nacional de Migraciones, en Chile la población extranjera ha  

ido en aumento en los últimos años, llegando a 1.918.583 personas en 2025, de  

las cuales 939.012 son mujeres. Los colectivos mayoritarios son de Venezuela,  

Perú, Colombia, Haití y Bolivia.  

Desde el año 2003, en el área de salud se comienzan a generar políticas espe-  

cíﬁcas para favorecer el acceso de la población migrante, inaugurándose con  

medidas focalizadas para el acceso universal a mujeres embarazadas/as y  

niñez. En 2017 se genera, luego de un proceso participativo, una Política de  

migrantes internacionales en salud, teniendo como propósito general, contribuir  

al máximo estado de salud de los/las migrantes internacionales, con equidad,  

enmarcado en el enfoque de derechos humanos. Asimismo, la preocupación  

por las personas en situación irregular estuvo presente tempranamente: tanto  

el ordinario A14 N°3229 de 2008 y el oﬁcio circular A15 N°06 del año 2015, que  

explicitan derechos de atención gratuita para la población en situación irregular.  

91 Cabieses, B., Bernales, M. y McIntyre, A. (2017). La migración internacional como de-  

terminante social de la salud en Chile: evidencia y propuestas para políticas públicas.  

Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.  

Pese a que la literatura que ha analizado las políticas en la materia88 destacan el  

esfuerzo gubernamental para mejorar la accesibilidad en salud a personas extran-  

jeras, aún quedan algunas brechas por cubrir. Generalmente las acciones de  

salud que favorecen a la población migrante están más vinculadas a la atención  

primaria⁸⁹, pero menos posibilidades se ven en el nivel secundario y terciario de  

atención, como también existe evidencia de que la población migrante consulta  

con menos frecuencia y tiene menos cobertura de sus necesidades sanitarias⁹⁰.  

La atención en salud a mujeres migrantes ha estado concentrada en ámbitos  

especíﬁcos de atención (ginecología, obstetricia, puerperio, entre otros), pero  

son menos recurrentes en otras áreas de la salud que son transversales a la  

población en general (como medicina interna, cirugía, cardiología, entre otros).  

Antilef Ojeda, M., Atherino dos Santos, E., y Da Rosa Damiani, P. (2020). “Experiencias de  

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92 Obach, A., Blukacz, A., Sadler, M., Carreño Calderón, A., Cabieses B. & Díaz C. (2024).  

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Cabieses, B., Bernales, M. y McIntyre, A. (2017). La migración internacional como de-  

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Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.  

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88 Iribarne, J., Fernández, A., Pezoa M., Padilla, C., Chepo, M. y Leyva, R. (2022). “Política de  

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89 Chepo, M., Astorga-Pinto, S. y Cabieses, B. (2019). “Atención inicial de migrantes en  

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para el Chile de hoy (Págs. 69-108). RIL Editores.  

90 Galaz, C., Cea-Merino, P., Molina, D., Castro, D. y Ortega, M.J. (2021) “Una mirada intersec-  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Precisamente la investigación I+D interdisciplinaria que desarrollamos, atendió  

a dos ámbitos prioritarios: la entrega oportuna y efectiva de información hacia  

colectivos emergentes —como algunas mujeres migrantes— y la entrega de  

información para funcionarios/as de la salud, considerando una perspectiva de  

buen trato y atención humanizada. ꢁ  

ello. Cabe señalar que, además, según algunos estudios en el país, precisamente  

son las mujeres migrantes quienes suelen utilizar más los servicios de salud,  

demandando derechos para sí mismas o sus hijos/as⁹⁵.  

No obstante, pese a los avances registrados a nivel de políticas públicas, las  

desigualdades estructurales limitan la posibilidad efectiva de que las mujeres  

migrantes residentes, de diversa nacionalidad, puedan acceder en igualdad de  

condiciones que otras mujeres residentes. En las experiencias de éstas podemos  

ver que se condensan las maneras en que las matrices de desigualdad vigentes  

a nivel social se entrecruzan limitando sus derechos, como puede ser el clasismo,  

el nacionalismo, el racismo, el sexismo, la xenofobia, entre otras estructuras⁹⁶.  

3. HERRAMIENTAS TEÓRICAS: PERSPECTIVA INTERSECCIONAL Y DE  

HUMANIZACIÓN  

En la actualidad, la residencia de personas extranjeras, tanto en situación regular  

como irregular, han ido tensando las comprensiones tradicionales de la idea  

de “ciudadanía” en nuestro Estado-Nación, tal como sucedió en países con  

larga tradición de recepción de población migrante⁹³. La idea formal y legal de  

la “ciudadanía” ha quedado en entredicho cuando los contextos se han vuelto  

más diversos, y, sobre todo, ante la emergencia de demandas de colectivos  

usualmente subalternizados, como lo es la población migrante. Sassen destaca  

que lo inacabado de la idea de “ciudadanía” genera que quienes no son reco-  

nocidos/as dentro de esa propuesta comunitaria; con sus acciones y su sola  

presencia, motivan su expansión a través de diversas demandas de inclusión.  

“Es quien queda fuera -ya se trate de un ciudadano forzado a pertenecer a las  

minorías, o de una persona inmigrante- quien ha continuado modiﬁcando esta  

institución”, destaca la autora⁹⁴.  

Sin duda, las experiencias de las mujeres son diversas de acuerdo también a los  

vectores de diferenciación que habitan. No obstante, el Estado en el desarrollo  

de sus políticas públicas suele poner énfasis en único eje de diferenciación sin  

considerar los cruces que se dan entre esas matrices dominantes. Por ejemplo,  

o se generan acciones universales sin considerar las experiencias particulares  

que no pueden ser vistas en la generalización (por ejemplo, de mujeres racia-  

lizadas), o desarrolla acciones para incidir solo en desigualdades económicas,  

o bien únicamente en las de género. Pero esta forma en que se gestiona la  

diversidad desde las políticas públicas puede invisibilizar algunos modos sutiles  

en que se articulan las diferentes discriminaciones sociales, que se reproducen  

en diversos sistemas, como puede ser el área de la salud⁹⁷. Para Cabieses98  

resulta importante que el acceso al sistema de la salud se posibilite a partir de  

considerar precisamente esas intersecciones entre estatus migratorio, género,  

etnicidad, tipo de empleos, nivel de vida y otras condiciones sociales.  

En ese sentido, consideramos que la llegada de personas migrantes tensiona la  

constitución nacionalista tradicional de la idea de “ciudadanía”, de los derechos  

considerados para ella y de quienes pueden o no gozarlos. Cabe decir que en  

los últimos años sectores políticos cuestionan derechos adquiridos en diversas  

materias, como, por ejemplo, el derecho a voto. Así, tanto la presencia de las  

personas migrantes, como de las mujeres en particular, ha movido poco a poco  

en nuestro país, las fronteras de quienes se consideran como legítimos sujetos  

de derechos en diversos ámbitos, como actualmente ocurre con el sistema de  

salud. Precisamente que una de las primeras acciones en la cartera, en 2003,  

se dirigiera a mujeres embarazadas y a la protección de la niñez, nos habla de  

95 Fernández-Niño, J., Rojas-Botero, M., Bojorquez-Chapela, I., Giraldo-Gartner, V., Sobczyk,  

R., Acosta-Reyes, J., Flórez-García, V. y Rodríguez, D. (2019). “Situación de salud de ges-  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Por ello, consideramos que los enfoques interseccionales99 nos ayudan a abordar  

la complejidad social al poner atención a cómo se articulan diferentes ejes de  

diferenciación que se pueden expresar en dimensiones estructurales, simbó-  

licas e interpersonales dentro de un sistema como el de salud. Si miramos  

aquellas estructurales nos permite ver cómo el orden social puede reproducir  

un régimen nacionalista, sexista y clasista afectando las posibilidades de acceso  

real de las mujeres migrantes a los diversos servicios. Por otro lado, si ponemos  

atención a los aspectos simbólicos, nos aparecerán los signiﬁcados que se  

construyen a nivel social y que se expanden en discursos también dentro de  

espacios institucionales como los de salud. Y ﬁnalmente si vamos a las relaciones  

interpersonales, veremos cómo se reproducen o se contestan esos órdenes  

sociales, a partir de la emergencia de acciones de cooperación o apertura, o  

bien de rechazo, distanciamiento y aprensión en el trato directo en salud. Esas  

matrices y esos imaginarios se terminan traduciendo en prácticas, actitudes,  

comportamientos directos con diversa connotación: sea abriendo caminos  

hacia la interculturalidad a nivel de prácticas, o bien, promoviendo la exclusión  

en base a ideas xenófobas y racistas.  

Considerando que nuestro marco social chileno cada vez es más diverso,  

resulta importante tener en consideración aspectos interculturales dentro de  

las acciones de cuidado. Salaverry102 enfatiza que en el ámbito de salud es  

importante promover que las instituciones se relacionen con la diversidad de  

manera incluyente, aceptando la diversidad social y reconociendo a los/as  

diversos/as usuarios/as como dignos/as de derechos. Promover la intercultura-  

lidad implicará, entonces, un proceso recursivo de comunicación y aprendizaje  

mutuo “en condiciones de legitimidad mutua e igualdad, que se construye entre  

grupos, conocimientos y prácticas culturalmente distintas”¹⁰³.  

Así, este enfoque destaca la importancia de reconocer las particularidades de  

los sujetos que requieren cuidado, lo que implica tener en cuenta sus marcos  

culturales, valores y creencias y no solo incidir en la salud física. Pero este  

enfoque señala que esta apertura no solo se traduce en actitudes profesio-  

nales de respeto hacia los/as pacientes, sino también promover condiciones  

institucionales, programas y políticas que favorezcan el ejercicio efectivo de un  

cuidado más humanizado¹⁰⁴. En nuestro país, cada vez son más las iniciativas  

institucionales que promueven una atención más humanizada¹⁰⁵, que ubique  

a las personas en el centro, protegiendo la dignidad no solamente de quienes  

reciben atención de salud, sino también de sus familiares, quienes en situa-  

ciones de especial vulnerabilidad se ven afectados tanto o más que el propio  

paciente¹⁰⁶. Dichas estrategias destacan el rol fundamental de los integrantes  

de los equipos de salud, pues son quienes reﬂejan en sus acciones cotidianas  

la consistencia de los propósitos y políticas de humanización que deﬁnen los  

establecimientos de salud.  

Por consiguiente, consideramos que es importante revitalizar los enfoques de  

humanización en salud, pero desde una perspectiva intercultural y de género.  

De hecho, esta perspectiva considera a las personas como seres integrales  

con necesidades no solo físicas en el ámbito de salud, sino psico-emocionales,  

espirituales y sociales¹⁰⁰. Las perspectivas de humanización ponen en el centro  

a las personas, pero como verdaderos/as protagonistas de las acciones de  

cuidado, reforzando el respeto a los derechos humanos, la digniﬁcación en la  

atención, y teniendo en cuenta la multidimensionalidad existente en las vidas de  

las personas, especialmente en quienes cruzan situaciones de vulnerabilidad¹⁰¹.  

Nuestro país ya ha ido prestando atención a esta propuesta en algunas norma-  

tivas, acumulando hasta ahora 16 normas legales que constituyen el “Marco  

regulatorio nacional sobre humanización de la salud y trato digno”¹⁰⁷. Dentro  

99 Hill Collins, P. y Bilge, S. (2016). Intersectionality. Cambridge & Malden: Polity Press.  

102 Salaverry,O.(2010).“Interculturalidadensalud”.RevistaPeruanadeMedicinaExperimental  

100 Leininger M. y McFarland M. (2006). Culture care diversity and universality: a worldwide  

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103 Sáez Salgado, M. (2022). “Interculturallidad. Prólogo”. En: Cabieses, B., Obach., A., y Urrutia,  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

de lo anterior, podemos destacar, por ejemplo, la Ley 20.584 relacionada con la  

carta de deberes y derechos de los/as pacientes, que incluye el derecho a un  

trato digno; la Ley Dominga 21.371 que considera el especial acompañamiento  

a madres y padres que hayan sufrido la muerte de un/a hijo/a en gestación o  

perinatal; y la Ley Mila que resguarda el derecho de niños, niñas y adolescentes,  

a tener una compañía signiﬁcativa durante su hospitalización. Asimismo, Chile  

ha ﬁrmado diversas normativas de protección a las personas migrantes como  

son la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos  

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) y de la Convención  

sobre los Derechos del Niño¹⁰⁸, de las cuales se derivan marcos de acción de  

trato digno que debiera considerarse también en salud. Por otro lado, también  

la existencia de un enfoque de atención humanizada en salud puede favorecer  

el reconocimiento de diversas violencias de género y fortalecer el desarrollo  

de la resiliencia en mujeres migrantes¹⁰⁹.  

Es importante tener en cuenta que la migración es un determinante social de  

la salud113 debido a que los movimientos transfronterizos se desarrollan en  

condiciones que hacen que esta población esté potencialmente vulnerable e  

impacte de diversa manera en su bienestar físico, mental y social¹¹⁴, sobre todo  

de los grupos migrantes que se sitúan en condiciones de desventaja en relación  

con la población nacional.  

Por ello, una actuación de humanización con perspectiva intercultural no solo  

puede referir a la empatía del personal de salud¹¹⁵, sino a programas, recursos,  

capacitaciones y condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo de  

competencias interculturales y sensibilidad de género en los equipos, pero  

también generar las condiciones de acceso informado de la población migrante  

residente. Por ello, Carrillo116 enfatizan la importancia del desarrollo de compe-  

tencias interculturales y comunicacionales en la atención de salud, sobre todo  

considerando las diferenciaciones socioculturales, las diferencias de género  

—en el caso de mujeres migrantes— las creencias de pacientes extranjeros/as  

y nacionales, y los efectos de estas cosmovisiones en las relaciones interper-  

sonales de pacientes y personal de salud.  

Vemos que la importancia de la humanización con perspectiva intercultural es  

reconocida internacionalmente. No obstante, Sheperd110 señalan que, si bien los/  

las profesionales, técnicos/as y administrativos suelen sentir conﬁanza sobre sus  

competencias interculturales para la atención de población extranjera o indígena,  

al profundizar se recalca que suelen no tener mucha formación al respecto,  

y pocos/as pueden reconocer prácticas racistas, xenófobas o desigualdades  

de poder en la cotidianidad. En ocasiones la falta de reﬂexividad intercultural  

implica situar las explicaciones sobre el estado de salud de población migrante  

exclusivamente en los sujetos, sin considerar variables estructurales del sistema.  

En ese sentido, tanto Stoesslé111 como Place112 recalcan que el personal de salud  

suele justiﬁcar el estado de salud de personas migrantes, a variables culturales  

que poseen de sus países de origen, lo que supuestamente justiﬁcaría su poca  

adhesión al sistema. Se podría considerar esta actitud como una explicación  

con “exceso culturalista” al no considerar factores contextuales que inciden en  

la adhesión de las personas extranjeras al sistema de salud (como, por ejemplo,  

el mercado laboral al que pueden acceder).  

4. DIAGNÓSTICO SITUADO  

En una primera fase de nuestro proyecto I+D se desarrolló un estudio apli-  

cado con un enfoque mixto (cuanti-cualitativo). Se aplicaron dos encuestas  

—una a mujeres migrantes (150 personas), y otra a profesionales de servicios  

públicos que atienden a personas migrantes (78 participantes) — en la Región  

Metropolitana y, por otro lado, se desarrollaron dos grupos de discusión, uno  

con 25 mujeres migrantes de la misma región y, otra con 10 profesionales que  

atienden a personas migrantes (a nivel nacional).  

Entre los resultados se destaca fuertemente la falta de comprensión del sistema  

de salud chileno y diﬁcultades diversas para acceder a los distintos niveles  

113 Cabieses, B., Bernales, M. y McIntyre, A. (2017). La migración internacional como de-  

terminante social de la salud en Chile: evidencia y propuestas para políticas públicas.  

Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.  

114 Aizenberg, L. y Baeza, B. (2021). “Itinerarios terapéuticos y pluralismos médicos de las  

migrantes bolivianas en Argentina”. Resistances. Journal of the Philosophy of History,  

2(3). DOI: https://doi.org/10.46652/resistances.v2i3.46  

115 La falta de diversidad entre los profesionales de salud puede limitar la empatía hacia  

pacientes culturalmente diversos, mientras que mayor diversidad —incluida la étnica,  

de procedencia o de género— tiende a favorecerla (Howick et al., 2023 y Sharmeen-  

Shommu et.al., 2016)  

108 Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Oﬁcina del Alto  

Comisionado para los Derechos Humanos. Ginebra.  

109 Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2022). Informe anual 2022. OPS. https://  

www.paho.org  

110 Shepherd, H. L., Gower, S. & Biddle, N. (2019). “Intercultural competence in healthcare: A  

review of the literature”. Australian Health Review, 43(1), 1-8. DOI: 10.1071/AH17154  

111 Stoesslé, P. (2022). “We Speak the Same Language, but They Don’t Understand Us.  

Use and Abuse of Culturalism in Medical Care for Central American Migrants in Transit  

Through Mexico”. Public Health. DOI: doi: 10.3389/fpubh.2022.880171  

112 Place, V., Nabb, B. y Viksten Assel, K (2021). “Interventions to increase migrants’  

care-seeking behaviour for stigmatised conditions: a scoping review”. Social Psychiatry  

and Psychiatric Epidemiol, 56, 913-930. DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-021-02065-1  

116 Carrillo, J. E., Green, A. R. & Betancourt, J. R. (1999). “Cross-cultural primary care: A pa-  

tient-based approach”. Annals of Internal Medicine, 130(10), 829-834. DOI: https://doi.  

org/10.7326/0003-4819-130-10-199905180-00017  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

de salud. Por ejemplo, un 44,4% de las mujeres encuestadas declararon la  

difícil comprensión sobre el sistema de salud pública en Chile. Por otro lado,  

un 50% de las mujeres encuestadas consideraron que existía poco personal  

capacitado para otorgar información especíﬁca. En los grupos de discusión se  

detectaron incomprensiones en los diagnósticos y prescripciones médicas, la  

falta de comprensión del lenguaje técnico especializado de profesionales y las  

diferencias culturales en los usos lingüísticos del español.  

A pesar de lo anterior, en los grupos de discusión se denota un cierto desco-  

nocimiento respecto de todos los derechos que las personas migrantes tienen  

respecto al sistema integral de salud. Por ejemplo, desconocen los mecanismos  

de acceso a la atención de médicos especialistas o a programas especíﬁcos.  

Entre las estrategias que utilizan, se mencionan la búsqueda de alguna recomen-  

dación médica a distancia desde su país de origen, consultar atención privada  

en Chile, la automedicación o esperar a la posibilidad de atención pública en  

lista de espera. En los grupos de discusión se enfatiza que, en ocasiones, las  

mujeres buscan información con respecto a sus dolencias físicas en la web, con  

el riesgo de que no siempre puedan acceder a información correcta.  

La gran mayoría de las personas encuestadas está aﬁliada al Fondo Nacional  

de Salud (Fonasa) —un 87,3%— mientras que resulta preocupante que un 10,4%  

declare no estar aﬁliada ni al fondo público ni a ninguna Isapre privada. En los  

grupos de discusión se demostró un bajo conocimiento respecto de los tramos  

existentes en el sistema público (A, B, C y D) y sus diferencias, y se demuestra  

una cierta confusión existente entre el reconocimiento del sistema de salud y  

el sistema de pensiones en Chile (AFP). La mayoría accede a FONASA luego  

de lograr un contrato laboral y por información de empleadoras/es. Otras vías  

de acceso a la aﬁliación pública fueron a través de consejos de amigos/as y  

familia, trabajadoras/es sociales de instituciones públicas y de establecimientos  

educacionales, como también la búsqueda de información vía internet. Este  

último aspecto es donde quisimos poner atención como equipo para poder  

potenciar el alcance y la llegada de información ﬁdedigna sobre la salud en Chile.  

En la encuesta y el grupo de discusión con mujeres migrantes se observa que  

la mayoría de las participantes conoce su derecho a ser atendida en el sistema  

de salud público sin importar su situación migratoria.  

Con respecto al uso de herramientas tecnológicas, las participantes migrantes  

en la investigación señalaron que utilizan principalmente sus teléfonos celulares  

para la búsqueda de información en redes Sociales (23,3%) y la web del Ministerio  

de Salud (27,8%). En los grupos de discusión también se destaca la frecuencia  

del uso de WhatsApp y el correo electrónico para el traspaso de información.  

Los/las profesionales participantes del estudio destacaron que es importante la  

inclusión de herramientas tecnológicas para la entrega de información. Las/los  

funcionarias/os señalaron, en su mayoría, estar de acuerdo (66,3%) o mediana-  

mente de acuerdo (22,5%) en la utilización de herramientas digitales.  

Figura VI-2. Creo que las instancias en las que participo (como funcionaria/o o) con  

mujeres migrantes se podrían potencias con herramientas de apoyo digital que den  

información sobre salud  

Figura VI-1. ¿Sabe usted que tiene el derecho a ser atendido por el servicio de salud  

(público) en Chile sin importar su situación migratoria?  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

A pesar de ello, las/los profesionales participantes reconocen las diferencias  

en acceso digital que tienen las mujeres migrantes entre las distintas regiones  

del país. Se destaca una brecha digital en acceso y uso de tecnología entre  

regiones, lo que podría generar desigualdades en el acceso a información de los  

servicios de salud. A la vez, los/as funcionarios/as participantes en los grupos de  

discusión muestran una alta preocupación por el mal uso de las redes sociales  

y el rol que estos espacios ocupan para la búsqueda de información. Se enfa-  

tiza que se puede caer en la masiﬁcación de información desactualizada y/o  

errónea sobre el sistema de salud vigente y los derechos en salud que tienen  

las personas migrantes.  

Otra de las barreras identiﬁcadas por las/os funcionarios participantes de la  

encuesta es la falta de redes de apoyo de las mujeres (55,7%) y la falta de  

personal capacitado (58,2%). Cabe mencionar que, en el caso de la encuesta  

realizada a mujeres migrantes, también se reconoce la falta de personal capa-  

citado (49,6%) y la falta de redes de apoyo (44,4%) como barreras para acceder  

a información actualizada y de fácil comprensión.  

Sobre el grado de conocimiento de los diferentes beneﬁcios ligados a los  

programas ofrecidos a nivel nacional en el servicio de salud público, se destaca  

escaso conocimiento ligado al Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas  

(AUGE-GES). Un 57,3% de las encuestadas destaca desconocer las patologías  

cubiertas por GES. Esto pese a que en la encuesta y grupo de discusión las  

participantes mencionaron necesitar acceder a atención ligada a alguna de las  

87 patologías AUGE-GES, entre ellas: tratamiento de cánceres, salud bucal,  

intervenciones quirúrgicas, hipotiroidismo y diabetes.  

Al observar los resultados de la encuesta realizada, es posible ver que la preo-  

cupación por entregar información ﬁdedigna, actualizada y de fácil comprensión  

con respecto al sistema de salud público a través de herramientas tecnológicas  

(y no tecnológicas) es importante para funcionarios/as. La principal barrera reco-  

nocida es no contar con suﬁcientes recursos tecnológicos y recursos humanos  

para entregar información actualizada y de fácil comprensión (58,2%).  

En el grupo de discusión, las mujeres participantes mencionaron que sus prin-  

cipales necesidades en salud estaban ligadas a atenciones ginecológicas  

(chequeos preventivos, partos planiﬁcados o de emergencia) y enfermedades  

derivadas del tipo de trabajo que desarrollan. En ese sentido, también en ambos  

grupos de discusión se destacan las diﬁcultades que existen para asistir a las  

horas de atención en el sistema público debido a los horarios laborales que  

tienen las mujeres migrantes. Se destaca que, a veces, no tener RUN les impide  

acceder a la protección de una licencia médica con sus empleadores/as pero  

también que muchas veces encuentran impedimentos de parte de éstos/as para  

que puedan acudir a servicios médicos dentro del horario laboral.  

Figura VI-3. Tres opciones que mejor representan las barreras a la hora de acceder y  

entregar información a mujeres migrantes sobre el servicio de salud público en Chile  

5. “MUJER MIGRANTE INFORMADA EN SALUD”, UNA PROPUESTA PARA ACERCAR  

LA INFORMACIÓN  

El objetivo del proyecto I+D en alianza con la unidad de género del Servicio  

Nacional de Migraciones fue mejorar el alcance del proceso de información  

brindado a las mujeres migrantes en temáticas de salud a través del desarrollo  

de diversas herramientas digitales. Sus objetivos especíﬁcos fueron: a) diag-  

nosticar las principales diﬁcultades de información, consultas especíﬁcas, y el  

nivel de accesibilidad de las mujeres migrantes sobre temáticas de salud, b),  

determinar las diﬁcultades especíﬁcas del programa Apoya Mujer Migrante  

para obtener un mayor alcance en sus procesos de información a mujeres  

migrantes; c) desarrollar herramientas digitales que favorezcan el alcance del  

programa Apoya Mujer Migrante y faciliten la accesibilidad a la información  

de las mujeres migrantes usuarias sobre los servicios de salud, y d) desarro-  

llar un prototipo tecnológico que pudiera gestionar una prueba masiva en la  

zona norte de la Región Metropolitana que aumente la cobertura del público  

Fuente: Elaboración propia  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

objetivo del programa Apoya Mujer Migrante. Generalmente la información que  

recibe la población migrante proviene preferentemente del Servicio Nacional  

de Migraciones —entidad que centra su entrega de información en temáticas  

migratorias referidas a la regularización— y de servicios de proximidad como  

municipios y centros de salud territoriales.  

de expertos/as del ámbito de la salud, académicos y funcionarios/as públicos,  

para una entrega de información ﬁdedigna.  

Por tanto, ante la primacía de dispositivos de información sincrónicos y presen-  

ciales, nuestro proyecto desarrolló una herramienta tecnológica para incidir  

en estas brechas, sobre todo considerando que las mujeres migrantes utilizan  

telefonía digital y redes sociales. Para ello, se generó una plataforma dinámica  

para inquietudes de salud de las mujeres, entregando información ﬁdedigna,  

captada de otras plataformas existentes formales, a través de un sistema de  

recuperación de información con inteligencia artiﬁcial (a partir de una interfaz de  

lenguaje chatbot y un sistema de generación aumentada por recuperación (RAG).  

A nivel gubernamental se suelen ofrecer puntos de información centralizados  

y jornadas de información presenciales, llegando a un universo especíﬁco y  

reducido de mujeres extranjeras. Si bien las unidades especíﬁcas de atención a  

grupos prioritarios del Ministerio de Salud han desarrollado acciones para dar a  

conocer los derechos de personas migrantes en salud, aún resultan insuﬁcientes  

en relación con la totalidad del colectivo de mujeres y sus particularidades por  

procedencia nacional.  

Figura VI-4. IA para preguntas de mujeres migrantes  

Así, se presenta una diﬁcultad en cuanto al alcance de la información respecto  

del universo de mujeres migrantes residentes considerando que los dispositivos  

establecidos para la entrega de información suelen ser analógicos, sincrónicos  

y presenciales. Esto conlleva que sean dependientes de los recursos humanos  

disponibles, que sean permanentes (puntos de información ﬁjos) o esporádicos  

como jornadas informativas. Por tanto, mejorar el alcance respecto de la infor-  

mación entregada a mujeres inmigrantes, resulta una meta.  

Además, los frecuentes cambios a nivel legislativo en materia migrante y las  

variaciones en las políticas focalizadas en salud, requieren de soluciones tecno-  

lógicas ﬂexibles que se adapten a estos cambios en el tiempo que inciden  

en la información disponible. En este sentido, creemos pertinente la solución  

tecnológica de crear una plataforma dinámica, que reciba y priorice las nuevas  

inquietudes de las mujeres y que pueda entregar información mediante múltiples  

canales, captando la información a través de la integración dinámica de otras  

plataformas web existentes y que sean formales.  

Como se señaló anteriormente, en la primera fase se llevó a cabo un doble diag-  

nóstico de carácter mixto: por un lado, con mujeres migrantes para determinar  

sus principales necesidades de salud, las consultas recurrentes en la temática y  

las diﬁcultades que presentan para acceder a los servicios disponibles desde el  

Estado; y por otro, con profesionales del Programa Apoya Mujer Migrante para  

evaluar en detalle las diﬁcultades en la entrega de información.  

Posteriormente, con los resultados del diagnóstico, se desarrolló una herra-  

mienta digital pertinente para poder cumplir con alcanzar a una mayor cantidad  

de mujeres migrantes con la información, y ajustar la información de entrega  

de información a las necesidades expresadas por los diversos colectivos de  

mujeres en relación con el sistema de salud. Cuando se captaron las principales  

necesidades y se diseñaron las respuestas para éstas, se ratiﬁcó con un panel  

Fuente: Elaboración propia  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Figura VI-7: Preguntas para funcionarios/as de Salud  

La web “Mujer Migrante Informada en Salud (MMI)” (https://mmisalud.uchile.  

cl/) con vínculos a Instagram y Facebook, no solo presenta las preguntas más  

usuales de mujeres migrantes y de personal de salud, sino también que puede  

captar nuevas preguntas y ser respondidas adecuadamente. El sistema quedó  

alojado en servidores de la Universidad de Chile y compartido, con un banner,  

por el programa Apoya Mujer Migrante del Servicio Nacional de Migraciones.  

Figura VI-5. Página principal MMI  

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente se llevó a cabo una prueba masiva de estos desarrollos tecnológicos  

con mujeres migrantes, a través de una convocatoria con diversas organizaciones  

migrantes de la Región Metropolitana como también a través del programa  

Apoya Mujer migrante, pudiendo veriﬁcar un impacto positivo en la entrega de  

información sobre salud¹¹⁷.  

Fuente: Elaboración propia  

Creemos que la solución planteada tiene una doble dirección incidiendo tanto  

en las mujeres migrantes, usuarias de salud, como en los equipos de salud. Esto  

ya que se buscó mejorar el alcance del proceso de información en temáticas  

de salud a través de estrategias digitales hacia mujeres migrante y a la vez,  

potenciar la calidad de la información entregada bajo una visión humanizada a  

funcionarios/as (a través de una pestaña con consultas frecuentes de personal  

de salud).  

Figura VI-6. Preguntas frecuentes de mujeres migrantes  

En la siguiente fase del proyecto precisamente se buscará potenciar dispo-  

sitivos que fomenten una atención humanizada dirigida a funcionarios/as de  

salud. Esto porque como resultado del diagnóstico aplicado se pudo ver una  

preocupación del funcionariado por el aumento en la diversidad de perﬁles de  

atención producto del asentamiento creciente de migración en algunas zonas  

territoriales. Por tanto, creemos importante fomentar un enfoque institucional  

de humanización con perspectiva intercultural y de género. La generación, por  

ejemplo, de una plataforma digital que posibilite la formación, generación de  

material sobre trato digno y el levantamiento de necesidades y propuestas del  

Fuente: Elaboración propia  

117 La propuesta ha sido expuesta en el Tercer encuentro de Innovación de la Universidad de  

Chile (desarrollado en agosto de 2025) y en un seminario abierto sobre las “Diﬁcultades  

y posibilidades del acceso a información de mujeres migrantes”, convocado por el equi-  

po transdisciplinario del proyecto y el Servicio Nacional de Migraciones (en septiembre  

de 2025).  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

conceptos de salud-enfermedad que existen, y las explicaciones que se dan a  

los problemas de salud en la población. por otra parte, también se reconocen y  

promueven aquellos conocimientos, sabidurías, prácticas, formas de comprender  

o entender y recursos del ámbito comunitario, con los cuales se mejoran las  

personal para una instalación de un enfoque de humanización a largo plazo,  

podría mejorar los indicadores de calidad de atención.  

Consideramos que posibilitar este enfoque de humanización al interior de los  

establecimientos de salud puede contrarrestar la discriminación y posibles tratos  

inequitativos a grupos más vulnerables (OPS, 2022), como pueden ser algunos  

colectivos de mujeres migrantes. Sin duda, instalar este enfoque tiene tensiones:  

generalmente la atención de salud reﬂeja también las condiciones y desigual-  

dades sociales existentes en el país, donde la llegada de personas migrantes  

es reconocida como un desafío al interior de los servicios; el sistema de salud  

está fragmentado entre lo público y privado según condiciones económicas  

de las personas; y el propio sistema público presenta limitaciones concretas  

(presión de metas a alcanzar, tiempos de espera, sobrecarga de trabajo, escasez  

de personal, aumento síndrome Burnout, naturalización en la vulneración de  

derechos, entre otros factores).  

118  

acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación de salud.  

Por ello, creemos importante como política pública generar diversas acciones  

para garantizar una atención en salud humanizada, considerando perspec-  

tivas interculturales y de género. Existen experiencias internacionales y nacio-  

nales que avalan esta propuesta: por un lado, los Planes de humanización en  

salud del Sistema Nacional de Salud-SNS de España (2022-2027), la Política  

nacional de Humanización en de la salud en Colombia (2021-2031), el programa  

de Humanización del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, la Red  

Humanizada y de excelencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente  

y las diversas iniciativas para humanizar la atención del Hospital Clínico de la  

Universidad de Chile.  

Pero considerar esta perspectiva implica grandes desafíos en distintas escalas:  

a) a nivel interpersonal, formar en competencias interculturales y con enfoque  

de género, y la ratiﬁcación del respeto y la calidez en el trato como un indi-  

cador positivo de atención; b) a nivel institucional, se requieren cambios en la  

gestión organizacional, la infraestructura, los procedimientos que operan, la  

capacitación y cuidado de los equipos y desarrollos de investigación en torno  

a los beneﬁcios del cuidado humanizado; y c) a nivel político, se requiere el  

desarrollo de programas, normativas y asignación de recursos que posibilite  

la ejecución de una propuesta transversal de humanización que permee a los  

equipos de los servicios.  

Esto también nos lleva a la conclusión de Hernández Mack sobre la impor-  

tancia de una atención humanizada con una perspectiva intercultural; quienes  

plantean que:  

conocer las lógicas socioculturales facilita la articulación de la atención institucional  

y la comunidad, pues la institución adapta sus servicios tomando en cuenta los  

118 Hernández Mack, L., Sánchez, C., Verdugo, J.C., Morales, L., Arriaga, C.A. y Hernández, Z.  

(2012). Transformando el sistema público desde el primer nivel de atención. Instituto de  

salud Incluyente. Guatemala. Pág. 40.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

5. PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINARIA Y ROL DE LA  

ODONTOGERIATRÍA EN EL PROPÓSITO PÚBLICO  

Marcela Farías Vergara  

Directora Extensión Facultad Odontología,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0002-2684-6031  

mfarias@odontologia.uchile.cl  

Nataly Cajas Cajas  

Directora Diplomado Odontogeriatría,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0002-7389-2946  

ncajas@odontologia.uchile.cl  

Varinia Reyes Bórquez  

Académica Diplomado Odontogeriatría,  

Universidad de Chile  

variboryes@gmail.com  

Macarena Miranda Viorklumds  

Académica Diplomado Odontogeriatría,  

Universidad de Chile  

mmiranda@odontologia.uchile.cl  

Jesús Santorcuato Muñoz  

Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0006-9712-2048  

jesus.santorcuato@uchile.cl  

DESAFíOS EN SALUD ORAL FRENTE AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN CHILE  

El envejecimiento es un proceso amplio y multidimensional, que impacta no  

solo a nivel individual sino también en el plano histórico, social y biotecnoló-  

gico. Desde la segunda mitad del siglo XX, los avances en salud, condiciones  

sociales y biotecnologías del cuidado han incrementado la esperanza de vida  

en Chile, proyectándose que para el año 2050 las personas mayores de 65  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

años representarán el 26,4% de la población¹¹⁹. Este fenómeno constituye una  

transformación demográﬁca acelerada: mientras que Francia tardó 115 años en  

duplicar su proporción de personas mayores, Chile lo ha hecho en menos de  

tres décadas¹²⁰. Ello implica un desafío urgente de adaptación para las políticas  

públicas, los sistemas de salud y la educación sanitaria, en un contexto donde  

la longevidad se extiende, pero las estructuras institucionales no logran acom-  

pasar su ritmo.  

prótesis removibles, y apenas el 41,2% percibe su salud bucal como buena o  

muy buena. Aún más preocupante es que el 81,7% de las personas mayores  

presenta dentición no funcional, es decir, carece de al menos 21 dientes naturales,  

lo que limita funciones básicas como la masticación y el habla¹²⁶. Estas cifras no  

solo reﬂejan un problema clínico, sino una expresión de injusticia estructural  

que afecta la calidad de vida, la sociabilidad y la autonomía funcional de las  

personas mayores¹²⁷.  

La literatura internacional ha comenzado a abordar este fenómeno desde enfo-  

ques de innovación social en salud¹²¹, destacando la necesidad de comprender  

el envejecimiento no solo como un hecho biológico sino como un proceso  

atravesado por desigualdades estructurales, participación comunitaria e  

interculturalidad.  

La salud oral deﬁciente tiene repercusiones que trascienden el ámbito local.  

La literatura cientíﬁca evidencia una relación estrecha entre salud bucodental  

y enfermedades sistémicas, como cardiopatías, diabetes, afecciones respirato-  

rias, depresión y enfermedades reumáticas¹²⁸. En personas mayores, la pérdida  

dentaria y la disminución de la función masticatoria se asocian con alteraciones  

cognitivas, problemas nutricionales y aumento del riesgo de neumonía por  

aspiración, especialmente en pacientes con patologías neurodegenerativas  

o dependencia funcional¹²⁹. De hecho, estudios recientes sostienen que la  

masticación adecuada estimula regiones corticales vinculadas a la memoria y  

la atención, incidiendo en la preservación de funciones cognitivas¹³⁰. La pérdida  

de la función oral, por tanto, no es un evento anatómico aislado, sino un fenó-  

meno biopsicosocial que repercute en la autonomía y en la participación social.  

El acelerado proceso de envejecimiento y su impacto en la salud oral revelan la  

necesidad de un enfoque integral. A nivel biológico, el envejecimiento se asocia  

a una pérdida progresiva de funciones ﬁsiológicas, multimorbilidad y mayor  

vulnerabilidad a enfermedades sistémicas ¹²². Sin embargo, como sostienen  

Bedos, Apelian y Vergnes¹²³, las desigualdades orales no pueden desvincu-  

larse de los determinantes sociales que conﬁguran la exclusión estructural en  

salud. La salud oral constituye así un espejo de las inequidades sociales y de  

la distribución desigual del bienestar, un componente esencial del derecho a  

la salud y de la justicia sanitaria.  

De la mano con lo anterior, estudios recientes131 evidencian que las innovaciones  

sociales orientadas al envejecimiento saludable deben integrar dimensiones  

En este contexto, la salud oral constituye un marcador sensible de desigualdad  

social y sanitaria. Las personas mayores en Chile reportan < una salud oral digna,  

integral y continua¹²⁴.  

126 Monroy Ramírez, F. A. y Méndez Castilla, R. M. (2018). “Funciones de la dentadura natural:  

Importancia clínica”. Revista Mexicana de Odontología, 4(2), 180-187.  

127 Freeman, R., Doughty, J., Macdonald, M.E. & Muirhead, V. (2020). “Inclusion oral health:  

Advancing a theoretical framework for policy, research and practice”. Community Dent  

Oral Epidemiol. DOI: 10.1111/cdoe.12500.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2016–2017, el 61,3% de las  

personas mayores de 65 años no asistió al dentista durante el último año, y el  

3,1% nunca lo ha hecho¹²⁵. El 57,2% presenta caries cavitadas, el 65,8% utiliza  

128 Scully, C. & Ettinger, R. (2007). “The inﬂuence of systemic diseases on oral health in elder-  

ly populations”. Journal of the American Dental Association, 138(1), 7-14.  

129 Campos, C., Guajardo, F., Navarrete, B., Oteíza, T., Toledo, L. y López, I. (2012). Presencia  

de presbifagia en adultos mayores institucionalizados y su relación con la calidad de  

vida. Tesis de licenciatura, Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de  

Fonoaudiología.  

119 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018). Estimaciones y proyecciones de la pobla-  

ción de Chile 1992–2050.  

Kikutani, T., Tamura, F., Tohara, T., Takahashi, N. & Yaegaki, K. (2012). “Tooth loss as risk  

factor for foreign-body asphyxiation in nursing-home patients”. Archives of Gerontology  

and Geriatrics, 54(3), e431–e435.  

120 Pérez, V. y Sierra, F. (2009). “Biología del envejecimiento”. Revista Médica de Chile, 137,  

296–302.  

121 Castro-Arroyave, D. M. & Duque-Paz, L. F. (2020). “Documentary research on social inno-  

130 De Cicco, V., et al. (2016). “Oral implant-prostheses: New teeth for a brighter brain”. PLoS  

vation in health in Latin America”. Global Health Promotion, 27(4), 63–72.  

ONE, 11(2). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148715  

122 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento  

131 Mason, C., Barraket, J., Friel, S., O’Rourke, K. & Stenta, C.P. (2015). Social innovation for  

y la salud.  

the promotion of health equity. Health Promot Int. DOI: 10.1093/heapro/dav076.  

123 Bedos, C., Apelian, N. & Vergnes, J. N. (2017). “Time to develop social dentistry”. JDR  

Jiang, C.M., Chu, C.H., Duangthip, D., Ettinger, R.L., Hugo, F.N., Kettratad-Pruksapong,  

M., Liu, J., Marchini, L., McKenna, G., Ono, T., Rong, W., Schimmel, M., Shah, N., Slack-  

Smith, L., Yang, S.X. & Lo, E.C.M. (2021). “Global Perspectives of Oral Health Policies and  

Oral Healthcare Schemes for Older Adult Populations”. Front Oral Health. DOI: 10.3389/  

froh.2021.703526.  

Clinical & Translational Research, 2(3), 211–218.  

124 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001). Clasiﬁcación Internacional del  

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).  

125 Ministerio de Salud (MINSAL) (2018a). Encuesta Nacional de Salud 2016–2017.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

cognitivas, tecnológicas y comunitarias, reconociendo la salud bucal como un  

eje interdependiente del bienestar general.  

y reactiva, dependiente de la demanda asistencial y no de la prevención, con  

escaso vínculo entre los niveles primario, secundario y hospitalario de atención¹³⁵.  

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la  

Discapacidad y de la Salud (CIF), la pérdida dentaria total constituye una deﬁ-  

ciencia estructural que, al limitar la masticación y el habla, evoluciona hacia  

una discapacidad y, en muchos casos, hacia una minusvalía social¹³². Desde  

una perspectiva transdisciplinaria, este continuum entre biología, subjetividad  

y entorno demanda una gobernanza policéntrica133 donde distintos niveles del  

sistema sanitario y comunitario interactúen para generar soluciones coordinadas  

y sostenibles.  

En este escenario, el desafío es doble: fortalecer la formación de especialistas  

y, simultáneamente, redeﬁnir el modelo de atención bucodental hacia un para-  

digma de cuidado continuo, preventivo y centrado en la persona. La evidencia  

internacional coincide en que los sistemas que integran la atención odontoge-  

riátrica en redes interdisciplinarias logran resultados más sostenibles, tanto en  

calidad de vida como en eﬁciencia de recursos¹³⁶. Esto exige políticas públicas  

que reconozcan la salud oral como un componente estructural del envejeci-  

miento saludable, en concordancia con la Década del Envejecimiento Saludable  

2021–2030¹³⁷, y que promuevan innovaciones con propósito público orientadas  

a la equidad, la inclusión y la corresponsabilidad social.  

Esta secuencia subraya que la salud oral es un componente central del bien-  

estar general y del derecho al cuidado. En consecuencia, la odontogeriatría no  

puede ser entendida solo como una especialidad clínica, sino como un campo  

de innovación en salud pública que articula dimensiones médicas, sociales  

y éticas. En línea con esto, la literatura sobre innovación en salud subraya el  

rol de las organizaciones multilaterales y de los gobiernos en crear entornos  

habilitantes donde las innovaciones puedan integrarse sosteniblemente en  

los sistemas sanitarios¹³⁴. Estas articulaciones interinstitucionales permiten  

que los modelos de innovación trasciendan el plano experimental, asegurando  

escalabilidad, equidad y apropiación social de las soluciones. La experiencia  

de la Social Innovation in Health Initiative (SIHI) demuestra que la colaboración  

entre organismos internacionales, universidades y gobiernos puede acelerar la  

integración de innovaciones sociales y comunitarias, generando aprendizajes  

útiles para la innovación con propósito público.  

El impacto de la no acción -o del ritmo lento de innovación institucional- se  

traduce en un aumento de la morbilidad, una pérdida acelerada de autonomía  

y una sobrecarga económica y emocional para las familias y cuidadores¹³⁸. Sin  

embargo, una estrategia basada en innovación con propósito público puede  

transformar este escenario. La aplicación de herramientas de innovación abierta  

y transdisciplinaria, apoyadas en la evidencia cientíﬁca, permite articular solu-  

ciones escalables en territorios diversos y fortalecer la capacidad de respuesta  

de los sistemas de salud. En este sentido, la odontogeriatría puede transformarse  

en un laboratorio privilegiado para el desarrollo e implementación de modelos  

de atención colaborativa, donde el conocimiento clínico dialogue con saberes  

sociales y comunitarios.  

En el caso chileno, este problema se ve agravado por la ausencia histórica de  

modelos interdisciplinarios y por una débil formación especializada. La odon  

-

togeriatría fue reconocida oﬁcialmente como especialidad en Chile recién en  

agosto de 2024, lo que reﬂeja una deuda estructural en la capacidad formativa  

del país para atender las necesidades especíﬁcas del envejecimiento pobla-  

cional. La insuﬁciencia de especialistas se traduce en una atención fragmentada  

135 Ministerio de Salud (MINSAL) (2021). Plan Nacional de Salud Bucal 2021-2030.  

Ministerio de Salud (MINSAL) (2022). Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos  

Sanitarios al 2030.  

132 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001). Clasiﬁcación Internacional del  

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).  

136 Chavez, E. M., Kossioni, A. & Fukai, K. (2022). “Policies supporting oral health in age-  

ing populations are needed worldwide”. International Dental Journal. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.identj.2022.06.002  

133 van Niekerk, L., Manderson, L. & Balabanova, D. (2021). “The application of social innova-  

tion in healthcare: A scoping review”. Infectious Diseases of Poverty, 10(26). https://doi.  

org/10.1186/s40249-021-00794-8  

134 Halpaap, B., Peeling, R. W. & Bonnici, F. (2019). “The role of multilateral organizations and  

governments in advancing social innovation in health care delivery”. Infectious Diseases  

of Poverty, 8(81). DOI: https://doi.org/10.1186/s40249-019-0592-y  

137 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021). Década del Envejecimiento Saludable  

2021–2030.  

138 MinisteriodeDesarrolloSocialyFamilia(2022). EncuestadeDiscapacidadyDependencia  

(ENDIDE) 2022.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

Figura VI-8. Indicadores de salud oral en personas mayores en Chile  

articular innovación con propósito público, entendida como una práctica que  

combina evidencia cientíﬁca, diseño institucional y cooperación multiactoral¹⁴⁴.  

Valor /  

Prevalencia  

Indicador  

Fuente  

El concepto de innovación con propósito público trasciende la lógica tradicional  

de innovación social o tecnológica. A diferencia de la primera, que busca resolver  

problemas especíﬁcos a nivel comunitario, la innovación con propósito público  

aborda fallas sistémicas, rediseñando estructuras institucionales y formas de  

gobernanza¹⁴⁵. Su eje central no es únicamente la eﬁciencia, sino la orientación  

ética de la innovación hacia ﬁnes colectivos: equidad, justicia y sostenibilidad.  

En este sentido, la salud oral de las personas mayores representa un campo  

paradigmático donde esta noción cobra fuerza. Incorporar la innovación con  

propósito público en la odontogeriatría implica rearticular los saberes clínicos,  

epidemiológicos y sociales para transformar los modos en que el sistema sani-  

tario responde al envejecimiento. Este enfoque converge con la odontología  

inclusiva, que articula justicia social y reducción de exclusiones estructurales  

en salud bucal146 y con la noción de innovación en salud como transformación  

de relaciones de gobernanza¹⁴⁷.  

Población ≥65 años (% del total, proyección 2050)  

Sin control dental en el último año (≥65 años)  

Nunca ha asistido al dentista (≥65 años)  

Caries cavitadas (≥65 años)  

26,4%  

61,3%  

3,1%  

INE, 2018  

MINSAL, 2018a  

MINSAL, 2018a  

MINSAL, 2018a  

MINSAL, 2018a  

57,2%  

65,8%  

Uso de prótesis removible (≥65 años)  

Percepción buena/muy buena salud bucal (≥65  

años)  

41,2%  

MINSAL, 2018a  

Percepción mala/muy mala salud bucal (≥65  

años)  

22,6%  

81,7%  

MINSAL, 2018a  

MINSAL, 2018a  

Dentición no funcional (≥65 años)  

MINSAL, 2021;  

OMS, 2015  

Prevalencia de caries (65–74 años)  

99,4%  

Índice promedio COPD (65–74 años)  

21,57  

MINSAL, 2021  

MINSAL, 2018a  

Del mismo modo, Halpaap, Peeling y Bonnici148 subrayan que la sostenibilidad  

de las innovaciones en salud requiere un marco institucional propicio, regula-  

ciones claras y alianzas intersectoriales que vinculen comunidades, actores  

sanitarios y gobiernos, en coherencia con los principios de la Agenda 2030.  

Complementariamente, el llamado global de la Organización Mundial de la Salud  

y el Programa Especial TDR para la Investigación y Capacitación en Enfermedades  

Tropicales enfatiza que la innovación social en salud debe consolidarse como  

una herramienta estratégica para alcanzar la Cobertura Universal de Salud¹⁴⁹.  

Este enfoque promueve la articulación de ciencia, política y comunidad, desta-  

Prevalencia de edentulismo total (75+ años)  

37,9%  

Fuentes: INE¹³⁹, MINSAL¹⁴⁰, MINSAL, , OMS142  

.

141  

HACIA UNA INNOVACIÓN CON PROPÓSITO PÚBLICO EN SALUD ORAL  

En la última década, la literatura internacional ha mostrado un crecimiento soste-  

nido de investigaciones que vinculan la salud oral del adulto mayor con dimen-  

siones sociales, cognitivas y funcionales¹⁴³. Estas contribuciones coinciden en un  

punto crucial: el abordaje odontogeriátrico no puede limitarse a la clínica, sino  

que debe situarse en un marco de bienestar integral, equidad y justicia social.  

Desde esa perspectiva, la odontogeriatría se vuelve un espacio estratégico para  

144 Mazzucato, M. (2021). Mission Economy: A moonshot guide to changing capitalism.  

Penguin.  

145 Mazzucato, M. (2021). Mission Economy: A moonshot guide to changing capitalism.  

Penguin.  

Polanyi, K. (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our  

Time. Beacon Press.  

139 Instituto Nacional de Estadísticas (2018). Estimaciones y proyecciones de la población de  

146 Freeman, R., Doughty, J., Macdonald, M.E., Muirhead, V. (2020). “Inclusion oral health:  

Advancing a theoretical framework for policy, research and practice”. Community Dent  

Oral Epidemiol. DOI: 10.1111/cdoe.12500.  

147 van Niekerk, L., Manderson, L. & Balabanova, D. (2021). “The application of social innova-  

tion in healthcare: A scoping review”. Infectious Diseases of Poverty, 10(26). DOI: https://  

doi.org/10.1186/s40249-021-00794-8  

Chile 1992-2050. https://www.ine.cl  

140 Ministerio de Salud (2018a). Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. Departamento de  

Epidemiología, División de Planiﬁcación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública.  

141 Ministerio de Salud (2021). Plan Nacional de Salud Bucal 2021-2030.  

142 Organización Mundial de la Salud (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.  

148 Halpaap, B., Peeling, R. W. & Bonnici, F. (2019). “The role of multilateral organizations and  

governments in advancing social innovation in health care delivery”. Infectious Diseases  

of Poverty, 8(81), 1-5.  

143 Chávez, E. M., Kossioni, A., & Fukai, K. (2022). “Policies supporting oral health in age-  

ing populations are needed worldwide”. International Dental Journal. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.identj.2022.06.002  

Listl, S., Baltussen, R., Carrasco-Labra, A., Carrer, F. C. & Lavis, J. N. (2023). “Evidence-  

informed oral health policy making: Opportunities and challenges”. Journal of Dental  

Research, 102(12), 1293-1302. DOI: https://doi.org/10.1177/00220345231187828  

149 World Health Organization (2023). “TDR strategy 2024–2029: Building local research  

solutions to improve global health”. World Health Organization. https://creativecommons.  

org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

cando la necesidad de mecanismos de gobernanza multinivel que permitan  

escalar las soluciones locales sin perder su anclaje territorial.  

y organizaciones sociales. Tal como advierte la Organización Mundial de la  

Salud (2021)¹⁵⁴, las sociedades del siglo XXI serán juzgadas por su capacidad  

para cuidar; por ello, la odontogeriatría debe ser reconocida como un campo  

prioritario para innovar en equidad, sostenibilidad y bienestar colectivo.  

El enfoque de equidad en salud bucodental exige comprender las prácticas  

odontológicas como mediaciones sociales, donde los determinantes culturales,  

económicos y políticos inﬂuyen en la percepción del cuidado¹⁵⁰. De igual modo,  

Chávez, Kossioni y Fukai151 proponen que la odontogeriatría moderna debe  

transitar hacia una atención relacional, centrada en la experiencia y dignidad  

del paciente. Bajo este prisma, la transdisciplinariedad —entendida como el  

trabajo articulado entre salud, ciencias sociales, educación y comunidades— se  

conﬁgura no solo como una metodología, sino como una ética de la innovación:  

una forma de producir conocimiento que no fragmenta, sino que conecta.  

DESAFíOS PENDIENTES  

El reconocimiento tardío de la odontogeriatría como especialidad en Chile, forma-  

lizado recién en 2024, ilustra una deuda estructural del sistema sanitario con el  

envejecimiento poblacional. Pese a los avances en la comprensión biomédica  

del proceso de envejecimiento, persiste un déﬁcit de políticas y de institucio-  

nalidad que aborden la salud oral como un derecho social y no solo como una  

prestación asistencial. Este desfase entre diagnóstico y acción conﬁgura lo que  

podríamos denominar un tiempo lento de la innovación sanitaria: un período  

en el que la evidencia cientíﬁca se acumula más rápido de lo que los sistemas  

institucionales son capaces de incorporar¹⁵⁵.  

El envejecimiento, por tanto, no puede ser abordado desde un solo campo de  

saber. La integración de la odontogeriatría con las ciencias sociales y las políticas  

públicas habilita una lectura ecosistémica del cuidado, donde los problemas de  

acceso, los hábitos alimentarios y las condiciones materiales de vida se consi-  

deran en conjunto. Esta mirada ampliﬁcada permite que la odontología geriátrica  

deje de ser un nicho clínico y se convierta en una estrategia de salud pública  

con valor estructural, promoviendo derechos, participación y bienestar¹⁵². La  

incorporación de tecnologías digitales, metodologías participativas y modelos  

Las causas de este rezago son múltiples. En primer lugar, la formación odon-  

tológica en Chile ha tendido históricamente a una orientación restaurativa y  

procedimental, en detrimento de la prevención y del trabajo comunitario. En  

segundo lugar, la ausencia de dispositivos de coordinación transdisciplinaria  

entre salud, ciencias sociales y políticas públicas ha diﬁcultado la generación  

de diagnósticos integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud  

bucal¹⁵⁶. Finalmente, el ﬁnanciamiento de programas de investigación aplicada  

en salud oral de personas mayores ha sido limitado, representando una frac-  

ción mínima de la inversión pública en I+D en salud. La literatura sobre inno-  

vación en salud subraya que la lentitud de incorporación de evidencias suele  

ser un problema de gobernanza, alineación de incentivos157 y falta de entornos  

153  

de ciencia abierta —como los propuestos por Mason et al. — puede potenciar  

una transformación organizacional profunda, donde la prevención y la educación  

sanitaria sean ejes transversales.  

En este contexto, el enfoque de innovación con propósito público constituye  

un fundamento conceptual para la acción. No se trata únicamente de innovar  

en procedimientos, sino de innovar en las lógicas institucionales que sostienen  

el cuidado. El desafío consiste en crear valor público desde la odontogeriatría,  

entendiendo el cuidado oral como un bien común y la salud como un propósito  

compartido. Esa transformación requiere voluntad política, ﬁnanciamiento soste-  

nido y la integración efectiva de universidades, servicios de salud, municipios  

154 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021). Década del Envejecimiento Saludable  

2021-2030.  

155 Chavez, E. M., Kossioni, A. & Fukai, K. (2022). “Policies supporting oral health in age-  

ing populations are needed worldwide”. International Dental Journal. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.identj.2022.06.002  

150 Bedos, C., Apelian, N. & Vergnes, J. N. (2017). “Time to develop social dentistry”. JDR  

Clinical & Translational Research, 2(3), 211–218.  

151 Chávez, E. M., Kossioni, A., & Fukai, K. (2022). “Policies supporting oral health in age-  

ing populations are needed worldwide”. International Dental Journal. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.identj.2022.06.002  

152 Jiang, C.M., Chu, C.H., Duangthip, D., Ettinger, R.L., Hugo, F.N., Kettratad-Pruksapong  

M., Liu J., Marchini, L., McKenna, G., Ono, T., Rong. W., Schimmel, M., Shah, N., Slack-  

Smith, L., Yang, S.X., Lo E.M.C. (2021). “Global Perspectives of Oral Health Policies and  

Oral Healthcare Schemes for Older Adult Populations”. Front Oral Health. DOI: 10.3389/  

froh.2021.703526.  

Jiang, C.M., Chu, C.H., Duangthip, D., Ettinger, R.L., Hugo, F.N., Kettratad-Pruksapong,  

M., Liu, J., Marchini, L., McKenna, G., Ono, T., Rong, W., Schimmel, M., Shah, N., Slack-  

Smith, L., Yang, S.X. & Lo, E.C.M. (2021). “Global Perspectives of Oral Health Policies and  

Oral Healthcare Schemes for Older Adult Populations”. Front Oral Health. DOI: 10.3389/  

froh.2021.703526.  

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Clinical & Translational Research, 2(3), 211–218.  

157 van Niekerk, L., Manderson, L. & Balabanova, D. (2021). “The application of social innova-  

tion in healthcare: A scoping review”. Infectious Diseases of Poverty, 10(26). DOI: https://  

doi.org/10.1186/s40249-021-00794-8  

153 Mason, J. et al. (2015). “Social innovation and oral health: Lessons from ageing societies”.  

Gerodontology, 32(4), 268-275. DOI: https://doi.org/10.1111/ger.12134  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

institucionales habilitantes limita la capacidad de las innovaciones locales para  

integrarse al sistema de salud¹⁵⁸.  

Desde esta perspectiva, la odontogeriatría puede ser un terreno ejemplar de  

innovación institucional. Su desarrollo requiere de una arquitectura pública que  

articule ciencia, política y ciudadanía, favoreciendo la transferencia de conoci-  

miento, la formación en terreno y la creación de redes de atención territoriali-  

zadas. No se trata solo de integrar disciplinas, sino de producir nuevas formas  

de trabajo conjunto entre saberes profesionales y saberes comunitarios, que  

reconozcan las particularidades del envejecimiento como fenómeno social y  

no únicamente biológico.  

Esta situación tiene consecuencias directas sobre la equidad. Las personas  

mayores en situación de vulnerabilidad, dependientes o residentes en esta-  

blecimientos de larga estadía (ELEAM), constituyen el grupo más afectado por  

la falta de acceso oportuno a tratamientos odontológicos y rehabilitaciones  

protésicas¹⁵⁹. La carencia de equipos interdisciplinarios en la red asistencial  

primaria y hospitalaria refuerza una lógica fragmentada, donde el cuidado oral  

no es visto como parte del continuum del cuidado integral. La OMS advierte  

que este tipo de fragmentación no solo afecta resultados clínicos, sino también  

la dignidad y la autonomía de las personas mayores¹⁶⁰.  

RECOMENDACIONES E INNOVACIÓN EN SALUD ORAL DE PERSONAS MAYORES  

Superar los desafíos descritos exige una estrategia nacional de salud oral que  

incorpore la odontogeriatría como eje estructural del modelo de atención. En  

este marco, proponemos una agenda de acción dividida en tres niveles comple-  

mentarios: formativo, asistencial y comunitario, guiada por los principios de la  

innovación con propósito público.  

La ausencia de estrategias de formación sistemática en odontogeriatría comu-  

nitaria es otro desafío crítico. Si bien los diplomados y posgrados emergentes  

representan un avance, su cobertura es aún insuﬁciente para la magnitud del  

problema. Según proyecciones del MINSAL Chile161 requeriría al menos 600  

especialistas en odontogeriatría para cubrir la demanda proyectada a 2030; sin  

embargo, actualmente existen menos de 50 profesionales formados en esta  

área. Esta brecha, más que técnica, es estructural: reﬂeja la falta de una política  

pública que priorice la salud oral como componente esencial del envejecimiento  

saludable y del derecho al cuidado.  

a) Nivel formativo: profesionalizar el cuidado  

Se recomienda la creación y consolidación de un Diplomado en Odontogeriatría  

Comunitaria, articulado con la Especialidad de Odontogeriatría, como política  

prioritaria de desarrollo de capital humano avanzado. Este programa debe enfo-  

carse en la formación de profesionales con competencias técnicas y éticas para  

abordar la salud oral desde una perspectiva biopsicosocial.El objetivo es que,  

a partir del primer año de implementación, al menos un 10% adicional de los  

CESFAM del país cuente con profesionales formados en odontogeriatría comuni-  

taria, alcanzando una cobertura del 50% en cinco años. Este indicador permitiría  

medir el avance hacia una atención odontológica equitativa y sostenible.  

El reto, por tanto, es doble. Por una parte, fortalecer la institucionalidad y la  

formación especializada; por otra, innovar en las lógicas mismas del sistema  

sanitario. En términos de Mazzucato¹⁶², se trata de orientar la innovación hacia  

misiones públicas que aborden fallas estructurales mediante una gobernanza  

colaborativa. Ello implica superar la tradicional dicotomía entre innovación tecno-  

lógica e innovación social, integrándolas bajo un mismo horizonte: la innovación  

con propósito público, entendida como la capacidad de generar valor colectivo  

a partir del cuidado, la equidad y la participación.  

De manera complementaria, se propone incorporar contenidos de salud oral  

geriátrica en las mallas curriculares de las carreras de odontología, medicina y  

enfermería, fortaleciendo la educación interprofesional. La formación conjunta  

de equipos interdisciplinarios mejora los resultados clínicos y la satisfacción de  

pacientes mayores¹⁶³.  

158 Halpaap, B., Peeling, R. W. & Bonnici, F. (2019). “The role of multilateral organizations and  

governments in advancing social innovation in health care delivery”. Infectious Diseases  

of Poverty, 8(81), 1-5.  

159 Chávez, E. M., Kossioni, A. & Fukai, K. (2022). “Policies supporting oral health in age-  

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160 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021). Década del Envejecimiento Saludable  

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161 Ministerio de Salud (2022). Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al  

2030.  

163 Chavez, E. M., Kossioni, A. & Fukai, K. (2022). “Policies supporting oral health in age-  

ing populations are needed worldwide”. International Dental Journal. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.identj.2022.06.002  

162 Mazzucato, M. (2021). Mission Economy: A moonshot guide to changing capitalism.  

Penguin.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

b) Nivel asistencial: innovar en modelos de atención  

es indispensable para consolidar una odontogeriatría que sea no solo técnica,  

sino institucionalmente sostenible.  

El fortalecimiento de las Unidades Geriátricas Agudas (UGA) y de los equipos  

de atención primaria es esencial para garantizar continuidad de cuidados. Se  

recomienda la incorporación progresiva de especialistas en odontogeriatría  

en al menos el 30% de las UGA hospitalarias en los próximos tres años, avan-  

zando hacia cobertura total en un horizonte de seis años.A nivel territorial, cada  

Servicio de Salud debería implementar al menos un piloto funcional de atención  

odontogeriátrica domiciliaria, coordinado con la red hospitalaria, de atención  

primaria en salud y comunitaria. Este enfoque permitiría reducir hospitalizaciones  

evitables, prevenir complicaciones sistémicas y mejorar la calidad de vida de  

las personas mayores.  

c) Nivel comunitario: fortalecer la corresponsabilidad social  

La innovación con propósito público se sustenta en la creación de valor colec-  

tivo mediante la cooperación entre Estado, universidades, sociedad civil y  

comunidades. En este sentido, la salud oral debe asumirse como un campo de  

co-creación ciudadana. Se recomienda implementar campañas integrales de  

promoción y prevención en salud bucal, centradas en la participación de clubes  

y organizaciones de personas mayores.Como meta inicial, se propone trabajar  

con el 1% de los clubes de personas mayores del país (aproximadamente 130  

organizaciones y 2.600 beneﬁciarios directos) durante el primer año, con un  

incremento anual de cobertura del 5%. Este modelo de expansión progresiva  

permitiría construir evidencia sobre impacto y escalabilidad.  

La incorporación de un tamizaje bucal en el Examen de Medicina Preventiva del  

Adulto Mayor (EMPAM) representa una herramienta de innovación con propósito  

público. Un instrumento sencillo, aplicado por Técnicos en Enfermería (TENS) y  

Técnicos en Odontología (TONS), capacitados por especialistas, podría mejorar  

la detección temprana de patologías y orientar derivaciones oportunas. La  

evidencia comparada en mayores respalda la incorporación de tamizajes simples  

y protocolos estandarizados de derivación¹⁶⁴. Este tipo de estrategias, probadas  

en Canadá y Finlandia, han demostrado ser costo-efectivas y escalables¹⁶⁵.  

En concordancia con la Opinión Consultiva OC-29/2025 de la Corte  

Interamericana de Derechos Humanos¹⁶⁷, el cuidado debe reconocerse como  

derecho humano autónomo, estructurado en tres dimensiones: el derecho a ser  

cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. La odontogeriatría, al  

ubicarse en la intersección entre salud, ética y comunidad, puede convertirse  

en un espacio donde estos derechos se concreten en políticas efectivas. La  

articulación con la Ley N° 20.500168 de Participación Ciudadana y su reforma  

de 2024169 refuerza la necesidad de institucionalizar mecanismos de consulta,  

deliberación y corresponsabilidad local en la planiﬁcación sanitaria.  

Asimismo, se propone redeﬁnir el desdentamiento como una crisis no normativa  

dentro del Modelo de Atención de Salud Familiar (MASF). Esto permitiría visibi-  

lizarlo como un evento crítico de salud pública que requiere detección precoz,  

contención emocional, evaluación integral y derivación a rehabilitación oral.  

Este cambio semántico-operativo convertiría al desdentamiento en un indicador  

estructural de desigualdad y, al mismo tiempo, en una oportunidad para innovar  

en las rutas de cuidado. La evidencia recogida muestra que los programas de  

salud que logran integrar innovaciones sociales dentro de los sistemas nacionales  

suelen compartir un elemento común: la colaboración efectiva entre gobiernos,  

organismos multilaterales y comunidades locales¹⁶⁶. Esta arquitectura multinivel  

Desde la perspectiva de la innovación con propósito público, estas medidas  

implican una transformación profunda: pasar del paradigma asistencial al para-  

digma relacional, donde el cuidado deja de ser un servicio individual para  

convertirse en una práctica colectiva y solidaria. innovar con propósito público  

es reorientar el crecimiento hacia objetivos colaborativas que generen valor  

público. Aplicado a la odontogeriatría, ello signiﬁca que el valor del cuidado no  

se mide solo en intervenciones clínicas, sino en bienestar, autonomía y sentido  

de comunidad.  

164 Kandelman, D., Petersen, P. E. & Ueda, H. (2008). “Oral health, general health, and qual-  

ity of life in older people”. Special Care in Dentistry, 28(6), 224-236. DOI: https://doi.  

org/10.1111/j.1754-4505.2008.00045.x  

Jiang, C.M., Chu, C.H., Duangthip, D., Ettinger, R.L., Hugo, F.N., Kettratad-Pruksapong,  

M., Liu, J., Marchini, L., McKenna, G., Ono, T., Rong, W., Schimmel, M., Shah, N., Slack-  

Smith, L., Yang, S.X. & Lo, E.C.M. (2021). “Global Perspectives of Oral Health Policies and  

Oral Healthcare Schemes for Older Adult Populations”. Front Oral Health. DOI: 10.3389/  

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167 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2025). Opinión Consultiva OC-29/2025:  

Alcances del derecho al cuidado como derecho humano autónomo.  

168 Congreso Nacional (2011). “Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana  

en la Gestión Pública”. Diario Oﬁcial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/  

navegar?idNorma=1023143  

165 Bedos, C., Apelian, N. & Vergnes, J. N. (2017). “Time to develop social dentistry”. JDR  

Clinical & Translational Research, 2(3), 211-218.  

166 Halpaap, B., Peeling, R. W. & Bonnici, F. (2019). “The role of multilateral organizations and  

governments in advancing social innovation in health care delivery”. Infectious Diseases  

of Poverty, 8(81), 1-5.  

169 Congreso Nacional. (2024). “Modiﬁcación Ley N° 19.418, art. 12 bis (Protección de diri-  

gentes sociales)”. Diario Oﬁcial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/  

navegar?idNorma=30785  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VI. SALUD PúBLICA  

d) Una odontogeriatría con propósito público  

REFERENCIAS  

La salud oral de las personas mayores es una ventana privilegiada para observar  

las tensiones entre desarrollo sanitario, equidad y derecho al cuidado. En Chile,  

el rezago en políticas de envejecimiento saludable evidencia un desajuste  

entre los ritmos de la biología y los ritmos de la institucionalidad. Frente a esta  

lentitud estructural, la innovación con propósito público ofrece una brújula ética y  

metodológica para acelerar transformaciones sin perder el sentido de lo común.  

Bedos, C., et al. (2017). “Equity and oral health: The social determinants of dental  

care”. Journal of the American Dental Association, 148(10), 743-751. DOI:  

https://doi.org/10.1016/j.adaj.2017.06.012  

Campos, C., Guajardo, F., Navarrete, B., Oteíza, T., Toledo, L. y López, I. (2012).  

Presencia de presbifagia en adultos mayores institucionalizados y su relación  

con la calidad de vida. Universidad de Chile.  

La odontogeriatría, más que una especialidad clínica, se conﬁgura como un  

campo de innovación social y pública. Su potencial radica en articular la evidencia  

cientíﬁca con la participación ciudadana, promoviendo políticas de cuidado  

centradas en la dignidad y la autonomía. Innovar con propósito público en  

odontogeriatría es, en última instancia, innovar en humanidad: producir un cono-  

cimiento capaz de cuidar, un cuidado capaz de enseñar y una sociedad capaz  

de aprender colectivamente a envejecer con justicia. Este horizonte vincula el  

cuidado como derecho con una odontología inclusiva que reconoce y reduce  

barreras sociales persistentes.  

Chalmers, J. et al. (2020). “Oral health policies in ageing populations: An inte-  

grative review”. Community Dental Oral Epidemiology, 48(6), 463–472. DOI:  

https://doi.org/10.1111/cdoe.12569  

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2025). Opinión Consultiva  

OC-29/2025: Alcances del derecho al cuidado como derecho humano  

autónomo.  

De Cicco, V. et al. (2016). “Oral implant-prostheses: New teeth for a brighter  

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Froh, J. et al. (2023). “Framework for Oral Health in Ageing Populations”. Frontiers  

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Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018). Estimaciones y proyecciones de  

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Kikutani, T. Tamura, F., Tohara, T., Takahashi, N. & Yaegaki, K. (2012). “Tooth loss as  

risk factor for foreign-body asphyxiation in nursing-home patients”. Archives  

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Mason, J. et al. (2015). “Social innovation and oral health: Lessons from ageing  

societies”. Gerodontology, 32(4), 268-275. DOI: https://doi.org/10.1111/ger.12134  

Mazzucato, M. (2021). Mission Economy: A moonshot guide to changing capi-  

talism. Penguin.  

Ministerio de Salud (MINSAL) (2018a). Encuesta Nacional de Salud 2016–2017.  

Ministerio de Salud (MINSAL) (2021). Plan Nacional de Salud Bucal 2021–2030.  

Ministerio de Salud (MINSAL) (2022). Estrategia Nacional de Salud para los  

Objetivos Sanitarios al 2030.  

Nihtilä, A., et al. (2019). “Policies supporting oral health in ageing populations: An  

integrative analysis”. BMC Geriatrics, 19(1), 592. DOI: https://doi.org/10.1186/  

s12877-019-04613-7  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001). Clasiﬁcación Internacional del  

VII. EDUCACIÓN  

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).  

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015). Informe mundial sobre el enve-  

jecimiento y la salud.  

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021). Década del Envejecimiento  

Saludable 2021-2030.  

Pérez, V., y Sierra, F. (2009). “Biología del envejecimiento”. Revista Médica de  

La educación constituye un espacio central para la equidad, la innovación y la  

cohesión democrática, desempeñando un papel clave en la formación de capital  

humano, el desarrollo social y la movilidad intergeneracional. Sin embargo, la  

brecha entre el sistema educativo y las necesidades sociales y tecnológicas del  

siglo XXI continúa ampliándose, evidenciando la distancia entre la oferta educa-  

tiva, las demandas laborales emergentes y los desafíos ambientales y digitales  

que enfrentan los territorios. La educación no solo es un medio para transmitir  

conocimientos, sino también un instrumento de transformación social, capaz  

de reducir desigualdades y fortalecer la participación activa de la ciudadanía  

en la construcción de sociedades más justas y resilientes.  

Chile, 137, 296-302.  

Polanyi, K. (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins  

of Our Time. Beacon Press.  

Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento-Universidad de Chile (2014).  

Documento marco para el abordaje transdisciplinario al envejecimiento  

en Chile.  

Scully, C. & Ettinger, R. (2007). “The inﬂuence of systemic diseases on oral health  

in elderly populations”. Journal of the American Dental Association, 138(1), 7-14.  

A pesar de los avances en cobertura y acceso, persisten rigideces institucionales,  

desigualdad de oportunidades y una débil conexión entre educación, investiga-  

ción y productividad. Esta disociación diﬁculta la formación de capital humano  

pertinente y la integración de competencias transversales necesarias para los  

contextos contemporáneos. La digitalización y la incorporación acelerada de  

nuevas tecnologías avanzan, en muchos casos, sin una reﬂexión pedagógica  

profunda, lo que limita el impacto de la innovación educativa y puede reproducir  

desigualdades preexistentes. A su vez, la desconexión entre políticas educa-  

tivas, gestión institucional y práctica pedagógica obstaculiza la consolidación  

de modelos de aprendizaje inclusivos, adaptativos y signiﬁcativos.  

La línea de innovación “Educación” del CLIPP aborda estos desafíos integrando  

análisis de políticas, pedagogías emergentes y tecnologías del aprendizaje para  

promover una innovación educativa con propósito público. Su objetivo es forta-  

lecer la educación continua, el aprendizaje signiﬁcativo y la evaluación integral  

de competencias, entrelazando la formación académica con las demandas del  

trabajo, la investigación y la sociedad. La línea articula experiencias de innovación  

pedagógica, desarrollo institucional y gestión colaborativa, considerando las  

relaciones entre escuelas, universidades, comunidades educativas y organismos  

públicos, con el ﬁn de generar modelos de experimentación contextualizados  

y replicables.  

Un eje central del trabajo de esta línea es el estudio de ecosistemas de inno-  

vación educativa, entendidos como redes que conectan investigación, prác-  

tica profesional y participación comunitaria. A través de ellos, se promueve la  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

creación de espacios de colaboración entre docentes, estudiantes, autoridades  

y organizaciones sociales. Iniciativas como Meso Innova y los laboratorios de  

experimentación pedagógica impulsados por la Universidad de Chile ilustran  

cómo es posible fortalecer capacidades intermedias de gestión, fomentar la  

experimentación institucional y generar aprendizajes compartidos. Este enfoque  

asume que la transformación educativa requiere no solo rediseñar contenidos  

y metodologías, sino también redeﬁnir los modos de gobernanza, coordinación  

y evaluación institucional, promoviendo culturas organizacionales orientadas al  

aprendizaje permanente y la equidad.  

Local (UGEL) en centros de innovación educativa. Meso Innova se concibe  

como un consorcio intersectorial —integrando instituciones públicas, privadas,  

académicas y de la sociedad civil— destinado a fortalecer la capacidad del nivel  

intermedio de apoyar, acompañar y empoderar a escuelas y comunidades educa-  

tivas. El programa beneﬁciará a más de 80 mil estudiantes en ambos países,  

con un piloto en Chile, entre 2025 y 2027, que alcanzará a 47 mil estudiantes  

de 212 establecimientos en los SLEP de Los Andes, Barrancas y Aconcagua.  

Inspirado en experiencias internacionales y concebido con aliados estratégicos  

como UNESCO, la Dirección de Educación Pública de Chile y la Embajada de  

Finlandia, Meso Innova propone una ruta para consolidar la educación pública  

como motor de cohesión social, equidad y desarrollo sostenible, situando la  

innovación educativa en el corazón del sistema escolar.  

La línea de Educación aspira a articular evidencia que permita innovar y fortalecer  

la cultura del aprendizaje a lo largo de la vida, promoviendo equidad, calidad y  

pertinencia en todos los niveles educativos. Desde una perspectiva intersectorial,  

la línea articula educación, ciencia y trabajo, desarrollando competencias para  

enfrentar los desafíos de la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la innova-  

ción social. Asimismo, impulsa la creación de redes regionales e internacionales  

de investigación educativa que favorezcan la transferencia de conocimiento y  

la colaboración transdisciplinaria, ampliando el impacto y la sostenibilidad de  

las estrategias de innovación.  

“Desarrollo profesional docente en Chile: desafíos y propuestas para un  

sistema articulado y sostenible”, escrito por Christian Miranda Jaña, Sergio Celis  

Guzmán y Claudia García Yáñez, de la Universidad de Chile, aborda los desafíos  

relacionados con la formación, atracción y desarrollo del talento docente. Frente  

a una estructura fragmentada y desarticulada, la propuesta ofrece un marco  

para fortalecer la trayectoria profesional, integrando investigación, práctica y  

evaluación institucional.  

“Ecosistema para la experimentalidad: cruzar la calle hacia alianzas que  

cultivan futuro en la educación pública” elaborado por Natalia Albornoz, Elize  

Cárcamo, Cristina Arenas y Pilar Diez, plantea que los desafíos del siglo XXI en  

educación no pueden resolverse únicamente con innovaciones curriculares o  

metodológicas, sino que requieren transformar las formas de vinculación entre  

universidades, escuelas y servicios locales. A partir de la experiencia del Liceo  

CEP Carén y la alianza tripartita conformada con la Universidad de Chile —a  

través del Programa Transversal de Educación y el equipo ECEC— y el Servicio  

Local de Educación Pública de Barrancas, se propone un modelo de gobernanza  

interinstitucional que redeﬁne las relaciones tradicionales entre los distintos  

niveles del sistema educativo. Este ecosistema experimental se estructura  

mediante un Comité Estratégico y un Comité Operativo que, en conjunto, ensam-  

blan lineamientos generales y acciones situadas en la comunidad educativa. La  

propuesta central es avanzar hacia un aprendizaje colaborativo y la co-creación  

de soluciones innovadoras, entendiendo la educación pública como un espacio  

de construcción democrática y participativa capaz de cultivar futuro desde la  

experimentación institucional.  

“Creación del primer título profesional de especialista en psicología jurí-  

dica en Chile” policy brief dedicado a la creación del Primer Título Profesional  

de Especialista en Psicología Jurídica en Chile, la innovación y necesidad de  

especialización profesional, fue elaborado por María Isabel Salinas Chaud,  

Decio Mettifogo Guerrero y Elías Escaﬀ Silva, académicos del Departamento de  

Psicología de la Universidad de Chile. Este documento presenta la propuesta  

pionera de la Universidad de Chile de desarrollar un programa de Especialista  

en Psicología Jurídica, diseñado para articular formación teórica, práctica super-  

visada e inserción temprana en escenarios profesionales reales. El aporte central  

de este policy brief consiste en integrar un enfoque interdisciplinario que enfa-  

tiza los derechos humanos y la perspectiva de género, al mismo tiempo que  

fortalece competencias profesionales en contextos judiciales, incluyendo la  

elaboración de informes periciales, intervenciones con víctimas de violencia  

y estrategias de reinserción social. Además, el programa se desarrollará en  

alianza con instituciones clave del sistema judicial, como el Nuevo Servicio de  

Reinserción Social, servicios especializados en infancia, SernamEG y Tribunales  

de Familia. En diálogo con los otros briefs de este capítulo, este trabajo destaca  

la necesidad de innovar en la formación profesional para responder a demandas  

emergentes de la justicia y la protección de derechos en Chile.  

“Meso Innova: impulsando la innovación sistémica desde el nivel intermedio  

local”, elaborado por Mario Uribe, Javier González, Christian Miranda, Santiago  

Rincón Gallardo, Eevamaija Vuollo, David Viera y Claudia Ruiz Tagle, presenta  

una iniciativa inédita en Chile y Perú que busca transformar a los Servicios  

Locales de Educación Pública (SLEP) y a las Unidades de Gestión Educativa  

VII. EDUCACIóN  

1. ECOSISTEMA PARA LA EXPERIMENTALIDAD: CRUZAR LA  

CALLE HACIA ALIANZAS QUE CULTIVAN FUTURO EN LA  

EDUCACIÓN PÚBLICA  

Natalia Albornoz Muñoz  

Profesional Iniciativa Escuela Centro Experimental Carén,  

Programa Transversal de Educación, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-3915-2442  

natalbmu@uchile.cl  

Elize Cárcamo Solar  

Profesional Iniciativa Escuela Centro Experimental Carén,  

Programa Transversal de Educación, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0006-9804-9233  

elize.carcamo@uchile.cl  

Cristina Arenas Mejía  

Directora Ejecutiva Programa Transversal de Educación,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6186-8968  

crisarenasm@uchile.cl  

Pilar Diez Yensen  

Encargada de Estudios, Servicio Local de Educación Pública de Barrancas  

https://orcid.org/0000-0002-5588-2720  

pilar.diez@slepb.cl  

1. INTRODUCCIÓN  

En Chile, la vinculación entre universidades y el sistema escolar público ha  

carecido históricamente de políticas que la promuevan, lo que ha derivado en  

relaciones fragmentadas y basadas en convenios aislados más que en un marco  

institucional sostenido. Esta falta de articulación se entiende en un contexto  

legado por la dictadura cívico-militar en 1980, que redujo las funciones del  

Ministerio de Educación, transﬁrió la administración de las escuelas públicas  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

a los municipios y generó un mercado educativo¹. Aunque esta reforma se  

presentó como un proceso de descentralización y desconcentración de la  

función educativa², la municipalización profundizó desigualdades y debilitó la  

educación pública, entre otras razones por las diferencias en las capacidades  

administrativas y técnicas de los municipios³.  

A siete años del inicio del sistema, la articulación entre universidades y servi-  

cios locales se mantiene incipiente y fragmentada. Existen experiencias como  

los convenios de la Universidad de Chile con el SLEP Barrancas para crear un  

liceo experimental y con el SLEP Santa Rosa para la formación docente, o de la  

UMCE con los SLEP de Huasco y Atacama para la nuclearización curricular. Estas  

iniciativas demuestran un potencial de colaboración público–pública orientada  

a la formación docente, la mejora pedagógica y la innovación. Sin embargo, su  

carácter aislado y dependiente de voluntades conﬁrma la falta de una política  

que institucionalice y sostenga estas alianzas.  

Durante las décadas siguientes al retorno a la democracia, el modelo de  

municipalización se mantuvo y sus consecuencias se hicieron evidentes en la  

inequidad y segregación educativa⁴. Las movilizaciones estudiantiles de 2006  

y 2011 tensionaron al sistema, exigiendo cambios estructurales⁵. La respuesta  

llegaría años después con un paquete de reformas entre las que se cuenta la  

Ley 21.040 promulgada en 2017, que creó los Servicios Locales de Educación  

Pública (SLEP), un nivel intermedio de administración entre la el Ministerio de  

Educación, la Dirección de Educación Pública (DEP) y los establecimientos  

educacionales. Junto a la DEP y los SLEP, se crearon instancias de gobernanza  

local como los Consejos Locales y los Comités Directivos, con participación de  

actores territoriales y representantes de universidades.  

La evidencia nacional e internacional muestra que la colaboración interinsti-  

tucional es indispensable para enfrentar problemas educativos complejos. La  

literatura reciente describe estos vínculos como un “ecosistema” público–público:  

asociaciones estratégicas y mutuamente beneﬁciosas entre universidades,  

gobiernos locales y escuelas, orientadas al intercambio de conocimientos y  

recursos para objetivos comunes⁷. La experiencia comparada señala que esta  

colaboración requiere no solo condiciones estructurales como el liderazgo  

proactivo, las capacidades técnicas, el ﬁnanciamiento, y las estructuras organi-  

zacionales que sostengan la cooperación, sino también reconocimiento mutuo,  

conﬁanza y co-diseño⁸. Ello implica construir vínculos a largo plazo, gestionar  

diferencias de manera constructiva y promover soluciones conjuntas en espacios  

menos jerárquicos, donde el conocimiento académico y el territorial se integran  

de forma complementaria. En este sentido, Torﬁng9 señala que la colaboración  

requiere “compartir el escenario”, asumiendo de manera conjunta beneﬁcios,  

riesgos y costos.  

Sin embargo, el rol de las universidades dentro de la Nueva Educación Pública  

sigue siendo limitado y poco deﬁnido. De forma directa, la ley establece su  

participación en los Consejos Locales y Coordinaciones Regionales de manera  

puntual. De forma indirecta, las universidades ejercen un rol estratégico en la  

formación inicial y en el desarrollo profesional docente, así como en la innovación  

pedagógica, aunque sin una articulación institucional robusta con los SLEP⁶. Esta  

situación es particularmente paradójica en el caso de las universidades estatales,  

que también forman parte del sistema educacional público, pero carecen de un  

espacio propio reconocido dentro de la nueva gobernanza.  

En este marco, la Universidad de Chile ha avanzado en transformar sus formas  

tradicionales de vinculación mediante una Política de Extensión y Vinculación  

con el Medio basada en la bidireccionalidad, la vocación crítica y el compromiso  

público. Su Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 explícita este mandato  

por medio del desarrollo y fortalecimiento de la investigación e innovación  

1

Bellei, C. (2018). La NEP: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización.  

CIAE-Universidad de Chile. DOI: https://doi.org/10.34720/dkg9-v819  

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5

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nales. Del movimiento universitario 2011 a la Reforma en educación superior en Chile”.  

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sobre la correcta instalación y traspaso de los nuevos SLEP. https://bibliotecadigital.mi-  

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8

9

Ishimaru, A. M. (2020). Just schools: Building equitable collaborations with families and  

communities. Teachers College Press.  

Citado en: Li, X., Chen, W. & Alrasheedi, M. (2023). “Challenges of the collaborative in-  

novation system in public higher education in the era of Industry 4.0 using an integrat-  

ed framework”. Journal of Innovation & Knowledge, 8(4). DOI: https://doi.org/10.1016/j.  

jik.2023.100430  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

pedagógica, del cual emerge el Proyecto Escuela Centro Experimental Carén,  

como experiencia de colaboración con el SLEP Barrancas y la comunidad educa-  

tiva del Liceo Centro Experimental Pudahuel Carén (CEP Carén). Este caso  

constituye un laboratorio de gobernanza y experimentación pedagógica que  

permite explorar cómo las universidades estatales pueden contribuir al fortale-  

cimiento de la educación pública en la nueva institucionalidad.  

(PTE). En 2022, luego de más de un año de trabajo de investigación, sistema-  

tización, diálogo con actores educativos, políticos y comunitarios, pruebas de  

concepto en el territorio y la elaboración de una propuesta operativa, se ﬁrma  

un convenio de colaboración entre la Universidad de Chile y el SLEP Barrancas  

cuya ﬁnalidad fue:  

implementar un proyecto de educación y pedagogía experimental que aporte  

una capacidad educativa permanente en niveles de educación obligatoria y  

que enfrente los grandes dilemas educativos del país, educando a niños, niñas  

y jóvenes del territorio, al tiempo que enriquezca la vida comunitaria y cultural  

Este documento busca responder a la pregunta: ¿cómo avanzar hacia una colabo-  

ración orgánica y sostenible entre universidades públicas y la Nueva Educación  

Pública? A partir del análisis del caso Universidad de Chile, SLEP Barrancas y  

Liceo CEP Carén, se presenta un modelo innovador y experimental de gober-  

nanza público–pública y sus aprendizajes preliminares, con recomendaciones  

para orientar la política educativa en Chile.  

13  

de su territorio.  

El proyecto y sus actores apostaron estratégicamente por la transformación de  

un establecimiento ya existente en un liceo experimental. Así, a ﬁnes de 2024, el  

SLEP Barrancas propone a la Universidad de Chile transformar el liceo técnico  

profesional Centro Educacional Pudahuel C87 en un Centro Experimental. La  

comunidad del Liceo, luego de un proceso de consulta y deliberación, decidió  

aceptar la propuesta de transformación hacia un proyecto educativo experi-  

mental. Esta decisión se plasmó en el cambio de nombre del establecimiento,  

propuesto desde su Consejo Escolar que, en febrero de 2025, pasa a llamarse  

oﬁcialmente Liceo Centro Experimental Pudahuel Carén (CEP Carén).  

2. LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL PROYECTO EDUCATIVO EXPERIMENTAL  

La Universidad de Chile cuenta con tradición histórica si hablamos de promover  

proyecto educativo experimental, el caso del Liceo Experimental Manuel de Salas  

a principios del siglo XX fue claro ejemplo de ello¹⁰. Así también su vinculación  

con el sistema escolar de Chile ha sido permanente a través alianzas con esta-  

blecimientos con distintos ﬁnes. Una propuesta experimental en educación es un  

abordaje que encuentra raíces históricas en la tradición pedagógica en Chile y  

que surgió como respuesta a grandes desafíos sociales educativos de la época.  

En el presente la experimentalidad resurge al proponer proyecto educativo con  

pertinencia para los desafíos actuales de la educación pública chilena como  

es la necesidad de sentido y pertinencia en un contexto cambiante¹¹. Con esta  

visión y en coherencia con su Plan de Desarrollo Institucional, la Universidad de  

Chile formula el Proyecto Escuela-Centro Experimental Carén con el objetivo de:  

Desde entonces se conforma una alianza tripartita que en menos de un año ha  

avanzado con miras a la elaboración participativa de un proyecto experimental,  

a través de tres mecanismos principales: a) un modelo de gobernanza ad hoc  

conformado por un comité operativo y un comité estratégico; b) el acompa-  

ñamiento a instancias técnico curricular y pedagógicas principalmente con la  

comunidad docente; y c) la coordinación permanente entre los equipos de la  

Universidad de Chile y del SLEPB, haciendo seguimiento y la sistematización  

de las iniciativas.  

Contribuir al país y a su proceso de cambios con un espacio educativo de experi-  

mentación e investigación pedagógica en los valores laicos y tradición democrática  

de la Universidad de Chile, que enriquezca los procesos de socialización e indi-  

viduación de las nuevas generaciones, ampliando su cultura, libertad, autonomía  

Esta alianza tripartita, enmarcada en la colaboración entre la Universidad de  

Chile y el SLEP Barrancas, es ejemplo de un modelo de co-creación. En otras  

palabras, se busca superar una transferencia unidireccional de conocimiento de  

la academia a la escuela, a través de un proceso de colaboración para instituir un  

proyecto educativo novedoso y “responder con experimentalidad a condiciones  

sociales, estructurales y una crisis de la educación pública”¹⁴.  

12  

y compromiso ciudadano con la vida democrática.  

Con este mandato, se conforma en 2021 el equipo del Proyecto Escuela-Centro  

Experimental Carén (ECEC), ahora a cargo del Programa Transversal de Educación  

10 Barrios, F. (1983). El Liceo Experimental Manuel De Salas. Un aporte de la Universidad de  

Chile a la educación nacional. Ediciones Universidad de Chile.  

Fernández, M.B., Acuña, F. y Albornoz, N. (Eds.). (2025). Educación Pública Experimental:  

Resurgiendo desde la Escuela Centro Experimental Carén. Editorial Universitaria.  

13 “Convenio de Colaboración celebrado entre SLEPB y UChile”. Resolución Exenta 0796,  

junio de 2022.  

14 Universidad de Chile (2025, 9 de septiembre). “UChile y SLEP Barrancas lanzan libro de  

educación pública experimental”. Universidad de Chile. https://uchile.cl/noticias/229033/  

uchile-y-slep-barrancas-lanzan-libro-de-educacion-publica-experimental  

11  

12 “Documento Formulación Proyecto Escuela Centro Experimental Universidad de Chile”  

(2021, abril).  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

3. LA PROPUESTA DE UN CAMINO DELIBERATIVO: LA TRANSICIÓN DEL CEP CARéN  

Es en este ecosistema donde se erige el modelo de gobernanza que busca  

replantear las formas de vinculación y organización tradicionales del nivel escolar,  

nivel intermedio y la universidad, con un horizonte democrático y participativo.  

Entendemos este modelo como una forma de experimentación a pequeña escala  

que promoverá un aprendizaje y la co-creación de soluciones innovadoras y que  

puede adaptarse tanto a las condiciones sociales e institucionales actuales¹⁵.  

A partir de la conformación de la alianza tripartita con el objetivo de construir  

proyecto educativo experimental, se establece un modelo de gobernanza ad  

hoc para la transición del Liceo CEP Carén como parte de un ecosistema de  

actores participantes. Este ecosistema, tal como muestra la ﬁgura 1, considera  

la alianza entre la Universidad de Chile, a través del ECEC, el Servicio Local de  

Educación Pública Barrancas y el Liceo CEP Carén. La Universidad de Chile, por  

su parte, integra al ecosistema al Programa Transversal de Educación, organismo  

articulador de las distintas iniciativas de educación de la universidad, incluyendo  

al equipo ECEC y a las unidades encargadas de las carreras de pedagogía. A su  

vez, las pedagogías mantienen diversas formas de vinculación, siendo una de  

ellas la realización de prácticas profesionales en establecimientos educativos,  

entre los que se cuenta el Liceo CEP Carén. Por otra parte, el Servicio Local de  

Educación Pública de Barrancas, que administrativamente está encargado del  

Liceo CEP Carén, forma parte de la Nueva Educación Pública y está regido por  

sus orientaciones y lineamientos ministeriales.  

Este modelo establece un Comité Estratégico y un Comité Operativo, instancias  

conformadas por distintos representantes de la alianza interinstitucional. El  

Comité Operativo es el órgano responsable de proponer, diseñar e implementar  

planes de trabajo a través de acciones situadas en la comunidad educativa del  

Liceo CEP Carén. Por su parte, el Comité Estratégico es la instancia respon-  

sable de deﬁnir las directrices generales de la iniciativa de experimentalidad  

pedagógico-curricular del Liceo CEP Carén, estableciendo objetivos estraté-  

gicos y asegurando su alineación con las políticas educativas y los acuerdos  

institucionales. El Comité Estratégico está compuesto por directivos de las tres  

instituciones participantes.  

Figura VII-2. Composición Comité Operativo  

Figura VII-1. Ecosistema relacional alianza interinstitucional  

15 Waardenburg, M., Groenleer, M. y De Jong, J. (2020). “Diseño de entornos para la expe-  

rimentación, el aprendizaje y la innovación en políticas públicas y gobernanza”. Policy &  

Politics, 48 (1), 67-87. DOI: https://doi.org/10.1332/030557319X15586040837640  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

Los principios del modelo  

c. Moderador/a: con la función de asegurar la participación de todos y  

todas durante las reuniones. Este rol es rotativo.  

Con el propósito de facilitar la transición participativa y democrática, en línea  

con los principios de la experimentalidad educativa¹⁶, el Comité Operativo se  

concibe como un espacio democrático de organización y ejecución, facilitando  

la interacción libre, el reajuste de prácticas y el aprendizaje colectivo. En ese  

sentido, la conformación del modelo de gobernanza busca encarnar las ideas de  

Dewey¹⁷, quien sostiene que la democracia no es solo una forma de gobierno,  

sino un modo de vida compartida que se construye a través de experiencias  

comunes. Bajo esta perspectiva, el Comité Operativo funciona como una instancia  

de experimentación pedagógica democrática, promoviendo la participación  

horizontal, la deliberación y la reﬂexión conjunta. Así, el Comité Operativo esta-  

bleció sus propias normas de funcionamiento interno que incluyen:  

El comité, en función de su objetivo de construir participativamente un plan de  

trabajo que facilite el tránsito hacia la experimentalidad en el Liceo CEP Carén,  

deﬁnió organizarse en tres subcomisiones que avanzan en tareas especíﬁcas: a)  

Subcomisión Proyecto Educativo; b) Subcomisión Desarrollo Profesional Docente;  

c) Subcomisión Historia, Sistematización y Datos. Cada subcomisión opera bajo  

los mismos principios de democracia, participación y horizontalidad del Comité  

Operativo y sus integrantes se conformaron con un criterio de heterogeneidad.  

Es decir, las tres instituciones tienen representantes en cada subcomisión.  

El modo de relacionamiento interinstitucional y el modelo de gobernanza como  

instancia clave para la construcción de proyecto educativo experimental esta-  

bleció como estrategia la generación de un tercer espacio, que constituye un  

modo innovador de vinculación entre organismos públicos educativos.  

a. Todas las voces cuentan: generar un espacio de trabajo democrático  

implica cuestionar las jerarquías, asegurando que todas las experiencias  

y voces que conﬂuyen en el comité tengan lugar y que la construcción  

colectiva sea de carácter horizontal.  

La generación del tercer espacio  

b. Ocupar la voz: para que todas las voces sean consideradas, es necesario  

impulsarlas activamente. El principio de democracia implica que todas y  

todos puedan expresarse y ocupar un lugar en la conversación.  

Tanto el modelo de gobernanza como el modo de relación que comienza con  

una invitación inicial liderada por la Universidad de Chile al SLEP Barrancas  

han permitido la conﬁguración de un “tercer espacio”. El concepto de tercer  

espacio18 se reﬁere a un ámbito intersticial que surge cuando actores con tradi-  

ciones, culturas y tiempos distintos construyen un terreno común con ﬁnes  

de colaboración. Se trata de un espacio que no es físico, sino relacional. Es  

el espacio donde se suspenden jerarquías tradicionales, se negocian signiﬁ-  

cados y se generan nuevas prácticas que no son exclusivas de ninguno de los  

actores participantes¹⁹. En educación, la constitución de terceros espacios se  

vuelve fundamental, sobre todo cuando el campo de práctica suele estar tan  

distanciado de la formación académica, estableciendo una jerarquía en torno  

a quién produce el conocimiento y quién lo aplica²⁰.  

c. Espacio protegido: los comentarios y aportes surgidos en estas instancias  

serán considerados respetando la conﬁdencialidad y el valor de cada  

intervención, resguardando así un entorno seguro para el intercambio  

de ideas.  

A su vez, con el objetivo de asegurar que los principios de participación demo-  

crática y horizontalidad se vean efectivamente practicados, se propuso una  

estructura que cautela el encuentro y la participación a través de los siguientes  

roles:  

a. Coordinación: con la función principal de mantener el vínculo con el  

En ese sentido, la universidad se ve interpelada en su rol de autoridad como  

portadora del conocimiento válido y debe dar lugar a distintas voces y narra-  

tivas que tienen mucho que decir acerca del quehacer educativo. En especí-  

ﬁco, podemos mencionar ciertas condiciones y desafíos que han marcado la  

comité estratégico y velar por el cumplimiento del calendario de reuniones.  

b. Actuario: encargado/a de registrar las conversaciones y acuerdos surgidos  

en las sesiones.  

18 Beck, J.S. (2018). “Investigating the Third Space: A New Agenda for Teacher Education  

Research”. Journal of Teacher Education, 71(4), 379-391. DOI: https://digitalcommons.odu.  

edu/doi.org/10.1177/0022487118787497  

16 Fernández, M.B. y Acuña, F. (2025). “Propuesta de vinculación entre la Escuela-Centro  

Experimental y la Universidad de Chile”. En: M.B. Fernández, F. Acuña y N. Albornoz (Eds.).  

Educación Pública Experimental: Resurgiendo desde la Escuela Centro Experimental  

Carén. Editorial Universitaria  

19 Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. Routledge.  

20 Zeichner, K. (2010). “Rethinking the connections between campus courses and ﬁeld ex-  

periences in college and university-based teacher education”. Educação, 35(3), 479-501.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117116968010  

17 Dewey, J. (1916). Democracy and Education. Macmillan.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

generación de este tercer espacio en la relación interinstitucional que se ha  

puesto como objetivo inicial la construcción de un proyecto educativo expe-  

rimental, pero que se proyecta a establecer un modelo de vinculación mucho  

más amplio para la educación pública en Chile.  

sesión de trabajo durante el mes de octubre del 2025 con el propósito de  

abordar el Plan de Trabajo generado por el Comité Operativo.  

Más ampliamente, en cuanto al ecosistema relacional que se ha conformado  

en torno a la transición del CEP Carén es posible señalar otros logros entre los  

que se cuentan:  

La primera condición es la diversidad de culturas y tiempos institucionales,  

pues mientras la universidad opera con su función social de investigar, formar y  

vincularse con el medio a partir de la producción de conocimiento, los Servicios  

Locales de Educación Pública son instituciones relativamente jóvenes, que deben  

lidiar con marcos administrativos estatales y, a la vez, con la cotidianidad de los  

establecimientos educativos, con sus urgencias y necesidades inmediatas. La  

heterogeneidad en los ritmos y procesos de las instituciones de la relación nos  

ha empujado a establecer un espacio resguardado para poder dialogar. Este  

primer paso ha implicado que el espacio de diálogo no sea una tarea burocrática,  

sino que, al basarse en la conﬁanza, la reciprocidad y el reconocimiento mutuo,  

tenga sentido para todos los actores participantes. En ese sentido, la generación  

del tercer espacio ha sido un ideal a establecer y una estrategia para avanzar  

hacia el propósito compartido de construir proyecto educativo experimental.  

•

•

•

•

Postulación a fondos internos de la Universidad de Chile con foco en el  

abordaje transdisciplinar de problemas educativos.  

Postulación a fondos externos de ﬁnanciamiento con foco en Innovación y  

Desarrollo (I+D) frente a problemas deﬁnidos en conjunto entre los actores.  

Organización de diálogos y colaboración con otros proyectos educativos  

innovadores/experimentales de regiones.  

Establecimiento de vínculos colaborativos entre Liceo CEP Carén y Liceo  

Experimental Manuel de Salas.  

El conjunto de iniciativas llevadas a cabo en la relación inter-institucional pueden  

sintetizarse en dos grandes ámbitos que se presentan en la tabla 1:  

La necesidad práctica de avanzar en tareas y marcar un ritmo, aunque pausado,  

sea seguro y constante, llevó a la ideación del modelo de gobernanza que  

se establece y habilita que todas las voces tengan algo que decir en relativa  

igualdad de condiciones. En otras palabras, para el proceso de transición hacia  

proyecto educativo experimental público, establecer un ecosistema que genere  

un tercer espacio permitió poner en marcha una serie de iniciativas de manera  

participativa y que rompen las prácticas tradicionales escolares, pero también  

de la investigación académica y la vinculación con el medio universitario.  

Figura VII-3. Ámbitos de colaboración para la experimentalidad educativa pública  

Composición de la colaboración Acercamiento, innovaciones  

(actores que se articulan)  

y estrategias  

Gobernanza  

para la cons-  

trucción de un  

Comité Operativo (profesores,  

directivos escolares, represen-  

tantes de la Universidad de  

Modelo de gobernanza  

participativo y democrático;  

subcomisiones temáticas  

(Proyecto Educativo, Desa-  

rrollo Profesional Docente,  

Sistematización y Datos);  

creación de un “tercer  

4. RESULTADOS PRELIMINARES Y DESAFíOS ABIERTOS  

proyecto educa- Chile y representantes del SLEP  

tivo experimen-  

tal en el Liceo  

CEP Carén  

Barrancas).  

Hasta ahora el Comité Operativo se ha reunido en seis oportunidades y ha avan-  

zado con su propuesta de trabajo en distintos niveles dentro de la comunidad  

del CEP Carén. Este Comité que deﬁnido trabajar con base en subcomisiones  

que reportan al comité de manera periódica sus respectivas tareas, siendo los  

avances más signiﬁcativos: la propuesta de cronograma para el cambio del  

Proyecto Educativo Institucional del Liceo CEP Carén; la propuesta participa-  

tiva y considerando la voz de los y las estudiantes para un Plan de Desarrollo  

Profesional Docente con pertinencia local y habilitador de un reajuste de la  

Jornada Escolar Completa en el CEP Carén; y un plan de sistematización de la  

experiencia. La tarea que sigue para el Comité Operativo es articular las distintas  

propuestas de las subcomisiones y presentarlas como un Plan de Trabajo al  

Comité Estratégico. El Comité Estratégico, por su parte, proyecta su primera  

espacio” de vinculación  

horizontal que integra saber  

académico y comunitario en  

igualdad de condiciones  

Desarrollo de  

lenguajes co-  

munes para la  

experimenta-  

ción pedagógi-  

ca en el Liceo  

CEP Carén  

Comunidad de Aprendizaje  

Generación de rutinas com-  

Profesional (CAP) integrada por partidas entre la Universidad  

profesores y equipo directivo  

del liceo, en coordinación con  

el Equipo ECEC, la Unidad Téc-  

nico-Pedagógica y académicos/  

as/profesionales invitados de la  

Universidad de Chile.  

de Chile y el Liceo CEP Ca-  

rén en espacios mensuales  

de formación que resigni-  

ﬁcan tiempos escolares ya  

existentes.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

El trabajo generado en base al modelo de gobernanza propuesto ha sido cata-  

lizador de un modo novedoso e innovador de vinculación entre instituciones  

públicas con ﬁnes generativos. Es decir, con el ﬁn de crear proyecto educativo  

experimental público y con proyección de transferencia como modelo de vincu-  

lación para la educación pública.  

bajo el supuesto de que ambas instituciones tienden naturalmente a la  

colaboración en una relación público-público.  

C. Asegurar condiciones de gobernanza bajo principios de democracia y  

participación: La colaboración entre universidades y los SLEP debe regirse  

por un modelo de gobernanza participativa que garantice horizontalidad  

en la toma de decisiones. Esto puede ser a través de entidades como  

Comités Operativos y Estratégicos interinstitucionales, con representa-  

ción equilibrada de directivos, académicos, comunidades educativas.  

La gobernanza debe incluir mecanismos de transparencia, rotación de  

roles y corresponsabilidad para asegurar legitimidad y conﬁanza entre  

los actores.  

Considerando estos avances, aún hay desafíos abiertos para consolidar un  

ecosistema de educación pública para la experimentalidad educativa sobre todo  

si la proyección es más amplia. Entre los principales desafíos están:  

•

Establecer un ritmo de trabajo que considere la diversidad de los tiempos  

entre instituciones.  

•

Consolidar un lenguaje común que permita el diálogo entre instituciones  

con culturas y vocabularios distintos. Esto resulta fundamental para orientar  

la acción hacia un propósito común.  

D. Fomentar la co-creación de conocimiento: Las universidades deben  

transitar de un modelo de investigación que genera conocimiento de  

forma descontextualizada a un modelo de producción de conocimiento  

distribuido donde los proyectos se diseñen, implementen y evalúen con  

distintos actores del ecosistema de la educación pública, considerando  

las necesidades locales y realidades de las comunidades educativas.  

•

Aﬁanzar espacios, equipos y recursos institucionales que sean sostenibles  

en el tiempo para llevar a cabo las iniciativas que surgen del tercer espacio.  

5. RECOMENDACIONES  

6. CONCLUSIONES  

A partir de este laboratorio de gobernanza y experimentación pedagógica,  

podemos hacer un análisis preliminar del caso y extraer algunas recomenda-  

ciones para la política educativa:  

La consolidación de una educación pública innovadora que aborde los profundos  

desafíos de este siglo exige nuevas formas de relación entre instituciones y  

comunidades. No basta con cambiar contenidos o metodologías: es necesario  

transformar los modos en que universidades, escuelas y Servicios Locales de  

Educación se vinculan para aprender y crear en conjunto.  

A. Establecer un marco legal de colaboración institucional: Proponemos que  

el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública promuevan  

la creación de un instrumento de política pública que deﬁna los roles y  

responsabilidades de las universidades estatales en la Nueva Educación  

Pública. Este marco podría materializarse en una Ley de Articulación  

Universidades Servicios Locales o en un Reglamento que institucionalice  

la colaboración, ﬁjando ámbitos prioritarios (formación inicial docente,  

desarrollo profesional, innovación pedagógica) y estableciendo meca-  

nismos de coordinación obligatoria (por ejemplo, participación estable  

en Comités Estratégicos de los SLEP).  

Un elemento clave de este proceso es la producción distribuida de conocimiento,  

tanto a nivel institucional como territorial. El conocimiento deja de concentrarse  

en un solo actor para convertirse en un bien común, construido de manera  

colaborativa y con pertinencia local.  

Como señala Dewey, uno de los referentes claves en este proceso de innova-  

ción y experimentación, “toda organización social que siga siendo vitalmente  

social o vitalmente compartida es educadora para aquellos que participan en  

ella. Solo cuando llega a fundirse en un molde y se convierte en rutina, pierde  

su poder educativo”²¹.  

B. Crear mecanismos de ﬁnanciamiento basal: La dependencia de los  

fondos concursables debe ser complementada con ﬁnanciamiento no  

concursable, dentro del presupuesto de las distintas instituciones públicas  

que forman parte del ecosistema de la educación pública. Estos fondos  

deberían estar destinados a alianzas estratégicas de largo plazo, entre la  

educación escolar pública y preferentemente las universidades estatales,  

En este escenario, la universidad tiene la tarea de salir del molde, debe recono-  

cerse no como la única y exclusiva productora de saber legítimo, sino como parte  

de una relación bidireccional, donde sus aportes dialogan con la experiencia  

21 Dewey, J. (1916). Democracy and Education. Macmillan. Pág. 17.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

de docentes, estudiantes, comunidades y gestores públicos. Esto implica un  

replanteamiento profundo de sus formas tradicionales de hacer investigación,  

docencia y vinculación con el medio, en clave de apertura, reciprocidad y compro-  

miso público.  

REFERENCIAS  

Barrios, F. (1983). El Liceo Experimental Manuel De Salas. Un aporte de la  

Universidad de Chile a la educación nacional. Ediciones Universidad de Chile.  

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2. MESO INNOVA: IMPULSANDO LA INNOVACIÓN SISTÉMICA  

DESDE EL NIVEL INTERMEDIO LOCAL  

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ción superior en Chile”. Persona y Sociedad, 32(2), 46-68. DOI: https://doi.  

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David Viera Miranda  

Gerente de educación  

Anglo American  

david.viera@angloamerican.com  

Madrid (2025). “Vinculación escuela-familia-comunidad: principios, modelos  

y consideraciones para la Escuela-Centro Experimental Caren”. En: M.B.  

Fernández, F. Acuña, & N. Albornoz (Eds.). Educación Pública Experimental:  

Resurgiendo desde la Escuela-Centro Experimental Carén (Págs. 205-221).  

Editorial Universitaria.  

Claudia Ruiz-Tagle González  

Directora ejecutiva  

Fundación Anglo American  

claudia.ruiztagle@fundacionangloamerican.cl  

Núñez, I. (1984). Las transformaciones educacionales bajo el Régimen Militar.  

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE.  

Puga, I. (2011). “Escuela y estratiﬁcación social en Chile: ¿cuál es el rol de la muni-  

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dx.doi.org/10.4067/S0718-07052011000200013  

Mario Uribe Briceño  

Director Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa  

Universidad Diego Portales  

mario.uribe@udp.cl  

Waardenburg, M., Groenleer, M. y De Jong, J. (2020). “Diseño de entornos para  

la experimentación, el aprendizaje y la innovación en políticas públicas y  

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319X15586040837640  

Javier González Díaz  

Director de SUMMA  

Consejero de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile  

javier.gonzalez@summaedu.org  

Zeichner, K. (2010). “Rethinking the connections between campus courses and ﬁeld  

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Christian Miranda Jaña  

Departamento de Educación  

Universidad de Chile  

35(3), 479–501. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117116968010  

https://orcid.org/0000-0001-8318-675X  

christian.miranda@u.uchile.cl  

Santiago Rincón Gallardo  

Director Liberating Learning  

santiago@liberatinglearning.com  

rinconsa@gmail.com  

Eevamaija Vuollo  

Coordinadora imagen país y comunicaciones  

Embajada de Finlandia en Chile  

eevamaija.vuollo@gov.ﬁ  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

1. CONTEXTO: HACIA UNA NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA  

república que emite un informe anual sobre la puesta en marcha del sistema y  

la instalación de los SLEP, entregando recomendaciones para su mejora. Este  

Consejo, considerando aportes relevantes de la academia y otras fuentes insti-  

tucionales, analiza distintos aspectos del proceso de cambio, como el diseño de  

la Política Pública, temas de Convivencia, Gestión de Infraestructura, Recursos  

Financieros, Gestión de Personas, Participación y Liderazgo.  

La gestión educativa es un factor clave para el mejoramiento de la calidad,  

equidad y eﬁciencia de los sistemas educativos, como también un articulador  

fundamental entre las políticas públicas sectoriales y la práctica pedagógica a  

nivel de aula. La aprobación de la Ley 21.040 de Nueva Educación Pública en  

Chile, vigente desde el año 2018, busca una transferencia progresiva, a nivel  

organizacional, de las escuelas públicas desde la dependencia municipal a  

los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Esto implica un cambio de  

paradigma en el sistema educativo, considerando el retorno de la administración  

de los establecimientos a la manera centralizada, la creación de organismos  

intermedios que incorporan una escala y complejidad territorial inéditas, y la  

necesaria contextualización de las decisiones educativas en base a evidencia  

situada, lo que supone desafíos coyunturales para su implementación en materias  

de reestructuración organizacional, políticas de desarrollo profesional docente  

y participación de las comunidades.  

En todos los ámbitos se han identiﬁcado ámbitos críticos que han favorecido u  

obstaculizado la instalación del nuevo diseño institucional. Podemos destacar  

de los informes algunos aspectos claves como la necesidad de asegurar la  

coherencia sistémica entre los diferentes niveles e instrumentos de planiﬁcación  

—ENEP, PAL, PEL, y PME—, dado el bajo nivel de alineamiento que ha impedido  

traducir la política en mejoras efectivas al interior de las escuelas²⁶. La ﬂuidez de  

los traspasos administrativos y ﬁnancieros, la dotación de las plantas docentes  

y de los asistentes de la educación, y la mantención de infraestructura han sido  

temas complejos de resolver. En lo referente al acompañamiento pedagógico,  

si bien es un aspecto bien valorado por las comunidades se requiere fortalecer  

el liderazgo de los equipos intermedios, dotándolos de formación en sistemas  

públicos, que les permita desplegar una visión estratégica centrada en la inno-  

vación educativa y en el empoderamiento de las comunidades, evitando los  

riesgos de sobreburocratización, todos temas advertidos en los informes del  

Consejo Asesor (2025).  

El nuevo Sistema de Educación Pública constituye una reforma a gran escala  

donde las escuelas, dejan de depender de la administración municipal y pasan  

a ser gestionados por entidades estatales denominado Servicios Locales de  

Educación Pública (SLEP), se trata de un cambio estructural que no tienen compa-  

ración con lo observado en otros sistemas educativos dada su cobertura y  

complejidad²². Este proceso se fundamenta en un diagnóstico compartido que  

da cuenta de un sistema municipal con crisis en su ﬁnanciamiento, que no logra  

asegurar las necesidades de infraestructura y operación de las escuelas, así como  

carencia de equipos especializados que permitan otorgar apoyo pedagógico a  

las escuelas²³. Si bien el proceso de traspaso y la partida del proceso han sido  

complejos, progresivamente se han sentado las bases para un cambio estructural  

relevante, e incluso se han empezado a observar algunos “brotes verdes”, en  

términos de resultados de aprendizajes en las escuelas dependientes de los  

Servicios Locales de Educación Pública²⁴.  

A su vez, un estudio realizado por SUMMA y el BID a solicitud del Ministerio  

de Educación, identiﬁca falencias de diseño que generan déﬁcits ﬁnancieros  

estructurales en los SLEPS, que impiden que éstos logren cubrir sus costos y  

cumplir adecuadamente con la provisión de una educación de calidad, inclusiva  

y equitativa (SUMMA-BID, 2025). Finalmente, resulta esencial promover que  

los SLEP y las escuelas desarrollen vínculos de doble vía con su entorno, no  

solo para apoyarse en el cumplimiento de su misión educativa, sino también  

para aportar valor mediante las creaciones, innovaciones y proyectos que los  

estudiantes generan, transformando así al sistema en un motor socioeducativo  

de desarrollo y de innovación para en el ámbito local.  

El proceso de transición es monitoreado por el Consejo de Evaluación de  

la Nueva Educación Pública²⁵, una instancia asesora de la presidencia de la  

2. INNOVACIÓN SISTéMICA Y EL ROL DE MESO INNOVA  

22 Anderson, S. y Cuglievan, G. (2018). Revisión de la literatura internacional para el estudio  

sobre el proceso de transición de la gestión de la educación pública de los municipios  

a los SLEP. Centro Líderes Educativos PUCV y Centro de Investigación Avanzada en  

Educación, Universidad de Chile.  

Mejorar el sistema de educación pública es fundamental para un país que  

aspira a fortalecer su democracia con ciudadanos informados, tolerantes, dialo-  

gantes, participativos y proactivos en abordar los desafíos del país, bajo marcos  

23 Bellei, C. (Coord.) (2018). La Nueva Educación Pública. Contexto, contenidos y perspecti-  

vas de la desmunicipalización. CIAE-LOM.  

24 Agencia de Calidad de la Educación, Unidad de Gestión y Ciencia de Datos (2024).  

Monitoreo del efecto de los Servicios Locales de Educación Pública en los resultados de  

aprendizaje. Santiago, Chile.  

26 UNICEF/CEPPE (2024). Evaluación de medio término de la implementación y los resulta-  

dos de la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028. https://evalua-  

tionreports.unicef.org/GetDocument?documentID=20138&ﬁleID=54322  

25 MINEDUC (2017). Ley N°21.040 que crea el Sistema de Educación Pública.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

normativos que valoren la libertad, la igualdad y la justicia social. A su vez, la  

educación pública juega un rol clave en reducir las desigualdades multidimen-  

sionales y falta de movilidad social que aquejan nuestra sociedad y que atentan  

contra nuestra cohesión social. Finalmente, la mejora de la educación pública  

es una condición básica para promover la ciencia y tecnología, la innovación  

y la productividad, y un desarrollo económico sustentable que asegure los  

estándares de vida a los que la sociedad chilena aspira.  

El modelo de gestión propuesto aborda las siguientes áreas: Desarrollo profe-  

sional docente y directivo, acompañamiento pedagógico, diseño de espacios  

educativos innovadores, inclusión y diversidad, empoderamiento estudiantil,  

entre otros.  

Aunque el trabajo se encuentra en pleno proceso de desarrollo, tiene un alto  

potencial de generar aprendizajes y producir conocimiento relevante para la  

implementación de modelos de gestión aplicables no solo en los tres SLEPs  

piloto —Barrancas, Aconcagua y Los Andes—, sino también para todo el sistema  

de educación pública.  

En este marco, se ha generado Meso Innova, un consorcio de instituciones del  

sector privado, público, académico y de la sociedad civil que buscan innovar  

en la forma como los SLEPs administran, fortalecen y apoyan a los estableci-  

mientos educativos del sector público. Meso Innova busca consolidar a los  

Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en Chile y a las Unidades de  

Gestión Educativa Local (UGEL) en Perú como centros de innovación educativa.  

Más allá de los resultados especíﬁcos, el proceso es en sí mismo un aporte signi-  

ﬁcativo. Meso Innova ha buscado consolidarse como un espacio de co-creación  

e innovación abierta, involucrando actores de distintos niveles (macro, meso  

y micro) y de diversas áreas del ecosistema cientíﬁco, tecnológico, artístico y  

social. Esta diversidad de miradas y saberes enriquece la reﬂexión y permite  

avanzar hacia una educación pública que, al estar al servicio del desarrollo del  

país, requiera tanto de la participación de múltiples actores como de la sistema-  

tización de experiencias, en el marco de una política de innovación educativa  

que impulse la transformación nacional.  

El programa beneﬁciará anualmente a cerca de 390 escuelas y liceos, impac  

-

tando a más de 80 mil estudiantes en ambos países. En Chile, la fase piloto  

se desarrollará entre 2025 y 2027, beneﬁciando a más de 47 mil estudiantes  

y 212 establecimientos educacionales de los Servicios Locales de Los Andes,  

Barrancas y Aconcagua.  

El programa surge en julio de 2025 de una colaboración estratégica con actores  

clave del ámbito educativo, institucional y corporativo. Entre los aliados se  

encuentran: UNESCO, Dirección de Educación Pública de Chile (DEP), Centro de  

Innovación del Mineduc (CIM), SLEP Los Andes, Chile, SLEP Aconcagua, Chile,  

SLEP Barrancas, Chile, Fundación Anglo American, Facultad de Educación,  

Universidad Diego Portales, Chile, Fundación Educacional SUMMA, Co-laboratorio  

de Innovación con Propósito Público de la Universidad de Chile (CLIPP), Embajada  

de Finlandia en Chile, con el apoyo de una red de empresas que lidera Anglo  

American, en alianza con Innomotics y LATAM Airlines.  

3. CAMINO RECORRIDO: DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA A LA  

TRANSFORMACIÓN DEL ECOSISTEMA EDUCATIVO.  

El nacimiento del programa Meso Innova toma en cuenta el aprendizaje generado  

durante la implementación del programa Modelo Pionero en Chile y Reimagina  

en Perú, ambos impulsados por Anglo American en alianza con instituciones  

del mundo público y privado. Ambos programas buscan apoyar a las escuelas  

para que se transformen en Centros de creación e innovación, de modo que  

los estudiantes desarrollen proyectos reales y auténticos que mejoren sus  

comunidades y el mundo²⁷. Para ello, se apoya a las comunidades escolares a  

innovar desde lo pedagógico y, al mismo tiempo, habilitando espacios educativos  

acordes a las necesidades de innovación de la escuela, como laboratorios de  

indagación y talleres de fabricación digital, entre otros.  

Meso Innova impulsa tres componentes estratégicos para fortalecer los niveles  

intermedios del sistema educativo, de manera que sean capaces de innovar y  

empoderar a escuelas, docentes y comunidades escolares. Estos componentes  

son:  

a. Identiﬁcación de oportunidades de innovación mediante consultas públicas  

y revisión de casos de éxito nacionales e internacionales.  

La estrategia de educación de Anglo American en Chile se inspira en tres dimen-  

siones clave:  

b. Fortalecimiento de los liderazgos y del trabajo en equipo de los orga-  

nismos intermedios, así como de los actores clave del entorno.  

c. Apoyo a la implementación de innovaciones de alto impacto a través de  

redes de expertos, universidades y empresas.  

27 Modelo Pionero (2020). El Centro de Innovación de Modelo Pionero. Santiago, Chile.  

https://chile.angloamerican.com/~/media/Files/A/Anglo-American-Group-v5/Chile/pro-  

gramas-sociales/modelo-pionero-transformando-la-educacion/modelo-pionero-cen-  

tro-de-innovacion.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

•

•

Enfoque holístico: los programas abarcan todos los niveles de la escuela  

•

•

•

El impacto en matemáticas es signiﬁcativamente mayor en mujeres, contri-  

buyendo a la reducción de brechas de género.  

(educación inicial, primaria y secundaria).  

Cambio de paradigma educativo: los programas buscan transformar a  

las escuelas en “centros de innovación”, fomentando el desarrollo de  

proyectos estudiantiles que mejoren la vida de su comunidad.  

Los estudiantes han mejorado sus puntajes PAES y ha aumentado el  

ingreso a universidades.  

Los egresados valoran más el rol del colegio en el logro de sus metas,  

en comparación con estudiantes de colegios similares.  

•

Enfoque sistémico y sostenible: buscamos fortalecer el sistema educativo  

en sus tres niveles: micro, meso y macro. El nivel micro se aborda mediante  

el programa Modelo Pionero, el nivel meso a través de Meso Innova, y  

el nivel macro mediante la participación en espacios de incidencia en  

políticas públicas junto a otros actores del mundo educativo, como en la  

iniciativa Sumar Saberes.  

Ahora bien, a partir de estos aprendizajes y de la demanda de las propias comu-  

nidades escolares, hemos detectado la necesidad de expandir este enfoque  

educativo y de generar un ecosistema que promueva una escuela creativa y holís-  

tica, en la que los estudiantes sean agentes activos de creación e innovación. Por  

esta razón, es importante sumar esfuerzos a los procesos que lideran los países  

para fortalecer sus sistemas intermedios. En este consorcio público-privado que  

representa Meso Innova, creemos que podemos aportar signiﬁcativamente al  

diseño de un modelo educativo de gestión que promueva la transformación de  

la educación de manera sistemática desde lo local y territorial.  

Modelo Pionero se enfoca en el nivel micro, trabajando directamente con las  

escuelas en la transformación pedagógica y de los espacios educativos. Al  

2025, el programa beneﬁcia a 46 escuelas y más de 18 mil estudiantes. Para  

2035, la meta es alcanzar 65 escuelas, beneﬁciando a más de 37 mil estudiantes  

en 9 comunas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Modelo Pionero  

es un enfoque educativo que propone transformar las escuelas en centros  

de innovación, donde los estudiantes, mientras aprenden ciencias, humani-  

dades, arte, entre otras disciplinas, establecen un vínculo con su territorio y  

desarrollan proyectos que ofrecen soluciones reales a problemáticas locales.  

Para lograrlo, el programa acompaña y asesora a las escuelas, reorganizando  

integralmente a la comunidad escolar para que se conviertan en espacios de  

innovación educativa. El modelo se estructura sobre cuatro sistemas o dimen-  

siones fundamentales: a) Aprendizaje activo, b) Proyecto de vida, c) Alternancia  

interactiva y d) Apropiación tecnológica Abordamos el currículo educativo de  

manera interdisciplinaria, utilizando metodologías como el Aprendizaje Basado  

en Retos (ABR) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). En estos ocho años  

de implementación, se han logrado importantes avances en los establecimientos  

que forman parte de la Red Modelo Pionero. Por ejemplo:  

4. COMPONENTES DE MESO INNOVA  

La evidencia internacional muestra que toda innovación educativa signiﬁcativa  

y sostenible debe partir por una transformación del núcleo pedagógico. Por  

lo tanto, la innovación educativa no es proceso necesariamente relacionado  

a la introducción de procesos tecnológicos, como suele pensarse contempo-  

ráneamente en algunos círculos. Consecuentemente, es clave que los SLEPs  

concentren sus esfuerzos en el mejoramiento del proceso de enseñanza-apren-  

dizaje (OECD, 2025), enfocándose especialmente en el “qué” de la educación  

(currículum y materiales didácticos), el “cómo” (prácticas pedagógicas efectivas)  

y el “cuánto” (metodologías de evaluación sumativa y formativa), con el ﬁn de  

garantizar una educación de calidad que sea equitativa e inclusiva, i.e. que no  

solo reconozca y valore las diferencias, sino que también sea capaz de construir  

sobre la diversidad²⁸.  

•

•

•

La matrícula ha aumentado en promedio un 30%.  

La asistencia escolar ha mejorado en un 5%.  

El ingreso a la educación superior ha crecido en un 18%.  

Para ello, se requieren innovaciones que aborden tres dimensiones  

fundamentales.  

Desde 2022, el laboratorio de investigación e innovación educativa SUMMA  

está realizando una evaluación de impacto del Modelo Pionero en los estable-  

cimientos donde se ha implementado. Algunos hallazgos relevantes incluyen:  

•

Un colegio con dos años en Modelo Pionero muestra un progreso equi-  

valente a medio semestre adicional en conocimientos de lectura y mate-  

máticas, en comparación con el grupo de control.  

28 UNESCO (2020). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 – América  

Latina y el Caribe – Inclusión y educación: todos y todas sin excepción. UNESCO. París.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

a) Identiﬁcación de oportunidades de innovación mediante consultas públicas  

y revisión de casos de éxito nacionales e internacionales  

b) Fortalecimiento de los liderazgos y del trabajo en equipo de los organismos  

intermedios, así como de los actores clave del entorno  

Es fundamental aprender de experiencias internacionales en las que el nivel  

intermedio ha desempeñado un rol clave en el desarrollo educativo, como es el  

caso de Alberta y Ontario en Canadá²⁹, Escocia³⁰, Ceará en Brasil31 y de algunos  

distritos escolares en California y otros estados en los Estados Unidos.32  

La creciente importancia del nivel intermedio y el aumento de sus responsabi-  

lidades ha incentivado a la investigación a preguntarse por las características  

de las y los líderes del nivel34 y en sus respectivas prácticas profesionales³⁵. La  

política de formación en liderazgo a nivel nacional se ha centrado principalmente  

en los directivos escolares, dejando de lado el desarrollo profesional de los  

líderes educativos de nivel intermedio³⁶. Tal como plantea Anderson (2017), si la  

expectativa en cuanto al rol del nivel intermedio es que demuestren inﬂuencia  

sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, se hace necesario poner una  

atención especial sobre sus propias capacidades para acompañar los procesos  

de mejoramiento escolar.  

Una experiencia internacional especialmente valiosa es la del sistema educativo  

de Finlandia, país que fue visitado por integrantes de Meso Innova en septiembre  

de 2025. Uno de los principales aprendizajes de esa visita fue la sólida cultura  

de conﬁanza y empoderamiento hacia los docentes, un rasgo que puede inspirar  

el proceso chileno. Este enfoque resulta especialmente relevante para fortalecer  

las estrategias y prácticas que desarrollen los Servicios Locales de Educación  

Pública en el país. Como señala Chung: “La estructura del sistema educativo  

ﬁnlandés, caracterizada por la descentralización y el currículo nacional base,  

confía en los docentes para que tomen sus propias decisiones pedagógicas. Esto  

da lugar a docentes autónomos y con capacidad de agencia en la toma de deci-  

siones a nivel de aula, escuela y desarrollo profesional, tanto de forma individual  

como colectiva. El consenso político en Finlandia respecto a la educación y la  

conﬁanza social en los docentes refuerzan aún más su autonomía y agencia”³³.  

Por lo anterior, resulta fundamental fortalecer la formación de los líderes de  

los niveles intermedios y de sus equipos, para que encarnen una cultura de  

innovación con las expectativas de calidad integral que es uno de los principios  

del nuevo sistema público³⁷. El desafío está en impulsar un importante giro en  

sus prácticas desde un foco, casi exclusivo, en la administración educativa a un  

enfoque centrado en potenciar su liderazgo en lo pedagógico, concentrando su  

atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje³⁸, generando las condi-  

ciones para que la innovación ocurra de manera real y sostenida. Desde esta  

perspectiva, la formación y acompañamiento pedagógico entregado desde el  

29 Brandon, J., Hanna, P. & Negropontes, D. (2015). Superintendents Who Lead Learning:  

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Hargreaves, A. & Braun, H. (2012). Leading for all: A research report of the development,  

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30 Association of Directors of Education Scotland (2024). Towards a World Class Learning  

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31 Cruz, L. & Loureiro, A. (2020). “Achieving world-class education in adverse socioeconom-  

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35 Dickson, J. (2014). “Shifting the role: School-district superintendents’ experiences as they  

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32 Honig, M. & Rainey, L. (2020). District systems to support equitable and high-quality  

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36 Aziz dos Santos, C. (2016). “Experiencias innovadoras de formación para líderes educati-  

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Zavadsky, H. (2009). Bringing school reform to scale: Five award-winning urban districts.  

37 MINEDUC (2017). Ley N°21.040 que crea el Sistema de Educación Pública.  

Harvard Education Press. Cambridge.  

38 Meyers, C. V. (2020). “District-led school turnaround: A case study of one U.S. district’s  

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DOI: https://doi.org/10.1080/15700763.2019.1637902  

33 Chung, J. (2023). “Research-informed teacher education, teacher autonomy and teacher  

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doi.org/10.14324/LRE.21.1.13  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

SLEP pasa a tener un papel central en el proceso de innovación continua que  

se busca impulsar en los establecimientos públicos.  

promueva el empoderamiento de los actores locales y facilite la adaptación de  

modelos exitosos a las realidades especíﬁcas de cada territorio.  

El futuro de la educación pública dependerá de la capacidad de transformar estos  

avances en procesos de innovación que aseguren calidad, equidad e inclusión.  

Es un momento clave para reﬂexionar y deﬁnir con claridad los siguientes pasos,  

de manera que esta nueva etapa sea realmente transformadora y contribuya  

a un sistema educativo alineado con las necesidades y aspiraciones del país.  

c) Apoyo a la implementación de innovaciones de alto impacto a través de  

redes de expertos, universidades y empresas.  

Por último, se destaca la importancia de construir redes de apoyo que integren  

universidades, empresas y otros actores del ecosistema. La educación debe  

ser reconocida como un componente esencial del ecosistema de innovación  

del país, transformando a las escuelas en espacios de creación donde los estu-  

diantes puedan desarrollar proyectos y productos que contribuyan al desarrollo  

en áreas como la tecnología, la ciencia, las humanidades y el arte. Este enfoque  

implica impulsar un nuevo paradigma que convierta a la escuela en un actor  

activo dentro del entramado creativo y productivo, capaz de generar vínculos  

y encadenamientos con otras instituciones.  

6. CONCLUSIONES  

La transformación del sistema educativo chileno, impulsada por la creación de  

los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), representa una oportunidad  

histórica para fortalecer la calidad, equidad e innovación en la educación pública.  

Sin embargo, el proceso ha enfrentado desafíos signiﬁcativos, especialmente  

en la alineación de instrumentos de planiﬁcación, la gestión de recursos y el  

desarrollo de liderazgos en los niveles intermedios. La experiencia acumulada  

y los primeros resultados positivos muestran que es posible avanzar hacia un  

sistema más robusto, pero requieren una visión estratégica y sostenida.  

Para alcanzar este objetivo, será fundamental convocar a más expertos, univer-  

sidades, centros de innovación y empresas locales, nacionales e internacio-  

nales para que se sumen a esta iniciativa. Su participación permitirá canalizar  

y potenciar las innovaciones generadas por los SLEP en Chile, contribuyendo  

así a un impacto sistémico que fortalezca la calidad educativa en ambos países.  

El programa Meso Innova surge como una respuesta innovadora y colaborativa  

a estos desafíos, articulando esfuerzos del sector público, privado, académico  

y de la sociedad civil para empoderar a los líderes intermedios y promover la  

innovación educativa desde lo local. La evidencia internacional y los aprendizajes  

de iniciativas previas como Modelo Pionero demuestran que el fortalecimiento  

del liderazgo pedagógico, la creación de redes de apoyo y la participación de  

las comunidades escolares son claves para lograr transformaciones profundas  

y sostenibles en el sistema educativo.  

5. RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA  

Como un proyecto que combina desarrollo en terreno y generación de conoci-  

miento, Meso Innova ofrecerá lecciones, principios de acción y recomendaciones  

que ayudarán a perﬁlar con mayor precisión y orientación práctica estrategias y  

orientaciones de política pública y formación de liderazgos intermedios en una  

etapa crucial en el desarrollo del nuevo sistema de educación pública en Chile,  

que corresponde a la expansión a nivel nacional de los Servicios Locales de  

Educación Pública a lo largo del país. Más aún, ofrecerán principios de acción  

que creemos serán relevantes para orientar políticas y estrategias de fortaleci-  

miento de sistemas educativos en América Latina y más allá.  

Finalmente, el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de consolidar  

una cultura de innovación centrada en el aprendizaje y el desarrollo integral de  

los estudiantes, así como de la articulación efectiva entre los distintos actores  

del ecosistema educativo. Es fundamental que las políticas públicas continúen  

apoyando la formación y el acompañamiento de los líderes intermedios, fomen-  

tando la colaboración y la sistematización de experiencias, para que la educa-  

ción pública chilena se convierta en un motor de desarrollo social, cientíﬁco y  

económico para el país.  

En este contexto, es fundamental que las políticas públicas reconozcan el valor  

estratégico del nivel intermedio como articulador entre las decisiones macro  

y las prácticas pedagógicas en las escuelas. La experiencia de Meso Innova  

demuestra que la innovación educativa no puede ser concebida únicamente  

desde el aula, sino que requiere una visión sistémica que integre liderazgo,  

gestión territorial, colaboración interinstitucional y participación comunitaria. Para  

avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, inclusivo y de calidad, se  

necesita fomentar una cultura de innovación que se nutra de evidencia situada,  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

Cruz, L. & Loureiro, A. (2020). Achieving world-class education in adverse  

socioeconomic conditions: The case of Sobral in Brazil. Global Education,  

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3. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN CHILE:  

DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA UN SISTEMA ARTICULADO  

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Christian Miranda Jaña  

Departamento de Educación  

Universidad de Chile  

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https://orcid.org/0000-0001-8318-675X  

christian.miranda@u.uchile.cl  

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Sergio Celis Guzmán  

Escuela de Ingeniería y Ciencias  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0502-5608  

scelis@uchile.cl  

UNESCO (2020). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020  

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Claudia García Yáñez  

Departamento de Educación  

Universidad de Chile  

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claudiagarcia@uchile.cl  

ANTECEDENTES  

El presente trabajo describe los desafíos presentes en el desarrollo profesional  

docente con foco en los antecedentes de política educativa, desarrollo académico  

y práctica formativa con el propósito de generar propuestas para la elaboración  

de un sistema nacional docente articulado y sostenible. El estudio hace parte  

del trabajo desarrollado por el Núcleo de Investigación y Formación Docente  

(IFODOC) y Área de Educación del Colaboratorio de Innovación con Propósito  

Público de la Universidad de Chile y es ﬁnanciado por el proyecto Fondecyt  

N°1211417 de la Agencia Nacional de Investigación Cientíﬁca de Chile.  

La atracción, formación y desarrollo de talentos pedagógicos para un sistema  

educativo chileno caracterizado por su desigualdad estructural y creciente  

diversiﬁcación socio-cultural estudiantil constituye uno de los desafíos más  

apremiantes del siglo XXI y que el Estado tiene la misión de salvaguardar a  

través de la calidad profesional de los que enseñan y sus condicione de trabajo³⁹.  

39 Aguerrondo, I. (2003). Los desafíos de la política educativa relativos a las reformas de la  

formación docente. Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.org/exr/qdisc-  

laim.htm  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

En esta realidad se evidencia en la fragmentación de la responsabilidad del  

Estado entre la atracción y la Formación inicial docente, la primera asumida de  

manera indirecta y la segunda de manera directa mediante acciones de forma-  

ción continua y evaluación del desempeño del profesorado (Ver ﬁgura 1). En este  

marco, el liderazgo esperado del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación  

e Investigación Pedagógica (CPEIP), organismo clave en orientar hacia el mejor  

desempeño docente en su quehacer pedagógico a través del perfecciona-  

miento40 revela una brecha de capacidad técnica, ﬁnanciera y académica para  

orientar de forma orgánica el Sistema de Desarrollo Profesional Docente⁴¹, lo  

que obstaculiza la construcción de una estrategia y de una narrativa nacional  

que aseguren la atracción, formación y desarrollo de los mejores talentos peda-  

gógicos para el servicio educativo público de manera sistemática, regular y  

sostenida. A continuación se presenta el esquema conceptual del trabajo.  

El rol del Estado y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Desarrollo  

Profesional Docente (DPD) (Ley 20.903) ha pretendido dar un ordenamiento  

normativo al sector educacional en materia docente con el propósito de articular  

la atracción, formación y el desarrollo del talento pedagógico en función de la  

eﬁcacia y evaluación de sus desempeños, y ha supuesto un cambio paradigmá-  

tico mediante la incidencia (directa e indirecta) en la formación del profesorado  

en Chile, afectando con ello al conjunto de actores involucrados. Esa es la  

hipótesis de trabajo que a continuación se argumenta desde los desafíos, rol  

del Estado mediante las reformas vigentes y sus tensiones.  

1. DESAFíOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DPD  

Si bien se han diseñado un conjunto de políticas y prácticas con el ﬁn de favo-  

recer la implementación inicial del Sistema de DPD, este no ha sido articulado  

con los otros agentes educativos incumbentes en la carrera docente tales como  

las universidades que forman profesores, los centros de práctica, las como las  

instituciones educativas de origen del profesorado en los procesos de formación  

continua y evaluación de desempeño, a su vez sostenibilidad con una imple-  

mentación parcial de los objetivos de la ley en tanto se ha tenido que lidiar con  

postergaciones del aumento de los puntajes de los ingresos a las pedagogías  

y mayor cobertura a la implementación de las mentorías para profesores/as  

principiantes, junto con una cobertura nacional de la formación continua⁴².  

Figura VII-4. Esquema conceptual del Trabajo  

Sin embargo, la implementación de este cambio paradigmático ha implicado  

enfrentar complejidades propias del sistema educativo chileno, como su lógica  

de ﬁnanciamiento basada en el modelo de Estado subsidiario. Este se caracte-  

riza por ser el sistema más privatizado del mundo, tanto en la proporción de la  

matrícula en instituciones privadas (85%) como en el ﬁnanciamiento de origen  

privado, que alcanza el 64% del total, en contraste con el promedio de 30%  

en los países de la OCDE⁴³. En el ámbito de la pedagogía, el Estado ﬁnancia la  

demanda a través de la matrícula en las universidades; en la formación continua,  

lo hace considerando los requerimientos del currículum; y en la evaluación del  

desempeño, otorga incentivos sobre la base de buenos resultados.  

Aun cuando se han implementado mejoras mediante políticas especíﬁcas  

orientadas a la atracción del talento pedagógico a partir de programas de  

Fuente: Elaboración propia.  

40 Caiceo, J. (1999). Historia del CPEIP. Ministerio de Educación. https://bibliotecadigital.mi-  

42 Vergara, M., Arias, P. y Villarroel, T. (2021). Proyecto de ley de pedagogías: Efectos en la  

admisión y déﬁcit docente. Proyecto de ley que modiﬁca los requisitos de ingreso a ca-  

rreras de Pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129 y en el artículo  

trigésimo sexto transitorio de la Ley N° 20.903 (Boletín N° 14.151-04).  

neduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/18928/historia_cpeip.pdf?sequence=1  

41 Ruﬃnelli A. (2025). Marco Normativo del Desarrollo Profesional Docente y sus implican-  

cias para la formación continua del profesorado y el desarrollo de las trayectorias pro-  

fesionales [Documento de trabajo]. Núcleo Interuniversitario Multidisciplinar. Individuos,  

Lazo Social y Asimetrías de Poder, Universidad de Santiago de Chile.  

43 Caiceo, J. (2023). “Políticas públicas sobre ﬁnanciamiento de la educación superior en  

Chile: 1970-2020”. Foro de Educación, 21(2), 23–44. DOI: https://doi.org/10.14516/fde.1189  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

reclutamiento tales como Programa de Atracción de Talento Pedagógico⁴⁴,  

mentorías y de especialización disciplinar (Programas de Postítulo de mención)  

estas han sido acotadas en su cobertura y carentes de evaluación y estudios  

de impacto. A su vez, hacer depender el ﬁnanciamiento de las carreras de  

pedagogía de la acreditación obligatoria y el mejoramiento salarial en grán  

medida a los resultados de evaluación en pruebas estandarizadas posiciona  

como el principal motor de preocupación de los actores involucrados el factor  

económico por sobre el vocacional o de bien común.  

Desde el origen de la Ley, se han identiﬁcado ocho dimensiones clave para  

fortalecer la profesión docente. Luego de una década de su implementación,  

cada una presenta avances y desafíos pendientes que condicionan la conso  

-

lidación de una carrera docente articulada y sostenible⁴⁶. En la Figura N°2 se  

presentan tales dimensiones, su estado actual y tareas pendientes.  

Tales complejidades, junto con tensionar la calidad del sistema educativo nacional,  

limita la densiﬁcación del debate educativo. Así, la focalización del sistema de  

ﬁnanciamiento en la demanda y la multifocalización de brechas de capacidad se  

traduce en desconﬁanza hacia la ﬁgura del profesorado, limitando su desempeño  

profesional y con ello, despotenciando su autonomía y compromiso educativo. Esto  

se torna relevante dada la importancia que, de manera consistente, la evidencia  

cientíﬁca atribuye a la calidad docente en los logros educativos, la formación  

ciudadana y la competitividad económica de las naciones.  

Figura VII-5. Dimensiones del DPD según desafíos, estado actual y tareas pendientes  

Dimensión  

Estado actual  

Tareas pendientes  

Regulación  

de la oferta  

formativa  

Solo universidades y  

Reforma de la formación docente con  

base en una narrativa nacional y estra-  

programas acreditados  

pueden impartir pedago- tegia programática; conﬁguración de un  

gía; mayores requisitos  

y asegura-  

marco común nacional de formación;  

miento de un de acreditación (infraes- Mayor participación de las escuelas y los  

De todo lo anterior surge la necesidad de identiﬁcar las bases normativas y el  

conjunto de políticas sectoriales a la base de las brechas señaladas con el propó-  

sito de generar un conjunto de propuestas que articulen la atracción, formación  

y desarrollo del talento pedagógico, en beneﬁcio tanto del prestigio de la labor  

del profesorado como de la calidad y equidad del sistema educativo nacional.  

sistema for-  

tructura, prácticas tem-  

profesores guías como agentes formado-  

mativo de alta pranas, coherencia entre res fundamentales legitimados, actualiza-  

calidad  

itinerario formativo y  

ción del marco de la formación continua  

perﬁl de egreso, investi- del profesorado y rol activo del CPEIP en  

gación pedagógica y vin-  

culación sostenible con  

el medio educativo).  

debate educativo.  

2. ROL DEL ESTADO EN EL DPD: RACIONALIDAD NORMATIVA Y FOCO EVALUATIVO  

Regulación  

del ingreso a  

carreras pe-  

dagógicas  

Requisitos inéditos: 60% Aseguramiento de ofertas formativas en  

superior en pruebas de regiones y acotada cobertura curricular  

admisión vigentes, 30% de carreras de pedagogía; ampliación del  

El Estado a través del CPEIP del Ministerio de Educación ha asumido respon-  

sabilidad en torno a la formación docente. Ejemplo de ello es la Ley 20.903  

en 2016 que crea el Sistema Nacional de DPD, estableciendo la formación en  

servicio como un derecho y como estrategia para mejorar la enseñanza. En la  

Ley se incluyen aspectos como la acreditación obligatoria para las carreras de  

pedagogía, requisitos de ingreso más selectivos, nuevos estándares, e instru-  

mentos diagnósticos para los profesores/as en formación.  

superior del rendimien-  

to de su promoción o  

quienes hayan cursado  

en las universidades un  

Programa de atracción del talento peda-  

gógico, considerando la incentivos en el  

egreso formativo y estabilización en el  

empleo; contemplar incentivos cualitati-  

programa propedéutico; vos y cuantitativos sobre las motivaciones  

avanza en selectividad y y capacidades vinculadas a la pedagogía  

equidad.  

de alta calidad en contextos de desigual-  

dad social, vulnerabilidad económica y  

diversidad cultural.  

Mediante esta Ley, se asume la tarea de diagnosticar necesidades formativas  

y articular alianzas con universidades acreditadas en formación docente para  

ofrecer programas de especialización, priorizando el fortalecimiento disciplinar  

y el abordaje de los nuevos Estándares de la Profesión Docente, incorporando  

capacidades para atender situaciones imprevistas en el aula de primaria⁴⁵.  

46 Ruﬃnelli A. (2016). “Ley de desarrollo profesional docente en Chile: de la preca-  

rización sistemática a los logros, avances y desafíos pendientes para la profesio-  

nalización”. Estudios pedagógicos, 42(4), 261-279. DOI: https://dx.doi.org/10.4067/  

S0718-07052016000500015  

44 Desarrollado por Mineduc (2025).  

45 Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del  

Ministerio de Educación (CPEIP). https://www.cpeip.cl/  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

Como se observa en la ﬁgura anterior, las dimensiones se vinculan con cuatro  

componentes del Desarrollo Profesional Docente: formación inicial docente;  

procesos de regulación de la formación inicial docente; regulación y mejora del  

ingreso a la carrera docente; y continuidad en la carrera docente, que contempla  

incentivo económico progresivo, destinación de horas contractuales al desa-  

rrollo de tareas pedagógicas distintas a la docencia en el aula, y condiciones  

laborales. No se abordan discusiones sobre el retiro de la carrera.  

Regulación  

Evaluaciones diagnós-  

tica y a penúltimo año  

Evaluaciones con foco formativo con  

base en sólida evidencia sobre los fac-  

tores que inciden en el impacto de la  

formación en la calidad de la enseñanza;  

de la calidad  

de egresados de carrera; se responsa-  

biliza a las instituciones  

por resultados y obliga a Mayor apoyo estatal a procesos formati-  

implementar remediales. vos; consolidación de trayectorias profe-  

sionales y generación de conﬁanza en las  

competencias profesionales y autonomía  

curricular del profesorado y las organiza-  

En cuanto a las tareas pendientes que se presentan en el cuadro, serán tratados  

en las propuestas que se desarrollen más adelante.  

ciones educacionales.  

Regulación  

Exige título y contrato;  

Mayor acompañamiento y seguimiento  

a profesionales no pedagógicos que  

ejercen labores de enseñanza en el  

sistema escolar; generar incentivos a la  

formación pedagógica en formadores del  

profesorado y reconocimiento académico  

y salarial a docentes de aula que forman  

profesores  

del ingreso a elimina examen nacional  

En complemento con la normativa anterior, la Ley 21.625 que crea el Sistema  

Único de Evaluación Docente busca favorecer la mejora continua para el desa-  

rrollo profesional, mediante el acceso a formación pertinente, de acuerdo al  

tramo y durante el Ciclo de Profundización didáctico disciplinar y/o pedagógico.  

Esto. responde a la demanda histórica de eliminar la doble evaluación que ha  

afectado a docentes municipales, fortaleciendo el enfoque formativo, promo-  

viendo la formación continua y el acompañamiento, estableciendo un ciclo de  

profundización para docentes de tramos avanzados, entre otros.  

la profesión  

docente  

de habilitación; foco  

en asegurar calidad de  

programas.  

Inducción  

docente  

Mentoría como derecho Aumento signiﬁcativo de mentores certiﬁ-  

para todos los princi-  

piantes.  

cados; mayor acompañamiento y retroali-  

mentación activa al inicio, durante y luego  

del egreso; incentivos a la progresión y  

estabilidad laboral; evaluación de impac-  

to de las mentorías en los conocimientos,  

práctica y efectividad en el aprendizaje  

escolar.  

Ambos ejemplos de normativa vigentes que hacen parte de las políticas educa-  

tivas, si bien son un avance, reﬂejan una lógica de racionalidad normativa e  

hibridaje entre un modelo con un enfoque estandarizado de evaluación y uno  

ﬂexible de evaluación y desarrollo profesional, adoleciendo de una visión estra-  

tégica orientada a consolidar un sistema articulado y sostenible de desarrollo  

profesional, aspecto que en adelante se espera abordar.  

Carrera do-  

cente atrac-  

tiva  

Incremento de remu-  

neraciones iniciales;  

Aumento de la diversidad de trayecto-  

rias; focalización en la conﬁguración de  

carrera progresiva en 5 comunidades de aprendizaje profesional;  

tramos; derecho a for-  

mación continua a cargo  

del CPEIP.  

mayor atractivo salarial en tramos inicia-  

les de la carrera docente para asegurar  

continuidad educativa.  

Pese a estas reformas con base regulatoria y foco en la evaluación, la evidencia  

muestra que persisten en el profesorado insuﬁciencias para implementar estra-  

tegias pedagógicas efectivas en el aula, diﬁcultades para planiﬁcar clases que  

motiven al estudiantado y la rotación de docentes entre áreas curriculares y  

niveles escolares, dada su escasa especialización disciplinar. Asimismo, enfrentan  

retos para optimizar el uso del tiempo en las secuencias didácticas, evaluar sus  

metodologías y diversiﬁcar sus formas de relacionarse en el aula. Estas insuﬁ-  

ciencias, al mermar la calidad de la enseñanza, diﬁcultan la consolidación de  

un sistema de desarrollo profesional sólido para el profesorado.  

Condiciones  

laborales  

Aumento de horas no  

lectivas al 40%; obliga-  

ción de destinar parte a  

planiﬁcación y apoyo.  

Consolidación de un 50% de horas no  

lectivas con foco en la actualización pro-  

fesional, la colaboración profesional y la  

autonomía profesional; regular número  

de estudiantes por curso; mayor incentivo  

en la distribución equitativa de docentes.  

Retiro de la  

carrera  

La ley no alude al retiro  

(Se discutió incentivo al  

Plan nacional de reconocimiento al ta-  

lento pedagógico; mayor incentivo en  

retiro, pero fue elimina- condiciones de retiro; sistema previsional  

do).  

sobresaliente para docentes mentores y  

de excelencia pedagógica.  

3. TENSIONES DEL DPD  

En este apartado, se requieren abordar las tensiones del sistema de DPD que  

permitan discutir los desafíos, rol del Estado y avances reseñados preceden-  

temente. A estos efectos abordarán cuatro ejes: formación, evaluación, inves-  

tigación y transferencia.  

Fuente: elaboración propia  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

Formación  

Investigación  

El DPD constituye un medio esencial para el desarrollo de una cultura profesional  

docente, entendida como la promoción de actitudes, valores éticos, hábitos  

de trabajo y modelos de relación y colaboración entre los docentes (García  

et al., 2015). Esto no solo impulsa el progreso individual y colectivo, sino que  

también contribuye al fortalecimiento del pensamiento reﬂexivo y autónomo. Sin  

embargo, su consolidación bajo las condiciones que lo permitan, dependen en  

gran medida, de las políticas educativas que la promuevan o restrinjan.  

Si se considera el rol del docente como tomador de decisiones, desarrollador  

del currículo, líder escolar, y también como conocedor de los cambios en los  

contextos escolares, es menester pensar la investigación como un elemento  

esencial del desarrollo profesional docente. Reconocer que la investigación  

educativa es un proceso que mejora la enseñanza y genera conocimiento, debe  

estimular al profesorado para que sea una práctica recurrente en su quehacer  

profesional⁴⁷.  

En Chile, la carrera docente individual se ha convertido en el eje central del  

sistema, por encima del colectivo docente o del trabajo colaborativo, lo que  

debilita la capacidad de agencia del personal docente y diﬁculta la conformación  

de comunidades de aprendizaje.  

No obstante, en el espíritu de la Ley persiste la ausencia de un sustento investi-  

gativo que vincula la formación inicial y continua con la mejora del desempeño  

profesional, limitando su consideración en los procesos de evaluación. Además,  

las condiciones contractuales del profesorado no contemplan horas destinadas  

a la investigación, lo que refuerza esta brecha.  

Asimismo, aunque la formación se concibe como un derecho y un deber, en la  

práctica se percibe como una obligación individual, sin considerar las condiciones  

laborales, las necesidades educativas ni los apoyos organizacionales necesarios.  

Transferencia  

A pesar de que la Ley 21.625 busca establecer un sistema de evaluación único  

con enfoque formativo, persiste una lógica meritocrática de escalamiento y un  

carácter punitivo frente a la falta de progreso.  

La formación y el desempeño docente han estado históricamente subordinados  

a la implementación de políticas públicas, entendiendo la transferencia como  

mera ejecución de decisiones centralizadas. De este modo, se relega la posi-  

bilidad de una transferencia entendida como mejora educativa basada en la  

investigación y en la experiencia pedagógica del profesorado.  

A esto se suma la tensión temporal derivada de la no consideración de las labores  

de desarrollo profesional en los contratos docentes, así como la contradicción  

en el rol del Estado, que actúa bajo una lógica de demanda en la formación  

inicial y bajo una lógica de oferta en la formación continua.  

Evaluación  

Si bien se ha avanzado en la conﬁguración de un único sistema de evaluación  

docente, siguen primando las evaluaciones individuales con consecuencias,  

que deriva en una formación continua orientada a la atención de las brechas  

del desempeño pedagógico, acrecentando la desconﬁanza en el saber docente  

y disminuyendo la autonomía profesional.  

Las mentorías de inducción y la formación continua entendidas como un derecho  

profesional se ven tensionadas por las necesidades educativas locales, las  

condiciones laborales y las demandas estudiantiles en el marco de profundas  

transformaciones socioculturales. Aunque hay un reﬁnamiento del discurso  

público sobre la lógica formativa de la evaluación docente, coexiste con un  

discurso mediático con foco en la responsabilización de resultados escolares,  

el mérito individual y las consecuencias en caso de evaluaciones negativas en  

los ámbitos del incentivo salarial y la estabilidad laboral.  

47 Muñoz Martínez, M. y Garay Garay, F. (2015). “La investigación como forma de desarrollo  

profesional docente: Retos y perspectivas”. Estudios Pedagógicos, 41(2), 389-399.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

Figura VII-6. Tensiones del Sistema de DPD  

situada del profesorado, además de las buenas prácticas de transferencia al  

aula derivadas de la formación continua.  

A nivel institucional, se plantea superar la lógica punitiva mediante programas  

de mentoría y la creación de comunidades de aprendizaje profesional. Estos  

espacios, basados en la conﬁanza, la autonomía docente y la colaboración  

entre equipos de trabajo, permitirían concebir la institución educativa como un  

entorno de formación y desarrollo profesional permanente.  

A nivel de política pública, se destaca la importancia de actualizar el sistema de  

desarrollo profesional docente, incorporándose como parte de una trayectoria  

articulada que considere los componentes de formación, investigación, articu-  

lación y transferencia, de manera que la profesionalización docente sea una  

experiencia sostenible y coherente en el tiempo.  

A nivel del debate público, es importante aunar discursos en torno a la valoración  

de la tarea docente, que legitime su autonomía curricular y prestigio disciplinar,  

así como la construcción social de narrativas que posicionan su estatus profe-  

sional y el valor estratégico de su formación en el ámbito nacional.  

Desde el punto de vista especíﬁco es recomendable avanzar en:  

a. Desarrollar y fortalecer las condiciones para la formación inicial y continua  

del profesorado, actualizando la arquitectura del sistema de desarrollo  

profesional en torno a la evaluación y sus consecuencias para aumentar  

el prestigio profesional y la conﬁanza en el saber docente;  

Fuente: Elaboración propia  

Las tensiones en el DPD que se presentan en la ﬁgura anterior se articulan  

en tres ejes principales: Formación Profesional, Evaluación del Desempeño e  

Investigación Educativa, cada uno con limitaciones propias. La Transferencia  

Educativa es considerada como transversal, ya que depende de la integración  

de los otros ejes y de cómo estos se traducen en mejoras efectivas en la prác-  

tica y en el aprendizaje.  

b. Fortalecer la institucionalidad del sistema nacional de formación docente  

y el rol protagónico de las universidades que forman profesores y del  

CPEIP en la materia, deﬁniendo una estrategia de trabajo permanente,  

orientado en garantizar el derecho a una formación docente de calidad  

con base en la evidencia, promoviendo la investigación pedagógica y la  

conﬁguración de comunidades profesionales.  

c. Asegurar ﬁnanciamiento sostenible para la formación continua, espe-  

cialmente el acompañamiento territorial, garantizar tiempo protegido en  

horas no lectivas para la formación continua, integrándose en la jornada  

laboral y considerando el “agobio laboral” actual.  

4. PROPUESTAS PARA UN SISTEMA DE DPD ARTICULADO Y SOSTENIBLE  

A partir de los antecedentes, desafíos, rol del Estado y tensiones previamente  

señaladas, se plantean propuestas al diseño integrado de orientaciones para  

el DPD desde el nivel micro en los territorios locales hasta el macro nivel en el  

debate público.  

d. Asegurar la participación vinculante del magisterio en el diseño y moni-  

toreo de políticas de formación continua para generar legitimidad y  

conﬁanza, garantizar la cobertura y ejecución de inducción y mentorías,  

diversiﬁcando modelos.  

A nivel local/territorial, se propone un modelo de acompañamiento y seguimiento  

de las trayectorias profesionales sustentado en evidencia y en políticas locales  

de desarrollo profesional docente. Dicho modelo debe reconocer tanto las  

evaluaciones de los procesos formativos como los productos de la investigación  

e. Potenciar la investigación sobre formación continua para generar cono-  

cimiento sobre cómo promover el desarrollo profesional efectivo.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

f. Articular los distintos componentes e instituciones involucradas en la  

formación continua (inducción, Red de Maestros, planes locales, univer-  

sidades, SLEP, CPEIP, UTPs).  

estudio de la transferencia a nivel de aula una de las propuestas más razonadas  

en este trabajo, junto a la generación de conﬁanza en los agentes educativos y  

hacia la autonomía y el profesionalismo del profesorado. Se examinan las limi-  

taciones de las políticas vigentes y los efectos de una lógica evaluativa punitiva  

que debilita el agenciamiento y las trayectorias profesionales del profesorado.  

Finalmente, se proponen orientaciones a nivel de política pública, territorial e  

institucional para avanzar hacia un sistema articulado, sostenible y formativo  

de desarrollo profesional docente.  

g. Mejorar el diagnóstico participativo de necesidades formativas. Priorizar la  

solución de diﬁcultades legales y administrativas en Educación Parvularia.  

En suma, crear un sistema formativo integral que trascienda del aislamiento  

institucional en la FID y de cursos desarticulados en la FC hacia trayectorias  

profesionales persistentes, situadas y contextualizadas. Potenciar la descon-  

centración del DPD y su ubicación en la escuela, promoviendo la colaboración  

horizontal. Potenciar la Red de Maestros de Maestros y su articulación con planes  

locales, superando la lógica concursal individualista. Incluir a los profesores en el  

diseño de programas de formación y diversiﬁcar la oferta (pasantías, postgrados).  

Considerar alianzas internacionales y aprovechar la virtualidad para el acceso.  

•

•

•

•

Asegurar acceso igualitario por regiones, perspectivas interculturales y  

de justicia educativa, e incluir el subsistema particular pagado.  

Evaluación de la FC: Incluir la evaluación de impacto de las acciones  

formativas.  

Implementar una evaluación auténtica y formativa del desarrollo  

profesional.  

Considerar la valoración objetiva de la FC en el portafolio docente.  

Tales propuestas generales y sugerencias especíﬁcas para que produzcan la  

incidencia esperada debe ser acompañadas por pilotajes e implementaciones  

escalables con base en estudios longitudinales, utilizando diseños mixtos con  

foco en el aprendizaje profesional docente y contar con una narrativa nacional  

y estrategia programática que trascienda gobiernos coyunturales y transforme  

a la Educación y la Pedagogía en motores del progreso cultural, social y econó-  

mico del país.  

5. A MODO DE CONSIDERACIONES FINALES  

El presente documento analiza los antecedentes contextuales, los desafíos de  

implementación, el Rol del Estado y las tensiones que inciden en la atracción,  

formación y carrera docente a una década de la implementación de la Ley de  

Desarrollo Profesional Docente (Ley 20.903), que ha pretendido articular la atrac-  

ción, formación y el desarrollo del talento pedagógico en función de la eﬁcacia  

y evaluación de sus desempeños evidenciando los rezagos en sus formas de  

implementación, siendo la inexistencia de una arquitectura articulada y sostenible  

entre atracción, formación, desarrollo con base en la investigación educativa y el  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

Ruﬃnelli A. (2025). Marco Normativo del Desarrollo Profesional Docente y sus  

implicancias para la formación continua del profesorado y el desarrollo de las  

trayectorias profesionales. [Documento de trabajo]. Núcleo Interuniversitario  

Multidisciplinar: Individuos, Lazo Social y Asimetrías de Poder, Universidad  

de Santiago de Chile.  

REFERENCIAS  

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reformas de la formación docente. Banco Interamericano de Desarrollo.  

http://www.iadb.org/exr/qdisclaim.htm  

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Efectos en la admisión y déﬁcit docente. Proyecto de ley que modiﬁca los  

requisitos de ingreso a carreras de Pedagogía establecidos en el artículo 27  

bis de la Ley N° 20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la Ley  

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Araujo, K., Osandón, L., Moreno, C. y Doren, D. (2025). Asesoría y acompañamiento  

para la actualización del modelo de formación para el desarrollo profesional  

docente y directivo del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación  

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Interuniversitario Multidisciplinar: Individuos, Lazo Social y Asimetrías de  

Poder, Universidad de Santiago de Chile.  

Caiceo, J. (1999). Historia del CPEIP. Ministerio de Educación. https://bibliote-  

cadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/18928/historia_cpeip.  

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superior en Chile: 1970-2020”. Foro de Educación, 21(2), 23-44. DOI: https://  

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Diario Oﬁcial de la República de Chile.  

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Docente”. Diario Oﬁcial de la República de Chile.  

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dx.doi.org/10.4067/S0718-07052016000500015  

VII. EDUCACIóN  

4. CREACIÓN DEL PRIMER TÍTULO PROFESIONAL DE  

ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA EN CHILE:  

INNOVACIÓN Y NECESIDAD DE ESPECIALIZACIÓN  

PROFESIONAL  

María Isabel Salinas Chaud  

Departamento de Psicología  

Universidad de Chile  

misalinas@u.uchile.cl  

Decio Mettifogo Guerrero  

Departamento de Psicología  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6168-0877  

dmettifo@uchile.cl  

Elías Escaﬀ Silva  

Departamento de Psicología  

Universidad de Chile  

eescaﬀ@gmail.com  

RESUMEN EJECUTIVO  

En Chile, la formación en psicología jurídica presenta deﬁciencias estructurales  

que repercuten directamente en la calidad de las intervenciones en el sistema  

de justicia. Actualmente, basta con poseer el título profesional de psicólogo  

para actuar como perito judicial, sin que exista una especialización acreditada  

ni mecanismos sistemáticos de ﬁscalización⁴⁸. Esta ausencia de regulación ha  

propiciado una oferta privada de capacitaciones no estandarizadas, que operan  

sin controles de calidad y con metodologías dispares⁴⁹. A ello se suma la falta  

de formación práctica supervisada: los programas de posgrado existentes,  

de carácter teórico-profesionalizante, no garantizan la corrección de errores  

48 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-reco-  

mendaciones  

49 Jara, M. y Albert, C. (2016, 30 de agosto). “Tribunales de Familia: Las graves deﬁ-  

ciencias del sistema de peritos”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2016/08/30/  

tribunales-de-familia-las-graves-deﬁciencias-del-sistema-de-peritos  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

técnicos ni la construcción de competencias aplicadas en contextos reales⁵⁰.  

Estas falencias han derivado en informes periciales con baja rigurosidad técnica  

y metodológica, con el consiguiente riesgo de errores resolutivos que afectan la  

toma de decisiones judiciales críticas y generan desconﬁanza en la labor pericial  

(Araneda & Seisdedos, 2019). En suma, la carencia de estándares, supervisión y  

formación práctica ha instalado un escenario de desregulación en la psicología  

jurídica nacional, con consecuencias institucionales y jurídicas que afectan la  

protección de derechos.  

estructural, así como en el diseño de protocolos integrales que aseguren un  

acompañamiento en el proceso de resigniﬁcación adecuado. Además, se forta-  

lecerá la coordinación interinstitucional, evitando duplicidad de entrevistas y  

promoviendo una atención más eﬁciente y respetuosa de los derechos de las  

personas afectadas por delitos.  

Esta propuesta contribuirá a elevar la calidad técnica de los peritajes psicoló-  

gicos, reduciendo errores resolutivos y fortaleciendo la conﬁanza en la adminis-  

tración de justicia. Además, al profesionalizar el rol del psicólogo jurídico bajo  

parámetros éticos y metodológicos estandarizados, el programa permitirá dar  

respuesta a las nuevas demandas legislativas en infancias, género y reinserción  

social, aportando a la consolidación de una justicia más equitativa y con enfoque  

de derechos. Su implementación no solo beneﬁciará la formación profesional,  

sino también a las instituciones públicas y, sobre todo, a las personas cuyos  

derechos y procesos de vida dependen de evaluaciones psicojurídicas conﬁa-  

bles y de calidad.  

Frente a este diagnóstico, la Universidad de Chile propone la creación del  

Título de Profesional Especialista en Psicología Jurídica, un programa pionero  

en el país que combina formación práctica, supervisión constante y un enfoque  

interdisciplinario, con énfasis en derechos humanos y perspectiva de género⁵¹.  

A diferencia de magísteres o diplomados, este programa articula la enseñanza  

teórica con la inserción temprana en escenarios profesionales reales, incluyendo  

la elaboración, defensa y exposición de informes periciales, intervenciones con  

víctimas de violencia y estrategias de reinserción social. Asimismo, se imple-  

mentará en alianza con instituciones clave del sistema judicial, como el Nuevo  

Servicio de Reinserción Social, servicios especializados en infancia, SernamEG  

y Tribunales de Familia.  

CONTEXTO  

La labor de los psicólogos en contextos judiciales es crucial: por ejemplo, en  

Tribunales de Familia sus peritajes a menudo son determinantes para que un  

juez decida quitar la custodia a un progenitor o enviar a un niño a una residencia  

de protección⁵². Sin embargo, estos profesionales operan en Chile sin regula-  

ción alguna; no existe una norma que los certiﬁque ni autoridad que ﬁscalice  

su idoneidad técnica o ética⁵³.  

En el ámbito de la reinserción social, el programa busca superar prácticas  

estigmatizantes y sesgos implícitos que, en ocasiones, asumen la peligrosidad  

permanente de los adolescentes infractores de ley penal, desconociendo el  

enfoque integrador y rehabilitador de la Ley 20.084. Para ello, se promoverá la  

formación de profesionales capaces de evaluar de manera individualizada las  

trayectorias de vida, utilizando instrumentos validados y metodologías consis-  

tentes que permitan medir el impacto real de las intervenciones en la reducción  

del riesgo de reincidencia y en procesos de integración social. De esta forma,  

se pretende sustituir la actual dispersión metodológica de los programas por  

un trabajo basado en evidencia, con profesionales capacitados en mediación,  

trabajo comunitario y abordajes restaurativos respetuosos del interés superior  

de los NNA, centrándose como foco en el sujeto de atención.  

En la práctica, cualquier psicólogo titulado puede actuar como perito ante los  

tribunales sin necesidad de acreditaciones adicionales ni especialización formal en  

el área jurídico-forense⁵⁴. La lista oﬁcial de peritos psicológicos del Poder Judicial,  

mantenida por las Cortes de Apelaciones, apenas exige presentar el currículum, el  

certiﬁcado de título profesional y acreditar cinco años de experiencia, sin requerir  

formación especíﬁca en psicología jurídica. Esto implica una carencia de estanda-  

rización en las competencias: no hay requisitos uniformes sobre conocimientos  

En cuanto a la atención a víctimas, la propuesta contempla el desarrollo de  

competencias en modelos victimológicos que superen la confusión frecuente  

entre enfoques clínicos y victimológicos. Ello implica una formación sólida en  

evaluación de daño psíquico, diferenciación entre malestar adaptativo y daño  

52 Jara, M. y Albert, C. (2016, 30 de agosto). “Tribunales de Familia: Las graves deﬁ-  

ciencias del sistema de peritos”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2016/08/30/  

tribunales-de-familia-las-graves-deﬁciencias-del-sistema-de-peritos  

53 Duce, M. (2018). “Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal:  

Antecedentes comparados y locales para iniciar el debate”. Revista Ius et Praxis, 24(2),  

223-262. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-00122018000200223  

54 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

50 Duce, M. (2018). “Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal:  

Antecedentes comparados y locales para iniciar el debate”. Revista Ius et Praxis 24(2),  

223-262. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-00122018000200223  

51 Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (2024). https://facso.uchile.cl/  

postgrados/229582/psicologia-juridica  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

forenses, metodologías evaluativas ni entrenamiento especializado antes de que  

un profesional empiece a ofrecer peritajes en causas legales.  

peritos particulares varían enormemente (desde sumas moderadas hasta montos  

que superan el millón de pesos por evaluación) sin que haya un piso ni techo  

tarifario establecido⁵⁹. La consecuencia es doble: por un lado, la falta de control  

permite la incorporación de profesionales sin la preparación mínima adecuada  

al sistema, y por otro, el acceso a peritajes de calidad puede depender de los  

recursos económicos de las partes, generando inequidades en el acceso a la  

justicia⁶⁰.  

El resultado de esta falta de estandarización y control resulta en una amplia  

variabilidad en la calidad de las pericias psicológicas presentadas ante la justicia.  

Diversos reportes han evidenciado serias deﬁciencias técnicas en informes  

periciales. Por ejemplo, un estudio diagnóstico detectó que, especialmente en  

evaluaciones por delitos sexuales, la ausencia de protocolos metodológicos  

claros lleva al uso de instrumentos de análisis sin validación adecuada y a la  

elaboración recurrente de informes con graves falencias⁵⁵. Investigaciones  

periodísticas también han revelado inconsistencias y malas prácticas: en 2016  

se descubrió que algunos peritos privados incluían en sus antecedentes creden-  

ciales académicas inﬂadas o incompletas (como posgrados no ﬁnalizados), lo  

que no les impidió ﬁgurar en los registros oﬁciales y actuar ante tribunales⁵⁶.  

Asimismo, con frecuencia los informes psicológicos carecen de rigor cientíﬁco,  

omitiendo pasos básicos como grabar las entrevistas o explicar claramente la  

base técnica de sus conclusiones⁵⁷. Esto tiene consecuencias potencialmente  

gravísimas: peritajes deﬁcientes o sesgados pueden entregar información  

errónea a los jueces, inﬂuyendo negativamente en las sentencias (los llamados  

“errores resolutivos” en la administración de justicia) y vulnerando derechos de  

las personas involucradas.  

Históricamente, la situación se fue gestando al calor de reformas judiciales  

que aumentaron la necesidad de peritajes psicológicos sin desarrollar a la par  

un marco regulatorio para ellos. La creación de los Tribunales de Familia en  

2005 y la adopción de un sistema oral y acusatorio en lo penal generaron un  

crecimiento sostenido en la utilización de pruebas periciales. Solo en materia  

de familia, el número de casos ingresados casi se duplicó entre 2008 y 2014.  

En particular, la Ley 20.680 de 2013 (que equiparó derechos de padre y madre  

en custodia y visitas) potenció la litigación por cuidado de hijos, aumentando la  

demanda de informes psicológicos que acreditaran la idoneidad parental. Sin  

embargo, las normativas procesales no evolucionaron acorde a este cambio.  

La ley de Tribunales de Familia de 2005 no estableció estándares claros para  

los peritos y se limitó a conservar un registro heredado del sistema antiguo, sin  

actualizar requisitos de acreditación. El resultado fue un vacío reglamentario:  

cualquiera que cumpliera con el título de psicólogo y algunos años de expe-  

riencia podía incorporarse como perito, en un contexto de creciente demanda  

y escasa supervisión.  

Un factor que agrava el problema es la brecha entre la alta demanda de peritajes  

y la capacidad de respuesta del sistema público. Organismos estatales como el  

Servicio Médico Legal (SML) y los equipos de diagnóstico ambulatorio (depen-  

dientes del servicio de protección especializada de infancia y adolescencia) no  

dan abasto para cubrir todas las evaluaciones requeridas, enfrentando sobre-  

carga laboral y recursos limitados⁵⁸. Esta insuﬁciencia abrió un amplio espacio  

para que peritos privados ofrezcan sus servicios en el mercado, muchas veces  

con excelentes réditos económicos, pero sin garantías de calidad. No existe  

tampoco una regulación de aranceles, por lo que los costos que cobran estos  

A nivel operativo, tampoco existieron mecanismos efectivos de control de calidad  

en el actuar cotidiano. La ley faculta al juez para evaluar la objetividad e idoneidad  

de los peritos durante la audiencia⁶¹, pero en la práctica este ﬁltro rara vez se  

aplica rigurosamente. Un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las  

Américas (CEJA) ya advirtió en 2010 que en ninguna de las audiencias obser-  

vadas se discutió la idoneidad del perito presentado como prueba. Abogados  

litigantes conﬁrmaron posteriormente que esta etapa de veriﬁcación suele ser  

un mero trámite formal que no impide la incorporación de peritajes de dudosa  

calidad. De hecho, la norma impide solicitar la inhabilitación de un perito en  

55 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

56 Jara, M. y Albert, C. (2016, 30 de agosto). “Tribunales de Familia: Las graves deﬁ-  

ciencias del sistema de peritos”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2016/08/30/  

tribunales-de-familia-las-graves-deﬁciencias-del-sistema-de-peritos  

59 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

57 Duce, M. (2018). “Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal:  

Antecedentes comparados y locales para iniciar el debate”. Revista Ius et Praxis, 24(2),  

223-262. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-00122018000200223  

60 Jara, M. y Albert, C. (2016, 30 de agosto). “Tribunales de Familia: Las graves deﬁ-  

ciencias del sistema de peritos”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2016/08/30/  

tribunales-de-familia-las-graves-deﬁciencias-del-sistema-de-peritos  

58 Jara, M. y Albert, C. (2016, 30 de agosto). “Tribunales de Familia: Las graves deﬁ-  

ciencias del sistema de peritos”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2016/08/30/  

tribunales-de-familia-las-graves-deﬁciencias-del-sistema-de-peritos  

61 Duce, M. (2018). “Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal:  

Antecedentes comparados y locales para iniciar el debate”. Revista Ius et Praxis, 24(2),  

223-262. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-00122018000200223  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

juicios de familia o penales (a diferencia del ámbito civil), lo que deja como  

única vía impugnar sus conclusiones durante el juicio mismo. En consecuencia,  

profesionales con formación insuﬁciente han podido participar como peritos  

sin un escrutinio previo exhaustivo. Magistrados de familia reconocen que hoy  

la opinión de los peritos es vital para resolver casos complejos, pero que hace  

falta mayor formación tanto para los peritos como para los propios jueces y  

abogados a ﬁn de poder valorar críticamente esos informes⁶².  

Frente a ese diagnóstico, se han planteado diversas iniciativas para abordar las  

falencias detectadas. El estudio de la Corte Suprema recomendó, entre otras  

medidas, reanudar la postergada reforma procesal civil para actualizar las reglas  

probatorias, implementar un sistema en línea que permita evaluar constante-  

mente el desempeño de los peritos, reforzar la formación de jueces, abogados  

y peritos en materia pericial, y estrechar la colaboración entre el Poder Judicial,  

las comunidades académicas y los colegios profesionales para mejorar el control  

y la supervisión del ejercicio pericial⁶⁵. En línea con estas propuestas, en 2022  

ingresó al Senado un proyecto de ley destinado a regular la actividad de los  

peritos judiciales, incluyendo deﬁniciones explícitas del “psicólogo forense” y  

del “peritaje psicológico”, y estableciendo la posibilidad de excluir a peritos que  

incurran en deﬁciencias graves en sus informes⁶⁶. Dicho proyecto (impulsado  

por senadores de diversas bancadas) reﬂeja el consenso transversal sobre la  

necesidad de contar con un marco normativo más exigente para los peritos. A  

nivel administrativo, el Poder Judicial ha continuado elaborando listados bienales  

de peritos y ha reconocido la urgencia de contar con sistemas de evaluación  

de su desempeño, aunque todavía sin un mecanismo institucionalizado de  

ﬁscalización permanente.  

Otro elemento que explica la problemática es la fragmentación de las normas  

aplicables. La regulación sobre peritajes psicológicos se encuentra dispersa y  

ambigua, con diferencias entre los procedimientos de familia, penal y civil. Por  

ejemplo, mientras en la justicia reformada de familia y penal se optó por no exigir  

acreditaciones especíﬁcas ni habilitación formal de los peritos, en el antiguo  

sistema civil sí se contemplaba la posibilidad de inhabilitarlos por causales deﬁ-  

nidas. Esta disparidad normativa ha diﬁcultado establecer criterios uniformes  

de admisibilidad y calidad para la prueba pericial. La propia Corte Suprema ha  

señalado la “fragmentariedad” de la regulación actual sobre peritos y la falta  

de claridad respecto al alcance obligatorio de deﬁniciones legales propuestas  

en recientes intentos de reforma⁶³.  

Desde el ámbito académico y profesional se ha intentado suplir en parte la  

carencia de especialización. Universidades chilenas comenzaron a ofrecer hace  

años diplomados y magísteres en Psicología Jurídica y Forense para brindar  

formación adicional a psicólogos interesados en el área. No obstante, estos  

programas de posgrado, de carácter voluntario, no lograron estandarizar la  

práctica ni asegurar una cobertura suﬁciente de especialistas entrenados en  

el sistema.  

La magnitud del problema ha quedado en evidencia en diagnósticos oﬁciales.  

En 2017, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema realizó el primer estudio  

integral sobre el sistema de peritajes en Chile, identiﬁcando múltiples falencias.  

El informe señaló la ausencia de un diagnóstico general previo y destacó debi-  

lidades en varios planos: vacíos de diseño normativo, insuﬁciente formación de  

los peritos, deﬁciente control ético y profesional de su desempeño, y ausencia  

de comunidades disciplinarias sólidas junto con un escaso peso de los colegios  

profesionales en este campo⁶⁴. Estas limitaciones, subrayó el estudio, afectan  

directamente el funcionamiento de la justicia e incluso la igualdad ante la ley, ya  

que el acceso a peritajes de calidad suele ser costoso y, a falta de estándares  

comunes, los tribunales pueden otorgar un peso decisivo a informes de valor  

técnico desigual.  

La relevancia de intervenir en este problema radica en que la calidad de las  

pericias psicológicas incide directamente en la administración de justicia y en la  

protección de derechos fundamentales. Un sistema de peritaje deﬁciente puede  

traducirse en decisiones judiciales equivocadas o injustas, afectando la vida de  

personas y familias. Informes psicológicos mal realizados o sesgados pueden  

llevar a separaciones arbitrarias de niños de sus cuidadores o, inversamente, a  

dejar sin protección a víctimas de abuso. Del mismo modo, en el ámbito penal,  

una evaluación pericial incorrecta podría contribuir a condenar a un inocente o  

a no identiﬁcar adecuadamente los factores de riesgo de un imputado.  

62 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

63 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

64 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

65 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principales  

resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

66 Senado de Chile (2022). Proyecto de ley que regula el ejercicio de peritos en el sistema  

de justicia. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

En este marco, cobran especial relevancia dos áreas donde la falta de regula-  

ción y formación especializada tiene efectos directos: la reinserción social y la  

atención a víctimas. En cuanto a la reinserción, la ausencia de metodologías  

consistentes y la carencia de instrumentos validados generan programas frag-  

mentados que no logran reducir de manera efectiva los riesgos de reincidencia.  

Muchas intervenciones operan desde supuestos punitivos o con profesionales  

sin competencias en mediación y trabajo comunitario, lo que diﬁculta garantizar  

el enfoque educativo y de oportunidad de integración social que la Ley 20.084  

establece para adolescentes infractores. La falta de protocolos sistemáticos y  

de formación en acompañamiento socioeducativo deriva en prácticas poco  

individualizadas, que pueden vulnerar el interés superior de niños, niñas y  

adolescentes. Cabe destacar el aporte de la ley 21.527, que establece como  

un principio fundamental el de la especialización, lo que plantea desafíos para  

hacerlo efectivo.  

psicólogos. Por ejemplo, Jara y Albert67 documentan las graves deﬁciencias del  

sistema de peritos de los Tribunales de Familia, advirtiendo que en la práctica  

estos profesionales operan sin regulación: no hay norma que los certiﬁque  

ni nadie que ﬁscalice su idoneidad. Asimismo, un informe de la Dirección de  

Estudios de la Corte Suprema68 detectó una ausencia de estándares normativos  

e institucionales claros, junto con debilidades de formación y desempeño de los  

actores del sistema. Esta misma fuente recomienda reforzar la capacitación de  

jueces, litigantes y peritos, e impulsar la colaboración entre el Poder Judicial y las  

organizaciones profesionales para mejorar la supervisión del ejercicio pericial.  

Por su parte, la revisión legislativa del Congreso conﬁrma que los registros de  

peritos están dispersos por cada Corte de Apelaciones sin un padrón uniﬁcado,  

y apunta que no existen instancias de ﬁscalización de la actividad pericial⁶⁹. En  

síntesis, no hay un marco legal ni institucional robusto que estandarice quién  

puede actuar como psicólogo forense ni bajo qué criterios de formación y ética.  

En materia de atención a víctimas, la situación es igualmente crítica. La confusión  

entre enfoques clínicos y victimológicos conduce a diagnósticos imprecisos del  

daño psíquico, con riesgo de confundir reacciones adaptativas con afectaciones  

estructurales. A ello se suma la débil coordinación interinstitucional: Fiscalía,  

programas reparatorios y tribunales suelen trabajar de manera desarticulada,  

lo que provoca duplicidad de entrevistas, desgaste emocional y victimización  

secundaria. La carencia de un marco victimológico robusto y de protocolos  

uniﬁcados impide ofrecer una atención integral y basada en estándares inter-  

nacionales de derechos humanos.  

Esta falta de regulación estructural se traduce en brechas formativas y técnicas  

críticas. En el ámbito educativo, la oferta nacional se limita a algunos magísteres  

y diplomados con fuerte énfasis teórico, mientras que existen pocos espacios  

formales de especialización práctica. El formulario oﬁcial de creación del nuevo  

Título de Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad de Chile apunta  

que esta ausencia de especialización formal ha gestado las condiciones para  

la desregulación del sistema en todas sus vertientes. Como resultado, ha proli-  

ferado un mercado de cursos privados sin estándares de calidad rigurosos. Sin  

un mínimo común de capacitación, pueden ingresar al sistema profesionales  

sin la formación técnica adecuada, lo que genera prácticas profesionales incon-  

sistentes e imprecisas. Estas deﬁciencias técnicas alimentan errores críticos en  

la justicia: los autores de la propuesta de la Universidad de Chile alertan que  

equivocaciones en peritajes pueden conducir a entregar información equivo-  

cada a quienes toman las decisiones, esto es a los jueces de la República⁷⁰.  

Éticamente, también se observan abusos de rol (conﬂictos de interés, irregula-  

ridades en presentación de antecedentes) que una supervisión deﬁciente no  

corrige. En resumen, la formación actual carece de estandarización procedi-  

Desde una perspectiva de equidad, es problemático que solo quienes cuentan  

con recursos para costear peritajes privados de calidad puedan acceder a evalua-  

ciones adecuadas en ámbitos tan sensibles como la reinserción o la reparación  

del daño a víctimas, mientras que los sectores más vulnerables dependen de  

un sistema público fragmentado y sobrecargado.  

En el contexto actual de Chile, marcado por demandas ciudadanas de mejora  

institucional y por reformas orientadas a fortalecer los derechos humanos (como  

la protección especializada de la niñez, la reinserción social juvenil y la atención  

a víctimas de violencia de género), resulta imperativo contar con psicólogos  

jurídicos altamente capacitados, regulados y acreditados que aporten con rigor  

cientíﬁco al quehacer judicial.  

67 Jara, M. y Albert, C. (2016, 30 de agosto). “Tribunales de Familia: Las graves deﬁ-  

ciencias del sistema de peritos”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2016/08/30/  

tribunales-de-familia-las-graves-deﬁciencias-del-sistema-de-peritos  

68 Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con principa-  

les resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes en Chile. https://direccion-  

deestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-peritajes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-re-  

comendaciones  

ANÁLISIS DE POLíTICA: FORMACIÓN DE PSICÓLOGOS JURíDICOS EN CHILE  

69 Truﬀello, P. y Guerra, P. S. (2024). La prueba de peritos y el meta peritaje: Aspectos gene-  

rales de su regulación y aplicación en Chile. Asesoría Técnica Parlamentaria, Biblioteca  

del Congreso Nacional de Chile.  

La literatura especializada y periodística coincide en señalar que en Chile no  

existe una regulación especíﬁca que certiﬁque o ﬁscalice la formación de peritos  

70 Salinas, M. (2009). Teoría y práctica psicológica en el ámbito jurídico: hacia una deﬁni-  

ción del (los) concepto(s) de psicología jurídica. Tesis doctoral. Universidad de Chile.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

mental y metodológica, como se fundamenta desde lo académico, y por ende  

no prepara sistemáticamente a los psicólogos para identiﬁcar y corregir sesgos  

o limitaciones propias de la práctica forense, que comprende también la inter-  

vención victimológica en casos judicializados y diagnósticos precisos en casos  

de reinserción social juvenil y de adultos.  

exactamente a la necesidad señalada de competencias de especialización a  

través de la práctica supervisada, que el documento oﬁcial identiﬁca como único  

camino para corregir errores profesionales en el tiempo⁷¹. En segundo lugar, el  

programa es interdisciplinario: se dicta conjuntamente desde los departamentos  

de Psicología y la Facultad de Derecho, y el currículum incluye cursos de derecho  

penal, de familia, de sistemas penitenciarios, además de criminología y victimo-  

logía. Esto articula el saber psicológico con el normativo, tal como requiere el  

trabajo psicojurídico, y fortalece el trabajo en equipo entre psicólogos, jueces  

y abogados.  

En este último punto, la falta de formación especializada afecta con particular  

gravedad a dos ámbitos sensibles. Por un lado, los programas de reinserción  

social operan con metodologías dispares y escasa evidencia empírica, lo que  

se traduce en intervenciones fragmentadas y poco efectivas para reducir la  

reincidencia. Con frecuencia, se observa que psicólogos formados en clínica son  

incorporados sin competencias en mediación comunitaria o justicia restaurativa, lo  

que diﬁculta responder al enfoque educativo y de oportunidad que la Ley 20.084  

consagra para adolescentes infractores. La ausencia de instrumentos validados  

y de protocolos de seguimiento limita la posibilidad de medir el impacto real de  

estas intervenciones, generando un panorama de desconﬁanza en su efectividad.  

Por otro lado, en el campo de la atención a víctimas, la confusión entre enfoques  

clínicos y victimológicos ha producido evaluaciones poco precisas del daño  

psíquico, duplicidad de entrevistas y, en ocasiones, victimización secundaria. La  

falta de protocolos uniﬁcados y de coordinación interinstitucional entre Fiscalía,  

programas reparatorios y tribunales impide garantizar una atención integral y  

respetuosa de los derechos humanos, especialmente en casos de violencia de  

género y delitos sexuales.  

Tercero, la perspectiva de género y derechos humanos está integrada de modo  

explícito. El programa propone formar a los profesionales desde una matriz de  

género y derechos humanos. Se imparten asignaturas dedicadas a esta área:  

entre ellas, un curso de Derechos Humanos y Violencias y otro de Violencia  

de Género: Marco Jurídico y Abordaje Psicológico, así como contenidos sobre  

victimología y política de género. Esta orientación responde a la emergencia de  

nuevas demandas sociales: por ejemplo, la reciente política nacional de igualdad  

de género abre un nuevo espacio de intervención a la psicología que requiere  

especialistas en psicología victimológica con enfoque de género.  

Un cuarto eje central del programa será precisamente la atención a víctimas y  

la reinserción social. En este campo, los estudiantes desarrollarán competen-  

cias especíﬁcas para la evaluación del daño psíquico con base victimológica,  

la prevención de la victimización secundaria y la articulación intersectorial en  

contextos judicializados. Asimismo, la formación en reinserción social contempla  

el diseño y ejecución de planes de intervención individualizados para adoles-  

centes y adultos en conﬂicto con la ley penal, con énfasis en justicia restaurativa,  

uso de instrumentos validados y acompañamiento comunitario. De este modo,  

se busca responder a las críticas actuales de dispersión metodológica y falta de  

evidencia empírica, instalando estándares que fortalezcan la conﬁanza pública  

en las medidas de reinserción y en la atención integral a víctimas.  

En el ámbito internacional existen experiencias más avanzadas en la profesiona-  

lización de la Psicología Jurídica. Por ejemplo, en España el Colegio Oﬁcial de  

Psicólogos cuenta con un programa de acreditación nacional para psicólogos  

forenses/jurídicos: exige una formación teórico-práctica extensa, la presentación  

de informes evaluados y la defensa ante un tribunal colegiado. Este modelo  

obligaría a uniformar criterios y garantizar competencias mínimas (Rospide,  

2015). En Colombia, el Estado exige certiﬁcación oﬁcial a los peritos forenses (a  

través del Instituto de Medicina Legal) y el Colegio Colombiano de Psicólogos  

mantiene un listado oﬁcial de peritos con formación especializada en psicología  

jurídica y forense. Estas referencias muestran que otros países han buscado  

asegurar la idoneidad profesional mediante acreditación formal, un requisito  

aún ausente en Chile.  

Finalmente, el programa busca estandarizar criterios técnicos, éticos y metodo-  

lógicos. Se busca desarrollar competencias que impliquen la escrituración de  

informes diagnósticos y periciales y la exposición oral de los mismos estructu-  

rados según normativas vigentes. El énfasis en la supervisión constante crea  

un sistema de evaluación que mide las competencias del estudiante y garan-  

tiza la mantención del saber en el tiempo. Esto contrasta con los magísteres  

actuales, que son de corte académico y no centran su formación en corregir  

errores prácticos aun cuando se declaren profesionalizantes. De esta forma,  

Frente a este diagnóstico, el nuevo programa de Título Profesional Especialista  

en Psicología Jurídica de la Universidad de Chile propone varios mecanismos  

para subsanar las brechas detectadas. En primer lugar, enfatiza la práctica  

clínica supervisada y continua: desde el primer año los estudiantes trabajan  

en campos clínicos directos bajo supervisión académica, y el plan incluye tres  

cursos de Campo Clínico (I, II, III). Tal enfoque de formación intensiva responde  

71 Salinas, M. (2009). Teoría y práctica psicológica en el ámbito jurídico: hacia una deﬁni-  

ción del (los) concepto(s) de psicología jurídica. Tesis doctoral. Universidad de Chile.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VII. EDUCACIóN  

el TPE de la Universidad de Chile intenta establecer un estándar nacional de  

calidad: al graduarse, los psicólogos habrán recibido una formación intensiva  

con criterios homogéneos.  

que los estudiantes se formen en contextos reales, con diversidad terri-  

torial y poblacional, asegurando pertinencia cultural y acceso equitativo  

a una atención especializada.  

En conjunto, la iniciativa de la Universidad de Chile actúa como respuesta a  

las deﬁciencias técnicas, metodológicas y éticas señaladas: incorpora campos  

clínicos supervisados, contenidos interdisciplinarios, ejes de género y derechos  

humanos y pautas metodológicas uniformes, al tiempo que integra como ejes  

prioritarios la atención a víctimas y la reinserción social. Con ello, contribuye  

a llenar el vacío formativo y ético del sistema actual, introduciendo en el país  

un modelo de especialización formal que podría servir de base para futuras  

regulaciones oﬁciales.  

•

•

Implementar un sistema nacional de monitoreo y evaluación del ejercicio  

pericial, para asegurar que los peritos mantengan su idoneidad en el  

tiempo. Una respuesta concreta es crear una plataforma en línea que  

registre, evalúe y retroalimente la calidad de los informes presentados  

ante tribunales. Esto permitiría detectar falencias recurrentes, implementar  

mejoras continuas y vincular la acreditación a estándares técnicos veriﬁ-  

cables. Los protocolos de seguimiento deben abarcar tanto pericias en  

causas penales y de familia como diagnósticos en reinserción social y  

evaluaciones victimológicas.  

PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA POLíTICA  

PÚBLICA  

Conformar un comité técnico interdisciplinario encargado de establecer  

estándares metodológicos, éticos y formativos para la psicología jurídica.  

Frente a la pregunta sobre cómo garantizar una práctica homogénea,  

basada en evidencia y de calidad en todo el país, esta medida busca que  

se desarrollen guías claras de actuación profesional, criterios uniformes  

para la elaboración de informes periciales y protocolos diferenciados  

según materia (penal, familia, civil). En particular, se deben generar están-  

dares especíﬁcos para diagnósticos de daño psíquico en víctimas y para  

planes de intervención individualizados en reinserción social, fortaleciendo  

así la coherencia entre instituciones y territorios.  

El primer paso para diseñar una política pública integral en esta área ya lo dio la  

Universidad de Chile con la creación del primer Título Profesional de Especialista  

en Psicología Jurídica. Lo que se proyecta a partir de su implementación es:  

•

Promover la creación de un marco normativo que exija formación espe-  

cializada y acreditada en psicología jurídica para ejercer como perito  

judicial. Esta medida busca abordar la pregunta central sobre quién puede  

ejercer como psicólogo forense en el sistema chileno, proponiendo que  

solo quienes cuenten con una formación sistemática y evaluada, como  

el nuevo Título Profesional Especialista, puedan ser incorporados a los  

registros oﬁciales de peritos. Implica modiﬁcar leyes clave como la de  

Tribunales de Familia y establecer un registro único nacional de peritos  

acreditados, lo que permitirá garantizar estándares mínimos y reducir  

errores resolutivos en causas críticas.  

•

Diseñar e implementar programas obligatorios de formación para jueces,  

ﬁscales, defensores y abogados en torno al uso, valoración y límites  

del peritaje psicológico. No siempre los operadores jurídicos saben  

interpretar adecuadamente un informe psicojurídico. Se propone una  

formación cruzada que les permita comprender los alcances del rol del  

perito, identiﬁcar sesgos o errores y evaluar críticamente la calidad de  

las pericias, evitando así fallos judiciales basados en evidencia débil o  

mal comprendida. Un módulo especíﬁco debiera abordar la victimología  

aplicada y la reinserción social, de modo que el sistema de justicia en su  

conjunto adquiera un manejo informado y responsable de estas áreas  

especialmente sensibles.  

•

•

Asegurar ﬁnanciamiento público sostenido para programas de formación  

especializada como el propuesto por la Universidad de Chile. Dado que  

muchas veces el acceso a educación avanzada está condicionado por  

factores económicos, es fundamental garantizar becas, fondos concursa  

-

bles y convenios institucionales que permitan que psicólogos/as del sector  

público o de regiones alejadas puedan especializarse. De otra forma se  

corre el riesgo de que la formación se concentre en élites urbanas y que  

se mantenga la desigualdad en la calidad profesional.  

Establecer alianzas estratégicas entre universidades e instituciones del  

sistema judicial y de protección de derechos para el desarrollo de campos  

clínicos supervisados en provincias. Estas alianzas deben incluir disposi-  

tivos de atención a víctimas y programas de reinserción social, de manera  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

REFERENCIAS  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Araneda, F. y Seisdedos, L. (2019). Propuesta de pauta de evaluación de validez  

de pericias psicológicas en habilidades parentales. Memoria de título,  

Universidad de Chile.  

Dirección de Estudios de la Corte Suprema (2017). Peritaje en Chile: Informe con  

principales resultados del estudio diagnóstico de los sistemas de peritajes  

en Chile. https://direcciondeestudios.pjud.cl/estudio-acerca-de-los-perita-  

jes-en-chile-diagnostico-propuestas-y-recomendaciones  

Las infancias y juventudes constituyen una dimensión estratégica del desarrollo  

social y territorial. Su bienestar, participación y ejercicio de derechos inciden  

directamente en la sostenibilidad de las sociedades y en la cohesión demo-  

crática. En un contexto marcado por incertidumbre global, transformaciones  

culturales y aceleración tecnológica, reconocer a niños, niñas y adolescentes  

como sujetos activos —capaces de incidir en las decisiones que afectan su  

vida cotidiana— es una condición esencial para la construcción de futuros más  

justos e inclusivos. Su participación no solo responde a un mandato ético, sino  

que amplía la pertinencia, la innovación y la efectividad de las políticas públicas,  

fortaleciendo la resiliencia de los territorios.  

Duce, M. (2018). “Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia  

penal: Antecedentes comparados y locales para iniciar el debate”. Revista Ius et  

Praxis, 24(2), 223-262. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-00122018000200223  

Jara, M. & Albert, C. (2016, 30 de agosto). “Tribunales de Familia: Las graves  

deﬁciencias del sistema de peritos”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.  

cl/2016/08/30/tribunales-de-familia-las-graves-deﬁciencias-del-sistema-de-peritos  

Universidad de Chile (2024). Formulario creación programa de título de profe-  

sional especialista en Psicología Jurídica (Documento oﬁcial). Facultad de  

Ciencias Sociales, Universidad de Chile.  

Históricamente, las políticas dirigidas a estos grupos se han caracterizado por  

su fragmentación y por un enfoque centrado en la protección o la asistencia,  

más que en el reconocimiento de su agencia. Este marco restringido ha limitado  

la capacidad de las instituciones para incorporar las voces y experiencias de la  

infancia y juventud en la formulación de políticas, reduciendo el impacto de las  

intervenciones y perpetuando brechas en participación, desarrollo socioemo-  

cional y ciudadanía activa. La ausencia de mecanismos sostenidos y articulados  

entre sectores diﬁculta la creación de políticas integrales, generando respuestas  

parciales frente a desafíos complejos.  

Rospide, C. G. (2015, 6 de abril). La psicología jurídica en Chile. Pensamiento  

Penal.  

Salinas, M. (2009). Teoría y práctica psicológica en el ámbito jurídico: hacia  

una deﬁnición del (los) concepto(s) de psicología jurídica. Tesis doctoral.  

Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105768  

Senado de Chile. (2022). Proyecto de ley que regula el ejercicio de peritos en  

La línea de investigación Infancia y Juventud del CLIPP busca revertir esta  

tendencia mediante un enfoque integral de derechos, ciudadanía activa y corres-  

ponsabilidad social. Su propósito es generar conocimiento que vincule a jóvenes  

e instituciones en torno a las transformaciones territoriales, los impactos del  

entorno digital, las trayectorias vitales y los riesgos sociales emergentes. La línea  

combina metodologías cualitativas y cuantitativas, estudios de caso y análisis  

territorial con plataformas de participación digital, promoviendo la co-creación  

intergeneracional y el fortalecimiento del rol de niñas, niños y adolescentes  

como agentes de innovación social y comunitaria.  

el sistema de justicia. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl  

Truﬀello, P. y Guerra, P. S. (2024). La prueba de peritos y el meta peritaje:  

Aspectos generales de su regulación y aplicación en Chile. Asesoría Técnica  

Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.  

“Participación de la niñez y adolescencia en procesos de política: recomen-  

daciones para la esfera pública” fue elaborado por Mahía Saracostti y Carlos  

Andrade, académicos del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de  

Chile y codirectores de la Cátedra UNESCO: Bienestar de la Niñez y Juventud,  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Educación y Sociedad. Este documento propone recomendaciones orientadas  

a fortalecer la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de  

política, entendida como un derecho fundamental que articula otros derechos y  

contribuye a la cohesión social y al bienestar socioemocional. Su aporte central  

radica en identiﬁcar y superar barreras estructurales, culturales y territoriales,  

promoviendo mecanismos permanentes, intersectoriales y vinculantes que  

permitan la efectiva incorporación de las infancias en la toma de decisiones  

públicas. En diálogo con otros policy briefs del capítulo, este trabajo subraya  

la importancia de situar a la niñez y adolescencia como actores clave en la  

construcción de políticas inclusivas y democráticas, consolidando un enfoque  

basado en derechos en la esfera pública.  

1. PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN  

PROCESOS DE POLÍTICA: RECOMENDACIONES PARA LA  

ESFERA PÚBLICA  

Mahía Saracostti Schwartzman  

Departamento de Trabajo Social  

Directora de la Cátedra UNESCO: Bienestar de la Niñez y Juventud, Educación y Sociedad  

Universidad de Chile  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9673-5727  

“Orientaciones para el trabajo de reparación de niños, niñas y adolescentes  

víctimas de violación de derechos bajo tutela estatal”, desarrollado por Matías  

Marchant Reyes, Camilo Morales Retamal y María Elena Acuña Moenne, de la  

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, aborda la violencia  

institucional sufrida por niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) bajo la tutela  

del Estado, tanto en dispositivos de administración directa como en organismos  

colaboradores y coayudantes. Reconocida a nivel nacional e internacional desde  

la creación del Servicio Nacional de Menores (SENAME), la propuesta entrega  

directrices para fortalecer el enfoque de reparación y cuidado.  

mahia.saracostti@uchile.cl  

Carlos Andrade Guzmán  

Académico del Departamento de Trabajo Social  

Codirector de la Cátedra UNESCO: Bienestar de la Niñez y Juventud, Educación y Sociedad  

Universidad de Chile  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4150-032X  

carlos.andrade@uchile.cl  

“El sentido de un Observatorio de Niñez de Fundación Colunga”, elaborado  

por Paloma del Villar Tagle, Arturo Celedón de Andraca y Samanta Alarcón, del  

Observatorio de Niñez de Fundación Colunga, describe cómo la Fundación y sus  

aliados impulsaron un salto cualitativo: construir un observatorio independiente  

que articule datos robustos, marcos conceptuales claros y estrategias de comu-  

nicación efectivas. Inspirado en experiencias internacionales como Kids Count  

en Estados Unidos y Observatoire des tout-petits en Quebec, el Observatorio  

busca ser un puente entre evidencia y acción, situando el bienestar de la niñez  

en el centro del modelo de desarrollo del país y promoviendo la colaboración  

entre sociedad civil, academia y Estado para generar evidencia e incidencia  

sostenida en políticas de infancia.  

1. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN PROCESOS DE POLíTICA: IDENTIFICANDO  

BRECHAS EN EL RECONOCIMIENTO DE LAS VOCES DE LAS NIñECES  

La situación de la niñez y adolescencia en Chile en 2025 presenta avances  

relevantes, pero también desafíos estructurales que exigen una respuesta  

urgente y coordinada. Según el Índice de Bienestar Infantil 2025 de UNICEF, el  

país ha mejorado en indicadores de acceso a educación y salud, pero persisten  

brechas signiﬁcativas en bienestar emocional, participación y equidad territorial:  

el 18,4% de los NNA vive en situación de pobreza multidimensional, y un 15,5%  

se encuentra en trabajo infantil, lo que afecta directamente sus trayectorias  

educativas, bienestar y oportunidades de desarrollo. En esta misma línea, la  

evidencia disponible señala que Chile ocupa una posición crítica entre los países  

OCDE en su desempeño en tanto promoción y protección de los derechos de  

la niñez y adolescencia.  

En cuanto al principio de participación de niños, niñas y adolescentes en aque-  

llos ámbitos de la vida que les competen, considerando su derecho a formar  

parte dichos procesos en diálogo con el desarrollo de su autonomía progresiva  

(Naciones Unidas, 1989), la necesidad de condiciones que contribuyan al derecho  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

a su participación se advierte como un elemento que requiere transversalizarse  

en los distintos sectores de la política pública. Al respecto, un primer elemento  

clave es la escasez de información relevante sobre indicadores que observen si  

las y los adolescentes se sienten capaces de incidir, si sus opiniones son escu-  

chadas o si pueden ejercer poder real de decisión en sus entornos cercanos,  

como la familia, escuela y comunidad. Con base en los datos disponibles de su  

participación general en organizaciones persisten brechas de género y según  

situación migratoria. La participación en organizaciones o grupos organizados  

alcanza al 25,5% de los niños y adolescentes hombres y 19,7% en niñas y adoles-  

centes mujeres, mientras que los niños, niñas y adolescentes migrantes presentan  

una participación de 16,9% frente al 23,1% de los nacidos en Chile. En esta área,  

los niños, niñas y adolescentes identiﬁcan como brechas principales además la  

ausencia de información sistematizada sobre participación, su escasa presencia  

en los espacios de toma de decisiones, la generalizada baja participación en  

organizaciones y el sentimiento de no sentirse oídos y comprendidos por las  

personas adultas. Asimismo, la dimensión territorial incide fuertemente en las  

oportunidades de participación. Niños, niñas y adolescentes que residen en zonas  

rurales, en contextos de segregación urbana o en territorios con baja inversión  

pública enfrentan mayores barreras para acceder a organizaciones juveniles,  

espacios culturales y recreativos. A ello se suma la persistente brecha digital,  

que obstaculiza la participación en entornos digitales, hoy fundamentales para  

el ejercicio de la ciudadanía. La desigualdad en el acceso a internet y tecno-  

logías de calidad limita la posibilidad de involucrarse en iniciativas educativas,  

comunitarias o políticas mediadas por lo digital, profundizando la exclusión.  

desarrollo sostenible y la cohesión social. A Future for the World’s Children? de  

la Comisión OMS, UNICEF y The Lancet subraya que todas las decisiones guber-  

namentales deben ser evaluadas en función de su impacto en la niñez, propo-  

niendo un enfoque transversal e intersectorial. De igual forma, la Convención  

sobre los Derechos establece que el interés superior del niño debe ser una  

consideración primordial en todas las medidas que les afecten, y la Agenda  

para el Desarrollo Sostenible reconoce explícitamente la centralidad de los  

derechos y el bienestar infantil y juvenil.  

En Chile, pese a avances normativos y programáticos, persisten brechas estructu-  

rales y culturales que restringen el ejercicio efectivo del derecho a la participación.  

Diversos estudios muestran que las políticas públicas, si bien han incorporado  

mecanismos de consulta, en muchos casos se limitan a instancias simbólicas,  

sin asegurar un impacto real en la toma de decisiones. Esta situación reﬂeja la  

persistencia de un adultocentrismo estructural, entendido como la tendencia a  

subordinar la voz de NNA a la de los adultos, lo que restringe oportunidades de  

participación genuina y limita el desarrollo de competencias ciudadanas tempranas.  

En este sentido, adoptar un enfoque que busque asegurar el derecho de la  

participación de la niñez en procesos de política pública, implica fortalecer su  

arquitectura buscando comprender este derecho como un elemento articulador  

en todas las áreas de la vida que les afectan: educación, salud, protección social,  

vivienda, justicia, medio ambiente, seguridad, transporte y cultura, por nombrar  

algunas. Esto requiere mecanismos institucionales de aseguramiento de la parti-  

cipación de niños, niñas y adolescentes, que se operacionalicen en mecanismos  

de coordinación intersectorial, presupuestos con enfoque de derechos, y sistemas  

Más allá de las cifras, las barreras culturales y estructurales siguen condicio  

-

permanentes de participación infantil y adolescente, garantizando que sus pers  

pectivas sean consideradas en todas las etapas del ciclo de política pública.  

-

nando la participación sustantiva de NNA. La cultura política en Chile y en  

gran parte de América Latina continúa priorizando la voz adulta, relegando  

la opinión de NNA a espacios consultivos sin capacidad de incidencia. Esto  

contribuye a generar frustración y desafección temprana hacia la vida pública,  

disminuyendo la percepción de eﬁcacia política y el interés por involucrarse en  

procesos colectivos. Este déﬁcit no solo limita la adquisición de competencias  

ciudadanas tempranas, sino que también debilita la legitimidad democrática y  

reduce el capital social, elementos centrales desde un sentido democrático.  

2. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN PROCESOS DE POLíTICA: DE LO QUE NOS HABLA  

LA EVIDENCIA  

La participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) constituye un derecho  

humano fundamental, reconocido en la Convención sobre los Derechos del  

Niño, entre otros, en su artículo 12, que establece que toda persona menor a  

18 años tiene derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos  

que le conciernen y a que estas opiniones sean debidamente consideradas.  

Este principio se ha consolidado como un eje normativo y ético para la cons-  

trucción de sociedades democráticas inclusivas y para el desarrollo integral de  

la infancia y la adolescencia. Investigaciones recientes conﬁrman que la parti-  

cipación desde edades tempranas también fortalece el sentido de pertenencia  

y la cohesión social.  

Este escenario refuerza la necesidad de que la niñez y adolescencia se sitúe en  

el centro de todas las políticas públicas de manera transversal, superando la  

lógica sectorial fragmentada y asegurando que todas las decisiones estatales  

consideren sus voces como un eje prioritario.  

En cuanto a esto, a nivel internacional existe un consenso creciente en que  

poner a la niñez y adolescencia en el centro de todas las políticas públicas no  

es solo un imperativo ético y jurídico, sino también una estrategia clave para el  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

La evidencia cientíﬁca muestra que los NNA que participan activamente en  

sus comunidades desarrollan competencias ciudadanas clave, como delibe-  

ración, negociación y resolución pacíﬁca de conﬂictos, además de fortalecer  

su autoestima y conﬁanza en las instituciones. Además, la falta de espacios  

participativos se asocia con efectos negativos en la salud mental y el bienestar  

socioemocional de los NNA. En este sentido, la participación sustantiva contri-  

buye directamente al fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y la  

resiliencia comunitaria. De esta manera, la falta de participación en la infancia  

restringe la construcción de capital cívico desde etapas tempranas, limitando  

el aprendizaje de prácticas democráticas colaborativas que sostienen la vida  

comunitaria y genera una pérdida de capital democrático para el futuro.  

4. Comprender la participación como un derecho relacionado con otros,  

lo que implica que la generación de condiciones para la participación  

efectiva requiere abordajes integrales y articulados.  

5. Transversalizar la perspectiva de la niñez en todas las políticas públicas,  

incluyendo sectores tradicionalmente ajenos como obras públicas, trans-  

porte o energía.  

6. Reconocer las necesidades diversas y complejas que enfrentan las niñeces  

como un desafío central para garantizar su participación en diversos  

espacios.  

7. Adoptar una perspectiva intersectorial como condición de base para  

promover una participación efectiva y articulada en los distintos ámbitos  

del bienestar.  

3. DESAFíOS Y ESPACIO EN EL CUAL SE SITÚA ESTE TRABAJO  

8. Reconocer a niños, niñas y adolescentes (NNA) como co-productores de  

diversos espacios, incluido el ámbito urbano y desde su capacidad de  

construcción de diálogos intergeneracionales.  

Los elementos expuestos en los apartados precedentes permiten identiﬁcar la  

existencia de desafíos en materia de condiciones para la participación infantil  

en procesos de política. Desde este marco, este policy brief tiene por objetivo  

generar recomendaciones para la esfera pública en favor de fortalecer la parti-  

cipación de la niñez y la adolescencia en los procesos de política, considerando  

dos líneas principales: (1) orientaciones y sentidos generales que promuevan  

su participación y (2) condiciones concretas de implementación para favorecer  

la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de política.  

9. Asegurar que la participación de NNA sea sustantiva y vinculante, como  

condición para ciudades más seguras y con sentido de pertenencia.  

10. Promover ciudades amigables con la infancia, integrando bienestar socioe-  

mocional, seguridad y equidad territorial.  

11. Impulsar formas diversas de participación infantil no meramente consultiva  

adaptadas a cada etapa del ciclo evolutivo en el que se encuentren niñas,  

niños y adolescentes, en tanto la participación signiﬁcativa se asocia con  

mejor salud mental, resiliencia, sentido de pertenencia y de comunidad,  

así como con agencia cívica.  

4. RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA  

A continuación, se presentan un conjunto de recomendaciones que apuntan  

en la línea de promover condiciones para asegurar la participación de niños,  

niñas y adolescentes en los diversos procesos de política pública. Estos se  

plantean como mínimos o umbrales desde los cuales partir y que, desde una  

perspectiva de derechos, no acaban la reﬂexión en un tránsito permanente por  

buscar “máximos” en materia de ejercicio de derechos.  

12. Generar espacios seguros y de apoyo para que los NNA expresen preo-  

cupaciones y accedan a orientación y retroalimentación adecuada.  

13. Impulsar una ciudadanía digital crítica como competencia cívica básica,  

desde la alfabetización mediática hasta la protección de datos en entornos  

digitales.  

A nivel de orientaciones generales y de sentido  

14. Asegurar que la participación infantil esté acompañada por las familias,  

integrando el principio de autonomía progresiva con programas de crianza  

positiva y políticas de conciliación trabajo-familia que propicien el acom-  

pañamiento de parte de adultos signiﬁcativos.  

1. Reconocer el rol que niñas, niños y adolescentes tienen de participar en  

toda política que les afecte en tanto titulares de derecho.  

2. Concebir la participación de NNA como el “derecho de los derechos”,  

base del ejercicio ciudadano y criterio para evaluar el cumplimiento de  

otros derechos.  

15. Favorecer la cocreación de conocimientos intergeneracionales como  

insumo sustantivo para políticas públicas.  

3. Asegurar la participación de niñas, niños y adolescentes en los diferentes  

momentos de la política pública (diseño, implementación y evaluación).  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Condiciones concretas de implementación para favorecer la participación de  

niños, niñas y adolescentes en los procesos de política  

14. Finalmente, en relación a los equipos que son llamados a implementar  

iniciativas de infancia en los territorios, se vuelve necesario asegurarles  

condiciones efectivas para que puedan llevar adelante procesos parti-  

cipativos sostenibles con niños, niñas y adolescentes en los procesos  

de política. Entre otros, condiciones se seguridad laboral en términos de  

contratación para que los procesos, en especial, los de largo aliento, se  

vuelvan sostenibles desde una disminución de los niveles de rotación  

profesional; asegurar números de casos adecuados con los que inter-  

vienen, acorde a niveles de complejidad y dispersión territorial; promover  

un volumen de carga administrativa que facilite procesos dialogantes de  

calidad con niños, niñas y adolescentes.  

1. Creación de Consejos Locales de Niñez articulados con consejos comu-  

nales para incidir en decisiones de política.  

2. Implementación de rutas seguras para el tránsito de niños, niñas y adoles-  

centes con cruces protegidos y movilidad activa para que puedan sumarse  

a espacios de decisión pública.  

3. Asegurar la incorporación obligatoria de perspectivas infantiles en planes  

reguladores mediante talleres, mapeos y presupuestos participativos  

con cuota infantil.  

5. CONCLUSIÓN  

4. Desarrollo de infraestructura verde comunitaria (plazas, patios, huertos  

escolares) con mantenimiento local y enfoque de equidad territorial que  

promueva su participación activa conforme su etapa de desarrollo.  

Este policy brief tuvo por objetivo generar recomendaciones para la esfera  

pública con el ﬁn de fortalecer la participación de la niñez y la adolescencia en  

los procesos de política. Dichas recomendaciones se sostienen en la convicción  

de que la participación de niños, niñas y adolescentes constituye un derecho  

fundamental y articulador de otros derechos, cuya efectivización exige superar  

barreras estructurales, culturales y territoriales. Invertir de manera constante  

en mecanismos permanentes, intersectoriales y vinculantes no solo contri-  

buye al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado al ratiﬁcar la  

Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también permite fortalecer  

el bienestar socioemocional de las infancias, y contribuye a la cohesión social  

y a la calidad democrática de la sociedad.  

5. Creación de consejos escolares de NNA, cabildos e instancias delibera-  

tivas intergeneracionales, acompañadas por adultos relevantes y facili-  

tadores de procesos.  

6. Inclusión de formación ciudadana y derechos en el currículo escolar.  

7. Establecimiento de redes locales de salud mental infanto-adolescente,  

con puertas de entrada en Atención Primaria, escuelas y organizaciones  

comunitarias .  

8. Implementación de educación digital integral desde la educación parvu-  

laria y conectividad universal en barrios y escuelas.  

En este sentido, la evidencia internacional y nacional muestra que la participación  

signiﬁcativa genera beneﬁcios directos en el bienestar emocional, las compe-  

tencias ciudadanas y la cohesión. Por ello, invertir en estructuras participativas  

constituye no solo un imperativo jurídico y ético, sino también una estrategia de  

desarrollo sostenible y de consolidación democrática a largo plazo.  

9. Creación de plataformas digitales municipales de participación que sean  

accesibles, seguras y multilingües, con trazabilidad pública.  

10. Incorporación de indicadores de logro en alfabetización mediática y  

ciudadanía digital en bases curriculares nacionales.  

En deﬁnitiva, situar la participación infantil en el centro de las políticas públicas  

supone reconocer a niños, niñas y adolescentes como actores legítimos de la  

vida social y política, lo que demanda voluntad de los cuerpos políticos, recursos  

estables y la superación de prácticas adultocéntricas.  

11. Establecimiento de fondos concursables para laboratorios cívico-digitales  

escolares con proyectos liderados por NNA.  

12. Fortalecimiento de programas de crianza positiva basados en evidencia  

y en diálogo con medidas de conciliación trabajo-familia.  

13. Garantizar el acceso universal a servicios de bienestar social, con foco  

en ruralidad y barrios segregados.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Comité de los Derechos del Niño (2021). Observación general núm. 25 (2021)  

REFERENCIAS  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

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doi.org/10.1177/02673231211048948  

2. ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE REPARACIÓN DE  

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS  

DE VIOLACIÓN DE DERECHOS MIENTRAS HAN ESTADO  

BAJO LA TUTELA DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES  

(SENAME)  

Livingstone, S., Mascheroni, G. & Staksrud, E. (2017). “European research on  

children’s internet use: Assessing the past, anticipating the future”. New  

Media & Society, 19(7), 1103-1122.  

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doi.org/10.1177/0907568218777292  

Matías Marchant Reyes  

Departamento de Psicología  

Universidad de Chile  

Manning, N., Edwards, K. & Stoker, G. (2017). “Young people and democratic life:  

New forms of participation”. Parliamentary Aﬀairs, 70(1), 211-232. DOI: https://  

doi.org/10.1093/pa/gsw031  

https://orcid.org/0000-0001-9850-9988  

matiasmarchant@uchile.cl  

Mascheroni, G. & Ponte, C. (2022). Digital parenting: The challenges for families  

in the digital age. Nordicom.  

Camilo Morales Retamal  

Escuela de Postgrado  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-7152-1415  

camilomorales@uchile.cl  

María Elena Acuña Moenne  

Departamento de Antropología  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0005-5208-0465  

maacuna@uchile.cl  

El documento aborda la violencia institucional ejercida contra niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes (NNAJ) bajo tutela del Estado en Chile desde la creación  

del SENAME en 1979 hasta la actualidad. En una primera parte se presentan  

antecedentes nacionales e internacionales que han documentado y reconocido  

la magnitud de las violaciones de derechos, destacando los informes parlamen-  

tarios nacionales, el Informe Misión SENAME del Instituto Nacional de Derechos  

Humanos (INDH), las observaciones del Comité de los Derechos del Niño (CDN)  

de Naciones Unidas y la reciente sentencia de la Corte Interamericana de  

Derechos Humanos (CIDH). A continuación, se examinan las principales reformas  

institucionales impulsadas por el Estado desde 2018, junto con la creación en  

2025 de la Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad  

sobre Violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes  

bajo la custodia del SENAME o en sistemas de cuidados alternativos.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Sobre esta base, el texto desarrolla el concepto de reparación integral en el  

sistema internacional de derechos humanos, considerando sus cinco compo-  

nentes: indemnización, investigación y sanción, rehabilitación, satisfacción y  

garantías de no repetición. De manera particular, se profundiza en la reparación  

simbólica, destacando medidas como los sitios de memoria, actos de recono-  

cimiento, señaléticas conmemorativas, programas educativos y acciones de  

formación profesional. Finalmente, se proponen criterios y prioridades para  

orientar las recomendaciones, subrayando la importancia de políticas públicas  

que articulen medidas materiales, colectivas y estructurales, que fortalezcan  

las capacidades institucionales y sociales para asegurar verdad, reparación y  

no repetición. Se abordan en particular las medidas de reparación simbólicas,  

la creación de archivos y estrategias de formación ciudadana.  

sexual, obstaculización de la relación con la familia de origen y ausencia de  

planes de reinserción social. Posteriormente, en sus observaciones ﬁnales de  

2022, el Comité reiteró la urgencia de adoptar medidas inmediatas de repara-  

ción y de fortalecer las instituciones encargadas de la protección de la niñez  

con el ﬁn de asegurar la no repetición de las graves situaciones detectadas.  

Asimismo, la CIDH se pronunció en la sentencia denominada “Adolescentes  

recluidos en centros SENAME vs. Chile (2024/2025)”, declarando la respon  

-

sabilidad del Estado por las condiciones indignas de reclusión y por la muerte  

de diez jóvenes en un incendio en el centro “Tiempo de Crecer”. El tribunal  

ordenó un paquete integral de reparaciones que contempló atención psicoló-  

gica y médica para las víctimas sobrevivientes y sus familias, indemnizaciones  

económicas, la publicación íntegra de la sentencia como medida de reparación  

simbólica, capacitación en derechos humanos para el personal de los centros,  

reformas estructurales en los sistemas de detención juvenil y la creación de  

una comisión de verdad sobre la violencia institucional ocurrida en el SENAME.  

1. ANTECEDENTES SOBRE LA CRISIS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN E  

INTERNACIÓN DE NIñOS, NIñAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CHILE  

La violencia institucional ejercida en Chile contra niños, niñas, adolescentes  

y jóvenes bajo la tutela del Estado—tanto en dispositivos de administración  

directa como en organismos colaboradores y coadyuvantes en general— ha  

sido ampliamente documentada desde la instauración del Servicio Nacional de  

Menores (SENAME) en 1979 hasta su progresivo cierre, que se prolonga hasta  

la actualidad. A nivel nacional, el denominado Informe Jeldres, las comisiones  

investigadoras de la Cámara de Diputados (de los años 2013 y 2016-2017) y  

especialmente el Informe Misión SENAME del Instituto Nacional de Derechos  

Humanos (INDH) en 2017, han mostrado que la violencia en residencias estatales  

no fue episódica ni aislada, sino estructural y persistente de acuerdo al reporte  

de los NNAJ entrevistados, la información proporcionada por los directivos de  

estos centros y la recabada por el mismo personal contratado por el INDH a  

través de la observación directa a los establecimientos. El informe del INDH  

(2017) documentó, entre otros elementos, que ocho de cada diez adolescentes  

en residencias habían sufrido algún tipo de castigo por parte del personal, entre  

ellos aislamiento, restricción de alimentos, encierro prolongado y contención  

física entendida como una medida de fuerza.  

Figura VIII-1. Informes sobre la crisis del SENAME  

En el plano internacional, el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones  

Unidas concluyó en el año 2018 la existencia de violaciones graves y sistemáticas  

en los centros de cuidado residencial administrados directamente por el Estado  

chileno y por instituciones colaboradoras privadas. En sus recomendaciones,  

el Comité subrayó la necesidad de establecer mecanismos de reparación efec-  

tivos que garantizaran el acceso a salud mental, educación, vivienda, justicia e  

indemnización, así como la realización de investigaciones independientes de  

las muertes ocurridas en el sistema. El CDN enfatizó, asimismo, que la violencia  

institucional detectada estaba asociada a suicidios, facilitación de la explotación  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Figura VIII-2. Normativas y reformas del SENAME  

Como respuesta a estas últimas constataciones mencionadas, el Estado de  

Chile ha implementado, desde el año 2018, un conjunto de reformas normativas  

e institucionales orientadas a establecer un sistema de garantías acorde a los  

principios emanados por la Convención sobre los Derechos del Niño y otros  

tratados internacionales. Entre ellas se cuentan la creación de la Defensoría de  

la Niñez (Ley 21.067) y de la Subsecretaría de la Niñez (Ley 21.090), la puesta en  

marcha del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Ley  

21.302), la aprobación de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral  

de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la creación del Servicio Nacional  

de Reinserción Social Juvenil en 2023 (Ley 21.527). Estas transformaciones han  

supuesto la implementación de una nueva institucionalidad y de nuevos linea-  

mientos técnicos que buscan abordar las falencias y negligencias detectadas.  

Si bien es importante reconocer los avances en el rediseño institucional y en la  

prevención de vulneraciones de derechos —a través de procesos de desjudicia-  

lización y de nuevos modelos de cuidados residenciales— las reformas todavía  

presentan limitaciones (Defensoría de la Niñez, 2025) y no se han articulado  

apropiadamente con una política pública de reparación integral a las víctimas.  

En esa misma dirección, otro paso lo constituye la creación, a través del  

Decreto Supremo N.º 150 (2025), de la Comisión Asesora Presidencial para el  

Esclarecimiento de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos de  

Niños, Niñas y Adolescentes bajo la custodia del Sename o en Sistemas de  

Cuidados Alternativos Privados. Esta comisión constituye un hito en la agenda  

nacional al reconocer la necesidad de esclarecer lo ocurrido, individualizar a las  

víctimas y proponer medidas concretas de reparación. Entre ellas se contem-  

plan el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, la adopción  

de medidas de reparación simbólica, la creación de mecanismos de reparación  

material y la formulación de garantías de no repetición ajustadas a los estándares  

internacionales ﬁjados por Naciones Unidas, UNICEF y la CIDH.  

Todo lo anterior permite sostener que se ha tratado de una grave y masiva  

violación a los derechos humanos de NNAJ bajo distintos regímenes de inter-  

nación (protección y responsabilidad penal adolescente), en un contexto en  

que la violencia institucional fue sistemáticamente escondida o desmentida, lo  

que explica su prolongación en el tiempo. De acuerdo con UNICEF, se estima  

que cerca de 690.000 personas pasaron por la tutela del SENAME desde su  

creación, lo que representa un universo de víctimas que supera con creces el  

de otras comisiones con la cual se ha establecido paralelismo, como la Valech  

o la Rettig.  

Resulta evidente que, para el cumplimiento de los objetivos de verdad, repa-  

ración y no repetición se requiere información producida con altos estándares  

de rigor y éticos, con una mirada integral que incorpore especialmente las  

narrativas de quienes lo han sufrido. El reconocimiento de estas trayectorias  

y la recolección de testimonios resultan fundamentales para comprender la  

magnitud del problema y orientar medidas de reparación que atiendan a los  

efectos prolongados de la violencia institucional, incluso después de más de  

30 años de egresados del sistema.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

2. BRECHAS PARA LA POLíTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN DE VIOLACIONES A  

LOS DERECHOS CUANDO SE HA ESTADO BAJO LA TUTELA DEL SENAME  

3. EL MARCO NORMATIVO Y DIMENSIONES DE LA REPARACIÓN  

La reparación del daño frente a violaciones de derechos humanos constituye  

una de las iniciativas de la más alta complejidad y al mismo tiempo, más nece-  

sarias en el campo de la justicia transicional y de normativas contemporáneas  

de derechos humanos. Más aún si esta se reﬁere a cómo el Estado puede  

asumir un nuevo posicionamiento frente a NNAJ que siguen requiriendo de la  

protección y asistencia integral¹.  

El proceso iniciado por la Comisión Asesora Presidencial reviste un carácter  

inédito en el ordenamiento nacional, en tanto abre un espacio de reﬂexión  

sobre las políticas públicas que, por décadas, han sustentado la internación y  

separación de sus familias de origen de niños, niñas y adolescentes, ya sea bajo  

el pretexto de su cuidado y protección, o bien como consecuencia de medidas  

sancionatorias derivadas de la infracción a la ley. Tales prácticas —como ha  

quedado establecido en el acápite precedente— han conﬁgurado condiciones  

estructurales para la vulneración de derechos humanos, en la medida en que las  

funciones de cuidado y de ejecución de sanciones son ejercidas directamente  

por el Estado o por las entidades a las que este delegue dicha responsabilidad.  

La misma Comisión es un mecanismo de reparación, indicado —como se ha visto  

más arriba— en las recomendaciones de varios informes. Su función esencial  

es contribuir a la verdad, a través de la reconstrucción histórica, lo que debería  

A partir de la revisión de las normativas y recomendaciones internacionales  

comprendemos y reforzamos la idea que la reparación debe ser entendida  

como un concepto multifacético que trasciende las concepciones restrictivas  

basadas únicamente en la compensación económica o el castigo penal de los  

responsables. La reparación, en su sentido ético, es un imperativo indispen-  

sable para restituir la dignidad de las víctimas, recomponer su agencia moral  

y reconﬁgurar las relaciones sociales y epistémicas dañadas por la violencia e  

involucra acciones orientadas a restaurar la agencia de las víctimas; reconstruir  

la conﬁanza y la vivencia de una realidad fracturada por el trauma; clariﬁcar la  

responsabilidad para superar la vergüenza y la auto-culpa; restituir la voz y la  

credibilidad moral en contextos donde han existido posiciones históricamente  

silenciadas²; asumir una responsabilidad colectiva para la reconstrucción del  

orden ético y social que dé garantías de no repetición.  

permitir avanzar tanto en la profundización y modelamiento de reformas estructu  

-

rales al sistema de cuidados y protección y cumplimiento de sanciones penales.  

El concepto de reparaciones integrales puede alumbrar las deﬁniciones que  

se pueden asumir por parte del Estado, ya que remite a mirar tanto el daño  

de manera amplia, así como a pensar en estrategias que fomenten la respon-  

sabilidad en el cuidado de NNAJ internados por parte de toda la sociedad,  

además de generar factores protectores que abarcan un conjunto de medidas  

materiales, simbólicas y estructurales que buscan restituir derechos, reconocer  

a las víctimas, transformar las condiciones que hicieron posible la violación y  

garantizar que estas no vuelvan a ocurrir.  

Cada una de estas dimensiones expresa que la reparación no es un evento  

puntual, sino un proceso prolongado y complejo de reconstrucción ética y  

política³.  

En primer lugar, la restauración de la dignidad y la agencia moral es el primer  

paso de esta tarea. Dar el lugar a las víctimas y reconoce públicamente su  

sufrimiento, constituye una condición necesaria para restituir su valor cívico  

y humano. En este marco, los relatos de las víctimas adquieren centralidad,  

pues se trata del reconocimiento oﬁcial y social de que el dolor vivido es real  

En la elaboración de un marco para las recomendaciones resulta pertinente  

plantear las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las medidas que el Estado  

debe asumir para lograr su objetivo de reparación integral a las víctimas? ¿Qué  

medidas se han implementado en otros contextos sociales que puedan servir  

de referentes para ello? ¿Cuáles son las medidas que deben implementarse  

en relación a las particularidades nacionales y dinámica propia de los hechos  

reconocidos cuando se trató de un grupo heterogéneo y diversos de NNAJ de  

nuestro país en un periodo extenso de tiempo?  

1

Organización de Naciones Unidas (ONU) (2005). Principios y directrices básicos sobre  

el derecho de las víctimas de violaciones maniﬁestas de las normas internacionales  

de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario  

a interponer recursos y obtener reparaciones (Resolución 60/147). Asamblea General  

de Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/  

basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation  

Antes de formular recomendaciones, corresponde examinar los antecedentes  

provenientes del derecho internacional y de la experiencia nacional, en cuanto  

aportan estándares y parámetros de referencia para la adopción de medidas  

por parte del Estado.  

2

3

Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford University  

Press.  

Walker, M. U. (2006). Moral repair: Reconstructing moral relations after wrongdoing.  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

y merece atención. En sociedades donde las víctimas han sido históricamente  

silenciadas o invisibilizadas, el reconocimiento público no solo contribuye a su  

mejora individual, sino que también transforma los parámetros colectivos de  

credibilidad de grupos que han quedado silenciados y excluidos.  

perpetradores. Las comunidades y el Estado tienen la obligación de reaﬁrmar  

estándares morales compartidos, ofrecer reconocimiento y garantizar que las  

víctimas reciban validación. La reparación, en este sentido, se convierte en un  

proyecto comunitario que contribuye a reformular profundamente, o al menos  

a reconﬁgurar, un orden ético y político donde la rendición de cuentas sea más  

recíproca y donde la conﬁanza se renueve como base de la vida social.  

En segundo lugar, la reconstrucción del vínculo con la realidad social y la  

conﬁanza es clave en la reparación. Las violencias extremas generan fracturas  

en la memoria, distorsiones en el tiempo y en la percepción de una realidad que  

deja de ser entendida como algo compartido. La reparación implica, entonces,  

la posibilidad de recomponer narrativas inteligibles y coherentes que liberen  

a las víctimas del peso de los traumas pasados y les permitan reinscribir su  

experiencia en un marco social compartido. En este sentido, el reconocimiento  

público cumple una función restauradora, validando la experiencia de las víctimas  

y posibilitando la reconstrucción de una base común para la convivencia, permite  

la construcción de una percepción de la realidad como más amplia y compleja,  

incorporando en ella a actores que habían quedado excluidos.  

Walker5 vincula la reparación con la integridad entendida como ﬁabilidad. Esta  

perspectiva resalta la disposición ética de responder al daño, reparar en lo posible  

y reconocer responsabilidades incluso cuando no todo puede ser corregido.  

La reparación se convierte así en una práctica de restauración de la ﬁabilidad  

moral de las relaciones humanas y sociales, apuntando a una ética de la respon-  

sabilidad que fortalece el entramado democrático.  

En paralelo a este marco ético, el derecho internacional ha desarrollado están-  

dares normativos que consolidan la obligación de los Estados de reparar a  

las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los principios y direc-  

trices básicos sobre el derecho a la reparación6 establecen cinco elementos  

a considerar:  

Un tercer aspecto ético de la reparación es la clariﬁcación de la responsabi-  

lidad. Walker (2006) subraya que determinar con nitidez quiénes fueron los  

responsables de las violaciones no solo permite abrir caminos a la sanción o  

compensación, sino que evita que las víctimas carguen con la vergüenza y la  

autoculpabilización, una situación que se puede denominar como “segunda  

herida” y que tiene relación con los efectos que acompañan la vivencia de  

violación de sus derechos después de sufridas y habiendo sobrevivido a ellas.  

La conﬁrmación de que lo sucedido fue inaceptable y que la responsabilidad  

recae en los perpetradores constituye un acto indispensable para restaurar la  

conﬁanza de las víctimas en sí mismas y en su derecho a la justicia.  

•

•

•

•

•

Indemnización,  

Investigación y sanción,  

rehabilitación,  

satisfacción y  

garantías de no repetición.  

En cuarto lugar, la redistribución epistémica también resulta crucial. Las víctimas,  

especialmente aquellas pertenecientes a grupos históricamente marginados, han  

ocupado lo que se puede denominar como posiciones sin voz. Las comisiones  

de verdad funcionan precisamente como mecanismos de redistribución episté-  

mica, pues reconﬁguran quién es considerado creíble, digno de ser escuchado y  

portador de una historia verídica, transformando las condiciones de igualdad en  

la esfera pública. Así, la reparación no solo se reﬁere al pasado, sino también a  

la creación de nuevas condiciones para una participación simétrica y equitativa  

en la construcción del futuro de una sociedad⁴.  

La responsabilidad colectiva y la reconstrucción de la organización social  

marcan un quinto elemento esencial: la reparación no puede concebirse como  

un asunto exclusivamente individual ni reducido a la relación entre víctimas y  

5

6

Walker, M. U. (2006). Moral repair: Reconstructing moral relations after wrongdoing.  

Cambridge University Press.  

UNICEF (2021). Ruta de reparación: Propuesta de estándares de reparación para niños,  

niñas y adolescentes que han vivido en cuidados alternativos. UNICEF. https://www.uni-  

cef.org/chile/media/8116/ﬁle/ruta%20pdf.pdf  

4

Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford University  

Press.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Figura VIII-3. Principios y directrices básicos sobre el derecho a la reparación  

acuerdos ﬂexibles o reparaciones simbólicas. Aunque estas medidas ofrecen  

cierto reconocimiento, no siempre satisfacen plenamente las expectativas de  

justicia. A ello se suma que la capacidad económica y administrativa de los  

Estados constituye un límite tangible para implementar políticas de reparación  

de gran envergadura.  

El caso chileno ilustra con claridad las tensiones y posibilidades de la reparación.  

Mientras que frente a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura  

(1973-1990) se desarrollaron comisiones oﬁciales8 que recomendaron repara-  

ciones económicas, sociales y simbólicas además de los procesos judiciales, las  

políticas públicas de reparación dirigidas particularmente a NNAJ que pasaron  

por sistemas institucionales han seguido caminos diversos, combinando medidas  

compensatorias, simbólicas y estructurales. En Europa, Suiza implementó un  

fondo de reparación y una comisión investigadora para responder a los llamados  

Verdingkinder, víctimas de separación forzada de sus familias y trabajo infantil⁹.  

En Bélgica, un tribunal reconoció como crimen contra la humanidad la separa-  

ción de niñas mestizas en el Congo colonial¹⁰. Australia, por su parte, estableció  

programas de reparación a la Stolen Generations, incluyendo compensaciones  

económicas y fondos comunitarios para pueblos indígenas¹¹. Estas medidas,  

aunque de alcance limitado frente a la magnitud del daño, representan esfuerzos  

estatales por reconocer responsabilidades históricas y ofrecer justicia restaurativa.  

Elementos que pueden servir de valiosos antecedentes para el caso chileno.  

Fuente: Unicef (2021)  

Estas directrices han sido aplicadas en contextos de NNAJ en contexto de  

cuidados alternativos residencial conﬁgurando una doctrina robusta de la repa-  

ración integral y, en el contexto de las violaciones a los derechos humanos de  

NNAJ bajo custodia estatal o en sistemas de cuidado alternativo privado, se  

presenta el desafío de ponerlas en práctica de manera efectiva.  

De cualquier modo, la reparación es un proceso lento y paliativo, que puede  

aliviar algunos de los daños causados, pero que, por sí mismo, puede ser incapaz  

de abordar injusticias estructurales o las causas profundas de la violencia, las  

cuales requerirían cambios más fundamentales en la distribución de recursos  

y poder en una sociedad¹². Este límite igualmente debe ser considerado a la  

hora de llevar adelante esta tarea.  

En múltiples casos relativos a NNAJ, la CIDH ha ordenado medidas de repa-  

ración que incluyen, por ejemplo, atención médica, psicológica y psiquiátrica  

especializada; indemnizaciones por daños materiales e inmateriales; medidas  

de satisfacción como la publicación de sentencias y actos públicos de disculpa;  

y reformas estructurales para prevenir la repetición de las violaciones. Asimismo,  

ha promovido la creación de comisiones de verdad como mecanismos de recono-  

cimiento y esclarecimiento histórico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  

por su parte, ha subrayado el deber positivo de los Estados de prevenir los malos  

tratos a la niñez y garantizar recursos efectivos para las víctimas, consolidando  

un estándar regional complementario.  

8

Rettig, R. (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Gobierno  

de Chile. Santiago, Chile.  

Valech, S. (2004). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.  

Gobierno de Chile. Santiago, Chile.  

9

Swiss Children Coercion Reparation Initiative (2014). Federal popular initiative on repara-  

tions for victims of coercive measures. Comité Iniciativa Suiza.  

Sin embargo, como advierten Gallen y Moﬀett⁷, la reparación en contextos de  

violaciones masivas, como lo es en este caso, se enfrenta a desafíos estructurales  

signiﬁcativos. La diﬁcultad de garantizar reparaciones plenas e individualizadas  

para todas las víctimas lleva a los Estados a implementar soluciones colectivas,  

10 The Times. (2024, octubre 18). “Belgium crimes against humanity ruling on Congo kidna-  

ppings”. The Times.  

11  

Haebich, A. (2000). Broken circles: Fragmenting Indigenous families 1800-2000.  

Fremantle Arts Centre Press.  

Human Rights and Equal Opportunity Commission (1997). Bringing them home: Report of  

the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children  

from their families. Commonwealth of Australia.  

7

Gallen, J. & Moﬀett, L. (2022). “The palliative role of reparations in reconciling societies  

with the past: Redressing victims or consolidating the state?”. Journal of Intervention and  

Statebuilding, 16(4), 498-518. DOI: https://doi.org/10.1080/17502977.2022.2042650  

12 Gallen, J. & Moﬀett, L. (2022). “The palliative role of reparations in reconciling societies  

with the past: Redressing victims or consolidating the state?”. Journal of Intervention and  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

4. DESAFíOS Y RECOMENDACIONES PARA LA POLíTICA PÚBLICA EN CHILE EN  

o de la sociedad civil haya administrado el centro no exime al Estado de la labor  

de vigilancia, supervisión y mantención de condiciones que protejan los derechos  

de los que se encuentran internados. Del mismo modo se echa de menos, en  

el campo de la infancia, el reconocimiento social de las graves negligencias y  

atropellos que han operado en esos sistemas privados que dependen, muchas  

veces, de la valoración social y apoyo económico para subsidiar acciones que  

los recursos del Estado entrega de manera insuﬁciente. Otro elemento que  

está ausente es la autocrítica de los operadores del sistema público y privado  

quienes no han ofrecido disculpas públicas por su acción negligente en lo  

profesional y lo técnico.  

MATERIA DE REPARACIÓN A NIñOS, NIñAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.  

Según Minkowitz las reparaciones deben responder a las violaciones sufridas  

y reconocer todas sus formas abordando el impacto en la vida de la persona  

durante y después de la internación, incluidos los daños continuos (que no  

terminan en el momento de la vulneración inicial), consecuentes (resultados  

indirectos o derivados) e interseccionales (que se entrelazan con otras formas  

de discriminación)¹³.  

El amplio espectro de daños a considerar permite a los sobrevivientes dar a  

conocer cómo el régimen de internación afectó todas las áreas de su vida y  

trayectoria vital. Por ejemplo, el daño continuo puede incluir la amenaza de volver  

a estar en un sistema cerrado. El daño consecuente puede incluir la pérdida  

de relaciones signiﬁcativas y oportunidades interrumpidas, por ejemplo, salud,  

educación, etc. El daño interseccional puede incluir la reaﬁrmación de estereo-  

tipos negativos, portando un mensaje sobre el bajo estatus y valor de la persona  

(por ejemplo, la frase “niños del SENAME” que puede ser usada como etiqueta  

negativa); además de producir desarraigos y nuevos sistemas de exclusión. Los  

mecanismos de reparación deben responder a todo este espectro mediante  

reconocimiento, reformas sistémicas y medidas particularizadas dirigidas a los  

sobrevivientes y su entorno social y comunitario¹⁴.  

4.1 Reparación simbólica y colectiva  

La reparación simbólica constituye un componente fundamental de las políticas  

públicas orientadas a la justicia y la reparación integral, pues permite reconocer  

públicamente el daño causado, preservar la memoria histórica y social de ello  

(para evitar que se vuelva a producir) y busca promover las garantías de no  

repetición.  

Entre las principales formas de reparación simbólica destacan la habilitación de  

sitios de memoria, los actos públicos de reconocimiento y disculpa, las conme-  

moraciones colectivas, las expresiones artísticas y culturales, la creación de hitos  

dentro de la ciudad que permitan mantener una atención continua a un hecho  

que se reconoce que no debe volver a producirse. Existe un intenso anhelo  

de parte de los sobrevivientes de nombrar su experiencia gracias a los hitos  

públicos y con ellos participar activamente de la vida social.  

En la determinación de las acciones de reparación referidas al campo de la  

niñez en Chile es muy importante que se materialice la colaboración de distintos  

actores que han estado involucrados en situaciones de violación sistemática  

y estructural de sus derechos. Esto involucra no solo a organismos estatales  

sino también a quienes han establecido relaciones de colaboración o que han  

sido subsidiarias del Estado de Chile. Es preciso aclarar que ser egresado del  

SENAME no es solo pasar por un organismo que ha sido administrado directa-  

mente por el Estado, también debe considerar todos aquellos centros en que  

NNAJ estuvieron internados, pero cuya función fue desarrollada por organismos  

privados. Entre los elementos que justiﬁcan considerarlo como responsabilidad  

del Estado dice relación que el ingreso o mantención dentro del centro está  

amparado o reforzado por medidas judiciales de tribunales de familia (antes de  

menores) y medidas penales. El hecho que una institución de carácter religioso  

En el caso de los NNAJ que estuvieron institucionalizados bajo la tutela del  

SENAME, estas medidas de reparación simbólica adquieren una relevancia  

especial, ya que buscan no solo reparar a las víctimas directas, sino también  

restituir la conﬁanza social en las instituciones del Estado que deben velar por la  

protección de los derechos socialmente reconocidos y fortalecer las capacidades  

comunitarias que se ven debilitadas frente a la violencia estructural. La creación  

de memoriales en antiguos centros de internación, la instalación de señaléticas  

conmemorativas, la conformación de comisiones permanentes de verdad y la  

realización de actos públicos son acciones que pueden ser impulsadas por las  

políticas públicas como expresión de dignidad y responsabilidad estatal y social.  

Statebuilding, 16(4), 498-518. DOI: https://doi.org/10.1080/17502977.2022.2042650  

La reparación simbólica no es solo un gesto aislado, sino una inscripción en los  

tiempos ciudadanos que recuerden no solo la gravedad de los hechos, sino  

que ayuden a identiﬁcar las condiciones que facilitan estas circunstancias y que  

tienen que ver con la falta observación, reconocimiento e integración en la vida  

cotidiana de que han existidos estos hechos y que deben ser recordados para  

13 Minkowitz, T. (2024). “Deinstitutionalization as reparative justice: A commentary on the  

Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies”. Laws, 13(2), 14. DOI: ht-  

tps://doi.org/10.3390/laws13020014  

14 Minkowitz, T. (2024). “Deinstitutionalization as reparative justice: A commentary on the  

Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies”. Laws, 13(2), 14. DOI: ht-  

tps://doi.org/10.3390/laws13020014  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

evitar sus trágicas repeticiones. En el caso de las infancias su reconocimiento  

simbólico de su existencia, experiencias vividas y testimonios es particularmente  

relevante en una sociedad fuertemente adultocéntrica¹⁵. Promover la capacidad  

de agencia de la niñez y juventud en las distintas estructuras sociales no solo  

proviene de la importancia que se le da a este periodo de vida, es también un  

modo de reconocer que se encontraron en una situación que atentó contra sus  

derechos y dignidad por las costumbres discriminatoria que se reforzaron hasta  

un punto completamente inaceptable en las instituciones que, paradójicamente,  

se crearon para su protección o que tenían por ﬁnalidad su reinserción social.  

se pueden haber encontrado en los entornos institucionales bajo la tutela del  

Estado casi no existen agrupaciones e instituciones que se hayan dedicado  

a la recopilación sistemática de la información a través de diversas fuentes,  

tampoco existen agrupaciones que hayan perdurado durante todo el periodo  

investigado, tampoco existen un reporte de las instituciones y de los agentes  

institucionales que han operado en el periodo comprendido desde la creación  

del SENAME. Ni siquiera es fácil situar geográﬁcamente los lugares en donde  

han estado internados.  

En deﬁnitiva, se encuentra con un vacío de información que es relevante para la  

reconstrucción de su historia. No existe una memoria histórica, ni oral ni escrita  

que permita reconocer los centros, los organismos ni los agentes que han sido  

parte del sistema que los ha vulnerado en sus derechos.  

El reconocimiento simbólico de las experiencias durante las infancias permite la  

integración a la vida adulta del pasado y su relevancia de cuidar y dar dignidad  

a cada etapa de vida del ser humano. Asimismo, contribuye a la cohesión social  

debido a que estos hitos ayudan a congregar a diferentes individuos y grupos  

que no habían tenido las oportunidades de encontrarse en espacios públicos.  

Dado el reciente reconocimiento de la responsabilidad de Estado y de sus  

organismos coadyuvantes (acreditados o no) tampoco existe una normativa que  

obligue a la conservación de los antecedentes, archivos, carpetas, ni registros  

de ningún tipo. No existen lugares de acopio ni de preservación organizada  

de las actuaciones sociales, jurídicas, psicológicas, de salud y educativas que  

permitan la reconstrucción de las trayectorias de vida de quienes han sido parte  

de estos sistemas. Ni acopio organizado del epistolario que muy habitualmente  

se establece por los afectados directos que expresan su aﬂicción o preocupa-  

ción a las diferentes autoridades que creen que deben ser interpelados y que  

jugaron un rol relevante durante el mandato que tuvieron.  

4.2. Archivos: el deber de memoria respecto a las víctimas  

16  

Según Boel et. al. los archivos representan la memoria de las sociedades y son  

esenciales para la conservación y preservación de la identidad entendida como  

un derecho y como una función. También son importantes para la democracia,  

la gobernabilidad y la rendición de cuentas. A través de ellos, se garantiza  

el acceso de los ciudadanos a la información oﬁcial y al conocimiento de su  

historia personal y social. Los archivos institucionales públicos y privados son  

fundamentales para el esclarecimiento de la verdad a nivel personal, e institu-  

cional, la búsqueda de responsables, así como para el diseño de políticas de  

reparación. No solo cumplen funciones probatorias, sino también simbólicas y  

educativas. Sirven como memoria pública y base para programas educativos,  

exposiciones y sitios de memoria que refuerzan el compromiso de no repetición  

y la empatía social.  

De este modo se comprende la difícil tarea que implica el hecho de no contar  

con los registros mínimos que permitan apoyar al proceso de reconstrucción  

biográﬁca y, por lo mismo, la preservación de una memoria social e histórica.  

Esta carencia de información ha sido ya esbozada por algunas asociaciones de  

egresados del SENAME en nuestro país que han señalado con preocupación  

que para el proceso de reconstrucción autobiográﬁca existe el serio riesgo que  

las instituciones estatales y sus organismos coadyuvantes (acreditados o no)  

podría estar en un proceso de destrucción de archivos para evitar identiﬁcar  

responsabilidades institucionales.  

En el caso de los NNAJ que estuvieron bajo la tutela del Estado en nuestro  

país, a diferencia de otros grupos que han sufrido la violación sistemática a  

sus derechos, encontramos una realidad muy heterogénea que incluye, por  

ejemplo, ser víctimas de vulneración de derechos en sus entornos familiares  

(abusos y negligencias graves, por ejemplo), los sistemas de privación parcial o  

total de su libertad y la adopción ilegal por condiciones de pobreza o medidas  

fraudulentas. Dentro de estos grandes conjuntos de violencias con las que  

Por todo lo anterior, resulta fundamental que una de las acciones que debe  

ser reforzada en la etapa de reconstrucción histórica es la de la construcción  

de archivos, la solicitud y exigencia de información a todas las instituciones  

existentes y también a quienes tuvieron roles de dirección, a la organización  

de la información, la entrega de antecedentes y la designación de lugares  

que permitan el acopio seguro para la construcción de la memoria individual  

y colectiva. Debemos subrayar aquí que el trabajo de memoria es un proceso  

continuo que implica sucesivas reformulaciones gracias a la reinterpretación  

15 Hirsch, M. & Said, M. A. (2023). “Social memory and the impact of commemorative  

remedies ordered by the Inter-American Court of Human Rights”. Leiden Journal of  

International Law, 36(1), 9-31  

16 Boel, J., Canavaggio, P. & González Quintana, A. (Eds.) (2021). Archives and Human  

Rights. International Council on Archives (ICA) / Ediciones Trea.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

del pasado. Con esto se quiere decir, que los lugares de memoria y archivo  

lejos de ser lugares estáticos son parte de un dinamismo fundamental para la  

comprensión de la historia e identidad que caracteriza determinados períodos  

históricos y esta revisión y reconstrucción de sí mismos es un proceso perma-  

nente de todas las culturas.  

identiﬁcar oportunamente las situaciones que puedan afectar los derechos de  

NNAJ que son parte de los sistemas que el Estado debe garantizar.  

En este último aspecto, las políticas educativas pueden cumplir un rol preven-  

tivo al promover el derecho de NNAJ que podrían ser internados, generando  

estrategias de apoyo y cuidado que eviten su estigmatización, fortalezcan la  

protección social y promuevan su plena inclusión y esto desde la educación  

inicial hasta la actualización profesional de quienes se desempeñan en estos  

ámbitos institucionales.  

4.3. Educación ciudadana  

La reparación simbólica también puede expresarse a través de acciones públicas  

de información y educación, orientadas a moldear normas y creencias sociales  

y a respaldar la sostenibilidad de sus efectos¹⁷. Estas permiten no solo generar  

conciencia colectiva respecto de las violaciones cometidas, sino también cons-  

truir condiciones sociales e institucionales que prevengan su repetición. En este  

sentido, la educación adquiere un carácter reparador al instalar prácticas de  

reconocimiento, inclusión y no estigmatización hacia los NNAJ que fueron, o que  

podrían llegar a ser internados en centros de protección o reinserción social.  

5. CONCLUSIÓN  

El presente documento da cuenta que las violaciones a los derechos de NNAJ en  

contextos de protección residencial y de privación de libertad, tanto en centros  

de administración directa como en organismos privados colaboradores (acre-  

ditados o no), fue una práctica sistemática y masiva que se prolongó durante  

décadas. Los efectos de esta violencia han dejado huellas en las víctimas y  

nuestra sociedad, por lo que se requiere de un proceso de reparación que  

reconozca e integre dimensiones materiales, simbólicas, preventivas y éticas.  

De igual forma, creemos que la formación profesional y la capacitación consti-  

tuyen una prioridad para avanzar hacia una reparación integral y sostenible. La  

formación universitaria en infancia y derechos humanos debe consolidarse como  

una política estructural, no solo en los primeros niveles de enseñanza profesional,  

sino también de manera transversal a lo largo de toda la trayectoria académica,  

incorporando especialmente el fortalecimiento de la preparación de quienes se  

desempeñan en los tribunales y en el sistema de justicia. Esta prioridad permite  

que la reparación simbólica trascienda el reconocimiento puntual y se convierta  

en una herramienta de transformación cultural e institucional. Así, la reparación se  

articula como parte de un diseño integral de política pública capaz de traducirse  

en mejores prácticas profesionales en los ámbitos jurídico, social, educativo y  

sanitario. En la misma línea y dado que el sistema de protección de la infancia  

está conformado por profesionales y técnicos se considera importante no solo  

el permanente perfeccionamiento a través de técnicas sino también a través  

de una formación ética que refuerce el asumir la responsabilidad personal y  

colectiva que se tiene en el ejercicio de sus roles, sobre todo cuando se trata la  

niñez y la juventud. Es importante formar ciudadanos que puedan posicionarse  

éticamente frente a las demandas institucionales, que, al no ser debidamente  

reﬂexionadas en relación a los estándares éticos que implica el trabajo con NNAJ,  

han permitido su réplica, incluso de personal con varios años de preparación  

y perfeccionamiento. El posicionamiento ético debe estar al servicio de poder  

Por lo tanto, a partir del marco internacional de reparación integral, esta propuesta  

establece tres ámbitos de acción prioritarios: el reconocimiento social de la  

dignidad de las víctimas a través de la reparación simbólica y colectiva; la  

importancia del derecho a la memoria y a la verdad histórica por medio de la  

construcción de archivos; y el desarrollo de procesos de formación y educación  

ciudadana orientados a la prevención de vulneraciones y a la transformación  

del funcionamiento de las instituciones encargadas de las protección de NNAJ.  

Este conjunto de medidas constituye las bases para que el Estado desarrolle un  

proceso de reparación que cumpla con estándares internacionales de reparación  

y garantías de no repetición.  

La reparación de las víctimas es un proceso complejo que requiere de tiempo  

y compromiso político, pero que constituye un deber del Estado para avanzar  

hacia la construcción de condiciones que permitan restituir la conﬁanza en  

las instituciones, dar voz a las personas y grupos históricamente silenciados,  

y reformular las lógicas que imperan en el sistema de protección donde los  

NNAJ sean reconocidos como sujetos plenos de derechos y no como objetos  

del control y tutela estatal.  

17 Gennetian, L. A., Gibson-Davis, C. & Darity, W. A. (2024). “Black reparations and child we-  

ll-being: A framework and policy considerations”. SSRN Electronic Journal. DOI: https://  

doi.org/10.2139/ssrn.4957385  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

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VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

3. EL SENTIDO DE UN OBSERVATORIO DE NIÑEZ DE  

FUNDACIÓN COLUNGA  

Paloma del Villar Tagle  

Directora del Observatorio Niñez  

p.delvillar@fundacioncolunga.org  

Arturo Celedón de Andraca  

Director Ejecutivo Fundación Colunga  

a.celedon@fundacioncolunga.org  

Samanta Alarcón  

Investigadora Observatorio Niñez Colunga  

s.alarcón@fundacioncolunga.org  

El Observatorio Niñez nace como respuesta a una paradoja evidente: aunque  

la infancia suele declararse como prioridad en el discurso social y político,  

en la práctica permanece invisibilizada en la agenda pública. La información  

disponible sobre la situación de niñas, niños y adolescentes estaba dispersa en  

múltiples fuentes, sin articulación entre ellas, lo que impedía transformarla en  

evidencia útil para la toma de decisiones. Paralelamente, la voz de la sociedad  

civil se manifestaba sobre todo a través de experiencias locales, valiosas pero  

fragmentadas, sin lograr instalar los problemas de la niñez como cuestiones  

de alcance nacional. Esta diﬁcultad para incidir de manera efectiva en las polí-  

ticas públicas se relacionaba con tres limitaciones centrales: ausencia de datos  

sólidos y comparables, escasa acumulación conceptual y la falta de un lenguaje  

compartido con quienes diseñan e implementan políticas.  

Ante este escenario, Fundación Colunga y sus aliados comprendieron que era  

necesario un salto cualitativo: dejar atrás la mirada centrada en la urgencia  

inmediata para avanzar hacia una perspectiva más amplia, basada en derechos  

y bienestar. La clave era articular un ecosistema que conectara conocimiento  

riguroso con capacidad de incidencia, de modo que la evidencia no quedara  

conﬁnada a diagnósticos aislados, sino que se tradujera en acción transfor-  

madora. La experiencia previa demostró el valor de este enfoque. La serie  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Nacer y Crecer en Pobreza¹⁸, impulsada por Hogar de Cristo junto a UNICEF,  

la Universidad Católica y CIDENI, había mostrado cómo un documento sólido y  

bien comunicado podía instalar la situación de la niñez en la discusión nacional.  

organizar datos relevantes sobre infancia y adolescencia para orientar decisiones  

basadas en evidencia; el programa de Fortalecimiento, orientado a entregar a  

las organizaciones de la sociedad civil herramientas de gestión, sostenibilidad  

e incidencia; y Pacto Niñez, una red articuladora de organizaciones que trabajan  

en infancia y que construye de manera colectiva agendas de transformación.  

La creación de Observatorio Niñez responde así a una necesidad urgente en  

Chile: ordenar y organizar los datos existentes, hacerlos accesibles y transfor-  

marlos en insumos claros para la incidencia. Sin este ejercicio, los problemas  

que afectan a la niñez corren el riesgo de permanecer ocultos o relegados en el  

debate público. El Observatorio busca ser un puente entre evidencia y acción,  

tomando como inspiración experiencias internacionales consolidadas, como  

Kids Count19 en Estados Unidos o el Observatoire des tout-petits en Quebec,  

que han demostrado la importancia de combinar datos públicos con estrategias  

de comunicación efectivas para incidir en políticas y colocar el bienestar de la  

infancia en el centro del desarrollo social.  

La combinación de estos tres componentes ha dado como resultado organiza-  

ciones más preparadas, datos más accesibles y una red cohesionada para incidir  

en el desarrollo de políticas públicas. Esta articulación probó ser fundamental: el  

análisis de información dejó de ser un ejercicio aislado y se conectó directamente  

con la acción concreta, enriquecida por el conocimiento y el quehacer cotidiano  

de las organizaciones que trabajan en terreno con niñas, niños y adolescentes.  

LA NIñEZ COMO BRÚJULA DEL DESARROLLO PAíS  

En 2022, la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 de Garantías de los Derechos  

de la Niñez y Adolescencia20 reforzó esta orientación, al reconocer expresamente  

a la sociedad civil como co-garante de derechos junto con el Estado. Este marco  

legal subraya la relevancia de un observatorio independiente, capaz de sustentar  

la acción de las organizaciones con evidencia y análisis de calidad, contribu-  

yendo a que cumplan de manera más efectiva su rol de garantes colectivos.  

El Observatorio Niñez no se limita a recopilar estadísticas: su verdadero valor  

reside en traducir la evidencia en narrativas públicas y políticas, capaces de  

incidir en decisiones concretas. En un país donde la niñez ha sido histórica-  

mente postergada y donde los derechos de niñas, niños y adolescentes suelen  

irrumpir en la agenda solo en contextos de crisis, el Observatorio emerge como  

un actor que recuerda la urgencia de situar el bienestar infantil como prioridad  

permanente.  

En este contexto, Observatorio Niñez surge como uno de los tres pilares del  

proyecto FARO —Fortalecimiento de Redes de Incidencia en Niñez—, coﬁnan-  

ciado por la Unión Europea y Fundación Colunga. FARO fue diseñado como  

un ecosistema integrado por tres componentes: el Observatorio, dedicado a la  

producción y organización de datos relevantes; el programa de Fortalecimiento,  

que entrega herramientas de gestión, sostenibilidad e incidencia a las organi-  

zaciones de la sociedad civil; y Pacto Niñez, una red articuladora que construye  

colectivamente agendas de transformación. La interacción entre estos tres  

componentes ha dado lugar a un entramado más robusto: organizaciones mejor  

preparadas, evidencia más accesible y una red cohesionada con capacidad de  

incidir en políticas públicas.  

Al articular a la sociedad civil, la academia y el Estado, el Observatorio ha logrado  

tender puentes que antes no existían, poniendo a disposición insumos claros,  

accesibles y oportunos para orientar políticas públicas, fortalecer la incidencia  

de las organizaciones y sensibilizar a la ciudadanía. Su aporte es doble: por un  

lado, provee datos conﬁables y rigurosos que permiten comprender la magnitud  

de los desafíos; por otro, los convierte en mensajes capaces de movilizar a  

actores políticos y sociales hacia la acción.  

La niñez debe dejar de ser concebida como un asunto sectorial o de nicho,  

para pasar a ser entendida como la brújula del desarrollo del país. Invertir en  

el bienestar de niñas, niños y adolescentes no solo responde a un imperativo  

ético y de derechos humanos, sino que constituye la mejor estrategia de futuro  

para construir un Chile más justo, equitativo y sostenible.  

Observatorio Niñez surge en el marco del proyecto FARO – Fortalecimiento de  

Redes de Incidencia en Niñez, una iniciativa coﬁnanciada por la Unión Europea y  

Fundación Colunga. FARO fue concebido como un ecosistema de trabajo en tres  

componentes complementarios: Observatorio Niñez, encargado de generar y  

Observatorio Niñez, en ese sentido, no es un ﬁn en sí mismo, sino una herra-  

mienta para el cambio: un espacio donde la información se convierte en poder  

ciudadano, donde la evidencia se transforma en incidencia, y donde la voz  

de la niñez puede encontrar el lugar que le corresponde en el corazón de las  

decisiones colectivas.  

18 Alianza Erradicación de la Pobreza Infantil (2021). Nacer y crecer en pobreza y vulnerabi-  

lidad. Implicancias y propuestas para Chile. https://www.unicef.org/chile/media/6311/ﬁle/  

Nacer%20y%20crecer%20en%20pobreza%20Final%20.pdf  

19 Kids Count. https://datacenter.aecf.org/  

20 Ley N° 21.430 de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2022). https://  

www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173643  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL OBSERVATORIO NIñEZ  

EL MODELO DE BIENESTAR INFANTIL25  

Desde sus inicios, el Observatorio se concibió con una premisa clara: los datos,  

por sí solos, no transforman la realidad. Para convertirse en motor de cambios  

normativos y de política, requieren marcos interpretativos, herramientas de  

visualización y estrategias de difusión que los acerquen a públicos diversos,  

incluyendo autoridades, medios y ciudadanía.  

El resultado de este proceso fue la deﬁnición de un Modelo de Bienestar Infantil,  

diseñado como un marco comprensivo para organizar y comunicar la evidencia.  

Este modelo se estructura en cinco dimensiones interrelacionadas:  

1. Salud física y mental  

2. Cuidados  

3. Aprendizajes  

4. Condiciones materiales  

5. Entornos  

Con esta idea como punto de partida, el equipo impulsó un proceso sistemático  

de construcción que combinó varias fuentes de aprendizaje:  

•

Revisión de literatura y experiencias internacionales: se estudiaron en  

profundidad los enfoques de organismos como UNICEF y la OCDE, así  

como políticas y observatorios consolidados en países como Australia²¹,  

Nueva Zelandia²², Estados Unidos (Kids Count)23 y Canadá (Observatoire  

des tout-petits)²⁴.  

Estas dimensiones permiten capturar la experiencia integral de niñas, niños y  

adolescentes, ordenar la información disponible y transmitir, de manera más clara  

y accesible, la complejidad de lo que signiﬁca crecer y desarrollarse en bienestar.  

Figura VIII-4. Modelo de Bienestar Observatorio Niñez - Fundación Colunga  

•

•

•

Entrevistas y diálogos con expertos: se sostuvieron conversaciones con  

especialistas nacionales e internacionales que habían liderado expe-  

riencias similares, lo que permitió identiﬁcar buenas prácticas, desafíos  

comunes y lecciones aprendidas.  

Talleres con sociedad civil y academia: se promovieron espacios de  

reﬂexión colectiva para validar conceptos, identiﬁcar vacíos y deﬁnir  

prioridades desde la experiencia de quienes trabajan directamente con  

la niñez.  

Construcción de un marco conceptual: a partir de estos insumos, se fue  

consolidando un enfoque de bienestar infantil como eje articulador del  

Observatorio, desplazando la mirada centrada en la carencia hacia una  

visión integral del desarrollo y la protección de derechos.  

21 EstrategianacionaldebienestarAustralia.https://cpd.org.au/work/wellbeing-strategies-for-  

children-and-young-people/  

22 Estrategia nacional de bienestar Nueva Zelanda. https://www.orangatamariki.govt.nz/  

EstrategianacionaldebienestarAustralia.https://cpd.org.au/work/wellbeing-strategies-for-  

children-and-young-people/  

23 Kids Count. https://datacenter.aecf.org/  

24 Observatoire des tout-petis. https://tout-petits.org/donnees/  

25 Observatorio Niñez (2023). Primer informe Nacional del Bienestar de la Niñez. https://  

www.observatorioninez.org/correlato-digital  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

Con este marco en la mano, se realizó un barrido exhaustivo de la informa-  

ción disponible en Chile: estadísticas administrativas de distintos ministerios,  

encuestas nacionales, bases de datos públicas y registros que, en muchos  

casos, debían solicitarse por transparencia. El desafío era enorme: había que  

identiﬁcar indicadores relevantes, veriﬁcar su calidad, y decidir cuáles realmente  

permitían decir algo sustantivo sobre la situación de la niñez en cada dimensión  

del modelo.  

que compartía el enfoque de bienestar. Este énfasis permitió que el Observatorio  

no solo pusiera a disposición su conocimiento acumulado en torno a indicadores  

de infancia, sino que también contribuyera a fortalecer el diagnóstico nacional  

de la niñez con datos y análisis rigurosos. La articulación con Pacto Niñez fue  

clave en este proceso, pues permitió mantener al Observatorio en sintonía con  

las principales demandas y prioridades levantadas por las organizaciones de  

la sociedad civil, ayudando a que las voces de quienes trabajan día a día con  

niñas, niños y adolescentes se reﬂejarán en el diseño de la nueva política pública.  

Esta colaboración se sumó a los esfuerzos sostenidos por la Subsecretaría  

de la Niñez por potenciar el carácter participativo del desarrollo de la Política  

Nacional, que incluyó las voces de niñas, niños y adolescentes, así como de  

distintos organismos de la sociedad civil.  

Este proceso se enriqueció con la participación activa de la sociedad civil y de la  

academia. Diversas reuniones permitieron validar las dimensiones propuestas,  

discutir la pertinencia de los indicadores y recoger sugerencias que fortalecieron  

el diseño del observatorio. También se establecieron conversaciones con órganos  

públicos, no solo para dar a conocer el proyecto, sino para revisar fuentes,  

conﬁrmar la interpretación de los datos y establecer alianzas con personal  

técnico clave. En más de una ocasión, estos vínculos resultaron determinantes  

para acceder a información y procesarla de manera rigurosa.  

DESARROLLO DE DOCUMENTOS TEMÁTICOS  

Si bien desde su origen se proyectó que el Observatorio Niñez elaborará docu-  

mentos temáticos sobre áreas especíﬁcas de la infancia, los primeros años  

estuvieron marcados por la necesidad de consolidar las bases: construir un  

sistema robusto de indicadores, recopilar y analizar datos dispersos, y posicionar  

públicamente al Observatorio como una fuente conﬁable de información. Solo  

una vez aﬁanzados estos cimientos fue posible avanzar hacia la producción de  

agendas temáticas que combinaran evidencia con reﬂexión crítica.  

Un elemento adicional dio especial sentido a este esfuerzo: la creación de las  

Oﬁcinas Locales de la Niñez, una nueva institucionalidad que, por decreto, debía  

elaborar diagnósticos locales sobre la situación de la infancia. Se abrió entonces  

una colaboración ad hoc que permitió que el Observatorio Niñez conociera  

de cerca sus necesidades, y a la vez explorará cómo poner sus indicadores y  

análisis al servicio de estos territorios. De este modo, el observatorio comenzó  

a tejer vínculos directos entre evidencia nacional y gestión local, reforzando su  

vocación de incidencia.  

El primer hito llegó hacia ﬁnes del segundo año e inicios del tercero, con la  

publicación de la agenda Niñez y pobreza, aprovechando la oportunidad que  

brindaba el lanzamiento de los resultados de la Encuesta Casen 2022. Ese  

documento no solo entregó una radiografía de la pobreza multidimensional que  

afecta a más de 800 mil niñas, niños y adolescentes en Chile, sino que también  

marcó la apertura de un área de trabajo orientada a desarrollar agendas temá-  

ticas periódicas, capaces de responder tanto a coyunturas relevantes como a  

debates de fondo, siempre sustentadas en marcos conceptuales sólidos.  

Finalmente, con los cimientos conceptuales y las alianzas construidas, se dio  

inicio al desarrollo de un sitio web interactivo, gestionado por Unholster ®.  

Más que un portal de estadísticas, la apuesta fue crear un espacio amigable  

y dinámico, capaz de traducir los datos en narrativas claras y comprensibles  

para distintos públicos: desde académicos y autoridades hasta periodistas y  

ciudadanía. A través de mapas, ﬁchas regionales e indicadores visualizados, el  

Observatorio comenzó a mostrar cómo los datos, bien organizados y comuni-  

cados, podían convertirse en un verdadero motor de cambio para el bienestar  

de la niñez en Chile.  

Desde entonces, el Observatorio ha publicado distintas agendas que buscan  

iluminar el debate público y político:  

•

Niñez y pobreza: visibilizó la magnitud de este fenómeno y sus efectos  

en el bienestar infantil²⁶.  

POLíTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA  

En su segundo año de funcionamiento, el Observatorio Niñez asumió un rol activo  

en la discusión y construcción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia  

2023-2032, dando cumplimiento a lo mandatado por el Título V de la Ley de  

Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia  

(2022). Desde la sociedad civil, aportó con una mirada crítica y complementaria  

26 Observatorio Niñez (2025). “Volver a mirar. ¿Qué nos dice la nueva línea de la pobre-  

za de la situación de niñas y niños?”. Boletín n°1. https://static1.squarespace.com/sta-  

tic/640b3ecd8e657207db1fba5a/t/687eb246d501f321de000775/1753133645846/  

Bolet%C3%ADn+N%C2%B01.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

•

Informe Nacional de Bienestar de la Niñez 2024: entregó, por primera vez,  

primeros dos años de vida. La inversión pública en este nivel educativo cayó  

un 12% entre 2015 y 2021, a contracorriente de la tendencia OCDE. En cuanto a  

aprendizajes, los resultados del Simce 2024 muestran que solo un 27% alcanza  

competencias mínimas en matemáticas y un 48% en lenguaje en cuarto básico,  

con profundas desigualdades según tipo de establecimiento.  

una visión integral y longitudinal del bienestar infantil en Chile, mostrando  

deterioro en múltiples dimensiones y ofreciendo evidencia clave para  

orientar la política pública en los años venideros²⁷.  

•

•

Violencia contra la niñez: analiza la evolución de la violencia en los últimos  

diez años, mostrando aumentos preocupantes en maltrato psicológico,  

violencia escolar, homicidios y abuso sexual²⁸.  

3. Condiciones materiales  

Vivienda y niñez: examina las condiciones de habitabilidad de niñas y  

niños en Chile, destacando problemas de hacinamiento, asequibilidad y  

acceso desigual a servicios básicos y espacios públicos²⁹.  

La pobreza infantil continúa siendo un desafío estructural: 11% de niñas y niños  

vive en hogares bajo la línea de la pobreza, cifra que podría alcanzar 31% con  

una nueva metodología de medición. Además, un 20% enfrenta inseguridad  

alimentaria y un 30% vive en hogares sin empleo seguro. Las carencias mate-  

riales se expresan también en habitabilidad: 13% vive en hacinamiento (18% en  

primera infancia), un tercio enfrenta problemas de asequibilidad en la vivienda  

y un 26% no cuenta con cama propia. Por último, se evidencia que hoy, más de  

84.000 niñas y niños viven en campamentos.  

Estas agendas han permitido al Observatorio consolidarse como un actor que no  

solo organiza datos, sino que también los traduce en narrativas comprensibles y  

oportunas, situando a la niñez en el centro de la discusión pública y ofreciendo  

insumos concretos para la toma de decisiones.  

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL OBSERVATORIO NIñEZ COLUNGA  

4. Cuidados  

El apoyo a las familias es insuﬁciente: uno de cada cinco niños vive en hogares  

sin ningún tipo de respaldo en las tareas de cuidado y más de un 70% de las  

cuidadoras y cuidadores de preescolares declara que nunca recibe apoyo insti-  

tucional. Además, 17% de los niños de 7 a 12 años pasa tiempo solo después de  

la escuela. La violencia intrafamiliar es otra alerta: el porcentaje de niñas y niños  

que declara haber sufrido violencia psicológica o maltrato físico en el hogar  

subió de 48,3 a 52,7% en seis años. Entre las niñas, los casos de abuso sexual  

aumentaron de 20% a 25%. En paralelo, más de 113.000 niños son atendidos  

mensualmente por el sistema de protección, y en algunos meses ingresan más  

al sistema que los que nacen en el país.  

1. Salud física y mental  

La niñez en Chile enfrenta tres grandes “epidemias” en salud pública: obesidad,  

problemas de salud mental y aumento del riesgo suicida en la adolescencia.  

Uno de cada cuatro estudiantes de primero básico presenta obesidad, mientras  

que la actividad física recomendada por la OMS es cumplida solo por el 22%.  

En el ámbito de la salud mental, la sintomatología depresiva en estudiantes de  

7° básico a 3° medio aumentó de 14% en 2017 a 23% en 2023, y las atenciones  

de salud por riesgo suicida en adolescentes crecieron 117% en seis años.  

2. Aprendizajes y sistema educativo  

5. Entornos  

El acceso a educación parvularia sigue siendo limitado: la mitad de las niñas y  

niños de 0 a 5 años no asiste a estos programas, con un fuerte rezago en los  

Los espacios donde crecen niñas y niños presentan riesgos crecientes. La tasa  

de homicidios infantiles ha aumentado considerablemente, alcanzando su récord  

histórico con una tasa de 7,5 en mayores de 14 años por cada 100.000. Uno  

de cada dos vive en barrios con violencia crítica y el 43% de las niñas y niños  

viven en hogares en que se reportan balaceras frecuentes. También persisten  

déﬁcits en el acceso a espacios seguros: la mitad de los niños de 0 a 6 años no  

tiene salas cuna o jardines cerca, uno de cada cinco carece de plazas públicas  

y uno de cada diez de parques urbanos. La contaminación ambiental se percibe  

afecta a un 23% de las niñas y niños.  

27 Observatorio Niñez (2023). Primer informe Nacional del Bienestar de la Niñez. https://  

www.observatorioninez.org/correlato-digital  

28 Observatorio Niñez (2025). Agenda Violencia Contra la niñez. https://static1.  

squarespace.com/static/640b3ecd8e657207db1fba5a/t/6809ba6a9067c-  

609fea40a5d/1745468106726/Agenda_Violencia_2025_WEB.pdf  

29 Observatorio Niñez (2024). Agenda Niñez y Vivienda. https://static1.squarespace.com/  

static/640b3ecd8e657207db1fba5a/t/687e9aad156c614a1fe46fd8/1753127666986/  

Agenda+Ni%C3%B1ez+y+Vivienda.pdf  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

PROPUESTAS DE POLíTICA PÚBLICA SEGÚN DIMENSIONES DE BIENESTAR  

infancia, articulando con jardines infantiles y escuelas, de modo de garantizar  

continuidad en el cuidado y acompañamiento a las familias.  

1. Salud física y mental  

5. Entornos  

Frente a la crisis de salud mental y los altos niveles de malnutrición por exceso,  

Colunga propone ampliar el acceso a programas de promoción y prevención  

desde la primera infancia. Esto implica aumentar la cobertura de programas  

escolares como Habilidades para la Vida, capacitar equipos en educación  

emocional, y garantizar atención oportuna en el sistema de salud, incorporando  

prestaciones de salud mental infantil al GES. En lo físico, se plantea fortalecer la  

educación alimentaria, asegurar entornos alimentarios saludables en y alrededor  

de las escuelas, ampliar el acceso a alimentos frescos, y garantizar al menos  

60 minutos diarios de actividad física en la jornada escolar.  

Para reducir la exposición a violencia y entornos inseguros, se plantea imple-  

mentar programas territoriales de recuperación de espacio público en barrios  

de alta complejidad, con foco comunitario y énfasis en prevención social más  

que punitiva. Esto incluye mejorar infraestructura, iluminación, áreas verdes  

y equipamiento infantil, así como generar mecanismos de participación que  

recojan la voz de niñas y niños sobre seguridad y convivencia.  

6. Protección integral  

La efectividad del sistema de protección depende de superar la fragmentación  

actual. Colunga propone fortalecer la gobernanza territorial a través de Oﬁcinas  

Locales de la Niñez con mayores capacidades técnicas y recursos, garantizar  

la operación de Mesas Intersectoriales comunales y regionales, y organizar la  

oferta de servicios con rutas claras de derivación y seguimiento. Asimismo, se  

destaca la necesidad de implementar plenamente la Política Nacional de Niñez  

y Adolescencia con ﬁnanciamiento estable y mecanismos de monitoreo.  

2. Aprendizajes y sistema educativo  

Las brechas en cobertura y calidad de la educación inicial requieren medidas  

urgentes. Se propone avanzar en la aprobación de la agenda de Sala Cuna  

Universal, ampliar la cobertura en niveles medios (3-4 años) hasta alcanzar  

estándares OCDE, aumentar la inversión pública por niño y equiparar el ﬁnancia-  

miento entre modalidades (JUNJI, Integra y VTF). Además, se plantea desarrollar  

modelos ﬂexibles que se adapten a la realidad familiar y laboral, y asegurar  

calidad educativa a través de formación continua de equipos, adecuada relación  

educador/niño y mejor infraestructura.  

PROPUESTAS DE MEJORA E INCIDENCIA EN POLíTICA PÚBLICA  

Alcances e impactos del Observatorio Niñez  

3. Condiciones materiales  

Desde su lanzamiento, el Observatorio Niñez ha logrado posicionarse como  

un referente en el ecosistema de datos y políticas de infancia en Chile. Solo en  

los primeros tres meses, la plataforma web registró más de 4.200 usuarios y  

cientos de descargas de informes, lo que evidenció un interés real por contar  

con información organizada y accesible sobre la situación de niñas, niños y  

adolescentes.  

Para enfrentar la pobreza infantil y la precariedad habitacional, se propone garan-  

tizar un ingreso mínimo para niñas y niños en situación de pobreza, diseñar una  

medición especíﬁca de pobreza infantil multidimensional y actualizar la canasta  

básica con criterios reales de crianza. En materia habitacional, se plantea prio-  

rizar a las familias con niños en la asignación de subsidios, ampliar programas  

de mejoramiento de viviendas con enfoque infantil y crear un sistema integrado  

de soluciones habitacionales que incluya compra, arriendo y apoyo al crédito.  

La estrategia comunicacional también ha sido decisiva. Campañas como  

#MiraLaNiñez permitieron ampliﬁcar el alcance del Observatorio, generando  

más de 30 apariciones en prensa nacional, con cobertura en medios como La  

Tercera, CNN Chile y Emol. Esta visibilidad no solo instaló al Observatorio en la  

agenda pública, sino que también contribuyó a que la niñez pasará a ser parte  

del debate en momentos de alta contingencia.  

4. Cuidados  

La falta de apoyo a la crianza exige ampliar la cobertura de programas de paren-  

talidad positiva (Triple P, Nadie es Perfecto), fortalecer las visitas domiciliarias  

de Chile Crece Más, y aumentar el presupuesto del subsistema en general.  

Además, se propone expandir el Programa 4 a 7 para cubrir también la primera  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

El impacto se ha visto además en el plano de la incidencia política y social.  

Diversas organizaciones de la sociedad civil han utilizado los datos del  

Observatorio para elaborar campañas, minutas y propuestas dirigidas a autori-  

dades, fortaleciendo así su capacidad de incidencia informada. El Observatorio,  

en articulación con Pacto Niñez, también ha tenido un rol activo en debates  

legislativos vinculados a derechos de infancia, aportando evidencia y posicio-  

nando la voz de la sociedad civil en espacios de discusión institucional.  

DESAFíOS PENDIENTES  

A pesar de los avances alcanzados, el Observatorio Niñez enfrenta desafíos  

estructurales que condicionan su proyección a largo plazo. Uno de los más  

urgentes es la sostenibilidad ﬁnanciera. Tras el ﬁn del apoyo de la Unión Europea,  

el ﬁnanciamiento depende principalmente de Fundación Colunga, lo que plantea  

la necesidad de diversiﬁcar las fuentes de apoyo, asegurar continuidad y blindar  

la independencia técnica del proyecto.  

Recientemente, además, se ha intencionado la colaboración con redes locales, en  

particular con las Oﬁcinas Locales de la Niñez, nueva institucionalidad mandatada  

a generar diagnósticos territoriales. En este marco, el Observatorio ha puesto  

sus herramientas y metodologías a disposición de los municipios, abriendo un  

espacio de cooperación que fortalece el trabajo local con evidencia nacional.  

Este trabajo es aún incipiente, y presenta una serie de desafíos futuros.  

Otro desafío clave es consolidar al Observatorio como un centro conﬁable y  

robusto de datos públicos para las políticas de infancia, evitando la dispersión  

de esfuerzos o la duplicación con iniciativas estatales. El valor del Observatorio  

radica precisamente en su capacidad de articular información, traducirla en  

conocimiento útil y mantener un estándar de independencia y rigor que comple-  

mente el trabajo de las instituciones del Estado.  

El Observatorio Niñez ha logrado consolidar vínculos con un ecosistema amplio,  

que no se limita a la sociedad civil. Ha establecido lazos con centros de estudio  

y academia, ampliando el alcance de su conocimiento y sumando legitimidad  

técnica a sus análisis. De esta forma, se ha conﬁgurado como un actor puente,  

capaz de conectar los saberes de la sociedad civil con la producción académica  

y con los procesos de toma de decisión en el Estado.  

En el plano metodológico y participativo, persiste la necesidad de incorporar  

de manera más sistemática la voz de niñas, niños y adolescentes en el diseño  

de agendas de investigación y en la deﬁnición de los indicadores que guían  

el análisis. Avanzar en esa dirección no solo fortalecería la legitimidad del  

Observatorio, sino que también respondería a lo establecido por la Convención  

sobre los Derechos del Niño en materia de participación.  

Un ejemplo reciente de incidencia efectiva fue la iniciativa “Vota por la Niñez”,  

desarrollada en colaboración con cinco organizaciones de la sociedad civil  

que conforman la meta red de infancia —Fundación Colunga, a través de Pacto  

Niñez; Educación Inicial 2030; Acción Colectiva por la Educación; Por un Chile  

que Lee; y Juntos por la Infancia—, junto a Televisión Nacional de Chile, a través  

de sus señales Canal 24 Horas y NTV. El proyecto consistió en 8 entrevistas de  

entre 30-40 minutos a los ocho candidatos presidenciales, en total 5 horas de  

conversaciones para conocer sus propuestas de políticas públicas con las que  

piensan enfrentar los desafíos que viven niñas y niños hoy en Chile. En cada  

entrevista individual las y los candidatos abordaron sus propuestas en torno  

a tres temáticas centrales: bienestar infantil, educación y protección especia-  

lizada. Las conversaciones se estructuraron a partir de evidencia levantada  

por el Observatorio Niñez entre las distintas organizaciones involucradas en el  

proyecto, que sirvió de base para las preguntas y el desarrollo de contenidos.  

La directora del Observatorio, Paloma del Villar, participó como referente técnico  

del programa, y coconductora del espacio, acompañando a las animadoras rostro  

del canal en la conducción de las entrevistas y colaborando estrechamente con  

el canal en la elaboración del material informativo. El primer día de emisión fue  

el programa más visto de la señal de noticias del canal público. Esta experiencia  

demostró el valor de la articulación entre sociedad civil, medios de comunicación  

y evidencia técnica para instalar la niñez en el debate público y político nacional.  

Asimismo, se vuelve fundamental profundizar la articulación con gobiernos  

locales para que la información efectivamente “baje al territorio” y se convierta  

en una herramienta para la gestión municipal y comunitaria. La alianza con las  

Oﬁcinas Locales de la Niñez ha sido un primer paso en esa dirección, pero aún  

queda camino por recorrer para lograr que los datos se traduzcan en acciones  

concretas a nivel regional y comunal.  

Finalmente, el Observatorio debe enfrentar el reto de la visibilidad continua.  

En Chile, los temas de infancia suelen irrumpir en la agenda pública solo en  

contextos de crisis —ya sea por episodios de violencia, vulneración de derechos  

o emergencias mediáticas—. El desafío es instalar a la niñez como una prioridad  

permanente, capaz de movilizar debates sostenidos y políticas de largo plazo,  

más allá de la contingencia.  

En el plano gubernamental, persiste una fuerte fragmentación de los datos que  

se producen sectorialmente, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia la  

interoperabilidad y la articulación de temáticas relacionadas que inciden directa-  

mente en el bienestar de la niñez. A ello se suma el desafío de implementar de  

manera efectiva las Oﬁcinas Locales de la Niñez y de cumplir con las metas esta-  

blecidas en el Plan de Acción de la Política de Niñez y Adolescencia 2023-2032.  

Este proceso requiere no solo de un monitoreo y coordinación sostenidos por  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

parte de la Subsecretaría de la Niñez, sino también de ﬁnanciamiento suﬁciente  

que garantice una oferta programática adecuada y pertinente para responder a  

las necesidades reales de niñas, niños y adolescentes en todo el país.  

suele quedar relegada a menciones genéricas, contar con datos claros y  

propuestas concretas puede marcar la diferencia en el diseño de políticas  

más efectivas y centradas en el bienestar. Esto incluye el desafío, por  

ejemplo, del seguimiento legislativo de las propuestas parlamentarias,  

ámbito que en la actualidad en Observatorio Niñez no se ha priorizado  

en cuanto procedimiento que requiere de conocimientos especíﬁcos y  

acciones puntuales.  

RECOMENDACIONES ESTRATéGICAS  

De cara al futuro, el Observatorio Niñez no solo busca consolidar lo ya avanzado,  

sino también transformarse en un actor clave para orientar la política pública en  

infancia. Para ello, se plantean las siguientes recomendaciones estratégicas:  

1. Institucionalizar el Observatorio como un referente reconocido en la  

producción y traducción de datos sobre niñez. Esto implica que sus indi-  

cadores y análisis se conviertan en insumos regulares para ministerios,  

gobiernos locales y organismos internacionales, evitando que la niñez  

quede relegada a menciones ocasionales en la agenda pública.  

2. Fortalecer la gobernanza mixta, integrando de manera estable a sociedad  

civil, academia y Estado, incluidos organismos públicos autónomos como  

la Defensoría de la Niñez. Un observatorio que conjuga estos tres mundos  

gana legitimidad técnica y política, asegurando que su producción de  

conocimiento sea rigurosa, participativa y vinculante.  

3. Incorporar sistemáticamente la voz de niñas y niños en los procesos de  

diagnóstico, en la deﬁnición de agendas temáticas y en las estrategias  

de comunicación. Más allá de ser sujetos de estudio, los NNA deben ser  

reconocidos como actores con agencia, capaces de orientar prioridades  

y aportar miradas frescas sobre los problemas que los afectan.  

4. Garantizar un ﬁnanciamiento diversiﬁcado y sostenible, que combine  

fondos públicos, ﬁlantropía nacional, cooperación internacional y alianzas  

estratégicas. La independencia y continuidad del Observatorio dependen  

de asegurar una base ﬁnanciera estable, que no esté sujeta a los ciclos  

cortos de proyectos o donaciones.  

5. Promover un uso activo de los datos por parte de las OSC y de los toma-  

dores de decisión. Esto supone acompañar la entrega de información con  

capacitaciones, manuales prácticos de incidencia y campañas conjuntas  

que faciliten transformar la evidencia en acción. El impacto real ocurre  

cuando la información se convierte en herramienta para exigir cambios  

y mejorar la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.  

6. Relevar la niñez en la agenda presidencial y parlamentaria, ofreciendo  

al Observatorio como fuente conﬁable de insumos de alto valor para la  

construcción de programas de gobierno. En un contexto en que la niñez  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

REFERENCIAS  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES: LA CAJA DE  

HERRAMIENTAS DEL CO-LABORATORIO DE INNOVACIÓN  

CON PROPÓSITO PÚBLICO  

Alianza Erradicación de la Pobreza Infantil (2021). Nacer y crecer en pobreza  

y vulnerabilidad. Implicancias y propuestas para Chile. https://www.unicef.  

org/chile/media/6311/ﬁle/Nacer%20y%20crecer%20en%20pobreza%20  

Final%20.pdf  

Estrategia nacional de bienestar Nueva Zelanda. https://www.orangatamariki.  

govt.nz/  

Estrategia nacional de bienestar Australia. https://cpd.org.au/work/  

wellbeing-strategies-for-children-and-young-people/  

En un ecosistema de innovación con propósito público, los dispositivos trans-  

versales constituyen la infraestructura cognitiva, tecnológica y organizacional  

que articula la investigación, la transferencia de conocimiento y la toma de deci-  

siones estratégicas basadas en evidencia. Estos dispositivos funcionan como  

plataformas de aprendizaje institucional, donde se diseñan, validan y escalan  

herramientas orientadas a la efectividad multidimensional, combinando ciencia  

de datos, evaluación de impacto, y participación ciudadana. Su propósito es  

fortalecer la capacidad adaptativa de las instituciones públicas y académicas,  

permitiéndoles aprender de su propia práctica y orientar sus acciones hacia  

resultados socialmente valiosos y sostenibles.  

Kids Count. https://datacenter.aecf.org/  

Ley N° 21.430 de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2022).  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173643  

Observatoire des tout-petis. https://tout-petits.org/donnees/  

Observatorio Niñez (2023). Agenda Niñez y Pobreza.  

Observatorio Niñez (2023). Primer informe Nacional del Bienestar de la Niñez.  

https://www.observatorioninez.org/correlato-digital  

En el contexto chileno, tanto la producción de conocimiento como la gestión  

pública enfrentan altos niveles de fragmentación disciplinaria, institucional y  

tecnológica. La falta de interoperabilidad entre sistemas de información, la escasa  

integración de datos y la ausencia de mecanismos de evaluación intersectorial  

diﬁcultan el desarrollo de políticas basadas en evidencia y obstaculizan los  

procesos de aprendizaje organizacional. Esta dispersión limita la capacidad del  

Estado para anticipar riesgos, identiﬁcar nudos críticos y generar mejoras preven-  

tivas. En un escenario caracterizado por la complejidad social, la transformación  

digital y las demandas crecientes de equidad, articular una infraestructura de  

conocimiento compartido se vuelve una condición indispensable para potenciar  

la efectividad de las políticas y la capacidad de innovación pública.  

Observatorio Niñez (2024). Agenda Niñez y Vivienda. https://static1.squa-  

respace.com/static/640b3ecd8e657207db1fa5a/t/687e9aad156c614a-  

1fe46fd8/1753127666986/Agenda+Ni%C3%B1ez+y+Vivienda.pdf  

Observatorio Niñez (2025). Agenda Violencia Contra la niñez. https://static1.  

squarespace.com/static/640b3ecd8e657207db1fa5a/t/6809ba6a9067c-  

609fea40a5d/1745468106726/Agenda_Violencia_2025_WEB.pdf  

Observatorio Niñez (2025). “Volver a mirar. ¿Qué nos dice la nueva línea de  

la pobreza de la situación de niñas y niños?”. Boletín n°1: https://static1.  

squarespace.com/static/640b3ecd8e657207db1fa5a/t/687eb246d501f3  

21de000775/1753133645846/Bolet%C3%ADn+N%C2%B01.pdf  

Por eso, un aporte especíﬁco del CLIPP al trabajo de sus líneas de innovación lo  

constituyen sus dispositivos transversales. La noción de dispositivo está usada,  

como un término técnico en la estrategia del pensamiento de Foucault, siguiendo  

el planteamiento de Agamben: “lo que trato de determinar con este término  

es ante todo un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos,  

instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas  

administrativas, enunciados cientíﬁcos, proposiciones ﬁlosóﬁcas, morales y ﬁlan-  

trópicas, en breve: tanto lo dicho como lo no-dicho, estos son los elementos del  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

dispositivo. El dispositivo es la red que se establece entre estos elementos”¹. Es  

decir, el dispositivo cumple una función estratégica: aportar con instrumentos  

que giran innovando en una determinada dirección, propiciando cambios. Se  

encuentra inscrito en “relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de  

saber, proponen nuevas reglas y están condicionados por ellas”².  

allí que Foucault encuentre en el dispositivo la posibilidad de articulación estra-  

tégica de saberes y prácticas que constituyen las tecnologías⁷. Con esa base,  

Rivera, Fuster y Bassa, consideran el dispositivo como una red de diferentes  

expresiones, modeladas por el marco estratégico de un dispositivo virtual⁸. En  

este sentido, las plataformas expresan un cambio en el espíritu de la época y  

un giro en la relación sistema/mundo y las contingencias de subjetivación⁹. Ellas  

crean “nuevas posibilidades para el mundo, nuevas relaciones con la economía  

y permiten disputar signos, símbolos y signiﬁcados como posibles nuevas formas  

de existencia”¹⁰. Así, es posible incluso proponer otra forma de entender el big  

data, como un discurso y régimen de la verdad¹¹.  

De allí que, para Agamben, el dispositivo tenga tres características: “a. El dispo-  

sitivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, tanto  

lo lingüístico como lo no lingüístico: discursos, instituciones, ediﬁcios, leyes,  

medidas de policía, proposiciones ﬁlosóﬁcas, etc. En sí mismo el dispositivo es  

la red que se establece entre estos elementos. b. El dispositivo siempre tiene  

una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder.  

¿Qué es un dispositivo? c. Como tal, resulta del cruce entre relaciones de poder  

y relaciones de saber”³. En Foucault, la noción de caja de herramientas se reﬁere  

a su teoría como un conjunto de instrumentos para analizar y comprender las  

relaciones normativas y prácticas, por eso puede mostrar situaciones concretas  

aportando a pensar de forma reﬂexiva y crítica lo que normalmente se da por  

sentado⁴. Según Cruz, “la caja de herramientas contiene dos perspectivas: por  

un lado, la discusión de Foucault sobre el lenguaje como acción, un lenguaje  

que se expresa y no es propiedad de nadie, un lenguaje que se despliega y se  

desliza sobre sí mismo bajo sus propias líneas. Por otro lado, esboza algunos  

puntos de la genealogía del poder en diversos ámbitos del conocimiento y las  

relaciones políticas y de poder”⁵. A diferencia de un pensamiento uniﬁcado se  

presenta como un campo abierto y ﬂexible lo que conﬁgura un fundamento  

valioso para generar instrumentos de innovación.  

Como va a plantear Srnicek, coautor del Maniﬁesto Aceleracionista, hay que  

desarrollar una precisa taxonomía de estas soﬁsticadas máquinas de producción  

de ganancia, que le están dando forma a una nueva infraestructura digital: “los  

efectos de esta hegemonía se propagan también al mundo oﬄine sobre el que  

estos modelos de negocios proyectan su ethos: los gobiernos y las ciudades  

deben ser inteligentes, las empresas disruptivas y los trabajadores ﬂexibles”¹².  

Ahora bien, Srnicek lanza un llamado directo a la innovación en esta materia: “en  

vez de solo regular las plataformas, se deberían realizar esfuerzos para crear  

plataformas públicas, con sentido de propósito colaborativo. Esto implicaría  

invertir los enormes recursos del Estado en la tecnología necesaria para apoyar  

estas plataformas y ofrecerlas como servicios públicos”¹³. Esa es la orientación  

que busca desarrollar el CLIP con estos dispositivos transversales de plataformas.  

No se trata de una moda, ni de una simple estrategia. Tampoco es una herra-  

mienta mono funcional para resolver un problema determinado, se trata más bien  

de “pensar como quien programa y buscar construir un lenguaje nuevo en el  

que el problema en cuestión esté inmerso, de modo que las soluciones puedan  

Su inserción en un mundo que cambia permite proponer un tránsito conceptual  

hacia un contexto digital y de plataformas: “si aspiramos a un régimen en el  

que el mundo digital forme parte de cualquier análisis teórico, cabría pregun-  

tarse, por ejemplo, cómo algo producido automáticamente por algoritmos se  

transformaría en un régimen de verdad al considerarse conﬁable en sí mismo”⁶.  

Especialmente interesante es la relación del saber-poder en los mecanismos  

de objetivación y subjetivación que producen estos cambios tecnológicos. De  

7

Foucault, M. (1984). Saber y verdad. Piqueta Ediciones. Madrid.  

8

Rivera, D., Fuster, N. y Bassa, J. (2021). “El método que nos regaló Foucault: la caja de he-  

rramientas foucaultiana para pensar problemas ﬁlosóﬁcos en un contexto digital”. Revista  

humanidades Hace Valparaíso, 17, 271-288. DOI: http://dx.doi.org/10.22370/rhv2021iss17  

9

Berardi, F. (2007). Generación post-alfa: patologías e imaginarios en el semio capitalis-  

1

2

Agamben, G. (2014). Qué es un dispositivo. Mondadori/Altuna impresores. Pág. 2.  

Foucault, M. Dits et écrits vol. III (Págs. 299-300). Citado en: Agamben, G. (2014). Qué es  

un dispositivo. Mondadori/Altuna impresores.  

Agamben, G. (2014). Qué es un dispositivo. Mondadori/Altuna impresores. Pág. 3.  

Foucault, M. (1984). Saber y verdad. Piqueta Ediciones. Madrid.  

Cruz, J. (2006). “El pensamiento de Michel Foucault como caja de herramientas”.  

Discusiones Filosóﬁcas, 7, 183-198.  

mo. Tinta Limón Ediciones.  

10 Rivera, D., Fuster, N. y Bassa, J. (2021). “El método que nos regaló Foucault: la caja de he-  

rramientas foucaultiana para pensar problemas ﬁlosóﬁcos en un contexto digital”. Revista  

humanidades Hace Valparaíso, 17, 271-288. DOI: http://dx.doi.org/10.22370/rhv2021iss17  

3

4

5

11  

Beer, D.(2016). “¿Cómo deberíamos hacer la historia del Big Data?”. Citado en: Rivera, D.,  

Fuster, N. y Bassa, J. (2021). “El método que nos regaló Foucault: la caja de herramientas  

foucaultiana para pensar problemas ﬁlosóﬁcos en un contexto digital”. Revista humani-  

dades Hace Valparaíso, 17, 271-288. DOI: http://dx.doi.org/10.22370/rhv2021iss17  

6

Rivera, D., Fuster, N. y Bassa, J. (2021). “El método que nos regaló Foucault: la caja de he-  

rramientas foucaultiana para pensar problemas ﬁlosóﬁcos en un contexto digital”. Revista  

humanidades Hace Valparaíso, 17, 271-288. DOI: http://dx.doi.org/10.22370/rhv2021iss17  

12 Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas. Traducción: Aldo Giacometti. Caja Negra.  

13 Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas. Traducción: Aldo Giacometti. Caja Negra.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

desplegarse fácilmente”¹⁴. Por ello, se requiere de un esfuerzo mancomunado  

para “superar la idea de un organismo pesado —esa imagen del rinoceronte  

dentro de un bote a remos, en la película Y la nave va de Fellini— y volverla  

ágil y ligera, pasando de un enfoque estructural a uno funcional”¹⁵. Es decir,  

con una burocracia escasa y formas de digitalización mínimas y coordinadas,  

seleccionadas desde el sentido de propósito central¹⁶. Esas son las razones por  

las cuales del CLIPP propone dispositivos transversales, como “plataformas de  

memoria, recopilación y producción de conocimientos transparentes y accesi-  

bles, con una línea de base para mejorar en acoplamiento e implementación  

de iniciativas”¹⁷.  

la efectividad, legitimidad y justicia de la acción pública, promoviendo una  

gobernanza más democrática y reﬂexiva.  

“Inteligencia artiﬁcial aplicada a la industria: oportunidades y desafíos para  

Chile”, elaborado por Viviana Isabel Meruane Naranjo y Ninoska Leiva Cortés,  

desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  

El documento analiza el potencial de la inteligencia artiﬁcial para la industria  

chilena, enfatizando que su adopción exitosa requiere superar desafíos estruc-  

turales, culturales y de gobernanza que van más allá de la mera implementación  

tecnológica. Su aporte central radica en identiﬁcar estrategias para transformar  

proyectos piloto en soluciones escalables y sostenibles, posicionando la IA  

como un motor de diversiﬁcación económica y competitividad. En diálogo con  

otros policy briefs del capítulo, este trabajo subraya la necesidad de integrar  

innovación tecnológica, planiﬁcación estratégica y políticas públicas efectivas  

para maximizar los beneﬁcios de la inteligencia artiﬁcial en el desarrollo indus-  

trial del país.  

Así, los Dispositivos Transversales del CLIPP abordan estos desafíos mediante  

el desarrollo de herramientas metodológicas y tecnológicas que fortalecen la  

gestión del conocimiento, la interoperabilidad de datos y la innovación institu-  

cional. Entre ellas destacan pensar la implementación desde el diseño, la inte-  

ligencia artiﬁcial aplicada a la industria, desarrollo del Índice Multidimensional  

de Efectividad (IME) y el diario digital del uso de tiempo (DDUT).  

“Índice Multidimensional de Efectividad (IME): Innovación tecnológica que  

anticipa el grado de efectividad programática mediante un algoritmo de riesgo  

de la oferta”, desarrollado por Teresa Matus, Adriana Kaulino, Estefanía Vilches  

y Paulina Rojas en el marco del Núcleo de Innovaciones Efectivas en Política  

Pública (NIepp) de la Universidad de Chile, constituye una innovación tecnológica  

orientada a anticipar el grado de efectividad programática mediante un algoritmo  

de riesgo de la oferta. Surge como respuesta a las limitaciones de los modelos  

tradicionales de evaluación, que suelen medir resultados ex post sin explicar  

por qué muchos programas públicos no logran sus objetivos. El IME transforma  

esa lógica al convertir las fallas en oportunidades de aprendizaje, articulando  

ocho dimensiones analíticas —que van desde la coordinación intersectorial  

y la pertinencia territorial hasta la autonomía de los equipos— para observar  

en tiempo real el desempeño, las alertas y las trayectorias institucionales. Su  

diseño, sustentado en un sistema inteligente de gestión, permite integrar datos,  

predicciones y procesos de autoevaluación continua, facilitando la toma de  

decisiones informadas, reduciendo costos y potenciando la efectividad institu-  

cional. Validado en experiencias como el Hospital Eloísa Díaz y la Corporación  

Opción, y proyectado hacia sistemas públicos en Chile, Perú y Brasil, el IME se  

consolida como una herramienta de gobernanza del conocimiento que recon-  

ﬁgura la evaluación como un proceso dinámico de aprendizaje organizacional,  

orientado a la innovación, la eﬁciencia y el impacto social.  

“Pensar la implementación desde el diseño: su centralidad en las iniciativas  

con propósito público”, desarrollado por Gianinna Muñoz Arce, académica  

del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, plantea que la  

implementación constituye una dimensión central y política de las iniciativas con  

propósito público, y no una mera fase técnica posterior al diseño. A partir de un  

giro teórico iniciado en los años setenta, la autora sostiene que la implementa-  

ción es un espacio donde se reconﬁguran las políticas, se expresan relaciones  

de poder y se produce conocimiento situado. Desde enfoques críticos, propone  

comprenderla como un proceso ﬂexible, abierto al disenso y a la co-producción  

del conocimiento entre Estado, implementadores y comunidades. Asimismo,  

destaca la necesidad de diseñar políticas que incorporen la implementación  

desde el origen, considerando tres dimensiones sensibles: la ﬂexibilidad adap-  

tativa frente a contextos cambiantes, la autoobservación constante mediante  

evaluaciones recurrentes que permitan aprendizaje organizacional, y la revisión  

crítica de los instrumentos para evitar reproducir inequidades y jerarquías. En  

suma, pensar la implementación desde el diseño es un imperativo para fortalecer  

14 Avanessian, A. y Reis, M. (Comps.) (2017). Aceleracionismo. Estrategias de transición.  

Caja Negra. Pág. 132.  

15 Matus, T. (2022). “Abrir mundos: potenciales de inﬂexión en la investigación universitaria”.  

“Diario digital de Uso del Tiempo: innovación tecnológica para comprender  

la organización del tiempo en la vida cotidiana de las personas trabajadoras”  

constituye una de las iniciativas más signiﬁcativas sobre trabajo y vida cotidiana.  

Desarrollado por Alessandra Olivi (Universidad de Valparaíso), Julieta Palma  

Revista Anales, 20 (7º serie). Pág. 371.  

16 Mazzucato, M. (2021). Misión Economía. Una carrera espacial para cambiar el capita-  

lismo. Ediciones Taurus. Pág. 23.  

17 Matus, T. (2022). “Abrir mundos: potenciales de inﬂexión en la investigación universitaria”.  

Revista Anales, 20 (7º serie). Pág. 371.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

y Juan Pablo Díaz (Universidad de Chile), en el marco del Núcleo Milenio en  

Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM), este instrumento adapta  

al contexto latinoamericano los avances internacionales en diarios digitales,  

en colaboración con el Center of Time Use Research (CTUR) de la University  

College of London y el Oxford Internet Institute. Integrando categorías de la  

CAUTAL y de la Encuesta CASEN, la plataforma permite registrar y visualizar de  

manera interactiva cómo las personas trabajadoras distribuyen su tiempo entre  

el empleo, el cuidado, la participación comunitaria y el ocio. Su diseño liviano,  

homologado y de código abierto mejora la calidad y accesibilidad de las medi-  

ciones, ampliando las capacidades del país para generar evidencia orientada  

a políticas de conciliación, igualdad de género y sostenibilidad del bienestar,  

y contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas regionales de información  

sobre uso del tiempo.  

1. PENSAR LA IMPLEMENTACIÓN DESDE EL DISEÑO: SU  

CENTRALIDAD EN LAS INICIATIVAS CON PROPÓSITO  

PÚBLICO  

Gianinna Muñoz Arce  

Departamento de Trabajo Social  

Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-4582-0507  

gianinna.munoz@uchile.cl  

INTRODUCCIÓN  

El estudio de las políticas públicas ha sido tradicionalmente conceptualizado  

como un ciclo secuencial compuesto por fases o etapas: la deﬁnición del  

problema, la formulación de alternativas, la toma de decisiones, la implemen-  

tación y la evaluación¹⁸. Esta perspectiva, conocida como el “ciclo de políticas”,  

fue particularmente inﬂuyente en la segunda mitad del siglo XX, al ofrecer un  

marco ordenado para analizar la acción pública. Sin embargo, en esta aproxi-  

mación la implementación solía ser concebida como un momento secundario,  

prácticamente automático, subordinado al diseño y a la decisión política. Bajo esta  

concepción, el análisis de políticas se centró en comprender cómo se deﬁnían  

los problemas y cómo se adoptaban decisiones, mientras que la implementación  

era considerada un proceso meramente técnico de ejecución.  

Fue recién a partir de la década de 1970 que se produjo un giro en esta concep-  

ción. Autores como Jeﬀrey Pressman y Aaron Wildavsky19 mostraron que la  

implementación constituía un terreno crítico en el cual las políticas podían verse  

profundamente transformadas, alejándose de sus objetivos iniciales. En su clásico  

estudio sobre un programa de desarrollo en Oakland, California (titulado suge-  

rentemente “Implementación: Cómo las grandes expectativas de Washington  

se ven frustradas en Oakland”), estos autores revelaron cómo las interacciones  

18 Howlett, M., Ramesh, M. & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles and policy  

subsystems (3rd ed.). Oxford University Press.  

19 Pressman, J. L. & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How great expectations in  

Washington are dashed in Oakland. University of California Press.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

entre agencias, los conﬂictos burocráticos, las limitaciones de recursos y las  

decisiones de actores locales generaban una distancia considerable entre el  

diseño de las iniciativas públicas y su puesta en práctica. La gran lección de  

este trabajo fue que la implementación no podía ser entendida como un simple  

proceso lineal, sino como un campo lleno de incertidumbre, contingencias y  

disputas políticas.  

PERSPECTIVAS CRíTICAS PARA COMPRENDER LA CENTRALIDAD DE LA  

IMPLEMENTACIÓN  

Con el reconocimiento de que la implementación no era una etapa subordinada  

al diseño —sino un espacio con vida y poder productivo propios— dejó de ser  

una “caja negra” o algo opaco, logrando convertirse en un objeto de estudio  

autónomo²³. La metáfora de la caja negra se utilizó precisamente para criticar  

aquella visión reduccionista que asumía que, una vez asignados los recursos y  

establecidas las normas, los programas se llevarían a cabo de manera mecánica.  

Abrir la caja negra signiﬁcó reconocer que la implementación es un proceso  

político en sí mismo, donde los actores reinterpretan, negocian y adaptan las  

políticas a contextos especíﬁcos²⁴.  

Este cambio de perspectiva supuso una verdadera revolución en el campo.  

Michael Lipsky²⁰, con su inﬂuyente obra sobre las/os burócratas a nivel de calle  

—street-level bureaucrats— mostró que las/os implementadores que interactúan  

directamente con la ciudadanía poseen un grado signiﬁcativo de discreciona-  

lidad. Lejos de ser ejecutores pasivos, estos actores deﬁnen en la práctica quién  

accede a los beneﬁcios, bajo qué condiciones y con qué limitaciones. En este  

sentido, los burócratas a nivel de calle no solo implementan políticas, sino que  

las rediseñan cotidianamente, pudiendo promover dignidad y derechos, pero  

también reproducir agravios y desigualdades²¹. La mirada de Lipsky ayudó a  

comprender que el Estado no se materializa únicamente en las leyes y regla-  

mentos, sino en la acción de miles de implementadoras/es que, en el contacto  

directo con las/os usuarios, producen la política pública en su trabajo cotidiano.  

El tránsito de la implementación desde una visión técnica hacia una concepción  

política constituye un punto de partida esencial. Este desplazamiento marca el  

inicio de un campo que, con el tiempo, se ha diversiﬁcado en modelos explica-  

tivos, enfoques críticos y debates normativos sobre cómo mejorar la capacidad  

estatal y las iniciativas con propósito público. Lo que en un comienzo se obser-  

vaba como un proceso instrumental se revela hoy como un espacio cargado  

de tensiones, resistencias y aprendizajes²⁵. En suma, abrir la caja negra ha  

signiﬁcado repensar la política pública no solo como diseño y decisión, sino  

como práctica social y política en movimiento.  

Siguiendo estos planteamientos, proponemos que la implementación es crucial  

en el desarrollo de iniciativas con propósito público. Los diseños pueden estar  

sólidamente fundamentados y prolijamente planiﬁcados, pero si asumen que  

la implementación puede darse por sentada, es muy probable que enfrenten  

un estrepitoso fracaso²². La implementación es un proceso donde se juegan  

y producen elementos centrales de la acción pública. Analizarla permite  

comprender cómo se materializan las relaciones de poder, cómo interactúan  

Estado y sociedad, y cómo las políticas se transforman a lo largo de su recorrido.  

Así, el estudio de la implementación es crucial no solo para explicar por qué  

algunas políticas tienen éxito y otras fracasan, sino también para comprender  

la naturaleza misma de la gobernanza democrática. En este escrito revisaremos  

qué implica asumir la implementación como una pieza clave del diseño de polí-  

ticas e iniciativas con propósito público: situada desde una perspectiva crítica,  

analizaremos tres dimensiones sensibles (comprender los momentos de la  

implementación desde una lógica ﬂexible, crear dispositivos de autoobserva-  

ción constante, e interrogar críticamente los instrumentos de implementación),  

puntualizando algunas recomendaciones para pensar y planiﬁcar, desde el  

momento del diseño, la implementación.  

Si bien los modelos top-down y bottom-up permitieron abrir la “caja negra” de la  

implementación y entenderla como un proceso complejo, todavía conservaban  

ciertos supuestos normativos: que las políticas son diseñadas en un centro,  

transmitidas a niveles inferiores y, aunque reinterpretadas, siguen siendo reco-  

nocibles en su trayectoria. A partir de la década de 1990 y con mayor fuerza  

en el siglo XXI, surgieron enfoques críticos que desplazaron esta visión para  

concebir la implementación como un campo político situado, atravesado por  

relaciones de poder. Estos enfoques críticos no solo analizan cómo se imple-  

mentan las políticas, sino también qué implica políticamente su implementación.  

A continuación, revisaremos brevemente algunas de estas propuestas.  

20 Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services.  

23 Leyton, C. (2024). Implementación de Políticas Sociales en Chile. RIL editores.  

Russell Sage Foundation.  

24 Hill, M. & Hupe, P. (2009). Implementing public policy: An introduction to the study of  

21 Peeters, R., Lotta, G. S. & Nieto, F. (Eds.) (2024). Street-level bureaucracy in weak state  

operational governance (2nd ed.). SAGE.  

institutions. Policy Press.  

25 Muñoz Arce, G., Lotta, G. y Peeters, R. (2025). Burocracias a nivel de calle y desigualda-  

22 Levitt, R. (2025). Implementing public policy. Taylor & Francis.  

des en América Latina. CLACSO.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

MÁS ALLÁ DE LA DICOTOMíA TOP-DOWN VS. BOTTOM-UP (O LA FIDELIDAD VS.  

Con el propósito de complejizar estas visiones, las propuestas críticas sobre la  

implementación se sitúan en la intersección entre las condicionantes estructurales  

y normativas del diseño y la interpretación o adaptación local de la acción pública  

que hacen las/os implementadores en terreno²⁸. Proponen desnaturalizar la idea  

de que las políticas se “ejecutan” tal como fueron diseñadas, pero también poner  

bajo sospecha los discursos que sitúan en la capacidad heroica o mesiánica  

de las/os implementadores como factor crucial del éxito en la implementación.  

Por el contrario, las propuestas críticas sobre la implementación sugieren que  

esta es un proceso atravesado por múltiples fuerzas, donde se entrelazan inten-  

ciones, interpretaciones, recursos y relaciones de poder que operan tanto en  

los mecanismos estructurales como en las dinámicas casi imperceptibles en los  

encuentros cara a cara entre implementadoras/es y cuidadanas/os.  

LA RESISTENCIA)  

Los modelos top-down surgieron en los años setenta con el objetivo de analizar  

las condiciones bajo las cuales una política podía implementarse siendo ﬁel al  

diseño. Según esta perspectiva, mientras más deﬁnidos y coherentes sean los  

objetivos, mayor será la probabilidad de que la política se ejecute conforme  

a lo planiﬁcado. Desde aquí, la autoridad jerárquica y el control son cruciales  

para la implementación, la que es concebida como un proceso de transmisión  

de órdenes desde el nivel central hacia los niveles locales, en que la principal  

preocupación es evitar desviaciones. Desde este punto de vista, las fallas en la  

implementación suelen explicarse por deﬁciencias en el diseño, insuﬁciencia de  

recursos, problemas de coordinación, y desobediencias o inﬁdelidades de las/os  

implementadores. Aunque este modelo permitió reconocer factores relevantes  

para la efectividad, ha sido criticado por su reduccionismo. Al centrarse en la  

capacidad de control desde arriba, tiende a invisibilizar la autonomía de los  

actores locales, las dinámicas de negociación y la complejidad de los contextos.  

En muchos casos, la expectativa de una “ﬁdelidad perfecta” a los objetivos  

iniciales se revela como irreal, lo que limita la utilidad de este enfoque cuando se  

analiza la implementación en escenarios de alta diversidad social e institucional.  

RASTREAR EL RECORRIDO: VIAJE DE IDEAS Y TRADUCCIONES EN EL PROCESO  

DE IMPLEMENTACIÓN  

Las perspectivas críticas sobre la implementación ponen acento en el origen  

de las ideas de política: su lugar de enunciación, o su domicilio geopolítico.  

¿De dónde vienen esos marcos conceptuales, objetivos y metodologías que  

tenemos que implementar en nuestro territorio? ¿A qué idiosincrasias e ideo-  

logías responden estos diseños? ¿En qué contexto, para qué público, y con  

qué condiciones materiales de operación fue concebido este diseño? No  

pocas veces los diseños han sido creados bajo condiciones y en contextos  

que poco se parecen a una comuna rural del sur Chile, a un territorio aislado  

geográﬁcamente en la frontera norte del país, o en abierto conﬂicto político con  

el Estado de Chile como ocurre en La Araucanía²⁹. La compra de licencias de  

políticas y programas sociales creadas en países europeos y angloamericanos,  

para ser implementadas en contextos del así llamado Sur Global ya han sido  

identiﬁcadas como uno de los principales nudos críticos de la política pública³⁰.  

En respuesta crítica a las limitaciones de este modelo jerárquico, surgieron los  

enfoques bottom-up. Como adelantamos, estos enfatizan la autonomía de los  

actores locales y el carácter negociado de la implementación. En palabras de  

Lipsky²⁶, los burócratas de calle constituyen el núcleo de la política, ya que sus  

decisiones cotidianas determinan en gran medida cómo se materializan los  

programas. En este sentido, la implementación no es una simple ejecución, sino  

un proceso de co-producción donde las/os implementadores y otros actores  

(comunidades, organizaciones, instituciones, y otros agentes tanto públicos  

como privados) interactúan y adaptan las políticas a las realidades locales. De ahí  

que la implementación deba entenderse como un proceso político y social que  

depende tanto de las reglas formales como de las capacidades y percepciones  

de los implementadores²⁷. Ciertamente este enfoque también tiene debilidades:  

al enfatizar la autonomía local, se puede subestimar la importancia de los marcos  

normativos, los recursos ﬁnancieros y la autoridad política que condicionan las  

acciones de las/os implementadores y los actores locales vinculados a la imple-  

mentación. En este sentido, se señala que una visión exclusivamente bottom-up  

corre el riesgo de sobredimensionar la voluntad o capacidad transformadora  

de las/os implementadores.  

28 Jobling, H. (2020). “Discretion from a critical perspective”. En: T. Evans y P. Hupe (Eds.).  

Discretion and the quest for controlled freedom (Págs. 193-210). Springer.  

Nisar, M. y Masood, A. (2020). “Dealing with disgust: Street-level bureaucrats as agents of  

Kafaesque bureaucracy”. Organization, 27(6), 882-899.  

Muñoz Arce, G. (2025). “Teorías críticas para el análisis de las burocracias a nivel de calle  

en América Latina”. En: Muñoz Arce, G., Lotta, G. & Peeters, R. (2025). Burocracias a nivel  

de calle y desigualdades en América Latina (Págs. 24-25). CLACSO.  

29 Este es el foco del proyecto FONDECYT Regular 1240100: “Lidiar con la implementación  

en territorios extremadamente críticos”, actualmente en desarrollo.  

26 Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services.  

Russell Sage Foundation.  

30 Muñoz Arce, G., Lotta, G. & Peeters, R. (2025). Burocracias a nivel de calle y desigualda-  

27 Leyton, C. (2024). Implementación de Políticas Sociales en Chile. RIL editores.  

des en América Latina. CLACSO.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Este nudo ha sido problematizado desde la literatura sobre policy transfer³¹,  

poniendo el acento en los mecanismos mediante los cuales gobiernos adoptan  

políticas, instituciones o instrumentos de otros lugares sin mediación ni traduc-  

ción alguna. Estos mecanismos incluyen la emulación voluntaria, el aprendizaje  

a partir de experiencias foráneas, la inﬂuencia de organismos internacionales  

y la coerción en contextos de dependencia, entre otros. Si bien este enfoque  

permitió arrojar luz sobre cómo se difunden las políticas a escala global, ha sido  

criticado por su carácter excesivamente lineal. Al concebir las políticas como  

“paquetes” que se trasladan intactos de un contexto a otro, tiende a ignorar la  

fricción cultural, institucional y social que ocurre en territorios con sus propias  

particularidades. Frente a estas limitaciones, surgió el enfoque de policy trans-  

lation³², que sostiene que las políticas no se transﬁeren como objetos cerrados,  

sino que se traducen y resigniﬁcan en el proceso. En sus estudios del caso  

chileno, Leyton33 plantea que cada contexto imprime nuevas interpretaciones,  

adaptaciones y mezclas, dando lugar a híbridos locales. Esta perspectiva de  

traducción resalta que la implementación es, en sí misma, un espacio clave  

donde las políticas viajan, se reinterpretan y se transforman³⁴. En consecuencia,  

analizar la implementación signiﬁca también rastrear el recorrido cultural y polí-  

tico de las ideas, y la manera en que las/os implementadores asumen, adaptan  

y resisten frente a los diseños, generándose las ﬁsuras necesarias para que  

emerja la creatividad y la innovación.  

versiones más ortodoxas de la ciencia de la implementación (implementation  

science) actualmente³⁶.  

Desde la perspectiva de la co-producción, las políticas se sostienen en cono-  

cimiento. Y el conocimiento no se produce únicamente en oﬁcinas centrales  

o centros de investigación, sino también en el terreno de la implementación.  

Las/os implementadores, las organizaciones sociales y los propios usuarios/as  

producen saberes que resultan esenciales para el funcionamiento de la polí-  

tica. La implementación se convierte, así, en un proceso de aprendizaje mutuo  

donde el conocimiento experto se entrelaza con conocimientos situados, es  

decir, la implementación es comprendida como un proceso de construcción  

transdisciplinar, que trasciende las fronteras de las disciplinas académicas.  

Reconocer la co-producción no solo democratiza la política, sino que también  

permite construir soluciones más pertinentes, adaptadas a realidades locales  

diversas y en constante cambio, promoviendo la reﬂexividad y la capacidad  

crítica de adaptación y resistencia productiva o creativa por parte de las/os  

implementadores a nivel local³⁷.  

Desde las perspectivas críticas decoloniales, especíﬁcamente, la co-producción  

implica reconocer la interdependencia radical de todos los seres, para cons-  

truir el conocimiento que funda la implementación desde el disenso, el desen-  

cuentro en el encuentro y la imbricación que permita reinterpretar el diseño,  

en su sentido más amplio (diseño como la creación de mundos de vida). Esto  

demanda un cambio de lógica: pasar de una comprensión del diseño centrado  

en el individuo y su acondicionamiento para que se ajuste a las demandas del  

mercado, a un diseño centrado en la vida, la relacionalidad y la sostenibilidad³⁸.  

En el plano operativo, esto signiﬁca pensar la implementación en base al uso de  

metodologías participativas (mesas de trabajo, laboratorios sociales, círculos de  

diálogo, comunidades de aprendizaje), cuidando la accesibilidad y el uso de un  

lenguaje claro, lo que puede requerir por ejemplo la traducción de conceptos  

técnicos a un lenguaje comprensible para todas las personas involucradas y  

usar formatos diversos (textos, gráﬁcos, audiovisuales, encuentros presenciales)  

para democratizar el acceso. También requiere cuidar las condiciones materiales  

para la participación (reconocer el tiempo, trabajo y recursos que aportan los  

LA CO-PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN  

Otra contribución de los enfoques críticos, estrechamente vinculada con el  

reconocimiento del viaje de las ideas, es la noción de co-producción de cono-  

cimiento en la implementación³⁵. Esta mirada cuestiona la visión tecnocrática  

que concibe la política pública como un diseño experto aplicado de forma  

descendente, como sugerían los enfoques top-down en los ochenta, y algunas  

31 Dolowitz, D. & Marsh, D. (2000). “Learning from abroad: The role of policy transfer in con-  

temporary policy-making”. Governance, 13(1), 5–24.  

32 Freeman, R. (2009). “What is ‘translation’?”. Evidence & Policy, 5(4), 429–447.  

33 Leyton, C. (2015). “Equipos y profesionales al nivel de calle: una alternativa para hacer  

frente a la complejidad en las políticas públicas”. En: F. Cortez-Monroy y T. Matus (Eds.).  

Innovación Social Efectiva. Una Propuesta de Evaluación de Programas Sociales (Págs.  

190-207). Libros de Mentira.  

36 Fox, R. A., Sharma, U. & Leif, E. S. (2024). “The factors that count: predicting implementa-  

tion ﬁdelity of evidence-based behavioural supports in Australian schools”. International  

Journal of Inclusive Education, 28(7), 1133-1149.  

37 Muñoz-Arce, G., Duboy Luengo, M., Villalobos, C. y Reininger, T. (2022). “‘Oponerse sin  

perder el puesto’: tensiones y resistencias profesionales en la implementación de progra-  

mas sociales en Chile”. Rumbos TS, 17(28), 89-108.  

38 Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and  

the Making of Worlds (New Ecologies for the Twenty-First Century). Duke University  

Press.  

Leyton, C. (2023). “Traducciones de los equipos locales en la implementación de programas  

sociales en Chile”. Rumbos TS. Un Espacio Crítico para la Reﬂexión en Ciencias Sociales,  

29, 165-187.  

34 Leyton, C. (2024). Implementación de Políticas Sociales en Chile. RIL editores.  

35 Jasanoﬀ, S. (2004). States of knowledge: The co-production of science and social order.  

Routledge.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

diferentes actores, ofrecer apoyos logísticos (cuidado infantil, horarios adecuados,  

transporte, etc.) para que la participación sea posible y no excluyente.  

tadores proteger valores éticos o atender necesidades urgentes de las/os  

usuarios. Así, las resistencias revelan la dimensión profundamente política de  

la implementación y la necesidad de analizarla como un proceso cargado de  

tensiones estructurales. Ciertamente, no toda resistencia al diseño por parte  

de las/os implementadores de primera línea será sinónimo de justicia social o  

mayor bienestar para las/os usuarios de las políticas. Los actos de resistencia,  

incluso teniendo como propósito beneﬁciar a las/os usuarios, tienen resultados  

contingentes, imposibles de predecir, y pueden también contribuir a una repro-  

ducción de desigualdades no planeadas⁴³.  

LAS RESISTENCIAS COMO DIMENSIÓN PRODUCTIVA EN EL PROCESO DE  

IMPLEMENTACIÓN  

Gran parte de la literatura más tradicional sobre implementación asume que  

las resistencias son obstáculos, formas de boicotear la política orquestadas por  

implementadoras/es a nivel local, o como plantean algunas vertientes ortodoxas  

de las ciencias de la implementación, “inﬁdelidades” al diseño. Sin embargo,  

desde una perspectiva crítica, las resistencias de las/os implementadores frente  

al diseño de política puede ser una potencia donde la reﬂexión, la autoobserva-  

ción, la adaptación y negociación constante puede dar lugar a brotes inéditos,  

situados, innovadores y creativos³⁹.  

DIMENSIONES SENSIBLES: ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA PENSAR LA  

IMPLEMENTACIÓN DESDE EL DISEñO  

Como hemos revisado hasta aquí, asumir una concepción crítica implica entender  

la implementación como un proceso contingente, abierto y profundamente polí-  

tico. En ella se juega gran parte de la efectividad, la legitimidad y la justicia de  

las iniciativas con propósito público. La implementación, debido a su centralidad,  

requiere ser pensada desde el momento del diseño: no puede ser dejada a su  

propia suerte. Las dimensiones sensibles de la implementación, en este sentido,  

son aspectos que, si se descuidan, pueden comprometer no solo la efectividad  

de la acción pública, sino también su legitimidad y equidad.  

Como ya hemos señalado, el poder —elemento medular del proceso de política  

desde esta perspectiva⁴⁰— se maniﬁesta tanto en la capacidad del Estado para  

deﬁnir normas y asignar recursos como en las microdecisiones de las/os imple-  

mentadores, que pueden favorecer, restringir o condicionar el acceso de las/os  

ciudadanos a bienes y servicios. En otras palabras, las/os implementadores de  

primera línea tienen margen de maniobra o capacidad de agencia, la cual a su  

vez está enmarcada por estructuras institucionales, jerarquías y restricciones de  

recursos que limitan su alcance⁴¹. Precisamente estas restricciones —que muchas  

veces devienen en tensiones y dilemas éticos para las/os implementadores⁴²—  

son elementos gatilladores de prácticas de resistencia en la implementación.  

Lejos de ser anomalías, estas prácticas forman parte del funcionamiento de  

las políticas públicas en los territorios. Las/os implementadores enfrentados  

a recursos insuﬁcientes, mandatos contradictorios o tensiones institucionales  

desarrollan estrategias: retrasos, reinterpretaciones creativas, priorizaciones u  

omisiones selectivas, e incluso oposiciones veladas. Se trata de “desviaciones”  

que a menudo constituyen respuestas racionales a las contradicciones del  

sistema y, en algunos casos, mecanismos que permiten a las/os implemen-  

Por esta razón, identiﬁcamos algunas dimensiones sensibles de la implementa-  

ción que requieren ser incluidas en el diseño, aun sabiendo que las/os implemen-  

tadores interpretarán y rediseñarán estas orientaciones según su criterio en sus  

espacios locales. Desde un diseño dúctil y que se auto observa constantemente  

para mejorar, dicha reinterpretación es deseable, pero requiere orientación y  

cuidado y, sobre todo, planiﬁcación.  

39 Muñoz-Arce, G., Duboy Luengo, M., Villalobos, C. y Reininger, T. (2022). “‘Oponerse sin  

perder el puesto’: tensiones y resistencias profesionales en la implementación de progra-  

mas sociales en Chile”. Rumbos TS, 17(28), 89-108.  

40 Bacchi, C. y Goodwin, S. (2025). “Making and Unmaking ‘objects’”. En: Poststructural  

Policy Analysis: A Guide to Practice (Pags. 99-113). Palgrave Macmillan.  

41 Muñoz Arce, G. (2024). “Looking for transformation in social work: Professional resistance  

as an analytical counterpoint”. En: R. Baikady et al. (Eds.). The Oxford handbook of power,  

politics, and social work (Oxford Handbooks). Oxford University Press. DOI: https://doi.  

org/10.1093/oxfordhb/9780197650899.013.46  

43 Muñoz Arce, G., Lotta, G. & Peeters, R. (2025). Burocracias a nivel de calle y desigualda-  

des en América Latina. CLACSO.  

42 Weinberg, M. y Banks, S. (2019). “Practising Ethically in Unethical Times: Everyday  

Hill, M. & Hupe, P. (2009). Implementing public policy: An introduction to the study of  

operational governance (2nd ed.). SAGE.  

Resistance in Social Work”. Ethics and Social Welfare, 13(4), 361–376.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

FIGURA IX-1. Dimensiones sensibles y recomendaciones  

La acción pública no se implementa en escenarios homogéneos; por el  

contrario, deben enfrentarse a territorios diversos, con recursos variables  

y dinámicas sociales imprevisibles. En este marco, los diseños excesiva-  

mente rígidos o “importados” suelen fracasar al no poder ajustarse a las  

condiciones locales. La ﬂexibilidad no signiﬁca ausencia de reglas, sino  

la construcción de marcos normativos que combinen coherencia con  

reﬂexión crítica. Inicialmente, implica rastrear el origen de las ideas que  

se quieren implementar e identiﬁcar alternativas de traducción por parte  

de los equipos de implementadores.  

para orientar críticamente la implementación  

En contextos de alta incertidumbre (como crisis económicas, emergen-  

cias sanitarias, desastres ambientales o conﬂictos políticos) la ﬂexibilidad  

resulta aún más relevante. Un diseño rígido puede quedar obsoleto en  

cuestión de semanas, mientras que uno ﬂexible permite introducir modi-  

ﬁcaciones rápidas sin perder de vista los objetivos centrales. Además, la  

ﬂexibilidad favorece la innovación. Al otorgar márgenes de maniobra a las/  

os implementadores y comunidades locales, desde una perspectiva de  

co-producción del conocimiento, se abre la posibilidad de experimentar  

soluciones creativas que luego pueden convertirse en aprendizajes para  

el conjunto del sistema⁴⁴. De este modo, la ﬂexibilidad no solo asegura  

pertinencia contextual, sino que también impulsa procesos de innovación  

democrática en la acción pública.  

b. Diseñar dispositivos de autoobservación en base a la evaluación recu-  

rrente: Vinculado con el diseño ﬂexible, se recomienda relevar la impor-  

tancia de la evaluación recurrente, es decir, durante todo el proceso de  

implementación. Durante mucho tiempo, la evaluación se concibió como  

una fase posterior a la implementación, orientada a medir los resultados  

una vez ﬁnalizados los procesos. Sin embargo, esta visión secuencial ha  

sido desaﬁada por enfoques que conciben la evaluación como un proceso  

continuo y transversal. La evaluación recurrente se plantea como una  

estrategia de autoobservación permanente, que permite a los actores de  

la implementación detectar desajustes, registrar aprendizajes y realizar  

adaptaciones en tiempo real. Este tipo de evaluación cumple una doble  

función. Desde un punto de vista técnico, ofrece información actualizada  

sobre el avance de las políticas, identiﬁcando obstáculos y efectos no  

previstos. Desde una perspectiva política, constituye un ejercicio de trans-  

parencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la legitimidad de la acción  

pública frente a la ciudadanía. Al incorporar la evaluación recurrente, la  

implementación deja de ser un proceso rígido y lineal para convertirse en  

Fuente: Elaboración propia.  

a. Comprender la implementación como un ﬂujo de momentos ﬂexibles:  

a diferencia de lo que proponen los modelos jerárquicos de implementa-  

ción, basados en lógicas lineales o evolutivas de las etapas del ciclo de  

la política, se requiere comprender la implementación desde una lógica  

ﬂexible. La ﬂexibilidad es entendida como la capacidad de adaptar las  

políticas a contextos cambiantes y heterogéneos (lo que implica promover  

una cultura de autoobservación de la implementación, que abra espacio  

para los disensos y para las resistencias de las/os implementadores,  

que permitan ‘destruir para reconstruir’ el diseño). Esto signiﬁca también  

romper con la lógica secuencial de pasos: la deﬁnición del problema, la  

formulación de alternativas, la toma de decisiones, la implementación y  

la evaluación, y comprender más bien que los diagnósticos requieren  

ser actualizados permanentemente, que las propuestas metodológicas  

requieren examen crítico y redeﬁnición si fuera necesario, y que, por lo  

tanto, la evaluación opera de manera recurrente.  

44 Ansell, C., Sørensen, E. & Torﬁng, J. (2017). “Improving policy implementation through  

collaborative policymaking”. Policy & Politics, 45(3), 467-486.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

un ciclo de aprendizaje organizacional. Las/os implementadores pueden  

interacciones cotidianas⁴⁷⁴⁸⁴⁹. Sin embargo, para que esta potencialidad  

se despliegue, es necesario que los marcos institucionales favorezcan  

la reﬂexividad y la sensibilidad hacia la heterogeneidad de visiones en  

la implementación, reconociendo las resistencias al diseño y valorando  

el disenso como fuente de co-producción del conocimiento. En la tabla  

a continuación se ejempliﬁcan algunas acciones que pueden contribuir  

a repensar críticamente los procesos de implementación.  

reﬂexionar sobre sus propias decisiones y prácticas, ajustarlas y generar  

innovaciones que, posteriormente, nutran el diseño de nuevas políticas.  

En este sentido, la evaluación ya no se limita a “medir” la efectividad, sino  

que se convierte en un espacio de co-producción de conocimiento, donde  

las resistencias frente al diseño pueden producir reﬂexiones rupturistas  

y creativas, reforzando las bases democráticas de la implementación.  

c. Examinar críticamente los instrumentos de implementación: Una tercera  

dimensión sensible se reﬁere a la necesidad de cuestionar los instru-  

mentos de implementación. Los instrumentos, entendidos como disposi-  

tivos, reglas, tecnologías y procedimientos mediante los cuales las políticas  

se hacen operativas, son la dimensión más concreta de la implementación:  

pautas de diagnóstico, ﬁchas, protocolos de visitas domiciliarias, guiones  

de entrevistas y campos de registro de sistemas de información en general,  

no son neutrales. Como han señalado Lascoumes y Le Galès⁴⁵, todo instru-  

mento reﬂeja supuestos sobre la ciudadanía, el Estado y los problemas  

sociales que busca abordar. En muchos casos, los instrumentos pueden  

reproducir inequidades. Requisitos burocráticos excesivos pueden excluir  

a personas con bajos niveles de alfabetización administrativa; sistemas de  

focalización estricta pueden reforzar estigmas sobre determinados grupos;  

tecnologías digitales mal diseñadas pueden profundizar las brechas entre  

quienes cuentan con conectividad y competencias digitales y quienes  

no⁴⁶. Interrogar los instrumentos desde una perspectiva crítica signiﬁca  

preguntarse: ¿qué concepción de ciudadanía está implícita en su diseño?  

¿Qué barreras generan para los grupos más vulnerables? ¿Qué relaciones  

de poder refuerzan o transforman? Este ejercicio no es solo un imperativo  

ético, sino también una condición práctica para la efectividad: una política  

que discrimina o excluye difícilmente alcanzará legitimidad o sostenibi-  

lidad en el tiempo. La literatura crítica sobre burocracias a nivel de calle  

ha mostrado, además, que los propios implementadores pueden actuar  

como agentes de transformación al reinterpretar los instrumentos en sus  

47 Brodkin, E. Z. (2011). “Policy work: Street-level organizations under new managerialism”.  

Journal of Public Administration Research and Theory, 21, i253–i277.  

45 Lascoumes, P. & Le Galès, P. (2007). “Introduction: Understanding public policy through  

48 Hill, M., & Hupe, P. (2009). Implementing public policy: An introduction to the study of  

its instruments”. Governance, 20(1), 1–21.  

operational governance (2nd ed.). SAGE.  

46 Pires, R. (2025). “Riesgos de reproducción de desigualdades en la implementación de  

políticas públicas: un marco analítico”. En: Muñoz Arce, G., Lotta, G. & Peeters, R. (2025).  

Burocracias a nivel de calle y desigualdades en América Latina (Págs. 124-135). CLACSO.  

49 Pires, R. (2025). “Riesgos de reproducción de desigualdades en la implementación de  

políticas públicas: un marco analítico”. En: G. Muñoz Arce, G. Lotta & R. Peeters (Eds.).  

Burocracias a nivel de calle y desigualdades en América Latina (Págs. 124-135). CLACSO.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Figura IX-2. Ejemplos de acciones para pensar  

críticamente los procesos de implementación  

CONCLUSIONES  

Las tres dimensiones sensibles de la implementación —ﬂexibilidad, autoobserva-  

ción e instrumentalidad— comparten un hilo conductor: todas apuntan a concebir  

la implementación como un proceso democrático, sensible a la heterogeneidad  

y al disenso, y abierto al aprendizaje. Garantizar ﬂexibilidad implica reconocer  

y promover las diferencias como motor para la innovación y la creatividad, la  

evaluación recurrente para la autoobservación es clave para institucionalizar y  

consolidar aprendizajes en torno a la implementación, y cuestionar los instru-  

mentos obliga a problematizar el poder inscrito en las tecnologías de gobierno  

y a velar por la equidad. En conjunto, estas dimensiones fortalecen no solo  

la efectividad de las políticas, sino también su legitimidad y su capacidad de  

alinearse con los principios de justicia social. Sin duda, se trata de grandes  

desafíos en el escenario actual, donde la concentración del poder, la anulación  

de las disidencias y la proliferación de los discursos “únicos” desbordan la vida  

social, al mismo tiempo que el gerencialismo atraviesa la lógica de las políticas  

propiciando la aceleración y la mecanización de la implementación. Esta coyun-  

tura nos invita a repensar la implementación para dejar de verla como un simple  

proceso administrativo o de ejecución, dándole su lugar en tanto espacio de  

construcción democrática donde Estado y ciudadanía experimentan lo público  

en su vida cotidiana.  

Diseñar dis-  

positivos de  

autoobser-  

vación de la  

implementa-  

ción  

Rastrear el origen de las  

ideas que se quieren  

Orientar la implementa-  

ción como un proceso de  

Establecer objeti- Examinar  

vos compartidos  

desde el inicio,  

apreciando las  

RESISTENCIAS  

crítica-  

mente  

los instru-  

mentos  

de imple-  

menta-  

ción  

implementar y las opor- CO-PRODUCCIÓN del cono-  

tunidades de TRADUC-  

CIÓN  

cimiento  

Valorar tanto el conocimiento  

académico y técnico como  

los conocimientos de las co-  

Problematizar las orien-  

taciones del diseño de  

Acordar colecti-  

vamente qué pro-  

la política: las categorías munidades, organizaciones, y blemas se buscan  

y conceptos utilizados, usuarias/os, evitando jerarqui- abordar y cómo se  

la idiosincrasia e ideolo-  

gía que reproducen, la  

manera en que constru-  

yen el problema (para  

quién y por qué es un  

problema).  

zar los saberes.  

deﬁne el ‘éxito’ o  

los logros.  

Cuidar las dinámicas de po-  

der que pueden silenciar o  

marginar a ciertos actores.  

Usar metodologías partici-  

pativas (mesas de trabajo,  

Hacer explícitos los  

intereses y expec-  

tativas de cada  

actor. Reconocer y  

Analizar críticamente la laboratorios sociales, círculos valorar el disenso,  

invitación que hace el  

diseño de política: ¿es  

una transferencia de co-  

nocimiento? ¿promueve  

o fomenta la traducción  

de las/os implementa-  

dores y de los actores  

locales?  

de diálogo, comunidades de  

aprendizaje, etc.).  

las resistencias y  

las críticas de cada  

actor, para orientar-  

los hacia alternati-  

vas creativas.  

Cuidar las condiciones ma-  

teriales de la participación  

(reconocer el tiempo, trabajo  

y recursos que aportan los  

diferentes actores, ofrecer  

apoyos logísticos para que la  

Construir conﬁanza  

y relaciones a largo  

plazo: fomentar  

Examinar las condicio- participación sea posible y no relaciones basadas  

nes para la implemen-  

tación de las que se  

dispone ¿existen los  

recursos -profesionales,  

laborales, de infraes-  

tructura, materiales y  

simbólicos- para la im-  

plementación que supo-  

ne el diseño?  

excluyente.  

en la transparen-  

cia, el respeto y la  

reciprocidad. Evitar  

dinámicas extrac-  

tivas (por ejemplo,  

consultar y luego  

decidir sin los acto-  

res involucrados).  

Compartir los resultados y  

aprendizajes de manera equi-  

tativa: difundir el conocimien-  

to en espacios y formatos  

accesibles.  

Comprender  

los momen-  

tos de la im-  

plementación  

asumiendo  

un diseño  

ﬂexible  

Fuente: Elaboración propia.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Leyton, C. (2015). “Equipos y profesionales al nivel de calle: una alternativa para  

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IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA INDUSTRIA:  

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA CHILE  

Viviana Isabel Meruane Naranjo  

Directora Académica, de Investigación e Innovación,  

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6692-2687  

vmeruane@uchile.cl  

Ninoska Leiva Cortés  

Candidata a Doctora en Comunicación  

Universidad de Sevilla  

https://orcid.org/0000-0002-5137-6193  

nino@uchile.cl  

INTRODUCCIÓN  

La Inteligencia Artiﬁcial (IA) aplicada a la industria se ha consolidado como una  

de las herramientas más decisivas para acelerar la transición de Chile hacia una  

economía diversiﬁcada, sostenible y basada en conocimiento. Su impacto va  

más allá de la automatización: permite optimizar procesos productivos, elevar la  

eﬁciencia energética, fortalecer la seguridad laboral, reducir costos operacionales  

y habilitar productos y servicios de mayor valor agregado⁵⁰. En un escenario  

global de competencia tecnológica y presiones socioambientales, la adopción  

estratégica de IA industrial se vuelve un requisito para sostener y ampliar la  

competitividad de los países. En la experiencia internacional, la Industria 4.0  

se ha apoyado crecientemente en IA, datos masivos y ciber-físicos, habilitando  

nuevas capacidades de análisis, control y personalización que impactan en la  

productividad y sostenibilidad⁵¹.  

50 Jan, Z., Ahamed, F., Mayer, W., Patel, N., Grossmann, G., Stumptner, M. & Kuusk, A. (2023).  

“Artiﬁcial intelligence for industry 4.0: Systematic review of applications, challenges,  

and opportunities”. Expert Systems with Applications, 216. DOI: https://doi.org/10.1016/j.  

eswa.2022.119456  

51 Jan, Z., Ahamed, F., Mayer, W., Patel, N., Grossmann, G., Stumptner, M. & Kuusk, A. (2023).  

“Artiﬁcial intelligence for industry 4.0: Systematic review of applications, challenges,  

and opportunities”. Expert Systems with Applications, 216. DOI: https://doi.org/10.1016/j.  

eswa.2022.119456  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

El abanico de aplicaciones es amplio. Un ejemplo emblemático es el manteni-  

miento predictivo, que combina la sensorización, la analítica y el aprendizaje  

automático para anticipar fallas en equipos críticos, reduciendo detenciones no  

planiﬁcadas y riesgos de seguridad. La evidencia reciente sistematiza métodos,  

arquitecturas y modelos de decisión para PdM en el contexto de Industria 4.0,  

mostrando beneﬁcios medibles y retos persistentes en datos, escalamiento y  

gobernanza⁵². Asimismo, los gemelos digitales han transformado el diseño y  

la validación de sistemas productivos al permitir simulaciones de alto realismo,  

con impactos en costos de prototipado, calidad y tiempos de ciclo⁵³. Estas  

capacidades no solo elevan la eﬁciencia operativa, sino que también habilitan  

nuevas modalidades de producción ﬂexible y personalizada.  

soluciones escalables⁵⁶. Además, la imagen institucional de las universidades,  

si bien relevante, no resulta suﬁciente para sostener vínculos de largo plazo sin  

percepciones claras de accesibilidad, alineamiento con objetivos industriales  

y satisfacción con los procesos colaborativos⁵⁷. En este marco, políticas que  

fortalezcan consorcios sostenibles, reglas de gobernanza de datos, ﬁnancia-  

miento plurianual y formación de capital humano avanzado en IA industrial y  

transferencia tecnológica son piezas clave para que la IA cumpla su promesa  

de competitividad con propósito público.  

EL GAP: BRECHAS TECNOLÓGICAS, RELACIONALES E INSTITUCIONALES  

Chile mantiene una alta dependencia de actividades extractivas y, de forma  

paralela, la participación de la manufactura en el PIB ha venido disminuyendo  

de manera sostenida en la última década. Si bien en los últimos años se han  

impulsado iniciativas relevantes, como el Programa Estratégico de Manufactura  

Avanzada de CORFO y diversos proyectos académicos que exploran soluciones  

de IA para la industria, su impacto sistémico continúa siendo limitado. La diﬁ-  

cultad no reside solo en la generación de tecnologías avanzadas, sino en la  

construcción de un ecosistema habilitante capaz de escalar las innovaciones y  

traducirlas en transformaciones productivas de alcance nacional.  

Un aspecto importante a destacar es que la IA también es un habilitador de  

sostenibilidad. En cadenas productivas intensivas en recursos —como minería y  

agroindustria—, los algoritmos de predicción y optimización permiten mejorar el  

uso del agua y la energía, a la vez que incrementan la trazabilidad y la resiliencia  

de las cadenas de suministro. En agricultura 4.0, la integración de IA con sensores,  

visión por computador e IoT (Internet de las Cosas) ha mostrado mejoras en  

riego, detección temprana de plagas y reducción de insumos, contribuyendo a  

metas de descarbonización y eﬁciencia⁵⁴. En salud, la convergencia de IA e IoT  

viabiliza monitoreo remoto y análisis en tiempo real, con implicancias en costos,  

calidad de atención y seguridad de datos⁵⁵.  

En el plano tecnológico, el país enfrenta obstáculos persistentes: la baja inver-  

sión en I+D en IA aplicada a sectores productivos; la ausencia de estándares  

de interoperabilidad que faciliten el intercambio de datos entre empresas,  

universidades y organismos públicos; y la falta de plataformas compartidas que  

permitan el uso seguro de información industrial. La experiencia internacional  

muestra que la mera disponibilidad de tecnologías no garantiza su adopción.  

Países europeos han respondido a este desafío con hojas de ruta de Industria  

Ahora bien, la experiencia chilena sugiere que el éxito de estas transformaciones  

no depende solo de la tecnología. La literatura internacional y regional muestra  

que la principal diﬁcultad radica en articular relaciones sólidas entre universidad  

y empresa, donde la conﬁanza, la comunicación efectiva y el compromiso soste-  

nido son determinantes para que los proyectos pasen de pilotos puntuales a  

52 Achouch, M., Dimitrova, M., Ziane, K., Sattarpanah Karganroudi, S., Dhouib, R., Ibrahim, H.  

& Adda, M. (2022). “On Predictive Maintenance in Industry 4.0: Overview, Models, and  

Challenges”. Applied Sciences, 12(16). DOI: https://doi.org/10.3390/app12168081  

56 Bruneel, J., D’Este, P. & Salter, A. (2010). “Investigating the factors that diminish the barri-  

ers to university–industry collaboration”. Research Policy, 39(7), 858-868. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.respol.2010.03.006  

Zonta, T., da Costa, C. A., da Rosa Righi, R., de Lima, M. J., da Trindade, E. S. & Li, G.  

P. (2020). “Predictive maintenance in the Industry 4.0: A systematic literature review”.  

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21(5), 370-382. DOI: https://doi.org/10.1108/08876040710773679  

Rybnicek, R. & Königsgruber, R. (2019). “What makes industry–university collaboration  

succeed? A systematic review of the literature”. Journal of Business Economics, 89(2),  

221-250. DOI: https://doi.org/10.1007/s11573-018-0916-6  

53 Jones, D., Snider, C., Nassehi, A., Yon, J. & Hicks, B. (2020). “Characterising the Digital  

Twin: A systematic literature review”. CIRP Journal of Manufacturing Science and  

Technology, 29, 36-52. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2020.02.002  

54 Da Silveira, F., Lermen, F. H. & Amaral, F. G. (2021). “An overview of agriculture 4.0 devel-  

opment: Systematic review of descriptions, technologies, barriers, advantages, and dis-  

advantages”. Computers and Electronics in Agriculture, 189. DOI: https://doi.org/10.1016/j.  

compag.2021.106405  

55 Qadri, Y. A., Nauman, A., Zikria, Y. B., Vasilakos, A. V. & Kim, S. W. (2020). “The Future of  

Healthcare Internet of Things: A Survey of Emerging Technologies”. IEEE Communications  

Surveys & Tutorials, 22(2), 1121-1167. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2020.2973314  

57 Schlesinger, W., Cervera, A. & Pérez-Cabanero, C. (2017). “Sticking with your universi-  

ty: The importance of satisfaction, trust, image, and shared values”. Studies in Higher  

Education, 42(12), 2178-2194. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1136613  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

4.0 y planes coordinados de IA que integran infraestructura digital, marcos  

regulatorios y ﬁnanciamiento plurianual.  

ticen la satisfacción de las partes y el cumplimiento de objetivos concretos, las  

colaboraciones tienden a diluirse, impidiendo que la IA industrial transite de  

experimentos a soluciones escalables.  

Por ejemplo, la estrategia alemana “Plattform Industrie 4.0”58 deﬁnió desde  

2013 un plan para desarrollar estándares de interoperabilidad y normas de  

comunicación máquina–máquina, facilitando la integración de datos industriales  

a escala nacional. De forma complementaria, la iniciativa europea promueve  

redes de Digital Innovation Hubs, inversión conjunta de los Estados miembros  

y la creación de bancos de datos industriales abiertos y conﬁables⁵⁹. Aun así,  

la propia OCDE advierte que incluso en economías avanzadas persisten vacíos  

de medición y de gobernanza de datos, lo que diﬁculta capturar plenamente el  

valor de la digitalización y de tecnologías como la IA⁶⁰.  

Un ejemplo claro es Europa, donde las propias estrategias de digitalización —  

como el Coordinated Plan on AI— reconocen que la creación de ecosistemas  

de innovación requiere no solo inversión en tecnología, sino también incentivos  

para la cooperación intersectorial y la formación de capital humano especializado.  

Esta visión integral contrasta con la realidad chilena, donde las iniciativas de  

IA industrial dependen en gran medida de proyectos individuales y carecen de  

una política nacional que fomente consorcios estables y el intercambio seguro  

de datos.  

En contraste, la Hoja de Ruta de Manufactura Avanzada de CORFO61 ya seña-  

laba para Chile la “escasez de capacidad de inversión”, la limitada adopción  

de tecnologías habilitantes como IoT, robótica avanzada y manufactura aditiva,  

y la ausencia de estándares de interoperabilidad comparables a los de las  

estrategias europeas. Estas brechas de infraestructura digital y de inversión se  

han mantenido en el tiempo, obstaculizando la consolidación de proyectos de  

IA industrial más allá de pilotos acotados.  

Finalmente, en el plano institucional, Chile carece de una estrategia nacional  

integrada de IA aplicada a la industria que articule esfuerzos dispersos y otorgue  

ﬁnanciamiento plurianual a proyectos de alto impacto. La fragmentación de  

programas, la insuﬁciente formación de capital humano avanzado y la débil  

proyección internacional limitan la capacidad del país de insertarse en cadenas  

globales de valor. El rol del Estado como demandante estratégico de soluciones  

basadas en IA aún es incipiente, lo que reduce los incentivos para que empresas  

y universidades inviertan sostenidamente.  

En el plano relacional, la colaboración entre universidad e industria sigue siendo  

frágil. Muchas empresas continúan privilegiando soluciones importadas o de  

corto plazo, mientras que la academia enfrenta diﬁcultades para acceder a  

datos industriales que permitan validar y escalar sus desarrollos. La literatura  

muestra que la conﬁanza y la calidad de la comunicación son determinantes  

para sostener alianzas de largo plazo, más allá de la reputación institucional  

o la mera existencia de capacidades técnicas⁶². Sin mecanismos que garan-  

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES INSTALADAS  

En la última década, Chile ha consolidado un ecosistema de innovación tecnoló-  

gica en acelerado crecimiento, que articula investigación académica, programas  

estratégicos de desarrollo productivo y consorcios público-privados. Gracias  

a estos esfuerzos, el país ha instalado capacidades de vanguardia en el uso  

de inteligencia artiﬁcial y de tecnologías habilitantes para la industria. Un hito  

relevante fue el Programa Estratégico de Manufactura Avanzada, que generó  

hojas de ruta sectoriales en minería, energía, agroindustria y construcción con  

énfasis en digitalización, mantenimiento predictivo y robótica, consolidando  

alianzas público-privadas y validando la viabilidad de la IA industrial a través  

de prototipos tecnológicos. A nivel académico, iniciativas como PredictiveLab  

de la Universidad de Chile han aplicado modelos de aprendizaje profundo para  

anticipar fallas en sistemas críticos y habilitar monitoreo predictivo en tiempo  

real, demostrando que la IA puede mejorar la conﬁabilidad de operaciones  

industriales complejas⁶³. Spin-oﬀs como Calmly, surgidos de estos proyectos,  

58 Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for implementing  

the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group.  

National Academy of Science and Engineering.  

59 European Commission (2020). A New Industrial Strategy for Europe (Comunicación de la  

Comisión Europea COM).  

60 OECD (2019). Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future. OECD.  

DOI: https://doi.org/10.1787/9789264311992-en  

61 CORFO (2018). Hoja de ruta: Programa Estratégico de Manufactura Avanzada.  

62 Bruneel, J., D’Este, P. & Salter, A. (2010). “Investigating the factors that diminish the barri-  

ers to university–industry collaboration”. Research Policy, 39(7), 858-868. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.respol.2010.03.006  

Plewa, C. & Quester, P. (2007). “Key drivers of universityindustry relationships: The role  

of organisational compatibility and personal experience”. Journal of Services Marketing,  

21(5), 370-382. DOI: https://doi.org/10.1108/08876040710773679  

Rybnicek, R. & Königsgruber, R. (2019). “What makes industry–university collaboration  

succeed? A systematic review of the literature”. Journal of Business Economics, 89(2),  

221-250. DOI: https://doi.org/10.1007/s11573-018-0916-6  

63 CORFO (2024). Book 2024. Subdirección de Programas Tecnológicos-Gerencia de  

Capacidades Tecnológicas.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

han transferido con éxito este conocimiento hacia soluciones de monitoreo en  

terreno⁶⁴.  

En primer lugar, persisten brechas tecnológicas críticas. La interoperabilidad de  

datos industriales es aún incipiente: no existen estándares ampliamente acep-  

tados que permitan integrar información generada por sensores, plataformas de  

control y sistemas de gestión en sectores como minería, energía o agroindustria.  

Esta fragmentación diﬁculta la creación de ecosistemas de datos conﬁables,  

condición básica para desarrollar algoritmos de aprendizaje automático que  

funcionen en entornos reales. A ello se suma la necesidad de marcos robustos  

de ciberseguridad, que garanticen la protección de datos sensibles y generen  

conﬁanza en el intercambio de información entre empresas y universidades.  

Estos avances no se limitan a la manufactura. En energía solar, el consorcio  

AtamoS-Tec desarrolló herramientas de gestión de activos basadas en IA para  

optimizar la operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, integrando  

sensores heterogéneos y algoritmos de predicción de limpieza y degradación de  

equipos⁶⁵. En el sector alimentario, Agrosuper implementó un sistema de IA que  

incrementó en 14 % la precisión de su forecast y recuperó un 0,6 % de ventas,  

evidenciando el impacto directo de la IA en la toma de decisiones estratégicas⁶⁶.  

En minería, un sistema de pronóstico de fallas en equipos industriales, basado  

en aprendizaje profundo, permite anticipar problemas incipientes y optimizar el  

mantenimiento de activos críticos⁶⁷. Estos casos conﬁrman que la IA aplicada a  

la industria chilena ya no es una promesa, sino una realidad en sectores clave.  

Los países líderes en Industria 4.0 han demostrado que la construcción de están-  

dares de interoperabilidad, reglas claras de gobernanza de datos y mecanismos  

de ﬁnanciamiento de largo plazo, lo que es clave para masiﬁcar la IA industrial⁶⁸.  

En Chile, la Hoja de Ruta de Manufactura Avanzada de CORFO69 identiﬁcó estos  

vacíos, y aunque se han logrado avances puntuales, el escalamiento de solu-  

ciones basadas en IA continúa limitado por la falta de plataformas compartidas  

y de una estrategia nacional que articule esfuerzos públicos y privados en torno  

a la infraestructura de datos.  

El llamado a concurso 2025 de CORFO para “Programas Tecnológicos: uso y  

adopción de la IA en la industria chilena” refuerza esta tendencia. Su objetivo es  

incrementar la innovación tecnológica en productos y procesos, coﬁnanciando  

portafolios de proyectos de hasta cinco años de duración en sectores como  

salud, silvoagropecuario, alimentos y acuícola, con un subsidio máximo de tres  

mil millones de pesos chilenos. Esta convocatoria no solo busca cerrar brechas  

tecnológicas, sino también articular nuevas alianzas universidad-empresa para  

llevar la IA desde pilotos aislados a escalas productivas, fomentando un ecosis-  

tema industrial de alto valor agregado.  

Un desafío central es fortalecer la formación de talento en inteligencia artiﬁcial  

industrial. Chile necesita ampliar su masa crítica de especialistas en aprendi-  

zaje profundo, visión computacional, gemelos digitales y análisis de grandes  

volúmenes de datos, pero también preparar técnicos y profesionales interme-  

dios capaces de operar y mantener sistemas inteligentes en terreno. Tan rele-  

vante como los perﬁles altamente especializados es el desarrollo de gestores  

tecnológicos: profesionales que traduzcan los resultados de la investigación en  

propuestas de valor para la industria, negocien acuerdos de propiedad intelec-  

tual y coordinen proyectos conjuntos. Estas capacidades son esenciales para  

acortar la distancia entre los tiempos académicos —enfocados en la publicación  

y la validación cientíﬁca— y los plazos de la empresa, que demandan resultados  

rápidos y aplicables.  

DESAFíOS PENDIENTES  

El potencial de la inteligencia artiﬁcial en la industria chilena es enorme, pero su  

concreción exige superar desafíos estructurales, culturales y de gobernanza que  

van más allá de la simple adopción tecnológica. Abordarlos es clave para que  

las iniciativas de IA evolucionen de proyectos piloto a soluciones escalables y  

sostenibles, y para que el país convierta esta tecnología en un verdadero motor  

de diversiﬁcación económica y competitividad.  

Más allá de la tecnología, el mayor reto se encuentra en la dimensión relacional.  

La evidencia empírica muestra que la sostenibilidad de las colaboraciones entre  

universidad e industria depende menos de la reputación institucional y más  

de factores como la construcción de conﬁanza mutua, la calidad y frecuencia  

de la comunicación, la satisfacción con los procesos de trabajo conjunto y  

64 CORFO (2022). Book 2022. Subdirección de Programas Tecnológicos-Gerencia de  

Capacidades Tecnológicas.  

65 CORFO (2023). Book 2023. Subdirección de Programas Tecnológicos-Gerencia de  

Capacidades Tecnológicas.  

66 CORFO (2023). Book 2023. Subdirección de Programas Tecnológicos-Gerencia de  

68 Kagermann, H., Wahlster, W. & Helbig, J. (2013). Recommendations for implementing  

the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group.  

National Academy of Science and Engineering.  

Capacidades Tecnológicas.  

67 CORFO (2023). Book 2023. Subdirección de Programas Tecnológicos-Gerencia de  

Capacidades Tecnológicas.  

69 CORFO (2018). Hoja de ruta: Programa Estratégico de Manufactura Avanzada.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos⁷⁰. En Chile, muchas  

empresas mantienen una cultura de corto plazo, centrada en métricas inme-  

diatas y con bajo apetito por inversiones de riesgo en investigación aplicada.  

Esta lógica diﬁculta la creación de proyectos de IA de alto impacto, que por  

naturaleza requieren ciclos de maduración más largos.  

a) Establecer una Estrategia Nacional de IA Industrial  

Diseñar e implementar una estrategia de largo plazo que vincule la IA industrial  

con la política de ciencia, tecnología e innovación y con la agenda de sosteni-  

bilidad y productividad del país. Esta estrategia debe ﬁjar objetivos claros de  

inversión, priorizar sectores estratégicos y establecer metas de impacto que  

orienten tanto el ﬁnanciamiento público como la colaboración privada.  

Desde el ámbito académico se requieren ajustes que alineen los objetivos y  

plazos de la investigación con las demandas de la industria. Esto implica reforzar  

competencias en gestión de propiedad intelectual, transferencia tecnológica  

y validación de prototipos en entornos productivos. Sin estas capacidades de  

intermediación, incluso las soluciones cientíﬁcas más prometedoras corren el  

riesgo de permanecer en el laboratorio, sin traducirse en impacto económico  

o social.  

b) Financiar consorcios Universidad-Industria-Estado con continuidad  

Impulsar consorcios de investigación y desarrollo que cuenten con ﬁnanciamiento  

plurianual, reglas de gobernanza claras y métricas de impacto económico, social  

y ambiental. Estos consorcios deben funcionar como espacios de co-creación  

donde se compartan datos, infraestructura y capacidades, permitiendo la madu-  

ración de tecnologías de IA industrial más allá de proyectos piloto.  

Finalmente, se vuelve urgente diseñar políticas públicas de continuidad que  

trasciendan los ciclos de ﬁnanciamiento puntuales. Es necesario promover  

consorcios universidad-empresa-Estado de carácter plurianual, con reglas de  

gobernanza claras, ﬁnanciamiento estable y objetivos compartidos, que permitan  

la maduración de tecnologías, la creación de estándares sectoriales y la consoli-  

dación de redes de conﬁanza duraderas. Chile, pese a sus avances, aún carece  

de una estrategia nacional integrada que combine incentivos a la colaboración,  

ﬁnanciamiento plurianual y mecanismos de evaluación que aseguren la conti-  

nuidad de los proyectos de IA industrial. Sin estos elementos, el país corre el  

riesgo de fragmentar sus esfuerzos y de limitar el potencial de la IA a iniciativas  

aisladas, sin impacto estructural en su matriz productiva.  

c) Desarrollar gobernanza de datos y protocolos de colaboración  

Crear marcos de gobernanza de datos que establezcan reglas claras sobre  

propiedad intelectual, acceso a información y ciberseguridad. Esto permitirá a  

las empresas y universidades compartir datos industriales con conﬁanza, redu-  

ciendo barreras de entrada y asegurando un uso ético y seguro de la información  

crítica para el desarrollo de algoritmos avanzados.  

d) Promover la formación de capital humano conjunto  

Recomendaciones para la esfera pública  

Fomentar programas de formación diseñados en conjunto entre universidades  

y empresas, que incluyan postgrados, diplomados y certiﬁcaciones en IA, robó-  

tica, manufactura avanzada y análisis de datos industriales. Estos programas  

deben contemplar tanto la formación de especialistas como la capacitación de  

técnicos, y ofrecer pasantías o prácticas en entornos productivos reales para  

acortar la brecha entre investigación y aplicación.  

Para que la IA aplicada a la industria se convierta en un motor de desarrollo  

con propósito público, es necesario un conjunto de acciones coordinadas que  

articulen a las instituciones del Estado, la academia y el sector productivo. Estas  

recomendaciones buscan no solo acelerar la adopción de la IA industrial, sino  

también garantizar que su impacto económico vaya acompañado de beneﬁcios  

sociales y ambientales sostenibles.  

e) Implementar proyectos piloto emblemáticos en sectores estratégicos  

70 Bruneel, J., D’Este, P. & Salter, A. (2010). “Investigating the factors that diminish the barri-  

ers to university–industry collaboration”. Research Policy, 39(7), 858-868. DOI: https://doi.  

org/10.1016/j.respol.2010.03.006  

Lanzar proyectos piloto de gran escala en áreas clave como minería, agua,  

energía y manufactura avanzada, que sirvan como vitrinas tecnológicas y demues-  

tren el valor de la IA en la optimización de procesos críticos, el uso eﬁciente  

de recursos y la reducción de impactos ambientales. Estos pilotos deben ser  

evaluados con métricas de impacto y escalables a nivel nacional para acelerar  

la adopción en otros sectores.  

Plewa, C. & Quester, P. (2007). “Key drivers of universityindustry relationships: The role  

of organisational compatibility and personal experience”. Journal of Services Marketing,  

21(5), 370-382. DOI: https://doi.org/10.1108/08876040710773679  

Rybnicek, R. & Königsgruber, R. (2019). “What makes industry–university collaboration  

succeed? A systematic review of the literature”. Journal of Business Economics, 89(2),  

221-250. DOI: https://doi.org/10.1007/s11573-018-0916-6  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

f) Asegurar la descentralización tecnológica  

exige un compromiso continuo del Estado como articulador estratégico, la  

participación activa de las empresas en consorcios de innovación y un esfuerzo  

de la academia por adaptar sus tiempos y capacidades a las necesidades de  

la industria.  

Garantizar que las capacidades de IA industrial no se concentren exclusivamente  

en la Región Metropolitana. Es clave que universidades regionales, centros  

tecnológicos locales y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) puedan acceder  

a infraestructura, ﬁnanciamiento y capacitación, para que la transformación  

productiva llegue a todo el territorio y contribuya a reducir brechas regionales  

de desarrollo.  

Si el país avanza en esta dirección, la IA industrial dejará de ser un conjunto de  

pilotos aislados para convertirse en un pilar de desarrollo económico y social,  

capaz de generar empleo de calidad, aumentar la productividad, reducir brechas  

territoriales y consolidar una matriz productiva diversiﬁcada y resiliente frente  

a los desafíos globales.  

g) Impulsar una cultura de colaboración a largo plazo  

Promover incentivos y mecanismos de reconocimiento que valoren la construc-  

ción de relaciones de conﬁanza entre la academia y la industria, favoreciendo la  

continuidad de los proyectos y el aprendizaje conjunto. Esto incluye estimular la  

participación de los actores en redes de innovación, así como premiar los resul-  

tados que combinen impacto económico con beneﬁcios sociales y ambientales.  

CONCLUSIÓN  

La inteligencia artiﬁcial aplicada a la industria representa para Chile una opor-  

tunidad histórica de avanzar hacia una economía basada en conocimiento  

sostenible e inclusivo. Su potencial va más allá de la productividad: permite  

habilitar cadenas de valor con menor huella ambiental, mejorar la seguridad  

laboral y elevar la competitividad internacional.  

Los avances alcanzados —programas estratégicos, prototipos validados y casos  

de éxito en minería, energía y alimentos— prueban que el país cuenta con capa-  

cidades cientíﬁcas y tecnológicas para liderar esta transformación. Sin embargo,  

la experiencia muestra que la adopción de IA industrial depende tanto de la  

creación de un ecosistema de conﬁanza, cooperación y gobernanza a largo  

plazo como del progreso tecnológico.  

El desafío es doble. En el plano técnico, Chile debe consolidar estándares de  

interoperabilidad, marcos de ciberseguridad y plataformas de datos que permitan  

escalar soluciones existentes. En el plano relacional, es crucial fortalecer los  

vínculos universidad-industria para que el conocimiento ﬂuya y la investigación se  

traduzca en innovaciones de alto impacto. La clave será una relación sostenida  

basada en conﬁanza, comunicación y objetivos compartidos, que transforme la  

IA industrial en una verdadera política de Estado.  

Chile dispone de ventajas singulares: una academia de excelencia, un sector  

productivo que busca diversiﬁcación y un marco de políticas públicas que  

comienza a reconocer la IA como motor de desarrollo. Aprovechar esta ventana  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

INTRACOM: Congreso-Red de Investigación y Transferencia en Comunicación  

y Divulgación de las Ciencias. Tenerife, España.  

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IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

3. ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE EFECTIVIDAD:  

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE ANTICIPA EL GRADO DE  

EFECTIVIDAD PROGRAMÁTICA MEDIANTE UN ALGORITMO  

DE RIESGO DE LA OFERTA71  

Teresa Matus  

Núcleo Innovaciones Efectivas en Política Pública (NIepp)  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-2974-9678  

teresamatus@.uchile.cl  

Adriana Kaulino  

Coordinadora del Programa en Historia y Teorías Críticas de los Saberes Psi  

Universidad Diego Portales  

https://orcid.org/0000-0001-9936-3191  

adriana.kaulino@udp.cl  

Estefanía Vilches  

Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Chile  

estefania.vilches@uchile.cl  

Paulina Rojas  

Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Chile  

paulinarojasm@uchile.cl  

71 El prototipo de esta plataforma se desarrolló mediante un Proyecto FONDEF de Interés  

Público nº 17I10033: Prototipo de alerta temprana para sistemas y programas de protec-  

ción a la infancia desde un enfoque de derechos. Entidad principal: Universidad de Chile.  

Entidad Asociada: Fundación Colunga. Programas colaboradores: SENAME, Corporación  

Opción, Chile Crece Contigo, Gendarmería de Chile, ACHNU, Aldeas SOS, Observatorio  

para la conﬁanza. Universidades Colaboradoras: Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile,  

Universidad Diego Portales. Equipo del proyecto: Teresa Matus, directora. Coordinadora  

Núcleo Innovaciones Efectivas en Política Pública, Departamento de Trabajo Social,  

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile; Patricio Valenzuela, director Alterno.  

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Investigadores:  

Adriana Kaulino, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales. Ana Vergara,  

Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales. María Antonieta Urquieta, directo-  

ra, Académica Facultad Ciencias Sociales, Universidad de Chile. María Gabriela Rubilar,  

Guillermo Sanhueza, Claudia Campillo y Cesar Mariñez, Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile. Fabiola Cortez-Monroy, Escuela de Trabajo Social, Facultad de  

Ciencias Sociales, Universidad Católica de Chile. Javier Fuenzalida, Macarena Andrade y  

Jorge Gaete, Centro de Sistemas Públicos Departamento de Ingeniería Industrial, Centro  

de Sistemas Públicos.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

MEDICIONES IMPERFECTAS  

Este principio de saturación de intervenciones ha sido desarrollado con agudeza  

por Urquieta, quien lo propone como una herramienta estratégica para la toma  

de decisiones en sistemas territoriales complejos. Ahora bien, de esta premisa  

se deriva un doble acoplamiento: no existe una implementación perfecta, pero  

ello no signiﬁca que cualquier forma de intervención produzca resultados equi-  

valentes o igualmente efectivos⁷⁶.  

La revolución cientíﬁca de la segunda mitad del siglo XVI transformó profun-  

damente la ﬁlosofía y las prácticas cientíﬁcas, generando un impacto social tan  

decisivo que implicó la reformulación de los principales postulados aristotélicos,  

entre ellos las nociones de materia y forma, esencia y accidente, potencialidad  

y actualidad, así como las concepciones de movimiento y causalidad⁷². En 1543  

se publicaron dos obras fundamentales para el pensamiento moderno: De  

humani corporis fabrica, de Vesalio, que destacó por su detallada representa-  

ción anatómica y su valor estético, y De revolutionibus orbium coelestium libri  

VI, de Copérnico, que introdujo postulados radicales para la época. Entre ellos,  

que los cuerpos celestes no orbitan un mismo centro, que la Tierra no ocupa  

el centro del universo sino el lugar de la órbita lunar, que el Sol constituye el  

centro del sistema planetario y que la Tierra, además de rotar sobre su eje,  

junto con los demás planetas gira alrededor del Sol. Asimismo, explicó que los  

aparentes retrocesos y detenciones de los planetas se debían a una misma  

causa astronómica⁷³. Hoy tenemos por delante un desafío de esa magnitud:  

Nunca habrá implementación perfecta. Las políticas exitosas siempre dependen  

de la capacidad de hacer ajustes sobre la marcha, porque como lo explica Grindle  

(2009), el diseño de una política puede, desde el arranque, reducir la comple-  

jidad de la implementación. Ahora bien, ella requiere de decisiones estratégicas  

desde el inicio.77  

De allí que el Índice Multidimensional de Efectividad busca generar un Sistema  

de Alerta temprana que observe esos desajustes en forma temprana⁷⁸. Entre  

los principales se encuentra:  

Convertir el diseño en una política de acciones especíﬁcas, asumir las condiciones  

de los propios programas como restricciones para su efectividad, exponer las  

restricciones de tiempo y recursos, salir del falso problema de realización con  

enfoques arriba/abajo o su inversión, suponer que en un programa interviene un  

político que decide y una burocracia que ejecuta, cómo transformar el mandato  

general en instrucciones especíﬁcas.79  

Las instituciones que deben hacerse cargo frente a la complejidad no se encuen-  

tran preparadas para dicha complejidad, ya que no fueron diseñadas pensando  

en ello. Nuestra arquitectura institucional reﬂeja más bien el nivel relativamente  

bajo de complejidad de las sociedades en tiempos del barón de Montesquieu.  

En consecuencia, lo que se observa hoy es lo siguiente: las regulaciones y los  

incentivos tienden a llegar tarde o no llegan, además no incorporan feed back  

para ajustar y corregir reglas, tienden a ignorar las interconexiones dinámicas en  

los desafíos y por eso muchas reglas e incentivos son ineﬁcaces o se contradicen  

dentro de un mismo sistema, se crean con una visión de corto plazo sin tener en  

cuenta objetivos de largo plazo para la sociedad.74  

Como va a plantear Hupe, asumir una relación entre implementación y efec-  

tividad supone enfocar “ante todo, la interacción sistémica con los sesgos,  

incertidumbres y complicaciones asociadas a ella”⁸⁰. Entre esos nexos destacan  

especialmente las investigaciones sobre las denominadas burocracias a nivel  

de calle y su incidencia en los tramos de concreción de políticas y programas,  

quienes no solo cumplen instrucciones, sino que ejercen su discrecionalidad  

para convertir y equilibrar prioridades con las demandas del entorno y sus  

propias capacidades⁸¹. En síntesis:  

En este marco de pensamiento, la observación inicial se orienta hacia la noción  

de saturación, entendida como el punto a partir del cual toda intervención  

adicional deja de generar beneﬁcios y comienza a producir efectos irreversibles.  

Desde esa perspectiva, se plantea un principio categórico: no más, nunca más.  

Un mayor grado de intervención implica no solo una intensiﬁcación del cambio,  

sino también un incremento en el riesgo de transiciones irreversibles. Cuando  

las acciones acumuladas superan ciertos umbrales, pueden generar un nuevo  

equilibrio desde el cual resulta imposible retornar al estado previo⁷⁵.  

76 Urquieta, M. A. ……  

77 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE. Pág.  

339.  

Grindle, M. (2009). La brecha de la implementación. En: F. Martinez Navarro y V. Garza.  

Política Pública y democracia en América Latina. Pág. 33-51  

78 Matus, T. (2025). “Hacia una efectividad multidimensional”. En: Matus, T., Mariñez, C.,  

Vilches, E. y Rojas, P. Índice Multidimensional de Efectividad. Ediciones Universidad de  

Chile.  

72 Lara, L. F. (Coord.) (2022). Medir para saber: una aproximación multidisciplinaria a la  

medida. El Colegio Nacional de México. Pág. 17.  

73 Lara, L. F. (Coord.) (2022). Medir para saber: una aproximación multidisciplinaria a la  

79 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE. Pág.  

medida. El Colegio Nacional de México. Pág. 21.  

340-341.  

74 Von Wolfersdorﬀ, J. (2025). La fascinante complejidad de nuestros sistemas. Taurus. Pág.  

80 Hupe, P.L. (2011). The tesis of incongruent implementation. John Wiley and Sons. Londres.  

176.  

81 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE. Pág.  

75 Von Wolfersdorﬀ, J. (2025). La fascinante complejidad de nuestros sistemas. Taurus. Pág. 26.  

341.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Una política pública siempre enfrentará condiciones imperfectas para su imple-  

intermedias de ﬂujo, fáciles de observar, construyendo un algoritmo de riesgo de  

la oferta del propio sistema programático, sin desplazar la medición del riesgo  

a las características de sus destinatarios.  

mentación y será delineada, rediseñada o resistida por funcionarios medios que  

incidirán en los resultados ﬁnales de efectividad. A esto hay que adicionar que  

esa implementación también estará inﬂuida por el entorno en que ocurren las  

políticas públicas.82  

Como lo sostiene Cejudo, Pardo y Dussauge:  

Hay una veta muy prometedora y poco explorada en el estudio de los funcionarios  

a nivel de calle o ventanilla: los maestros, jueves, promotores, policías, trabaja-  

dores sociales, psicólogos, que representan al Estado y terminan de dar conte-  

nido sustantivo a las decisiones de políticas y que enfrentan no solo los típicos  

problemas de lidiar con mandatos ambiguos y espacios de discrecionalidad, sino  

que lo hacen en condiciones complejas de inseguridad o violencia, corrupción  

y precariedad laboral”⁸⁵, así como enfatizar que “más que buscar mecanismos  

de vigilancia cada vez más complejos y probablemente menos efectivos y se  

reducen las relaciones de conﬁanza que pueden facilitar la coordinación y la  

cooperación entre los actores involucrados; ya que los excesivos controles de  

la implementación genera no solo una sobrecarga administrativa sino que sus  

mecanismos serán ineﬁcaces no por diseño sino por la ausencia de incentivos  

y capacidad de monitorear adecuadamente sus niveles de autonomía y sus  

principios meritocráticos.86  

Por tanto, abrazar la imperfección exponiéndola es una precondición de efecti-  

vidad de programas y políticas. De allí la importancia de atender a la inestabilidad  

de los regímenes de políticas, a las capacidades institucionales debilitadas por  

la falta de profesionalización, a los arreglos intergubernamentales que generan  

incertidumbre y a la precariedad de la información disponible para la toma de  

decisiones. Frente a este escenario, adquiere especial relevancia el rol de los  

actores con capacidad de decisión, quienes pueden ocupar los espacios de  

ambigüedad y asegurar que las zonas grises no desvíen ni retrasen los resul-  

tados esperados⁸³.  

De esta forma, el aporte del IME (Índice Multidimensional de Efectividad) es  

proporcionar una herramienta para agregar estabilidad y coordinación en la  

dinámica de políticas y programas como aporte al monitoreo y seguimiento de  

sus niveles de efectividad, asumiendo los niveles de complejidad del fenómeno  

en el cual se insertan. En este sentido, es una respuesta conceptual y operativa  

que se traduce en una plataforma inteligente a la falta de memoria institucional,  

la rotación frecuente de equipos directivos y funcionarios, la escasa rutinización  

de procedimientos y estándares, junto con la limitada calidad de la información  

disponible para la toma temprana de decisiones, constituyen factores que afectan  

de manera negativa el conjunto de la cadena de implementación⁸⁴.  

INNOVACIONES DISRUPTIVAS DE EFECTIVIDAD: UN CÓDIGO DE ANTICIPACIÓN  

Una cuestión interesante es que algunas fallas no se reﬁeren precisamente  

a malos diseños, sino más bien a la “frecuencia con que los diseñadores no  

anticipan ningún tipo de desviación, porque muchas veces están lejos y ajenos  

a los operadores”⁸⁷. Si esta tendencia se vuelve sistemática se instala como un  

punto ciego el que “si bien el conocimiento está ligado a rutinas, tareas y proce-  

dimientos que ayudan a implementar, pueden llegar a limitarlos en términos de  

diversidad e innovación si se introducen patrones homogéneos de acción”⁸⁸.  

Al estar basada en ocho dimensiones basadas en criterios largamente identiﬁ-  

cados como prioritarios en diversos programas y políticas y cuyos indicadores  

especíﬁcos se generan en conjunto con los propios equipos directivos y técnicos  

profesionales, se aprovechan de otro modo los registros administrativos de  

una forma innovadora, ágil y más precisa. Por tanto, se pone el foco en formas  

Mostrar esa paradoja es uno de los ejes centrales del Índice Multidimensional de  

Efectividad al exponer y monitorear la contradicción existente entre un programa  

que “esté estrictamente previsto por la ley y una respuesta que, para ser eﬁcaz,  

Lipsky, M. (1980). Street level Bureaucracy: dilemas of the individual in public services.  

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Gassner D. & Gofen A. (2018). “Street level management”. Journal of public administra-  

tion research and theory, 28(4). Pág. 551-568.  

85 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE.  

Pág. 349.  

82 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE.  

86 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE.  

Pág. 341.  

Pág. 350.  

83 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE.  

87 Pardo, M., Dussauge, M. y Cejudo, G. (2018). Implementación de políticas públicas.  

Pág. 344.  

CIDE. Pág. 11.  

84 Cejudo, G., Pardo, M. y Dussauge, M. (2019). Variaciones de implementación. CIDE.  

88 Pardo, M., Dussauge, M. y Cejudo, G. (2018). Implementación de políticas públicas.  

Pág. 346.  

CIDE. Pág. 12.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

tiene que apoyarse en la improvisación”⁸⁹. Lo anterior es clave para entender la  

resistencia de las direcciones a mayores niveles de autonomía de los equipos,  

ya que se la concibe como un desvío a corregir. En ello se denota una noción  

anacrónica y una lógica de rendimiento sub complejo de la noción de autonomía.  

administrativas, en los nuevos modelos de gestión pública (NGP) se usan esos  

espacios a través de métodos interactivos de incentivos que contrastan con los  

lineales en los que se privilegia el cambio y el ajuste y se incorpora el conﬂicto  

como un elemento clave.93  

Lo anterior es relevante, ya que como va a plantear Safatle:  

Por tanto, para que un sistema pueda ganar en autonomía, este tiene que  

llegar a desarrollar un nivel de complejidad propia que oriente sus principios  

de selección. Es más:  

¿Qué puede signiﬁcar emancipación si la noción misma de autonomía como  

auto legislación también entra el colapso, ya que no es la conciencia indivi-  

dual o institucional la que actúa… no se puede seguir pensando la libertad bajo  

una idea reguladora del sí mismo? Por eso en esta era histórica, por esa razón,  

precisa inventar, de forma completamente nueva lo que debemos entender por  

autonomía.94  

Resulta altamente improbable que un equipo rendido y muchas veces exhausto,  

que se centra en sí mismo y sus precariedades, que ve la estrechez de posibi-  

lidades como algo inevitable y se abstenga de ejercer distinciones funcionales,  

pueda ser capaz de abrir mundos y expandir contingencias de oportunidades.90  

De allí que la medición multidimensional de efectiva (IME) entiende la impor-  

tancia del monitoreo y del grado de apropiación que el propio programa hace  

de sus aprendizajes traducidos a nuevas decisiones y determinación de ajustes  

de prioridades y estrategias. La importancia de un giro conceptual en relación  

con la efectividad, lo aporta una conclusión transversal del estudio del CEP  

sobre la violencia, al plantear que las reformas y capacidades institucionales  

se deben dirigir hacia la efectividad, y que esto requiere de una “aproximación  

multidisciplinar basada en evidencia, metodológicamente mixta y teóricamente  

informada”⁹⁵. Esto porque un fenómeno social complejo “en el sentido más  

técnico de la palabra contiene elementos y relaciones irreductibles a una sola  

dimensión. Su investigación, por tanto, tiene que estar a la altura de esa comple-  

jidad” ⁹⁶. Por tanto, la efectividad puede ser vista como un mecanismo reﬁnado  

de exposición de las fallas e “identiﬁcación de necesidades e imposibilidades,  

comunes en las recetas fáciles que prometen resolución y armonía inmediatas”97  

Desarrollar autonomía en los incumbentes de un programa (de infancia, de salud,  

de educación, etc.) requiere entender que: “la autonomía del sistema consiste  

en la posibilidad de decidir acerca de las premisas del propio decidir, en el  

hacerse reﬂexivo del proceso de decisión”⁹¹. Además, ofrece una agregación  

de valor relevante al mostrar otras posibilidades de autonomía como una auto  

observación de sus niveles de reﬂexividad en sus propios procesos de decisión,  

ya que: “la problemática del control queda resituada de fuera hacia dentro y  

los riesgos de la auto programación, deben ser simultáneamente posibilitados  

y minimizados mediante la organización”⁹².  

Visto así, es en la activación de una lógica sistémica y funcional de autonomía  

que pueden exponerse y aprender de las decisiones que se toman cuando las  

exigencias son amplias y los recursos escasos, donde el tiempo se piensa en  

acciones que no contemplan la auto reﬂexión y el registro de esas intervenciones  

muchas veces en contextos de emergencia, desperdiciando todo eso como  

oportunidades de aprendizaje e innovación. Es más, como no hay incentivos a  

mostrar ese proceso, éste habita ignorado por las direcciones e incluso por los  

propios equipos, al primar una lógica de desconﬁanza entendida como simple  

discrecionalidad. A contra sensu:  

Se trata entonces de entender la efectividad como la exposición temprana de  

la brecha entre el diseño y la implementación. Esto tiene una trayectoria de  

avances desde ﬁnales del siglo XX con múltiples aportes conceptuales⁹⁸.  

93 Pardo, M., Dussauge, M. y Cejudo, G. (2018). Implementación de políticas públicas. CIDE.  

Esa discrecionalidad también resulta crucial en la implementación entendida como  

prestación de servicios. Por eso al revés de modelos burocráticos tradicionales  

donde se intenta limitarla por medio de controles y medidas jurídicas y sanciones  

Pág. 14.  

94 Safatle, V. (2023) Maneras de transformar mundos: Lacan, política y emancipación.  

Prometeo libros. Pág. 13.  

95 Mascareño, A., Vergara, R. y Gardella, N. (Eds.) (2025). Violencia en Chile, la fragilidad del  

orden social. Fondo de Cultura Económica/Centro de Estudios Públicos. Pág. 531.  

89 Pardo, M., Dussauge, M. y Cejudo, G. (2018). Implementación de políticas públicas.  

96 Mascareño, A., Vergara, R. y Gardella, N. (Eds.) (2025). Violencia en Chile, la fragilidad del  

CIDE. Pág. 13.  

orden social. Fondo de Cultura Económica/ Centro de Estudios Públicos. Pág. 532.  

90 Matus, T. y Kaulino, A. (2023). “Otra autonomía es posible: un giro epistémico para equi-  

pos psicosociales de programas de protección a la infancia en Chile”. Revista MAD, 47,  

50-66. DOI: https://doi.org/10.5354/0719-0527.2022.71619  

91 Luhmann, N. (2014). Sociología política. Trotta. Pág. 97.  

92 Luhmann, N. (2014). Sociología política. Trotta. Pág. 99.  

97 Mascareño, A. (2024). Ética de la contingencia. Entre individuos y sistemas. Ediciones  

Metales Pesados. Pág. 16.  

98 Simon, H. A. (1991). Bases para una ciencia de lo artiﬁcial. Debate.  

Barrett, S. & Fudge, C. (Eds.) (1981). Policy and Action: Essays on the Implementation of  

Public Policy. Methuen.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Al investigar los riesgos acechan, muchas veces las categorías que se usan para  

actividades de investigación las torna hasta cierto punto esperables y las natu-  

ralizamos con la aﬁrmación tranquilizadora de que todo el mundo lo hace así⁹⁹.  

analizar un fenómeno pueden olvidar parte de él, los hechos que son contradic-  

torios y que quedan sin registrarse, las encuestas que favorecen una respuesta  

o inhiben otra, los resultados que se generalizan a cuestiones que no estudiaron.  

Estos errores no ocurren al azar ni son inesperados. La organización de nuestras  

Desde esa premisa Becker invita a salir de lo habitual explorando una serie  

de marcas naturalizadas y poco cuestionadas, haciendo un llamado a salir de  

esa comodidad reﬂexionando los supuestos, sesgos, inferencias que guían las  

investigaciones.  

Frente a esos desafíos se propone una noción de efectividad que se funda  

en la exposición de las fallas como motor de innovación¹⁰⁰. Lo anterior es un  

impulso para seguir avanzando en efectividad mediante estudios longitudinales  

regresivos, como los que se propone en la dimensión de trayectorias en el IME  

(Índice Multidimensional de Efectividad). Ese camino es valorado por Winter  

al señalar que es justamente “que sostener los avances implica propuestas  

parciales en lugar de pensar la implementación de la efectividad como algo  

que pueda explicarse de un solo impulso”101  

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De allí que la premisa inicial de entender las fallas como un motor de innova-  

ción se reaﬁrma en el análisis de un conjunto de autores en este campo: “es  

vital situar la investigación en una zona gris en la que aparecen “fallas” y los  

resultados se alejan de los esperados, donde se subraye la importancia del  

aprendizaje como posibilidad de anticipar desvíos para acortar la distancia  

entre el ideal de partida y lo que sucede al implementar”¹⁰². En este mismo  

sentido Simon, Lindblom & Woodhouse, en Pardo, Dussauge y Cejudo “ponen  

de relieve un enfoque donde los procesos de políticas públicas y programas  

implican acciones continuas e interacciones, marcadas por una variedad de  

puntos de decisión”¹⁰³. Por tanto, van mucho más allá de la perspectiva tradi-  

cional de medición de la efectividad.  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Innovar de esta forma requiere, al decir de Benjamin: “desplegar las velas en  

plena navegación”¹⁰⁴. En esto también Von Wolfersdorﬀ nos recuerda a Giorgio  

Parisi quien al recibir el premio Nobel en 2021 señalo que “la complejidad y  

junto a ella, las dinámicas aleatorias, son un signo de vitalidad, ﬂexibilidad y  

dinamismo de los sistemas y por tanto son esenciales para la evolución. Es la  

enorme diversidad de fuerzas en los sistemas complejos la que crea la belleza,  

la inteligencia y la novedad asombrosa que existe en el planeta”105.  

•

Índices Multidimensionales de Sostenibilidad y Educación: Se han desa-  

rrollado índices especíﬁcos para evaluar la sostenibilidad de políticas  

(por ejemplo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la  

calidad educativa, integrando múltiples factores relevantes para la toma  

de decisiones públicas¹⁰⁸.  

Un esquema comparado entre índices multidimensionales nos arroja el siguiente  

resultado:  

MEDICIONES DE EFECTIVIDAD EX ANTE  

Dimensiones  

principales  

Uso en políticas  

públicas  

Índice/Modelo  

Referencias  

Diversos enfoques y herramientas han sido desarrollados para medir la efecti-  

vidad de políticas y programas públicos de manera multidimensional, integrando  

variables sociales, económicas y de bienestar, con metodologías ex ante¹⁰⁶.  

Existen múltiples índices multidimensionales validados y aplicados para medir  

la efectividad de programas y políticas públicas, siendo el MPI uno de los más  

reconocidos. Estos instrumentos permiten una evaluación integral y orientan la  

toma de decisiones basada en evidencia:  

(Angulo et al., 2016;  

Angulo et al., 2015;  

Hlasny & Sabra,  

2022; Vizuete-Sala-  

zar et al., 2024; Og-  

bonna et al., 2025;  

Alkire, 2020)  

Salud, educa-  

ción, empleo,  

vivienda  

Focalización, mo-  

nitoreo, diseño  

MPI/CMPI  

Medio ambien-  

te, economía,  

sociedad  

Evaluación de  

programas soste-  

nibles  

•

Índice de Pobreza Multidimensional (MPI): Ampliamente utilizado para  

evaluar la efectividad de políticas sociales, el MPI mide privaciones en  

dimensiones como salud, educación y condiciones de vida. Ha sido  

adoptado oﬁcialmente en países como Colombia (Índice de Pobreza  

Multidimensional Colombiano, CMPI) y aplicado en Asia y América  

Latina para orientar, monitorear y diseñar políticas públicas y programas  

sociales¹⁰⁷.  

Índice de sostenibili-  

dad (SDG)  

(Casini et al., 2019)  

Factores intrín-  

secos y extrín-  

secos  

Indicador educativo  

multidimensional  

Mejora de calidad  

educativa  

(Rodríguez et al.,  

2022)  

104 Benjamin, W. (2002). Obras Completas. Vol. 4. Abada.  

105 Von Wolfersdorﬀ, J. (2025). La fascinante complejidad de nuestros sistemas. Taurus. Pág.  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Ahora bien “la construcción de estos índices requiere seleccionar dimensiones  

relevantes, ponderarlas adecuadamente y validar su utilidad para la toma de  

decisiones”¹⁰⁹. Su importancia radica en que los índices multidimensionales  

permiten identiﬁcar grupos de incumbentes, asignar recursos y coordinar polí-  

ticas multisectoriales de manera más efectiva¹¹⁰.  

•

Bali Capano & Ramesh, se centran más en la gestión de incertidumbre y  

complejidad de entornos cambiantes, mientras los índices de efectividad  

ex ante, mantienen un énfasis más estructurado y cuantitativo.  

En síntesis, ambos coinciden en que la medición anticipada es crucial para  

optimizar las políticas públicas, pero diﬁeren en su foco: los índices ex ante  

buscan precisión técnica y proyección de resultados y Bali Capano & Ramesh,  

proponen un enfoque más ﬂexible y adaptativo frente a la incertidumbre. Sin  

duda, una medición clásica con criterios ex ante lo conﬁgura el modelo de  

marco lógico del Banco Mundial (ML-BM) concebido como una herramienta de  

planiﬁcación y evaluación que busca anticipar resultados de implementación. El  

marco lógico tiene como punto de inicio una jerarquía de objetivos (ﬁn, propó-  

sito, componentes) que se conectan lógicamente. Sus indicadores se asocian  

a cada nivel de objetivo, para monitorear la cadena de resultados. Esto permite  

que el ML-BM integre supuestos y riesgos como parte estructural de su matriz,  

previendo factores externos que pueden afectar el éxito.  

En los índices mencionados, la deﬁnición de sus objetivos permite establecer indi-  

cadores y métricas mixtas alineadas con los resultados esperados y la eﬁciencia  

en el uso de recursos. Sus modelos y análisis cuantitativos usan análisis de  

causalidad y costo-efectividad o de eﬁciencia para proyectar impactos. Evalúan  

la factibilidad institucional, operativa y política, junto con la gestión de riesgos y  

adaptabilidad. La combinación de estos métodos permite anticipar resultados,  

optimizar el diseño de las políticas y aumentar sus probabilidades de éxito.  

La obra de Bali Capano & Ramesh, también enfatiza la importancia de evaluar la  

efectividad antes de la implementación, pero introduce un marco más orientado  

al diseño adaptativo de políticas¹¹¹. Mientras los índices de efectividad ex ante  

tienen un enfoque técnico y metodológico (modelos, indicadores, simulaciones),  

Bali Capano & Ramesh, integran una visión dinámica en la que la anticipación  

ex ante no solo es predictiva, sino también iterativa:  

En la siguiente tabla comparativa, entre Efectividad ex ante, Bali Capano &  

Ramesh, y el Marco Lógico del Banco Mundial es posible visualizar las coinci-  

dencias y diferencias más signiﬁcativas:  

•

Consideran que la evaluación previa debe ir acompañada de mecanismos  

de retroalimentación continua que permitan rediseñar la política incluso  

antes de su ejecución.  

•

Dan mayor peso a la viabilidad política como condicionante central, mien-  

tras que el texto que resumimos distribuye el peso entre capacidades  

técnicas, operativas y políticas.  

109 Saisana, M. & Saltelli, A. (2011). “Rating the ratings: how to do, and not to do, sensitivi-  

ty analysis on composite indicators”. Journal of the Royal Statistical Society: Series A  

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110 Hlasny, V. & Sabra, A. (2022). “Decomposing Changes in Multidimensional Poverty with  

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Hardships: Poverty and Climate Hazards”. Human Development Report Oﬃce, UNDP and  

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111 Bali, C. & Ramesh (2019). Anticipating and Designing for Policy Eﬀectiveness. Reuters.  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Además, usando un gráﬁco radial es posible apreciar las fortalezas relativas de  

Efectividad ex ante, Bali Capano & Ramesh y el Marco Lógico del Banco Mundial  

en cada criterio evaluado:  

Bali Capano &  

Ramesh  

Marco Lógico del  

Banco Mundial  

Criterio  

Efectividad ex ante  

Deﬁnición clara de  

metas y resultados  

esperados, alineados  

a indicadores.  

Jerarquía ﬁja: ﬁn,  

propósito, compo-  

nentes y activida-  

des.  

Diseño adaptativo  

con objetivos revisa-  

bles según contexto.  

Objetivos  

iniciales  

Cuantitativos y cua-  

litativos; alineación  

con ODS; proyección  

de impactos.  

Indicadores especí-  

ﬁcos con fuentes de  

veriﬁcación por nivel  

de objetivo.  

Indicadores ﬂexibles  

que se ajustan en  

procesos iterativos.  

Indicadores  

Modelos economé-  

tricos, análisis cos-  

to-efectividad, DEA/  

SFA, simulaciones.  

Evaluación adaptati-  

va, diseño iterativo,  

gestión de incerti-  

dumbre.  

Matriz 4x4 que re-  

laciona objetivos,  

indicadores, veriﬁca-  

ción y supuestos.  

Metodología  

principal  

Supuestos y riesgos  

explícitos en cada  

nivel de la matriz,  

menos enfoque  

adaptativo.  

Evaluación institucio- Énfasis en viabilidad  

Viabilidad y nal, operativa y políti- política y adaptación  

riesgos  

ca, con mecanismos  

de ajuste.  

ante entornos cam-  

biantes.  

Encuestas y experi-  

mentos de percep-  

ción ex ante como  

insumo clave.  

No es requisito es-  

tructural, pero pue-  

de incluirse como  

insumo.  

Participación estraté-  

gica para retroalimen-  

tar el diseño.  

Participación  

ciudadana  

Baja: requiere pro-  

cedimientos forma-  

les para modiﬁcar  

objetivos o supues-  

tos.  

Muy alta: rediseño  

continuo posible in-  

cluso antes de imple-  

mentar.  

Alta: ajustes posibles  

antes y durante la  

ejecución.  

METODOLOGíA DE CONSTRUCCIÓN DEL íNDICE MULTIDIMENSIONAL DE  

Flexibilidad  

EFECTIVIDAD (IME)  

La construcción de este sistema fue un proceso que partió desarrollando las  

formas y los estándares de medición. Se trata de un puñado de indicadores  

sensibles cuya métrica se orientó a un foco especíﬁco: observar avances y  

retrocesos, señales de alerta y efectividad en aquellas dimensiones prioritarias  

que permitan de manera ágil y rigurosa tomar decisiones en mejor tiempo. Se  

funda en referencias actualizadas de los Centros internacionales que se dedican  

a conﬁgurar métricas complejas. De allí que, basándonos en el International  

Civil Service Eﬀectiveness Index, Oxford University, propusimos lo siguiente:  

Estratégico-adaptati- Estructural, lógico y  

Técnico-analítico,  

cuantitativo y adap-  

tativo.  

Enfoque  

principal  

vo, orientado a incer-  

tidumbre y contexto  

político.  

narrativo para ga-  

rantizar coherencia  

y trazabilidad.  

•

Construir un Índice Multidimensional de Efectividad. Uno de los prin-  

cipales problemas para medir fenómenos sociales radica en la brecha  

existente entre su complejidad y una métrica de causa-efecto. De ahí que  

la reducción unicausal no hace justicia a la observación del fenómeno. En  

Chile, en materia social, el giro de la medición unicausal de la pobreza a  

una medición multidimensional signiﬁcó un avance sustantivo tanto para  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

ajustar sus indicadores como para mejorar la forma de intervención de  

De este modo, y a diferencia del marco lógico, donde existe una relación  

dicotómica entre debilidad y fortaleza, una tipología TAE es un ﬂujo que  

se desplaza desde señales negativas de alerta, cruza un umbral funcional  

mínimo y se transforma en efectividad. De esta manera, la alerta no es  

otra cosa que una señal de efectividad negativa.  

diversos programas sociales. De allí que, un índice multidimensional de  

efectividad es un mecanismo de descripción más consistente y posibilitaría  

evidencias fundadas acerca de sus avances. Contar con un mecanismo  

de autoobservación sistemático permite evaluar el nivel de cumplimiento  

de los nuevos modelos propuestos por el Estado de Chile, como formas  

efectivas de protección a la infancia. Contar con evidencias métricas  

resulta indispensable tanto para el monitoreo del proceso como para la  

evaluación de resultados.  

•

Operacionalización métrica y rúbrica de las dimensiones del IME: Cada  

dimensión fue operacionalizada en puntajes en sus tres subdimensiones,  

al modo como lo efectúa el sistema español de operación de servicios  

sociales. Así , detrás de cada dimensión existe una triada combinatoria de  

subdimensiones, por ejemplo, en el diagrama expuesto, la combinación  

en un modelo de intervención efectivo, de los enfoques, los instrumentos  

y los momentos de la intervención. Cada una de sus dimensiones tiene  

en este prototipo una misma valoración (0-1) y un mismo peso. Este Índice  

Multidimensional es el resultado de la combinación, sin asignación de  

peso especíﬁco de las 8 dimensiones. El resultado del índice, expresado  

en un valor de 0-1 es el promedio de las interacciones sucesivas de las  

8 dimensiones:  

Se usaron indicadores sintéticos construidos como función de dos o más  

subdimensiones, ya que fueron útiles en establecer prioridades y un punto  

de referencia para monitorear el desempeño de una política¹¹². Este tipo  

de indicadores se consideró relevante ya que se apuntó a un concepto  

multidimensional de efectividad. En su construcción se cauteló la exis-  

tencia de dos condiciones básicas, de acuerdo con Soto y Schuschny¹¹³, a  

saber: la deﬁnición clara del atributo que se deseaba medir, en este caso  

la efectividad. Para ello, se construyó un indicador compuesto entre alerta  

y efectividad, generando una tipología que se denominó TAE:  

Figura IX-3. Tipologías de Alerta y Efectividad (TAE)  

•

•

•

Alerta = Fallas sistémicas persistentes que vulneran derechos  

Umbral Mínimo funcional = Grado básico de interrupción de la falla  

Efectividad = Estándares que probabilizan oportunidades  

112 Joint Research Centre-European Commission, 2008.  

113 Soto y Schuschny (2009).  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

El modelo español de evaluación de Servicios Sociales  

Trabajando directamente con las formas de evaluación de tríadas de los  

Servicios Españoles, se construyeron en conjunto con los programas  

socios, ocho dimensiones claves en el Índice Multidimensional de  

Efectividad:  

Ventajas del Índice Multidimensional de efectividad (IME)  

Como se ha expuesto, la propuesta del proyecto FONDEF Nº 17I10033: “Prototipo  

de alerta temprana para sistemas y programas de protección a la infancia desde  

un enfoque de derechos”, fue generar un SAT de gestión, mediante un sistema  

de medición de alerta y efectividad , expresado en un Índice multidimensional de  

efectividad (IME) que contiene ocho dimensiones analíticas: diversidad territorial,  

condiciones básicas de operación, nivel de coordinación intersectorial, códigos  

de regulación, trayectorias programáticas, modelos de intervención social, nivel  

de conﬁanza funcional y grado de autonomía de los equipos.  

Este índice se encuentra anclado en una plataforma de conectividad inteligente  

para observar avances y retrocesos, señales de alerta y efectividad en aquellas  

dimensiones prioritarias que permiten de manera ágil y rigurosa tomar decisiones  

en mejor tiempo en la complejidad de la gestión organizacional. A través de este  

monitoreo, se recolectan y procesan datos e información, ofreciendo pronósticos  

o predicciones temporales sobre su acción y posibles consecuencias (UNESCO,  

2011). Las claves del FONDEF fueron cuatro: interpelar sistemas y programas,  

observar sus fallas, construir un SAT que permita anticipar y ajustar decisiones  

a directivos y equipos de trabajo. En el siguiente cuadro sintético, es posible  

visualizar una síntesis comparada de sus ventajas:  

El Índice Multidimensional de Servicios Cívicos de Oxford  

Con el avance de esas ocho dimensiones, el acuerdo en relación con sus están-  

dares y cuál era el contenido del umbral mínimo funcional, fue posible plantearse  

la construcción de un Índice de Efectividad. Al discutir cuál era el factor central  

de su contenido, nos sirvió mucho abrirnos a la posibilidad de seguir el camino  

métrico elaborado por la Universidad de Oxford para su Índice Multidimensional  

de los Servicios Cívicos. Con esta investigación, fue posible modelar las dimen-  

siones y sus indicadores considerando los factores que incidían directamente  

en los resultados de la gestión de políticas y programas:  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

En la actualidad, el Índice Multidimensional de Efectividad (IME) es una innova-  

ción tecnológica desarrollada tanto en una plataforma inteligente, como en un  

proceso de formación en línea. Por tanto, se encuentra disponible para ser usada  

por diversos sistemas organizacionales https://ime.uchile.cl/. Está en un proceso  

de transferencia avanzado, pues desde el proyecto FONDEF se construyó un  

prototipo conceptual y un producto mínimamente viable, probado con socios  

estratégicos como Colunga y en una institución pública como las residencias  

del SENAME. Luego se validó y transﬁrió tanto a la Corporación Opción como  

al Hospital público Eloisa Díaz en la Florida. Después de dos años de trabajo  

en ambas instituciones, Opción se encuentra en pleno proceso de formación y  

apropiación de la plataforma y el hospital de la Florida, ha incorporado el IME  

dentro de su innovación de enfoque sociosanitario, lo que le permitió en 2024  

ser escogido como institución premiada en el concurso de innovación pública  

del laboratorio de Gobierno y la DIPRES. Asimismo, lo avanzado en el Hospital  

de la Florida, será transferido en un proyecto conjunto al hospital público de  

la Universidad de Chile en 2026. Por otra parte, también el 2026 el Índice  

Multidimensional de Efectividad será incorporado como medición de efectividad  

al proyecto MESO INNOVA de la Fundación de Innovación de Anglo American  

en su trabajo con los SLEP tanto nacionales como en Perú y Brasil.  

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De este modo, esta innovación métrica de efectividad será una línea que piloteará  

la construcción del nuevo modelo de transferencia con propósito público del  

CLIPP. Con ella, en vez de concebir una evaluación de impacto de resultados  

según demanda (lo que demora más tiempo, recursos y no consigue ajustes  

oportunos), se coloca anticipatoriamente un algoritmo de riesgo de la efectividad  

de la oferta que se calcula con un costo/efectividad en términos del ahorro  

generado. Con esto consigue una triple ventaja: una disminución de costos  

y tiempos en la medición, así como una evaluación de impacto que reduce el  

riesgo de la inversión.  

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IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

4. DIARIO DIGITAL DE USO DEL TIEMPO: INNOVACIÓN  

TECNOLÓGICA PARA COMPRENDER LA ORGANIZACIÓN  

DEL TIEMPO EN LA VIDA COTIDIANA DE LAS PERSONAS  

TRABAJADORAS114  

Alessandra Olivi  

Núcleo Milenio LABOFAM,  

Universidad de Valparaíso  

https://orcid.org/0009-0000-6410-2805  

alessandra.olivi@uv.cl  

Julieta Palma  

Núcleo Milenio LABOFAM,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-2443-3858  

jpalma@uchile.cl  

Juan Pablo Díaz  

Núcleo Milenio LABOFAM,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0004-4401-9376  

juan.diaz.casanueva@ug.uchile.cl  

¿POR QUé ESTUDIAR EL USO DEL TIEMPO?  

La forma en la que los individuos distribuyen el tiempo resulta un componente  

central de la vida cotidiana en las sociedades contemporáneas. Desde el punto  

de vista analítico, la organización del tiempo no solo depende de su estanda-  

rización en horas, días, meses y años, sino que también de la posición que  

cada uno ocupe en la estructura social¹¹⁵. En este sentido, las actividades coti-  

114 La investigación que dio origen a este documento fue ﬁnanciada por el Núcleo Milenio en  

Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva – Labofam (ANID – Iniciativa Cientíﬁca Milenio  

– NCS2024_019).  

115 Basaure, M., Güell, P., Larenas, E., Zilveti, M., Yopo Diaz, M., Vera, C. y Díaz, A. (2021).  

Midiendo el tiempo, valorando la temporalidad. Análisis conceptual y metodológico de  

encuestas sobre tiempo y temporalidad en Chile. Revista MAD, 45, 1-23. DOI: https://doi.  

org/10.5354/0719-0527.2021.65864  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

dianas se enmarcan en un contexto deﬁnido por factores de género, sociales,  

económicos, culturales y del marco jurídico e institucional¹¹⁶. De este modo,  

el tiempo que las personas dedican a sus actividades cotidianas es un reﬂejo  

de la diversidad de roles sociales y de las desiguales posiciones que ocupan  

dentro de la estructura social, evidenciando cómo las dinámicas temporales  

pueden reproducir o intensiﬁcar la desigualdad social¹¹⁷. Esto ha derivado en la  

necesidad de llevar a cabo mediciones sistemáticas que permitan estudiar con  

mayor precisión el fenómeno del uso del tiempo. Así, hace varias décadas se  

ha empezado a recolectar información sobre cómo los individuos distribuyen  

el tiempo en las diversas actividades que realizan a lo largo de un periodo de  

tiempo determinado, generalmente un día o una semana¹¹⁸.  

desigual del trabajo remunerado y no remunerado. Asimismo, estos datos facilitan  

la construcción de indicadores que permiten valorar el trabajo no remunerado  

mediante cuentas satélite, las cuales pueden incorporarse posteriormente a los  

Sistemas de Cuentas Nacionales, visibilizando así su contribución a la economía  

nacional (CEPAL, 2022). Por otra parte, las mediciones de uso del tiempo también  

resultan útiles para evaluar el impacto de programas orientados a reducir dichas  

desigualdades, al ofrecer evidencia sobre los efectos de iniciativas vinculadas  

a favorecer la articulación familia-trabajo.  

En este contexto, el Núcleo Milenio en Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM) utiliza la medición del uso del tiempo para analizar los efectos que  

las recientes reformas laborales en Chile tienen sobre la vida familiar, social y  

colectiva de las personas trabajadoras. Entre estas transformaciones destacan la  

regulación del trabajo a distancia (Leyes 21.342 de 2021 y 21.220 de 2022), las  

medidas de conciliación para personas con responsabilidades de cuidado (Ley  

21.645) y la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales  

(Ley 21.561). Este policy brief presenta los fundamentos y alcances de esta línea  

de investigación, describiendo las principales herramientas de medición del uso  

del tiempo y el proceso de innovación tecno-metodológica que dio origen a la  

plataforma digital Diario de Uso del Tiempo-DdUT de LABOFAM.  

Si bien los estudios de uso del tiempo han abordado una amplia gama de  

temáticas, su aplicación ha sido particularmente relevante para el análisis de las  

desigualdades de género asociadas a la distribución del trabajo remunerado y  

no remunerado. En este contexto, las estadísticas de uso del tiempo han sido  

fundamentales para visibilizar las persistentes desigualdades en la cantidad de  

tiempo que hombres y mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidado, incluso  

tras la incorporación masiva de estas últimas al mercado laboral¹¹⁹. Asimismo,  

estos estudios han permitido evidenciar cómo dichas desigualdades inciden en  

la disponibilidad de tiempo para actividades personales y de ocio¹²⁰.  

En este sentido, las estadísticas de uso del tiempo constituyen un insumo esencial  

para el diseño y la evaluación de políticas públicas, particularmente en el ámbito  

de la igualdad de género, al posibilitar un diagnóstico preciso de la distribución  

1. INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL USO DEL TIEMPO  

1.1 La encuesta de uso del tiempo  

116 Sharma, S. (2014). In the Meantime. Temporality and Cultural Politics. Duke University  

Las encuestas de uso del tiempo consultan a las personas la cantidad de tiempo  

que han destinado a un conjunto de actividades predeﬁnidas durante un periodo  

de referencia. Para responder esta pregunta, la persona encuestada debe  

realizar un proceso cognitivo que implica comprender la pregunta, recordar  

las actividades que realizó en el tiempo de referencia y realizar una estimación  

aproximada del tiempo total que dedicó a cada actividad¹²¹. Estas operaciones  

pueden resultar particularmente difíciles en algunos casos, como por ejemplo  

cuando la persona trabaja con horarios ﬂexibles, de manera informal o esporá-  

dica. El tipo y extensión del cuestionario inﬂuye también en el proceso cognitivo  

de la persona encuestada. Aspectos como la extensión de la lista de activi-  

dades, su agregación (ej: el trabajo doméstico) o desagregación en subtareas  

(ej: lavar, planchar, cocinar, etc.), plantean desafíos tanto para para la persona  

Press.  

117 Basaure, M., Güell, P., Larenas, E., Zilveti, M., Yopo Diaz, M., Vera, C. y Díaz, A. (2021).  

“Midiendo el tiempo, valorando la temporalidad. Análisis conceptual y metodológico de  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

que encuesta como para la que es encuestada¹²². Otro aspecto crítico de este  

instrumento es la estimación asociada a un período de tiempo de referencia  

del pasado, que puede ser real —el día de ayer, el ﬁn de semana, la semana o  

el mes pasado—, o estimado —un día típico de la semana o del ﬁn de semana,  

una semana típica—. En ese sentido, las diﬁcultades que pueden generar los  

procesos de comprensión, recordación, agregación/categorización y estima-  

ción, propios de las encuestas de uso del tiempo, inﬂuyen en la producción de  

estimaciones conﬁables.  

reportarlas. Así, en el diario “completo” la persona encuestada reporta con sus  

propias palabras el conjunto de actividades que llevan a cabo en el día, mientras  

que en el diario “ligero” las actividades son predeﬁnidas para disminuir el costo  

relacionado a la codiﬁcación ex post¹²⁵. También puede diferir el número de días  

reportados, generalmente variando de uno a siete días. Si bien el diario semanal  

es el más completo, se considera que los diarios de dos días (normalmente uno  

de semana y uno de ﬁn de semana) entregan datos con una calidad similar y  

presentan menor exigencia para la persona encuestada¹²⁶. Sumado a lo anterior,  

el desarrollo tecnológico ha introducido la posibilidad de ir más allá del diario  

físico, generando diarios digitales que se alojan en sitios web o en aplicaciones  

móviles, que revisaremos más adelante en este texto.  

1.2 El diario de uso de tiempo  

Otro instrumento frecuentemente usado para medir el uso del tiempo es el  

diario. Su principal particularidad consiste en permitir reportar en orden secuen-  

cial el tiempo que la persona destina a las actividades que lleva a cabo en un  

periodo determinado, normalmente el mismo día o el día anterior al que se  

llena el diario¹²³. Para esto, se le entrega a la persona encuestada un diario,  

pidiéndole que registre, en intervalos usualmente de 10 o 15 minutos, el conjunto  

de actividades realizadas en un periodo de 24 horas. A su vez, por lo general,  

se le pide que en cada intervalo agregue información relativa al contexto de  

la actividad, señalando la eventual simultaneidad con otra actividad (actividad  

secundaria), la ubicación en la que se encontraba, con quién estaba, y su grado  

de satisfacción con esta, entre otras. De esta forma, este instrumento permite  

generar una clasiﬁcación de cada “episodio” del día, deﬁnidos como periodos  

homogéneos,124 y cuyo conjunto suma 24 horas (1.440 minutos).  

1.3 Ventajas y desventajas  

El cuestionario es el instrumento mayormente utilizado para estudios de uso del  

tiempo, argumentándose la facilidad de su aplicación y la menor cantidad de  

recursos que implica, pudiendo incluso incorporarse como un set de preguntas  

en el contexto de una encuesta más amplia¹²⁷. No obstante, en comparación a  

los diarios, el cuestionario tiende a producir estimaciones de uso del tiempo  

de menor calidad debido a la complejidad del proceso cognitivo que tiene que  

llevar a cabo la persona encuestada. La capacidad de recordar con exactitud  

el tiempo destinado a cada actividad realizada en el pasado reciente resulta  

particularmente complejo para las tareas relacionadas con el trabajo no remu-  

nerado, las cuales ocurren de forma fragmentada, en episodios discontinuos  

y de corta duración¹²⁸. En este ámbito, además, la cantidad de tiempo que las  

Aunque la estructura básica del diario de uso del tiempo tiende a mantenerse,  

puede variar el número de actividades que busca captar y la modalidad para  

125 Sullivan, O., Gershuny, J., Sevilla, A., Foliano, F., Vega-Rapun, M., Lamote de Grignon, J.,  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

personas reportan se ve inﬂuenciada por la proyección de una imagen de sí  

mismas socialmente deseable¹²⁹. A su vez, el cuestionario no permite el registro  

de actividades simultáneas, lo que conlleva el riesgo de contabilización doble,  

teniendo como consecuencia que los reportes individuales puedan durar más  

de 24 horas¹³⁰.  

operación¹³⁴. Por último, resulta importante destacar que los diarios de uso del  

tiempo tienen la particularidad de que respetan la propiedad “suma-cero” del  

uso del tiempo, lo cual signiﬁca que cada aumento en una actividad principal  

debe reﬂejarse en una disminución de otra actividad principal, de manera tal  

que la suma del tiempo dedicado al conjunto de estas actividades nunca supere  

las 24 horas¹³⁵. Esta característica permite eliminar la posibilidad del “conteo  

doble” sin que eso signiﬁque no dar cuenta de actividades llevadas a cabo de  

manera simultánea.  

El diario de uso del tiempo, por su parte, presenta varias ventajas respecto  

al cuestionario. En primer lugar, permite estudiar no solo la duración de la  

actividad, sino que también su secuencia, su contexto y valoración¹³¹. En este  

sentido, el diario posibilita identiﬁcar patrones de la vida social a partir de la  

multiplicidad de roles que se reﬂejan en cada actividad¹³². En segundo lugar,  

se argumenta que la forma secuencial en la que los individuos reportan sus  

actividades se acerca en mayor medida a la forma en que experimentan su día  

a día¹³³. Esto disminuye las operaciones de estimación del tiempo destinado a  

una actividad durante un período de referencia, disminuyendo el sesgo asociado  

a la memoria. En tercer lugar, el formato secuencial reduce el sesgo normativo  

ya que diﬁculta la posibilidad de distorsionar el tiempo que se dedica a ciertas  

actividades, debido a que se encuentran insertas en un ciclo y su alteración  

inﬂuiría también sobre las actividades anteriores y posteriores, diﬁcultando la  

Estudios comparativos que han aplicado los dos instrumentos en una misma  

muestra señalan que las encuestas tienden a contener sobreestimaciones o  

subestimaciones producto de sesgos de memoria y normativos, sumado a la  

contabilización doble. En especíﬁco, en lo que respecta a las mediciones del  

tiempo destinado al trabajo remunerado, Walthery y Gershuny¹³⁶, al comparar  

reportes a gran escala basados en diarios y encuestas de uso del tiempo en  

Reino Unido, señalan que los individuos que trabajan más de 40 horas a la  

semana tienden a sobreestimar su tiempo de trabajo en los cuestionarios, mien-  

tras que aquellos que trabajan menos de 30 horas tienden a subestimarlo. Por  

otro lado, Schulz y Grunow¹³⁷, en su análisis empírico de las similitudes y dife-  

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EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

rencias entre las estimaciones de uso del tiempo sobre una pequeña muestra  

en Alemania, concluyen que los resultados pueden diferir notablemente según  

la técnica de medición empleada y que los diarios de uso del tiempo son la  

mejor alternativa para obtener estadísticas descriptivas precisas en diferentes  

poblaciones. Siempre para el caso alemán, Otterbach y Sousa-Poza138 señalan  

que las desviaciones entre las dos técnicas son particularmente signiﬁcativas  

en el caso de individuos con jornadas laborales largas y horarios de trabajo  

ﬂexibles. Aunque existe poca evidencia sobre estas comparaciones en América  

Latina y el Caribe, los resultados entregados por Parker y Gandini139 para el caso  

mexicano corroboran que el sesgo es mayor en el cuestionario estructurado  

que en el diario y que este instrumento puede ser una alternativa válida a la  

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.  

el método en contextos con baja alfabetización, reducen su factibilidad práctica.  

Como consecuencia, la mayoría de los países continúan utilizando los cuestio-  

narios para recolectar información sobre los patrones de uso del tiempo.  

2. ESTADO DE LOS ESTUDIOS DE USO DEL TIEMPO EN AMéRICA LATINA Y EL CARIBE  

En las últimas décadas, un número creciente de países latinoamericanos ha  

realizado estudios de uso del tiempo, impulsados por la Cuarta Conferencia  

Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995¹⁴³. Este hito promovió la  

elaboración periódica de mediciones que permitieran cuantiﬁcar el trabajo no  

remunerado y su valor económico, desagregando los resultados por sexo y  

otras características demográﬁcas¹⁴⁴. Dichos compromisos se reforzaron con  

la ratiﬁcación de la Agenda 2030145 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

especialmente el ODS 5, orientado a eliminar la discriminación hacia las mujeres.  

Su meta 5.4 insta a reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no  

remunerado mediante servicios públicos, infraestructura, políticas de protección  

social y corresponsabilidad en los hogares.  

Sin embargo, pese a ser considerado el golden standard de los estudios de uso  

del tiempo¹⁴⁰, el diario también presenta ciertas limitaciones. El levantamiento  

de información mediante diarios completos autoadministrados resulta costoso,  

dado que generalmente tiene una duración no inferior a un año. Este proceso  

suele incluir la entrega de copias impresas del instrumento en el domicilio de la  

persona participante, reuniones iniciales para ofrecer instrucciones detalladas  

sobre el llenado, entrevistas posteriores para validar los registros y, además, una  

ardua labor de codiﬁcación y sistematización de las actividades reportadas¹⁴¹.  

Asimismo, el diario deposita una carga de trabajo signiﬁcativa en la persona  

encuestada, lo que deriva en bajas tasas de respuesta en comparación a los  

cuestionarios estilizados¹⁴². Estas limitaciones, junto con la diﬁcultad de aplicar  

En este marco, la medición del tiempo que hombres y mujeres dedican a estas  

actividades se ha convertido en una prioridad del Grupo de Trabajo sobre  

Estadísticas de Género de la Conferencia de Estadística de las Américas. Este  

organismo elaboró la Clasiﬁcación de Actividades de Uso del Tiempo para  

América Latina y el Caribe (CAUTAL), con el propósito de dotar a la región de un  

instrumento con enfoque de género que armonice y estandarice las encuestas  

de uso del tiempo¹⁴⁶. Más recientemente, la Guía metodológica para las medi-  

ciones de uso del tiempo en la región147 reaﬁrma la importancia de contar con  

138 Otterbach, S. & Sousa-Poza, A. (2010). “How accurate are German work-time data? A com-  

parison of time-diary reports and stylized estimates”. Social Indicators Research, 97(3),  

325-339. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-009-9504-z  

139 Parker, S. W. & Gandini, L. (2011). Cuantiﬁcación de sesgos en la contabilización del uso  

del tiempo a partir de metodologías de diarios y cuestionarios (Cuadernos de trabajo N°  

30). Instituto Nacional de las Mujeres. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30310.37441  

– Translating an existing method in the 21st century”. Electronic International Journal of  

Time Use Research, 11(1), 73-93. DOI: https://doi.org/10.13085/eIJTUR.11.1.73-93  

143 Naciones Unidas (1996). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer:  

Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (A/CONF.177/20/Rev.1). https://www.un.org/wo-  

menwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf  

140 Cornwell, B., Gershuny, J. & Sullivan, O. (2019). “The social structure of time: emerging  

trends and new directions”. Annual Review of Sociology, 45, 301-320. DOI: https://doi.  

org/10.1146/annurev-soc-073018-022416  

144 Naciones Unidas (1996). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer:  

Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (A/CONF.177/20/Rev.1). https://www.un.org/wo-  

menwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf  

141 Chatzitheochari, S., Fisher, K., Gilbert, E., Calderwood, L., Huskinson, T., Cleary, A. &  

Gershuny, J. (2018). “Using new technologies for time diary data collection: Instrument  

design and data quality ﬁndings from a mixed-mode pilot survey”. Social Indicators  

Research, 137, 379-390. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-017-1569-5  

145 Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo  

Sostenible. ONU. Nueva York.  

Minnen, J., Glorieux, I., Van Tienoven, T. P., Daniels, S., Weenas, D., Deyaert, J., Van  

Den Bogaert, S. & Rymenants, S. (2014). “Modular Online Time Use Survey (MOTUS) –  

Translating an existing method in the 21st century”. Electronic International Journal of  

Time Use Research, 11(1), 73-93. DOI: https://doi.org/10.13085/eIJTUR.11.1.73-93  

146 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016). Clasiﬁcación  

de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL)  

(LC/W.679/Rev.1).  

Naciones  

Unidas.  

https://repositorio.cepal.org/items/  

af9eebf3-248b-4a16-a44b-dcead44940b2  

142 Chatzitheochari, S. & Mylona, E. (2022). “Does diary mode matter in time use research?”.  

Journal of Time Use Research, 17(1), 1-22. DOI: https://doi.org/10.32797/jtur-2022-1  

147 ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)(2022).Guíametodológicaso-  

brelasmedicionesdeusodeltiempoenAméricaLatinayelCaribe(LC/CEA.11/17).Naciones  

Unidas. https://repositorio.cepal.org/items/ade7e587-70a9-4df0-a3c0-a3401c75468c  

Minnen, J., Glorieux, I., Van Tienoven, T. P., Daniels, S., Weenas, D., Deyaert, J., Van  

Den Bogaert, S. & Rymenants, S. (2014). “Modular Online Time Use Survey (MOTUS)  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

herramientas comparables y coherentes para fortalecer la producción de esta-  

dísticas sobre trabajo no remunerado en América Latina.  

que estos últimos presentan para poblaciones con bajos niveles de alfabetiza-  

ción, aún presentes en algunos países¹⁵⁴. Asimismo, el mayor conocimiento y  

experiencia acumulada en el uso del cuestionario refuerzan su adopción conti-  

nuada, generando una dependencia institucional que lleva a muchos países a  

Hasta 2023, 23 países de América Latina y el Caribe habían realizado al menos  

un estudio de uso del tiempo¹⁴⁸, recurriendo en su mayoría a cuestionarios con  

preguntas estilizadas basados en listas de actividades predeﬁnidas. Solo dos  

países —Bolivia (2018) y Venezuela (2011)— han empleado diarios de uso del  

tiempo para la generación de información¹⁴⁹. No obstante, pese a los esfuerzos  

de estandarización, persisten diferencias signiﬁcativas entre las mediciones  

nacionales en aspectos como la modalidad de aplicación, la cobertura geográ-  

ﬁca y la cantidad de actividades consideradas, entre otros¹⁵⁰.  

mantener este instrumento a lo largo del tiempo155  

.

En este contexto, y considerando las limitaciones que han llevado a la mayoría  

de los países de la región a optar por el cuestionario, resulta relevante observar  

las innovaciones que se están desarrollando a nivel internacional. En particular,  

se advierte una tendencia hacia la adopción de diarios digitales de uso del  

tiempo, los cuales permiten mejorar la conﬁabilidad de la información y reducir  

los costos asociados a la recolección de datos, en comparación con las encuestas  

tradicionales en formato impreso.  

En Chile, la primera medición de uso del tiempo, liderada por el Instituto Nacional  

de Estadísticas (INE), se llevó a cabo en 2009. Se recurrió al método del diario  

de uso del tiempo de tipo completo, que recogía información sobre la actividad  

principal y secundaria y a quién estaba dirigida la actividad, así como variables  

de contexto como la ubicación y la remuneración¹⁵¹. El pilotaje del instrumento  

se limitó a la población del Gran Santiago y no se siguió realizando otra medi-  

ción hasta 2015, cuando se realizó la primera Encuesta Nacional de Uso del  

Tiempo (ENUT), con representación nacional y basada en el cuestionario de la  

CAUTAL¹⁵². Una segunda encuesta de uso del tiempo con representatividad  

nacional ha sido aplicada en el año 2023¹⁵³.  

3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA OPTIMIZAR LA RECOPILACIÓN DE DATOS  

SOBRE USO DEL TIEMPO  

El auge de la comunicación digital ha favorecido el desarrollo de nuevos  

métodos de investigación que pueden proporcionar una mejor comprensión  

de los patrones de comportamiento. La amplia distribución de dispositivos  

móviles y su accesibilidad a lo largo del día ha aumentado su uso para recopilar  

autoreportes¹⁵⁶.  

La elección del cuestionario como instrumento de recolección predominante  

en la mayoría de los países de la región está mediada por diversos factores. En  

general, se argumenta que su aplicación implica menores costos económicos en  

comparación con los diarios de uso del tiempo, además de sortear las diﬁcultades  

Aunque las aplicaciones de diario digital tienen una trayectoria más extensa en  

disciplinas como la psicología y la medicina —donde se emplean para registrar  

rutinas, conductas y estados emocionales—, su incorporación en los estudios del  

uso del tiempo constituye un desarrollo relativamente reciente¹⁵⁷. La pandemia  

148 Para efectos de este documento, solo se consideran las mediciones oﬁciales de uso  

del tiempo llevadas a cabo por las oﬁcinas estadísticas de los países de la Región. Esta  

información se encuentra disponible en el Repositorio sobre uso del tiempo de América  

Latina y el Caribe, administrado por CEPAL (2023).  

149 ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)(2022).Guíametodológicaso-  

brelasmedicionesdeusodeltiempoenAméricaLatinayelCaribe(LC/CEA.11/17).Naciones  

Unidas. https://repositorio.cepal.org/items/ade7e587-70a9-4df0-a3c0-a3401c75468c  

154 Aguirre, R. y Ferrari, F. (2014). Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado  

en América Latina y el Caribe: caminos recorridos y desafíos hacia el futuro. Serie Asuntos  

de Género N°. 122, LC/L.3678/Rev.1, Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL). https://repositorio.cepal.org/items/c5330e2d-571c-4cbd-a25d-48ec6dca2a39  

ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)(2022).Guíametodológicaso-  

brelasmedicionesdeusodeltiempoenAméricaLatinayelCaribe(LC/CEA.11/17).Naciones  

Unidas. https://repositorio.cepal.org/items/ade7e587-70a9-4df0-a3c0-a3401c75468c  

CEPAL (2023). Repositorio sobre uso del tiempo de América Latina y el Caribe.  

150 ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)(2022).Guíametodológicaso-  

brelasmedicionesdeusodeltiempoenAméricaLatinayelCaribe(LC/CEA.11/17).Naciones  

Unidas. https://repositorio.cepal.org/items/ade7e587-70a9-4df0-a3c0-a3401c75468c  

Parker, S. W. y Gandini, L. (2011). Cuantiﬁcación de sesgos en la contabilización del uso  

del tiempo a partir de metodologías de diarios y cuestionarios. Cuadernos de trabajo N°  

30, Instituto Nacional de las Mujeres. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30310.37441  

151 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2009). Manual del usuario de base de datos:  

Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago (versión preliminar).  

[Manuscrito no publicado].  

155 Esquivel, V. (2017). “Time-use surveys in Latin America: 2005-15”. En: I. Hirway (Ed.).  

Mainstreaming Unpaid Work: Time-use Data in Developing Policies (Pags. 110-140).  

Oxford Academic. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199468256.003.0002  

152 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2015). Documento de principales resultados  

156 Alaszewski, A. (2006). Using Diaries for Social Research. SAGE Publications LTD. DOI:  

ENUT 2015. https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero/uso-del-tiempo  

https://doi.org/10.4135/9780857020215  

153 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2023). Informe de principales resultados II  

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/  

genero/uso-del-tiempo  

157 Henderson, T., Anthony, D. & Kotz, D. (2005, abril). Measuring wireless network us-  

age with the experience sampling method. En Proceedings of the First Workshop on  

Wireless Network Measurements (WiNMee). International Communications Sciences and  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

de COVID-19 transformó profundamente la forma en que las personas interac-  

túan con la tecnología digital, extendiendo su uso a prácticamente todas las  

dimensiones de la vida cotidiana¹⁵⁸. El interés por conocer cómo las personas  

empleaban su tiempo en condiciones de conﬁnamiento y distanciamiento social  

generó un nuevo impulso en los estudios digitales de uso del tiempo¹⁵⁹. Los  

avances en este campo han propiciado un aumento del uso de la tecnología  

para facilitar la recopilación de datos mediante el método del diario, alejándose  

en papel y lápiz y pasando a formatos web y aplicaciones móviles.  

3.1 Experiencias internacionales  

Actualmente existen tres enfoques principales en términos de diseño de apli-  

caciones digitales para estudiar el uso del tiempo, que varían en cuanto a  

la estrategia de recopilación de datos y exhaustividad de la información. El  

enfoque de “estimación puntual” recopila información en momentos especíﬁcos  

y aleatorios del día sobre la experiencia subjetiva de las personas en relación  

con sus actividades y sentimientos en ese momento. Este enfoque, conocido  

como Método de Muestreo por Experiencia, se ha utilizado en la Encuesta  

Americana sobre el Uso del Tiempo (ATUS) para recopilar información sobre el  

estado de ánimo en el módulo de bienestar, realizado entre 2010 y 2013. A los  

encuestados se les enviaban alertas en sus teléfonos móviles, en momentos  

aleatorios a lo largo del día, para que respondieran a una serie de preguntas  

sobre qué estaban haciendo y cómo se sentían. Otro ejemplo de este enfoque  

es el proyecto Mappiness, en el Reino Unido, que consiste en una aplicación  

para teléfonos inteligentes para recopilar estados de ánimo relacionados con  

la actividad desarrollada, la ubicación y la presencia de otras personas (http://  

www.mappiness.org.uk/).  

Entre las principales ventajas de la modalidad digital del diario de uso del tiempo  

reportada en los distintos estudios ﬁguran: la accesibilidad, al ser disponible  

mediante descarga; la usabilidad mediante el diseño de interfaces fáciles e intui-  

tivas; la eﬁciencia en términos de llenado de la información; mayores tasas de  

respuesta; información más completa y detallada al utilizar listas de actividades  

desplegables; mayor facilidad de almacenamiento y codiﬁcación de los datos¹⁶⁰.  

El método del diario móvil, sin embargo, no está exento de inconvenientes, entre  

los que se incluyen las exigencias que se imponen a los usuarios, especialmente  

entre las poblaciones con escasos conocimientos tecnológicos, y los posibles  

problemas técnicos y la necesidad de soporte a los sistemas operativos¹⁶¹.  

El enfoque modular se ha aplicado en el Modular Online Time Use Survey –  

MOTUS, desarrollado por el grupo de investigación TOR de la Vrije Universiteit  

Brussel (VUB), para realizar encuestas sobre el uso del tiempo en línea, susti-  

tuyendo los diarios de papel. Basado en una plataforma digital, las personas  

encuestadas seleccionan la hora de inicio y ﬁnalización de las actividades que  

realizan en el día a partir de un menú desplegables, generando una secuencia  

modular. También registran actividades secundarias, con quién se realiza la  

actividad e información sobre la ubicación. Su característica modular permite  

añadir módulos personalizados de preguntas sobre el tiempo que las personas  

ocupan en actividades especíﬁcas, como el uso de los medios de comunicación  

o el transporte. MOTUS representa una solución más costo-efectiva, ﬂexible y  

escalable para recopilar y analizar datos sobre el uso del tiempo¹⁶².  

Technology Association (ICST). https://www.cs.dartmouth.edu/~kotz/research/hender-  

son-esm/index.html  

158 De’, R., Pandey, N. & Pal, A. (2020). “Impact of digital surge during Covid-19 pandemic: A  

viewpoint on research and practice”. International Journal of Information Management,  

55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102171  

159 Sullivan, O., Gershuny, J., Sevilla, A., Foliano, F., Vega-Rapun, M., Lamote de Grignon, J.,  

Harms, T. & Walthéry, P. (2021). “Using time-use diaries to track changing behavior across  

successive stages of COVID-19 social restrictions”. Proceedings of the National Academy  

of Sciences, 118(35). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2101724118  

160 Bauman, A., Bittman, M. & Gershuny, J. (2019). “A short history of time use research; im-  

plications for public health”. BMC Public Health, 19(2), 607. DOI: https://doi.org/10.1186/  

s12889-019-6760-y  

Una alternativa al diario modular online, es el Click and Drag Diary Instrument  

(CaDDI) desarrollado por el Center of Time Use Research (CTUR), dependiente  

de la University College of London (https://www.timeuse.org/), en colaboración  

con el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Basado en el método  

“selecciona y arrastra”, CaDDI integra y mejora las funcionalidades de los otros  

enfoques en una versión más intuitiva y fácil de completar. Las personas encues-  

tadas selección los ítems desde menús desplegables y arrastran el puntero a  

Lev-On, A. & Lowenstein-Barkai, H. (2019). “Viewing diaries in an age of new media: an  

exploratory analysis of mobile phone app diaries versus paper diaries”. Methodological  

Innovations, 12(1). DOI: https://doi.org/10.1177/2059799119844442  

Sullivan, O., Gershuny, J., Sevilla, A., Foliano, F., Vega-Rapun, M., Lamote de Grignon, J.,  

Harms, T. & Walthéry, P. (2021). “Using time-use diaries to track changing behavior across  

successive stages of COVID-19 social restrictions”. Proceedings of the National Academy  

of Sciences, 118(35). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2101724118  

161 Chatzitheochari, S., Fisher, K., Gilbert, E., Calderwood, L., Huskinson, T., Cleary, A. &  

Gershuny, J. (2018). “Using new technologies for time diary data collection: Instrument  

design and data quality ﬁndings from a mixed-mode pilot survey”. Social Indicators  

Research, 137, 379-390. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-017-1569-5  

162 Minnen, J., Glorieux, I., Van Tienoven, T. P., Daniels, S., Weenas, D., Deyaert, J., Van  

Den Bogaert, S. & Rymenants, S. (2014). “Modular Online Time Use Survey (MOTUS) –  

Translating an existing method in the 21st century”. Electronic International Journal of  

Time Use Research, 11(1), 73-93. DOI: https://doi.org/10.13085/eIJTUR.11.1.73-93  

Lev-On, A. & Lowenstein-Barkai, H. (2019). “Viewing diaries in an age of new media: an  

exploratory analysis of mobile phone app diaries versus paper diaries”. Methodological  

Innovations, 12(1). DOI: https://doi.org/10.1177/2059799119844442  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

lo largo de una barra del tiempo, que fracciona las horas del día en bloques de  

10 minutos, para crear un registro del tiempo que dedicaron a cada actividad  

principal. Las actividades se agrupan en 7 campos y se muestran en la barra  

de la línea de tiempo en diferentes colores. También CaDDI permite reportar,  

en ﬁlas sucesivas, las actividades secundarias; con quién estaba la persona;  

dónde se encontraba y cómo se sentía en ese momento. Respecto al enfoque  

modular, CaDDI evita a la persona encuestada la carga de tener que introducir  

la hora de inicio y de ﬁnalización para cada episodio de la actividad principal.  

CaDDI fue aplicado inicialmente en nueve países —Reino Unido, Estados Unidos,  

Francia; Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia, Italia y España—, entre 2015 y  

2016, a una muestra total de 6.000 personas. El tiempo medio empleado para  

completar el diario fue de 15 minutos y la calidad de las respuestas fue buena,  

con unos niveles inusualmente bajos (6 minutos) de datos faltantes sobre activi-  

dades primarias¹⁶³. Un ulterior desarrollo de CaDDI ha derivado en el Extended  

Light Digital Diary Instrument (ELiDDI), compatible con la clasiﬁcación de activi-  

dades de la Encuesta Europea Armonizada sobre el Uso del Tiempo (HETUS),  

y empleado en 2023 como instrumento para una encuesta nacional de uso del  

tiempo representativa a nivel nacional del Reino Unido.  

andreifoldes/o-timeusediary), que mantiene el mismo método de “selecciona y  

arrastra” para el reporte en ﬁlas sucesivas e integrando nuevas funcionalidades.  

La primera medida de adaptación de DdUT consistió en homologar las dimen-  

siones, categorías y subcategorías de uso del tiempo a las que propone la  

CAUTAL. Esta clasiﬁcación identiﬁca y delimita las categorías analíticas del  

trabajo total, remunerado y no remunerado, tipiﬁcando las actividades no remu-  

neradas, domésticas y de cuidado de personas, y las actividades personales que  

pueden llevarse a cabo durante un período de referencia. Además, para que  

DdUT respondiera mejor al propósito de evaluar el impacto de las MTF sobre  

la participación política y la vida colectiva de los y las trabajadoras, se integró  

también una pregunta acerca de la participación en organizaciones comuni-  

tarias o políticas adaptada del cuestionario de la Encuesta de Caracterización  

Socioeconómica Nacional (CASEN).  

La adecuación de las categorías de la CAUTAL y la CASEN al entorno digital  

de DdUT implicó un trabajo de sistematización y síntesis de las categorías y  

subcategorías para el reporte de las actividades principales y secundarias, las  

que quedaron ﬁnalmente agrupadas en 8 campos: Trabajo remunerado y activi  

-

dades relacionadas; Trabajo doméstico no remunerado; Trabajo de cuidado no  

remunerado; Participación en organizaciones comunitarias y políticas; Actividades  

recreativas; Cuidado personal; Traslados; Otras actividades. A cada campo  

corresponde un menú desplegable que permite seleccionar las categorías y  

subcategorías y arrastrarla a la línea del tiempo para el reporte (ﬁg. IX-4).  

3.2. DdUT: Adaptación de diarios digitales al contexto latinoamericano  

En el marco del Núcleo LABOFAM, y con el propósito de estudiar los efectos  

de las Modalidades de Trabajo Flexible (MTF) sobre la vida familiar, social y  

colectiva de las personas trabajadoras, se optó por utilizar el diario de uso  

del tiempo. Esta decisión responde a que la mayor precisión de este método  

permite detectar incluso cambios pequeños en la organización de la vida diaria  

de las personas. Su aplicación resulta por lo tanto adecuada para el enfoque  

longitudinal de la investigación, ya que posibilita captar de manera progresiva  

y acumulativa el impacto de las MTF sobre las prácticas cotidianas a lo largo  

de todo el período de investigación.  

Figura IX-4. Menú desplegable de la actividad principal DdUT.  

A partir de la revisión de las experiencias internacionales más exitosas en  

términos de medición de uso del tiempo, nos pusimos en contacto con el  

CTUR de la University College of London y, tras establecer una relación de  

colaboración, adaptamos el Extended Light Digital Diary Instrument (ELiDDI) al  

contexto latinoamericano. Se crea así la plataforma Diario de Uso del Tiempo  

- DdUT a partir de un repositorio de código abierto desarrollado por investiga-  

dores del Oxford Internet Institute y disponible en GitHub (https://github.com/  

163 Sullivan, O., Gershuny, J., Sevilla, A., Foliano, F., Vega-Rapun, M., Lamote de Grignon, J.,  

Harms, T. & Walthéry, P. (2021). “Using time-use diaries to track changing behavior across  

successive stages of COVID-19 social restrictions”. Proceedings of the National Academy  

of Sciences, 118(35). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2101724118  

Fuente: https://www.labofam.site/src/pages/login.html  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Respecto a la versión inglesa ELLiDI, DdUT no permite avanzar con el reporte  

si no se ha completado el registro de las actividades principales desarrolladas  

durante las 24 horas de la línea del tiempo. Así solo tras completar el registro  

de la línea del tiempo de la actividad principal, la persona puede continuar su  

reporte señalando los momentos del día en que realiza más de una actividad  

(actividad secundaria), el lugar dónde se encontraba mientras realizaba cada  

actividad, con quién (permitiendo selección múltiple), y ﬁnalmente el grado de  

satisfacción con cada actividad en una escala de puntuación de 1 a 7 (ﬁg. IX-5),  

seleccionado desde un menú desplegables las opciones de reporte en cada  

apartado. Una vez completadas todas las ﬁlas, la persona puede enviar el reporte,  

que se almacena en una base de datos, para su posterior procesamiento.  

y síntesis estadísticas. En tal sentido, cumple una función clave como herra-  

mienta de devolución de resultados y apropiación del proceso investigativo,  

favoreciendo que las personas no solo comprendan globalmente cómo usan  

el tiempo, sino que también puedan tomar decisiones informadas basadas en  

la evidencia que reciben durante la investigación longitudinal.  

Figura IX-6. Visualizador de gráﬁcos de síntesis de uso del tiempo  

Figura IX-5. Ejemplo de reporte de un día laboral  

Fuente: https://www.labofam.site/src/pages/login.html  

Actualmente DdUT se encuentra en etapa de validación y ad portas de ser  

aplicado en una muestra inicial de 60 trabajadores y trabajadoras con hijos/as  

de 0 a 14 años, residentes en Santiago, Valparaíso y Talca. Se espera que, tras  

la primera ronda, el instrumento pueda aplicarse a la muestra total de 1.200  

personas trabajadoras.  

Fuente: https://www.labofam.site/src/pages/login.html  

Otra innovación de DdUT, respecto a la matriz inglesa del diario, es que integra  

un sistema de inicio de sesión que permite a los participantes acceder de forma  

individual y seleccionar, desde un menú pre-registrado, el día que quiere reportar,  

debiendo completar dos registros dentro de la misma semana, un reporte de  

un día laboral y otros de un día de ﬁn de semana.  

CONSIDERACIONES FINALES Y PROYECCIONES  

La generación de conocimiento estratégico a partir de estudios de uso del  

tiempo resulta fundamental para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas  

públicas, con especial relevancia en la promoción de la igualdad de género  

y en el reconocimiento de las diversas posiciones que cada persona o grupo  

ocupa en la estructura social.  

Finalmente, una de las innovaciones más destacadas de DdUT es la incorporación  

de un módulo de estadística y visualización (ﬁg. IX-6). Este módulo proporciona  

a cada participante una interpretación personalizada y comprensible de la  

información generada a partir de sus reportes, mediante gráﬁcos interactivos  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

El diario de uso del tiempo es reconocido como el método más robusto para  

captar la duración, secuencia, contexto y signiﬁcado de las actividades cotidianas,  

minimizando sesgos asociados a la memoria y a normas sociales. La aplicación  

de innovación digital en los diarios de uso del tiempo refuerza las ventajas de  

este método, aumentando la accesibilidad, la eﬁciencia, la usabilidad y la calidad  

de la información recolectada. Esto, además, reduce los costos y la duración  

tradicionalmente asociados a los diarios impresos autoadministrados, que han  

limitado la aplicación de este método en Chile y Latinoamérica.  

REFERENCIAS  

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El desarrollo de DdUT como versión digital, liviana y homologada a la CAUTAL,  

ofrece una alternativa costo-efectiva, ﬂexible y escalable para la recolección y el  

análisis de datos de uso del tiempo a nivel nacional y regional. Estas cualidades  

posibilitan que su aplicación sea más frecuente y complementaria a instrumentos  

como la ENUT, así como su adaptación a grupos poblacionales especíﬁcos,  

aportando información clave sobre patrones y rutinas diferenciadas.  

Alaszewski, A. (2006). “Using Diaries for Social Research”. SAGE Publications  

LTD. DOI: https://doi.org/10.4135/9780857020215  

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https://doi.org/10.1186/s12889-019-6760-y  

Por último, la homologación a la CAUTAL permite la expansión del DdUT a otros  

países de América Latina y el Caribe, pudiendo favorecer el avance en la armo-  

nización conceptual, técnica y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos  

regionales para la toma de decisiones basadas en evidencia.  

Basaure, M., Güell, P., Larenas, E., Zilveti, M., Yopo Diaz, M., Vera, C. & Díaz, A.  

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SOBRE LOS AUTORES  

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University Press.  

COORDINADORAS  

Seymour, G., Malapit, H. & Quisumbing, A. (2020). “Measuring time use in devel-  

oping country agriculture: evidence from Bangladesh and Uganda”. Feminist  

Economics, 26(3), 169-199. DOI: https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1749867  

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la  

Universidad de Chile. Es Doctora en Sociología  

por IUPERJ y en Trabajo Social por la Universida  

de Federal do Rio de Janeiro. Desde 2013 lideró el  

proyecto de reinstalación del Trabajo Social en la  

Universidad de Chile. Su línea de investigación se  

centra en la innovación social aplicada al ámbito  

público, abordando procesos sociales complejos  

mediante prototipos de innovación que integran  

equipos transdisciplinarios, conformados no solo  

por académicos de distintas facultades y universida-  

des, sino que también por profesionales y directivos  

involucrados en la implementación de estas inicia-  

tivas. Actualmente es la Directora académica del  

Co-laboratorio de Innovación con Propósito Público.  

Teresa Matus  

Sullivan, O., Gershuny, J., Sevilla, A., Foliano, F., Vega-Rapun, M., Lamote de  

Grignon, J., Harms, T. & Walthéry, P. (2021). “Using time-use diaries to track  

changing behavior across successive stages of COVID-19 social restrictions”.  

Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(35). DOI: https://doi.  

org/10.1073/pnas.2101724118  

Directora académica del  

Co-laboratorio de Innovación  

con Propósito Publico,  

Universidad de Chile  

https://orcid.  

org/0000-0002-2974-9678  

Walthery, P. & Gershuny, J. (2019). “Improving Stylised Working Time Estimates  

with Time Diary Data: A Multi Study Assessment for the UK”. Social Indicators  

Research, 144(3), 1303-1321. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-019-02074-3  

teresamatus@uchile.cl  

Magíster en Antropología y Desarrollo por la Univer-  

sidad de Chile y doctora en Sociología por la Uni-  

versidad Ludwig Maximilian de Múnich y el Rachel  

Carson Center. Profesora Titular de la Facultad de  

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e  

investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la  

Resiliencia (CR2), su trabajo se centra en la relación  

entre sociedad y medio ambiente, con énfasis en  

el cambio climático. Actualmente es la Directora  

de Innovación de la Vicerrectoría de Innovación y  

Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile  

Anahí Urquiza  

Directora de Innovación,  

Universidad de Chile  

https://orcid.  

org/0000-0001-6901-0846  

anahiurquiza@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

2. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN CHILE: OPORTUNIDADES  

PARA SU ARTICULACIÓN CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA  

I. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

1. EL CAMBIO CLIMÁTICO: APRENDER DE LA COMPLEJIDAD  

Doctora en Sociología y magíster en Gobierno  

y Sociedad por la Universidad Alberto Hurtado,  

y licenciada en Sociología por la Universidad  

de Chile. Es académica del Departamento de  

Trabajo Social de la Universidad de Chile e  

investigadora del Centro de Ciencia del Clima  

y la Resiliencia (CR2).  

Gabriela Azócar de la Cruz  

Departamento de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

Doctora en Meteorología Química por la Universi-  

Laura Gallardo Klenner  

Centro de Ciencia del Clima y la  

Resiliencia CR2, Universidad de  

Chile.  

https://orcid.org/0000-0002-8282-1122  

dad de Estocolmo. Es Profesora Titular del Depar-  

tamento de Geofísica e investigadora del Centro  

de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la  

Universidad de Chile. Integra el bureau del Panel  

Intergubernamental de Cambio Climático, repre-  

senta a Sudamérica en el Grupo de Trabajo II y  

es investigadora asociada del Centro de Mode-  

lamiento Matemático y del programa Ciudades  

Resilientes.  

gazocarde@uchile.cl  

https://orcid.  

org/0000-0001-7605-3721  

Abogado y profesor del Departamento de  

Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y  

Matemáticas de la Universidad de Chile. Posee  

un MSc en Governance of Risk and Resources  

por la Heidelberg University. Es investigador  

en el Programa Riesgo Sísmico (PRS), en la  

Red de Pobreza Energética (RedPE) y en la  

Iniciativa Interfacultades EneAS (Energía, Agua  

y Sustentabilidad) de la Universidad de Chile.  

Julián Cortés Oggero  

lgallard@u.uchile.cl  

Departamento de Geofísica de  

la Facultad de Ciencias Físicas y  

Matemáticas de la Universidad de  

Chile.  

https://orcid.  

org/0000-0002-8226-2893  

Ingeniero matemático y doctor en Matemáticas Apli-  

cadas por la École Polytechnique de París. Profesor  

Titular de la Universidad de Chile e investigador  

del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia  

(CR2), su trabajo se centra en problemas inversos  

en ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones en  

cambio climático, recursos naturales y biofísica.  

Axel Osses Alvarado  

Centro de Ciencia del Clima y la  

Resiliencia CR2, Universidad de  

Chile  

julian.cortes@uchile.cl  

https://orcid.  

org/0000-0001-6833-4064  

Geógrafa de la Universidad de Chile y magíster  

en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad  

por la misma universidad. Actualmente se des-  

empeña como asistente de investigación en  

la línea de gobernanza del Centro de Ciencia  

del Clima y la Resiliencia (CR2).  

Paz Orellana Leiva  

Centro de Ciencia del Clima y la  

Resiliencia (CR2)  

axosses@uchile.cl  

Magíster en Antropología y Desarrollo por la Univer-  

sidad de Chile y doctora en Sociología por la Uni-  

versidad Ludwig Maximilian de Múnich y el Rachel  

Carson Center. Profesora Titular de la Facultad de  

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e  

investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la  

Resiliencia (CR2), su trabajo se centra en la relación  

entre sociedad y medio ambiente, con énfasis en  

cambio climático.  

paz.j.orellana@gmail.com  

Anahí Urquiza Gómez  

Centro de Ciencia del Clima y la  

Resiliencia CR2, Universidad de  

Chile  

https://orcid.  

org/0000-0001-6901-0846  

3. DESARROLLO TERRITORIAL CON EQUIDAD  

PARA CHILE: CONCEPTOS Y PROPUESTAS  

anahiurquiza@uchile.cl  

Trabajadora Social por la Universidad de Valparaíso  

y doctora por la Universidad Autónoma de Nuevo  

León. Actualmente se desempeña como académica  

asociada del Departamento de Trabajo Social de  

la Universidad de Chile y coordinadora del Núcleo  

I+D Sistemas Territoriales Complejos (SITEC). Sus  

líneas de investigación abordan la complejidad  

territorial, los procesos de inclusión y exclusión  

social, y la intervención social.  

Antonieta Urquieta Álvarez  

Departamento de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0999-4983  

antonieta.urquieta@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Trabajadora Social y magíster en Trabajo Social por  

la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Doc-  

tora y Magíster en Sociología por la Universidad  

de Estrasburgo, Francia. Académica asistente de  

la Universidad de Chile. Sus líneas de investiga-  

ción se centran en la complejidad territorial y las  

políticas públicas.  

Diseñadora Industrial y Diplomada en Ergonomía  

por la Universidad de Chile. Doctora en Arquitec-  

tura por la Escuela Técnica Superior de Arquitec-  

tura de Madrid (ETSAM), Universidad Politécnica  

de Madrid. Actualmente es Profesora Asistente  

en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la  

Universidad de Chile.  

Johanna Madrigal  

Rebeca Silva Roquefort  

Facultad de Arquitectura y  

Urbanismo, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-1733-4168  

Calderón  

Departamento de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0648-8217  

bekysilva@uchile.cl  

johanna.madrigal@uchile.cl  

Socióloga por la Universidad Alberto Hurtado,  

magíster en Sociología por Columbia University  

y doctora en Sociología por The New School for  

Social Research. Académica asistente de la Univer-  

Licenciado en Economía y Comercio por la Univer-  

sidad Comercial Luigi Bocconi y doctor en Procesos  

e Instituciones Políticas por la Universidad Adolfo  

Ibáñez. Es Investigador del Centro de Ciencia del  

Clima y la Resiliencia (CR 2). Miembro del Núcleo de  

Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, de la Red  

de Pobreza Energética y del Earth System Gover-  

nance Project. Profesor Asistente en el Departa-  

mento de Gestión e Innovación Rural, Facultad de  

Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.  

Valentina Abhufele Milad  

Departamento de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

Marco Billi  

Facultad de Ciencias  

Agronómicas, Universidad de  

Chile.  

https://orcid.org/0000-0002-1824-464X  

https://orcid.org/0000-0003-3161-6468  

valentina.abufele@uchile.cl  

sidad de Chile, sus líneas de investigación inclu  

-

marcobilli@uchile.cl  

yen estudios urbanos, sociología política, pobreza,  

desigualdad e informalidad urbana.  

Antropólogo Social, Magíster en Antropología y  

Desarrollo por la Universidad de Chile y doctor en  

Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian  

de Múnich. Profesor Asociado en el Departamento  

de Antropología y en el Departamento de Trabajo  

Social de la Universidad de Chile.  

Hugo Cadenas Ramos  

Departamento de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-2499-2430  

Cientista política y licenciada en Historia por la Pon-  

tiﬁcia Universidad Católica de Chile, MSc en Social  

Policy and Planning in Developing Countries por la  

London School of Economics and Political Science  

y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la  

Universitat Pompeu Fabra. Profesora Asociada en el  

Departamento de Administración y Gestión Pública,  

Universidad de Chile. Sus áreas de investigación  

son políticas públicas, difusión de políticas públicas  

y participación ciudadana.  

Cecilia Osorio Gonnet  

Facultad de Gobierno, Universidad  

de Chile  

hcadenas@uchile.cl  

https://orcid.org/0000-0002-5515-2373  

Sociólogo por la Universidad de Chile y doctor en  

Sociología por la Universidad de Sevilla. Es Pro-  

fesor Asociado de la Facultad de Arquitectura y  

Urbanismo de la Universidad de Chile y Director  

del Instituto de la Vivienda (INVI).  

Jorge Larenas Salas  

Facultad de Arquitectura y  

Urbanismo, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-9627-035X  

ceciliaosorio@uchile.cl  

jlarenas@uchilefau.cl  

Sociólogo por la Universidad de Chile, Magíster  

en Ciencias Sociales y doctor en Sociología por  

la École des Hautes Études en Sciences Sociales  

(EHESS), París. Actualmente es Profesor Asociado  

en la Universidad de Chile.  

Luis Campos Medina  

Facultad de Arquitectura y  

Urbanismo, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-5157-4974  

luiscampos@uchilefau.cl  

Arquitecta por la Universidad Nacional de Colom-  

bia, magíster en Desarrollo Urbano por la Pontiﬁcia  

Universidad Católica de Chile y doctora en Geo-  

grafía por King’s College London. Actualmente se  

desempeña como Profesora Asistente en la Facul-  

tad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad  

de Chile.  

Mariela Gaete Reyes  

Facultad de Arquitectura y  

Urbanismo, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-4948-5200  

m.gaetereyes@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Economista de la Universidad de Chile, con un  

M.Sc. en Desarrollo Económico por FLACSO.  

Es docente en la Facultad de Ciencias Físicas y  

Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y  

colabora con el Centro de Sistemas Públicos de  

la misma facultad.  

Estudiante del Departamento de Sociología de la  

Universidad de Chile.  

Rodrigo Jiliberto Herrera  

Facultad de Gobierno,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-7336-8223  

Aníbal Figueroa Moulian  

Estudiante del Departamento de  

Sociología  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0000-7399-629X  

rodrigo.jiliberto@uchile.cl  

anibal.ﬁgueroa.m@ug.uchile.cl  

Estudiante del Departamento de Trabajo Social de  

la Universidad de Chile.  

Valentina Jeria Arias  

Estudiante del Departamento de  

Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0003-3806-7606  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

valentina.jeria.a@ug.uchile.cl  

1. CHILE FRENTE A UNA NUEVA MIRADA DE LA POBREZA: RETOS DE  

POLÍTICA PÚBLICA Y PERFILES DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE  

Economista por la Pontiﬁcia Universidad Católica,  

magíster en Economía Laboral Aplicada al Desa-  

rrollo por la Universidad de Turín y Doktor der Phi-  

losophie por la Universidad de Duisburg-Essen. Es  

profesor asistente del Departamento de Trabajo  

Social de la Universidad de Chile e investigador  

en el área de salarios y desigualdad en Fundación  

SOL. Además, forma parte de la Comisión Presiden-  

cial de Expertos y Expertas para la Actualización  

de la Medición de la Pobreza.  

Gonzalo Durán Sanhueza  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

Comisión Presidencial de Expertos  

y Expertas para la Actualización  

de la Medición de la Pobreza.  

Fundación SOL  

2. LOS INGRESOS DE LOS HOGARES COMO UN EJERCICIO  

ESPECULATIVO. UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A  

LA OPACIDAD DE LOS INGRESOS EN LA VIDA ECONÓMICA  

DE LOS HOGARES CON INGRESOS MODERADOS  

https://orcid.org/0000-0001-6800-3599  

gonzalo.duran.s@uchile.cl  

Trabajadora social de la Pontiﬁcia Universidad Cató-  

lica de Chile, magíster en Antropología y Desarrollo  

por la Universidad de Chile y doctora en Ciencias  

Humanas Aplicadas por la Universidad de Mon-  

treal. Es profesora asociada del Departamento de  

Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales  

de la Universidad de Chile e investigadora en la  

Iniciativa Milenio sobre Autoridad y Asimetrías de  

Poder, con énfasis en procesos de adquisición de  

deuda, prácticas socioeconómicas y ﬁnancieras  

de individuos y familias, y la ﬁnanciarización de la  

vida cotidiana.  

Lorena Pérez-Roa  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-5959-9439  

Socióloga, diplomada en Sciences-Po, máster en  

Historia y Civilización y doctora en Sociología por  

la École des Hautes Études en Sciences Sociales  

de París, con especialización en América Latina. Es  

profesora titular del Departamento de Sociología  

de la Universidad de Chile e investigadora principal  

del Centro de Estudios de Conﬂicto y Cohesión  

Social (COES). Además, forma parte de la Comi-  

sión Presidencial de Expertos y Expertas para la  

Actualización de la Medición de la Pobreza, con  

investigación centrada en estratiﬁcación social y  

clases medias.  

Emmanuelle Barozet  

Departamento de Sociología,  

Universidad de Chile  

loperez@uchile.cl  

Comisión Presidencial de Expertos  

y Expertas para la Actualización  

de la Medición de la Pobreza  

Centro de Estudios de Cohesión y  

Conﬂicto Social, COES  

https://orcid.org/0000-0001-9297-3480  

ebarozet@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

3. VULNERABILIDAD A LA POBREZA EN CHILE: HACIA  

UNA MEDICIÓN OFICIAL Y POLÍTICAS PREVENTIVAS  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

1 MOVIMIENTO FEMINISTA, GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN LA  

UNIVERSIDAD PÚBLICA.  

Ingeniero civil industrial por la Pontiﬁcia  

Universidad Católica de Chile, magíster en  

Ciencias de la Ingeniería y doctor en Política  

Social por la London School of Economics  

and Political Science. Es investigador post-  

doctoral en la Facultad de Gobierno de la  

Universidad de Chile y visiting fellow en el  

International Inequalities Institute de LSE.  

Fue fundador y director del Observatorio  

Social de la Universidad Alberto Hurtado,  

y su investigación se centra en el bienestar  

económico y social y en el desarrollo de  

políticas inclusivas y sostenibles.  

Joaquín Prieto Suárez  

Facultad de Gobierno  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-4145-9988  

Historiadora feminista y doctora en Historia por la  

Hillary Hiner  

joaquin.prieto@gobierno.uchile.cl  

prietosj@lse.ac.uk  

Universidad de Chile. Licenciada en Estudios Lati-  

noamericanos, Relaciones Internacionales y Lengua  

Española por la Universidad de Wisconsin-Madison,  

y magíster en Estudios Latinoamericanos por la  

Universidad de Nueva York (NYU). Actualmente se  

desempeña como profesora asociada del Depar-  

tamento de Trabajo Social de la Universidad de  

Chile; investigadora principal del Proyecto Anillo  

ATE N° 220051, “Decentering Gender Inequalities”,  

e investigadora responsable del FONDECYT Regu-  

lar N° 1220139, “Gendered Constitutional Debates  

and Paradoxical Citizenships in Chile, 20th–21st  

Centuries”.  

Coordinadora, Magíster en  

Estudios de Género y Cultura  

Departamento de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

hillaryhiner@uchile.cl  

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidade  

Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, y post-  

doctora en Sociología por la Universidad de Chile.  

Su investigación se centra en los feminismos, las  

teorías de género, los movimientos sociales, el acti-  

vismo y las protestas en América Latina. Integra el  

Núcleo de Estudios en Género y Sociedad Julieta  

Kirkwood (Universidad de Chile) y el grupo interna-  

cional e interdisciplinar Colectiva Protesta. Además,  

es miembro del comité del proyecto Regular ANID/  

FONDECYT N° 1220430, “La resurgencia de los  

comunes en el Antropoceno Azul en Chile”.  

Débora de Fina  

Departamento de Mediaciones y  

Subjetividades,  

Universidad de Playa Ancha  

debora.deﬁna@upla.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Doctora y magíster en Estudios Latinoamericanos  

por la Universidad de Chile, y licenciada en His-  

toria con mención en Estudios Culturales por la  

Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

Actualmente se desempeña como investigadora  

del Instituto de Investigación y Postgrado de la  

Facultad de Derecho y Humanidades de la Uni-  

versidad Central de Chile. Es investigadora prin-  

cipal del proyecto FONDECYT de Iniciación N°  

11220755, “¡Arriba el feminismo que va a vencer!:  

El movimiento estudiantil feminista universitario,  

2011–2020”. Sus líneas de investigación incluyen  

género, feminismos y movimientos sociales.  

Socióloga por la Universidad de Chile y posee  

un Máster Universitario en Estudios de Género y  

Desarrollo Profesional por la Universidad de Sevi-  

lla, así como una maestría en Estudios de Género  

por la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Se  

desempeña como Coordinadora de la Dirección  

de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de  

la Universidad de Chile.  

Ana López Dietz  

Facultad de Derecho y  

Humanidades  

Pamela Saavedra Castro  

Coordinadora de Género, Facultad  

de Ciencias Sociales  

Universidad Central de Chile  

pamesaavedra@uchile.cl  

alopezd@ucentral.cl  

Trabajadora social por la Pontiﬁcia Universidad  

Católica de Chile, máster en Igualdad de Género  

en las Ciencias Sociales y doctora en Ciencia Polí-  

tica por la Universidad Complutense de Madrid. Se  

desempeña como profesora asistente del Depar-  

tamento de Trabajo Social de la Universidad de  

Chile. Es investigadora responsable del proyecto  

FONDECYT de Iniciación N° 11251033 (2025–2027),  

“Entre femineidad y feminismo: Indagando en las  

tensiones corporeizadas de activistas feministas  

en Chile”.  

Javiera Cubillos Almendra  

Departamento de Trabajo Social  

Universidad de Chile  

javieracubillos@uchile.cl  

2. DE LA CERTIFICACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN: EFECTIVIDAD E  

INNOVACIÓN EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE GÉNERO  

Antropóloga y magíster en Estudios de Género y  

Cultura por la Universidad de Chile, donde actual-  

mente cursa su doctorado en Ciencias Sociales.  

Se desempeña como académica en el Departa-  

mento de Antropología y ejerce como directora  

de Género de la Facultad de Ciencias Sociales  

(FACSO) durante el período 2022–2026.  

Carolina Franch Maggiolo  

Directora de Género, Facultad de  

Ciencias Sociales  

https://orcid.org/0000-0003-4289-6530  

cb.franch@gmail.com  

direccion.genero@facso.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

IV. TRABAJO  

Socióloga por la Universidad de Chile y estudiante  

de magíster en Ciencia Política en la misma insti-  

tución. Es asistente de investigación en el Núcleo  

Milenio en Política Laboral y Vida Familiar y Colec-  

tiva (LABOFAM), en la línea “Trabajo, participación  

política y vida colectiva”.  

Fabiana Ivankovic Silva  

Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM)  

1. MODALIDADES DE TRABAJO FLEXIBLES: SÍNTESIS DE EVIDENCIA  

PARA INFORMAR EL DEBATE Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN CHILE  

fabiana.ivankovic@ug.uchile.cl  

Sociólogo y licenciado en Sociología por la Uni-  

versidad de Chile, magíster en Sociología por la  

Socióloga y licenciada en Sociología por la Univer-  

sidad Alberto Hurtado y estudiante del magíster  

en Sociología en la misma institución. Es asistente  

de investigación en el Núcleo Milenio en Política  

Laboral y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM), en  

la línea “Trabajo, género y vida familiar”.  

Pablo Pérez Ahumada  

Departamento de Sociología  

Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM), Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0410-0725  

Francisca Leiva Hidalgo  

Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM)  

Pontiﬁcia Universidad Católica y doctor en Sociolo-  

gía por la Universidad de California, San Diego. Es  

profesor asistente del Departamento de Sociología  

de la Universidad de Chile e investigador adjunto  

del Centro de Estudios del Conﬂicto y la Cohesión  

Social (COES). Actualmente dirige el Núcleo Mile-  

nio en Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM) y es responsable del proyecto FON-  

DECYT Nº 1230056, con investigación centrada en  

clases sociales, movimientos sindicales y conﬂicto,  

además de participar en comités editoriales de  

revistas académicas.  

francisca.leiva.h@gmail.com  

pabloperez@uchile.cl  

Licenciada en Sociología por la Universidad de  

Chile y magíster en Estadística por la Pontiﬁcia Uni-  

versidad Católica de Chile. Es asistente de inves-  

tigación en el Núcleo Milenio en Política Laboral y  

Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM), en la línea  

“Política laboral y relaciones laborales”.  

Daniela Olivares Collío  

Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM)  

danielaolivarescollio@gmail.com  

Socióloga y magíster en Gestión y Políticas Públi-  

cas por la Universidad de Chile. Es coordinadora  

académica del Núcleo Milenio en Política Laboral  

y Vida Familiar y Colectiva (LABOFAM).  

Teresa Barrera Brassesco  

Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM)  

Doctora en Sociología por la Universidad de Cam-  

bridge (Inglaterra), Magíster en Gestión y Políticas  

Públicas y Socióloga por la Universidad de Chile.  

Es profesora del Departamento de Sociología de  

la Universidad de Chile e Investigadora Asociada  

del Núcleo Milenio LABOFAM. Se desempeña como  

Investigadora Asociada en el proyecto “Decente-  

ring Gender Inequalities” (Proyecto Anillo, ANID)  

y como Investigadora Responsable del proyecto  

“Corresponsabilidad comunitaria para la redistribu-  

ción de los cuidados” (GRADE/IDRC). Sus líneas de  

investigación abordan el estudio de las desigualda-  

des de género, las relaciones familiares y las políti-  

cas públicas, con especial énfasis en la distribución  

del trabajo doméstico y de cuidados, así como en  

las desigualdades económicas en América Latina.  

Julieta Palma Palma  

Departamento de Sociología  

Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM), Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-2443-3858  

tbarrera.br@gmail.com  

jpalma@uchile.cl  

2. HACIA UN UMBRAL DE SUFICIENCIA COMO  

CRITERIO RECTOR DEL SALARIO MÍNIMO EN CHILE  

Economista por la Pontiﬁcia Universidad Católica,  

magíster en Economía Laboral Aplicada al Desa-  

rrollo por la Universidad de Turín y Doktor der Phi-  

losophie por la Universidad de Duisburg-Essen. Es  

profesor asistente del Departamento de Trabajo  

Social de la Universidad de Chile e investigador  

en el área de salarios y desigualdad en Fundación  

SOL. Además, forma parte de la Comisión Presiden-  

cial de Expertos y Expertas para la Actualización  

de la Medición de la Pobreza.  

Gonzalo Durán Sanhueza  

Departamento de Trabajo Social,  

Universidad de Chile  

Economista Fundación SOL  

https://orcid.org/0000-0001-6800-3599  

gonzalo.duran.s@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Estudiante de la carrera de Trabajo Social en el  

Departamento de Trabajo Social de la Universidad  

de Chile.  

Magíster en Trabajo Social y doctor en Bienestar  

Social por la University of Hawai‘i. Es profesor en  

la School of Social Work de Boston University, con  

investigación centrada en trastornos por consumo  

de sustancias, salud étnica y desigualdades en  

salud, buscando informar políticas e intervenciones  

inclusivas. Ha publicado más de 160 trabajos acadé-  

micos y ha ocupado roles de liderazgo académico  

y editorial en su disciplina.  

Constanza Ávila  

Jorge Delva  

School of Social Work  

Boston University  

Norambuena  

Estudiante de la carrera de Trabajo  

Social, Departamento de Trabajo  

Social, Universidad de Chile  

jdelva@bu.edu  

https://orcid.org/0009-0005-2837-8667  

constanza.avila.n@ug.uchile.cl  

Estudiante de la carrera de Trabajo Social en el  

Departamento de Trabajo Social de la Universidad  

de Chile.  

Martina Olivares Alarcón  

Estudiante de la carrera de Trabajo  

Social, Departamento de Trabajo  

Social, Universidad de Chile  

Licenciado en Matemáticas, magíster en Investi-  

gación de Operaciones y doctor en Negocios y  

Economía por la RWTH Aachen, Alemania. Es pro-  

fesor en el Departamento de Ingeniería Industrial  

y miembro del Centro de Sistemas Públicos de la  

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la  

Universidad de Chile.  

Richard Weber  

Centro de Sistemas Públicos,  

Facultad de Ciencias Físicas y  

Matemáticas  

https://orcid.org/0009-0007-4973-862X  

martina.olivares.a@ug.uchile.cl  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6351-1065  

Economista por la Universidad de Chile y estu-  

diante de maestría en Desarrollo Económico en la  

Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Es  

investigador en la Fundación SOL.  

Santiago Rosselot Labella.  

Fundación SOL santiago.rosselot@  

fundacionsol.cl  

richard.weber@uchile.cl  

https://orcid.org/0009-0006-9021-3545  

Licenciado en Ciencias Económicas y Administrati-  

vas por la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile  

y magíster en Políticas del Trabajo y Relaciones  

Laborales por la Università di Bologna y la Univer-  

sidad Central. Es investigador en la Fundación SOL.  

Marco Kremerman  

Strajilevich.  

Fundación SOL marco.  

kremerman@fundacionsol.cl  

2. MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN CHILE. EDUCACIÓN CON  

PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO PILAR DE LA PARTICIPACIÓN Y  

REINSERCIÓN SOCIAL  

https://orcid.org/0009-0000-7595-1597  

Doctora en Educación por la Universidad de  

Barcelona, magíster por la Universidad de Chile  

y licenciada y profesora de Filosofía por la Uni-  

versidad Metropolitana de Ciencias de la Educa-  

ción. Es profesora asociada del Departamento de  

Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía  

y Humanidades de la Universidad de Chile y forma  

parte del Grupo de Estudio Pedagogía en Encierro  

Punitivo y Protección (GEPEPP).  

Marcela Gaete Vergara  

Departamento de Estudios  

Pedagógicos de la Facultad de  

Filosofía y Humanidades de la  

Universidad de Chile  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL  

https://orcid.org/0000-0002-1051-1168  

1. CRISIS CARCELARIA EN CHILE: LA URGENTE NECESIDAD DE INNOVAR  

magaete@uchile.cl  

Doctor en Trabajo Social (PhD) y magíster en Tra-  

bajo Social (MSW). Es profesor asociado en la  

School of Social Work de Loyola University Chicago,  

Estados Unidos. Ha trabajado más de dos décadas  

en justicia penal, reforma penitenciaria y trabajo  

social en Chile, con investigación centrada en con-  

diciones carcelarias, programas de rehabilitación  

y reintegración de personas privadas de libertad.  

Guillermo Sanhueza  

Olivares  

School of Social Work  

Loyola University Chicago, EEUU  

https://orcid.org/0000-0003-1971-7362  

gsanhueza@luc.edu  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Magíster en Educación Parvularia por la Universi-  

dad Metropolitana de Ciencias de la Educación y  

magíster en Ciencias Sociales mención Sociología  

de la Modernización por la Universidad de Chile.  

Es académica del Departamento de Educación de  

la Universidad de Chile, socia fundadora y vicepre-  

sidenta de la Red Chilena de Pedagogía en Con-  

textos de Encierro (Red PECE) y forma parte del  

Grupo de Estudio Pedagogía en Encierro Punitivo  

y Protección (GEPEPP).  

Psicólogo y Doctor en Psicología. Es Profesor  

Asociado del Departamento de Psicología de la  

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de  

Chile. Posee interés en el diseño, gestión, evalua-  

ción e implementación de políticas públicas en los  

ámbitos de protección de derechos de la infancia  

y juventud, prevención del consumo de drogas,  

prevención del delito y reinserción social de jóve-  

nes y adultos.  

Viviana Soto Aranda  

Departamento de Educación,  

Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Chile  

Decio Mettifogo Guerrero  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6168-0877  

https://orcid.org/0000-0002-7818-5653  

deciomettifogo@gmail.com  

viviana.soto.a@uchile.cl  

Psicólogo y Profesor Asociado del Departamento  

de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales  

de la Universidad de Chile. Se desempeña como  

Profesor Coordinador de la Unidad de Victimología  

del Programa de Formación Regular de Jueces  

en la Academia Judicial y como Director Acadé-  

mico del Magíster en Intervención Psicojurídica y  

Forense de la Universidad Diego Portales.  

Elías Escaﬀ Silva  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

Profesora asistente del Departamento de Estudios  

Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humani-  

dades de la Universidad de Chile. Es magíster en  

Género y Cultura y profesora de Educación Media  

en Artes Visuales por la Universidad de Chile.  

Forma parte del Grupo de Estudio Pedagogía en  

Encierro Punitivo y Protección (GEPEPP).  

Marisol Ramírez Muga  

Departamento de Estudios  

Pedagógicos de la Facultad de  

Filosofía y Humanidades de la  

Universidad de Chile  

eescaﬀ@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0002-4467-6294  

solmuga@uchile.cl  

Grupo de Estudio  

Pedagogía en Encierro  

Punitivo y Protección  

(GEPEPP)  

VI. SALUD PÚBLICA  

Universidad de Chile  

1. ACELERAR EL RITMO LENTO EN SALUD: LOS  

“EMPUJONES” QUE NECESITA LA POLÍTICA PÚBLICA  

3. DESAFÍOS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL:  

ACOMPAÑAMIENTO POST SANCIÓN PENAL  

Ingeniero civil matemático por la Universidad de  

Chile y magíster y doctor en Economía por Yale Uni-  

versity. Es profesor asociado y director del Depar-  

tamento de Economía de la Facultad de Economía  

y Negocios de la Universidad de Chile, además de  

director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social. Ha  

sido director del Centro de Microdatos y presidente  

de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la misma  

facultad. Anteriormente se desempeñó como direc-  

tor asociado y economista adjunto para Chile en el  

Center for Latin American Social Policy (CLASP) de  

RAND Corporation en California, e investigador en  

Yale University, el Banco Central de Chile y la Super-  

intendencia de Bancos e Instituciones Financieras.  

Fabián Duarte Vásquez  

Profesor Asociado, Departamento  

de Economía,  

Universidad de Chile.  

https://orcid.org/0000-0003-0321-7427  

Psicóloga y Doctora en Psicología. Se desempeña  

como Profesora Asociada del Departamento de  

Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de  

la Universidad de Chile. Es miembro del claustro  

académico del Doctorado en Psicología y coor-  

dinadora del Laboratorio de Psicología Jurídica.  

María Isabel Salinas Chaud  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

fabduarte@fen.uchile.cl  

misrpp@hotmail.com  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Psicólogo por la Universidad de Chile y doctor  

en Sociología por la Université Paris Cité. Es pro-  

fesor asistente e investigador en la Facultad de  

Psicología y Humanidades de la Universidad San  

Sebastián, donde también integra el Observatorio  

de Salud. Actualmente es investigador del Núcleo  

Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescen-  

tes y Jóvenes (Imhay) y del Instituto Milenio para la  

Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP).  

Matrona de la Universidad de Santiago de Chile,  

magíster en Ciencias Biológicas y doctora en Nutri-  

ción y Alimentos, Perinatología y Nutrición por la  

Universidad de Chile. Actualmente se desempeña  

como Short Term Consultant en The World Bank  

y VQCG Global.  

Álvaro Jiménez-Molina  

Psicólogo. Profesor asistente,  

Facultad de Psicología y  

Susana Quezada  

Laubreaux  

International Consultant  

Humanidades  

squezada@vqcg.global  

Observatorio de Salud USS.  

Universidad San Sebastián  

https://orcid.org/0000-0002-5621-9322  

alvaro.jimenez@uss.cl  

3. ATENCIÓN PRIMARIA PREPARADA PARA LAS CRISIS  

SOCIOSANITARIAS: COMO RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS  

PERSONAS MAYORES  

2. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN URGENCIAS  

DEL HOSPITAL DRA. ELOÍSA DÍAZ  

Socióloga por la Universidad de Chile, magíster  

en Salud Pública por la Sheﬃeld Hallam Univer-  

sity y doctora en Salud Pública por la Universidad  

de Chile. Es profesora asociada de la Escuela de  

Salud Pública de la Facultad de Medicina de la  

misma universidad. Sus áreas de investigación  

se centran en las desigualdades sociales, la fun-  

cionalidad y el bienestar en la vejez, así como  

en la atención primaria de salud y la relación  

con los usuarios del sistema en sus contextos  

socioculturales.  

Alejandra Fuentes García  

Escuela de Salud Pública,  

Facultad de Medicina, Universidad  

de Chile.  

Matrón por la Universidad de Santiago de Chile y  

magíster en Administración de Salud por la Univer-  

sidad de los Andes. Actualmente se desempeña  

como Subdirector de Gestión Usuaria en el Hospital  

Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida.  

Gonzalo Leiva Rojas  

Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I.  

La Florida  

https://orcid.org/0000-0002-0654-2615  

https://orcid.org/0000-0003-3094-1330  

gonzalo.leiva@hospitallaﬂorida.cl  

alefuentes@uchile.cl  

Trabajadora social y administradora pública por la  

Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

Actualmente se desempeña como jefa del Depar-  

tamento de Atención Psicosocial en el Hospital  

Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida.  

Maritza Ortega  

Palavecinos  

Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I.  

La Florida  

https://orcid.org/0009-0006-5401-6552  

Antropóloga social por la Universidad de Chile,  

doctora en Sociología y diplomada en Análisis del  

Cambio Social por la Universidad del País Vasco,  

España. Es profesora titular del Departamento de  

Antropología de la Facultad de Ciencias Socia-  

les de la Universidad de Chile y miembro de la  

Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de  

la misma institución.  

Paulina Osorio Parraguez  

Departamento Antropología,  

Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile.  

maritza.ortega@hospitallaﬂorida.cl  

Trabajadora social y magíster en Análisis Sistémico  

Aplicado a la Sociedad por la Universidad de Chile.  

Articula procesos de transferencia de conocimiento,  

promoviendo colaboraciones entre instituciones  

para abordar desafíos sociales complejos. Actual-  

mente, se desempeña como gestora de transferen-  

cia del Índice Multidimensional de Efectividad (IME)  

de la Universidad de Chile, en el procedimiento de  

atención sociosanitario del Hospital de la Florida  

Dra. Eloísa Díaz.  

Estefanía Vilches  

Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6438-3712  

posorio@uchile.cl  

estefania.vilches@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, men-  

ción Sociología, por la Universidad Nacional Autó-  

noma de México, y magíster en Ciencias Sociales  

por FLACSO-México. Es profesora asociada del  

Departamento de Sociología de la Facultad de  

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha  

desarrollado una amplia trayectoria investigativa  

en colaboración con instituciones nacionales e  

internacionales como SERNAM, UNFPA, CLACSO,  

University College London, FLACSO-México y la  

Secretaría de Economía de México.  

Psicóloga de la Universidad de Chile, magíster  

en Estudios de Género y Cultura con mención en  

Ciencias Sociales y Antropología por la misma ins-  

titución. Actualmente es estudiante del Doctorado  

en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  

Catalina Arteaga Aguirre  

Departamento Sociología,  

Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile,  

Constanza Biscarra  

Mc-Naughton  

Estudiante Doctorado en Ciencias  

Sociales,  

https://orcid.org/0000-0002-0365-5526  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0000-7141-7020  

carteaga@uchile.cl  

constanza.biscarra@gmail.com  

4. INNOVANDO LA ENTREGA DE INFORMACIÓN  

DE SALUD A MUJERES MIGRANTES EN CHILE  

Nutricionista por la Universidad de Chile, magís-  

ter en Ciencias de la Nutrición por el INTA de la  

misma casa de estudios y MBA con especializa-  

ción en Salud por la Universidad Andrés Bello. Es  

profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública  

de la Facultad de Medicina de la Universidad de  

Chile. Actualmente se desempeña como jefe del  

Departamento de Cuidados Integrales de Salud  

de la División de Atención Primaria de la Subse-  

cretaría de Redes Asistenciales.  

Juan Ilabaca Mendoza  

Escuela de Salud Pública, Facultad  

de Medicina, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0006-0202-3312  

Doctora y magíster en Ciencias de la Educación  

por la Universidad Autónoma de Barcelona, con  

postdoctorado en Psicología Social en la misma  

universidad. Es profesora asociada de Trabajo  

Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la  

Universidad de Chile y co-coordinadora del Núcleo  

de Diversidad y Género. Su investigación se centra  

en análisis críticos y feministas del Estado, políticas  

públicas e intervención social sobre migraciones  

transnacionales, sexualidades y género.  

Caterine Galaz V.  

Departamento de Trabajo Social,  

Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile.  

juan.ilabaca@uchile.cl  

https://orcid.org/0000-0001-6301-7609  

cgalazvalderrama@uchile.cl  

Antropóloga social, magíster en Salud Pública y  

diplomada en Antropología Médica por la Univer-  

sidad de Chile. Actualmente cursa el Doctorado  

en Antropología y Comunicación en la Universitat  

Rovira i Virgili, Tarragona, España.  

Ignacia Navarrete Luco  

Estudiante Doctorado en  

Antropología y Comunicación,  

Universitat Rovira i Virgili  

Ingeniero civil en Computación por la Universidad  

de Chile y doctor en Informática por la Université  

Nancy 2, Francia. Es profesor asistente en el Ins-  

tituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de  

Medicina de la Universidad de Chile, subdirector  

del Centro de Informática Médica y Telemedicina  

(CIMT) e investigador en el Instituto de Neurocien-  

cia Biomédica (BNI). Su investigación se centra en  

la cuantiﬁcación de estructuras y dinámicas en  

imágenes médicas y microscópicas, incluyendo  

análisis 2D/3D y ultrasónicos.  

Mauricio Cerda Villablanca  

Instituto de Ciencias Biomédicas,  

Facultad de Medicina, Universidad  

de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-4128-2900  

ignavlu@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0003-3447-1815  

Antropóloga con especialización en antropolo-  

gía física y biológica por la Universidad de Chile.  

Cuenta con un magíster en Salud Pública y un  

diplomado en Salud Sexual y Reproductiva en  

la misma casa de estudios. Actualmente se des-  

empeña como docente tutora en la Escuela de  

Medicina de la Universidad de Chile.  

María Gracia Salamanca  

García  

Escuela de Medicina,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0004-6248-8555  

mauricio.cerda@uchile.cl  

maria.salamanca@ug.uchile.cl  

Enfermera por la Universidad de Chile y doctora en  

Educación por la Universitat de Barcelona. Es profe-  

sora asociada del Departamento de Enfermería de  

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.  

Silvana Castillo Parra  

Facultad de Medicina,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-9195-1391  

scastillop@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

5. PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINARIA Y ROL DE LA  

ODONTOGERIATRÍA EN EL PROPÓSITO PÚBLICO  

Médico cirujano y doctor en Ciencias Biomédicas  

por la Universidad de Chile. Es profesor titular y  

director académico del Hospital Clínico de la Uni-  

versidad de Chile, además de profesor asociado  

del Centro de Diagnóstico y del Departamento de  

Neurociencias de la Facultad de Medicina. En 2023  

recibió el Premio a la Investigación Médica de la  

Academia de Medicina.  

Paul Délano Reyes  

Director académico Hospital  

Clínico de la Universidad de Chile.  

https://orcid.org/0000-0003-2588-4757  

Cirujana dentista por la Universidad de Chile,  

magíster en Ciencias Biomédicas del Instituto de  

Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina  

y especialista en Patología Bucomaxilofacial por  

la misma institución. Actualmente, se desempeña  

como académica del Departamento de Patología y  

Medicina Oral y Directora de Extensión de la Facul-  

tad de Odontología.  

Marcela Farías Vergara  

Facultad de Odontología,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0002-2684-6031  

pdelano@hcuch.cl  

mfarias@odontologia.uchile.cl  

Trabajadora social por la Universidad de Chile y  

doctoranda en Data Sciences en la Universidad  

Adolfo Ibáñez.  

Catalina Gutiérrez Ramírez  

Doctoranda Data Sciences  

Universidad Adolfo Ibañez,  

catalinagutierrez@ug.uchile.cl  

Cirujana dentista y especialista en Rehabilitación  

Oral por la Universidad de Chile, donde también  

obtuvo los grados de licenciada en Odontología y  

bachiller en Ciencias Naturales y Exactas. Actual-  

mente se desempeña como académica de la Facul-  

tad de Odontología y Directora del Diplomado en  

Odontogeriatría.  

Nataly Cajas Cajas  

Facultad de Odontología,  

Universidad de Chile  

Estudiante de Ingeniería civil en Computación,  

Universidad de Chile.  

Fabián Issi Oviedo  

Estudiante Ingeniería civil en  

Computación,  

https://orcid.org/0009-0002-7389-2946  

Universidad de Chile  

fabian.issi@ug.uchile.cl  

ncajas@odontologia.uchile.cl  

Estudiante de Diseño Gráﬁco, Universidad de Chile.  

Sofía Bravo Miranda  

Estudiante Diseño Gráﬁco,  

Universidad de Chile,  

Cientista social por la Universidad Finis Terrae y  

candidata a magíster en Salud Mental y Psiquiatría  

Comunitaria por la Universidad de Chile. Se des-  

empeña como profesora invitada en la Facultad de  

Odontología de la Universidad de Chile y directora  

de la campaña de salud “Besa la Vida”.  

Varinia Reyes Bórquez  

soﬁa.bravo.miranda@ug.uchile.cl  

Facultad de Odontología,  

Universidad de Chile  

variboryes@gmail.com  

Programa Apoya Mujer Migrante, Servicio Nacional  

de Migraciones  

https://serviciomigraciones.cl/migracion-y-genero/  

Instituciones participantes  

Cirujana dentista y especialista en Rehabilitación  

Oral por la Universidad de Chile, y en Implantología  

por la Universidad UNIFIA de Brasil. Se desem-  

peña como profesora asistente y docente clínica  

en la Facultad de Odontología de la Universidad de  

Chile, donde coordina la Unidad de Trabajo Estu-  

diantil (UTE) Adulto Mayor y participa en la forma-  

ción de pre y posgrado en áreas de prótesis ﬁja,  

removible e integral.  

Macarena Miranda  

Viorklumds  

Facultad de Odontología,  

Universidad de Chile  

Hospital Clínico de la Universidad de Chile  

https://www.redclinica.cl/  

Núcleo Diversidad y género, abordajes feministas  

interseccionales (Universidad de Chile)  

https://www.trabajosocialuchile.cl/nucleos-id/diver-  

sidad-y-genero-abordajes-feministas-interseccio-  

nales/  

https://orcid.org/0009-0001-9845-0215  

mmiranda@odontologia.uchile.cl  

Red de Interseccionalidad, género y prácticas de  

resistencias  

https://rediger.uchile.cl/  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Sociólogo de la Universidad Diego Portales y  

tesista del Magíster en Filosofía de la Universidad  

de Chile. Actualmente se desempeña como Gestor  

de Transferencia, Tecnología y Licenciamiento en  

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad  

de Chile y como Especialista en Innovación Pública  

en el Laboratorio de Gobierno.  

Magíster en Pensamiento Contemporáneo y en  

Métodos para la Investigación Social por la Univer-  

sidad Diego Portales, y estudiante del Doctorado  

en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado.  

Se desempeña como encargada de Estudios en el  

Servicio Local de Educación Pública de Barrancas.  

Jesús Santorcuato Muñoz  

Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile  

Pilar Diez Yensen  

Encargada de Estudios, Servicio  

Local de Educación Pública de  

Barrancas  

https://orcid.org/0009-0006-9712-2048  

https://orcid.org/0000-0002-5588-2720  

jesus.santorcuato@uchile.cl  

pilar.diez@slepb.cl  

2. MESO INNOVA: IMPULSANDO LA INNOVACIÓN  

SISTÉMICA DESDE EL NIVEL INTERMEDIO LOCAL  

VII. EDUCACIÓN  

Sociólogo de la Universidad de Chile. Actualmente  

se desempeña como Gerente de Educación en  

Anglo American.  

David Viera Miranda  

Gerente de educación,  

Anglo American  

david.viera@angloamerican.com  

1. ECOSISTEMA PARA LA EXPERIMENTALIDAD: CRUZAR LA CALLE HACIA  

ALIANZAS QUE CULTIVAN FUTURO EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

Ingeniera comercial de la Universidad de Chile y  

posee un máster en Administración de Empresas  

por la Loyola University Maryland. Actualmente se  

desempeña como directora ejecutiva de la Funda-  

ción Anglo American.  

Claudia Ruiz-Tagle  

González  

Directora ejecutiva Fundación  

Anglo American  

Psicóloga, magíster en Psicología Educacional por  

la Universidad de Chile y doctora en Psicología  

por la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Es  

investigadora del Proyecto Escuela Experimen-  

tal Carén de la Universidad de Chile y profesora  

adjunta en la Escuela de Educación de la Univer-  

sidad de O’Higgins.  

Natalia Albornoz Muñoz  

Profesional Iniciativa Escuela  

Centro Experimental Carén,  

claudia.ruiztagle@fundacionan-  

Programa Transversal de  

Educación, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-3915-2442  

gloamerican.cl  

Profesor de Historia y Geografía, magíster en  

Educación con mención en Gestión Escolar por la  

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Edu-  

cación y doctor en Ciencias de la Educación por  

Blanquerna - Universitat Ramon Llull. Es director  

del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de  

la Universidad Diego Portales.  

Mario Uribe Briceño  

Director Magíster en Liderazgo y  

Gestión Educativa,  

natalbmu@uchile.cl  

Profesora en Educación General Básica con men-  

ción en Matemáticas por la Universidad Central  

de Chile y magíster en Educación con mención en  

Currículo y Comunidad Educativa por la Universidad  

de Chile. Es parte de la Iniciativa Escuela Centro  

Experimental Carén del Programa Transversal de  

Educación de la Universidad de Chile.  

Elize Cárcamo Solar  

Profesional Iniciativa Escuela  

Centro Experimental Carén,  

Universidad Diego Portales  

mario.uribe@udp.cl  

Programa Transversal de  

Educación, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0009-0006-9804-9233  

Economista, doctorado en la Universidad de Cam-  

bridge, especializado en desarrollo, desigualdad,  

educación e innovación. Es director fundador de  

SUMMA, el Laboratorio de Investigación e Inno-  

vación Educativa para América Latina y el Caribe,  

y consejero de la Agencia de Calidad de la Edu-  

cación de Chile.  

Javier González Díaz  

Director de SUMMA y consejero  

de la Agencia de Calidad de la  

Educación de Chile  

elize.carcamo@uchile.cl  

Economista por la Universidad de Antioquia,  

magíster en Gestión y Políticas Públicas por la  

Universidad de Chile y doctora en Educación por  

la Universitat Autònoma de Barcelona. Es directora  

ejecutiva del Programa Transversal de Educación  

de la Universidad de Chile.  

Cristina Arenas Mejía  

Directora Ejecutiva Programa  

Transversal de Educación,  

javier.gonzalez@summaedu.org  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6186-8968  

crisarenasm@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Académico titular del Departamento de Educación  

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-  

dad de Chile, profesor de la Carrera de Pedagogía  

en Educación Parvularia, magíster en Educación  

y Psicología Educacional y doctor en Educación  

por la misma universidad. Actualmente se desem-  

peña como vicedecano de la Facultad de Ciencias  

Sociales y es fundador e integrante del Núcleo de  

Investigación en Formación Docente (IFODOC).  

Ingeniero civil industrial por la Universidad de Chile  

y Ph.D. en Educación Superior por la University  

of Michigan. Es director ejecutivo de la Cátedra  

UNESCO “La Universidad Pública del Siglo XXI” y  

editor coordinador para América Latina de la revista  

Educational Policy Analysis Archives (EPAA). Se  

desempeña en la Facultad de Ciencias Físicas y  

Matemáticas de la Universidad de Chile.  

Christian Miranda Jaña  

Departamento de educación de  

la Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile  

Sergio Celis Guzmán  

Escuela de Ingeniería y Ciencias,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-0502-5608  

https://orcid.org/0000-0001-8318-675X  

scelis@uchile.cl  

christian.miranda@u.uchile.cl  

Profesora de Educación Básica por la Universidad  

Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez y magíster  

en Educación con mención en Informática Educa-  

tiva por la Universidad de Chile. Actualmente se  

desempeña como asistente de investigación en la  

Universidad de Chile.  

Claudia García Yáñez  

Departamento de educación de  

la Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile.  

Doctor en Política Educacional, Liderazgo y Práctica  

Pedagógica por la Universidad de Harvard, con  

estudios postdoctorales en el Ontario Institute for  

Studies in Education de la Universidad de Toronto,  

Canadá. Actualmente es director de Liberating  

Learning y lidera el equipo de investigación de la  

consultora internacional Michael Fullan Enterprises.  

Santiago Rincón Gallardo  

Director Liberating Learning  

santiago@liberatinglearning.com  

rinconsa@gmail.com  

claudiagarcia@uchile.cl  

Coordinadora de Imagen País y Comunicaciones  

en la Embajada de Finlandia en Chile. Posee licen-  

ciatura y máster en Ciencias de la Educación por  

la Universidad de Oulu.  

Eevamaija Vuollo  

Coordinadora imagen país y  

comunicaciones,  

4. CREACIÓN DEL PRIMER TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA  

EN PSICOLOGÍA JURÍDICA EN CHILE: INNOVACIÓN Y NECESIDAD DE  

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL  

Embajada de Finlandia, Chile  

eevamaija.vuollo@gov.ﬁ  

Psicóloga y Doctora en Psicología. Se desempeña  

como Profesora Asociada del Departamento de  

Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de  

la Universidad de Chile. Es miembro del claustro  

académico del Doctorado en Psicología y coor-  

dinadora del Laboratorio de Psicología Jurídica.  

María Isabel Salinas Chaud  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

misrpp@hotmail.com  

3. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN CHILE: DESAFÍOS Y  

PROPUESTAS PARA UN SISTEMA ARTICULADO Y SOSTENIBLE  

Psicólogo y Doctor en Psicología. Es Profesor  

Asociado del Departamento de Psicología de la  

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de  

Chile. Posee interés en el diseño, gestión, evalua-  

ción e implementación de políticas públicas en los  

ámbitos de protección de derechos de la infancia  

y juventud, prevención del consumo de drogas,  

prevención del delito y reinserción social de jóve-  

nes y adultos.  

Decio Mettifogo Guerrero  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6168-0877  

Académico titular del Departamento de Educación  

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-  

dad de Chile, profesor de la Carrera de Pedagogía  

en Educación Parvularia, magíster en Educación  

y Psicología Educacional y doctor en Educación  

por la misma universidad. Actualmente se desem-  

peña como vicedecano de la Facultad de Ciencias  

Sociales y es fundador e integrante del Núcleo de  

Investigación en Formación Docente (IFODOC).  

Christian Miranda Jaña  

Departamento de educación de  

la Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Chile.  

deciomettifogo@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0001-8318-675X  

christian.miranda@u.uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

2. ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE REPARACIÓN DE  

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE  

VIOLACIÓN DE DERECHOS MIENTRAS HAN ESTADO BAJO LA  

TUTELA DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)  

Psicólogo y Profesor Asociado del Departamento  

de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales  

de la Universidad de Chile. Se desempeña como  

Profesor Coordinador de la Unidad de Victimología  

del Programa de Formación Regular de Jueces  

en la Academia Judicial y como Director Acadé-  

mico del Magíster en Intervención Psicojurídica y  

Forense de la Universidad Diego Portales.  

Elías Escaﬀ Silva  

Departamento de Psicología,  

Universidad de Chile  

eescaﬀ@gmail.com  

Psicólogo de la Universidad Diego Portales y  

magíster en Filosofía. Se desempeña como aca-  

démico del Departamento de Psicología de la  

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad  

de Chile. Es director de la Corporación Centro  

de Salud Mental Casa del Cerro y codirector  

del Magíster en Clínica Psicoanalítica con Niños  

y Jóvenes de la Universidad Alberto Hurtado.  

Además, forma parte de la Comisión Asesora  

Presidencial para la Verdad, Justicia y Repara-  

ción de Víctimas del SENAME.  

Matías Marchant Reyes  

Departamento de Psicología,  

Facultad de Ciencias Sociales de  

la Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0001-9850-9988  

matiasmarchant@uchile.cl  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

1. PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN PROCESOS DE  

POLÍTICA: RECOMENDACIONES PARA LA ESFERA PÚBLICA  

Psicólogo de la Universidad Diego Portales,  

magíster en Psicología Clínica por la Universi-  

dad Alberto Hurtado y candidato a doctor en  

Ciencias Sociales por la Universidad de Chile.  

Se desempeña como académico en la Escuela  

de Postgrado de la Facultad de Ciencias Socia-  

les de la Universidad de Chile. Coordina el  

Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre  

Infancias en FACSO.  

Camilo Morales Retamal  

Escuela de Postgrado, Facultad  

de Ciencias Sociales de la  

Universidad de Chile  

Trabajadora social de la Pontiﬁcia Universidad  

Católica de Chile y Ph.D. en Social Welfare por la  

City University of New York. Se desempeña como  

académica del Departamento de Trabajo Social de  

la Universidad de Chile y directora de la Cátedra  

UNESCO sobre Bienestar de la Niñez y Juventud,  

Educación y Sociedad.  

Mahía Saracostti  

Schwartzman  

Departamento de Trabajo Social  

Directora de la Cátedra UNESCO:  

Bienestar de la Niñez y Juventud,  

Educación y Sociedad  

https://orcid.org/0000-0002-7152-1415  

camilomorales@uchile.cl  

Universidad de Chile  

ORCID: https://orcid.  

org/0000-0002-9673-5727  

mahia.saracostti@uchile.cl  

Doctor en Trabajo Social y Políticas de Bienestar  

por la Universidad Alberto Hurtado, Chile, y Ph.D.  

en Social Work por Boston College, Estados Uni-  

dos. Se desempeña como académico del Departa-  

mento de Trabajo Social de la Universidad de Chile  

y codirector de la Cátedra UNESCO sobre Bienes-  

tar de la Niñez y Juventud, Educación y Sociedad.  

Carlos Andrade Guzmán  

Académico del Departamento de  

Trabajo Social  

Codirector de la Cátedra UNESCO:  

Bienestar de la Niñez y Juventud,  

Educación y Sociedad  

Universidad de Chile  

ORCID: https://orcid.  

org/0000-0003-4150-032X  

carlos.andrade@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Antropóloga y licenciada en Antropología por  

la Universidad de Chile, y doctora en Estudios  

Americanos por la Universidad de Santiago de  

Chile (USACH). Se desempeña como profesora  

asociada en el Departamento de Antropología  

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-  

versidad de Chile.  

Socióloga de formación, Magíster en Políticas Públi-  

cas, y estudiante del doctorado de sociología en  

la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Con  

más de diez años de experiencia en investigación  

aplicada cuantitativa y cualitativa, en el ámbito  

de cuidados, políticas públicas, niñez y equidad.  

Actualmente se desempeña como investigadora  

en Observatorio Niñez de Fundación Colunga.  

Desde este rol, ha contribuido al diseño del Modelo  

de Bienestar Infantil, la elaboración de agendas  

temáticas como Niñez y Pobreza, Violencia contra  

la Niñez y el Informe Nacional de Bienestar de la  

Niñez 2024, y al fortalecimiento de vínculos entre  

evidencia, sociedad civil y Estado. Participó activa-  

mente en el proceso de elaboración de la Política  

María Elena Acuña  

Samanta Alarcón  

Investigadora Observatorio Niñez  

Colunga  

Moenne  

Departamento de Antropología de  

la Facultad de Ciencias Sociales  

de la Universidad de Chile  

s.alarcón@fundacioncolunga.org  

https://orcid.org/0009-0005-5208-0465  

maacuna@uchile.cl  

3. EL SENTIDO DE UN OBSERVATORIO DE  

NIÑEZ DE FUNDACIÓN COLUNGA  

Socióloga y Magíster en Development Studies por  

la Universidad de Melbourne. Actualmente dirige el  

Observatorio Niñez de Fundación Colunga, donde  

lidera investigaciones y agendas públicas sobre  

bienestar infantil, pobreza, violencia y primera infan-  

cia en Chile. Ha trabajado en el Centro Justicia y  

Sociedad de la Pontiﬁcia Universidad Católica y en  

la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de  

Sociología UC. Su trayectoria combina análisis de  

políticas públicas, investigación aplicada y articu-  

lación intersectorial para fortalecer la garantía de  

derechos de niñas y niños  

Paloma del Villar Tagle  

Directora del Observatorio Niñez  

p.delvillar@fundacioncolunga.org  

Nacional de Niñez y Adolescencia 2023-2032, lide  

-

rado por la Subsecretaría de la Niñez con apoyo  

de UNICEF y Fundación Colunga, aportando desde  

la sociedad civil una mirada basada en derechos,  

bienestar y evidencia. Además, es coinvestigadora  

del proyecto FONDECYT regular “Caring Cities?:  

Disclosing The Entanglements Of Children, Urban  

Spaces, Care, And Wellbeing  

Psicólogo y máster en sociología, con estudios  

de profundización en políticas públicas y gestión  

de equipos. Trabaja por la promoción y protec-  

ción de los derechos de la niñez desde distintas  

organizaciones de la sociedad civil. Ha participado  

de proyectos territoriales, académicos y de políti-  

cas públicas a favor del bienestar de las niñas y  

niños en Chile y América Latina. Fue director social  

de América Solidaria, desde donde trabajó con  

organizaciones de 8 países de América Latina y el  

Caribe. Actualmente y desde hace 7 años dirige  

Colunga, fundación ﬁlantrópica chilena que trabaja  

promoviendo el bienestar de la niñez a través de la  

incidencia en políticas públicas y el fortalecimiento  

de la sociedad civil.  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES  

Arturo Celedón de  

Andraca  

Director Ejecutivo Fundación  

Colunga  

1. PENSAR LA IMPLEMENTACIÓN DESDE EL DISEÑO: SU  

CENTRALIDAD EN LAS INICIATIVAS CON PROPÓSITO PÚBLICO  

a.celedon@fundacioncolunga.org  

Profesora Titular del Departamento de Trabajo  

Social de la Universidad de Chile. Se tituló en Tra-  

Gianinna Muñoz-Arce  

Departamento de Trabajo Social  

de la Facultad de Ciencias  

Sociales, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-4582-0507  

bajo Social en la Pontiﬁcia Universidad Católica  

de Chile, cursó un Magíster en Trabajo Social y un  

Doctorado en Trabajo Social en la Universidad de  

Bristol, Inglaterra. Sus líneas de investigación inclu-  

yen teorías críticas, implementación de programas  

sociales, trabajo social e intervención profesional.  

gianinna.munoz@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA INDUSTRIA:  

3. ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE EFECTIVIDAD: INNOVACIÓN  

TECNOLÓGICA QUE ANTICIPA EL GRADO DE EFECTIVIDAD  

PROGRAMÁTICA MEDIANTE UN ALGORITMO DE RIESGO DE LA OFERTA  

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA CHILE  

Doctora en Sociología por la Universidad Cándido  

Mendes (IUPERJ) y Doctora en Trabajo Social por  

la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).  

Magíster en Sociología por la Pontiﬁcia Universi-  

dad Católica de Chile. Licenciada en Sociología  

del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales  

(ILADES) y Trabajadora Social de la Universidad de  

Concepción. Es Profesora Titular de la Universidad  

de Chile y actual Decana de la Facultad de Cien-  

cias Sociales de la misma institución. Coordinó la  

reapertura y creación del Departamento de Trabajo  

Social en la Universidad de Chile. Socia Funda-  

dora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas,  

coordina el Núcleo de Innovaciones Efectivas en  

Política Pública (NIepp). Ha publicado una serie de  

libros y artículos sobre teoría crítica e innovación,  

y desarrollado una línea de investigación sobre  

innovación a través de diversos proyectos Fon-  

decyt y Fondef Ideas de la Agencia Nacional de  

Investigación y Desarrollo (ANID).  

Teresa Matus  

Núcleo Innovación Efectiva  

en Política Pública (NIepp)  

Ingeniera civil mecánica por la Universidad de Chile  

y doctora en Ingeniería Mecánica por la Katholieke  

Universiteit Leuven, Bélgica. Es profesora aso-  

ciada del Departamento de Ingeniería Mecánica  

y se desempeña como Directora Académica de  

Investigación e Innovación de la Facultad de Cien-  

cias Físicas y Matemáticas. Sus principales áreas  

de investigación incluyen rotodinámica, dinámica  

estructural, análisis modal experimental, actualiza-  

ción de modelos, evaluación de daños y monitoreo  

de condiciones.  

Viviana Isabel Meruane  

Naranjo  

Directora Académica, de  

Investigación e Innovación,  

Facultad de Ciencias Físicas y  

Matemáticas, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-6692-2687  

Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-2974-9678  

teresamatus@uchile.cl  

vmeruane@uchile.cl  

Periodista por la Universidad de Chile, magíster  

en Gestión y Políticas Públicas del Departamento  

de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias  

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y  

magíster en Marketing por la Facultad de Economía  

y Negocios de la misma universidad. Actualmente  

es candidata a doctora en Comunicación en la Uni-  

versidad de Sevilla.  

Ninoska Leiva Cortés  

Candidata a Doctora en  

Comunicación,  

Universidad de Sevilla  

https://orcid.org/0000-0002-5137-6193  

nino@uchile.cl  

Doctora en Psicología por la Universidad de Chile.  

Magíster en Psicología Social por la Universidad  

Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Profesora Aso-  

ciada de la Facultad de Psicología de la Universidad  

Diego Portales de la que fue Decana entre los años  

2008 y 2014. Actualmente coordina el Programa  

de Historia y Teorías Críticas de los Saberes Psi.  

Ha publicado artículos sobre Psicología Crítica,  

Epistemología y Ética de la Psicología y sobre la  

reconstrucción crítica del concepto de autono-  

mía. Investigadora en el Núcleo de Innovaciones  

Efectivas en Política Pública (NIepp). Es miembro  

asociado de las divisiones 24 y 26 de la American  

Psychological Association (APA) y de la International  

Society Theoretical Psychology (ISTP). Así como  

integrante de la European Society for the History  

of Human Sciences (ESHHS).  

Adriana Kaulino  

Coordinadora del Programa en  

Historia y Teorías Críticas de los  

Saberes Psi. Universidad Diego  

Portales  

https://orcid.org/0000-0001-9936-3191  

adriana.kaulino@udp.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

4. DIARIO DIGITAL DE USO DEL TIEMPO: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

PARA COMPRENDER LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN LA VIDA  

COTIDIANA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS  

Trabajadora social y Magíster en Análisis Sistémico  

Aplicado a la Sociedad por la Universidad de Chile.  

Articula procesos de transferencia de conocimiento,  

promoviendo colaboraciones entre instituciones  

para abordar desafíos sociales complejos. Actual-  

mente, se desempeña como gestora de transferen-  

cia del Índice Multidimensional de Efectividad (IME)  

de la Universidad de Chile, en el procedimiento de  

atención sociosanitario del Hospital de la Florida  

Dra. Eloísa Díaz.  

Estefania Vilches  

Gestora de Redes y ecosistema de  

innovación  

estefania.vilches@uchile.cl  

Doctora en Antropología social por la Universidad  

de Sevilla, Magíster en Estudios del Desarrollo de  

la Escuela Europea de Estudios Avanzados de la  

Universidad de Pavia, titulada en Historia por la  

Universidad de Bologna, con especialización en  

Ciencias Demo-Etno-Antropológicas por la Univer-  

sidad La Sapienza di Roma, Italia. Actualmente es  

profesora de la Escuela de Sociología, miembro  

del Centro Gerópolis y del Centro de Investigación  

de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales  

de la Universidad de Valparaíso y co-directora  

del Centro Colaborador de la Organización Mun-  

dial de la Salud en Ecosistemas Amigables con  

la Edad.  

Alessandra Olivi  

Núcleo Milenio LABOFAM  

Universidad de Valparaíso  

https://orcid.org/0009-0000-6410-2805  

alessandra.olivi@uv.cl  

Ingeniera Comercial Pontiﬁcia Universidad Católica  

de Valparaíso, Magíster en Psicología Comunita-  

ria Universidad de Chile, Diplomada en diseño de  

servicios, Escuela de diseño Pontiﬁcia Universidad  

Católica de Chile. Ha sido directora de proyectos  

en United Way Chile, Directora de Desarrollo Social  

en Fundación Colunga. Consultora en Innovación  

social para instituciones públicas y organizaciones  

de la sociedad civil.  

Paulina Rojas  

Gestora de Calidad de programas  

sociales  

Doctora en Sociología por la Universidad de Cam-  

bridge (Inglaterra), Magíster en Gestión y Políticas  

Públicas y Socióloga por la Universidad de Chile.  

Es profesora del Departamento de Sociología de  

la Universidad de Chile e investigadora asociada  

del Núcleo Milenio LABOFAM. Se desempeña  

como Investigadora Asociada en el proyecto  

“Decentering Gender Inequalities” (Proyecto Ani-  

llo, ANID) y como Investigadora Responsable del  

proyecto “Corresponsabilidad comunitaria para  

la redistribución de los cuidados” (GRADE/IDRC).  

Sus líneas de investigación abordan el estudio  

de las desigualdades de género, las relaciones  

familiares y las políticas públicas, con especial  

énfasis en la distribución del trabajo doméstico  

y de cuidados, así como en las desigualdades  

económicas en América Latina.  

Julieta Palma  

Departamento de Sociología  

Núcleo Milenio en Política laboral  

y Vida Familiar y Colectiva  

(LABOFAM) Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0003-2443-3858  

jpalma@uchile.cl  

EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

SOBRE LOS AUTORES  

Licenciado en Sociología por la Universidad de  

Chile e integrante del Núcleo Milenio LABOFAM.  

Ingeniera Comercial Pontiﬁcia Universidad Católica  

de Valparaíso, Magíster en Psicología Comunita-  

ria Universidad de Chile, Diplomada en diseño de  

servicios, Escuela de diseño Pontiﬁcia Universidad  

Católica de Chile. Ha sido directora de proyectos  

en United Way Chile, Directora de Desarrollo Social  

en Fundación Colunga. Consultora en Innovación  

social para instituciones públicas y organizaciones  

de la sociedad civil.  

Juan Pablo Díaz  

Núcleo Milenio LABOFAM,  

Universidad de Chile  

Paulina Rojas  

Gestora de Calidad de programas  

sociales  

https://orcid.org/0009-0004-4401-9376  

juan.diaz.casanueva@ug.uchile.cl  

Sociólogo de la Universidad Diego Portales y  

tesista del Magíster en Filosofía de la Universidad  

de Chile. Actualmente se desempeña como Gestor  

de Transferencia, Tecnología y Licenciamiento en  

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad  

de Chile y como Especialista en Innovación Pública  

en el Laboratorio de Gobierno. Ha trabajado en el  

diseño e implementación de proyectos de innova-  

ción y desarrollo de capacidades en instituciones  

del Estado. Su experiencia combina investigación,  

metodologías ágiles y diseño de servicios para for-  

talecer la colaboración entre el Estado, la academia,  

el sector privado y la sociedad civil.  

Jesús Santorcuato Muñoz  

Gestor de Transferencia  

https://orcid.org/0009-0006-9712-2048  

OTROS AUTORES  

jesus.santorcuato@uchile.cl  

Profesora Titular del Departamento de Trabajo  

Social de la Universidad de Chile. Doctora en  

Sociología por IUPERJ y en Trabajo Social por la  

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde  

2013 lideró el proyecto de reinstalación del Trabajo  

Social en la Universidad de Chile. Su línea de inves-  

tigación se centra en la innovación social aplicada  

al ámbito público, abordando procesos sociales  

complejos mediante prototipos de innovación que  

integran equipos transdisciplinarios, conformados  

no solo por académicos de distintas facultades y  

universidades, sino también por profesionales y  

directivos involucrados en la implementación de  

estas iniciativas.  

Teresa Matus Sepúlveda  

Departamento de Trabajo Social  

de la Facultad de Ciencias  

Sociales, Universidad de Chile  

https://orcid.org/0000-0002-2974-9678  

teresamatus@uchile.cl  

Trabajadora Social, Pontiﬁcia Universidad Cató-  

lica de Chile, Magíster en Administración Pública  

de la Universidad de Columbia. Fue coordinadora  

de alianzas e innovación de la Fábrica de Renca  

y ha trabajado como consultora de innovación y  

protección social para el Banco Interamericano de  

Desarrollo y el Banco Mundial, además de aseso-  

rar Ministerios en Brasil, Perú, Uruguay, Barbados,  

Tunes y Chile en la implementación de programas  

y políticas sociales.  

Carolina Leiva  

Asesora de Transferencias  

Trabajadora social y Magíster en Análisis Sistémico  

Aplicado a la Sociedad por la Universidad de Chile.  

Articula procesos de transferencia de conocimiento,  

promoviendo colaboraciones entre instituciones  

para abordar desafíos sociales complejos. Actual-  

mente, se desempeña como gestora de transferen-  

cia del Índice Multidimensional de Efectividad (IME)  

de la Universidad de Chile, en el procedimiento de  

atención sociosanitario del Hospital de la Florida  

Dra. Eloísa Díaz.  

Estefania Vilches  

Gestora de Redes y ecosistema de  

innovación  

estefania.vilches@uchile.cl  

Trabajadora Social. Pontiﬁcia Universidad Católica  

de Chile. Magíster en Estudios de Género. Univer-  

sidad de Chile. Estudiante de PhD en Educación  

Superior. Universidad de Palermo, Buenos Aires.  

Beatriz Rahmer  

Encargada Innovación Social y  

Pública de la Vicerrectoría de  

Investigación y Desarrollo  

de la U. de Chile  

Especialización en Interfaz ciencia/política; inci-  

dencia e innovación pública; vinculación con el  

medio; equidad, inclusión y transición en educación  

superior; estudios de género; liderazgo e innova-  

ción social.  

https://orcid.org/0000-0002-4405-9819  

ÍNDICE  

PRESENTACIÓN: EL TIEMPO LENTO DE CHILE  

7

I. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL  

1. El cambio climático: aprender de la complejidad  

29  

33  

2. Gestión de riesgos de desastres en Chile: oportunidades para su  

articulación con la acción climática  

47  

65  

3. Desarrollo territorial con equidad para Chile: conceptos y propuestas  

II. POBREZA Y DESIGUALDADES  

1. Chile frente a una nueva mirada de la pobreza: retos de política pública y  

perﬁles de la población pobre y vulnerable  

79  

83  

2. Los ingresos de los hogares como un ejercicio especulativo. Una  

aproximación etnográﬁca a la opacidad de los ingresos en la vida  

económica de los hogares con ingresos moderados  

3. Vulnerabilidad a la pobreza en Chile: hacia una medición oﬁcial y políticas  

preventivas  

105  

121  

III. EQUIDAD DE GéNERO  

1. Movimiento feminista, género e interseccionalidad en la universidad pública  

141  

143  

2. De la certiﬁcación a la transformación: efectividad e innovación en la  

institucionalización de género  

165  

185  

IV. TRABAJO  

1. Modalidades de trabajo ﬂexibles: síntesis de evidencia para informar el  

debate y las políticas públicas en Chile  

187  

215  

2. Hacia un umbral de suﬁciencia como criterio rector del salario mínimo en Chile  

V. SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL  

1. Crisis carcelaria en Chile: la urgente necesidad de innovar  

237  

241  

2. Mujeres privadas de libertad en Chile. Educación con perspectiva de  

género como pilar de la participación y reinserción social  

271  

289  

3. Desafíos de la reinserción social: acompañamiento post sanción penal  

VI. SALUD PÚBLICA  

303  

1. Acelerar el ritmo lento en salud: los “empujones” que necesita la política  

pública  

307  

327  

2. Procedimiento de atención sociosanitario del Hospital Eloisa Diaz I. De la Florida  

3. Atención primaria preparada para las crisis sociosanitarias: como responder  

a las necesidades de las personas mayores  

341  

365  

387  

4. Innovando la entrega de información de salud a mujeres migrantes en Chile  

5. Perspectiva transdisciplinaria y rol de la odontogeriatría en el propósito público  

VII. EDUCACIÓN  

403  

1. Ecosistema para la experimentalidad: cruzar la calle hacia alianzas que  

cultivan futuro en la educación pública  

407  

423  

437  

453  

2. Meso Innova: impulsando la innovación sistémica desde el nivel intermedio  

local  

3. Desarrollo profesional docente en Chile: desafíos y propuestas para un  

sistema articulado y sostenible  

4. Creación del primer título profesional de Especialista en Psicología Jurídica  

en Chile: innovación y necesidad de especialización profesional  

VIII. INFANCIA Y JUVENTUD  

1. Participación de la niñez y adolescencia en procesos de política:  

recomendaciones para la esfera pública  

467  

469  

2. Orientaciones para el trabajo de reparación de niños, niñas y adolescentes  

que han sido víctimas de violación de derechos mientras han estado bajo la  

tutela del Servicio Nacional de Menores (SENAME)  

479  

499  

3. El sentido de un Observatorio de Niñez de Fundación Colunga  

IX. DISPOSITIVOS TRANSVERSALES: LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL  

CO-LABORATORIO DE INNOVACIÓN CON PROPÓSITO PÚBLICO  

515  

1. Pensar la implementación desde el diseño: su centralidad en las iniciativas  

con propósito público  

521  

539  

2. Inteligencia artiﬁcial aplicada a la industria: oportunidades y desafíos para Chile  

3. Índice multidimensional de efectividad: innovación tecnológica que anticipa  

el grado de efectividad programática mediante un algoritmo de riesgo de la  

oferta  

4. Diario digital de uso del tiempo: innovación tecnológica para comprender la  

organización del tiempo en la vida cotidiana de las personas trabajadoras  

553  

579  

SOBRE LOS AUTORES  

601  